Mientras el Gobierno ajusta los detalles para enviar al Congreso su proyecto de Ley de Modernización Laboral que busca reformar el mundo del trabajo y alista al Congreso, que ahora le es más favorable, a aprobarla lo antes posible, y en medio del paro de los trabajadores estatales nucleados en ATE, organizaciones sociales y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), lleva adelante este martes “acciones simultáneas y descentralizadas en distintos puntos de la zona metropolitana y del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector”.

De acuerdo a los organizadores, la jornada se realiza “en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan de lucha para poner un freno a lo que describen como un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional.

Alejandro “Peluca” Gramajo, Secretario General de la UTEP, señaló en las últimas horas que “no existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por si sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001, que terminó con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”.

Para el dirigente social, “lamentablemente no estamos lejos de esa situación, teniendo en cuenta el endeudamiento de las familias para poder comer, no solo con tarjetas y billeteras virtuales, sino con los prestamistas narcos en los barrios populares. Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción que deje de importar esclavitud de otros países”.

Según Gramajo, “una cosa que tiene que tener en cuenta cualquier legislación laboral que se pretenda terminar con la informalidad es que existe un trabajo hoy en la Argentina que es el de la economía popular, el que se inventan cientos de miles de personas para poder vivir, y que no está reconocido y le faltan derechos. Por eso creemos necesaria la creación de un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.

Desde la UTEP denuncian que desde que asumió Milei en diciembre de 2023, “el Gobierno congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en $78.000 en el marco de la devaluación más grande de la historia argentina”. Además, reclaman que ese Salario Social Complementario está “desacoplado de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que ya de por sí es de extrema indigencia ($328.400 según la última actualización unilateral por parte del gobierno). Ahora busca desenganchar la AUH de la fórmula de movilidad previsional de ANSES para evitar su actualización automática en el marco del aumento inflacionario”, sostuvieron.

Según denunciaron las organizaciones, el Gobierno “pretende avanzar con una reforma laboral bajo el argumento de combatir la informalidad, pero lo único que busca es que los trabajadores sigan retrocediendo en derechos y profundizar aún más la exclusión”.

Asimismo, señalaron que la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares “afecta directamente la urbanización y el acceso a derechos básicos. La apertura a las importaciones está destruyendo unidades productivas textiles, obligando a miles de trabajadores a volver a producir en sus casas en condiciones de hacinamiento. La importación de cartón golpea a las familias cartoneras, y algo similar ocurre con la agricultura familiar debido al ingreso de alimentos importados”, remarcaron.

A esto se suma la violencia institucional que, según destacaron, “estigmatiza, persigue, decomisa y detiene constantemente a los trabajadores y trabajadoras del espacio público”. Para los dirigentes de la UTEP, “la desfinanciación de los espacios sociocomunitarios no solo desarticula a las familias en las barriadas, sino que abre el camino al avance del narcotráfico, que se convierte en prestamista de última instancia para la comunidad”.

Frente a este escenario, las organizaciones remarcan la necesidad de contar con “un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular que regule, formalice y amplíe los derechos de quienes integran este sector”.

En la jornada de este martes, exigen “un aumento y la continuidad del Salario Social Complementario que el gobierno amenaza con cortar en abril; la actualización automática de la AUH, que se pretende desacoplar; un bono de fin de año para la Economía Popular y los trabajadores informales; y obras para los barrios populares”.

Gremios y movimientos sociales marcharon este jueves a la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, para protestar por la política económica del Gobierno de Javier Milei y convocarse como la oposición para “derrotar” al ultraderechista.

Los líderes de las organizaciones -junto al Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel- encabezaron la marcha coreando y sosteniendo un gran cartel con la consigna “La Patria no se vende” y otro que llamaba a “una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía”, cortando el tránsito de la Avenida de Mayo hasta desembocar en un escenario montado de espaldas a la Casa Rosada.

El secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Hugo Godoy, acusó sobre el escenario al Gobierno de Milei de querer “ejercer la suma del poder público” y dijo que “cuando se ejerce una infame traición a la patria, el pueblo tiene el derecho y la obligación de rebelarse, combatirlo y sacarlo de escena”.

“Lo hicimos en diciembre de 2001”, cuando cayó el gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), “y cuando la rebelión no alcanzó, la legitimamos en elecciones que los pudieron vencer y derrotar”, en referencia al Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), recordó Godoy.

Un muñeco gigante de Milei acompañó la marcha, junto a carteles que rezaban “Milei, sos un ser despreciable; nunca aprendiste a ser humano”.

Los manifestantes afirmaban que “el hambre también es violencia” y pedían “no a la eutanasia silenciosa de los jubilados”.

El secretario General de la otra CTA, Hugo Yasky, propuso al colectivo presente ser la verdadera oposición al gobierno del ultraderechista: “Hoy hay una representación que en nombre de todos nosotros asume las banderas de enfrentar el ajuste”.

Además de la CTA, marcharon la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI, el Sindicato Único de Guardavidas, los Metrodelegados, la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

“Hoy es un día muy importante para nosotros porque la confluencia de los distintos sectores en esta plaza es un paso fundamental para derrotar a Javier Milei”, agregó Silvia Saravia, dirigente del movimiento Libres del Sur.

“Hoy estamos por los miles y miles de argentinos que están sufriendo a este Gobierno cruel, despiadado, inhumano, que golpea muy fuerte en todos los sectores”, afirmó.

Otras organizaciones sociales presentes fueron Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Corriente Clasista y Combativa.

Se sumaron el Frente Nacional Rural de las economías regionales y los productores yerbateros del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que se quejaron de que el Gobierno de Milei “impone medidas” que “complican la vida a los productores” y de que el Ejecutivo quitó el precio sostén de la yerba mate para el productor.

Organizaciones de curas por los pobres pidieron una oración en el escenario por “el sufrimiento del pueblo en Gaza”, entre otras cuestiones. 

MM con información de la agencia EFE.

La movilización del Movimiento Piquetero al Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos desde el conurbano bonaerense a la ciudad de Buenos Aires, fue interrumpida por un fuerte operativo coordinado por distintas fuerzas federales de seguridad. La marcha había sido organizada para exigir respuestas ante la creciente pobreza e indigencia, bajo la consigna “Más de un millón de niñxs se van a dormir sin cenar”, una cifra calculada por Unicef y difundida recientemente. Los manifestantes no pudieron avanzar más allá de la Avenida Mitre, en Avellaneda.

Las fuerzas de seguridad, integradas por la Policía Federal y la Prefectura Naval, establecieron tres cordones policiales a lo largo de la calzada, complementados por un cordón adicional de personal de brigada. A pesar de las negociaciones, los manifestantes no pudieron avanzar y en asamblea deliberan sobre si una comisión de representantes se dirigirá al Ministerio de Capital Humano, responsable de la política de ayuda social, para una reunión con las autoridades, o si mantendrán su posición en el lugar hasta obtener respuestas más claras.

Mientras tanto, los efectivos policiales mantienen su presencia en la zona, restringiendo el paso y evitando que la movilización continúe su marcha. Los cánticos contra el presidente Javier Milei resuenan, evidenciando el descontento con la gestión actual y la situación social de millones de personas.

El Movimiento Piquetero denunció la grave situación de hambre y pobreza en todo el país y destacó que más de un millón de niñxs no cenan cada noche, lo que afecta a 3 millones de personas en total. Atribuyen esta crisis a la desocupación real, que consideran mucho más alta que la cifra oficial, y a los bajos salarios que llevan a trabajadores y jubilados a depender de comedores populares, los cuales han cerrado o reducido su oferta de alimentos debido a la falta de envíos del gobierno de Milei y la minstra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante los últimos 9 meses.

Además, reclaman por los despidos masivos y el deterioro de las condiciones laborales, alertando que más de 38.000 empresas están en crisis y podrían despedir cientos de miles de trabajadores antes de fin de año. Critican la represión del gobierno contra quienes luchan por los derechos sociales, exigiendo la libertad de los detenidos políticos, como Roberto, y demandan un plan de lucha contra el ajuste, incluyendo una huelga general para enfrentar las políticas de Milei y sus aliados.

La marcha tiene tres reclamos concretos:

• Restitución de los alimentos a los comedores populares.

• Aumento de los programas sociales y apertura para quienes lo necesitan.

• Basta de persecución y represión a las luchas de los trabajadores.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, informó que “aplicó el protocolo antipiquetes en el Puente Pueyrredón” y estimó en 3.000 la cantidad de manifestantes de distintas organizaciones. “Hay circulación en el puente”, indicaron.

JJD

En el marco de la sesión que dará tratamiento a la ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, partidos de izquierda y organizaciones sociales marcharán en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la ley que impulsa el oficialismo. Lo harán desde las 13, por lo que el Ministerio de Seguridad ya trabaja en la aplicación del Protocolo Antipiquetes.

El Frente de Izquierda, el Nuevo MAS y organizaciones sociales como el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, la UTEP, entre otras, se volcarán a las calles para exigirle a los legisladores que rechacen los cambios introducidos por la Cámara Alta y el proyecto no consiga la sanción correspondiente. 

La cartera que lidera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya anticipó que el protocolo antipiquete se hará cumplir “como de costumbre” e involucrará a la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura en colaboración con la Policía de la Ciudad en el marco del operativo. 

El desembarco de las organizaciones y partidos convocantes se hará de forma gradual. En primer lugar concentrarán las columnas de la UTEP, y luego las agrupaciones de la izquierda nucleadas de Unidad Piquetera y el Partido Obrero, el PTS, el MST, el Nuevo MAS, entre otros, que convocan para las 15. 

