Alivio en Brasilia. Frustración en Washington. A pesar de las amenazas y sanciones del Gobierno estadounidense, el Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de condenar a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intento de golpe de Estado. Por primera vez en la historia del país sudamericano, un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia del país.

Aunque el número de años de prisión de la sentencia se conocerán a lo largo de este viernes, el Supremo Tribunal brasileño ya ha configurado mayoría en la votación sobre el juicio a la trama golpista a siete acusados, entre ellos Bolsonaro. Tras tres jornadas de tenso juicio contra los ocho acusados del denominado núcleo duro del intento de golpe de Estado, la jueza Carmen Lúzia ha votado este jueves a favor de condenar al expresidente de Brasil por los cinco crímenes por los que estaba acusado por la Fiscalía General del Estado. La jueza consideró culpable a Jair Bolsonaro y al resto de acusados de intento de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho, los dos cargos más fuertes, así como de formación de organización criminal armada y de dos cargos relacionados con daños y deterioro de patrimonio del Estado.

El voto de Carmen Lúzia deja el recuento de la votación en 3 magistrados a favor de la condena y uno en contra, haciendo imposible el cambio del resultado, pues apenas queda el voto del juez Cristiano Zanín. El pasado martes los magistrados Alexandre de Moraes (relator del proceso de la trama golpista en el STF) y Flávio Dino votaron a favor de la condena. El miércoles, Luiz Fux votó en contra.

El resultado final supuso un alivio para el Supremo brasileño y para el Gobierno del progresista Lula da Silva. El martes, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos estudia nuevas medidas contra Brasil en caso de que Bolsonaro fuera condenado y llegó a insinuar que el presidente Donald Trump podría “usar medios militares” para defender la libertad de expresión en el mundo. El miércoles, el juez del Supremo Luiz Fux, con un claro historial punitivista, sorprendió al arremeter duramente contra el propio proceso judicial contra Bolsonaro. Fux, cuyo voto negativo era esperado, afirmó que el Supremo no era el espacio apropiado para el juicio y comparó el proceso con la persecución de “brujas, herejes y judíos”, con palabras similares a las usadas por Donald Trump. El voto de Fux, celebrado por el Gobierno Trump, dio alas a los abogados de la defensa de Jair Bolsonaro y sirve de combustible para al ala radical del bolsonarismo.

“Lo conozco bastante bien, fue un buen presidente de Brasil”. afirmó Donald Trump tras una pregunta ante los medios en la Casa Blanca este jueves, informa Andrés Gil: “Es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre”.

Giro trumpista

Con un tono virulento e irónico, Luiz Fuz justificó su voto a lo largo de una exposición de más de 13 horas. Los argumentos del ministro, que eximió a Jair Bolsonaro de cualquier responsabilidad en el intento de golpe de Estado, entraron en contradicción con la postura que hasta entonces venía defendiendo. Si el miércoles Fux calificó a los actos del 8 de enero de 2023 en Brasilia como fruto de una “turba desordenada”, en marzo les acusaba de graves incidentes antidemocráticos, como algo “repugnante” e “inaceptable”. Las contradicciones de Fux también fueron jurídicas. El ministro condenó con fundamentos semejantes a más de seiscientos reos implicados en los actos del 8 de enero de 2023 por los mismos crímenes imputados a Jair Bolsonaro.

Sin embargo, Fux sí votó a favor de condenar por intento de abolición del Estado democrático y de derecho a Walter Braga Netto (exministro de la Casa Civil) y a Mauro Cid (principal ayudante de órdenes del expresidente), que ha colaborado con la policía a lo largo del proceso para reducir su pena. “Condenar a quien cumple las órdenes de Bolsonaro y absolver a quien da las órdenes no tiene lógica. Es de una malformación jurídica absurda”, asegura Duda Salabert, diputada del Partido Democrático Trabalhista (PDT), en entrevista telefónica con elDiario. “El lado positivo de ese voto (contra Cid y Braga Netto) es que deja claro que sí hubo un intento de golpe en Brasil”, matiza Salabert.

Marcelo Crespo, coordinador del curso de derecho de la universidad ESPM de São Paulo, cree que el giro bolsonarista de Luiz Fux no tiene explicación jurídica. “Su cambio solo se puede ser entendido en clave política. Dio un triple salto mortal”, aseguró Crespo al periódico Estado de São Paulo. Algunos analistas políticos interpretan el voto de Fux como la semilla para ser ministro de Justicia en un futuro gobierno de Tarcísio de Freitas, el candidato más probable de la extrema derecha brasileña en las elecciones de 2026.

La ministra Carmen Lúzia, única mujer del Supremo en el juicio, enfatizó al comienzo de su intervención la excepcionalidad de la jornada en ciernes. “La presente acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, con su presente y con su futuro”, afirmó. A su vez, la ministra destacó que a partir de 2021 “nuevas prácticas antidemocráticas” empezaron a amenazar a Brasil, tal como apuntaba la acusación de la Fiscalía contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores.

El juez Flávio Dino, interpelado por Carmen Lúzia, aseveró que el golpe militar de 1964 contaba con menos pruebas que el que el Supremo ha juzgado. Por su parte, Alexandre de Moraes, intervino para recalcar que las amenazas contra las instituciones democráticas y las amenazas concretas del expresidente Bolsonaro contra el Supremo no pueden ser consideradas libertad de expresión.

Tras una durísima crítica a los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 (“no fueron un acontecimiento banal”), contra lo que denominó “la máquina del golpe” y de asegurar que el Supremo es la instancia apropiada para un juicio contra el intento de golpe de Estado, Carmen Lúzia votó a favor de la condena de los ocho acusados. Previsiblemente, el voto del ministro Cristiano Zanín, antiguo abogado del presidente Lula, será a favor de la condena. Incluso si fuera contraria, no alteraría el resultado.

Próximos pasos

El número de años de la sentencia de cada uno de los condenados en el juicio será calculado realizando una media de las peticiones de los magistrados del Supremo que votaron a favor. Alexandre de Moraes definirá el lugar en el que Jair Bolsonaro cumplirá su condena. Todo indica que el ex residente ingresará en el Complejo Penitenciario de Papuda, una región de máxima seguridad de Brasilia. De acuerdo con aliados próximos, Bolsonaro tiene pánico de entrar en dicha prisión y considera una humillación entrar en una prisión común, en lugar de una militar, según reveló Folha de São Paulo.

La defensa de Jair Bolsonaro, que recibió una bocanada de esperanza tras el voto de Luiz Fux, ya ha anticipado que pedirá su prisión domiciliar, debido a motivos de salud. Tras el denominado “acordão” de la condena (texto final), la defensa puede presentar diferentes recursos, aunque nada garantiza que sean aceptados. Posteriormente, pueden ser solicitados “embargos de la declaración”, en caso de divergencia en la pena propuesta por diferentes ministros o en el caso de que la defensa considere impresiones, contradicciones u omisión en la sentencia. La revisión de la sentencia es bastante improbable.

