ANTE LA JUSTICIA ITALIANA

Piden cuatro años y medio de prisión para Paolo Rocca por supuesta corrupción internacional en Techint

Rocca en una exposición durante el Congreso de la Asociación Latinoamericana del Acero, en 2019.

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La fiscal italiana Donata Costa solicitó a los jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán que condenen a los accionistas y directivos de Techint Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción internacional, de acuerdo con el alegato presentado en la audiencia de este martes y al que accedió elDiarioAR

Brasil citó a un ex ejecutivo de Techint por lavado de la corrupción, pero la Justicia argentina frenó la declaración

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Los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020) y están acusados en Italia de haber ordenado el pago de sobornos al entonces gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque, quien admitió durante el juicio oral y público haber recibido las coimas. Duque declaró por videoconferencia en octubre último. En Brasil, ya fue condenado por estos mismo hechos.  

La fiscal Costa solicitó también a los jueces del tribunal milanés que multen a San Faustin, la sociedad holding del grupo Techint manejada por los Rocca y Bonatti, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público”, es decir, a Duque. 

San Faustin ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos.

Donata Costa Fiscal de Milán.

El juicio se acerca a su final. La defensa de los empresarios y de San Faustin, que lleva adelante el estudio jurídico Mucciarelli, solicitó presentar su alegato el martes 19 de abril. Se espera un veredicto del tribunal para el 26 de abril, confirmó a este medio una fuente directa del proceso. 

Durante su alegato, que se extendió por unas cinco horas y media, la representante del Ministerio Público Fiscal de Milán repasó las pruebas obtenidas durante la investigación que comenzó en 2015 y que ella mismo integró junto a sus colegas Fabio De Pasquale e Isidoro Palma; resumió los testimonios de los testigos que declararon durante el juicio oral y público; volvió a exponer sobre la documentación bancarias aportada por las autoridades de Suiza; y detalló cómo se instrumentaron los 20 pagos al exgerente de la petrolera pública de Brasil.

Los Rocca, Bonatti y San Faustin -la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint- están acusados de pagar sobornos por más 6,5 millones de euros a Duque entre 2009 y 2013. A cambio, según la acusación, la subsidiaria de Tenaris en Brasil (Confab) recibió contratos directos para vender a Petrobras tubos de acero sin costura por más 1.400 millones de euros.

Si bien los empresarios podían enfrentar penas de prisión de seis a diez años, durante su alegato del martes la fiscal Costa afirmó que consideró atenuantes planteados durante el juicio en relación a las fechas en las que existieron los pagos y contratos investigados y solicitó penas de cuatro años y seis meses. En Italia, las personas condenadas a penas mayores a cuatro años deben cumplirlas en la cárcel pero por sus edades avanzadas, los Rocca y Bonatti seguramente serán favorecidos en caso de recibir una condena. Paolo Rocca es el más joven de los tres y cumplirá 70 en octubre.

Ante el tribunal, la fiscal Costa habló de los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil. Identificó en el “grupo 1 brasilero” a Duque y quienes lo ayudaron a montar una estructura offshore para canalizar los pagos de Techint y blanquear el dinero. 

En el “grupo 2 argentino/uruguayo”, la fiscal señaló la participación central de Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de la familia Rocca; además de otros dos hombres públicos de la multinacional ítalo-argentina, el uruguayo Enrico Fabián Repetto Mariño y el abogado de Techint en Argentina, Fernando Mantilla. elDiarioAR se comunicó con voceros de Techint pero declinaron hacer comentarios o responder las acusaciones de la fiscalía.

A través de testigos de parte, la defensa ha planteado que Confab tenía autonomía, separando así el pago de sobornos del holding y los accionistas y directivos del grupo.

Los directivos de Confab e intermediarios brasileños están siendo juzgados en Curitiba, Brasil, por estos mismos hechos, como informó este medio durante 2021. Ninguno de ellos ha reconocido la comisión de delitos.

La idea era montar una sociedad offshore para recibir el dinero que llegaba de Confab (Tenaris, en Brasil). Yo no quería aparecer, no quería que mi nombre se vinculara con quien hizo estos pagos.

Renato Duque Exgerente de Servicios de Petrobras.

La confesión

En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, a quien conocía desde hacía muchos años. El acuerdo era para que Petrobras comprara los caños de acero sin costura directamente a Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil, y no llamara a licitación nacional o internacional en al menos 20 contratos, explicó la fiscal Costa.

“No puedo decir el valor exacto de la cantidad, pero debería rondar los 10 millones de dólares”, dijo Duque cuando la fiscal italiana le preguntó cuánto dinero había recibido por favorecer a Techint. Agregó que esa suma equivaldría al 0,5% de los montos que recibiría la multinacional ítalo-argentina de parte de Petrobras. “Ese 0,5% era un valor de referencia, no era matemático”, aclaró Duque ante el tribunal. En la investigación de Milán se calcularon las coimas en unos 6,5 millones de euros de aquel momento.

“Estos montos eran depositados en cuentas bancarias en el exterior”, dijo Duque. “Nunca he tratado directamente con Confab, ni sobre montos ni de cómo recibir estos montos. Inicialmente el contacto se hizo a través del Sr. Benjamin Sodre (Netto) quien representaba a Confab en Brasil y tenía relaciones con Techint en Argentina”, declaró el exgerente de Petrobras.