A diferencia del tratamiento en el Senado, menos sectores se plegaron a la convocatoria a raíz de la escalada de violencia abierta en las calles cuando un grupo de encapuchados prendieron fuego un móvil de Cadena 3.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, desde la oposición consideran que la sesión será breve y que el oficialismo cuenta con los votos para aprobar las modificaciones de la ley, y -de más ajustada- el paquete fiscal con la restitución del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. 

Al respecto, el legislador y dirigente nacional del Partido Obrero, Gabriel Solano, planteó en diálogo con esta agencia: “La aprobación de la Ley de Bases va a ser un golpe muy fuerte a los trabajadores, en primer lugar por la reforma laboral que se implementa que no tiene nada de light”.

Para el referente de la izquierda, la Ley Bases “cercena derechos, modifica el régimen de indemnizaciones, aumenta el período de prueba, crea un monotributismo de las empresas chicas, lesiona el derecho a huelga”. 

“El Gobierno dijo que con esta ley la Argentina iba a empezar a crecer y está pasando lo contrario. Recibió la media sanción en el Senado y la crisis económica se profundizó: sube el dólar, el riesgo país, caen los bonos, crece la brecha cambiaria, las presiones devaluatorias. Creo que el Gobierno está en su peor momento”, caracterizó.

Por su parte, la referente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, aseguró: “Repudiamos la aprobación de la Ley de Bases. Se trata de un triunfo táctico de Milei que le da aire pero que expone sus dificultades, debido a que esto le costó 6 meses y con una creciente respuesta en las calles que fue importantísima ya que fue obligando al gobierno y a sus cómplices de todos los colores a retocar el proyecto de ley”.

“La Ley de Bases va a salir no solo gracias a la oposición colaboracionista del PRO, la UCR y Pichetto, sino también por culpa de las direcciones peronistas y kirchneristas que se dedicaron a ser una oposición formal en el Congreso, aunque igual brindaron los votos que Milei necesitaba en el Senado, en vez de convocar masivamente a movilizar y a ganar las calles, ausentándose o retirándose temprano de la Plaza dando vía libre a la represión”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El ala dura del kirchnerismo, una parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, dirigentes de izquierda y organizaciones sociales, concentran este miércoles en las inmediaciones del Congreso en rechazo de la Ley Bases y el paquete fiscal que comenzará a debatirse desde las 10 en la Cámara de Senadores.

Anoche, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó una vigilia en la Plaza del Congreso con radio abierta y espectáculos musicales. 

La intención de esta maniobra opositora es presionar a los senadores aliados al Gobierno para que rechacen el proyecto de ley que impulsa el oficialismo.

Según planteó Katopodis, el Gobierno pretende sancionar la Ley Bases “cambiando votos por embajadas, y eso está muy mal”, en una clara alusión al guiño del oficialismo a la senadora Lucila Crexell en la previa a la votación, luego de que el Gobierno iniciara el proceso para ubicarla como embajadora de la Argentina en la UNESCO.

“Si sale, la Argentina va a estar peor. Mañana, si somos cientos de miles de argentinos y argentinas con banderas celestes y blancas, es esta plaza la que puede frenar a Milei”, agregó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

A la convocatoria se plegarán distintos dirigentes gremiales del ala dura de la CGT, liderados por el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y los kirchneristas Mario Manrique (SMATA) y Abel Furlán (UOM). 

Por su parte, el sector dialoguista de la central integrada por Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). que evitaron convocar a la protesta, enviarán representantes de segundas líneas para cumplir formalmente y evitar la exposición. 

Otro sector que convocó a rechazar la ley de La Libertad Avanza en las calles es la izquierda. El Nuevo MAS, el FIT, el FOL, el MTR y distintos movimientos sociales como la UTEP, el MTE, Barrios de Pie, entre otros, se dan cita desde temprano a la espera del inicio de la sesión. 

Al respecto, la dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, llamó a construir “una jornada multitudinaria que derrote a la reaccionaria Ley de Bases”, y aseguró que el proyecto “significa un ataque global a las mayorías sociales de la Argentina”, que “pone en juego el futuro de las y los argentinos”.

“Los principales dirigentes de la CGT, que se encuentran en Suiza, se niegan a convocar a un paro general y a una movilización en un claro intento por favorecer al oficialismo y garantizarle que la ley pase”, cuestionó en referencia a los líderes de la central, y agregó: “Hay sindicatos ligados a la CGT que sí convocan a movilizarse, pero sin garantizar paro, por lo que dificultan la movilización masiva de amplios sectores”.

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, con causa abierta impulsada por el Gobierno, sumó su adhesión a la convocatoria y desde las 9 se encuentra junto a la organización que lidera en las inmediaciones del Congreso. 

Con información de agencias.

IG

 El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, y el líder de la UTEP, Juan Grabois, protagonizaron este miércoles un durísimo cruce en televisión en medio del escándalo por la presunta extorsión de organizaciones sociales a los beneficiarios de planes sociales.

Una de las lanzas del libertario fue la denuncia contra el dirigente social por la utilización del Fondo de Integración Socio Urbana. “Vos le sacás plata a la gente y no te hacés cargo de lo que sos”, fue una de las frases del asesor económico del presidente Javier Milei que detonó el debate en el programa A Dos Voces, de TN.

El exprecandidato presidencial de Unión por la Patria recogió el guante y se defendió. “¿Vos tenés alguna prueba de que yo le saco plata a la gente?”, le preguntó Grabois a Marra, dando inicio al griterío en un sinfín de acusaciones cruzadas.

Otro tópico fue la situación económica, en donde el abogado cuestionó el “plan de miseria planificada” del Gobierno libertario. El dirigente social comentó: “En algún momento la inflación va a bajar y habrá deflación, pero los precios no van a volver a su valor original. Robaron un quinto del poder adquisitivo los que dicen que la propiedad es sacrosanta”.

Por su parte, el legislador porteño de La Libertad Avanza celebró la baja de la inflación, la caída del índice Riesgo País y el superávit fiscal. Marra cargó la culpa de la alta inflación de diciembre y enero a las medidas adoptadas por el exministro de Economía Sergio Massa “en su afán de ganar las elecciones” de 2023.

“Estás criticando a tu Gobierno, no a este nuevo modelo de país que está respaldado por la sociedad y está habiendo un cambio cultural. Ustedes no entienden de Economía. Fomentaron la emisión monetaria. Nosotros evitamos una catástrofe”, indicó Marra.

Tras este punto, las diferencias entre ambos se profundizaron con más descalificaciones, interrupciones y gritos. Como representante del Gobierno de Javier Milei, Marra defendió la desregulación económica. “Quisiste ser Presidente para tener más poder sobre los demás. Nosotros ahora somos Gobierno y decimos que nos saquemos responsabilidades para dárselas a las personas”, comentó el legislador sobre la Economía, y entrando en el segundo tópico, agregó: “El Estado tiene que tener un rol en la Seguridad y Defensa, Salud y Educación”.

“Ganás más de tres millones con la nuestra, te duplicaste el sueldo. Te hacés el libertario, pero cobrás de los impuestos de la gente. Yo no: cobro de mi trabajo privado”, atacó Grabois.

Hacia el final de la entrevista, en el saludo final, ambos se dieron la mano, pero no dejaron de lado las diferencias y siguieron con las chicanas. “Manito blandita es de garca”, tiró Grabois, y Marra arremetió:“ Por lo menos yo no le robo a los pobres”.

Marra la siguió en redes sociales

La respuesta de Grabois

Con información de agencias.

IG

El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal tras detectar graves irregularidades en el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre” y la auditoría reveló que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes, y uno de ellos, el comedor “Gauchito Gil”, estaba registrado en la dirección de un barrio privado.

Este programa, creado en 2020, tenía como objetivo garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.

La denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.

Al asumir su cargo, Pettovello ordenó una auditoría por lo que consideraron falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios.

Casos

El comedor “Gauchito Gil”, de acuerdo a la auditoría, está registrado en la dirección de un barrio privado y no habría existido nunca. Otro ejemplo es el comedor “Sol de Barrio”, cuya dirección no pudo ser localizada, y los vecinos confirmaron que allí nunca funcionó un comedor.

La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas. Estas irregularidades indican una falta de control y supervisión, permitiendo que se registraran comedores inexistentes que recibían fondos del Estado.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano hizo una denuncia penal que busca que se investiguen a fondo estas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Allanamientos en la denuncia por extorsión: qué dijo Bullrich

En una jornada de intensos operativos, alrededor de 30 allanamientos que se realizaron este lunes como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expresó: “es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir”.

Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.

La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.

Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.

La acusación de la Fiscalía

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos fueron en varios comedores, así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado. 

“De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”, según la fiscalía. 

Modus operandi de las extorsiones

La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una “cuota” a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.

Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.

“Lista de espera”

El esquema de supuesta extorsión apunta a diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en “listas de espera” para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los “beneficiarios comunes”, que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los “delegados”, que recibían doble o triple ayuda; y los “referentes”, responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.

Para el Gobierno de Javier Milei, “los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y de la Justicia para desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley”.

Qué dijo Belliboni, del Polo Obrero

Tras las denuncias y los resultados difundidos por el ministerio de Capital Humano, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero admitió no poder “negar que hay algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no voy a decir 'No, es imposible'. Puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente, pero veamos el contexto”, se explicó.

Según Belliboni, los dirigentes sociales “dimos la cara, no somos Rodríguez Simón, Pepín, que se va afuera, dimos la cara en una conferencia de prensa” y reclamó que la Justicia “debería haber llamado a Patricia Bullrich y preguntarle por qué, por ejemplo, pone parlantes en las estaciones de Constitución para decirle a la gente que no se puede movilizar”.

