El expediente por desmontes ilegales en Chaco avanzó en los últimos días con allanamientos en la provincia y la decisión del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, de extender la investigación no sólo a funcionarios y exfuncionarios sino también a empresas y empresarios que se beneficiaron económicamente con la deforestación ilegal de bosque nativo, informó el magistrado en diálogo con elDiarioAR. 

En este expediente y a pedido del fiscal y los denunciantes, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó al gobierno de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia y dispuso días más tarde una serie de allanamientos y órdenes de presentación en la Casa de Gobierno chaqueña, la consultora privada del ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, y la sede de la Dirección de Bosques de la localidad de Sáenz Peña, confirmó el fiscal Sabadini a este medio. Antes de ingresar en la función pública en diciembre último, Halavacs tramitó el 40% de los desmontes para empresarios en la provincia entre 2014 y 2021.

La orden que tramitó la Gendarmería Nacional era hacerse de la documentación ligada a todos los permisos de desmonte emitidos por la provincia, el registro de infractores y las medidas tomadas contra los mismos, el destino de dinero de las multas y de otros fondos cuestionados por los denunciantes, informó Sabadini.

Tras imputar a Halavacs y funcionarios y diputados de la provincia por la presunta falta de control y el otorgamiento de permisos de desmonte con irregularidades, la causa ingresó en una segunda etapa, en la que la fiscalía trabaja en un dictamen sobre responsabilidad penal empresaria en la deforestación ilegal, explicó Sabadini.

La causa nació con una denuncia de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA) contra Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco por supuestamente integrar un “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, es decir, empresas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.

Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.

El caso

El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.

Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”. 

ED/JJD

La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó este lunes al gobierno de la provincia de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR. 

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA), que adelantó este medio en julio, y suspendió no sólo los nuevos permisos presentados a la fecha ante el Ejecutivo provincial sino también aquellos desmontes ya autorizados que aún no se hubieran ejecutado. 

Niremperger también ordenó al gobierno de Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) adoptar las medidas pertinentes para supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida cautelar y adoptar los mecanismos de protección para asegurarse de que “no existan acciones que signifiquen un avance sobre el ambiente” en los bosques nativos.

La jueza explicó en un escrito que actuó luego de que el fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini abrió una investigación contra el ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, quien es además la máxima autoridad ambiental local. Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, cuando era ingeniero agrónomo y se dedicaba a la actividad privada, como reveló elDiarioAR.

Halavacs fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Zdero y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, pero resultó ser el principal denunciado por la AAdAA, que presentó en julio último una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco. 

Niremperger sostuvo en su fallo de este lunes que para hacer lugar a la medida cautelar que acompañó aquella denuncia tuvo en cuenta “el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción”, como el yaguareté.

Además, la jueza afirmó que “la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”.

Los denunciantes sostuvieron que Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco integraban un supuesto “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.

El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.

Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. 

Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”. 

ED

La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante el primer semestre de 2024, se deforestaron 59.557 hectáreas en el norte argentino, un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas), equivalente a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La situación más grave se detectó en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales, sostuvo en un informe. La entidad ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.

“En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la Justicia provincial a fines de 2020”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace. “Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido”, aseguró Giardini.“Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”, agregó.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.

“La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas”, señaló Giardini. “Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos”, agregó. Además, criticó el sistema de multas, al que calificó como insuficiente para luchar contra la ilegalidad y reclamó que se penalice esta actividad ilegal. 

Esta semana se cumplen cinco años del amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado el máximo tribunal declaró su competencia en la causa. 

ED/DTC

Integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza -una de las empresas agroindustriales más importantes del país- fueron denunciados este miércoles por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) ante la Justicia federal de Chaco. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en una supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar, de acuerdo con la denuncia a la que accedió elDiarioAR.  

La denuncia señaló también que la máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, como adelantó este medio el miércoles último. El funcionario es ingeniero agrónomo y fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio). Quien hoy es el principal responsable de garantizar la protección de los bosques nativos tramitó el 40% de los desmontes permitidos entre 2014 y 2021.

En ese período Halavacs gestionó como consultor privado 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados. 

Una de los clientes de Halavacs antes de que el ingeniero asumiera como funcionario público era Las Guindas SA, una empresa agropecuaria que, según la denuncia, obtuvo permiso de desmonte por 1.331 hectáreas en el departamento de Brown en 2018. La compañía “es propiedad de la familia Urquía, que incluye a Alberto Vicente Urquía, Adrián Alberto Urquía y Roberto Daniel Urquía, quienes a su vez dirigen el Grupo Aceitera General Deheza (AGD), una de las mayores empresas agroindustriales de Argentina y con fuertes vínculos con el poder político chaqueño y nacional, incluyendo a ex presidentes y el poder legislativo”, sostuvieron los abogados ambientalistas. 

elDiarioAR se comunicó con voceros de Aceitera General Deheza pero en la compañía declinaron hacer comentarios por el momento.

Tras la asunción de Halavacs, la legislatura de Chaco sancionó un nuevo mapa de zonas a desmontar y modificó la categoría de protegidas a centenares de miles de hectáreas, que ahora podrán ser desmontadas. En ese reordenamiento territorial, la provincia recategorizó un campo propiedad de Las Guindas SA, que antes no podía ser desmontado por encontrarse en zona protegida de bosques nativos. Ahora, los viejos clientes del ministro podrán deforestar el monte nativo, sostiene la denuncia.

Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario. Fue denunciada por el Centro Mandela por un presunto desmonte ilegal de 1.230 hectáreas en zona amarilla (semiprotegida) en 2018 en la “Estancia El Juramento”, que es un gran establecimiento colindante al Parque Nacional Copo, en el departamento Brown, afirmaron los denunciantes. La Estancia El Juramento tiene una superficie de cerca de 1.640 hectáreas, equivalente a casi toda la Ciudad de Buenos Aires. 

La empresa agropecuaria también fue denunciada por ejecutar al menos 700 hectáreas de desmontes supuestamente ilegales y expulsiones a familias en el paraje Las Carpas, en Santiago del Estero, en 2019, aseguraron los denunciantes.

Cuestionamientos 

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. elDiarioAR se comunicó en la semana con el funcionario pero no obtuvo respuesta a la consulta.

La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas. 

Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo. 

Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos. 

Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA. 

ED/DTC

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de  Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma. 

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH. 

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos  obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó. 

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores: 

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena. 

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino). 

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.

EV/DTC

La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía. 

La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada. 

El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.

La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia. 

El caso

La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.

La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.

La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.

La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.

La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.

“Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.

“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.

ED/JJD

Greenpeace Argentina detectó que durante el primer semestre del año en el norte del país se deforestaron 51.600 hectáreas, un 25% más que en el mismo período de 2022 (41.332 hectáreas). La situación más grave se da en Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista volvió a convocar a la ciudadanía para votar sobre su posible penalización.

“Es preocupante el aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. En Santiago del Estero el gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido. Mientras que en Chaco la justicia provincial suspendió los desmontes a fines de 2020, pero las topadoras avanzan cada vez más. El gobierno controla poco y es evidente que las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 24.522 hectáreas; en Santiago del Estero 19.040 hectáreas; en Formosa 5.804 hectáreas; y en Salta 2.234 hectáreas; totalizando 51.600 hectáreas.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.

“La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad. Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para decidir si está de acuerdo con penalizar la destrucción ilegal de bosques nativos”, señaló Giardini.

En www.votaporlosbosques.org se puede participar de la Consulta Popular promovida por Greenpeace. La misma estará habilitada hasta el 10 de octubre y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.

Con información de Greenpeace.

IG

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED

La dirigencia política no termina de asumir que estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Ya es hora de terminar con la impunidad: se deben prohibir y penalizar tanto desmontes como incendios forestales.

Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables: alimentos, maderas y medicinas. Son territorio y sustento de indígenas y campesinos. Y cumplen un rol clave en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.

La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies. Es un ecocidio que debe terminar urgentemente.

Entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en Argentina fue de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa.

Aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, territorio de varios pueblos originarios y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

La región presenta gran diversidad de ambientes: llanuras, sierras, ríos, sabanas secas e inundables, esteros, bañados, salitrales, arbustales, palmares; y una gran extensión y diversidad de bosques, algunos de ellos muy densos, conocidos como “impenetrables”, en los cuales no hay agua superficial. Las especies que viven y crecen en los bosques chaqueños toleran temperaturas que se elevan hasta cerca de los 50ºC en verano.

 Se estima que en la región chaqueña existen unas 25 especies de mamíferos amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el oso hormiguero, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito de río y el chancho quimilero; como consecuencia de la constante destrucción y fragmentación de su hábitat y la caza indiscriminada.

 Muchas de las familias indígenas y campesinas del Gran Chaco no han obtenido la titularización de las tierras en las que habitan. En las últimas tres décadas, con el avance del agronegocio, aumentaron los conflictos con los empresarios que compran esas fincas. Son cada vez más frecuentes los desalojos y el asesinato de campesinos e indígenas por parte de la policía o de guardias armadas contratadas por los empresarios.

Las principales causas de la pérdida de bosques son los desmontes para ganadería intensiva y soja (que mayormente se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales. 

La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación (comparado a antes de la implementación de la normativa), aún la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Por otra parte, en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales, siendo la sequía un factor determinante.

La comparación de imágenes satelitales revela que durante el año pasado la deforestación en Santiago del Estero fue de 38.492 hectáreas, en Chaco 36.159 hectáreas, en Formosa 22.664 hectáreas y en Salta 15.230 hectáreas; totalizando 112.545 hectáreas en el norte del país.

Resulta grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron donde no está permitido. Y más grave aún fue la ilegalidad de todo lo deforestado en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde fines de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En ese sentido es muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 en dicha provincia.

Por su parte, los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego estiman que la superficie afectada durante 2022 por incendios forestales y rurales fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.

En cuanto a las causas, el organismo estima que “el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación”.

La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas, una superficie similar a la de 10 veces la ciudad de Buenos Aires.

Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios.

Si destruir bosques es un crimen, penalizar su destrucción resulta necesario.

Argentina es uno de los países con más deforestación del mundo en las últimas tres décadas. Las topadoras arrasan fundamentalmente en la región del Gran Chaco por el avance de la frontera agropecuaria; soja y ganadería que mayormente se exportan a China y Europa.

A pesar de que a fines de 2007 se sancionó la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos,  en la provincia de Chaco se deforestaron 470.000 hectáreas, y la mitad fueron desmontes realizados en forma ilegal o con permisos irregulares otorgados por el gobierno provincial.

Tras masivas manifestaciones en las calles y una presentación de organizaciones sociales, en octubre de 2020 la justicia provincial suspendió los desmontes, por falta de actualización del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que define las zonas en las que se puede deforestar y en cuáles no.

A pesar de ello, más de 47 mil hectáreas fueron destruidas por las topadoras desde entonces, lo que evidencia la falta de decisión política del gobierno para aumentar los controles e implementar en forma eficiente el fallo de la justicia. 

Hasta aquí, la historia. Pero hoy, el bosque chaqueño se ve amenazado una vez más, con el decreto 2157/22 del gobernador Jorge Capitanich recientemente remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco para su ratificación legislativa. El decreto actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, pero resulta ser regresivo al dejar sin protección áreas boscosas que anteriormente se encontraban protegidas. 

Como si fuera poco, “indulta”, le da legitimidad, a desmontes que fueron realizados ilegalmente, permitiendo que los empresarios continúen con sus negocios agropecuarios en lugar de realizar la restauración de los bosques que les impone la ley nacional, y habilita el desmonte en un millón de hectáreas más. Un verdadero ecocidio.

La deforestación en Chaco y la propuesta de actualización del gobierno provincial generó alarma en el mundo académico. Más de mil científicos argentinos enviaron una carta al mandatario manifestando su preocupación y advirtiendo que “la evidencia científica que generamos en las últimas décadas demuestra el rol clave de los bosques nativos para el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales que sostienen la integridad social y ambiental de la región. La pérdida de bosque nativo en la región del Chaco Seco tiene múltiples consecuencias negativas para la sociedad, el ambiente, el clima y la economía. Por un lado, aumenta el riesgo de extinción de especies emblemáticas como el tatú carreta, el tapir, el oso hormiguero, el chancho quimilero y el yaguareté, entre otras. Por otro lado, aumenta la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos como las olas de calor, sequías y fuertes vientos que erosionan la fertilidad del suelo”.  

El nuevo mapa no respeta los territorios de las comunidades de pueblos originarios, y no se garantizó su participación en la elaboración, lo que viola la Ley Nacional de Bosques, la Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derecho indígena.

Hace un año, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow, nuestro país firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Aunque siete años es demasiado tiempo y el acuerdo no es vinculante, significa un primer paso en la dirección correcta. La provincia de Chaco, de la mano de su gobernador, va a contramano del compromiso firmado por el Gobierno Nacional. 

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. 

Es por ello que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco debe realizarse con el objetivo de ponerle fin a los desmontes y promover un verdadero manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos. 

Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más.

NC

El aumento de los casos de Covid-19 puso en pausa el debate sobre el nuevo ordenamiento territorial de Chaco que modificaría la superficie a desmontar. La Legislatura provincial suspendió la última sesión del año -que debería haber sido hoy- y donde se trataría la ley enviada por el gobernador Jorge Capitanich y que, según denuncian organizaciones ambientalistas, llevará a un aumento del desmonte. 

En el centro del debate está el decreto 2157/22 que el gobernador Capitanich envió para su ratificación por la Cámara de Diputados de la Provincia. El decreto actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Para las organizaciones ambientalistas -como Greenpeace-, el texto “resulta ser regresivo al dejar sin protección áreas boscosas que anteriormente se encontraban protegidas”. Además aseguran que “indulta” a desmontes que fueron realizados ilegalmente, “permitiendo que los empresarios continúen con sus negocios agropecuarios en lugar de realizar la restauración de los bosques que les impone la ley nacional, y habilita el desmonte en un millón de hectáreas más”.

