Con su proyecto para Costa Salguero frenado en la Justicia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó el siguiente ítem en la lista y buscó esta tarde someter a votación en la Legislatura un convenio urbanístico con la empresa IRSA para desarrollar un predio de 71 hectáreas en Costanera Sur.

 Sin embargo, el debate por el destino de los predios de la ex Ciudad Deportiva de Boca se pospuso debido a la existencia de una medida precautelar del juez Guillermo Scheibler, que ordenaba la suspensión del trámite hasta que el gobierno presente en audiencia pública los estudios de impacto ambiental del proyecto, lindero a la Reserva Ecológica.

 Diego García Vilas, jefe del bloque oficialista Vamos Juntos, consideró la orden como “manifiestamente arbitraria” y anticipó que presentará un jury de enjuiciamiento contra el juez. El legislador pidió que el tema se tratase como una cuestión de privilegio, pero no consiguió los dos tercios requeridos para sumarlo a la sesión ordinaria de hoy.

 Una fuente de Vamos Juntos indicó que la cuestión ahora se discutirá en la Junta de Interpretación y Reglamento mientras esperan que la Cámara revoque la decisión del juez del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, por lo que la iniciativa podría tratarse en las próximas sesiones.

 La propuesta del oficialismo porteño modifica los usos y parámetros que el Código Urbanístico determina para el predio ubicado entre la Reserva Ecológica y la Isla de Marchi y amplía los actuales usos deportivos permitidos al desarrollo de viviendas, comercios, oficinas y hoteles. A cambio, la empresa cederá a la ciudad 35 hectáreas para un espacio de acceso público.

 De aprobarse el proyecto, la idea de IRSA es parcelar y vender los lotes al mejor postor. Según cifras oficiales, actualizadas a julio de este año, el valor del suelo construido en el área supera los 2.250 dólares el metro cuadrado. Es decir que, de aprobarse los nuevos usos, todo el predio pasaría a valer como mínimo USD 1.612 millones, unas 32 veces lo pagado originalmente por la empresa.

 En su fallo, el juez Scheibler sostuvo que “cuando un convenio urbanístico versa sobre cambios en las normas que rigen extensas parcelas cuya valuación ascendería astronómicamente en caso de aprobarse, también deberían magnificarse en la misma proporción los recaudos de transparencia en cuanto a los estudios y evaluaciones técnicas que lo avalan y las posibilidades de la ciudadanía de informarse y opinar al respecto”.

 Antes de la sesión, la legisladora Claudia Neira (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Espacio Público, había denunciado ante elDiarioAR que el proyecto nunca fue girado a su comisión, como sí lo habían hecho los anteriores proyectos para el área. El proyecto tuvo un paso express por las comisiones de Planeamiento y Presupuesto, presididas por legisladores oficialistas.

 De acuerdo con la Constitución de la Ciudad, cualquier ley que implique un cambio de norma urbanística debe pasar por un procedimiento de doble lectura, es decir, una primera votación, una audiencia pública y finalmente una segunda aprobación.

 Fue precisamente en la instancia de audiencias públicas donde otro proyecto del larretismo, la rezonificación de terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte, enfrentó la oposición de vecinos y grupos de interés. En abril pasado, el juez Leonardo Furchi declaró la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio.

 ¿La quinta es la vencida?

Los planes para el desarrollo urbano en ese sector de Costanera Sur se remontan a 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, donde una ley nacional le cedió esos terrenos al club Boca Juniors para la construcción de una ciudad deportiva, con una doble condición: que la obra se termine en menos de 10 años y que no se venda.

 Debido a las sucesivas crisis económicas del club y del país, Boca nunca completó los trabajos. Sin embargo, los terrenos no regresaron al poder del Estado nacional. Más bien lo contrario: en 1989, el Congreso Nacional declaró cumplidas las obligaciones del club con el Estado y se le otorgó “capacidad de enajenación”, al tiempo que en los alrededores comenzaba a crecer el barrio popular Rodrigo Bueno. Tres años más tarde, bajo la gestión de Antonio Alegre y Carlos Heller, Boca vendió el terreno a Santa María del Plata, una sociedad anónima integrada por un grupo de socios encabezado por el constructor Juan Gerlach, a cambio de 20 millones de dólares.

 El gobierno porteño, ya con nuevas atribuciones como Ciudad Autónoma, propuso crear en el predio una villa olímpica en el marco de la (a la postre fallida) candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2004. A los pocos meses, IRSA puso 50 millones de dólares para quedarse con el 90 por ciento de las acciones de la sociedad propietaria de los terrenos. Desde entonces, fueron pasando los jefes de gobierno y los interlocutores pero no le fue fácil a la compañía “vender” un plan de desarrollo para el área.

 A principios de la década pasada, con Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño, se firmó un primer convenio con la compañía para desarrollar once torres de hasta 50 pisos y crear así el barrio residencial Solares de Santa María. “Cederemos el cuarenta por ciento de la superficie a la Ciudad, de modo que de cada diez hectáreas cuatro serán públicas”, dijo entonces el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, que acudió personalmente a la Comisión de Ecología para defender el proyecto.

 Aquel primer borrador preveía la cesión de espacios públicos y calles por parte del privado recién a partir de los 20 años, lo que convertía al emprendimiento en un barrio cerrado de facto. El gobierno porteño impulsó la iniciativa en tres oportunidades, siempre con alguna modificación, pero “la Dubai de Costanera Sur” no fue aprobada.

 En 2016, ya con Larreta como jefe de gobierno, el oficialismo reflotó el proyecto con un nuevo convenio, según el cual la empresa cedía 29 hectáreas para uso público y ofrecía unos 50 millones de dólares para urbanizar la Rodrigo Bueno y mejorar otro asentamiento en La Boca. La oposición denunció que la empresa estaba “pagando para obtener una ley” y que el gobierno porteño condicionaba la urbanización de una villa a la sanción de una norma. La idea tampoco prosperó.

 Fue así que se llegó a la versión pandémica del proyecto, rebautizado como Costa Urbana, en el que la empresa amplía la cesión de terrenos a un total 43 hectáreas, de las cuales 35 -se asegura- estarán destinadas a la creación de un parque público. Como contraprestación, la empresa obtiene un cambio de usos que le permitirá construir una treintena de edificios, incluyendo torres de hasta 145 metros de altura en el sector cercano a la Isla de Marchi. “Este nuevo vecindario emergente tendrá como objetivo aumentar el nivel general del área, en relación con la política de recuperación del río para la ciudad y, al mismo tiempo, completará el desarrollo urbano de Puerto Madero”, explicó la empresa en su página web.

 Esta mañana, antes de conocer que finalmente no se votaría durante la sesión, los legisladores del bloque del Frente de Todos habían colgado carteles en sus atriles con la leyenda “No al Puerto Madero de Larreta de IRSA” y “No al Puerto Madero 2”.

 “El proyecto no ha sido diseñado ni encuentra sustento alguno en el marco del Plan Urbano Ambiental, omitiendo sistemáticamente una mirada integral de la Ciudad y del espacio público”, denunció Neira. “No sólo se le concede al privado la potestad diseñar el espacio público y el master plan general, sin mediar participación ciudadana ni estatal, sino que también se le otorga la posibilidad de orientar el destino de su contraprestación”, concluyó. 

WC