UN GIGANTE EN LOS TRIBUNALES

Brasil citó a un ex ejecutivo de Techint por lavado de la corrupción, pero la Justicia argentina frenó la declaración

Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, el 10 de diciembre de 2020.

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Desde hace casi un año, la Justicia de Brasil intenta citar al exdirector de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero la Justicia federal suspendió desde Buenos Aires la citación del contador argentino y trabó una contienda con los brasileños, según confirmaron cinco fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR y documentos y fallos judiciales de Argentina y Brasil.  

En los tribunales federales, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca y sus hombres más cercanos tienen el camino despejado. La buena fortuna del gigante del acero se extiende a este y otros casos de presuntas coimas. Techint es blanco de al menos tres expedientes penales por presuntos sobornos. Por uno de esos casos, el de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, Rocca y dos de sus colaboradores históricos (Zabaleta y Luis Betnaza, actual vicepresidente de Unión Industrial Argentina, UIA) fueron sobreseídos el martes último. 

Existen otros dos expedientes donde autoridades de Techint están formalmente acusadas del pago de sobornos transnacionales, ambos a exfuncionarios de Brasil, que supuestamente fueron ordenados desde Buenos Aires. Los avances han sido escasos, según confirmaron fuentes directas de ambas investigaciones y de las defensas. Sin embargo, Brasil avanzó en uno de estos casos y citó a Zabaleta, pero desde septiembre de 2020 la intimación al argentino está frenada. 

La facilidad de Techint para salir de aprietos judiciales en Comodoro Py 2002 se repite a pesar de las confesiones de sus ejecutivos (como en el caso de los cuadernos); de las pruebas documentales sobre el supuesto pago de coimas; las transferencias bancarias en Suiza; las declaraciones de arrepentidos en Brasil; las solicitudes de jueces y fiscales extranjeros; y dos avanzadas investigaciones en Milán y Curitiba, según pudo establecer elDiarioAR de la consulta a ocho fuentes judiciales, abogados de la compañía y expedientes. 

El administrador

El contador argentino Héctor Alberto Zabaleta (75) estuvo vinculado a Techint durante 48 años y llegó a ser director de Administración del grupo comandado por Rocca. Se jubiló en 2011 pero siguió trabajando para la familia fundadora como administrador personal de algunas sociedades, según explicó él mismo a Perfil en 2018.

Ese año, en el caso de los cuadernos, Zabaleta admitió ocho pagos ilegales por un total de un millón de dólares realizados en 2008 al entonces funcionario Roberto Baratta, pero fue sobreseído el martes por el juez Julián Ercolini. Baratta, en cambio, fue procesado por dádivas.

El contador de Techint también es el principal acusado del supuesto pago de coimas de la compañía en la investigación de tres fiscales de Milán y en una causa que tramita en el juzgado federal 13 de Curitiba, Brasil, donde fue requerido para declarar por el juez Luis Antonio Bonat, aún sin éxito. 

Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen al contador haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países. Los detalles de estos movimientos financieros fueron publicados por los medios L'Espresso de Milán, Poder 360 y Perfil en 2018. 

Por este mismo caso, Techint y Zabaleta están denunciados en el juzgado federal número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez. La causa está delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Pero a diferencia de Brasil e Italia, en Buenos Aires el caso no ha avanzado y quienes trabajan en el expediente aseguran que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de los fiscales extranjeros.

No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama.

Inicios en Milán

Para llegar a la causa en Brasil primero hay que remontarse a Milán. Los primeros en investigar a Zabaleta fueron tres fiscales italianos, comandados por el procurador Fabio Di Pascuale, como informó Perfil en 2017. Aquel año, los milaneses -que intervienen porque la compañía cotiza en la bolsa de esa ciudad italiana y algunos de los acusados tienen residencia allí- identificaron a Zabaleta como uno de los ejecutivos de Techint que manejaba cuentas de sociedades offshore en la Banca Svizzera Italiana (BSI), con sede en Suiza, y que autorizaba pagos que terminaban en una sociedad de Renato De Souza Duque, gerente de Servicios de Petrobras. Esos pagos se ejecutaron entre 2009 y 2013, según la investigación. 

Los fondos salían de dos compañías uruguayas hacia Suiza y luego se transferían a sociedades offshore de Panamá y Uruguay, con cuentas en el mismo banco. Anna Maria Giorgetti, entonces empleada de Techint en Lugano, Suiza, era la encargada de ejecutar las órdenes de Zabaleta, según admitió ante los investigadores de Milán.

Tanto los milaneses como los brasileños obtuvieron de Suiza documentos bancarios que les permitieron corroborar que Zabaleta y otros ejecutivos de Techint eran los apoderados de las cuentas y de las offshore usadas como fachada para mover el dinero.