El decreto provocó una protesta contra el gobernador Capitanich y la reacción del gobernante contra quienes lo criticaron, especialmente la organización Greenpeace. 

 “En los últimos años, Chaco presenta una continua reducción del número de hectáreas desmontadas” de bosques en la provincia, dijo a través de su cuenta de Twitter. Y acusó  a Greenpeace y otras organizacione de ser “verdaderas sicarias mediáticas sin ningún sustento”, “financiadas por grupos de interés político”. Dijo que la ONG Greenpeace es “brazo político del macrismo devastador en la Argentina” y “se ocupa sistemáticamente de agredir a los gobernadores del norte argentino”.

El lunes 12 activistas de Greenpeace habían repartido paquetes con papel higiénico marca “Coqui” -por el sobrenombre del gobernador chaqueño- y el eslogan “Se c… en la Ley de Bosques”. Fue frente a la Casa de la Provincia de Chaco y la acción fue para reclamar contra la propuesta que -según explicaron- pretende habilitar el desmonte de 1 millón de hectáreas.

Además de Greenpeace, más de un centenar de investigadores del Conicet, universidades y centros de investigación enviaron una carta al mandatario para pedir que revise la medida que afectará la biodiversidad. 

Aprovechando el Mundial y la increíble actuación de nuestro equipo, está a punto de discutirse en la Legislatura del Chaco un proyecto de ley que pretende habilitar nuevas áreas para desmonte. O sea, bosques que hoy en día están protegidos podrían ser completamente eliminados, desmontados. Es necesario evitar que esto suceda.

La evidencia científica es suficiente para afirmar que los bosques chaqueños son clave para el mantenimiento de la biodiversidad, incluso de especies amenazadas y que son monumentos provinciales o nacionales, como el yaguareté o el pecarí quimilero. Además, estos bosques son necesarios para conservar la fertilidad de los suelos y a la regulación climática. De hecho, el fuerte calor que atravesamos estos días es en gran medida consecuencia de los bosques que perdemos en la región chaqueña y resulta claro que las consecuencias del desmonte nos afectan a todos. Avanzar con el desmonte nos pone en riesgo ambiental y climático.

Además, familias indígenas y criollas campesinas viven en los bosques y utilizan sus maderas, forrajes, alimentos y medicinas. Estas familias son desplazadas por el avance del desmonte. Ni las familias locales ni otros sectores de la sociedad han sido consultados respecto a la propuesta de avanzar con los desmontes. Esto va contra leyes y convenios internacionales, que preveen participación social en decisiones ambientales (Ley Nacional de Bosques, acuerdo de Escazú, Convenio Internacional OIT 169 para pueblos indígenas).

En Chaco tenemos una riqueza biológica y cultural maravillosa, con el bosque seco tropical/subtropical más grande del mundo. El desarrollo verdadero solo será posible si conservamos nuestra diversidad y respetamos nuestras leyes. Por eso espero que la Legislatura de la Provincia del Chaco no de tratamiento a este proyecto de ley, que no haya más intentos de aumentar las áreas habilitadas para desmonte en la provincia y que encontremos la manera de tener cero desmontes y un verdadero desarrollo. Y, además, espero que podamos disfrutar del maravilloso mundial sin tener que salir a marcar posiciones políticas en órsay; recordando que solo en 2021 perdimos en el país unas 12 canchas de fútbol por hora pero sabiendo que podemos revertir y ganar este partido.

El Mundial es justo lo que necesitaba: sacar toda la pasión, sentir que se me va la vida si entra o no la pelota en la red. Soy investigadora científica y, al trabajar en investigaciones relacionadas a la conservación y desarrollo sustentable, muchas veces tengo que tocar temas dolorosos o preocupantes. Pero en el Mundial no. En el Mundial me prometí que iba a trabajar tranquila en mis artículos científicos, sin mayor atención a problemas urgentes y graves con los que tengo que lidiar cada día. Pensé que, solo por lo que durara el mundial podría tener ese privilegio y tomarme unos días de camiseta, alegría y pasión. Pero, lamentablemente, me encuentro nuevamente envuelta en problemas relacionados a la conservación de nuestros bosques.

MC

En julio de 2019, la organización Greenpeace demandó en nombre del yaguareté al Estado nacional y a las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar la Ley Nacional de Bosques, provocar la casi extención de la especie y la desaparición de millones de hectáreas de su hábitat en el Gran Chaco argentino. Desde entonces, la ONG ambientalista espera una respuesta del máximo tribunal.

La Corte tenía previsto realizar una audiencia pública sobre el caso durante el primer semestre de 2022, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal, pero la convocatoria nunca se concretó. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía. 

Detrás de la posible desaparición del felino más grande de América en esta región, existen también centenares de poblaciones originarias y campesinos criollos viven una crisis ambiental y social provocada por el avance de la ganadería y la soja en el norte de Argentina, asegura Hernán Giardini, coordinador de la Campaña Bosques de Greenpeace, a elDiarioAR durante un viaje por la región, organizado y financiado por la ONG. “Estamos expectantes a que la audiencia también genere en la sociedad un acompañamiento. En las decisiones gubernamentales o judiciales, lo que pasa en la calle también influye”, afirmó. 

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

Detrás del amparo y la demanda por el yaguareté, Greenpeace sostiene que también está en juego la supervivencia de muchas personas afectadas por la deforestación para el cambio del uso del suelo. ¿Cómo los afecta?

A nivel regional o local, muchos de los desmontes están directamente vinculados a conflictos de tierras o desalojos. Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos. Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales. El monte no sólo es alimento, sino madera y medicinas. También es un lugar de conexión espiritual para las comunidades. A veces, los empresarios utilizan hasta guardias propias para desalojarlos. Esto ha generado en algunos casos violencia y hasta muertes. En otros casos cuando suelen ‘arreglar’, siendo igualmente un arreglo bajo presión por un puñado de hectáreas.

¿Cómo afecta a las personas más allá de los locales?

El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque.

¿Hasta dónde puede llegar el efecto de esas inundaciones? 

El desmonte acumulado puede generar, teniendo en cuenta la pendiente oeste, este, y los ríos que atraviesan el Gran Chaco, inundaciones a varios kilómetros de ahí. No solo en esa zona, sino también hacia el litoral. Pueden inundarse Santa Fe y Entre Ríos por los desmontes que estén sucediendo en Santiago del Estero, Chaco, Formosa. El agua viene bajando con otra intensidad al no ser absorbida por ese bosque que ya no está. Además, hay una pérdida masiva de especies y un desequilibrio que es el más difícil de medir porque no sabemos qué puede pasar cuando desaparece una especie, por ejemplo, los grandes mamíferos como el yaguareté. 

En Argentina, como en otros países, se debate la supuesta dicotomía entre progreso económico y preservación del bosque o el medio ambiente. En este caso, se apunta a cuatro provincias para que “resignen” el avance de actividades económicas. ¿Cuál es la posición de Greenpeace con respecto a esa discusión?

No es cierto que el desmonte signifique progreso. Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado, que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Ahora, en los últimos 30 años que se viene deforestando en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, su población sigue estando entre las más pobres del país, y más la de la zona donde se produce el desmonte. Tampoco se emplea tanta gente para este tipo de producciones y las condiciones suelen ser muy precarias, en algunos casos, de semiesclavitud. No es que de repente hay mucho trabajo en el área o que las ciudades que están alrededor de los desmontes han mejorado significativamente su infraestructura. Además, para los pequeños productores cada vez es más difícil competir. 

¿Cómo son esas condiciones laborales en los campos deforestados o durante el desmonte?

Los topadoristas a veces no son de los que trabajan en las mejores condiciones y los tienen trabajando bajo el sol y con mucho calor, durante muchas horas. Es un trabajador bastante precarizado. Después de las topadoras, viene el proceso de desenraizado, quitar las raíces, que a veces se hace con trabajadores “golondrina”, a quienes mueven de un lado a otro. Otras veces emplean gente local y en condiciones muy precarias: viven ahí mismo, bajo toldos, casi en condiciones de semiesclavitud, y la misma empresa que los emplea les vende los alimentos. En una oportunidad, una de las provincias no vio o no quiso ver que estaban hacía dos meses topando el monte y fue la AFIP la que entró el campo por las condiciones pésimas laborales de indígenas o campesinos que aceptaron ese trabajo por necesidad.

¿Cuál puede ser la solución para estas provincias?

Todo ecosistema nos da algunas cosas en las que podemos aprovechar bienes y servicios, lo que se llama recursos naturales. Probablemente el Gran Chaco nos da mucha más madera que otros. La podemos manejar bien, la podemos manejar responsablemente para que se sostenga. Probablemente nos dé también suelos menos fértiles que la región pampeana para producir tal cosa. Hay cosas que nos dan de más y otras limitantes. Lo que deberían pensar los gobiernos de la región chaqueña es cuáles son los tipos de producciones que se adaptan mejor a los ecosistemas que tienen. Y cómo hacerlas de manera sustentable, cuánto es lo que se puede bancar este ecosistema para mantenerlo en pie.

¿Deberían entonces restringir la ganadería intensiva en la región?

Los planes de expansión ganadera de las provincias hablan de duplicar, triplicar el stock ganadero, eso sería desmontar todo cuando podrían mejorar a los pequeños productores para aprovechar el potencial que ya tiene las históricas familias campesinas, aumentar un poco la cantidad de ganado, pero en una lógica de consumo interno, de desarraigo rural y de negocios para un productor pampeano que compra, deforestar, desaloja y exporta. Los campesinos criollos tienen problemas de distribución, de comercialización, no rinde porque no tiene una ayuda estatal. Es un modelo pensado solo para los grandes, para un campo sin gente. 

¿Cómo es llevar el reclamo ambiental a poblaciones que están pensando en cómo acceder a necesidades básicas? 

Priman mucho los problemas que tiene la comunidad, si un empresario los quiere desalojar, si les falta agua, de acceso a la salud, y obviamente el tema territorial, no tener los papeles de la tierra. Ahora, cuando esas comunidades se organizan, están en un movimiento campesino, en una organización indígena, empieza a haber una mirada un poco más amplia de lo que es el conflicto y ahí probablemente tengamos muchas más discusiones sobre el modelo agropecuario, sobre reclamos ambientales. La foto más grande. Está todo relacionado, en el sentido de que hay todo para ellos, los grandes productores, y no hay nada para nosotros, la comunidad. Entonces si ven que lo ambiental los afecta y en el caso de las comunidades indígenas lo ven más, sobre todo cuando su forma de vida tiene que ver con la caza, la recolección y la pesca, actividades que van directamente de la mano de un bosque en buen estado. 

¿Qué esperan de la Corte Suprema?

Que llame lo antes posible a la audiencia pública. Este año, se realizaron dos audiencias públicas en la Corte por otros casos y nos pareció interesante que, más allá del análisis de cómo fueron los fallos, después de la audiencia hubo una respuesta rápida de la Corte. Sabemos que hay muchas organizaciones colegas que están también expectantes para incorporarse a la causa porque todos sienten que esta puede ser una causa histórica, con el yaguareté a la cabeza, pero con la conservación del bosque de fondo. En cuanto a los resultados, esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible.

ED

Después de un lunes frío y gris, la mañana del martes 12 de julio presentó las condiciones climáticas ideales para el sobrevuelo en avioneta. La aeronave despegó de una pequeña pista cercana a la localidad de Las Lomitas, casi en el centro de Formosa, un poco hacia el oeste de la provincia. 

El monte, como se conoce al bosque nativo en la región del Gran Chaco argentino (provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y parte de Salta), parece inacabable desde el cielo formoseño. Alrededor del bañado La Estrella, el segundo humedal más grande de Argentina, el ojo no llega a dimensionar dónde termina el manto verde. Pero termina, cuando se observan las topadoras o los restos de bosque que dejan al pasar, antes de que el suelo se prepare para otros fines.

Estas tierras intentan seguir siendo el territorio del tigre manchado. La panthera onca o jaguar. El felino más grande de América y el tercero en el mundo. El yaguareté, “verdadera fiera”, en guaraní. 

Durante cinco días, elDiarioAR visitó esta región, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía, en un viaje organizado y financiado por la ONG Greenpeace con el objetivo de evidenciar los efectos de la deforestación en el norte argentino para introducir la ganadería extensiva y la plantación de soja. 

Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina. En Formosa es donde los ambientalistas creen que tienen mejores posibilidades de ganarle a la extinción provocada por la caza y la desaparición de su hábitat, ya que la provincia aún tiene una mejor conservación de bosque nativo contiguo con respecto a otras provincias de la región chaqueña.

Pero esas chances se apagan con el avance de la deforestación en Formosa, aseguran los ambientalistas de cuatro organizaciones distintas consultadas por este medio. ¿Qué sucederá si el yaguareté se extingue en el Gran Chaco argentino?

En julio de 2019, la organización demandó en nombre del yaguareté a los gobiernos de la Nación y de las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez, un animal no humano era representado como sujeto jurídico. 

Tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal, la Corte anunció que realizaría durante el primer semestre de 2022 una audiencia pública por el caso para escuchar a la demandante y sus apoyos, y a los gobiernos demandados y sus aliados, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal. La convocatoria nunca se concretó. La Corte “perdió interés jurídico” en la causa y tiene “otros casos medioambientales que son prioridad”, dijo una fuente del tribunal ante la consulta de este medio.

Formosa

La fauna del monte sobrevive en Formosa. Cuatro días por los caminos de tierra, las recorridas por las costas, los humedales, los ríos Bermejito y Bermejo y el bañado La Estrella -que se nutre del río Pilcomayo- permiten avistar osos hormigueros, yacaré, tucanes, cigüeñas, zorros, cardenales y aves de muchos tipos, monos, jabirús -la cigüeña más grande de América- y hasta huellas de una familia de tapires.   