Jair Bolsonaro, que ya está cumpliendo prisión domiciliar por obstrucción de la justicia y riesgo de fuga del país, podría ingresar en prisión antes del fin de 2025.

La situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner regresará al centro de la escena pública este miércoles con un fallo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos el 6 de diciembre de 2022, tras un juicio oral y público de casi cuatro años. 

El caso, conocido como Vialidad, tuvo a CFK como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos. 

A partir de la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de la sentencia. Estas son algunas claves para entender el fallo que se viene y sus implicancias.

ED/MG

Un tribunal ruso condenó a 16 años en una cárcel rusa de alta seguridad al periodista de The Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich en un caso por espionaje que el periódico para el que trabaja tacha de “falso”.

Durante la vista judicial que transcurrió en el tribunal regional de Sverdlovsk, la Fiscalía rusa había pedido 18 años para el reportero en una cárcel de máxima seguridad, acusado de espionaje por supuestamente recabar información secreta sobre la industria militar de este país, según había informado un portavoz del tribunal de Yekaterimburgo, capital de los Urales.

Gershkovich, de 32 años, negó haber actuado mal y dijo que las acusaciones en su contra son falsas, asegurando, al igual que el WSJ, que únicamente cumplía con su deber profesional cuando fue detenido en marzo de 2023 en Yekaterimburgo. La Embajada de Estados Unidos en Moscú aseguró que la Justicia rusa no presentó pruebas que justifiquen la detención de su ciudadano.

“Las autoridades rusas no han presentado pruebas públicas que respalden sus acusaciones, que Gershkovich, el Journal y el Gobierno estadounidense han negado vehemente y repetidamente”, escribe también el periódico con sede en Nueva York, en la noticia sobre la condena. “Esta vergonzosa condena llega después de que Evan haya pasado 478 días en prisión, detenido injustamente, lejos de su familia y amigos, sin poder informar, todo por hacer su trabajo como periodista”, dicen por su parte en un comunicado Almar Latour y Emma Tucker, directivos de The Wall Street Journal. “Seguiremos haciendo todo lo posible para presionar por la liberación de Evan y apoyar a su familia. El periodismo no es un delito, y no descansaremos hasta que lo pongan en libertad. Esto debe terminar ya”.

El proceso judicial fue inusualmente rápido, ya que constó de solo tres vistas, dos de ellas esta misma semana, lo que la prensa relacionó directamente con el interés de Washington en acortar los plazos para su futuro canje por un preso ruso. Las vistas de esta semana, adelantadas a petición de la defensa, debían haberse celebrado a mediados de agosto.

El Kremlin evitó comentar este viernes la posible liberación en el marco de un nuevo canje de presos entre Rusia y Estados Unidos. “Dejaré sin comentarios esa pregunta”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró el miércoles que Moscú tiene “pruebas irrefutables” de las actividades de espionaje de Gershkovich. A la vez, confirmó que los servicios especiales de Rusia y Estados Unidos están en contacto para “ver si se puede intercambiar a alguien por alguien”.

En diciembre de 2022 la baloncestista estadounidense Brittney Griner fue intercambiada por el traficante de armas ruso Victor But.

El periodista ha recibido la misma pena que Paul Whelan, el exmarine estadounidense sentenciado también por espionaje en junio de 2020.

Hijo de emigrantes soviéticos que se asentaron en EEUU en 1979, fue detenido en Yekaterimburgo cuando realizaba un reportaje para The Wall Street Journal, tras lo cual fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

Gershkovich es el primer periodista estadounidense acusado en Rusia de espionaje desde la Guerra Fría. La última detención de un reportero estadounidense por espionaje tuvo lugar en 1986 e implicó a Nicholas Daniloff (US News&World Report), que fue detenido por el KGB y canjeado tres semanas después por un preso soviético.

Con información de EFE.

Un tribunal británico condenó este lunes a prisión de por vida sin posibilidad de liberación a la enfermera hallada culpable de los asesinatos de siete recién nacidos y otros seis intentos de homicidio, un fallo histórico debido a la “gravedad excepcional” de los crímenes.

Lucy Letby, de 33 años, quien se negó a estar presente en la audiencia final celebrada en un tribunal de Manchester Crown, en el norte de Inglaterra, fue sentenciada a una pena considerada muy poco frecuente en la legislación inglesa.

El pasado viernes, el jurado del tribunal llegó a su veredicto de culpabilidad tras deliberar durante 22 días y este lunes dieron a conocer la pena, consignó la agencia AFP.

“Actuó de una manera totalmente contraria a los instintos humanos normales que son cuidar a los bebés y en violación flagrante con la confianza que todos los ciudadanos depositan en los profesionales de la salud”, sentenció el juez del tribunal de Manchester James Goss.

Debido a la “gravedad excepcional” de los crímenes, “pasará el resto de sus días en la cárcel”, remarcó el juez durante la lectura de la sentencia que fue difundida en directo por la televisión.

La mujer, descrita por la acusación como “fría, calculadora, cruel y tenaz”, clamó su inocencia a lo largo del juicio, que empezó en octubre de 2022.

Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak apuntó que es “cobarde que quienes cometen crímenes tan horrendos no den la cara ante sus víctimas”.

Letby trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra, donde tuvieron lugar los asesinatos a menores de un año entre junio de 2015 y junio de 2016.

La enfermera fue acusada de matar a los niños inyectándoles insulina o aire en las venas o sobrealimentándolos con leche, además del intento de asesinato de otros seis bebés enfermos y prematuros.

Letby, que tenía 25 años en la época de las muertes, declaró su inocencia repetidamente, incluso después de que en su casa aparecieran notas escritas por ella en las que se autoinculpaba.

Desde junio de 2015, varios pediatras del hospital habían mostrado preocupación por el inhabitual número de muertes en su servicio, muchas descritas como “inexplicables”.

Letby fue detenida en 2018 y 2019 y liberada sin cargos, hasta que fue finalmente encarcelada en noviembre de 2020.

Con métodos intencionalmente discretos, de forma que “no dejaban apenas rastro”, Letby habría “engañado” a sus colegas para hacerles creer que las muertes eran “solo una racha de mala suerte”.

Durante el juicio, una madre explicó cómo, al volver para llevar leche a uno de sus gemelos prematuros en agosto de 2015, lo había oído gritar y descubrió que tenía sangre alrededor de la boca, pero Letby la tranquilizó y le aconsejó que subiera a su habitación.

Según la acusación, la enfermera acababa de introducir un utensilio médico hasta el fondo de la garganta del bebé y también le había inyectado aire, lo que causó la muerte del recién nacido horas más tarde.

Letby también solía participar en los esfuerzos colectivos por salvar a los recién nacidos e incluso escribía cartas a los padres en duelo.

“Pensaste que era tu derecho jugar a Dios con la vida de nuestros hijos”, declaró ante la corte la madre de unos gemelos atacados en junio de 2015. El padre de los hermanos asesinados, en tanto, aseguró: “Lucy Letby destruyó nuestras vidas”.

El fallo “no evitará el dolor extremo, la ira y el sufrimiento que todos hemos sentido”, reaccionaron las familias de las víctimas en un comunicado.

