Con su poder de fuego amortiguado por la pandemia y los movimientos de fichas internas y externas, los tribunales de Comodoro Py se adentran en la campaña hacia las legislativas de noviembre con menos causas de impacto político que elecciones anteriores. Esta vez y por ahora, la campaña grande no se afila en los pasillos de Retiro y al menos dos de los principales frentes se tramitan ya en otros terrenos: el fuero Penal Económico y los tribunales de San Isidro. 

Con el clima electoral ya instalado, Comodoro Py había retomado el protagonismo con el presidente Alberto Fernández en el centro de la escena, pero el caso por el cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante la prohibición de reuniones sociales por la crisis sanitaria migró de jurisdicción diez días antes de las PASO. El expediente quedó radicado en los tribunales federales de San Isidro, donde aún no está claro quién será el juez a cargo de la causa. En esta misma jurisdicción, también quedó radicada, por el momento, la denuncia contra Elisa Carrió y otros miembros de la oposición por la fiesta por su natalicio en diciembre de 2020.

Aún con San Isidro y Penal Económico compartiendo la escena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, varios de sus exministros y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aguardan algunas decisiones de los jueces de Comodoro Py, de acuerdo con el sondeo de elDiarioAR.

Estos son algunos de los casos, por el momento. “La campaña acaba de empezar”, dijo este domingo el Presidente. Es una clásica frase de la política tras las primarias que se escucha también en los despachos judiciales. 

Algunas de las últimas elecciones trajeron consigo nuevos problemas legales: las denuncias por irregularidades y presuntos delitos en la recaudación y rendición de los aportes de campaña, como las que expusieron maniobras de las legislativas de Cambiemos en 2017 o de la presidencial de Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos en 2007.

Los frentes políticos deben rendir de manera virtual y en tiempo casi real sus gastos ante la Cámara Nacional Electoral. Los informes vienen atrasados, pero ya demuestran mayor austeridad en los fondos destinados a la política, confió una fuente del fuero electoral.

Entre 2015 y 2019, los principales partidos declararon destinar entre el 23% y el 30% de sus gastos de campaña a las redes sociales. Este año, las autoridades prevén que destinen alrededor del 60%. Por la pandemia, la falta de contratos y licitaciones públicas y la escasez de aportes del sector privado, se espera una campaña más austera. Los próximos meses dirán si, además, será una campaña menos penalizada.

Olivos y Bolivia

Entre julio y agosto, la política promovió dos causas judiciales contra contrincantes electorales. La primera fue una iniciativa del Gobierno. A principios de julio, el Ejecutivo denunció a Macri y exmiembros de su gobierno por el supuesto contrabando de municiones a Bolivia, durante el derrocamiento de Evo Morales. 

El expediente tramita en los tribunales de la calle Inmigrantes, sede de los juzgados y fiscalías en lo Penal Económico (el fuero que el Presidente quiere fusionar con los federales en su reforma judicial estancada en el Congreso). Se trata de la causa por presunto contrabando agravado de municiones a Bolivia durante el derrocamiento de Evo Morales. 

La causa, en la que también están imputados los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), entre otros exfuncionarios de Cambiemos, tiene ribetes internacionales y acumula supuestas pruebas documentales aportadas por el Gobierno.

Antes de que terminara julio, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, dos miembros de Republicanos Unidos (de Ricardo López Murphy) -uno de los espacios de la oposición que busca ganar bancas en el Congreso- denunciaron al Presidente por los ingresos y egresos a Olivos y la Casa Rosada durante las restricciones de circulación y reunión de 2020, en base a información pública obtenida por ambos dirigentes. Tras la denuncia, se filtró la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez de 2020 y desató la crisis por el Olivos-Gate.

La causa contra el Presidente y la Primera Dama corrió rápidamente de la agenda de los medios al caso de presunto contrabando contra Macri. Incluso pasó casi desapercibido, al filo de los actos de cierre de campaña, que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico determinó finalmente quién será el juez a cargo del caso: Alejandro Catania, según confirmó una fuente directa del expediente. 