“Actualmente, Formosa desmonta cuatro veces más que antes de la Ley Nacional de Bosques -sancionada en 2007 y promulgada en 2009- porque la ley provincial es muy permisiva”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

Sólo en lo que va de 2022, Formosa perdió 10.056 hectáreas de bosque nativo. La mitad de la ciudad de Buenos Aires en sólo seis meses, de acuerdo con el monitoreo satelital de la ONG. elDiarioAR se comunicó con el director de Recursos Naturales y Gestión de Formosa, quien declinó responder las consultas. 

A través de imágenes satelitales, Greenpeace detectó varios desmontes recientes en la zona y viajó para corroborarlos por aire y por tierra. Uno de estos desmontes se ubica a unos 50 kilómetros de Las Lomitas y representa el 20% de lo deforestado en Formosa en el primer semestre del año. “Estamos en una zona que los científicos marcan como de posible presencia del yaguareté, una zona que obviamente se fue reduciendo a partir del avance de la frontera agropecuaria, de la soja, de la ganadería, mucha de la cual se termina exportando a China y a Europa”, afirmó Giardini.

Por aire, el paso de las topadoras se ve en cuadrados inmensos de color tierra o quemados por el fuego. Por tierra, parece un cementerio de cuerpos desenterrados. Muchos de estos futuros campos para la producción agropecuaria no tienen tranqueras ni alambrados, aún. Apenas se puede caminar entre los árboles derrumbados, las palmeras tumbadas, las plantas que vivían en ellos, ahora en el suelo. 

Se puede ver cómo cortan y preparan el quebracho blanco y el colorado para vender la madera de árboles que tardaron unos 50 años en crecer. Luego, vendrá el proceso de quitar las raíces y erradicar el monte por completo para sembrar pasturas africanas o soja. 

Depredador tope

En Argentina, el yaguareté solía extender su territorio desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte. Actualmente, perdió el 95% de su territorio en el país, según los expertos de Proyecto Yaguareté. 

En territorio argentino, quedan alrededor de 250 individuos distribuidos en tres regiones. En las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) se estima la presencia de más de un centenar. En la provincia de Misiones, habita un número estimado de entre 90 y 110 individuos. 

Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre) aseguró a elDiarioAR que en la selva paranaense se ha logrado casi triplicar la población de yaguaretés. “Es un trabajo enorme que venimos haciendo en Misiones con muchas organizaciones desde hace más de 20 años, monitoreado por científicos del Conicet”, dijo.

En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado. “La situación en Chaco está complicada desde hace tiempo. Se está mejorando a través de planes de gestión”, aseguró. 

El Litoral es una de las regiones en donde llegó a extinguirse. Desde los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, la Fundación Rewilding busca reintroducir al yaguareté desde hace años. Marisi López, vocera de la institución, explicó a elDiarioAR que las causas por las cuales se llegó a la casi extinción en el Gran Chaco fueron principalmente la caza por posibles conflictos con el ganado y por considerarlo un trofeo. “También el desmonte y el uso de cambio de suelo fueron achicando la frontera o el ambiente del yaguareté, desplazándolos, haciendo que lleguen hacia zonas más urbanas, donde también eran por supuesto perseguidos y cazados”, afirmó. 

“El yaguareté tiene un rol como predador tope súper importante -afirmó López-, ya que es el que equilibra y hace que el ecosistema esté más completo y funcional, es quien regula hacia abajo en la cadena alimenticia”.

“Un ecosistema con la presencia de sus depredadores topes, es un ecosistema más saludable, más funcional, más completo y que ayuda a enfrentar estas tres crisis ambientales la de cambio climático, la de pérdida de biodiversidad y la desaparición de epidemias y pandemias”, concluyó López.

La guardaparque y cordobesa Lucero Corrales sigue las huellas, excrementos, pelos, marcos y presas del yaguareté por el Gran Chaco. Integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidades, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Gracias a una red de colaboradores que viven y trabajan en el monte, intenta rastrear la presencia de estos felinos en la región y concientizar a los lugareños para que no los maten.

“Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto”, asegura Corrales. En los últimos años, sólo han podido identificar a dos individuos en la región. 

Palacio o monte

En 2001, el yaguareté fue declarado por ley Monumento Natural de la Nación. En 2014, se creó el Parque Nacional El Impenetrable (provincia de Chaco) para proteger una porción de su hábitat. 

El amparo presentado por Greenpeace ante la Corte busca que el máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino e incluye una medida cautelar para que el tribunal frene los desmontes mientras analiza la situación, lo que aún no sucedió.

Desde que la ONG presentó el amparo y medida cautelar (julio 2019) hasta junio de este año, en estas cuatro provincias las topadoras se llevaron unas 300.000 hectáreas de bosques nativos, según surge de las sumas relevadas cada año por la ONG y el ministerio de Ambiente. Esa superficie equivale a 15 ciudades de Buenos Aires. 

En la Corte afirmaron que el tribunal estuvo consultando informalmente qué organizaciones ambientalistas podrían presentarse para apoyar la demanda y que ninguna de las consultadas mostró interés. No descartan que la audiencia sea convocada durante el segundo semestre del año o incluso que el tribunal tome una decisión directamente sobre el amparo. 

Ante la consulta de elDiarioAR, Greenpeace informó que ya tiene confirmadas para la eventual audiencia pública los apoyos y exposiciones de Alberto Acosta, ex presidente de la Convención Constituyente de Ecuador; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza; a Maristella Svampa y las escritoras de Mirá; a Guillermo Folguera, biólogo y filósofo; a la organización EARTH LAW; a universidades del exterior especializadas en derecho ambiental; y a organizaciones indígenas y ambientalistas locales.

Sociedades del monte

“Donde vive el yaguareté, viven también personas”, afirma Pablo Chianetta, veterinario, formoseño por adopción y co-fundador de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una ONG local que trabaja con los cuatro pueblos originarios que habitan en el oeste de Formosa: Wichí, Qom, Pilagá y Nivaclé. 

En estas tierras, la mayor parte de la población es originaria, afirmó. “Son entre 30.000 y 40.000 personas, la mayoría habitantes del oeste de la provincia” y sus problemáticas -explicó- están directamente ligadas a las causas de la cuasi desaparición del felino. 

“En Formosa, hay un proceso inmobiliario de los últimos 15 años basado en el manejo del agua, por dónde pasa y quién tiene acceso o control de la esclusa del bañado La Estrella por ejemplo,”, aseguró Chianetta. “Aquí la tierra es más barata que en la región pampeana y los productores agropecuarios vienen de afuera de la región atraídos por eso”, agregó.

Hay una falsa dicotomía entre la intención de preservar este ecosistema llamado Gran Chaco y el progreso económico de cuatro de las provincias más pobres del país, aseguran Giardini y Chianetta. “Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Pero en los últimos 30 años de deforestación, la población de estas cuatro provincias sigue estando entre las más pobres del país”, afirmó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

A unos 35 kilómetros de la localidad de Las Lomitas, Alejandro Ramírez, uno de los dirigentes de la comunidad wichí de Tres Pozos, sostiene que uno de sus principales reclamos es la titularidad efectiva de sus tierras. 

“Acá todo alrededor de nosotros es privado, no podemos ir a pescar al río o a buscar miel al monte”, dijo Ramírez con la voz suave y pausada del wichí. “A nosotros, los criollos nos decían: ‘¿Para qué quieren tener tierras los indios si no tienen animales?’. Nosotros les decimos: ‘¿Para qué quieren los criollos tener vacas si no tienen tierra’?´”.

Florencio González es uno de los más jóvenes de la dirigencia wichí en Tres Pozos. “Estamos defendiendo lo poco que tenemos: el monte”. El bosque es fuente de la harina de algarroba para el pan, de la miel, del alimento de sus cabras y vacas. Pero también es proveedor de medicinas naturales y el lugar donde los originarios van a pensar, descansar, respirar hondo, dice González.

Chaco

En Resistencia, Chaco, Karina Alonso, comunicadora del pueblo Qom y maestra bilingüe, se unió a Somos Monte, un colectivo de chaqueños que ya juntaron 40.000 firmas para exigir “desmonte cero” en su provincia. “Las comunidades originarias están organizadas pero no nos escuchan y para poder llegar al Estado necesitamos que los hermanos se acoplen a nuestra lucha”, asegura Alonso, sentada bajo unos árboles junto al físico italiano Riccardo “Dardo” Tiddi, chaqueño por adopción.   

Chaco rearmó su mapa de zonas protegidas y zonas donde autorizará desmonte para cambio de uso de suelo, que debe ser aprobado por el ministerio de Ambiente de la Nación. “Creemos que ese nuevo mapa es regresivo. Venimos reclamando que en el nuevo mapa ya no haya áreas de bosque donde se permitan los desmontes y que todo lo que no es zona protegida pase a la categoría de conservación intermedia, con actividad sostenible, sin topadoras ni cadenas”, aseguró Tiddi. La ganadería bajo monte, sin deforestar el bosque, es posible, explica.

Ante la consulta de elDiarioAR, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco respondió que el nuevo mapa respeta la Ley Nacional de Bosques, contempla 65,48% de los bosques como categoría de conservación intermedia y 9,48% en categoría de alta conservación.

Topadoras

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra dialogando con el Gobierno Nacional para presentar propuestas muy diferentes a las de quienes buscan la conservación del bosque nativo. Andrés Costamagna, director de Sustentabilidad de la entidad agropecuaria, dijo a elDiarioAR: “No hay posibilidad de conservar los bosques si no hay rentabilidad”. 

“En el estado actual de los bosques nativos sólo son un reservorio de carbono de alto riesgo de incendios que se expanden. Por lo tanto dejarlos como tal de manera intangible es una opción muy delicada y riesgosa, no generar los incentivos necesarios hace que ocurran desarraigos y las personas migren en busca de oportunidades, quedando muy poca población para hacer frente a los siniestros”, aseguró Costamagna. 

“El incendio de Corrientes fue muy claro: donde había personas habitando el lugar se pudo contener el incendio y cuando era una responsabilidad de los guardaparques y del estado esto no sucedió”, agregó. 

Costamagna aseguró que ya presentaron un proyecto al Gobierno para “remover árboles viejos y árboles enfermos y reemplazarlos por ejemplares jóvenes y ramas sanas''. ”Esto es manejo sostenible del bosque nativo“, dijo: utilizarían los árboles talados para producir electricidad. ”No hay cambio de uso del suelo y el nuevo crecimiento remueve carbono del aire“, agregó. Reconoció resistencia del ministerio de Ambiente.

Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.

La directora general de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero,  Noelia Zanichelli, dijo a elDiarioAR que el organismo oficial detectó 16.281 hectáreas deforestadas entre enero y junio de 2022, y que la mayor parte fue autorizada por la provincia (10.772 hectáreas). Las otras 5.509 fueron desmontadas sin los permisos oficiales.

En Salta, el desmonte se redujo en el último semestre (4.947 hectáreas) debido a que la provincia ha suspendido la deforestación mientras concluye un nuevo mapa de zonas protegidas y deforestables.

En Chaco, se registraron 10.223 hectáreas en el primer semestre del año. La mayoría (más de 8.800 hectáreas) fue desmontada de manera ilegal, según el monitoreo de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia, ya que la Justicia suspendió la deforestación a finales de 2020. Luciano Olivares, titular del organismo, explicó a este medio que ante los incumplimientos “se aplica el procedimiento administrativo vigente para la aplicación de sanciones a los responsables”.

Tanto Olivares como Zanichelli aseguraron que las provincias no han sido notificadas aún de la demanda de Greenpeace ante la Corte y que ambas gobernaciones están a disposición de la Justicia.

“Es imposible ser indiferente al yaguareté”, dijo la guardaparque Corrales. Pero quien aún es temido o adorado en la profundidad del monte, ha quedado atrapado en el olvido de la gran ciudad.

ED

Lucero Corrales es cordobesa y guardaparque. Es lunes por la tarde y acaba de llegar a Villa Río Bermejito, en el departamento de General Güemes, provincia de Chaco, muy cerca de la frontera con Formosa. Estuvo de expedición, más hacia el noroeste chaqueño, tras un nuevo dato que podría confirmar la presencia de un yaguareté, el jaguar, panthera onca, tigre manchado, “verdadera fiera” en guaraní, “el bicho” que solía reinar por estos montes o bosques chaqueños hasta que la cacería y el avance sobre su hábitat lo llevaron al borde de la extinción, explicó Corrales. 

Aquí, en el Gran Chaco argentino (Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta) es temido por los locales, injustamente, asegura Corrales. No hay registros de ataques del yaguareté a humanos a excepción de raros episodios en los que el animal debió defenderse para evitar ser cazado.

Esta “detective” de tigres manchados -como le gusta bromear al pasar- integra el equipo de Proyecto Yaguareté, un programa del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) junto con institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y apoyado por decenas de universidad, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales como Fundación Vida Silvestre.

Al margen del tranquilo río Bermejito, que desemboca en su hermano mayor, el Bermejo, Corrales recibe a elDiarioAR y otros medios en el marco de un viaje organizado y financiado por Greenpeace hacia el territorio del yaguareté, donde continúa avanzando la deforestación o desmonte que lo amenaza ante la extensión de la frontera agropecuaria de las pampas hacia la región chaqueña. 

“Lo que hago es estar en contacto frecuente con gente que vive en el campo o que trabaja y se mueve en el campo, donde tenemos mayores posibilidades de detectar la especie. Es imposible que nosotros podamos detectar este bicho cuando quedan menos de 20 animales. Entonces hemos elegido esta metodología: la ciencia colectiva o monitoreos participativos. Necesitamos de la colaboración del conocimiento popular o del campo en la ciencia”, afirma Corrales. 