Una de las preguntas que quedan sin resolver es por qué Letby no fue detenida antes, cuando la prensa británica indica que un grupo de médicos habría emitido alertas desde 2015.

Sin embargo, la dirección del hospital, preocupada por la reputación del centro, no los habría escuchado o habría decidido no actuar, según la prensa.

El gobierno, por su parte, anunció la apertura de una investigación independiente para esclarecer “las circunstancias detrás de los horribles asesinatos e intentos de asesinatos”. La policía también sigue analizando miles de casos con el objetivo de identificar otras posibles víctimas.

Esta tarde, el trapero Kaleb Di Masi fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras el incidente vial del pasado lunes en el barrio porteño de Villa Urquiza. El cantante había chocado con una moto y, al intentar darse a la fuga, impactó nuevamente con un auto en el que viajaban un hombre y su familia.

La condena ─por lesiones culposas derivadas de una conducción imprudente, consumo de sustancias estupefacientes y abandono de persona en perjuicio del motociclista─ se consensuó en una audiencia del propio imputado ante el fiscal José Guerrero en la Unidad Fiscal Norte Área Flagrancia de Núñez. Gracias a este acuerdo de avenimiento, que funciona como juicio abreviado, el joven recuperó la libertad. Sin embargo, además de los años de prisión en suspenso, quedará inhabilitado para conducir cualquier vehículo por cuatro años y deberá realizar trabajos comunitarios y cursos de responsabilidad vial y uso indebido de estupefacientes. El músico también aceptó el decomiso de su auto Audi TT.

La querella que representa a la familia que viajaba en el Toyota Etios chocado por el trapero no objetó el acuerdo por lo que solo resta que sea homologado por un juez.

El siniestro vial por el que se lo imputa sucedió la noche del lunes pasado mientras Di Masi manejaba su Audi TT junto a dos amigos de 18 y 19 años. Al llegar al cruce entre Núñez y Ceretti, embistió una moto, cuyo conductor resultó herido, y escapó a alta velocidad. En el marco de su huida, a 200 metros de la primera colisión, el músico chocó un Toyota Etios en la intersección entre Núñez y Altolaguirre. El motociclista y la familia que viajaba en el vehículo fueron rápidamente atendidos por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad.

En tanto, el trapero se realizó el narcotest, que le dio positivo en consumo de marihuana y negativo en alcohol. En el vehículo que conducía, efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad se encontraron dos cigarrillos, presumiblemente de marihuana, dos pastillas y un envoltorio con clorohidrato de cocaína. El músico, además de haber manejar bajo los efectos de estupefacientes, tampoco presentaba registro de conducir ni documentación del vehículo.

No es la primera vez que Di Masi protagoniza un siniestro vial. El 10 de abril de este mismo año ya había chocado a un patrullero en la Autopista del Oeste mientras manejaba con Chevrolet Camaro color negro.

Con información de agencias.

El Tribunal Penal de Neuquén condenó, hoy, a penas de entre un año y cuatro meses y un año y medio de prisión a los seis policías involucrados en la represión que condujo al asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007. Todas las penas impuestas por abuso de autoridad son de ejecución condicional e incluyen inhabilitaciones especiales.

El ex jefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar, el ex subjefe Moisés Soto, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto y el ex director de Seguridad Mario Rinzafri son quienes recibieron la pena de un año y seis meses de prisión condicional e inhabilitación por tres años. El ex jefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido ─que en aquel entonces, tenía un rango menor─, por su lado, fue condenado a un año y cuatro meses de cárcel, con inhabilitación especial de 2 años y 8 meses. Benito Matua, policía responsable de abuso de armas, también recibió un año y cuatro meses de pena, a lo que se suma la inhabilitación se seis meses para funciones policiales que involucren el uso de un arma de fuego.

A pesar de que las condenas no son particularmente extensas, la defensa de Sandra Rodríguez, viuda de Fuentealba, se mostró conforme. En la misma línea se expresó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo. “Nosotros sabíamos que las condenas iban a estar en este margen, pero lo importante fue llegar después de 16 años a concretar el juicio y que se haya condenado a la cúpula policial de ese operativo que terminó con la vida de nuestro compañero Carlos Fuentealba”.

El docente murió el 4 de abril de 2007 por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo José Darío Poblete, ya condenado a perpetua, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, cerca del paraje Arroyito. “Es cierto que algunos manifestantes arrojaron piedras luego de que se lanzaran los gases lacrimógenos como reacción, pero no era una actitud masiva, sino de personas aisladas, que no sirve para justificar el uso indiscriminado de la fuerza sobre quienes huían del lugar más allá de las zonas aledañas a la ruta”, argumentó el juez Girogetti, el 16 de marzo de aquel año, cuando el tribunal declaró la culpabilidad de los efectivos policiales.

Con información de agencias

La Corte Suprema de Justicia rechazó ocho recursos interpuestos por el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, y dejó firme su condena a siete años y medio de prisión. El ex funcionario fue sentenciado por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de guerra.

En la causa por la que hoy está condenado se determinó que López incrementó su patrimonio ilícita e indiscriminadamente durante su ejercicio como secretario de Obras Públicas entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.

En este contexto, también se investigó el hallazgo de bolsos de dinero por parte de la policía durante un operativo realizado el 14 de junio de 2016 en el Monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Durante el hecho, se secuestró un arma de fuego, lo que condujo a la sentencia contra López el 21 de octubre de 2017.

El 1 de septiembre de 2020, el Tribunal Oral 1 dispuso la unificación de las condenas por ambos delitos: se le impusieron siete años y medio de prisión, inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres años y dos meses y una multa del 60% del valor del enriquecimiento. En este marco, se decidió decomisarle 8.982.047 dólares estadounidenses, 153.610 euros, 159.114 pesos, relojes de lujo y otros valores que quedaron a disposición de los hospitales de Pediatría Juan Garrahan y de Niños Ricardo Gutiérrez.

ACM con información de agencias

Tras la condena de las responsables del asesinato de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, mamá del niño, y su pareja Abigail Páez, se abre un segundo capítulo en el caso. Este viernes, a 24 horas de conocerse la sentencia, diputados del oficialismo y la oposición de La Pampa presentaron dos pedidos de juicio político contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, responsable de haberle otorgado la tenencia a la madre del nene de cinco años.

Los dos proyectos fueron presentados por diputados del PRO y del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa).

“Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo”, señalaron los diputados del PRO Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, diputados del PRO.

En un comunicado, los legisladores explicaron que la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico, Pérez Ballester, debe dar respuestas sobre por qué “no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales”; “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”; ni explicó el “cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa”.

El pedido fue acompañado por los diputados Matías Traba y Eduardo Peppa, integrantes del bloque Propuesta Federal que comparten con los diputados del PRO.

Consultado por Télam, Pablo Rodríguez Salto, uno de los abogados defensores de la magistrada, señaló que van a “mostrar con claridad que la jueza no actuó mal”.

“Leyendo los procesos, uno entiende que cuando ella tomó la decisión, no había indicio alguno de violencia”, destacó el abogado.