De esta manera, la causa cambia de juzgado. Javier López Biscayart ya no estará a cargo del expediente, pero la investigación seguirá en manos del mismo fiscal: Claudio Navas Rial. La resolución de competencia destraba ahora el camino para que avance el expediente.

En el caso Olivos, el Presidente está formalmente imputado, al igual que su pareja y otros nueve comensales de la cena del 14 de julio de 2020. Fenrández solicitó ser sobreseído por “inexistencia de delito”, ya que entiende que su participación en el cumpleaños de su pareja durante las restricciones del ASPO no causó daño ni propagó el Covid-19, hasta donde pudo probarse. Como segundo planteo ante la Justicia, Fernández propuso una conciliación para acordar con el fiscal una salida que evite una condena penal. La oferta de Fernández fue donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. El Presidente debió asumir que había incumplido las normas impuestas por su propio decreto.

Aunque se trata de un delito menor -con penas de seis a dos años de prisión y excarcelable-, la especulación en los tribunales era que el daño para Fernández sería electoral y no penal, y que sumaría puntos a un voto castigo contra el Frente de Todos, un panorama que se confirmaba este domingo por la noche. 

El fiscal Ramiro González avanzó con diversas medidas de prueba hasta que a principios de septiembre, el juez Sebastián Casanello declaró la incompetencia territorial para investigar un hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires (Olivos). El expediente contra el Presidente quedó a cargo del juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal número 2 de San Isidro, quien estaba de turno esa fecha, junto al fiscal Fernando Domínguez. 

Sin embargo, su colega Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman y titular del juzgado federal número 1 de San Isidro, tiene una denuncia sobre hechos similares que podría convertirla en la jueza del caso. Si la causa pasa al juzgado de Arroyo, el fiscal será Federico Iuspa.

Tanto ambos jueces como los dos fiscales han intervenido en numerosos expedientes contra acusados de incumplir las restricciones que fijó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Fernández. En la mayoría de los casos, los cuatro han optado por una resolución que limitó la criminalidad de los actos (como conciliaciones, probation y reparaciones económicas), según las consultas realizadas por elDiarioAR en el fuero de San Isidro. 

Conexiones

San Isidro no sólo se quedó con el principal capítulo del Olivos-Gate. Además de la investigación por el cumpleaños de Yañez, Casanello también envió a su par Mirabelli la totalidad del expediente, que incluye las denuncias originales sobre todos los ingresos y egresos supuestamente irregulares a la quinta presidencial y a la Casa Rosada durante 2020.

El próximo paso deberá darlo el juez Mirabelli, quien tiene el expediente en su despacho desde el martes último, informó a este medio una fuente del caso. El magistrado podría asumirse como el juez de la causa o remitirlo a Arroyo Salgado. La magistrada también podría rechazarla o incluso reclamar la causa y trabar un conflicto de competencia con su colega. Eso podría seguir extendiendo todavía más la resolución del hecho. Luego, el juez del caso deberá analizar el pedido de sobreseimiento del Presidente.

La exesposa del fiscal Nisman y madre de sus dos hijas no sería la opción más amigable para el Gobierno. Arroyo Salgado sostiene que el extitular de la unidad fiscal AMIA fue asesinado tras presentar su denuncia contra la ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del memorándum de entendimiento con Irán. El caso llegó a la etapa previa del juicio oral y público pero la líder del kirchnerismo busca que sea anulado antes de comenzar. La decisión está pendiente en el Tribunal Oral Federal número 8 y sería dada a conocer en poco tiempo.

La campaña acaba de empezar.

Alberto Fernández.