“¿Una persona que tiene un programa social tiene prohibido los derechos constitucionales? Eso también existió y fue público. Venimos denunciando a este Gobierno porque vació los comedores populares de comida, y eso no hay forma de probar que sea equivocado o que estemos mintiendo, la que miente es la ministra”, remarcó el dirigente en diálogo con Radio con Vos.

Belliboni consideró que lo expuesto por el gobierno es “un operativo político para perseguir a los dirigentes que están luchando con este gobierno”. Además, alertó que los allanamientos fueron “totalmente ilegales” porque se hicieron “de madrugada cuando no había luz del sol” y que “lo primero que hizo la policía de Bullrich fue apagar las cámaras”.

Asimismo, el líder del Polo Obrero reiteró en claro que los dirigentes “van a dar la cara” y “no se van a fugar como lo hicieron otros”, y calificó a la reciente denuncia en su contra como “falsa, política e ilegal”.

Con información de agencias.

IG

Organizaciones sociales realizan este martes una jornada nacional de lucha con cortes y movilizaciones en todo el país, incluida una protesta frente a la Quinta de Olivos, que generó momentos de tensión con la Gendarmería, que frenó la movilización a metros de la Residencia de Javier Milei.

El objetivo de la medida de fuerza es repudiar “el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores” por falta de alimentos.

“Denunciamos el desguace del programa Potenciar trabajo y la reducción a la mitad del salario de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector y congelamiento desde noviembre del 2023. Seguimos en la calle por trabajo genuino y todas nuestras reivindicaciones”, señalaron los organizadores, que apuntaron contra el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una de las columnas de manifestantes se congregó a partir de las 10 en Puente Saavedra para marchar rumbo a la Quinta de Olivos. Cerca de las 12 del mediodía, un cordón policial de la Gendarmería avanzó contra los manifestantes para intentarlos llevar hacia la zona del Metrobús para tratar de liberar la avenida Maipú y se vivieron momentos de tensión.

La protesta generó demoras en el tránsito debido a los cortes, y la presencia policial fue reforzada para evitar que las columnas llegaran a la residencia presidencial. La situación se tornó tensa cuando los manifestantes, ubicados a tan solo tres cuadras de la residencia presidencial, comenzaron a quemar neumáticos en la Avenida Maipú. La Policía Federal, en coordinación con Gendarmería, estableció un fuerte operativo para evitar que las columnas llegaran a la Quinta de Olivos, lo que generó un clima de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Algunas de las agrupaciones sociales que se movilizan serán la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD-Aníbal Verón, MRP, FOB, entre otras.

Ante las marchas anunciadas, las Fuerzas de Seguridad volvieron a aplicar el protocolo antipiquetes para intentar evitar que los manifestantes corten calles, rutas o accesos.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ironizó ante el jefe del operativo sobre si Olivos había sido declarado como “zona militar”, debido a la fuerte presencia de uniformados.

En medio de las negociaciones entre los piqueteros y las autoridades policiales, surgió la posibilidad de que los manifestantes puedan ser recibidos por el intendente de la Quinta de Olivos, algo que fue cuestionado por las agrupaciones sociales por no tratarse de un funcionario político con poder de decisión.

“Queremos marchar a la Quinta de Olivos para entregar un petitorio y reclamar una reunión y otra vez tenemos un dispositivo en territorio bonaerense aplicando el protocolo”, se quejó Belliboni.

Con información de agencias.

IG

Una movilización en reclamo de asistencia alimentaria terminó con una feroz represión policial. La avenida 9 de Julio volvió a ser el epicentro este miércoles de la puesta en marcha del protocolo antipiquetes que impuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la fuerza de seguridad de la Capital Federal intervino con camiones hidrantes, gases y balas de goma contra una protesta motorizada por organizaciones sociales en las cercanías del ministerio de Capital Humano. Hay al menos 10 detenidos, y otro tanto de heridos, incluidos periodistas con balas de goma, y para esta tarde se espera una conferencia de prensa desde las agrupaciones.

La marcha fue encabezada por columnas de Polo Obrero y UTEP, que desde que asumió Javier Milei denuncia el recorte total en las partidas alimentarias para los comedores populares. La concretación fue frente a la cartera conducida por Sandra Pettovello, responsable de la política social libertaria.

UTEP señaló que el objetivo era reclamar “por la emergencia social en todo el país”. “Por los alimentos, por el trabajo y por el techo, seguimos luchando y visibilizando el programa de ajuste, saqueo y miseria que propone este Gobierno”, subrayó el espacio que está encabezado por Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita, pero donde tienen participación un sinfin de organizaciones, como la CCC de Juan Carlos Alderete, el MTE de Juan Grabois, Barrios de Pie de Daniel Menéndez, entre otras.

Uno de los manifestantes denunció a elDiarioAR que la protesta se realiazaba de manera pacífica hasta que una delegación fue convocada “a las oficinas de Pettovello”. Justo en el momento en que el grupo estaba dirigiéndose al encuentro, recogió este medio, comenzó la represión sin previo aviso. La policía lanzó gas pimienta y activó los carros hidrantes de la Guardia de Infantería. “Se desplegó el personal policial de infantería, hidrante y motos por Avenida de Mayo, mano a Constitución, para liberar la traza ocupada por mas de 4.000 manifestantes”, confirmaron fuentes policiales.

Desde la prensa de la Policía de la Ciudad informaron que hubo doce detenidos, en medio de las balas de goma, los gases lacrimógenos y la lluvia de piedras. Fuentes de UTEP detallaron que los manifestasntes apresados son: Roberto Retamoza, del FPDS; Cristian Corral, de la CTA-T, Darío Fabián González, Ariel Sánchez y Edwin Capquia (hospitalizado en el Ramos Mejía), del PO; Carlos Ardila Guerra, fotógrafo del Bloque de Trabajadores Migrantes; Jorge Barrera y Franco Nicolás Viltez, de MTR 12 de Abril; Fabián Verón, de CCC; Jeremías Zanabria, de Votamos Luchar. Contra las detenciones habrá esta tarde desde las 17 una conferencia de las organizaciones desde la alcaldía 4, en Zabaleta 425, Capital Federal.

Entre los heridos estuvo el periodista de Crónica TV Diego Ricardi, quien recibió un perdigón de bala de goma en el mentón mientras hacía la transmisión. “Sentí un dolor en la cara, y pensé que era el resto de una piedra, pero resultó ser un balazo de goma”, movilero a elDiarioAR. Había estado haciendo su transmisión periodística resguarecido en el hall de un edificio. Fue atendido en el hospital Ramos Mejía, donde le quitaron el perdigón, y por la tarde de este miércoles tenía previsto una cirujía en un centro de salud privado.

Sentí un dolor en la cara, y pensé que era el resto de una piedra, pero resultó ser un balazo de goma

Diego Ricardo — Periodista Crónica TV

Diego Kravetz, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó pasado el mediodía que el corte había terminado: “Pudimos despejar en su totalidad la 9 de Julio. Se hizo un trabajo fuerte, difícil, con dos oficiales heridos y 8 detenidos”, detalló, cambiando el número de los detenidos. De acuerdo al funcionario porteño, “la gente que se fue sumando estaba en las distintas plazoletas y bajaron coordinadamente a la calle. Estaban cumpliendo con la ley en las plazoletas y cuando empezaron a bajar hicieron el corte, fue de un momento a otro”.

“Tratamos de dialogar cuando se puede, ellos no quisieron dialogar. Cuando vemos que no hay voluntad de terminar con la contravención actuamos. Los detenidos lo están por agresión al personal policial”, explicó Kravetz.

El cura Francisco “Paco” Olveira aseguró en las últimas horas que el Gobierno nacional estigmatiza a las organizaciones sociales y las utiliza como “excusa” para “achicar gastos” en el Estado con el objetivo de que “cierren” las cuentas públicas.

En este sentido, el sacerdote miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, manifestó que la “demonización” de los dirigentes sociales es “la excusa para achicar gastos”.

“Que la gente coma para ellos es un gasto, para mí es un derecho inalienable. Más en Argentina, donde si hay algo que no tendría que faltar es el alimento”, sostuvo Olveira en diálogo con radio Splendid AM990.

El religioso dijo, a su vez, que para el Ejecutivo “lo importante es que cierren las cuentas públicas, no importa si queda la gente afuera” y contó que no tienen diálogo con el Ministerio de Capital Humano.

“No le pude transmitir todo esto el Ministerio de Capital Humano porque nosotros somos chorros. Toda organización social, para ellos, somos gerentes de la pobreza e intermediarios que nos quedamos con los alimentos de la gente”, señaló el referente de Opción por los Pobres.

Además, Olveira dio detalles de la crisis que están atravesando los comedores ante la falta de ayuda por parte del Estado nacional.

“Estamos manteniendo una cosa mínima, porque desde diciembre no se recibe ni alimento seco ni dinero para comprar alimentos frescos. Recibimos ayuda solidaria de mucha gente, pero hay cosas que son imposibles de reemplazar al Estado. Nosotros no tenemos 6 millones de pesos por mes solamente para alimentación”, argumentó.

“El Estado tiene una misión, no la cumple y pasa esto”, subrayó.

Las declaraciones del sacerdote se dieron después de que se dio a conocer que la pobreza subió al 41,7% a fines del 2023 y afectaba a 19,5 millones de personas, según el INDEC. En tanto, en el Conurbano el índice alcanzó el 45,5%.

Con información de NA.

IG

Esteban Marcioni es un referente del Frente Popular Darío Santillán, uno de los movimientos sociales con más historia y presencia en los territorios, tanto en el conurbano bonaerense como en todo el país. A casi tres meses de la asunción del Gobierno de Javier Milei, analiza el impacto de las políticas del libertario sobre los sectores populares y advierte: “Donde se cierra un comedor, avanza el narco creando soldaditos” .