Duque, gerente de Servicios de Petrobras, le aseguró a Techint, Tenaris (compañía del grupo) y su filial brasileña (Confab) contratos por más de 2.700 millones de reales con la petrolera estatal, entre 2007 y 2010. Esa suma, actualmente, supera los US$513 millones. El negocio de la multinacional ítalo-argentina con Petrobras era la venta de tubos de acero especialmente fabricados para la industria del petróleo.

La investigación italiana provocó que Brasil también investigue los hechos. El 30 de junio de 2020, catorce fiscales de Curitiba denunciaron a Zabaleta y a otras diez personas vinculadas a Techint en Brasil por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero. Determinaron en base a documentación de los bancos suizos, testimonio de arrepentidos y correos electrónicos que a cambio de garantizar esos contratos multimillonarios a Techint, Duque recibió supuestos sobornos por unos US$10 millones, entre 2009 y 2013, según la acusación de los fiscales brasileños a la que accedió este medio.

Zabaleta es señalado por los fiscales de Curitiba como el ejecutivo que comandó parte de la supuesta operación desde Buenos Aires y Suiza, a donde solía viajar: administró cuentas bancarias para los pagos ilegales y permitió que se montaran contratos falsos de “servicios de consultoría y asesoría comercial” con la sociedad Hayley SA -utilizada por el funcionario de Petrobras para recibir los fondos- y camuflar así la verdadera razón de las transferencias, según los fiscales de Brasil.

Tras la denuncia de los fiscales brasileños en 2020, el juez Luis Antonio Bonat, a cargo del juzgado federal 13 de Curitiba, ordenó citar a los once acusados, incluido Zabaleta. Al cierre de esta nota, el magistrado no había logrado que el exejecutivo de Techint se presentara ante la Justicia de Brasil.

Pedido de colaboración

Los intentos por lograr la citación de Zabaleta comenzaron el 31 de julio de 2020. El juez Bonat ordenó proceder con el pedido de colaboración a la Justicia argentina para lograr que Zabaleta se presente ante la Justicia brasileña, ya que el contador vive en Buenos Aires y es ciudadano argentino. 

El 10 de septiembre de 2020, Brasil envió el pedido de colaboración a Argentina, según los documentos que constan en el expediente brasileño. De acuerdo a la legislación de ese país, se le otorgó un plazo de 10 días para comparecer ante el juzgado, en el estado de Paraná.

El 1° de octubre, el exhorto de Brasil llegó a Comodoro Py, vía Cancillería. Por sorteo, se asignó el trámite al juzgado federal número 6, que se encuentra vacante. El 23 de diciembre de 2020, el juzgado informó a las autoridades brasileñas que ordenaba “aplazar el cumplimiento de la solicitud” del juez de Curitiba, luego de que el fiscal Taiano y los abogados de Zabaleta se opusieron a que el ejecutivo declare en Brasil con distintos planteos.

El fiscal argentino planteó que si la causa de Curitiba avanza, pondría en riesgo la investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. La diferencia entre la causa de Brasil y la de Argentina es que el país vecino avanzó mucho más y citó a Zabaleta mientras que en Buenos Aires sostienen que no hay pruebas en su contra, explicaron dos fuentes directas de la causa local.

La defensa de Zabaleta plantea que “los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos” y que por lo tanto, su cliente no puede ser juzgado en dos expedientes distintos por los mismos hechos, como garantiza la ley argentina. Al ser argentino, tiene garantías para pedir ser juzgado en su país.

En diciembre, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que se suspenda la declaración de Zabaleta en Brasil, “hasta tanto pueda contar con mayor información respecto de las eventuales consecuencias de su cumplimiento”. “No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama”, afirmó el magistrado.

En febrero, el juez brasileño respondió que el Tribunal Superior de Brasil (equivalente a la Corte Suprema) ya determinó que la existencia de un proceso penal en el extranjero no impide a la Justicia de Brasil avanzar en la investigación penal, salvo que ya exista una condena en Argentina por los mismo hechos contra el mismo acusado. También recalcó que no cuenta con ninguna información de la Justicia argentina sobre cuál es el objeto de la causa contra Techint.

Entre idas y vueltas, el colaborador de Rocca sigue en Argentina y nunca se presentó ante Bonat. Desde su domicilio, Zabaleta dijo a elDiarioAR que no tiene novedades sobre el caso en el país vecino y cortó la comunicación.

Ahora, el avance de la citación depende de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del juzgado federal 6 de manera momentánea. 

Prescripto

El tiempo también es un gran aliado del gigante del acero. El 17 de junio último, el juez de Curitiba declaró prescriptos parte de los delitos por los que debían responder Zabaleta y otros acusados en Brasil, según el escrito al que accedió este medio. 