Memorándum

Este 2021, la principal apuesta de la vicepresidenta en Comodoro Py es que los jueces que deben juzgarla por el Memorándum con Irán declaren la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el proceso y la sobresean de manera anticipada. Entonces, el juicio oral y público no se llevaría adelante. El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, se opuso al planteó en las últimas semanas y opinó que el debate debe realizarse, más allá de que finalmente las defensas tengan o no razones para sostener la inexistencia de delito en la firma del acuerdo con Irán en 2013. 

La vicepresidenta ya tuvo un fallo a favor en una situación similar, aunque con un caso diferente. Fernández de Kirchner y el resto de los procesados por la causa Dólar Futuro nunca afrontaron el juicio oral y público. Fueron sobreseídos este año por inexistencia de delito de manera anticipada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación. La misma sala que deberá eventualmente revisar la decisión del Tribunal Oral Federal número 8 sobre la nulidad del juicio del Memorándum.

Dólar Futuro no es un capítulo cerrado. El fiscal Raúl Pleé apeló los sobreseimientos dictados en Casación ante la Corte Suprema, que tiene pendiente analizar el caso.  

La Corte no tiene plazos para fallar. “Hace sólo tres meses que ingresó el planteo del fiscal Pleé”, respondió una fuente del máximo tribunal para dejar en claro que no hay apuro entre los cortesanos por revisar el sobreseimiento de Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta acumula recursos en la Corte mientras continúa el desarrollo del único juicio oral y público en su contra que logró ver la luz: el caso Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz).

En 2019, la Corte dejó pendientes el análisis de nueve planteos de la vicepresidenta en el caso Vialidad. La defensa de Fernández de Kirchner había presentado una serie de recursos de queja ante el máximo tribunal que podrían lograr la suspensión o nulidad del único juicio que se está desarrollando contra la funcionaria por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.  

Los reclamos de Fernández de Kirchner incluyen desde planteos por “cosa juzgada” y la competencia de la Justicia de Santa Cruz en el caso -que está siendo juzgado en los tribunales porteños- hasta el pedido de que la pericia se amplíe a los 51 obras (se limitó a sólo 5).

Aquel año, la Corte se había aprestado a tratar los recursos justo antes del inicio del juicio. El 14 de mayo de 2019, el máximo tribunal pidió acceso al expediente y la decisión hizo saltar las alarmas de un sector de los medios de comunicación y la oposición. El juicio oral y público tenía fecha de inicio para el 21 de mayo y la medida parecía poner en riesgo el inicio de las audiencias. Tras el aluvión de críticas, la Corte dio marcha atrás y postergó el tratamiento de los recursos, que siguen pendientes. El 18 de mayo, Fernández de Kirchner anunció que sería candidata a la vicepresidencia y que Alberto Fernández encabezaría la fórmula.   

Tras la victoria del Frente de Todos en 2019, ninguno de los otros juicios pendientes de Fernández de Kirchner llegó al debate oral y público.

Otros ritmos

El expresidente Macri tiene varios frentes, algunos en Comodoro Py, enfocados en su patrimonio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018, pero, por el momento, Macri no ha sido citado a indagatoria ni se han ordenado medidas invasivas sobre sus bienes o su domicilio, como allanamientos.

El exmandatario también arrastra expedientes de escasa antigüedad en los tribunales de Retiro sobre los que sí se esperan definiciones, como la causa penal por el caso Correo Argentino SA -además de la quiebra de la compañía en el fuero comercial- y la investigación que lleva adelante la jueza María Servini sobre el supuesto “desapoderamiento” del grupo empresarial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. 

Paseo del Bajo es el caso central en los tribunales federales contra el jefe de Gobierno porteño y principal figura de la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad y la  provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

El expediente contra Rodríguez Larreta y el exministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, lleva casi tres años de disputas entre magistrados. Más de la mitad de ese periodo estuvo cerrada. Se investigaba el supuesto direccionamiento de un tramo de la obra del Paseo del Bajo a favor de Iecsa, que entonces era propiedad del primo del expresidente, Angelo Calcaterra.