-Tres meses casi del gobierno de Milei, con un ajuste brutal sobre los ingresos. Están los datos de cómo aumentó la pobreza, una pobreza que, por supuesto, preexistía al Gobierno de La Libertad Avanza, pero que, según la UCA, ya está en 57,4% de la población, 27 millones de personas. En diciembre era 49,5%, siempre según la UCA. ¿Cómo impacta esto en los territorios donde ustedes están presentes?

-Lo primero que es importante subrayar es que no es que estamos en Suecia y de repente estamos recibiendo un mazazo, sino que ya tenemos una crisis en muchos casos estructurales. Quedó muy visible en la pandemia, en la desconexión de los pibes con la escuela. La recuperación de la escuela por muchos de los pibes está siendo muy compleja. Y eso este gobierno lo lleva a una profundización en cosas materiales muy concretas como, por ejemplo, la alimentación. Hoy lo que se está jugando es si se come o no se come y eso nos da que tenemos los comedores explotados de gente. Se duplicó de diciembre a ahora el número de gente que asiste a los comedores. Nosotros como organización alimentábamos a cerca de 30.000 personas y hoy estamos hablando de cerca de los 60.000.

-En todo el país.

-En todo el país. Yo soy de la ciudad de Lanús. En promedio, tenemos diez comedores. Más o menos comían 1.500 personas en el total de los diez comedores. Hoy estamos cerca de los 3.000. Tenemos una situación de crisis profunda, estructural, de continuidad de muchos años en los barrios populares, que se profundizó con el gobierno de Macri. La pandemia eso lo llevó mucho más al fondo. Y ahora lo que estamos recibiendo en estos casi tres meses está siendo terrible. Y lo que está de alguna manera salvando que este escenario no se complique aún más es el entramado comunitario, de las organizaciones, de las iglesias, de los clubes de barrio, las salitas comunitarias, los médicos que trabajan en esas salitas. O sea, está fortaleciendo el entramado comunitario atajar la grave situación para que no se nos vaya de las manos y, sobre todo, para que ningún pibe se nos muera de hambre, que es lo que hoy se está jugando.

-Milei dijo en el discurso de apertura de sesiones ordinarias dijo que el gobierno dio de baja 52.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Obviamente lo dijo en el marco de un discurso donde habló de planeros VIP, de irregularidades. Pero lo concreto es que el gobierno frenó la entrega de alimentos en los comedores populares en un contexto de inflación desatada. ¿Qué está pasando ahora con los comedores populares? ¿Qué está pasando con el Potenciar Trabajo?

-Con los comedores una realidad es el conurbano bonaerense, donde lo que estamos viviendo es un incremento de las familias que asisten. Pero el Gobierno de la Provincia sigue entregando un poquito de mercadería que permite que algo de la estructura se pueda mantener abierta o, en algunos casos, los municipios. En el resto del país, sobre todo en el norte, estamos en una situación catastrófica. Nosotros hemos cerrado. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán teníamos 300 comedores, los tuvimos que cerrar a todos. Porque podés sostener una dinámica de alimentación solidaria una vez, dos veces por semana. Ahora, construir un sistema de alimentación diaria de las personas eso no hay manera de hacerlo si no es con el Estado apoyando. Eso nos llevó a que tengamos que cerrar muchísimos comedores y en situaciones, por ejemplo, como la inundación de Corrientes. Tenemos compañeros y compañeras en la provincia de Corrientes que hacían comedores, históricos comedores, desde los 80 y los tuvimos que cerrar. Ahora se está organizando para ver cómo paliar con la inundación, pero la realidad es que hay un montón de familias que están dejando de recibir por lo menos un plato de comida, que era el que garantizaba el comedor. Y lo de los comedores va acompañado por la suba de precios. No es que la gente está dejando de ir al comedor y va y revienta la tarjeta en el supermercado. No, lo marcan los números, que no los construimos nosotros: la caída de consumo es permanente. Y en relación al Potenciar, aprovecho para avisarle a todos los vecinos de Salvador Mazza, frontera con Bolivia, que el Gobierno tomó la decisión de que si cruzaron a Bolivia en los últimos meses, les da la baja. O sea, hay calles que conectan Salvador Mazza y Bolivia. Toman decisiones arbitrarias, completamente deshumanizadas y sin conocer las realidades.

-Con el argumento de que salen al exterior.

-Lo mismo va a pasar en Clorinda, en Formosa, y en todas las ciudades de frontera. Le van a dar de baja a los vecinos y vecinas porque cruzaron, que es lo normal. Tienen familiares del otro lado, cruzando la calle. Pero el Gobierno ha decidido darle de baja bajo el argumento de que salieron del país, construyendo una imagen de que la gente es rica y sale del país por ir a visitar a su familia que está cruzando la calle.

-¿Cuál es el mensaje de los gobernadores? Sabemos que hay una tensión entre gobernadores. No en todos los casos es la misma la tensión, pero el ajuste del Gobierno de Milei va sobre sectores desfavorecidos, sectores populares, y también hay una puja con los gobernadores. En el caso de Tucumán, donde cerraron 300 comedores, ¿cuál es el mensaje en ese caso de un gobierno del peronismo?

-Hubo continuidad de la decisión del Gobierno nacional, argumentando que no le mandaba la partida o no le mandaba los alimentos. En muchas de las provincias está habiendo continuidad. En algunos casos puede ser un argumento válido decir: che, si yo recibía una partida del Gobierno nacional que hoy no la tengo, no puedo comprar la comida para mandarles. Bueno, con argumentos válidos incluso, hay una continuidad de la línea del Gobierno nacional de no sostener los comedores y los merenderos.

-O sea, acoplarse a ese ritmo de ajuste que baja Nación y no buscar manera de contener de alguna manera. Estamos hablando de un ajuste que, podríamos decir, recién empieza. Si bien va con una velocidad escandalosa y una violencia que es muy impactante, también podemos decir que esto es un proceso incipiente. No sabemos cuánto puede durar.

-Sí, y hay que ver también con qué nivel de profundidad, porque a nosotros la sensación que nos da es que el Gobierno plantea, desde un análisis errado, avanzar sobre ciertos programas para destruir el tejido comunitario, las organizaciones sociales. Y la realidad es que en nuestro país las organizaciones sociales somos mucho más que la entrega de alimentos, mucho más que el Potenciar Trabajo. Por ejemplo, en la ciudad de Lanús, donde estoy, y en muchos otros lugares del conurbano y del resto del país, las organizaciones tenemos jardines comunitarios de primera infancia. En un jardín que tenemos en Lanús, van 40 pibes, vecinos del barrio. Van de 45 días hasta los tres años de forma gratuita. No existe otra oferta similar en la ciudad de Lanús que no sea nuestro jardín y experiencias similares. O, por ejemplo, panaderías que están garantizando el kilo de pan a 1.000 $ para que los vecinos lo puedan comprar. Las organizaciones sociales no somos las mismas que cuando nacimos en los 90 o en los 2000. Hoy hay un tejido comunitario. Por ejemplo, en pandemia garantizamos que no se mueran un montón de vecinos de los barrios populares por el COVID, porque estábamos alertando de la situación, acompañando a las familias y en muchos de los casos -a mí me tocó ser parte de eso- éramos nosotros los que sacábamos a los vecinos y los llevábamos a los centros de aislamiento. No somos solo comedores, no somos solo el Potenciar Trabajo. Hay un entramado comunitario que garantiza educación inicial, educación para adultos, bachilleratos populares, cuestiones vinculadas a la salud. En un operativo el otro día que hicimos en un barrio popular acá del conurbano, se colocaron 250 vacunas, que la salita del barrio no las tenía, 47 chips para prevención anticonceptiva. Eso también somos las organizaciones. Y eso no lo van a poder desarmar ni tirando abajo la cuestión alimentaria, ni el Potenciar. Lo que generan es que un montón de vecinos de los barrios populares no puedan comer y ahí además acuden a las organizaciones para poder resolverlo.

-Milei habló de que muchos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo estaban cobrando de forma indebida. Y tengo dos preguntas. Por un lado, ¿qué pensaste cuando lo escuchabas? Y por otro lado, ¿cómo se desmonta ese discurso para las organizaciones sociales en el ida y vuelta permanente con sectores populares, con sectores de la clase media con los cuales ustedes también interactúan? Es un gobierno, el de Milei, que obliga a un esfuerzo adicional en esta discusión que ahora vuelve con una violencia muy fuerte. ¿O es la misma disputa de siempre? ¿Cómo lo perciben ustedes?

-Hay una elección de enemigos. El gobierno nacional tiene una elección de marcar algunos enemigos y ha marcado, previo a la asunción, el día de la Asunción y y en el inicio de sesiones, a las organizaciones sociales como uno de sus enemigos dentro de un marco de otro. A nivel personal, lo que da es bronca, sobre todo. Primero, porque hay un serio desconocimiento de la realidad de los barrios populares. No saben de lo que hablan y eso lo comprobamos con las reuniones con los funcionarios. Desde el 10 de diciembre para acá nosotros hemos tenido, salvo con la ministra que nunca estuvo dispuesta a recibirnos, charlas informales, formales, tomando mate, tomando café adentro del Ministerio, afuera del Ministerio. No saben de lo que están hablando. Tienen gente tomando decisiones que no saben de lo que hablan, no conocen la realidad de los barrios populares. Muchos de ellos fueron funcionarios los últimos 20 años. Casi que terminan siendo casta de Estado. O sea, son la casta en persona.

-No solo con el PRO, sino con el peronismo.