En el mismo sentido había opinado el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos, quien llevó adelante la acusación contra las dos mujeres. En diálogo con elDiarioAr, Martos dijo que “no hay ningún elemento que a nosotros nos amerite haber advertido una situación o haber investigado o iniciado una causa ni respecto de la jueza ni respecto de ninguna otra persona”.

El primero en presentar un pedido de juicio político fue el presidente de la Fundación “Más Vida”, Raúl Magnasco, presidente también del Partido Celeste, una ONG que milita en contra del aborto.

En su proyecto, los diputados del PRO analizaron que “la magistrada hoy denunciada omitió, en una sucesión de oportunidades procesales, el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo”.

Y agregaron que el pedido de juicio político busca establecer los motivos de “la atribución del cuidado personal del niño Lucio Abel Dupuy a su progenitora” que “derivó en los malos tratos y consecuente muerte del niño”.

“No se observa que en el expediente (de la tenencia) se haya ordenado la realización, por ejemplo, de un informe socioambiental, o se haya recabado la comparecencia de testigos, como medidas básicas para determinar las condiciones de vida a las que se enfrentaba Lucio Dupuy a partir del cambio de residencia y cuidadores”, fue otro de los argumentos de los legisladores.

En tanto los legisladores del justicialismo argumentaron que su presentación se encuadra dentro “de los términos de la Ley 313, a efectos de que se inicie una investigación respecto de la actuación de la Jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico con motivo de determinar sus responsabilidades producto de su desempeño en el marco de denominado caso Lucio”.

Los diputados aclararon que resolvieron no hacer manifestaciones publicas “ya que la gravedad y trascendencia de los hechos en cuestión ameritan que el tratamiento de los mismos sea exclusivamente por la vía institucional correspondiente, siempre procurando la búsqueda de la verdad sin revictimizar a la familia del menor”.

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa a causa de las lesiones que le provocaron su madre Espósito Valenti y su pareja Páez, a quienes ayer el Tribunal de Audiencia, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, declaró culpables por “homicidio triple y doblemente agravado”.

Además, a la pareja de la madre la condenó por abuso sexual, con acceso carnal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años.

Con información de Télam

Diez tipos de lesiones diferentes. Otras cinco lesiones internas. Golpes con el palo de una escoba. Rasguños. Quemaduras con cigarrillos. La pisada de una zapatilla que quedó grabada en la espalda como si se tratara de un tatuaje. Mordeduras en los genitales y en un brazo. Todo eso constataron los peritos que examinaron el cuerpo de Lucio Dupuy en la madrugada del 27 de noviembre de 2021. Tenía cinco años y pesaba 18 kilos. Lo habían asesinado el día anterior. La justicia determinó ayer que las asesinas fueron su madre y la pareja.

“Ambas poseen una personalidad perversa, caracterizada por rasgos de irritabilidad, agresividad e impulsividad (pasaje al acto), ausencia de culpabilidad, remordimiento y falta de empatía, capacidad de manipulación, engaño y simulación”, concluyeron los jueces sobre Magdalena Espósito Valenti, su mamá, y la pareja Abigail Páez.

Lucio Dupuy falleció por “edema cerebral con enclavamiento, asociado a múltiples golpes violentos que ocasionaron además rotura hepática y hemoperitoneo entre otras causas menores de daños orgánicos”, afirmaron los peritos que examinaron su cuerpo.

A lo largo de más de 120 páginas, los jueces del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa explicaron las razones que llevaron a declarar culpables a las dos mujeres. Es un relato sobre cómo fueron los últimos meses de Lucio viviendo en una ciudad que no conocía -la familia paterna es de General Pico- con gente que tampoco conocía. Pasaba la mayor parte de su tiempo con Abigail, la novia de su mamá, mientras esta trabajaba.

Daiana Micaela Rodríguez, quien alquilaba un departamento vecino al de Valenti y Páez, fue una de las personas que dio su testimonio durante el juicio. Ante el tribunal declaró que “casi todos los días había festejos hasta las 6 o 7 de la mañana, entre 10 a 15 personas; Lucio estaba con ellas, se escuchaba que había alguien ahí jugando”.

Poco a poco Lucio se transformó un estorbo. Ellas lo despreciaban “A mi me encantaría que nosotras volvamos a estar solas como en córdoba. Y si lucio impide que nuestra relación fluya yo no lo voy a permitir; Porque no me importa tanto como vos”, le escribió Espósito a su pareja, el 18 de octubre de 2021.

“Lucio Dupuy fue objeto de violencia física, psicológica y sexual durante varios meses antes de su muerte”, señala la sentencia firmada por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié. Para llegar a esa conclusión, se analizaron más de 85 mil páginas con transcripciones de los chats que ambas mujeres mantenían. “Revelan golpizas de diferente naturaleza proveniente de ambas acusadas, que fueron creciendo en intensidad y frecuencia a partir del mes de octubre de 2021”, señalaron los jueces. “Se trata no solo de violencia física, sino también psicológica, ejerciendo sobre Lucio Dupuy castigos, penitencias, restricciones, vigilancias y aislamientos absolutamente impropios. Asimismo, aparecen también en ambas acusadas preocupación por el ocultamiento de estos hechos y el acomodamiento de los discursos para que no se revelen sus actos agresivos”, agregaron.

Ninguna de las dos mostró pudor ni remordimiento por los ataques. Hablan de piñas en el estomago, de no mandarlo al colegio hasta que no se la vayan los moretones, de que Lucio ya había aprendido que si alguien preguntaba por un chichón debía responder que se había caído.

“Cualquier cosa Lucio se calló (sic) del árbol y se golpeó la cara, oka ?; Ya sabe el que tiene que decir eso.No, no vamos a salir a ningún  lado hasta que no se le pase él mambo y los moretones”, dice la transcripción textual de un mensaje que Valenti le envió a Páez el 12 de febrero de 2021.

Diez días después, entre el 20 y el 21 de febrero, la mamá de Lucio volvió a escribirle a su pareja: “Yo no le dije a pame (una amiga) ni a nadie que Lucio tenía la cara desfigurada por tu culpa. Si vos querés que yo me haga cargo de Lucio, como vos decís. Yo no quiero que te metas más,; Que no le digas ni a, ni que lo cambies ni que lo bañes ni que nada; Y que me respetes criarlo como yo quiera.; Y principalmente que no le vuelvas a tocar un pelo nunca más; Porque tiene el culo espantoso, y yo no te puedo seguir permitiendo que vos le pegues así. No, no está en penitencia. Suficiente con los palazos que le metiste en el culo”.

Pero para los jueces, los ataques fueron cometidos por ambas mujeres: “Si bien las agresiones físicas más ostensibles aparecen ejecutadas mayormente por Abigail Páez, ciertamente a partir del mes de octubre se verifican no solo con más asiduidad, sino como un comportamiento compartido y ejecutado también por Magdalena Espósito Valenti”.