A finales de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó a todos los acusados sin indagarlos. Los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez apelaron pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo a favor de Larreta y el resto de los denunciados. Desde julio, los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucchi, de la Sala II de Casación, tienen pendiente analizar el caso y resolver si los sobreseimientos fueron prematuros, como plantearon ya tres fiscales de distintas instancias.

ED

El Día de la Industria, que se celebra este jueves en conmemoración de la primera exportación argentina, estuvo marcado por una serie de faltazos y chisporroteos. Si bien la Unión Industrial Argentina (UIA) había anticipado su presencia, el presidente Alberto Fernández no asistió en el acto organizado por la central en José C. Paz, del mismo modo que todos sus ministros y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también en agenda. 

El acto se realizó en la planta de cerámica Alberdi y como representantes del Frente de Todos solo estuvieron el secretario de Industria, Ariel Schale —que improvisó un largo discurso en el dedicó buena parte a las medidas de ayuda ofrecidas por el Estado durante la pandemia— y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, una de las funcionarias detrás de las restricciones a la exportación de carne que genera tensión con la industria frigorífica. También participó José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) e histórico miembro de la UIA, pese a tener una relación tirante con la nueva cúpula, en cabeza del abogado laboralista Daniel Funes de Rioja. 

El presidente Alberto Fernández prefirió viajar a Resistencia, Chaco, para recorrer esta tarde la empresa metalúrgica Palacios Hermanos junto al gobernador Jorge Capitanich. En el entorno del mandatario atribuyeron la ausencia en el acto de la UIA a problemas de agenda, aunque con versiones encontradas en las distintas áreas. Cerca de Kicillof, la explicación fue similar: la reunión original de la UIA tenía escenario en Entre Ríos y por eso el gobernador decidió agendar un acto con industriales bonaerenses en la planta de Marolio, en General Rodríguez. Cuando el acto de la UIA se reubicó, el otro ya estaba “armado”, aseguraron.  

Efectivamente, la sede original del festejo era la fábrica de Baggio, en Gualeguaychú. Según señalaron fuentes oficiales, fue Miguel Ángel Pesce quien llamó la atención sobre un punto problemático: la empresa tiene un juicio abierto con el Banco Central, por problemas para acceder a dólares destinados a una inversión en la planta, lo que motivó el cambio de planes.

Sin embargo, en la definición de la sede de la fábrica Alberdi también apareció un dato incómodo. El dueño, Martín Rappallini, está mencionado en una causa que investiga una supuesta “asociación ilícita” con el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich para quedarse con la concesión de la autopista Ricchieri del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián Sousa.

Involuntario o no, las ausencias y las versiones disparadas terminaron por desviar la atención sobre un punto que el Gobierno busca convertir en un eje clave de su campaña: la recuperación de la industria, el sector con mejores números para mostrar. 

"En la campaña electoral se pondrá el acento en el desarrollo productivo y en la política industrial", instruye un documento interno del Frente de Todos

De acuerdo con dos documentos internos que circulan en la Casa Rosada, a los que accedió elDiarioAR, el mensaje del Frente de Todos está articulado en torno a cuatro lineamientos: crecimiento económico, política industrial activa, recuperación del ingreso y un “modelo de desarrollo productivo que permita una salida exportadora que termine con la restricción externa”. “En la campaña electoral se pondrá el acento en el desarrollo productivo y en la política industrial”, insiste en otro fragmento. 

Los textos destacan que el empleo del sector industrial lleva más de 12 meses consecutivos de crecimiento y que la actividad manufacturera en julio creció 3,9% por encima del mismo mes de 2019 y un 5,2% por encima del promedio de aquel año. “La utilización de la capacidad instalada de la industria subió al 64,9% en junio, alcanzó el máximo nivel desde el mismo mes de 2018”, celebran los papers, aunque se admite una fuerte disparidad en la recuperación de las distintas ramas. 