Duque también explicó cómo se instrumentaron los canales para recibir esos “beneficios ilícitos”. Los pagos al brasileño se realizaron a una sociedad en Uruguay, Hayley SA, que tenía una cuenta en Suiza. Luego, Hayley transfería los montos a una homónima en Río de Janeiro. Duque no figuraba en ninguna de las dos sociedades y el dinero que recibían las compañías se desviaba a la compra de inmuebles en Brasil para blanquear los fondos ilícitos.

Las sociedades utilizadas para canalizar los pagos estaban a nombre de un hombre de su confianza, quien no era funcionario público: Joao Antonio Bernardi, quien figuraba como gerente legal de las firmas. “La idea era montar una sociedad offshore para recibir el dinero que llegaba de Confab. Yo no quería aparecer, no quería que mi nombre se vinculara con quien hizo estos pagos y por eso recurrí a Joao Bernardi”, aseguró Duque ante el tribunal en octubre último.

“Por sus servicios, Joao Bernardi recibió 10% del pago corrupto y el 50% de las ganancias de las inversiones”, afirmó el brasileño. Para justificar los pagos que recibía Hayley, se simularon contratos de consultoría entre la sociedad y la offshore Moonstone, controlada por San Faustin, afirmó la fiscal Costa. Según Duque, esos contratos se pactaban “a través de Techint Argentina”.

Las offshore

“Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta”, sostuvo la fiscal Costa. El exejecutivo, actualmente retirado, vive en Buenos Aires y en 2018 declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos, admitiendo haber sido quien entregaba los sobornos al entonces funcionario Roberto Baratta en la sede de Techint. Baratta siempre ha negado la acusación.

Su función en Techint era manejar la “caja negra” o “caja 2”, explicó la fiscal. Pero además, Zabaleta tenía otras funciones administrativas como pagar los dividendos a los accionistas de San Faustin, como declaró ante el tribunal el testigo Mario Osvaldo Lalla, histórico colaborador del grupo.

Los hombres de Techint montaron una red de sociedades radicadas en Panamá y Uruguay para mover el dinero de los supuestos sobornos. Utilizaron a Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay), entre otras. Las tres tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA.

Tanto Fundiciones del Pacífico SA como Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de la compañía San Faustin.

Las transferencias de dinero a Hayley se realizaron entre 2009 y 2013, y luego el testaferro de Duque terminó de traspasar esos fondos a su verdadero destinatario a finales de 2014. La fiscal tomó sólo los pagos y contratos realizados entre 2009 y 2012, según explicó al final de su alegato.

“Fondos negros”

Costa sostuvo ante el tribunal que San Faustin “ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos” porque era justamente la sociedad holding del grupo Techint que no estaba “sujeta a los principios de gobierno corporativo de los mercados regulados”, ya que compañías como Tenaris cotizan en las bolsas de Nueva York y Milán y deben rendir cuentas de todo lo que deciden a sus accionistas e inversionistas. Pero San Faustin, desde sus oficinas en Lugano, Suiza, estaba fuera del radar y de los controles.

“Esto -sostuvo Costa- es posible porque a pesar de tener el tamaño descrito en la parte de consultoría técnica y estar formada por empresas que cotizan en los principales mercados regulados, el grupo Techint sigue siendo propiedad de unas pocas familias, mejor dicho, de una familia extensa, compuesta por los descendientes de Agostino Rocca. Por ello, la propiedad del grupo puede ‘autotributarse’ para obtener beneficios para las filiales, e indirectamente para la holding y para los accionistas”.

San Faustin conduce directamente a los Rocca y Bonatti, ya que éstos, además de accionistas, ocupan cargos clave en la sociedad madre del grupo como como presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores.

Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta (exdirector de Administración en Buenos Aires).

Donata Costa Fiscal de Milán.

El testigo Pierluigi Molajoni asistió durante 26 años a los CEO’s de Techint, de Roberto Rocca -fallecido- a Paolo y Gianfelice. En el juicio, declaró que “en el caso de San Faustin no hubiera existido ningún canal para poder adquirir acciones del grupo que no fueran relaciones personales, digamos, pudieran ser familiares o de amistad”. Se trata de una organización privada que controla a todo el grupo multinacional y a su vez a las offshore utilizadas para pagar “beneficios ilícitos” a Duque.

Las cuentas bancarias de las offshore que se usaron para el pago de sobornos se alimentaban de otra cuenta a nombre de la sociedad Sitionex e “inequívocamente atribuible a los fondos personales de los accionistas, se realizaban transferencias a las cuentas que integraban los fondos negros del grupo San Faustin”, alegó Costa. Es decir, que desde la misma cuenta que se depositaban, por ejemplo, dos tarjetas de crédito a nombre de Gianfelice Rocca también se fondeaba a las sociedades que pagarían las coimas a Duque.

Por qué en Italia

Los tres imputados son italianos -nacieron en Milán- San Faustin es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana, sostuvo la fiscal. La defensa de los empresarios ha sostenido que no debían ser juzgados en Italia porque los hechos “no ocurrieron en ese país”, pero la fiscalía ha alegado que la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero.

La investigación nació en 2015, cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal en su alegato.

ED

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