-Con el peronismo también. Entonces da mucha bronca. Después, claramente nos requiere muchísimos más esfuerzos. Para nosotros es importante contar todo lo otro que hacemos. O sea, que en el lugar donde se cierra un comedor avanza el narco. No es que avanza el Estado con 200 programas. Hoy la realidad de los barrios populares es que es raro llegar a los 25 años y no haber caído en cana, que te haya matado la policía o que te mate otra banda de pibes del barrio o que te suicides. Porque es un fenómeno que estamos viviendo en los barrios populares: los pibes se suicidan y no porque ven una serie coreana. Se suicidan porque no hay perspectiva de vida, no tienen perspectiva de futuro. Tenemos un montón de casos de pibes suicidados en los últimos años, previo a la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, que no se explican por el consumo. No eran pibes que consumían. No tiene ningún tipo de explicación más que ese pibe no encontró salida a su vida o la única salida que encontró fue matarse. Entonces, no es que se corre del medio a las organizaciones y avanza el Estado dando trabajo, formación...

-O el mercado, como ellos proponen.

-No. Nos corren a las cocineras de los comedores populares y avanza el narcotráfico, avanza creando soldaditos.

-Que es una forma de mercado.

-Es una forma de mercado, claro, pero ese fenómeno todavía no tiene gran magnitud en el conurbano bonaerense. Debiéramos estudiar un poco lo que pasó en Rosario o el proceso de lo que pasa en Brasil o en Colombia. Todavía no hay un gran avance del narcotráfico en un sentido de control territorial. Todavía sigue siendo la cana quien controla el negocio narco en los barrios populares. Ahora, cuando aparezca alguien que le ponga más plata a la policía, lo que va a pasar es que sobre los barrios populares va a avanzar el narco organizado y ahí va a ser un problema para quienes militamos en los barrios populares, pero también va a ser un problema para toda la sociedad argentina. Vemos el caso de Rosario. El narco ahí no es un problema de los barrios populares. Es un problema de toda la sociedad y no podemos permitir que eso avance. ¿Cómo hacemos que eso no avance? Fortaleciendo el tejido comunitario, fortaleciendo la red de organizaciones. Ni siquiera organizaciones, movimientos sociales. Para nosotros es importante que estén las iglesias. Es más, si pudieran estar los sindicatos haciendo formación laboral, sería ideal. Si pudiera haber orquestas barriales. O sea, si existiera el Estado en los barrios populares, sería maravilloso. Ahora el Estado en los barrios populares es la cana. No es un programa que te ofrece una perspectiva de futuro.

-La ministra Pettovello envió planillas para que los beneficiarios, las organizaciones sociales, completen con los nombres de los chicos que van a esos comedores populares. Y hay otro fenómeno, no solo está el hambre, obviamente en este contexto de inflación absolutamente descontrolada, sino que en muchos casos las madres de los chicos tienen miedo de llenar esas planillas. Porque justamente el otro mensaje que baja desde el gobierno es la intención de disciplinar, de generar miedo. Y esto ya está generando efecto, ¿no?

-El Gobierno lo que dijo fue: para volver a entregarle alimentos, tienen que cumplir una serie de requisitos y además mandarnos la lista de beneficiarios que reciben los alimentos, un listado de nombre, apellido, número de DNI de cada persona con todos los hijos de esa persona. Lo mandamos y todavía no mandaron un kilo de alimentos. De hecho, la noticia de estos días era que están avanzando en la licitación para la compra de alimento.

-No entregaron nada desde que asumió el Gobierno.

-Además, lo adelantamos, esa licitación va a salir mal, porque era el problema que tuvo el Gobierno anterior y el anterior y el anterior, es que las empresas no se presentan a las licitaciones o se presentan a las licitaciones y se van. Las empresas prefieren pagar la multa que entregar alimentos que les van a pagar seis meses después y que no saben a cuánto lo van a cobrar. Más allá de eso, pedían las planillas y cuando nosotros mandamos a cada compañero y compañera en las provincias, muchas de las respuestas fueron: che, acá los vecinos no quieren llenar la planilla. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se lo crucen con la Alimentar, con la AUH y que le den de baja algo. Hay un gran mito construido de que alguien se puede salvar la vida cobrando la Alimentar y la AUH. Si uno hoy suma la Alimentar más la AUH por un hijo, son 77.000 $. ¿Para qué alcanza? Para seis pañales por día. Nadie se hace rico cobrando la Alimentar y la AUH. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un sector de la sociedad que está muy desprotegido y que el Gobierno nacional ha tomado la decisión de atacarlo. Lejos de acompañarlo, lejos de apoyarlo y lejos de encontrar cómo salir de la situación en la que está, tiene una decisión de apostar a la destrucción de ese sector y construir una Argentina para pocos. Ese es el proyecto de fondo que lleva adelante Milei. Una Argentina para pocos.

-Leía una nota de Nicolás Salas en Anred y ahí mencionaba un documento del Fondo Monetario Internacional ya de hace un año aproximadamente, que en ese momento decía: hay que dar de baja a 400.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, bajo el argumento de que se iba a crear empleo. ¿Vos pensás que hay un objetivo? No sé si del Fondo, porque no sé si hay sintonía entre Milei y el Fondo en cuanto a la contención social, o si el Fondo está pidiendo efectivamente, como un poco sugería esta nota, dar de baja a 400.000 beneficiarios.

-Ahora dicen que el Fondo está pidiendo que no aplique un ajuste tan grande. Qué sé yo. Sí, claramente, la política económica argentina la viene marcando el Fondo desde que el gobierno de Macri, del actual ministro de Economía, Caputo, decidió pedir ese préstamo, que lo van a pagar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por generaciones. Vinculándolo a cuando Victoria Tolosa Paz era ministra, también creo que ahí hay una reflexión que tenemos que hacer los sectores populares, los progresismos, las izquierdas, como lo queramos llamar, los que no nos sentimos representados por este gobierno y por la derecha de alguna manera: no puede ser que todo el tiempo nos corran la agenda. Quien empezó este proceso de estigmatización sobre el Potenciar fue la ministra anterior. El Gobierno actual tiene una decisión de no negociar y de llevar una agenda de profundización permanente. Pero no puede ser que cuando los sectores populares, los progresismos, tienen la posibilidad de ser gobierno, lo único que estén abocados es a ver cómo negociar con la derecha y construir una agenda cada vez más hacia el centro. O sea, o en algún momento se tiene que tomar la decisión de avanzar con una agenda radical en cuanto a recuperación económica de los sectores populares, en cuanto a integración de los sectores populares. Si no, todo el tiempo nos va a estar marcando -o porque sean gobierno o porque sean oposición- la agenda una derecha que está demostrando en nuestro continente que no tiene ninguna voluntad de negociación y que lo que tiene es una agenda cada vez más radicalizada.

-¿Qué pasa con el pulso social y con la paciencia social? ¿Qué percibís en los barrios?

-Creo que está cambiando. Primero porque me parece que el análisis pre 10 de diciembre era que Milei no se iba a meter con nadie. Yo participo en un club de barrio, mis hijas hacen deporte, voy al club de barrio y hablaba con la presidenta y me decía: no, con los clubes de barrio no se va a meter. Bueno, el mes pasado pagó 230.000 $ de luz, este mes 350.000 $ de luz. Se metió con los clubes de barrio. Hablaba con mi vieja jubilada y me decía: no, con los jubilados no se va a meter. O sea, previo a que asuma, parecía que no se iba a meter con uno. Se iba a meter con el otro, con el planero, pero nunca con uno. Lo que está pasando a partir del 10 de diciembre es que se está metiendo con todos: con el que cobra el Potenciar, con el jubilado, con el club de barrio. Eso lo que está haciendo es que haya una pérdida de consenso por parte del Gobierno nacional. No está siendo tan fuerte o tan rápida todavía como nosotros tal vez creemos que podría haber sido o que tendría que ser, pero la realidad es que no estamos ante el mismo gobierno que asumió el 10 de diciembre. Hay un cambio muy importante. Y, sobre todo, creo que hemos aprendido que no sirve un mensaje unificado. Nosotros, previo a las elecciones, hemos hecho una fuerte campaña en contra de que gane Milei. Y lo que aprendimos es que no hay un mensaje único. Hay un mensaje a partir de la realidad de cada persona. Teníamos compañeras que tal vez no les pegaba tanto el mensaje de que iban a privatizar la educación, pero que les molesta lo que está pasando ahora con las personas con síndrome de Down. Hay que aprender que el mensaje tiene que ser mucho más sectorizado, a partir de la realidad de esa persona, y no mensajes tan de cassette. Ahora, sí, el gobierno le pegó a todo el mundo. Hoy todo el mundo tiene algo que le impactó de alguna medida que tomó el gobierno y eso me parece que de a poco está cambiando esa avalancha que era el 11 de diciembre.

Entrevista realizada por Diego Genoud en su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos).

DG/CRM

Agrupaciones estudiantiles y de la cultura se acercaron a las estaciones ferroviarias de Once, Retiro y Constitución para protestar contra el aumento de los boletos. Ayer, se difundió en redes sociales la convocatoria a un “molinetazo” que tuvo masiva participación en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La propuesta de saltar molinetes para evitar pagar la tarifa comenzó a las 17:30 en medio de una fuerte presencia de efectivos de la Policía Federal y contó con la presencial de múltiples estudiantes, en su mayoría de nivel universitario. De hecho, la comisión estudiantil del espacio Unidxs x la Cultura fue una de las principales agrupaciones organizadoras junto a otros centros de estudiantes, sindicatos docentes, sectores de la cultura y asambleas barriales de la Ciudad.