A medida que transcurren los meses, los chats revelan como aumenta el enojo de las mujeres con Lucio. Páez propone darlo en adopción. Valenti le responde: “Me gustaría poder hacerlo desaparecer”.

El 27 de octubre, un mes antes de la muerte, Valenti y Páez vuelven a discutir. Valenti asegura que lo enviará con el papá. Páez insiste en darlo en adopción. “En menos de un mes ya no va a estar acá”, promete Valenti.

Las señales que nadie vio

La sentencia deja ver una correlación entre los chats que cruzaban ambas mujeres, en los que se ve como poco a poco iba aumentando el enojo que Lucio les provocaba, y el historial de agresiones que quedó registrado tanto en las guardias médicas como en las fotos en las que el nene aparece vendado.

Valenti había empezado en febrero de 2019 el proceso para tener la guarda de Lucio, algo que finalmente logró el 30 de julio de 2020. Desde entonces, los tres vivieron juntos.

Para los jueces, la golpiza que Lucio recibió el 26 de noviembre de 2021 fue la que causó su muerte. Sin embargo, a lo largo del juicio quedó claro que los golpes y las agresiones ocurrían desde hacía tiempo.

El 18 y 19 de abril de 2019, dos meses después de que Lucio fue a vivir con su mamá, fue atendido en el Hospital Centeno de Santa Rosa por una herida en un párpado y en la región periocular. Allí mismo lo volvieron a tratar el 14 de julio por un traumatismo de la muñeca y de la mano.

“Lucio se despertó recién todo meado; Así que la ligo; Así que no quiero ni que le hables y retalo vos también porque ya lo viene haciendo seguido”, le escribió Páez a la mamá de Lucio el 8 de febrero de 2021.

Pocos días después, el 20 de febrero, volvió a escribirle: “Pero parece que desde que está lucio nosotras no podemos pasarla bien juntas; Y eso me duele mucho a mi por lo menos, yo nose (sic) que tiene que pasar para que cambien las cosas”.

Valenti le respondió: “Si, pero no saben que lo recargas a palo, y que cada vez te cegas más. Y que yo no me puedo ni acercar porque no me lo permitís”.

Algunas de las lesiones que sufrió Lucio fueron tan graves que hasta se le tuvo que aplicar morfina. Eso ocurrió el 15 de diciembre de 2020, cuando lo atendieron en el Hospital Evita por una fractura expuesta en el dedo de una mano. Tres días después volvió al mismo hospital donde le diagnosticaron “fractura a nivel de la muñeca de la mano”. De acuerdo a lo que la mamá informó entonces al hospital, Lucio se había caído de una bicicleta.

Lucio fue llevado al hospital tres veces más a lo largo de 2021 por “accidentes” en la bicicleta: el 22 de enero, el 1 de febrero y el 23 de marzo.

Además de las veces en que Lucio fue atendido en un hospital, los jueces tomaron en cuenta que “hay varias heridas que se pudieron observar en fotografías del menor exhibidas durante el debate, que seguramente requirieron asistencia y a cuyo respecto no hay constancia de atención en la historia clínica”. Así incluyeron fotos en las que Lucio aparece con un corte en el mentón, lesión en ambas manos con vendajes, y distintos retratos con el brazo atado con un pañuelo.

Lucio, además, era sometido a abusos sexuales. Pero eso sólo se supo con la autopsia. Los jueces señalaron a Páez como la responsable.

El ataque final

La autopsia de Lucio determinó que la muerte ocurrió a partir la golpiza que recibió el 26 de noviembre de 2021, entre las 18 y las 19 horas. “Con mayor precisión, sostuvo el médico forense que las más graves se pueden ubicar 15 o 20 minutos antes de las 19”, dice el fallo. Ese dato resultó clave para condenar a ambas mujeres. A esa hora las dos estaban en la casa.

En su testimonio, la mamá de Lucio aseguró que salió para su trabajo a las 19:40 y que el niño estaba con vida. Para los jueces, ese fue un dato “inconducente, puesto que ya la fuerte golpiza que luego le ocasionó la muerte, había sido provocada”.

Hugo Argûello fue el médico que atendió a Lucio ese día en el Hospital Evita a donde lo había llevado Páez. En su declaración, Argûello aseguró que Lucio tenía en la espalda “una marca de una zapatilla y un hematoma muy grande en la región del glúteo derecho (…) eran golpes y patadas lo que tenía, sobre todo en la espalda, era muy notorio el hematoma en el glúteo y la marca de una zapatilla. Tiene que haber sido un mecanismo muy violento, porque estaba como si fuera un tatuaje, no era que estaba colorado, sino que era una marca bien del dibujo de la plantilla, como un pisotón, tiene que haber sido algo muy fuerte para dejar esa marca. Le da la impresión por la violencia ejercida, que debe haber quedado  la zapatilla sobre el cuerpo para que quede esa marca. El golpe sobre el glúteo era muy grande, abarcaba casi todo el glúteo”.

La autopsia agregaría después que “la pisada empuja el cuerpo hacia abajo y desagarra el hígado y genera derrame en columna, desplazamiento y restos de hematoma”. También mostró que tenía mordeduras en un brazo. Para los peritos fue un intento por evitar que siguieran lastimando sus genitales.

“En este devenir violento es posible advertir un crescendo de violencia, -concluyó el Tribunal- a la luz de los chat mantenidos entre ambas imputadas, a partir de mediados del mes de octubre de 2021, momento desde el cual se exacerba la irritación que evidentemente el niño provocaba en ambas y en el riesgo de que ello quebrara su relación sentimental, algo que ninguna de las dos parecía estar dispuesta a soportar”.

Tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso Vialidad llegará en 2023 a los tribunales superiores para la revisión de la sentencia, que también incluye su absolución por el delito de asociación ilícita. A las características inéditas del juicio contra una vicepresidenta en ejercicio del poder, se suma el contexto del año electoral, el renunciamiento de la candidatura de la líder del kirchnerismo que obligará al reordenamiento político y la profundización del enfrentamiento de la expresidenta con los jueces que deberán definir su sentencia firme y por ende, la ejecución de su pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

Tres jueces de la la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país- y la Corte Suprema serán los encargados de confirmar o revocar la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2. Aunque el caso de Fernández de Kirchner tiene características únicas, estos mismos tribunales, han intervenido en condenas y absoluciones del expresidente Carlos Saúl Menem y en la condena al exvicepresidente Amado Boudou, tal vez los casos más aproximados al de Fernández de kirchner por el peso del poder político del primero y el cargo del segundo.

elDiarioAR revisó los tiempos que se tomaron estos dos tribunales para revisar la condena a Boudou en el caso Ciccone y las condenas y absoluciones a Menem en los juicios orales y públicos del contrabando de armas a Ecuador y Croacia; la encubrimiento del atentado a la AMIA; los sobresueldos; y la venta del precio de La Rural. 

El resultado fue muy disímil. Mientras que la condena a Boudou quedó firme en el lapso de dos años y medio, en los casos de Menem las dilaciones del sistema judicial encontraron el camino para incluso garantizar absoluciones en vida o extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte en expedientes que llevaban más de dos décadas abiertos. 