De acuerdo a los textos, el mensaje debe ser positivo y contrastar con las voces opositoras que hacen foco en el deterioro de las condiciones de vida en la Argentina y en las comparaciones con otros países. En este sentido, indica que el diagnóstico del peronismo y el Frente de Todos difiere del histórico relato del neoliberalismo: “Argentina es un país semi-industrializado y de renta media y no un país agroexportador pobre”. Algo que Schale bajó ajustadamente a tierra en su discurso en el acto de la UIA, donde habló de la calidad del sector y marcó la necesidad de “recuperar el orgullo industrial”. 

Los documentos internos proveen argumentos contra la idea de que durante la gestión de Alberto Fernández muchas empresas internacionales decidieron irse del país. “Desde el inicio de la gestión del Frente de Todos, hubo 900 nuevas inversiones por US$34.000 millones. Cerca de la mitad fueron empresas extranjeras”, apunta, y menciona algunas como Unilever, Ford, Coca-Cola y General Motors.

AR/DTC

Los spots de campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre de cada coalición y partido político, con mayor o menor presupuesto, y en algunos casos con el asesoramiento creativo de publicistas, ya circulan en todas las plataformas.

Con el hashtag #LaVictoriaDeTodos, el oficialismo publicó un spot en sus redes sociales de la lista que encabeza la primera precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz, junto a Daniel Gollán. “Reconstruir la Argentina de verdad, independientemente de las posiciones ideológicas que tengamos”, introduce.

En el mismo, plantea “un camino a la Victoria” donde va dialogando y caminando las veredas bonaerenses junto con los vecinos. “Caminando y alejarnos de tanto dolor”, se escucha en la letra de canción que acompaña el video. Y es que este año, las campañas llegan con el particular agregado del impacto emocional que está produciendo la pandemia de coronavirus.

Entre cada escena, clips de programas de televisión donde ella es entrevistada componen un mensaje de fuerza y que apuntan al gobierno de Mauricio Macri. “Tener recetas mágicas, cuando han gobernado durante cuatro años y han dejado esa bomba”, dice en diálogo con TN.

“Estamos empezando a salir a la vida que queremos”, es la idea que nuclea a todos los spots del Frente de Todos con la pandemia y la campaña de vacunación en marcha .

AB

“Ellos arrancaron y nosotros no. Salvo Patricia, claro”. Patricia es Bullrich. Y en ese punto no hay novedad ni sorpresa. El tono combativo de la presidenta del PRO es una variable fija y por momentos autónoma en el frente opositor. La frase, dicha por un armador que tiene un pie en la Capital y otro en la Provincia, resume la mirada cambiemita sobre las dos velocidades que tomó la campaña. Cerca de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli perciben a un Frente de Todos que se apuró en dar la pelea electoral en contra de la oposición. 

Según analiza el larretismo, el tono confrontativo del oficialismo tiene un doble objetivo: golpear primero, trayendo permanentemente a Mauricio Macri al ring, y compensar el alto nivel de desconocimiento que todavía muestra Victoria Tolosa Paz en la Provincia.

A partir de ese diagnóstico, existen voces minoritarias que demandan más acción por parte de Juntos. Sobre todo contra un gobierno que ofrece ángulos y motivos para la crítica. Pero el ánimo imperante en la campaña en el AMBA es evitar, al menos hasta después de las PASO, el palo por palo con el oficialismo. Incluso el plan es patear los debates para después de las primarias. La estrategia se basa en un cruce de intuición y focus group. “En la calle y en las encuestas nos da que no hay clima electoral”, afirma un asesor de la escudería de Santilli.

Por eso se entusiasman con la posibilidad de que la avanzada del FdT quede disociada del humor social, afectado por la pandemia, la inflación y el desempleo. Especialmente en el Gran Buenos Aires. De ahí, que el discurso de Santilli y María Eugenia Vidal esté concentrado en “lo que pide la gente”. Un recurso que les valió un contragolpe de Alberto Fernández. 