“Lo que hacemos es buscar a los colaboradores que constantemente nos están aportando esta información: dónde está presente la especie, por dónde se mueve. Buscamos principalmente hallazgos de huellas; relatos de avistaje; información sobre conflictos entre las personas y el yaguareté por depredación del ganado doméstico; o datos de individuos posiblemente cazados o atropellados”, asegura y resalta: “Cualquier dato de presencia, ya sea potencial o confirmada, es de gran valor. Y esta información la tiene la gente de la ruralidad: productores, investigadores, maestros y maestras rurales, policías, técnicos de otros proyectos de conservación, guardaparques, cualquier persona que esté en el monte”. 

No es un trabajo fácil, asevera, y el Proyecto Yaguareté tiene apenas dos ejemplares identificados: Qaramtá y un segundo felino. Su singular rugido, seco y extraño, de garganta profunda, despierta a los lugareños del sueño a la pesadilla. Además, sus colaboradores viven en condiciones de aislamiento y carencias. Corrales asegura que se recuerda permanentemente que ella les habla desde un lugar de privilegio.

¿La gente está predispuesta a aportar información sobre el yaguareté?

No, hay una reticencia al principio porque hay una imagen en general un poco negativa por parte de la gente del campo, que entiende al yaguareté como una especie peligrosa, se le tiene un poco de temor, a veces temores que son infundados. Hay realmente muy pocos registros de ataques a personas y los casos en los que se han dado han sido porque lo han intentado matar, y el bicho ha actuado en defensa. Tenemos que tratar de llevar información sobre cuál es el comportamiento del animal para desmitificar esto del ataque sobre personas. Una vez que uno genera un vínculo con la gente, que alguien lo visita varias veces y estamos tres horas tomando mate, nos quedamos a dormir en el puesto, compartimos una comida y vamos a caminar, se va generando un tipo de vínculo casi de amistad. Me pasó de gente que visité en tres oportunidades y no me contó nada y a la cuarta vez, me contó todo.

¿Por qué cree que tardan en abrirse?

Porque contar los datos del yaguareté es casi como contar un secreto familiar. Acá es como algo muy, muy guardado y que no se confía a cualquiera. Entonces, es importante dedicar tiempo y hacer presencia generando esos vínculos de amistad. Luego los datos van apareciendo. Salimos a campo cuatro o cinco, hasta 26 días seguidos, visitando puestos que son considerados de interés previamente por nosotros porque tenemos datos antiguos de colaboradores de antemano o porque tenemos referencia que en ese puesto pueden llegar a tener alguna información de valor y a veces aleatoriamente también. Los invitamos a seguir siendo visitados por nosotros, a colaborar por la conservación del bicho, a aportar cualquier dato de valor, a que tengan confianza en nosotros también, como no un ente de control o de fiscalización, sino alguien que sin juzgar mucho quiere ir a escuchar el conocimiento que tienen esas familias, siempre dejando en claro que la cacería del yaguareté es una práctica ilegal.

Tras las huellas

Las familias y personas que Corrales visita en el Gran Chaco argentino se extienden en un área de 6.000.000 de hectáreas, muchas veces, de difícil acceso. “En algunas provincias se trabaja más, en otras menos, de acuerdo a las posibilidades que se van dando, permisos o datos que van apareciendo, o de posibilidades que tenemos nosotros de movernos en campo”, asegura.. 

“Yo recopilo ese dato que me llega de la posible presencia del yaguareté, lo analizo, lo sistematizo y lo comunico. Si llegamos a confirmar un dato, mi responsabilidad, mi deber, es comunicarlo a las autoridades de aplicación”, dice Corrales. Actualmente, Proyecto Yaguareté cuenta con más de 150 personas que han aportado datos en las visitas y que luego mantienen contacto de manera virtual, aunque la conectividad es escasa. 

“En la mayoría de los lugares -afirma Corrales-, la gente pone el teléfono en una botella plástica en una soga colgada de un quebracho, pone compartir datos, levanta la botella hasta la punta de quebracho y comparte datos para el resto. Ese es como uno de los mejores panoramas. Además, la disponibilidad de fondos no siempre es constante para poder movernos y estar hablando con la gente”. 

Una vez que tienen un dato de la posible presencia del animal, ¿cómo corroboran que se trata de un yaguareté?

Básicamente con la medición de las huellas que nos aportaron en una fotografía. Pocas veces la gente saca la foto de la huella porque no tiene teléfonos con cámara de fotos pero saben dónde está la huella. También se colectan los excrementos y los pelos. Se envían al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Buenos Aires para que la investigadora Patricia Miraba los analice y así también pueda determinar la especie de la cual se trata. También se estudian los animales depredados, se puede diferenciar un yaguareté o tigre de un puma o león del monte por algunas marcas o formas de ataque. ¿Por dónde lo comió? ¿Por dónde lo mató? Las marcas de colmillo. Tenemos que ser tolerantes porque muchas veces es frustrante. A veces tenemos 50 datos potenciales o sin identificación de la especie, hicimos un esfuerzo de muestreo súper grande para conseguir esta información, pero no lo puedo confirmar.

¿Es fácil para las personas distinguir si es la huella de un yaguareté o de un puma?

Sí, por lo general sí. A veces surgen ciertas dudas, pero por lo general reconocen las huellas. Depende mucho del suelo en el que fue marcada, los días que pasaron desde que la huella se marcó hasta que la persona lo encontró o cuántos animales pasaron por encima. Si llovió, si el bicho estaba subiendo una barranca o estaba caminando planito. Nosotros sometemos la foto de la huella a un análisis de medidas y formas a través de un programa y a partir de ahí nos dan un porcentaje de la especie. 

Acaba de regresar del monte o bosque en busca de información sobre el yaguareté. ¿Qué encontró?

No son datos publicados todavía, pero tenemos un dato del mes de junio, muy reciente, el primer dato de presencia del animal en 2022. Con Rocío -su actual colaboradora- estuvimos en el noroeste de la provincia de Chaco. Tenemos un dato confirmado en esa zona. Muchas veces dar publicidad a la información juega en contra, porque ese individuo puede llegar a estar en riesgo de ser cazado. Debemos alertar a las instituciones. Eso habla también del trabajo colaborativo con quienes hacen control y fiscalización para hacer presencia en el territorio y tratar de disuadir a los cazadores y evitar que lo maten.

Esperando a la Corte

La invitación de Greenpeace a los medios de comunicación en este viaje a Formosa y Chaco tiene un motivo particular: en julio de 2019, demandó a los gobiernos de la Nación, Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ONG ambientalista solicitó al máximo tribunal ponga fin al avance sobre el hábitat de este felino, es decir, a los desmontes para ganadería y soja. El amparo y medida cautelar fueron presentados en nombre del yaguareté y por primera vez en la historia un animal llegó a la Corte Suprema.

“Es imposible serle indiferente al yaguareté” asegura Corrales en Chaco. En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, la urgencia que marcan los expertos como Corrales y las organizaciones ambientalistas quedó en suspenso: la audiencia pública anunciada por la Corte para el primer semestre de 2022 y un posible fallo judicial no se cumplieron.

En Argentina, el yaguareté solía entender su territorio desde el norte de la patagonia hasta el extremo norte del país. En territorio argentino, quedan alrededor de 250 ejemplares de este felino, el más grande de América, nativo del sur del continente, y el tercero más grande del mundo.  

En la provincia de Misiones, queda un número estimado de entre 90 y 110 individuos que habitan la selva paranaense. La población en las Yungas (selva de la región andina de Jujuy y Salta) es similar.  En el Gran Chaco argentino, mucho más extenso que los otros dos ecosistemas, es donde el yaguareté se encuentra más amenazado: quedan apenas 20 animales que Corrales intenta rastrear. “Ese número lo estimó Verónica Quiroga, quien estaba a cargo de la coordinación de la región chaqueña hasta el año pasado. Actualmente no estamos haciendo nuevos análisis del número o la cantidad”, explica Corrales.

¿Por qué es importante que el yaguareté no se extinga en el Gran Chaco argentino?

El yaguareté es un predador tope, regula toda la cadena alimentaria del bosque chaqueño, del monte. Su rol es comer ciertas especies que se comen a las especies que están por debajo de él. Tenemos que intentar que no se rompa el equilibrio. Ni siquiera podemos dimensionar lo que puede significar en estos espacios que el yaguareté no esté presente. Lo que sí sabemos es que está en peligro crítico de extinción y que con 20 animales no está cumpliendo su rol ecológico, de depredador tope. Las amenazas y la velocidad con las que estas actúan es enorme. No damos abasto. Entonces sí o sí necesitamos intentar trabajar articuladamente, unirnos para intentar salvarlos. Ahí interfieren todos los gobiernos, nacional, provinciales, las organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo se llegó al punto de la extinción en la región chaqueña?

Por las amenazas como la pérdida del hábitat por la deforestación, junto con la cacería directa de los yaguaretés, que está culturalmente muy arraigada a la gente que habita estos territorios. Ir contra una práctica cultural es difícil. También la disminución de sus presas (chanchos del monte, corzuelas, tapires, entre otros). Trabajar en bajar la intensidad de estas amenazas, eso es definitivamente lo más difícil. Yo no puedo imaginar el monte sin el tigre. A veces pensamos que ya no está. Este año, no había ningún dato de presencia del yaguareté en el Chaco. Cuando ves la huella y encontrás el rastro y los datos van apareciendo, es un alivio y una luz verde de que vale la pena seguir estando acá, en este espacio. 

Solitarios

“Lo que más escucho son historias de contacto con el animal y, cruelmente, la mayoría de las historias que se cuentan son de cacería de los animales. Es durísimo saber que lo que más se recuerda de esta forma de interacción es a través de la violencia y la matanza de los bichos”, se lamenta Corrales. “Más recientemente, el contacto con los yaguaretés o los pocos casos de avistaje que hay, me ayudan a llevar esas historias hacia otras familias y desmitificar el peligro que la gente cree que el yaguareté significa para su propia vida”.

¿Qué le cuenta la gente sobre esos encuentros?

Tenemos algunos casos de relatos de avistaje muy cómodamente desde arriba de una camioneta. La gente que ha tenido la fortuna cuenta que ha sido siempre muy tranquilo. El animal tiende a seguir su camino, nos detecta, generalmente, antes que nosotros lo veamos, tiende a cambiar su rumbo e irse hacia otro lugar. La gente siempre menciona que se quedó paralizada, alzó su perro y se fue corriendo.

¿Qué motiva la caza del yaguareté?

Hay varias razones por las cuales lo han cazado históricamente: por sus cueros o su piel, que tenían muchísimo valor. Por una especie de hombría que implica el hecho de cazar un yaguareté, una cuestión honorífica, generalmente patriarcal. Como represalia ante la depredación del ganado doméstico y también como una medida preventiva: por las dudas hay que matarlo. Eso sigue pasando al día de hoy: se sigue sintiendo la sensación de que la presencia del yaguareté es potencialmente peligrosa para el ganado y nuestra economía. Y también por miedo a que se coma a las personas, lo que es casi improbable, muy difícil. El yaguareté tiene sus presas. Hace unos días me llamaba un poblador de allá, justamente de esta zona donde detectamos estas huellas, pidiéndome que vayamos a buscar al animal y lo saquemos de la zona porque se lo iba a comer a él. Trabajamos mucho eso con la gente. Le dije: “¿Cuántas personas conoce que fueron comidas por un yaguareté?”. Y él me dice: “Ninguna. Pero yo estoy en el monte, con mi perro y mis vacas, solo, no tengo linterna”. Y uno se pregunta cómo hacer entender desde un lugar de privilegio. A veces cuando voy a las escuelas, le muestro la foto del animal a chicos de dos años, y apenas la ven dicen: “Me va a comer, malo”. No se le puede decir a esa persona que lo que él cree no es así, sino que hay que hacer presencia, sentarse a hablar con él, ponerle ejemplos, mostrarle casos, hablarle de números, explicarle por qué, invitarlo al análisis. Es un trabajo que requiere mucho tiempo y paciencia.

¿Suelen ser solitarios?

Son super solitarios. Normalmente el tiempo que suelen estar juntos son cuatro días durante el celo de la hembra. Ustedes imagínense que fuéramos, en el mejor de los casos, 20 personas en cuatro provincias, en 6 millones de hectáreas, sobreviviendo a la cacería, el atropellamiento. ¿Qué posibilidades tendríamos de encontrarnos?

ED

No deja de asombrarme la multiplicidad de versiones que toma la lógica binaria en la cual estamos sumidos. Se activa a propósito de cualquier tema, desde la guerra en caracteres cirílicos hasta el tipo de menú que elegimos para el desayuno. Tampoco deja de agobiarme: pocas cosas me parecen tan alienantes y aburridas como la enarbolación de dos bandos supuestamente contrarios que en el fondo no dejan de ser mutuamente funcionales. Les huyo todo lo que puedo -que, como sabemos, es poco, así de cercados estamos. Les huyo leyendo, les huyo ejercitando el sentido crítico, les huyo musitando sospechas. O, como me pasó hace poco, les huyo siguiendo un hilo. 

Estaba yo en el Sur, en uno de mis viajes recurrentes, cuando me topé con una nueva versión de esa lógica, una que en este caso enfrentaba a las ovejas, ese animal emblemático en la producción y el imaginario patagónico, con los pumas que, hambrientos por los desmontes que aumentan en La Pampa, han empezado a desplazarse más al Sur ahora en forma masiva y por ende a comerse a las ovejas ya no en forma esporádica como solían sino en cantidades alarmantes y continuas. De un lado de la ecuación maniquea, previsiblemente, están como figuras defensoras de las primeras los estancieros, y del otro, también previsiblemente, los ambientalistas. El reduccionismo subyacente no impide las adhesiones. Es fácil en estas contiendas percibir hacia qué lado se inclina la sensibilidad de uno, tan fácil como aburrido, tan fácil como inquietante. Estaba por descartar el match cuando escuché hablar de los perros protectores. Y ahí fue que empecé a seguir este hilo. 