Como el argentino y otros cuatro supuestos cómplices son mayores de 70 años, la ley brasileña habilita a reducirles a la mitad los plazos de prescripción. Para el delito de corrupción ese plazo es de hasta 20 años. Por esa razón el juez entendió que los fiscales tenían un plazo máximo de 10 años desde los hechos investigados para denunciar a los hombres de Techint.

Los fiscales plantearon que habían realizado la denuncia a tiempo, el 30 de junio de 2020, menos de 10 años antes de la firma de los contratos de finales de julio de 2010 que se montaron para camuflar el pago de las coimas al funcionario de Petrobras. Los pagos ilegales se registraron incluso hasta 2013, según las investigaciones de Italia y Brasil. 

Los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos.

Defensa de Zabaleta.

Sin embargo, el juez Bonat dio la razón a las defensas, que plantearon que debía tomarse como fecha de los hechos de corrupción la firma de los contratos entre Petrobras y la filial brasileña de Techint. El juez determinó que la denuncia debió haberse presentado casi un mes antes de la fecha en la que se presentó realmente.

Aún así, el magistrado brasileño dejó asentado que la causa sigue avanzando contra Zabaleta y el resto de los septuagenarios por el delito de lavado de dinero, que no está prescripto.

La causa local

En Argentina, la acusación contra Techint ya es conocida. Italia la envió en 2017 e incluyó todos los movimientos de cuentas y los nombres de ejecutivos de Techint involucrados, según corroboró elDiarioAR. En Techint, declinaron hacer comentarios sobre las causas y acusaciones ante la consulta de este medio. La compañía de los Rocca siempre negó el pago de sobornos a Duque. 

Tras recibir la información, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa impulsó la causa pero tras y venidas, fue corrida del caso. Quedó a cargo del fiscal Taiano y el juez Rodríguez, quienes consideran que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para avanzar contra Techint.

En el marco de este caso, no es la primera vez que Zabaleta se salva de comparecer ante fiscales extranjeros. Los fiscales italianos también solicitaron en 2017 que Zabaleta fuera citado a declarar como sospechoso, pero el fiscal Taiano rechazó la medida por considerar que no había pruebas para entregar al exejecutivo a los milaneses, según explicaron fuentes judiciales del caso y de la defensa. 

El 1° de noviembre de 2017, el jefe del equipo de fiscales de Milán, Fabio Di Pascuale, se apersonó en Comodoro Py 2002, aprovechando una visita protocolar, para exigir que la Justicia argentina haga efectivo su pedido de allanar Techint en busca de computadores y documentos. Fue recibido por la jueza de turno de entonces, María Servini, y los fiscales Taiano y Gerardo Pollicita, pero Di Pascuale nunca logró que autorizaran los procedimientos por supuesta falta de evidencia de los delitos. Se fue con las manos vacías. Recién en agosto de 2018, el juez Luis Rodríguez allanó la sede de Techint en Retiro.

El eje del caso en Curitiba y en Milán es la documentación que prueban los movimientos de las cuentas bancarias en Suiza manejadas por integrantes de Techint, según ambas investigaciones. De acuerdo con los documentos bancarios, se utilizaron para los pagos sociedades como Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos. Las personas con poderes sobre las cuentas, al menos hasta fines de 2015, eran Zabaleta, Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint), de acuerdo con el expediente.

Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.

Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint en Suiza. Ana María Giorgetti es una de ellas. Cuando fue interrogada en Milán dijo que las órdenes de pagos las recibía de Zabaleta. Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para el gerente de Petrobras fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer.

Expediente Angra

El segundo caso por presunto sobornos transnacional contra Techint data de mayo de 2017 y tramita en el juzgado federal número 2, a cargo de Sebastián Ramos. Se inició por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en base a información aportada por Brasil.

Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí. De acuerdo a un documento del Ministerio Público Federal de ese país, una de esas obras por las que Techint habría pagado coimas es Angra3, una usina nuclear que encargó la empresa estatal Eletrobras Eletronuclear. La maniobra denunciada implicaba la supuesta simulación de contratos a una consultora de las hijas del funcionario del partido de Michel Temer que estaba a cargo de la licitación. Los pagos fueron entre 2012 y 2014. Techint siempre negó las acusaciones.

Aunque en este caso los pagos ilegales se habrían realizado en Brasil, la Procelac determinó que la filial brasileña actuaba bajo el paraguas de Techint en Argentina, centro operativo de la compañía en la región, y pidió que se investigue a Ricardo Ouriques Marques, director general de Techint en Brasil; a Carlos Bacher, CEO de Techint Ingeniería y Construcción en Argentina; y a Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca y ejecutivo de la multinacional.

ED

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