“Estamos en las estaciones realizando esta acción pacífica y artística protagonizada por trabajadores y estudiantes de la cultura que están siendo brutalmente atacados junto a centros de estudiantes y asambleas barriales. Esta acción quiere poner sobre la mesa el problema del salario: con $180 mil no se puede pagar un tarifazo del 500%”, explicó Tatiana Fernández Mrtí, militante del Partido Obrero y estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se movilizaba en la estación Once.

Además, pidió que los trabajadores se solidaricen con la protesta a fin de presionar para que se reduzcan los costos de traslado hasta las universidades a pocas semanas del inicio de clases. También advirtió sobre el congelamiento del presupuesto de la universidad.

En la misma línea, Luca Bonfante, también estudiante de Filosofía y Letras en la UBA y militante del PTS, reclamó por el incremento de las tarifas y su impacto en los ingresos de los trabajadores. “El transporte subió un 500%. En junio, el subte va a estar $757 y eso es imposible de pagar para un montón de trabajadores, las familias que mandan a los hijos al colegio y los estudiantes universitarios que queremos terminar nuestras carreras”, expresó.

En tanto, desde la organización Unidxs x la Cultura se manifestaron contra “la persecución” de la militante Fernández Martí que fue denunciada por la Empresas Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado por convocar al molinetazo. Está acusada de “instigación al delito, apología del crimen, asociación ilícita y atentado contra el orden público”.

Los manifestantes, además, planean movilizarse desde las estaciones ferroviarias hacia el Congreso de la Nación para plegarse al cacerolazo que tendrá lugar afuera del Parlamento en “repudio al plan de ajuste, tarifazos, despidos y el DNU” del Gobierno nacional.

ACM con información de Télam

“Desde que el Gobierno cortó el envío de alimentos, tuvimos que salir a buscar colaboradores para seguir abiertos”, dice José Sánchez, presidente de la ONG “Camino al cielo”, una entidad religiosa que, junto a la organización Barrios de Pie, mantienen el comedor que funciona dentro de una pequeña iglesia del barrio.

La emergencia alimentaria, tras el cese de envío de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, los llevó a reducir los días para otorgar un almuerzo. Solo los martes y viernes se cocina. El resto de los días de la semana, se ofrece una merienda modesta: leche y galletitas. Sábado y domingo se cierra. La cantidad de familias que se presentan, sin embargo, va en aumento.

elDiarioAR acompañó durante toda una jornada el trabajo de sus cocineras y referentes para mostrar como es la situación que atraviesan hoy los comedores.

El fuego de la hornalla parpadea bajo una olla ancha y honda. A las diez de la mañana del último viernes, cuando el aceite crepite en la iglesia y comedor comunitario “Camino al Cielo”, en el barrio Santa Brígida de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, diferentes organizaciones sociales comenzarán a juntarse a unos 30 kilómetros de allí, en las inmediaciones del ministerio de Capital Humano del centro porteño en reclamo por la falta de entrega de alimentos a los comedores. 

A las once, cuando Alejandra Díaz, de 28 años y una de las cocineras del comedor, vierta el primer recipiente completo de cebolla picada a la olla, las organizaciones serán cercadas por un cordón de la Policía Federal que los separa de las oficinas de la ministra Sandra Pettovello, en la calle Carlos Pellegrini. 

A las 12, mientras otra de las cocineras –Andrea Mello, de 31 años– saque una bandeja de empandas de pollo de un horno aparatoso, Ernesto Mignone, referente de un comedor en La Matanza, será reprimido por la policía con gas pimienta. Norma Morales, dirigente histórica de las cocineras de Barrios de Pie, también sufrirá aquel ardor punzante en los ojos. “Nos quisieron callar por la fuerza, pero no vamos a parar hasta a volver a llenar a las ollas”, explicó luego Ernesto Mignone a este medio. 

Para esa hora del mediodía, mientras las organizaciones sociales que reclamaban la asistencia alimentaria eran reprimidas por las fuerzas de seguridad, Xiomara Godoy, de 11 años, y su primo, Aimar Godoy, de seis, eran los primeros en la fila para recibir un plato de comida en las puertas del comedor de Santa Brígida.

Menos días abiertos, más familias que piden comida

“Decirle a una persona que se terminó la comida es lo peor que me tocó hacer”, dice José Sánchez, presidente de la ONG “Camino al cielo”, una entidad religiosa que, junto a la organización Barrios de Pie, mantienen el comedor que funciona dentro de una pequeña iglesia del barrio. Son las diez de la mañana del viernes y las cuatro cocineras de la jornada acaban de llegar. 

“Desde que el Gobierno cortó el envío de alimentos, tuvimos que salir a buscar colaboradores para seguir abiertos”, suma Sánchez. Los colaboradores, detalla el líder de la ONG, son las empresas o comercios barriales que donan su mercadería al comedor. La marca Don Satur, por ejemplo, de la empresa de alimentos Arcor, donó 50 cajas de galletitas. La marca Oralí, del mismo rubro, envió tapas de empanadas. Las mismas que se van a usar para cocinar las empanadas de pollo que servirán este mediodía. 

Las donaciones, sin embargo, no son permanentes. Y se terminan. “Nos preocupa mucho la cantidad de gente que vino en los últimos meses”, retoma Sánchez, quien además es pastor cristiano. “Vecinos que llegan con vergüenza a sentarse pedir una vianda porque antes podían sustentarse”. 

La emergencia alimentaria, tras el cese de envío de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, los llevó a reducir los días para otorgar un almuerzo. Solo los martes y viernes se cocina. El resto de los días de la semana, se ofrece una merienda modesta: leche y galletitas. Sábado y domingo se cierra. La cantidad de familias que se presentan, sin embargo, va en aumento. Hoy la organización asiste casi a 120 grupos familiares por semana. “A Milei le preocupa la corrupción que pueda haber en el medio y lo entiendo”, dice el pastor. “Pero invito a cualquier funcionario a que venga y vea cómo trabajamos desde hace 20 años. Nunca se perdió una cebolla”.

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) reconoce la existencia de 44.000 comedores en los que trabajan 134.449 personas. De aquellos comedores, Barrios de Pie tiene presencia en más de 2.000. Melisa Rivera, integrante de la organización, explica que la articulación con merenderos y comedores de otras zonas garantiza que hoy puedan seguir abiertos. “A veces tenemos que sacarle mercadería a un espacio para dársela a otro”, explica la militante. “Nos duele, pero es así”. Ella también vive Santa Brígida, un barrio de calles de tierra lindante a Moreno y José C. Paz que, junto con San Miguel, forman un triángulo de localidades con un amplio espectro de sectores vulnerables. “Las familias se pasan el dato de qué comedor da un almuerzo o cuál hace cena”. 

La calidad de la comida, detalla la referente social, también es algo que les preocupa. “Antes podíamos hacer una merienda más elaborada para los chicos. Ahora tratamos de ahorrar el aceite y la harina y salen más tortas fritas”, cuenta.

La falta de comida se juntará, ahora, con el inicio de clases en marzo. Con un índice de pobreza de casi el 60% y una inflación del 20,6% en enero, los útiles escolares, explica Rivero, “se vuelven prácticamente inaccesibles para muchas familias del barrio”. “Empezamos una campaña de donación, pero fue muy poco lo que juntamos. Dependemos de las empresas o vecinos”, explica. 

Alejandra Díaz, de 28 años, una de las cocineras, revuelve con un cucharón la olla humeante del relleno para las empanadas. Cocina junto a su bebé, dado que no tenía con quién dejarlo. Una de las escenas que más le impactó desde los cinco años que está en el comedor, cuenta, le ocurrió en enero. Un chico de unos 12 años llegó con las suelas de las zapatillas abiertas. “Se le veían los dedos”, recuerda Díaz. Por intermedio del comedor, pudieron conseguirle un calzado. “A mí me da mucha satisfacción cocinar para los demás. Muchos son vecinos míos. Me los cruzó en la calle cuando cerramos”, precisa la cocinera. Y agrega: “Acá nadie se salva solo”.

Para Andrea Mello, otras de las cocineras, lo más duro de éstos últimos meses fue decirle a una madre con seis hijos que la comida se había terminado. “Se puso a llorar”, recuerda Mello. “Fuimos a buscar mercadería a otro merendero para darle algo”, cuenta. Si alguien le pregunta cuál es su anhelo como trabajadora del comedor, contesta rápido, como si ya lo tuviera estudiado: “Quiero cocinar como si estuviera en mi casa”, dice. Y detalla: “Con condimentos de todo tipo y elementos de cocina. Pero esta situación no lo permite”, agrega. “Hay que llenar la olla como sea”.

Comedores cerrados 

Reducir los días de apertura de un comedor es la decisión que muchas organizaciones tomaron ante la falta de respuesta del Gobierno. La palabra “cerrado” espanta a las organizaciones caritativas. Sin embargo, ocurre. 

Martín Pini es referente territorial del frente popular Darío Santillán y del comedor “Otros Vientos” en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. La semana pasada se quedaron sin mercadería y, desde entonces, no reciben gente. “Estamos cerrados con 50 familias y 83 chicos que asistíamos con alimentos y apoyo escolar”, cuenta Pini. “Hay un comedor cerrado y gente afuera con hambre”, destaca. “La postal que mejor representa al Gobierno de hoy”.

A las doce del mediodía, las familias empiezan a llegar. José Sánchez, el líder de la ONG Camino al Cielo, tiene un grupo de WhatsApp con varios integrantes que van cotidianamente al comedor. Y escribe, atolondradamente: “ya stan ls empanadas”. “Armamos el grupo en la pandemia”, cuenta Sánchez. “La macana es que muchas familias ya no tienen celular”, dice. Tres tablones de madera largos. Sillas. Ciento cincuenta empanadas de pollo. Las ollas están vacías, pero con la comida lista en la mesa.