Llegamos a los perros por desesperación, no por preocupación, me dice JJ. Hace al menos dos horas que vamos en su camioneta por un camino encandilante que se interna en una meseta chubutense cada vez más plana que inevitablemente me genera esa impresión de estar en otro planeta de la que habla Florence Dixie en A través de la Patagonia. Pero me desvío rápidamente de la cita de autora, un poco porque el paisaje plagado de jarilla y de coirones y de maras que saltan a nuestro paso me captura los sentidos, otro poco porque me quedo pensando en esa diferencia de la que me habla JJ, en esa escalada de dislocamientos que supone, en cualquier escenario, en cualquier vida, el pasar de la preocupación a la desesperación. 

Los pumas han llegado a matar cincuenta ovejas en una semana, me cuenta después. El número es letal para un pequeño productor como él, que está a años luz, que incluso está en las antípodas del gran estanciero especulador que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en propietarios de ovejas y de tierras en el Sur. Así es como los maniqueísmos bobos empiezan a resquebrajarse. A ese problema de los predadores, sigue JJ, hay que agregarle la desertificación que no para de intensificarse, y el detalle nada menor de las condiciones de facturación: mientras que las grandes empresas multinacionales procesadoras y exportadoras de lana que operan en la zona tienen habilitados los mecanismos para poder liquidar afuera, con el dólar blue, el productor local cobra al dólar oficial. Para la mayoría de los que viven acá, agrega, el negocio no funciona ya, o funciona en una escala muy menor. 

Pienso que tal vez sea eso, más que los pumas, lo que explique los campos despoblados que veo cada vez que fijo la vista en la ventanilla. Además de los pumas, me corrige JJ. 

Si esto fuera una fábula moral, a esta altura podríamos pensar que, en esta contienda, los pumas están haciendo una especie de justicia. Porque las ovejas, como especie invasora, desplazaron a los guanacos, habitantes originarios de esta zona, y fueron el origen de ese proceso de desertificación de los suelos que va dejando todo como un páramo y que nada ni nadie parece dispuesto a revertir. Pero ahora que los guanacos están siendo reintroducidos sistemáticamente desde hace más de diez años ya, ocurre que los pumas también los matan, y entonces la fábula se complejiza. 

Leí hace poco en un libro de esos que logran convertir una tesis de doctorado en algo no solo legible sino también disfrutable, milagro poco frecuente que en este caso lleva la firma de Fernando Coronato, que a fines del siglo XIX, después de que los gobiernos centrales de Argentina y Chile terminaran sus campañas de exterminio y sometimiento en el Sur, quedaron los campos disponibles para usufructo del hombre blanco, y ahí fue que todo por acá se llenó de ovejas. En gran parte llegaron desde La Pampa, donde nunca habían logrado competir con el ganado bovino, a un punto tal que hasta se llegó a usarlas como combustible en los hornos de ladrillo. Los pastizales del Sur que por entonces parecían eternamente renovables pasaron a ser su destino, y hasta acá llegaron en arreos terrestres que no descartaron el componente épico ni las muertes que el género suele cobrarse para resultar verosímil. En el arreo que organizaron los hermanos Rudd en 1887, por ejemplo, se perdieron dos tercios de los animales en el camino, y en el que organizó M. Patanchon, en 1891, murieron cinco mil de los diez mil animales con los que habían partido inicialmente. 

Y, en otra gran parte, las ovejas llegaron a la Patagonia desde las Islas Malvinas, un territorio en el que la industria ovina encontraba todo lo que necesitaba: un clima adecuado, pastos favorables, ausencia de predadores, ausencia de pobladores originarios y presencia de gauchos británicos que habían aprendido todo sobre este tema en sus islas natales, fundamentalmente en las Hébridas escocesas. Hubo un momento en el que las islas desbordaban de ovejas, parece. Y entonces esta actividad, que venía desarrollándose ahí desde mediados del XIX, encontró en la Patagonia que recién entraba en el radar de los gobiernos centrales, tanto argentino como chileno, una manera de canalizarse, de expandirse. A fines de ese mismo siglo, el primer gobernador del Territorio de Santa Cruz, Carlos Moyano, hizo varias gestiones personales para atraer a los productores británicos de Malvinas, y así fue que se organizó un flujo de ovejas, de colonos y de capitales hacia la Patagonia Sur que fue muy próspero en términos económicos y que en gran parte explica la potente anglización que durante décadas prevaleció en la zona. 

“El frente pionero debe avanzar al paso de los rebaños” era el lema que predicaban los dos gobiernos, a la vez que diezmaban a los pueblos originarios, acaparaban terrenos que no pocas veces fueron a alimentar la especulación e iniciaban una destrucción de los recursos naturales que no cesa al día de hoy. “Pensar que esta barbarie es para poner ovejas, y es obra de gente que se dice civilizada”, decía en una carta del año 1895 José Fagnano, un cura salesiano que trataba de hacer algo contra las cacerías -literales- de indígenas que pusieron en marcha algunos estancieros en territorio fueguino. Las ovejas, entonces, tan mansas y tan buenas, tan connotadas de virtudes sacrificiales, muestran hasta qué punto son también los animales con los que ingresa el capitalismo más salvaje en toda la región al Sur del Colorado. 

De pronto se me cruza por la cabeza Lamb, la película de Valdimir Johannsson, en la cual ese ser que es mitad oveja, mitad humano, termina destruyendo todo a su paso antes de fugarse de la mano de una figura de respiración amenazante. 

Me interrumpe la digresión mental la marcha de la camioneta, que aminora. JJ toma un atajo que, pienso, será otro de los tantos que hemos tomado ya cada vez que se desdibuja la huella, o que un puente destruido impide cruzar un arroyo, pero no se trata de eso sino de la entrada a un establecimiento en donde hay un puñado de casas semi abandonadas. En ese puesto vivió él hasta los 14 años, me cuenta. Con su abuelo materno, al padre no lo conoció nunca. Y como sucedía que su abuelo prefería pasarse temporadas en el bar del pueblo más próximo, donde se había erigido en una especie de campeón de truco, de rummy y de pase inglés, él desde chico aprendió a hacerse cargo de todo. Trabajaba ahí y después, cuando creció, también en los campos de los alrededores. Esquilaba, buscaba leña en los montes de algarrobo, limpiaba los canales, arreglaba alambrados, ese tipo de cosas. Todo por changas, nada firmado. Pero se fue haciendo su nombre, su reputación. Y así fue que llegó a tener sus 5000 ovejas. Para otros será nada, para él es un tesoro. 

Y lo tiene guardado en una especie de Arcadia, cosa que no me había preanunciado, tal vez porque él, como todos nosotros, sea bastante poco consciente de cuáles son los verdaderos tesoros a su alrededor. Ahí, en esa arboleda que de pronto irrumpe en medio de la meseta, están los perros que vine a conocer. En cuenta llegamos, un chico con el pelo teñido de un caoba intenso pasa el parte acerca del asado que está casi a punto. Asado de cordero, por supuesto. Mi almita urbana y biempensante se estruja. Hay animales que ya no como hace años, y hay otros que puedo seguir comiendo siempre y cuando me distancie y me disocie lo más posible de sus latidos, de sus pupilas. La Arcadia empieza a mostrarme sus fisuras.

De su historia, de la de este campo, me entero mientras almorzamos. Romina, la pareja de JJ, lleva la voz cantante. Sus abuelos, mapuche los dos, vinieron a instalarse acá en la década del 20, hace un siglo exactamente. Desde Chile vinieron, a pie. Se establecieron en este paraje por su proximidad con la aguada y construyeron ellos solos con sus trece hijos las casitas de piedra, los corrales y los senderos para ir a buscar leña. Uno de esos hijos, tío de Romina, un señor pausado y elegante que almuerza con nosotros, alambró con su hermano todo el perímetro. Años hace ya, muchos. Tallaron con sus propias manos las estacas de madera: llegaron a contar 7000. Después, agarraron unas mantas y se fueron al campo a plantarlas. No volvieron acá, a la casa, durante ocho meses. Así fue como empezaron a alambrar, jovencitos eran. Unas décadas después, empezaron el trámite para obtener el título de esas tierras fiscales que el gobierno provincial fomentaba y, a la vez, obstaculizaba. La burocracia y los grandes especuladores, una vez más, merodeaban. El abuelo de Romina, como tantos otros pequeños productores precarizados, murió sin haber logrado ese título. Fue ella quien finalmente lo tramitó. Después de infinidad de pasos y papeleos que fue cumpliendo asesorada por uno de los pocos abogados locales que no se quedan con todo en el camino, el año pasado lo obtuvo. Sabe que en gran parte lo logró porque se trasladó a vivir a la ciudad. Si no, hubiesen seguido en ese estado de precariedad. Con los papeles flojos y los pactos tramposos. Antes de que ella interviniera, durante años, muchos, la mayoría, toda su familia sobrevivió trocando la carne y la lana de las ovejas, que antes de la llegada de JJ eran un número ínfimo, por bolsas de harina y azúcar que cierto tipo de comerciante canjea en campos de este mismo perfil para ir acumulando así una producción que después, para su exclusivo provecho, vende a las grandes empresas procesadoras de lana. 

Román, el tío, la interrumpe para contar cómo es que su madre armaba unos candiles con grasa de chivo para tejer de noche. Alguien trae unos telares coloridos en señal de muestra. Me extraña y me alegra que semejante belleza haya quedado a salvo de las transacciones tramposas. La conversación fluye, mis máximas inamovibles se relajan. Por un momento hasta me olvido de que vine a ver unos perros que me interesaron porque, con su accionar, desarman el match de las ovejas versus los pumas. Alguien habla de estos últimos, de los pumas. Han llegado a matar quince ovejas en una noche, dice. A veces lo hacen para alimentarse, otras para cumplir con una función didáctica: las madres puma sacan a los cachorros, que por lo general son varios, cinco o seis, a entrenarse en la caza futura, y así es que matan cantidad de animales y siguen de largo. Román sale a cazarlos, a veces en su caballo, otras a pie. Pero cada vez menos, en el invierno cumplirá 80. Y además, ahora, están los perros. Un gaucho que acaba de acovacharse por acá después de cansarse de perder trabajos por otras zonas de la meseta cuenta una batida cuerpo a cuerpo con un puma pesado. No dice grande, dice pesado. 

MSC/SB

Al quimilero, el más grande de las tres especies de pecaríes que viven en la región del Gran Chaco Sudamericano, se lo dio por extinto durante varias décadas del siglo XX. Recién en los años 70 el zoólogo estadounidense Ralph Wetze volvió a encontrarlo en los montes del sudoeste paraguayo. 

El pecarí quimilero tiene una longitud de un metro, pelo de cerdas de color marrón o gris y una gran capacidad de tolerar la falta de agua durante largos períodos. Se lo llama así porque se alimenta del quimil, un cactus típico de la zona. Ante el riesgo latente de extinción, la Cámara de Diputados chaqueña sancionó en 1996 la ley 4306 que, con el objetivo de brindarle protección, lo declaró “Monumento Natural Provincial” junto a otras especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tatú carreta, el ciervo de los pantanos y el aguará guazú. 

El quimilero sólo habita en el Gran Chaco Sudamericano, la ecorregión más grande del continente después de Amazonia: tiene una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados, comprende áreas del noroeste de Argentina (62% del total), oeste de Paraguay (22%) y sudeste de Bolivia, y se divide en las subregiones del Chaco Húmedo y el Chaco Seco. En las áreas boscosas de esta última se localiza el pecarí y hasta allí llegó, en 2010, Micaela Camino, investigadora del Conicet, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Biología de la Conservación. 

“Empecé trabajando en la región del Chaco Seco argentino hace más de diez años. Junto a las comunidades locales llevamos a cabo, entre 2011 y 2017, un monitoreo participativo de fauna silvestre. Así pudimos ver qué especies estaban presentes en el territorio y cuáles eran importantes para las poblaciones. Entre los resultados que obtuvimos, encontramos que allí estaba el pecarí quimilero, un chancho grande que solo habita en esta parte del mundo”, contó Camino a elDiarioAR.

Acaso como le ocurrió a Ralph Wetze en la década del 70, Camino llegó a la zona con la información de que esta especie de pecarí estaba extinta fuera de las áreas protegidas de Chaco. Sin embargo, comprobó que el quimilero está en riesgo de desaparición por el avance del desmonte para la producción industrial de soja, sorgo y pasturas para el ganado. “Esta es una especie que necesita los bosques para sobrevivir y reproducirse. Entonces, decidimos poner más atención a lo que le estaba pasando”. Así nació “Proyecto Quimilero”, que procura la conservación a largo plazo de la biodiversidad chaqueña pero enfocándose en este mamífero y sus hábitats mediante trabajos de investigación, monitoreos de fauna y el intercambio de conocimientos entre el saber científico y las poblaciones locales: comunidades indígenas y familias criollas campesinas.

Por este trabajo Camino fue distinguida en Londres con el premio Premio Whitley, el llamado “Oscar verde”, que cada año reconoce la tarea de conservacionistas de la vida silvestre que se desempeñan en países ricos en biodiversidad. El Whitley incluye la entrega de fondos financieros para ejecutar proyectos científicos que trabajan en conjunto con las comunidades locales en busca de beneficios duraderos.

-¿Qué significa para su carrera científica haber recibido el Premio Whitley y cómo puede marcar su trayectoria profesional a futuro?

-Es un reconocimiento hermoso, pero lo más importante es que nos permite seguir adelante y utilizarlo como una herramienta para visibilizar las maravillas y los problemas que tiene el Chaco. A partir del Whitley, podemos desarrollar investigaciones sobre la conservación del quimilero frente al avance de la deforestación que, a la velocidad que se lleva a cabo, en menos de 30 años causará su extinción como especie.

Pero el avance de las topadoras, dijo la bióloga, no sólo expulsa a este pecarí de su hábitat: otras especies silvestres y a las propias comunidades rurales son desplazadas de sus hogares por empresas y grupos privados que arrasan el bosque para sembrar, especialmente, soja y otros cultivos. 