“Nosotros no hablamos por la gente, hacemos por la gente”, retrucó el Presidente el martes desde Quilmes. Fue durante un acto de inauguración de obras, uno de los que abundará en el gobierno hasta el 18 de agosto. Ese es el deadline legal para hacer anuncios de gestión.

Sobre los debates propuestos por Tolosa Paz y Leandro Santoro, quienes encabezan las boletas del FdT en Provincia y Capital, los candidatos de Juntos eludirán el desafío hasta después de las PASO. El razonamiento es que los postulantes oficialistas sólo buscan chicanear y generar títulos. “Tampoco veo razonable un debate entre Santilli y Facundo Manes. No mueve el amperímetro y, si sale mal, damos una imagen horrible. El objetivo es ampliarnos al 45%, no quedarnos con el núcleo duro”, explica un consultor que trabaja para Santilli.

De recorrida junto a El Colo por La Plata, el asesor afirma que el mensaje presidencial parece orientado a los votantes cautivos del peronismo ampliado. Con un detalle agregado: que Cristina Kirchner todavía no se sumó a la campaña. Y cuando lo haga, según pronostican cerca del alcalde porteño, el tono se volverá aún más beligerante. 

Este miércoles Santilli sumó a Patricia Bullrich a su tour platense. “La inseguridad crece, pero en la Provincia pareciera que no hay ganas de planificar ni de cuidar a la gente”, se quejaron a dúo durante la caminata. El exvice de Rodríguez Larreta y exministro de Seguridad porteño hace foco en esa bandera durante sus recorridas conurbanas. Al rubro económico prefiere darle un enfoque más vecinalista que macro. Más centrado en las consecuencias que en las causas. Así busca ahorrarse que le contragolpeen con la fallida experiencia macrista.   

Al momento, Rodríguez Larreta se corrió de las críticas más ásperas contra el kirchnerismo. Se calzó el traje de presidenciable, al opinar sobre debates nacionales, como el de la regulación del servicio de internet, pero sin mostrar los colmillos agresivamente. Vidal, en cambio, endureció el discurso e invitó a Mauricio Macri a subirse a la pulseada electoral.  

La exgobernadora está jaqueada por derecha. Dentro de la PASO de Juntos, la apura la lista de Ricardo López Murphy. Y por fuera, lo hace el verborrágico Javier Milei. En el edificio del gobierno porteño, sobre calle Uspallata, se muestran más bien pesimistas y en estado de alerta sobre el arranque de la campaña vidalista. Mariu además todavía se encuentra bajo observación crítica por parte del núcleo más irreductible de los votantes amarillos. Ante ese fuego amigo, a Vidal no le vendría mal renovar sus credenciales mauricistas.

¿Se consiguen elogios cambiemitas hacia la hoja de ruta frentetodista? Sí, algunas. En la Capital, aseguran que Leandro Santoro se consolida como un adversario sólido en su campaña unipersonal. En Provincia, un dirigente santillista destaca los primeros spots del gobierno. La propaganda de la coalición peronista está protagonizada por ciudadanos anónimos, sin presencia ni mención a los candidatos. Se trata de un viejo truco utilizado hasta el cansancio por el dúo que monopolizaba la comunicación amarilla: Marcos Peña y Jaime Durán Barba. Ahora ambos están completamente corridos de la gestión y del manejo de la campaña PRO. 

En el equipo que juega para el radical Manes, reparten elogios y cuestionamientos hacia el tono elegido por La Rosada. “Dan vuelta la página antes de haber superado la catástrofe sanitaria, económica y política. En ese punto están disociados de los ciudadanos. Pero, pese a cierto desorden entre la línea de los candidatos, están alineados en preservar la unidad. Y anteponen el espacio a las ambiciones personales. Es una campaña defensiva para preservar el capital que tienen”, analiza un integrante del círculo de confianza del neurocientista. 

AF