La primera en llegar Xiomara Godoy, de 11 años, junto a su primo Aimar Godoy, de seis. Ella carga una bolsa de tela por si hay sobras: no habrá. Él viste una camiseta de un club de barrio de Santa Brígida: en la cancha, lo apodan “Neymar”. Suelen venir con algún familiar, pero hoy nadie pudo acompañarlos. “Todos nuestros familiares la están pasando mal”, cuenta Xiomara. “Siempre nos encontramos con algún amigo acá”, agrega.  “La comida es rica”. 

Pablo Castillo tiene 36 años. Viene al comedor “hace bastante” y vive con su esposa. Ambos están sin trabajo. “Cirujeo lo que encuentro en la calle para arreglarlo y venderlo después”, dice. Sin el plato de alimento que le brindan los distintos espacios comunitarios, no podría sobrevivir. “Me doy cuenta que la cosa anda mal porque la gente ya no tira nada a la basura. Se guarda todo”, señala. Le gustaría tener un empleo formal. Trabajó como operario en una fábrica de Coca-Cola, fue maestro pizzero y ayudante de albañil. La última vez que se fue a dormir sin cenar fue el martes de la semana pasada, cuando no vendió lo suficiente. “Antes pedía la grasa en las carnicerías y cocinaba algo. Ahora te la cobran”, cuenta. “Cada vez veo más chicos viniendo acá y eso me preocupa”, finaliza, mientras se lleva una empanada a la boca.

Para Abigail Escobar, de 21 años y madre de una beba de seis meses, los comedores funcionan como un refugio: “Más allá de la comida la parte social que hacen en el barrio es muy importante”, dice. No encuentra trabajo y viene acá “por su hija”. “Yo no quiero que le falte nada a ella y acá puedo tener alimentos y leche”, cuenta. Muchas personas que asisten a los diferentes merenderos y comedores del barrio, destaca la joven, votaron a Milei. “Hasta ellos a veces se quedan sin comer ahora”, apunta. “Uno no les quiere decir nada, pero la verdad es que se confundieron feo”. 

Julieta Juarez tiene 46 años y llegó junto su hijo de 14, quien está en una silla ruedas. Sufre una distrofia muscular que le impide moverse por sus medios. La discapacidad de su hijo, dice, le complica conseguir un trabajo donde pueda cuidarlo. “Mi esposo tuvo un ACV hace poco y tampoco puede trabajar”, cuenta. “No suelo venir siempre. Solo cuando ya se acabó la comida y no tengo alguna changuita para rebuscármela”. Por su hijo, cobra un seguro por discapacidad, pero no les alcanza. “Las calles acá en Santa Brígida son de tierra y necesita una silla mejor”, advierte. “Pero no nos rendimos. Tengo fe que todo va a mejorar”, dice, mientras le lleva un trozo de empanada a la boca de su hijo. 

Al terminar el almuerzo, 27 menores y 4 adultos habrán almorzado en el comedor. La merienda y la cena, ese día, correrán por su cuenta.

FLD/DTC

El Ministerio de Capital Humano explicó en las últimas horas que la compra de alimentos que administraban las organizaciones sociales “representa solo el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria” y se decidió que ese porcentaje sea destinado directamente a los comedores para “terminar con la extorsión”, en el marco de la jornada nacional de protesta que se realiza este viernes en distintos puntos del país, con la realización de al menos 500 cortes.

“Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del estado decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”, explicó la cartera de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

Desde el ministerio advirtieron que “la discrecionalidad en la elección de los beneficiarios era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución”.

“El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo”, explicaron en la información distribuida desde la cartera.

Según precisaron, “respecto a la compra directa de alimentos secos, que solo representa un 4,2 % de lo que el Estado invierte en política alimentaria, el 50% se encuentra en proceso licitatorio, mientras que para el otro 50% se están reasignando los fondos a los otros programas alimentarios que tienen mayor alcance”.

Indicaron que esta modalidad, “cuyos beneficiarios reciben los alimentos a partir de la intermediación de una organización social, cuenta con algunas desventajas, como la posibilidad de que la comida se pudra, se demoren los tiempos de entrega o haya falta de control en las entregas”.

“Sabemos que el proceso de normalización de la economía que iniciamos cuando asumimos afecta sobre todo a los que menos tienen. Es por eso que en el área más sensible también estamos haciendo cambios de raíz”, recalcaron.

Desde Capital Humano destacaron asimismo que la tarjeta Alimentar es “la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre: llega de forma directa al bolsillo de 3.8 millones de personas sin ningún intermediario”, y permite que “las familias coman juntas en sus casas y que puedan consumir alimentos frescos como carne, pollo y queso que tienen mejor calidad nutricional”.

En esa línea, recordaron que se duplicó la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para “asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”.

“Nos comprometimos a eliminar la intermediación y lo estamos haciendo. Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el estado nacional con el dinero que aportan los argentinos que trabajan”, dijeron desde el ministerio, en el marco del reclamo que vienen haciendo las organizaciones sociales.

La asistencia en números, según el Ministerio

Con información de agencias.

IG

Organizaciones sociales, de izquierda, independientes y peronistas, iniciaron este viernes una nueva jornada de protesta “con 500 cortes” de rutas en todo el país y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios, entre otras demandas.

Las protestas comenzaron a las 9.30 con concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad y en el interior del país, y tuvieron epicentro en el edificio de Juncal y Carlos Pellegrini, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, instaló sus oficinas.

Los movimientos sociales bloqueaban parte de la Avenida 9 de Julio para protestar contra el Gobierno del presidente Javier Milei por la falta de asistencia a los comedores populares.

“Pueden pasar los autos. Estamos defendiendo el derecho a la manifestación. Es una movilización alrededor de lo de la señora (ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello para que nos explique por qué le cortó la comida a 45 mil comedores populares”, sostuvo el líder del Polo Obrero. Y agregó: “Defendemos el derecho a comer de los trabajadores”.

La jornada de protesta fue convocada para reclamar “asistencia para comedores comunitarios” y en rechazo al “congelamiento de los salarios” y de los montos en los planes Potenciar Trabajo, bajo la consigna “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. Basta de ajuste!”.

También se realizaron concentraciones en la rotonda de Lavallol en Esteban Echeverría; en 197 y la Autopista Panamericana en Tigre, en las puertas del shopping Plaza Oeste, en La Plata y en la intersección de la Ruta 4 y la Ruta 8, todas en la provincia de Buenos Aires.

Los distintos puntos de concentración contaron con una importante presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional, con camionetas y motos.

De la protesta participaron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, entre otras.

También formaron parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

Otras organizaciones convocantes son el Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.

También se sumaron la militancia del Frente de Lucha Piquetero (FLP), el Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha.

Para Eduardo Belliboni, referente Bonaerense del Polo Obrero (PO), se trató de “una unidad sin precedentes, del conjunto de los movimientos” y -según explicó- “se trató del inicio de un plan de lucha extendido y unificado” contra el gobierno de Javier Milei.

“A más de dos meses del gobierno de Javier Milei, han demostrado que quieren hambrear al pueblo y llevarse todo lo que puedan de la Argentina. Vivimos la inflación más grande desde los últimos 30 años, con una situación de hambre gravísima en los barrios más pobres, con una fuerte caída del trabajo y del consumo popular”, dijo a Télam Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Por su parte, Marianela Navarro, delegada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) advirtió que en los barrios populares se vive “una situación completamente crítica”, consideró que la posición del Gobierno “es intransigente, abandona a los pobres y excluye a los trabajadores” y dijo que los movimientos sociales “sostienen desde hace dos décadas unos 44 mil comedores” en todo el país.

Capital Humano: “La asistencia irá directamente a comedores para terminar con la extorsión”

El Ministerio de Capital Humano explicó en las últimas horas que la compra de alimentos que administraban las organizaciones sociales “representa solo el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria” y se decidió que ese porcentaje sea destinado directamente a los comedores para “terminar con la extorsión”, en el marco de la jornada nacional de protesta que se realiza este viernes en distintos puntos del país, con la realización de al menos 500 cortes.

“Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del estado decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”, explicó la cartera de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

Desde el ministerio advirtieron que “la discrecionalidad en la elección de los beneficiarios era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución”.

“El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo”, explicaron en la información distribuida desde la cartera.

Según precisaron, “respecto a la compra directa de alimentos secos, que solo representa un 4,2 % de lo que el Estado invierte en política alimentaria, el 50% se encuentra en proceso licitatorio, mientras que para el otro 50% se están reasignando los fondos a los otros programas alimentarios que tienen mayor alcance”.

Indicaron que esta modalidad, “cuyos beneficiarios reciben los alimentos a partir de la intermediación de una organización social, cuenta con algunas desventajas, como la posibilidad de que la comida se pudra, se demoren los tiempos de entrega o haya falta de control en las entregas”.

“Sabemos que el proceso de normalización de la economía que iniciamos cuando asumimos afecta sobre todo a los que menos tienen. Es por eso que en el área más sensible también estamos haciendo cambios de raíz”, recalcaron.

Desde Capital Humano destacaron asimismo que la tarjeta Alimentar es “la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre: llega de forma directa al bolsillo de 3.8 millones de personas sin ningún intermediario”, y permite que “las familias coman juntas en sus casas y que puedan consumir alimentos frescos como carne, pollo y queso que tienen mejor calidad nutricional”.

En esa línea, recordaron que se duplicó la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para “asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”.

“Nos comprometimos a eliminar la intermediación y lo estamos haciendo. Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el estado nacional con el dinero que aportan los argentinos que trabajan”, dijeron desde el ministerio, en el marco del reclamo que vienen haciendo las organizaciones sociales.