Según Greenpeace, el avance del desmonte en la región del Gran Chaco provocó la pérdida de más de 14 millones de hectáreas en casi cuatro décadas. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015, lapso en el que se deforestaron 7,6 millones de hectáreas, unas 300.000 al año.

Esta situación continúa dándose, inclusive, pese a la vigencia de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la Ley de Bosques, aprobada en 2007 por el Congreso pero reglamentada en 2009. La norma establece que las provincias deben realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos por medio de un proceso participativo, que categorice los usos posibles para las tierras boscosas desde la conservación hasta la posibilidad de adecuarlas para el desarrollo agrícola.

Junto al desalojo de las comunidades originarias en los territorios y la pérdida de biodiversidad, los desmontes provocan la disminución de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques, entre ellos la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la fijación de gases de efecto invernadero. Al respecto, los sectores de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, junto a otros usos del suelo, representan el 39% de las emisiones de estos gases 

En noviembre pasado el gobierno argentino firmó un compromiso global para frenar y revertir la deforestación para 2030. Más de 100 países, que representan el 85% de los bosques del planeta, acordaron hacerlo con motivo de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolló en Glasgow, Escocia. En ese ámbito el país anunció la decisión de aumentar 27,7% los compromisos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y de alcanzar la neutralidad de carbono a 2050. 

Al abrir el período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa, el 1 de marzo último, el presidente, Alberto Fernández, anunció, entre otras medidas de corte ambiental, el envío de un proyecto de modificación de la Ley de Bosques Nativos y la decisión de avanzar en un Plan Nacional de Forestación para la plantación y el cuidado de 100 millones de árboles nuevos hasta fin de 2023. “Los eventos climáticos que estamos atravesando y sus catastróficas consecuencias a nivel humano, natural y productivo, muestran la necesidad de asumir compromisos en materia ambiental”, reconoció Fernández. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había advertido que la Argentina causaba el 4,3% de la deforestación global y que la principal fuente de emisiones de carbono se encontraba en el norte del país. En la misma línea, un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacó que el 87% de los desmontes llevados a cabo entre 1998 y 2018 se localizó en la región chaqueña, allí donde trabajan Micaela Camino y sus colegas.

“Abordar este tipo de problemáticas es complicado porque muchas veces la gente no sabe las leyes ni qué pueden hacer o no en los bosques. Buscamos, entonces, compartir la información y escuchar lo que tienen para decir. Así, construimos redes entre los habitantes del monte y personas de otros ámbitos, ya sean científicos, políticos, ONGs y activistas, para que puedan visibilizar sus problemas, contactar a otros actores cuando surge un conflicto o visibilizar sus saberes, que son muchísimos y venimos discriminando desde hace siglos”, detalló Camino.

La investigadora resaltó que son muchos los científicos que consideran que “para salir de la crisis climática y ambiental en la que se encuentra el mundo se necesitan abordar las soluciones desde lo local” para luego llevarlas a una escala más global. 

“A partir del Proyecto Quimilero, dialogamos con las comunidades que están sufriendo muchísimo por los desmontes. Se están destruyendo territorios que muchas veces tienen usos medicinales, se utilizan para la producción agrícola y ganadera. Es muy doloroso. Quienes viven en las ciudades -comparó Camino- pueden imaginarse que salen a la calle y hay una topadora destruyendo la farmacia, el supermercado, el cementerio, la iglesia...”.

La científica advirtió que la pérdida de los ecosistemas naturales por los desmontes se da a una velocidad “muy acelerada”, afectando a especies silvestres y ocasionando la degradación y desertificación del suelo. “Las napas subterráneas de agua quedan más cerca de la superficie y tienen más posibilidades de salinizarse. El Gran Chaco Sudamericano es una región que tiene muchísima diversidad y especies endémicas que, como el quimilero, sólo existen allí. Perder esta ecorregión -aseguró Camino- es una amenaza muy grande para nosotros, que estamos más cerca, y para la humanidad”.

GT

El abogado ambientalista Fabian Maggi denunció en las últimas horas el desmonte ilegal de bosque nativo en la zona de islas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, “para generar infraestructura inmobiliaria y turística”.

“El desmonte es masivo y a mucha velocidad. Mientras hablamos, cinco máquinas están acabando con lo que queda del bosque nativo local”, resaltó el abogado.

“Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla”, enfatizó.

Se trata de la zona ubicada en el kilómetro 350 del Río Paraná, conocida como la Isla Ballestero, sobre el lecho de la laguna El Saco.

El lugar está catalogado como bosque nativo, tiene el reconocimiento por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) e integra el catastro de la Ley 14.888 de Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires.

“Presentamos una denuncia penal ante el Ministerio Publico Fiscal por el delito de Daño agravado, por tratarse de bienes de uso público”, detalló Maggi.

“La denuncia va dirigida contra los funcionarios del municipio de San Nicolás responsables de Obras Públicas por el incumplimiento de deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”, señaló.

“También estamos acusando a los empresarios que ejecutan las obras, contratados por el Municipio”, destacó.

En ese sentido, explicó que “la tala es ilegal en la zona, para realizarlo las leyes exigen que previo a la utilización de los bosques nativos tiene que existir una aprobación provincial a través del Ministerio de Medio Ambiente”.

“Tenemos constancia de que no se elevó el pedido a la provincia, por lo tanto están realizando una acción de desmonte ilegal, no pueden realizar ninguna modificación sobre esa zona”, afirmó.

Sin embargo, el especialista contó que se han afectado cuerpos de agua y humedales porque han construido más de 6 kilómetros de terraplenes para elevar la cota del suelo para que no lo afecten las inundaciones y poder urbanizar los humedales.

“En un escenario de incendios devastadores, donde hemos perdido la vegetación y las especies animales autóctonas, y el río sufre una bajante extraordinaria, las autoridades municipales vienen con esta agresión ambiental inexplicable”, se lamentó Maggi.

Organizaciones ambientalistas locales destacaron que la provincia de Buenos Aires conserva solamente el 2 por ciento de su bosque nativo originario y parte de ese porcentaje estaba en el partido de San Nicolás y Ramallo, y las obras que hoy se están ejecutando en la zona de islas lo están destruyendo.

Con información de agencias.

IG

El sol cae implacable durante la siesta santiagueña. Quebrachos colorados, quebrachos blancos, mistoles, itines, cardones, arbustos y otras especies del monte suministran una sombra a medias. La arena y el salitre de los suelos se extienden por todos lados. Lagartijas de distintos colores, sierras morenas, tordos, catas, loros, calas y gorriones miran desde sus rincones, se asoman, se dejan ver, permiten que su belleza natural sea admirada. Huellas de tortugas y conejos indican que andan por ahí. Las madrigueras de las vizcachas se esconden en la profundidad del monte. Los “leones” locales -que no son los melenudos africanos, sino un tipo de puma- no se dejan ver, pero los restos de animales muertos y huellas compatibles con sus ataques indican que están al acecho de nuevas presas.

A medida que pasan las horas el paisaje, que se dibuja en el tono de los grises y marrones, se torna de un verde profundo porque los rayos del sol ya no caen sobre ellos. Mientras el día se apaga, en el horizonte comienza a mostrarse una luna llena inmensa que se convierte en un farol gigante que alumbra el monte. La noche estrellada se vuelve sinónimo de paz. 

Sin embargo, no todas las noches ni los días son así. Hubo meses enteros donde los animales morían de sed, donde los cardones se achicharraban ante la falta de agua, donde la sequía hizo estragos en el monte. Sequías más frecuentes y prolongadas, una de las caras de la crisis climática global, así se sienten en el monte santiagueño, ya que Santiago del Estero es una de las provincias argentinas más afectadas, en las últimas décadas, por la deforestación y el corrimiento de la frontera agropecuaria. Esto significa mayor vulnerabilidad para las comunidades rurales y de pueblos originarios.

“Nos estamos jugando la persistencia de la humanidad y no es menor el impacto que tiene la deforestación sobre la casa común. A ese impacto ya lo padecen las comunidades que viven en esos bosques”, dice María Magdalena Abt Giubergia, doctora en Ciencias Forestales y docente de la primera facultad de Ciencias Forestales del país en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Nos estamos jugando la persistencia de la humanidad y no es menor el impacto que tiene la deforestación sobre la casa común. A ese impacto ya lo padecen las comunidades que viven en esos bosques

María Magdalena Abt Giubergia — Doctora en Ciencias Forestales

La falta de agua la llevan en el nombre

Yaku Muchuna significa en quichua “agua escasa”. Es el nombre que recibe esta comunidad, ubicada en el paraje de San Felipe del departamento de Figueroa, donde está uno de los últimos bosques nativos de la provincia. No es fácil llegar hasta allí. Desde la capital provincial, hay que transitar más de 100 kilómetros de pavimento por la ruta 5, luego otros 20 más de ripio por la ruta 2 y los últimos 6 -de tierra- por la ruta 100. Son caminos intrincados, arenosos, que se bifurcan como laberintos en el monte. 

Aunque es una comunidad antiquísima, cuenta con luz eléctrica desde 2018. Es una de las 27 comunidades del pueblo tonokoté reconocidas en Santiago del Estero por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero el proceso de autopercibimiento como integrantes de una comunidad originaria no fue fácil. Hubo que comprobar el carácter ancestral de la ocupación del territorio y eso requirió de varias investigaciones por parte del estado provincial y del INAI que derivaron en el autoreconocimiento de las primeras 14 familias de la comunidad. Luego se sumaron otras 10. 

En Yaku Muchuna tienen una escuela primaria, con personal único, y una pequeña capilla. La conexión a internet se da sólo por zonas y en determinados momentos del día. Es difícil comunicarse. Bicicletas y motos son el medio de movilidad habitual.

La comunidad está compuesta por 24 familias, que se dedican principalmente a la cría de animales para uso doméstico, en un territorio de 8.431 hectáreas relevadas por el INAI, aunque se espera que el próximo relevamiento incluya más de 5.000 hectáreas que están en disputa. 

La referente principal de la comunidad, la kamachej, es una mujer de 43 años. Es la jefa guía del pueblo Yaku Muchuna, perteneciente al Consejo Llajtaymanta del Pueblo Tonokoté que nuclea a las comunidades indígenas de los departamentos San Martín, Avellaneda, Figueroa, Capital y Banda. Su nombre es Angélica Serrano.

Sueños truncos

Desde su lugar, sentada bajo el techo de su hogar, una vivienda social que recibió de las autoridades del gobierno provincial en 2018, Angélica va desgranando su historia, que se entrelaza con la historia de su tierra, de su comunidad, aquella que tiene como protagonista a un pueblo originario olvidado e invisibilizado. Su voz no se detiene. Tiene mucho para contar. 

Angélica creció en este bosque al que en Santiago del Estero llaman monte. Su abuelo era un hachero, su abuela se dedicó de lleno a su rancho, a sus hijos, a sus nietos, a la cría de animales y a hacer todo lo necesario para sobrevivir en ese territorio que, décadas atrás, era demasiado hostil. 

Ninguno sabía leer ni escribir. Por eso, a pesar de sus carencias y sus limitaciones, se esforzó y llegó a convertirse en la abanderada de su escuela. Soñaba con “ser alguien”. Pero esos sueños se truncaron cuando estaba a punto de terminar la primaria.

Tenía 13 años cuando una tía regresó de Buenos Aires y le dijo que una familia la necesitaba allí como niñera de sus hijos. De un día para el otro, sin poder decir nada, se fue de su tierra con la promesa de enviar dinero a sus abuelos. Era el “destino” que tenían marcado casi todas las jóvenes campesinas allí y tenía que cumplir con ese mandato.

Angélica recuerda que enfermó, pues además de ser niñera tuvo que ocuparse de todos los quehaceres de una enorme casa. Era una presión excesiva para una niña sola en la inmensa y desconocida Buenos Aires.

Así regresó a San Felipe tres años después. Aunque intentó terminar la primaria, tuvo que emigrar de nuevo porque llegó una carta de la misma tía diciendo que le había encontrado un nuevo trabajo como niñera, esta vez, en el conurbano bonaerense.

Lucha por la tierra

Volvió dos años después, en 1996, pero ya era muy grande para volver a estudiar. Tenía 18 años. Esta vez, su regreso fue definitivo. Encontró su lugar en la iglesia católica y comenzó a participar de todas las actividades que proponía la Diócesis de Añatuya. Se convirtió en catequista de un grupo joven parroquial llamado “Infancia Misionera”, animadora y hasta rezadora. 

En el camino conoció el amor y formó su familia con Héctor Eduardo Mansilla, con quien tuvo a sus tres hijos: Gabriel, Lucía y Rocío.

Cuando el sacerdote italiano Sergio Marinelli llevó la iniciativa de una radio parroquial, la primera antena se colocó en su viejo rancho. Ella entonces se capacitó en el área de comunicación a través de cursos de la misma iglesia y talleres comunitarios, donde comprendió que podía transformar su voz en una herramienta que le serviría a su pueblo. Hoy, su hija Lucía, ya recibida de profesora de Psicología, sigue sus pasos en una radio de la localidad de Bandera Bajada.

Así, aprendió a no bajar los brazos y, sin darse cuenta, un día se descubrió liderando su comunidad contra quienes pretendían desmontar su tierra: empresarios que buscan apoderarse de las propiedades y que ignoran los derechos posesorios de las comunidades, mediante escrituras apócrifas o títulos de propiedad adulterados. 

También tuvo que aprender a pelear por sus derechos, a entender que la posesión ancestral de sus territorios no podía ser avasallada por los terratenientes que aparecían con sus topadoras a destruir el monte. Generalmente, la intención de estos empresarios es adquirir grandes latifundios, desmontarlos y luego convertirlos en plantaciones de soja. Ejemplos de ello están plasmados en decenas de denuncias en los tribunales santiagueños.

 La sequía 

Angélica cuenta que en la comunidad están acostumbrados a vivir tres meses de sequía por año, pero que en 2021 fueron más de seis. “Las represas que nos abastecían, se secaron”, dice. 