Debido a que el historial completo de los expedientes penales que llegan a la Corte no está registrado en una única base de datos pública, elDiarioAR realizó este relevamiento a través de la búsqueda de los expedientes en el sistema público de consulta del Poder Judicial de la Nación; el archivo del Centro de Información judicial (CIJ); el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia de la Nación; el sitio web de consulta del Ministerio Público Fiscal; la consulta a jueces, fiscales, abogados defensores que intervinieron en las causas; y fuentes de la Corte Suprema de Justicia.

Ciccone: firme en dos años y medio

El exvicepresidente Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

Con los votos de dos de los tres jueces del tribunal (Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabel), ordenaron su inmediata detención. La jueza María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia.

El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.

Tras la condena, la defensa recurrió a la Cámara Federal de Casación y pidió su absolución pero la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó las condenas en julio de 2019, once meses después de la sentencia. Estos mismos jueces de Casación deberán analizar la condena a Fernández de Kirchner en Vialidad.

La defensa de Boudou volvió a recurrir la confirmación de la condena ante la Corte. El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados y dejó firme la condena en diciembre de 2020.

Armas: el juego de los plazos

El expresidente Menem murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por “plazo razonable” que le dictó la Cámara Federal de Casación en octubre de 2018 seguía circulando por el máximo tribunal, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación. 

Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”, mientras que el juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.

La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.

El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. El máximo tribunal no llegó a revisar la decisión final en el caso y Menem murió absuelto.

La causa armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita, estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió rápidamente. 

En 2007, luego de que la causa pasara al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años. 

En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.

El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, vinculada a la supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

La Rural: 2,9 años y sigue

Menem fue condenado en marzo de 2019 a una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de peculado por la venta a precio vil del predio de La Rural durante su mandato. El Tribunal Oral Federal número 2 también condenó al exministro de Economía, Domingo Cavallo, por lo que el expediente continúa tramitando en la Corte a pesar de la muerte de Menem.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini determinaron que la venta del inmueble ocasionó pérdidas al Estado por cerca de US$100 millones. La causa se había iniciado 18 años antes, en 2001.

En diciembre de 2019, los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación revocó por mayoría las condenas y sobreseyó a  Menem y a Cavallo. Fue por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Juan Carlos Gemignani planteó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y votó en disidencia con sus colegas.

Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, el caso llegó a la Corte en julio de 2020. Menem murió siete meses más tarde sin que el máximo tribunal llegara a tratar el caso para revisar si debía ser condenado. El expediente continúa circulando por la Corte. El último movimiento registrado es del 20 de noviembre último. Aún no hay fallo para dejar firme la absolución de Cavallo.

Sobresueldos: siete años y sigue

El expresidente y Cavallo fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015 por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Fueron acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.

Tres años más tarde, en octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.

En diciembre de 2018, el caso llegó a la Corte. Desde entonces, el expediente circula por la Corte. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, quien ya remitió su posición sobre si las condenadas y la absolución deben ser ratificadas o revocadas.

El último movimiento del expediente en la Corte es de mayo de 2022.

Encubrimiento AMIA: casi 3 años y sigue

Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. El febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos. 

El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.

La causa aún está en la Cámara Federal de Casación, que celebró las últimas audiencias en noviembre último para escuchar a los acusadores, que recurrieron la absolución de Menem y otros acusados. Los jueces deberán dar su fallo pero Menem ya no será sometido a la Justicia.

ED

Una estudiante saudí de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, que regresó a Arabia Saudita durante sus vacaciones fue condenada en ese país a 34 años de prisión por tener una cuenta de Twitter y seguir y retuitear a cuentas de disidentes y activistas.

Salma al-Shehab, de 34 años, madre de dos niños pequeños, fue condenada inicialmente a cumplir tres años de prisión por el “delito” de utilizar un sitio web de Internet para “provocar disturbios públicos y desestabilizar la seguridad civil y nacional”. Pero un tribunal de apelación dictó el lunes la nueva sentencia después de que un fiscal pidiera al tribunal que considerara otros presuntos delitos: 34 años de prisión seguidos de una prohibición de viajar durante otros 34 años.

Según una traducción de las actas judiciales, vistas por The Guardian, los nuevos cargos incluyen la acusación de que Shehab estaba “ayudando a quienes tratan de causar disturbios públicos y desestabilizar la seguridad civil y nacional siguiendo sus cuentas de Twitter” y retuiteando sus tuits. Se cree que Shehab aún puede solicitar un nuevo recurso en el caso.

La represión del príncipe heredero

La sentencia del tribunal especial de terrorismo saudí se dictó semanas después de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Arabia Saudí, sobre la cual activistas de derechos humanos ya habían advertido que podría envalentonar al reino para intensificar su represión contra los disidentes y otros activistas prodemocráticos.

El caso también es el último ejemplo de cómo el príncipe heredero Mohammed bin Salmán ha apuntado a los usuarios de Twitter en su campaña de represión, mientras que al mismo tiempo controla una importante participación indirecta en la empresa de medios sociales de Estados Unidos a través del fondo soberano saudí, el Fondo de Inversión Pública.

Asistente dental y estudiante de doctorado

Según la información disponible, Shehab no era una activista saudí destacada o especialmente ruidosa, ni dentro de Arabia Saudí ni en el Reino Unido. Se describía a sí misma en Instagram -donde tenía 159 seguidores- como higienista dental -la profesional que asiste al odontólogo-; educadora médica; estudiante de doctorado en la Universidad de Leeds y profesora en la Universidad Princesa Nourah bint Abdulrahman; y como esposa y madre de sus hijos, Noah y Adam.

Su perfil de Twitter mostraba que tenía 2.597 seguidores. Entre los tuits sobre el agotamiento del COVID y las fotos de sus hijos pequeños, a veces Shehab retuiteaba tuits de disidentes saudíes que vivían en el exilio, que pedían la liberación de los presos políticos del reino. Parecía apoyar el caso de Loujain al-Hathloul, una destacada activista feminista saudí quien fue encarcelada y supuestamente torturada por apoyar los derechos de conducción de las mujeres y que ahora vive bajo la prohibición de viajar.

Una persona que conoce a Shehab dice que no podía soportar las injusticias. La describe como una persona bien educada y ávida lectora que llegó al Reino Unido en 2018 o 2019 para hacer su doctorado en Leeds. Regresó su casa en Arabia Saudí en diciembre de 2020 de vacaciones y tenía la intención de llevar a sus dos hijos y a su marido de vuelta a Reino Unido. Entonces fue llamada para ser interrogada por las autoridades saudíes y finalmente fue detenida y juzgada por sus tuits.

Otra persona que siguió su caso dice que Shehab ha estado en ocasiones en régimen de aislamiento y que durante su juicio ha intentado hablar en privado con el juez para contarle cómo ha sido tratada sin que lo oiga su padre. Pero, según esta fuente, no ha podido dar el mensaje al juez. El veredicto de apelación ha sido firmado por tres jueces, pero las firmas son ilegibles.