La asistencia en números, según el Ministerio

Con información de agencias.

IG

La Agrupación Somos Barrios de Pie se movilizó este lunes frente al Ministerio de Economía y en la entrada del country Newman, el barrio cerrado donde vive el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Se trata de una nueva jornada de lucha para exigir la reanudación de la asistencia alimentaria a comedores comunitarios.

“Desde noviembre no llegan alimentos. Recién están armando las auditorías a los comedores que se presentaron para avanzar en firmar convenio y girar los fondos. Eso de mínima va para fin de marzo”, advirtió el dirigente nacional de la organización, Daniel Menéndez, a Noticias Argentinas.

Desde la agrupación advierten la profundización de la emergencia alimentaria en los barrios populares y reclamaron por la falta de respuesta de parte del gobierno. “No recibimos ninguna respuesta que busque construir diálogo y soluciones para quienes atraviesan esta delicada situación”, expresaron los miembros de la organización.

Tras la protesta en la entrada del Ministerio de Economía, la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales manifestó: “Es increíble la inoperancia de la Ministra Pettovello y el cinismo de Caputo ante la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Es insostenible esta situación donde muchos de los espacios se están cerrando y dejando a miles de pibes sin una comida diaria”.

La dirigente recordó que desde hace dos meses, las organizaciones realizan rondas de ollas vacías para exigir una respuesta a la falta de alimentos. El pasado 1 de febrero, la UTEP se movilizó bajo la consigna “la única necesidad y urgencia es el hambre” y le entregó un petitorio a la ministra de Capital Humano para que restituya la entrega de asistencia alimentaria.

“Está más que claro que su único objetivo es hambrear al pueblo mientras ellos se enriquecen y fugan la plata”, agregó Morales por la falta de respuesta.

ACM con información de NA.

Cocineras y coordinadoras de comedores comunitarios pertenecientes a diversas organizaciones sociales realizaron hoy una nueva “jornada nacional de protesta” denominada “Cocineras contra el hambre” en distintos puntos del país, en reclamo de asistencia alimentaria.

“Lamentablemente nos vamos con las manos vacías, amagó algún secretario del ministerio con recibirnos, pero lamentablemente no ocurrió y nos vamos sin nada”, dijeron voceros de los manifestantes.

La acción callejera se inició minutos después de las 10 con una concentración frente al edificio del exministerio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, y en todas las delegaciones del interior del país, donde se reclamó por alimentos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Portando carteles, pasacalles y varias ollas vacías de alimentos, la protesta se desarrolló en la vereda del histórico edificio, sobre la avenida 9 de Julio y su intersección con la calle Moreno, sin interrupción del tránsito y con una mínima presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Posteriormente, los representantes de los comedores comunitarios decidieron hacer una fila de más de 1.000 metros sobre la calle Lima, entre la avenida Belgrano y Corrientes, a la espera de ser recibidos por las autoridades.

“Vamos a seguir la lucha para agrandar la unidad de todos y para la conformación de una gran mesa nacional contra el hambre que esteremos convocando en las próximas horas entre todas las organizaciones”, dijo un referente de los movimientos sociales.

De la protesta participaron representantes de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA), Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el FPDS-Corriente Plurinacional y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS).

Asimismo, estuvieron los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); Movimiento 8 de Abril; FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOBA); la Organización Libre del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar; el Movimiento Juana Azurduy; Arriba los que Luchan; el MTD Aníbal Verón y el MTR por la democracia directa, entre otros.

En un comunicado conjunto, las organizaciones argumentaron los motivos de la protesta: “Centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares debieron reducir desde hace tiempo al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entregas de alimentos, este es el motivo principal de nuestra concentración frente a la cartera que conduce Pettovello”.

“El reclamo -remarcaron- por la entrega de alimentos, de parte de quienes están a cargo de los comedores y merenderos, irá acompañado de una demostración de las múltiples actividades y redes que se generan alrededor de estos espacios comunitarios, que en los barrios más humildes de la Argentina cumplen un rol social amplio e irremplazable, los mismos reparten más de 10 millones de raciones diarias de comida”.

Carolina Manrique, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) dijo: “Desde el 10 de diciembre ningún comedor recibe siquiera un paquete de polenta, mientras que cada vez más familias se acercan a comer. A veces tenemos que cerrar antes el comedor, porque nos quedamos sin comida y la fila para recibir algo de comer, es cada vez más larga. Es una emergencia que millones de familias ya no puedan elegir cuántas veces al día pueden comer”.

Por su parte, Mauro López, coordinador bonaerense de Libres del Sur, explicó a esta agencia: “Los más pobres necesitan hoy cosas imprescindibles: que la ministra (Sandra) Pettovello entregue los alimentos que el Estado Nacional brindaba a comedores y merenderos de todo el país y desde hace meses no entregan nada”.

En la larga fila de manifestantes, Karina Sosa, cocinera del comedor Pancitas Felices de Florencio Varela, contó: “Desde hace meses no recibimos alimentos para poder cocinar. Hemos tenido que pedir la solidaridad a los carniceros y otros negocios para que nos ayuden”.

Fernanda Salomón, del comedor Caritas Sucias de Berazategui, relató: “Administramos cinco comedores y los estamos bancando con donaciones porque no tenemos ayuda del Estado. Este Gobierno ha venido a implantar el hambre a los argentinos pobres”.

CRM con información de la agencia Télam

El vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, no recibirá a las personas que se encuentran haciendo una fila de más de veinte cuadras en el centro porteño para recibir ayuda alimentaria. “No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres. Queremos que la ayuda le llegue a quien le necesite”, afirmó Adorni.

Luego, la propia ministra aseguró: “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”.

Esto sucede luego de que la titular de la cartera anunciara la semana pasada que recibiría “una por una a la gente que tiene hambre” para así evitar intermediarios en la entrega de asistencia.

Este lunes la funcionaria recorrió varios comedores de la Zona Oeste, entre ellos de José C. Paz para registrar en el territorio la distribución de la asistencia y auditar la llegada de alimentos que la administración de Alberto Fernández, les entregaba a las organizaciones sociales y piqueteras. “El 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia alimentaria que recibían”, denunciaron ayer desde Capital Humano.

La “fila del hambre”

Este lunes alrededor de las 11 de la mañana, la “fila del hambre” estaba conformada por dirigentes y asistentes a comedores y merenderos de movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, Somos/Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). La Policía de la Ciudad observaba que se cumpla el “protocolo antipiquetes” y unos quince efectivos de la Policía Federal custodiaban el edificio de Moreno y 9 de Julio donde funcionaba el ex ministerio de Desarrollo Social, actual secretaría de Niñez y Familia.

En la concentración, que se desarrollaba en la esquina de Juncal y Carlos Pellegrini, las personas reclamaban también a las autoridades de Capital Humano una respuesta ante la “emergencia alimentaria”. La protesta se realizaba en simultáneo en delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia de todo el país, informó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) a través de un comunicado.

Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP y referenta de SOMOS/ Barrios de Pie, sostuvo que “más de 10 mil personas se acercaron a la oficina de la ministra Pettovello para que los atienda uno por uno, como ella quería, pero nunca apareció, ni siquiera vino a trabajar”.

“Este ministerio de Capital inhumano no sólo deja sin alimentos a los comedores sino que tampoco da la cara a quienes hoy solo comen una vez al día, con suerte. Vamos a venir las veces necesarias hasta que haya una respuesta frente a la necesidad y urgencia alimentaria que atraviesan millones de familias en los barrios populares”, cerró Morales.

Convenios con iglesias evangélicas y la fundación CONIN

En tanto, Pettovello y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, firmaron este lunes un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) por un monto de 177.500.000 pesos.

Según informó la cartera a través de un comunicado, Aciera brinda asistencia a niños, ancianos y personas con discapacidad, coordina hogares para niños y adolescentes en riesgo, otorga asistencia a familias vulnerables, ofrece educación accesible y organiza tanto eventos educativos como campañas sociales.

Más tarde, se anunció que el Ministerio de Capital Humano firmó un acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), por el que ambas partes se comprometen a trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil, se informó oficialmente.

Las tareas se realizarán junto con los más de 100 centros Conin de toda la Argentina, además de las 1.500 instituciones que dan ayuda alimentaria a familias y niños en situación de vulnerabilidad, con el acompañamiento desde su primera infancia y desarrollo, según informó el organismo.

“La principal riqueza de un país es su capital humano, es el camino a seguir y cuidar”, dijo Abel Albino, presidente de la fundación.

El Ministerio indicó que el objetivo es desarrollar y promover proyectos y actividades que resulten de interés común a fin de implementar acciones y actividades en el marco del “Plan Argentina contra el Hambre”.

NB/CRM

Organizaciones sociales y comunitarias comunicaron hoy que se harán presentes este lunes 5 de febrero en el Ministerio de Capital Humano en respuesta al pedido de la ministra Sandra Pettovello respecto de atender “una por una” a las personas en emergencia alimentaria.

La ministra mantuvo el jueves un encuentro en la puerta de la cartera que encabeza con un grupo de manifestantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y les comunicó que estaba dispuesta a “atender a la gente que tiene hambre”, pero “no a los referentes” de las organizaciones sociales.

“Así es como lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”, señaló Pettovello al mantener un intercambio con integrantes de la UTEP que fue registrado por los medios de prensa.

Por eso, las organizaciones resolvieron que se realizará una fila mediante la cual cada persona pueda ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta a la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica.

La misma acción se realizará en simultáneo y en diversas delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia en todo el país.

Según el comunicado, la actividad central comenzará a las 9hs en la intersección de Juncal y Carlos Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires.

CRM