“Solo una tenía algo de agua en el medio, que era más bien barro. Los animales buscaban para tomar y se empantanaban. Había que sacarlos de ahí y después sacrificarlos, porque no se podían recuperar. Han muerto vacas, cabritos, chanchos, hasta gallinas, porque no había agua”, continúa su relato mientras sus profundos ojos verdes parecen hundirse en los recuerdos. 

Sus manos se posan en sus larguísimos cabellos, de un gastado tono cobrizo. Mira de frente y escudriña en silencio. Las palabras surgen a borbotones de sus labios y, simplemente, habla, relata, detalla las penurias que debieron soportar durante los más de 200 días en los que el cielo se negó a regar los campos. “Casi todos los pozos de agua se secaron y nadie quiso abrirlos, porque tienen agua salada. Ni los pajaritos quieren tomar el agua que sale”, afirma. 

De acuerdo con el documento “Deforestación de los bosques nativos en Argentina: causas, impactos y alternativas”, del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la deforestación disminuye la capacidad productiva de los suelos por salinización en zonas áridas. Así lo confirma Abt Giubergia, quien añade que “la sal tiende a ascender cuando hay fenómenos de mucho calor”. 

La última gran sequía comenzó en abril de 2021 y terminó a fines de octubre de ese año, cuando la tierra recibió el regalo de lluvias abundantes, que se multiplicaron a la largo del mes siguiente y tornaron los caminos intransitables. En Santiago, como en otras regiones argentinas, la crisis climática se expresa a través de una mayor recurrencia de eventos extremos.

Shalaca 

“Yo vivo aquí de toda una vida. He nacido aquí. Me he criado aquí. Soy hija de los abuelos porque ellos me han criado”, cuenta Angélica. Con ellos siempre habló en quichua, su lengua originaria, aunque -para evitar burlas- el “papi” le pidió que no la usara en el pueblo. “Te van a decir ‘shalaca’”, asegura que le decía, y se queda pensando en el significado de esa palabra.

Desde el Alero Quichua Santiagueño, programa radial con más de 50 años que nació para rescatar, conservar y difundir la lengua nativa que aún se habla en 14 departamentos de la provincia, traen la explicación. En el habla popular del santiagueño no informado sobre la lengua quichua, la palabra shalaco define al quichuista en general y, peor aún, a quien habla un castellano errado. 

“Alguna gente dice shalaco, en un tono despectivo. El desconocimiento y la imitación a quienes ignoran, llevan a caer en esos errores. Lo correcto es que la palabra quichua ‘shalacu’ designa al nacido en la zona del río Salado”, señala el investigador Cristian Ramón Verduc en ese programa radial.

A pesar de los calificativos despectivos que sufría como quichua-parlante, Angélica siempre se sintió orgullosa de hablar su lengua ancestral y esta fue parte fundamental en su autoreconocimiento. “Yo siempre sentía que esto de saber hablar la lengua era importante. Hay muchos que tenían vergüenza de hablar y eso me dolía, porque era la lengua de mis abuelos, y de la gente de antes”, afirma sin falso orgullo, convencida del valor de sus raíces. 

Un suspiro apenas detiene su voz, que se pierde en la ardiente siesta santiagueña. Sus manos se mueven en sincronía, como reafirmando cada palabra. Con ímpetu, como gritándole al mundo, exclama: “Nuestra sangre nos grita que estamos aquí y estamos vivos”.

Bosque nativo 

La comunidad Yaku Muchun, con Angélica a la cabeza, no baja los brazos y lucha por resguardar su territorio como uno de los últimos bosques nativos de la provincia. Según la Ley Nacional 26.331, se entiende como bosque nativo a todos los ecosistemas forestales naturales, en distinto estado de desarrollo, que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros y una ocupación continua mayor a 0,5 hectáreas, incluyendo palmares.

Argentina cuenta con 536.545 kilómetros cuadrados de bosques nativos, el 19,2% de su superficie. Santiago del Estero, con 7.108.203 hectáreas, es una de las provincias con mayor superficie de bosque nativo, junto a Salta, Chaco y Formosa, con las que conforma el Parque Chaqueño, según los datos del Ministerio de Ambiente de Nación.

Los bosques nativos son fundamentales para la regulación hídrica, la formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la provisión de alimentos, agua, fuentes de energía, materiales de construcción o medicinas, la preservación y la defensa de la identidad cultural, puntualiza ese documento. 

Los bosques nativos son fundamentales para la regulación hídrica, la formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la provisión de alimentos, agua, fuentes de energía

Deforestación 

Argentina está entre los diez países del mundo con mayor pérdida neta de bosques en las tres últimas décadas. Sólo entre 1998 y 2018 se perdieron alrededor de 6,5 millones de hectáreas (65 mil kilómetros cuadrados), el equivalente en superficie a tres veces la provincia de Tucumán. El 43 % de ese total (2,8 millones de hectáreas) se desmontaron a partir de 2008, ya con la Ley de Bosques en vigencia, según el informe “Causas e impactos de la deforestación” de Ambiente de Nación. 

La pérdida de bosque nativo entre 2007/2018 se localizó sobre todo en la región del Parque Chaqueño (87%), más que nada en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). En el contexto de Sudamérica, la expansión de la frontera agropecuaria en la región la convierte en el segundo foco de deforestación después del Amazonas.

De acuerdo con el monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza de forma anual Greenpeace, las imágenes satelitales revelaron que durante 2020, a pesar de las restricciones por la pandemia de covid-19, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas (327 km2), casi una vez y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Sólo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, en la provincia se deforestaron 9.126 hectáreas.

Impacto 

La deforestación es una causa importante de contaminación atmosférica y contribuye al calentamiento global. Tiene, además, un fuerte impacto sobre las poblaciones más vulnerables. “En la historia que tenemos como provincia, con conflictos por la tenencia de la tierra, ha coexistido esta cuestión de que los títulos los tienen los privados, pero la posesión de la tierra la tienen las comunidades”, dice Abt Giubergia. “Esta debilidad hace que haya éxodo de población, conflictos por la tierra, pérdida de arraigo y comunidades que ya no pueden subsistir más porque quedan restringidas y se tienen que ir”.

“En algunas zonas, el uso de agroquímicos puede impactar sobre las poblaciones y sobre la calidad del agua. La población que más padece la consecuencia es la más humilde, la más vulnerable, que está muy relacionada con el bosque”, precisa la investigadora. El paquete tecnológico asociado a la agroindustria argentina es muy químico dependiente, con gran demanda de productos como pesticidas e insecticidas que generan un impacto en la salud socioambiental de los territorios.

De acuerdo con Greenpeace, las emisiones por deforestación en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, durante 2020, fueron de 20.922.835,07 Tn CO2 equivalente, un valor que es comparable a la emisión producida por más de 4 millones de vehículos en circulación durante un año.

De acuerdo con Greenpeace, las emisiones por deforestación en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, durante 2020, fueron de 20.922.835,07 Tn CO2 equivalente a la emisión producida por más de 4 millones de vehículos en circulación durante un año.

Abt Giubercia recuerda las palabras de Néstor Ledesma, uno de los fundadores de la carrera de Ingeniería Forestal en Santiago del Estero, quien decía que el bosque impedía que Santiago del Estero se convirtiera en desierto. “Si uno ve la posición que ocupamos en el planeta, a la misma latitud de nosotros se encuentran los grandes desiertos del mundo. Pero en lugar de tener desiertos, la naturaleza aquí ha generado un bosque que se adapta a este clima semiárido que tenemos”, confirma.

Tierras marginales 

La expansión de la frontera agrícola desde la región pampeana hacia el parque chaqueño, un proceso que se aceleró a fines del siglo XX, permitió que el mercado inmobiliario saliera en busca de tierras con bosques, que luego eran desmontados y vendidos a precios mayores. Tal es así que el valor de la tierra desmontada triplica al de la tierra con bosque.

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, en Santiago del Estero, una hectárea ocupada por bosque puede costar 800 dólares, mientras que su precio sin bosque alcanza 3.200 dólares. Gran parte de esas tierras, que antes eran consideradas marginales, se encuentran bajo tenencia precaria (un préstamo que puede terminar en cualquier momento), ya sea bajo posesión veinteañal por parte de comunidades campesinas o por ser parte de territorios indígenas. 

La resistencia 

Angélica y la comunidad Yaku Muchuna saben que tienen que proteger su bosque nativo. Y lo hacen con uñas y dientes. Ya en 2013 resistieron el avance de una empresa que, con topadoras, intentaba desmontar el campo de donde las familias sacaban lo esencial para vivir. Fue así como, recuerda, “entre todos, acordamos que era necesario resistir a cualquier precio ese atropello y defender lo propio”. 

También debieron soportar contradenuncias de empresarios que los acusaban de hacer desmanes en el marco de la resistencia, por lo que quedaron procesados judicialmente 21 pobladores, entre ellos, una menor de doce años y un joven con retraso madurativo.

En este escenario, el pueblo tonokoté de Yaku Muchuna aprendió a resistir y a pelear por sus derechos. Angélica se convirtió en la cara visible de esa lucha. Asegura que, a pesar de sus carencias, es feliz, porque la tierra le da todo lo que necesita para vivir.

“Sabemos que gracias a ese espacio de tierra que tenemos podemos desenvolvernos, criar animales, sembrar y hacer nuestra forma de vida normal. Sin tierra no somos nada. Hoy, se van notando muchos cambios porque la tierra, poco a poco, nos pide a gritos auxilio”, asegura.

Y con fuerza, afirma: “Queremos tener un lugar en esta sociedad y que se nos tome en cuenta. Que sepan que existimos, que tenemos una cultura y derechos también. Que no tenemos que andar con plumas o con las vestimentas que nuestros antepasados solían usar para ser identificados. Somos los indios de hoy. Somos aborígenes de hoy”.

Angélica soñaba con “ser alguien”. Aún no toma conciencia de que se convirtió en una verdadera gigante que lucha por los derechos históricos de su pueblo.

Esta historia forma parte de “Territorios y Resistencias” la investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina, que fue realizada entre octubre y diciembre del año 2021, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, por un equipo de más de 35 mujeres y personas LGBTTQI+ de todo el país de forma colaborativa. 

PP

Con menos del 3% del bosque nativo en pie y con la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria y urbanística avalada por el Estado provincial, Córdoba se asemeja a una esponja seca atravesada por altas temperaturas. A este panorama se le agrega otro problema crucial: la falta de agua corriente en ciudades del Valle de Punilla, donde vecinas y vecinos de Cosquín, San Roque, Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago, Parque Siquiman, Valle Hermoso y otros pueblos serranos, vienen denunciando los recurrentes cortes en el servicio de agua.

“Las asambleas de Punilla, venimos alertando desde el 2016, sobre las consecuencias de los desmontes ilegales impunes para ampliar la frontera ganadera, urbanizaciones sin planificación, falta de ordenamiento territorial y los catastróficos incendios de 2020, además de las alarmas globales de la crisis climática, que provocarían la disminución de cuencas. Denunciamos, además, que la autovía que los municipios auspiciaron con la firma del cambio de uso de suelo, atraviesa reservas hídricas: de la cuenca del río Yuspe, del arroyo en La Aguadita, del Suncho Huayco y del río Grande de Punilla entre otros, que no sólo son fuentes de agua del Valle, sino proveedores de la ciudad de Córdoba, y demostramos cómo el proyecto de autovía los dañaría de manera irreversible, igual que al lago San Roque, que terminaría bloqueado por los terraplenes del nuevo puente propuesto por este proyecto”, señala un comunicado de los colectivos ambientalistas del Valle de Punilla.

La foto en Punilla se repite en Sierras Chicas, un conjunto de pueblos y ciudades del Gran Córdoba, donde la rotura de un caño del acueducto que va desde la localidad de La Calera dejó a la zona sin agua durante varios días la semana pasada.

Esta semana se supo también que el balneario Las Siete Cascadas de La Falda se quedó sin dos motores que bombean agua para que las cascadas funcionen. Más allá de que los turistas se quedaron sin este atractivo, sucede algo más grave: por la constante sequía, las cascadas que en la década del ’80 antes se alimentaban naturalmente del dique La Falda, desde 2013 comenzaron a alimentarse a través de cuatro bombas que llevaban el agua artificialmente.

Temperaturas altas

El pronóstico de la base en el aeropuerto Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional para esta semana desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de enero marca temperaturas históricas: el lunes la mínima fue de 22°C y la máxima de 39°C; el martes la mínima fue 24°C y la máxima llegó a 40°C; hoy miércoles las mínimas y máximas oscilarán entre 25°C y 41°C; el jueves serán de 25°C y la máxima de 42°C; para llegar al viernes 14 con un pico de 26°C de mínima y una máxima de 44°C; una diferencia en un solo día de 18°C.

Esas temperaturas hacen que la vida en esta provincia mediterránea se asemeje al infierno. Imagine esa misma vida sin agua: “Yo tengo agua, estoy en una zona donde afortunadamente llega el agua. Pero Cosquín y las otras localidades no tienen agua desde octubre del año pasado, cuando no se habían llenado piletas, ni habían llegado los turistas, ni se estaba discutiendo la tarifaria ni el presupuesto; tres excusas que ponen desde la Municipalidad en vez de solucionar un problema estructural de todos los años. En 2020, los cortes comenzaron en agosto. Y esos miles de vecinos que no tienen agua disponen de un montón de estrategias para sobrevivir en medio de estas altas temperaturas, por ejemplo entre varios compran un camión cisterna una vez a la semana, que sale $ 7.000 y no sabemos de dónde trae el agua; otra gente carga bidones en el río y los reparte entre familiares y amigos, hacen pooles de bidones para abastecerse colectivamente. Muchos se bañan en casas de gente amiga, o no se bañan. Teníamos un proyecto interesante de huertas, las plantas se secan, las huertas se secan, entonces intentamos darle agua a las gallinas para que no se mueran las gallinas. El desastre ambiental es terrible, como venimos denunciando, no es sequía, es desmonte; no es sequía, son incendios de bosque nativo; en definitiva, no es sequía, es saqueo”, afirmó Adriana Arriaga, bióloga, ex docente universitaria y referente de la Asamblea Ambiental Cosquín. 