Sin comentarios de la red social

Twitter no ha querido hacer comentarios sobre el caso y no ha respondido a preguntas concretas sobre la influencia -si es que la hay- que ejerce Arabia Saudí sobre la empresa. La red social tampoco respondió a las preguntas de The Guardian sobre por qué se ha permitido a un alto asesor del príncipe Mohamed, Bader al-Asaker mantener una cuenta verificada de Twitter con más de dos millones de seguidores, a pesar de las acusaciones del Gobierno estadounidense de que orquestó el acceso ilegal en la empresa que llevó a usuarios anónimos de Twitter a ser identificados y encarcelados por el Gobierno saudí. Un antiguo empleado de Twitter fue condenado por un tribunal estadounidense en relación con el caso.

Uno de los mayores inversores de Twitter es el multimillonario saudí Al-waleed bin Talal, propietario de más del 5% de Twitter a través de su fondo Kingdom Holdings. Aunque el príncipe Al-waleed sigue siendo el presidente de la compañía, su control sobre el grupo fue cuestionado por los medios de comunicación estadounidenses, incluido el Wall Street Journal, después de que saliera a la luz que el miembro de la realeza saudí -es primo del príncipe heredero- había estado cautivo en el Ritz Carlton de Riad durante 83 días. El incidente formaba parte de una purga más amplia dirigida por el príncipe Mohamed contra otros miembros de la familia real y empresarios, y que incluye acusaciones de tortura, coacción y expropiación de miles de millones en activos a las arcas saudíes.

En una entrevista de 2018 con la agencia de noticias Bloomberg después de su liberación, el príncipe Al-waleed dijo que había llegado a un “entendimiento” confidencial con el Gobierno saudí aparentemente en relación con su liberación.

Más recientemente, Kingdom Holding anunció en mayo que había vendido alrededor del 17% de su empresa al FPI, donde el príncipe Mohammed ejerce de presidente, por 1.500 millones de dólares. Esto, a su vez, convierte al Gobierno saudí en un importante inversor indirecto en Twitter. Según la red social, los inversores no desempeñan ningún papel en la gestión diaria de la empresa.

Una condena “draconiana”

La Organización Europea Saudí de Derechos Humanos condenó la sentencia de Shehab, que, según dijo, es la más larga que se ha dictado contra una activista. Señaló que muchas activistas han sido sometidas a juicios injustos que han desembocado en sentencias arbitrarias y han sido objeto de “graves torturas”, incluido el acoso sexual.

Khalid Aljabri, un saudí que vive en el exilio y cuya hermana y hermano están detenidos en Arabia Saudí, dijo que el caso de Shehab demostraba la opinión de Arabia Saudí de que la disidencia equivale al terrorismo.

“La condena draconiana de Salma en un tribunal de terrorismo por unos tuits pacíficos es la última manifestación de la despiadada máquina de represión de MBS”, dijo, refiriéndose al príncipe heredero. “Al igual que el asesinato de [el periodista Jamal] Khashoggi, su condena pretende enviar ondas de choque dentro y fuera del reino: atrévete a criticar a MBS y acabarás desmembrado o en las mazmorras saudíes”.

Aunque el caso no ha recibido mucha atención, el Washington Post publicó el martes un duro editorial sobre el trato que Arabia Saudí ha dado a la estudiante de Leeds y dice que su caso demuestra que los “compromisos” que Biden recibió sobre las reformas son “una farsa”.

“Como mínimo, Biden debe hablar ahora con firmeza y exigir que Shehab sea liberada y se le permita volver con sus hijos, de cuatro y seis años, en el Reino Unido, y reanudar sus estudios allí”, dice.

Información adicional de Robyn Vinter en Leeds

Traducción de Celia Broncano

La justicia rusa resolvió este jueves condenar a Brittney Griner a 9 años de prisión en una colonia penal. Su delito: llevar un vaporizador con menos un gramo de cannabis en la valija. De nada le valió ser una de las mejores basquetbolistas del mundo, porque antes que eso Griner es mujer, negra y lesbiana, tres cosas que en Rusia pueden ser vistas como peligrosas. Y peor aún, además es estadounidense en medio de un conflicto bélico.

Es que a Griner fue detenida el pasado 17 de febrero, seis días antes de que Rusia invadiera Ucrania. Por eso, para su familia y distintas organizaciones de derechos humanos se trata de una detención política para forzar a Estados Unidos a un intercambio de prisioneros.

Lo cierto es que Griner, de 31 años, fue sentenciada  por contrabando de drogas a “nueve años de prisión a cumplir en colonia penal de régimen general”, es decir una prisión en la que conviven delincuentes comunes con presos políticos. Además la jueza  Ana Sótnikova, del Tribunal de la ciudad de Jimki, ordenó que también debía pagar una multa de un millón de rublos que equivalen a unos 16.589 dólares, según informó la agencia rusa Sputnik.

“La sentencia de hoy de Brittney Griner fue severa según los estándares legales rusos y demuestra lo que hemos sabido todo el tiempo, que Brittney está siendo utilizada como un peón político”, dijo en un comunicado su representante, Lindsay Colas.

Durante el juicio, Griner, quien es activista LGBTIQ+, reconoció que efectivamente el vaporizador era de ella, y que había sido recetado por su médico para aliviar los dolores en una rodilla. Según señaló Sputnik, durante los debates un médico de Arizona aseguró haberle recetado cannabis en lugar de los analgésicos tradicionales ya que tienen menos efectos secundarios.

Su abogada, Maria Blagovolina, aseguró que la deportista “explicó a la corte que conoce y respeta las leyes de Rusia y nunca tuvo la intención de violarlas”.

En una carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Griner dijo: “Estoy aterrada de que pueda estar aquí para siempre. Soy consciente de que está lidiando con muchas cosas pero, por favor, no se olvide de mí y de los otros detenidos (...). Por favor, haga todo lo que pueda para llevarnos a casa”.

Según reveló la CNN, la intención de los Estados Unidos es pactar con Rusia un intercambio de prisioneros. Además de la jugadora, el objetivo es liberar a Paul Whelan, acusado de espionaje y encarcelado desde 2018. A cambio, ofrecen a  Víctor Bout, uno de los mayores traficantes de armas. De acuerdo a Sputnik, también podría sumarse un segundo prisionero ruso, Vadim Krásikov, condenado por asesinato .

La Casa Blanca difundió hoy un comunicado en el que Biden aseguró que “Rusia está deteniendo a Brittney por error. Es inaceptable y le pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amigos y compañeros de equipo”.

Como la mayor parte de las basquetbolistas, quienes ganan una ínfima parte de lo que reciben sus compañeros varones, Griner solía aprovechar sus vacaciones en el Phoenix Mercury de los Estados Unidos para jugar en las temporadas de otros países. Es que aún siendo una de las mejores deportistas su salario ronda los 228 mil dólares anuales. Poco si se lo compara con los más de 900 mil que cobra un jugador que recién empieza y un vuelto al lado los 41 millones de la estrella de los Angeles Lakers, LeBron James, sin contar los “extras” de publicidad.