No culpes a la lluvia

Frente a los masivos reclamos en Cosquín y todas las localidades y pueblos de la zona, la semana pasada los intendentes agrupados en la Comunidad Regional Punilla firmaron un comunicado donde señalan que “la problemática de falta de provisión de agua corriente que se registra en las distintas localidades del Valle, no es un problema particular de una localidad, sino en una problemática que afecta a todo el Valle y que encuentra su origen  en el bajo nivel de precipitaciones que se dieron en la época de lluvias del 2021 y lo que va de 2022, lo que conlleva a un bajo caudal de agua disponible en el Valle de Punilla. A ello se le debe sumar el mayor consumo que implica el advenimiento de la temporada estival con el llenado de piletas, ocupación plazas hoteleras y complejos cabañas; etc. En definitiva todo lo que redunda en mayor consumo y menos recursos hídricos”. Entre los intendentes y jefes comunales que firmaron el documento desligándose de la responsabilidad de la crisis hídrica figuran el socialista schiarettista Gabriel Musso (Cosquín); el schiarettista Daniel de Lorenzi (San Esteban); los radicales Javier Dieminger (La Falda) y Adolfo Parizzia (Estancia Vieja); los albertistas Jorge Caserio (Valle Hermoso) y Marcelo Oliva (Bialet Massé).

Desde la Asamblea Ambiental de Cosquín acusaron a través de un comunicado que “en esta zona del Valle de Punilla los intendentes y jefes comunales que hoy manifiestan que no tenemos agua por problemas de sequía, fueron los responsables de firmar la autorización de uso de suelo para construir una autovía”. 

La bióloga Arriaga agregó que “los gobernantes, ya sea de nuestros municipios, como de la Provincia y de la Nación no se hacen cargo. Tenemos un crecimiento urbanístico desorganizado, sin proyección. En octubre cuando nos empezamos a quedar sin agua en Cosquín elevamos una nota, que recién respondieron en diciembre. No se hacen cargo del desmonte, no se hacen cargo de que ahora no tenemos más esa enorme masa boscosa protectora que fue víctima de la tala y los incendios en el siglo 20, pero principalmente en el siglo 21. A eso debemos agregar que los acuíferos subterráneos que nacen en la precordillera están contaminados por las mineras”.

En el centro de la provincia, los principales proveedores de agua son los lagos San Roque en Punilla -abastece a la Capital y Gran Córdoba- y Los Molinos entre los valles de Paravachasca y Calamuchita, que abastece a los pueblos y localidades de la zona, pero también a la Capital. Ambos lagos tienen altos niveles de contaminación y son monitoreados permanentemente.

La semana pasada, Gerónimo Vargas, un vecino de Cosquín denunció penalmente al intendente Gabriel Musso y al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Pinto por los cortes de agua: “Hace 17 días que no tengo agua, debo hacer mis necesidades en el patio, no puedo bañarme; no pude asistir a las fiestas de Navidad ni de Año Nuevo, porque no pude bañarme. Estamos en pandemia y el intendente Musso no nos brinda un servicio esencial e irremplazable como el agua; y encima el Concejo Deliberante aprueba una suba de los impuestos del 50%”, le dijo ayer Vargas a elDiarioAR.

El denunciante advirtió que “la ciudad está sin agua en un 90% de los barrios, no quiero imaginar qué va a pasar cuando se llene de turistas por el Festival”. Entre el 22 y el 30 de enero próximos se realizará una nueva edición del Festival Nacional de Folclore en la plaza Próspero Molina de Cosquín y la ciudad se llenará de gente que además de disfrutar del espectáculo que se brinda desde el escenario Atahualpa Yupanqui; se montan decenas de peñas, convirtiendo a Cosquín en el centro folclórico más importante del Cono Sur.

Desde hace más de una década, todos los años, los ambientalistas de la zona realizan la Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida y este año se realizará hacia los días finales del Festival de Folclore de Cosquín: “Este año tenemos que estar más unidos que nunca para hacer visible la importancia de cuidar la Pachamama, nuestro territorio, frente al avance del extractivismo propuesto por el Estado como solución a la crisis del país. Por eso, convocamos a los/las trabajadores/as de la salud y educación (principalmente); a todas las organizaciones sociales, ambientales, feministas, sindicatos, brigadas, comunidades originarias, artistas, etc a unirse a la organización de la caminata histórica más concurrida del interior del país, para que incluya todas las voces y convoque todos los sectores afectados por esta política ecocida”, señala un documento de los colectivos ambientalistas del Valle de Punilla.

¿Sequía estructural o estacional?

Alejandro Eguiguren es uno de los cordobeses que más conoce sobre agua: durante dos décadas estuvo al frente de “la Coopi”, como se conoce en Córdoba a la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada que durante 57 años prestó el servicio de agua en Villa Carlos Paz hasta mayo del año pasado. También, la Coopi prestó servicio a varias localidades, hasta que al igual que en Villa Carlos Paz, el servicio fue municipalizado.

“El problema de Cosquín y de Punilla no es estacional, es estructural. Nosotros en 2013 le propusimos al municipio un Plan Director de ordenamiento cronológico y cuantificación económica de acciones técnico-operativas y de obras de infraestructura necesarias para asegurar la sustentabilidad del servicio para los próximos 20 años”, detalló Eguiguren a elDiarioAR.

La falta de obras de infraestructura en las zonas de toma de agua en los ríos Yuspe y San Antonio y de planificación regional es otro de los factores que atenta contra el servicio: “No puede ser que cada municipio tenga un prestador distinto, con tarifas distintas, prestaciones distintas, infraestructura distinta. Hay una anarquía en el sistema que atenta contra cualquier buen uso del agua, un recurso finito. A eso hay que agregarle que las ciudades crecieron sin un proyecto urbanístico, sin un modelo de preservación del bosque nativo, que es nuestra esponja; alentando la especulación inmobiliaria y la frontera agroproductiva en detrimento del monte”, acusó Eguiguren.

En Estancia Vieja, una comuna cercana a Villa Carlos Paz tampoco hay agua: “Desde que se fue la Coopi y el servicio lo tomó la comuna de Estancia Vieja, el servicio es un desastre, la mayoría de los días no tengo agua. En estos momentos estamos evaluando comprar más tanques y una bomba, toda una inversión que tengo que hacer, porque ya es desesperante. Estuve una semana y media sin agua, después vino durante tres días y ahora se volvió a cortar de vuelta y hace cuatro días que no tengo agua. Así en mi situación estamos muchos vecinos de Estancia Vieja”, contó Sol Arellano, vecina de esta pequeña comuna.

Pablo Sigismondi es geógrafo y milita en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba): “No es crisis hídrica. Se llama crisis civilizatoria ecológica; donde se revientan los ecosistemas de Córdoba exigiendo que cumplan con las condiciones de vida de nuestros lugares originarios. A lo largo de las décadas hubo una destrucción de la biodiversidad, Córdoba tiene el 2% del bosque nativo originario; hace dos años teníamos el 3% y en dos años destruimos un tercio de ese bosque, ¡en dos años! En 2020 se quemaron 350 mil hectáreas y en 2021 otras 150 mil hectáreas más. Si no tenemos esa esponja natural que es el monte, el bosque nativo, que sirve para retener el agua de las lluvias; no le podemos exigir a la Pachamama, a la Madre Tierra que nos devuelva el agua que necesitamos. El agua es un recurso finito y la única forma que tenemos de obtenerla es a través de la esponja natural. Cuando esa esponja la exterminamos, no tenemos más agua”, advirtió.

Sigismondi agregó que “la ecuación es fácil: si tenemos precipitaciones de 700 milímetros anuales, y no hay más reservorio de agua porque el monte fue talado o incendiado y esa esponja natural no funciona; a eso le agregamos temperaturas más altas que hace 30 años, con más evaporación de agua; y el doble de habitantes que hace 30 años; no hay ecosistema que aguante. Claramente tenemos un déficit hídrico que se lo debemos al desmonte, a la predación inmobiliaria descontrolada con el aval de la Provincia y los municipios; a la sojización de nuestro bosque; todo un proceso que es una retroalimentación positiva, hacemos más rutas, hay más desarrollo urbanístico, viene a vivir más gente a lugares donde antes había monte virgen; para que esa gente llegue, necesitamos más rutas, como viene más gente, construimos más barrios cerrados y countries; y para que esa gente pueda llegar construimos una autovía y así, se retroalimenta la destrucción de nuestro ecosistema. Evidentemente, la ecuación ecológica no da, no sólo la hídrica. ¿Y de dónde sale toda esta destrucción, de un plato volador?, no. En las Sierras Chicas, acá en Villa Allende, a 18 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba tenemos la minera El Gran Ombú que atenta contra el ecosistema del lugar; en La Calera, también a 18 kilómetros del centro de Córdoba, se llenó de countries y barrios cerrados que se levantaron a costa de la naturaleza, forzamos a la Gaia, la Pachamama a que nos brinde el mismo confort que tendríamos en nuestro departamento de Santa Fe y Pueyrredón en CABA pero en plenas sierras de Córdoba ¿en qué cabeza cabe?; la costa del dique Los Molinos la tenemos privatizada para emprendimientos turísticos, evidentemente esto no es obra de extraterrestres y platos voladores, es obra de una política que se viene llevando adelante hace 22 años con este gobierno ecocida”. 

Marta Banegas Sarmiento, concejal de Juntos por el Cambio de Villa Allende, coincide con el geógrafo Sigismondi sobre la crisis ambiental en el Gran Córdoba: “El Area Metropolitana viene creciendo de una forma estrepitosa en los últimos 20 años. Por varios motivos se elige para vivir esta zona: en búsqueda de seguridad, de más verde, en busca de ciudad-pueblo. Esta migración de Córdoba Capital al departamento Colón se ha realizado sin una planificación por parte de la Provincia sobre el corredor de las Sierras Chicas. En 20 años se ha duplicado la población y sigue en crecimiento sin tener en cuenta toda la infraestructura necesaria de agua, cloacas, tendido eléctrico. Además, este crecimiento ha producido desmontes en varias zonas, sumado los incendios; actualmente en las Sierras Chicas vivimos un caos. El Gobierno provincial sabe bien cuáles son las obras necesarias y no las lleva adelante, va corriendo detrás de las urgencias: inundaciones, incendios, acueductos rotos. Prometieron muchas obras después de la tragedia del 15 de febrero de 2015 y todavía estamos esperando que se concreten. Pero el agua es fundamental, vivimos días de desesperación por la falta de agua, sobre todo con las altas temperaturas que estamos teniendo”.

De Kuwait a Córdoba

El 20 de diciembre del año pasado, el Gobierno de Córdoba informaba oficialmente que funcionarios de Kuwait y Santa Fe visitaron Córdoba para avanzar en el acueducto para traer a esta Capital agua desde el río Paraná: “El gobernador Juan Schiaretti, recibió a los representantes de la misión técnica del Fondo Kuwaití, junto a funcionarios de Santa Fe y Córdoba, con el objetivo de progresar en la financiación del acueducto interprovincial. El proyecto se realizará en dos etapas, la primera se extiende desde la nueva obra de toma sobre el río en Coronda (Santa Fe) hasta la ciudad de San Francisco (Córdoba), empalmándose en la red de acueductos existentes en la zona noreste de nuestra provincia, previendo en una futura segunda fase una extensión que permitirá llegar hasta la ciudad de Córdoba. Cabe destacar que la confirmación de un crédito del fondo soberano de Kuwait permitirá el inicio de la primera etapa, que tiene un presupuesto oficial de US$ 59.330.958,14 que será afrontado en conjunto por ambas provincias”.

La bióloga Adriana Arriaga criticó la propuesta de Schiaretti de traer agua del Paraná a Córdoba por considerar que “es una obra contranatura, es una obra carísima, hay lugares donde el Paraná está 100 metros debajo de Córdoba y otros lugares en los que está a un desnivel de 350 metros. Bombear esa agua contra la gravedad es carísimo, además, desde Coronda a Córdoba hay 360 kilómetros de distancia. Es una obra inviable por donde se la mire. Lo que tiene que hacer este Gobierno es cuidar el sistema hídrico de Córdoba, desalentar la inversión inmobiliaria descontrolada, el corrimiento de la frontera agropecuaria en detrimento del bosque nativo; y prohibir el cambio del uso del suelo en las zonas arrasadas por los incendios”.

Arriaga señaló que “pareciera que el gobernador no está enterado de la bajante del Paraná y que el caudal del río lo administran Brasil y Paraguay. Lo que es peor, el proyecto de Schiaretti cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández”.

El geógrafo Pablo Sigismondi coincidió con Arriaga: “La idea del gobernador Schiaretti de traer agua del río Paraná es otra obra faraónica como la Autovía de Punilla. Son más de 300 kilómetros de tendido, con la consecuente pérdida de agua en el trayecto; además, geográficamente por naturaleza los ríos y arroyos bajan, acá van a hacer un acueducto que suba una pendiente de 350 metros; a eso hay que agregarle que el Paraná está contaminado. Es una obra contranatura que viola las leyes de la gravedad y la naturaleza; además de demostrar la supina ignorancia de un gobernador que desconoce la mayor bajante del Paraná en 70 años”.

Sigismondi denunció, además, que “en el Valle de Traslasierras hay acueductos que van directamente a los sembradíos de alfalfa que limitan con La Rioja, mientras tenemos a media provincia sin agua, se deriva la poca agua a los sembradíos de alfalfa que se exportan a los países árabes. Acá lo que hay que cambiar es la matriz del sistema”.

GM