Así fue que Griner, quien a lo largo de su carrera ganó dos medallas olímpicas y es una de las estrellas de la WNBA, la versión femenina de la NBA, llegó al UMMC Ekaterinburg, de Rusia.

“Apreciamos y continuamos apoyando los esfuerzos de @POTUS y @SecBlinken para cerrar un trato rápidamente para traer a Brittney, Paul y todos los estadounidenses a casa. Llevar a Brittney y Paul a casa es el único objetivo y, como tal, debemos usar todas las herramientas disponibles. Debemos permanecer enfocados y unidos. Este es un momento para la compasión y el entendimiento compartido de que lograr un acuerdo para traer a los estadounidenses a casa será difícil, pero es urgente y es lo correcto”, señaló la representante de la basquetbolista en representación de su esposa Cherelle Griner.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada hoy a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado “caso golpe de Estado II” en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un “simulacro de juicio”, remarcó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.

En este caso, denominado Golpe de Estado II, en el que Áñez y exjefes policiales y militares fueron procesados por decisiones contrarias a la Constitución, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

“En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”, señaló hoy Áñez.

El tribunal debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Áñez se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”.

Insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.

La exmandataria advirtió que se excluyó, entre la documentación descartada, el comunicado del Tribunal Constitucional que avalaba su Gobierno transitorio, las memorias de la Conferencia Episcopal sobre una reunión mantenida en la sede de la Universidad Católica y el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones fallidas de 2019.

“Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea (Legislativa); era un Gobierno simplemente de transición. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron; trabajamos en coordinación”, remarcó.

Y agregó: “Bolivia sabe que esos delitos no los he cometido. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, sin respetar hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia”.

La referencia fue al exmandatario Evo Morales, a quien no mencionó, que había perdido una consulta popular sobre la chance de un nuevo mandato.

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Las cuatro partes acusadoras, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez- habían coincidido en un pedido de 15 años de prisión.

Cuando la sentencia todavía era una incógnita, un grupo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España calificó de “arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional” el juicio, y opinó que la ONU, la OEA y la UE lo deberían repudiar.

En una declaración publicada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que “preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”.

“La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas”, señalan.

Por ello y por “el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional”, los exgobernantes consideran que los “testigos y facilitadores” de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez deberían “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

El documento está firmado, entre otros, por el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

DA

David Henderson, el empresario británico que organizó el vuelo que mató al futbolista argentino Emiliano Sala, fue declarado culpable en el tribunal de Cardiff, en Gales, de poner en peligro la seguridad del avión.

Henderson, de 67 años, fue acusado de no seguir las normas de seguridad que llevaron a la muerte de Sala, de 28 años y del piloto David Ibbotson de 59, cuando su avión se estrelló en el Canal de la Mancha en un vuelo que se dirigía a la ciudad francesa de Nantes a Cardiff el 21 de enero de 2019.

El empresario negó haber actuado de manera imprudente o negligente que pudiera poner en peligro la nave, pero el jurado lo declaró culpable de los cargos en su contra.

El jurado, formado por siete hombres y cinco mujeres, tardó siete horas y media en condenar a Henderson, que será sentenciado el 12 de noviembre por mayoría y enfrenta penas máximas de cinco años y otros dos por cargos menores.

Según informó la BBC, los abogados que hablaron en nombre de la familia de Sala dijeron que la condena de Henderson fue bien recibida, pero que sus acciones eran solo “una pieza del rompecabezas” de cómo se estrelló el avión.

En marzo del año pasado, una investigación del departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB) reveló que hubo muchas irregularidades en el informe final sobre el deceso del futbolista.

Según la AAIB, el piloto del avión no tenía entrenamiento previo para volar de noche y su licencia, que le permitía volar una aeronave monomotor Piper Malibu, había expirado tres meses antes del accidente.

La investigación concluyó que Ibbotson perdió el control durante un giro y la AAIB lo consideró como la situación “más probable”, porque el vuelo se realizó fuera de los estándares de seguridad aplicables a una operación comercial.

El fiscal Martin Goudie QC, por su parte, dijo hoy que Henderson había sido “imprudente o negligente” en la forma en que operaba el avión, al poner su negocio por encima de la seguridad de los pasajeros.

Goudie subrayó que Henderson había creado una cultura de incumplimiento de las regulaciones de navegación aérea entre los pilotos que contrató.

Según consignó la emisora británica, Fay Keely, propietaria del avión, le había dicho a Henderson que no permitiera que Ibbotson volviera a pilotear el avión después de ser contactado por la Autoridad de Aviación Civil (CAA) sobre dos infracciones del espacio aéreo que había cometido.

Sin embargo, el empresario, un exoficial de la RAF, permitió que Ibbotson siguiera volando, y su mensaje al piloto decía: “Ambos tenemos la oportunidad de ganar dinero con el modelo de negocio, pero no si molestamos a los clientes o llamamos la atención de la CAA”.

Emiliano Sala nació en Cululú, Santa Fe, luego se mudó con su familia a Progreso e inició su carrera profesional en Orléans de Francia.

Su paso por Nantes (2015/2016 y 2018/2019) resultó exitoso y propició la compra de su pase por parte de Cardiff City, el equipo galés que ahora juega en la segunda división del fútbol inglés.

El cuerpo del delantero argentino fue recuperado de las aguas del canal al mes siguiente, pero no se recuperaron ni el cuerpo de Ibbotson, de Crowle, Lincolnshire, ni los restos del avión.

Con información de agencia Télam.

AB

Una mujer nacida tras una violación cometida a una menor de edad hace más de 40 años logró que la justicia británica condene hoy a su padre biológico a 11 años de prisión, informaron fuentes locales.

Carvell Bennett, de 74 años, fue declarado culpable por un tribunal de Birmingham, en el centro de Inglaterra, de una violación cometida en la década de 1970 contra una adolescente de 13 años y fue condenado a 11 años de prisión.

Esta decisión fue posible gracias al “empeño y determinación” de la hija biológica nacida de este crimen, que “buscó justicia en este caso para sí misma y para su madre”, y que proporcionó su ADN, destacó el juez Martin Hurst.

La demandante -que no puede ser identificada para proteger la identidad de su madre-, descubrió a los 18 años, cuando pudo consultar su expediente de adopción, que su madre biológica quedó embarazada después de la violación y, luego de dar a luz a la niña, la entregó en adopción.

La mujer manifestó al tribunal que éste fue un descubrimiento “aterrador”, lamentándose de ser “la encarnación de una de las peores cosas que puede ocurrirle a alguien”.

Tras ser archivado “por las autoridades en el momento de la infracción”, el caso se reanudó a partir de que la hija de la víctima hizo una campaña para la reapertura de la investigación y convenció a su madre biológica de presentar una denuncia.

El análisis de su ADN permitió identificar a Carvell Bennett formalmente como padre, pese a que él siempre lo había negado.

Sin embargo el acusado, que se negó a disculparse en el juicio, admitió que hubo una relación sexual, pero afirmó que la víctima había consentido y creía que tenía 16 años en el momento de los hechos.

DA