Los cuatro gremios ferroviarios y las empresas Metrovías y Ferrovías acordaron hoy un aumento salarial del 18% sobre los sueldos de septiembre. También se pactó una suma fija no remunerativa equivalente al 12,4% del salario bruto vigente al mes de agosto de 2023, a percibir con los haberes de octubre. “Los sindicalistas y los funcionarios de esas empresas convinieron hoy en la cartera laboral actualizar las distintas grillas salariales, incrementando el salario bruto total, incluido el salario básico y las bonificaciones, viáticos y antigüedades vigentes”, especificaron los gremios.

El acuerdo fue firmado este miércoles por la Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad, Señaleros y Personal de Dirección (APDFA), que lideran Sergio Sasia, Omar Maturano, Enrique Maigua y José Silva. Las partes involucradas se comprometieron a celebrar una nueva reunión una vez publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “para definir los parámetros de actualización de los meses restantes de la paritaria 2023-2024”.

Por ahora, los trabajadores del sector cobrarán un aumento del 16% sobre las grillas del mes de julio 2023, a partir de septiembre y otro incremento del 18% sobre las grillas de septiembre de 2023 que comenzarán a aplicarse este mes.

ACM con información de agencias.

Martín Paredes recibió la noticia de que tenía asbesto en el cuerpo como quien recibe una sentencia de muerte.Tenía 50 años y llevaba 27 trabajando en el subte. Era conductor en la línea B, previamente había sido boletero y guarda. Fue testeado a fines de 2019 pero, pandemia de por medio, los resultados llegaron recién en noviembre de 2020. El diagnóstico era neumoconiosis, una enfermedad pulmonar por inflamación de pleura causada por la inhalación de fibras de asbesto. Regresó a su casa preso de la incertidumbre. Pasó las siguientes tres noches sin dormir. Tumbado en la cama, a oscuras y en silencio, sacaba todo tipo de cuentas. Calculaba cuántos años más tenía que vivir para ver a su hija más chica, que entonces tenía 10 años, egresar de una carrera universitaria. Cuántos años lo “necesitaría vivo” su mujer para criar a sus tres hijos. Cuántos debería vivir para conocer a sus probables nietos. “Empecé a pensar en todo lo que no iba a poder ver, ni disfrutar de su vida. Hice cuentas de cuantas cosas hice en la vida, cuantas no pude hacer y cuantas no llegaría porque mi expectativa de vida de golpe se había reducido”, dijo a elDiarioAR.

El asbesto, también conocido como amianto, es un mineral de origen natural en forma de fibras indestructibles. Cuando sus microscópicas fibras vuelan son respiradas y se clavan profundo en el pulmón produciendo diversas patologías como fibrosis pulmonar o cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoció en la década del cuarenta como un cancerígeno humano. Está prohibido su uso y comercialización en más de 80 países. En Argentina, está tipificado como cancerígeno desde 1979 y totalmente prohibido desde el 1 de enero de 2003. Sin embargo, los trabajadores denuncian que permanece presente en todas las líneas de subte, en las formaciones (pese a la prohibición Mauricio Macri en 2011 compró vagones con asbesto al Metro de Madrid), instalaciones fijas (como centros de transformadores eléctricos, bombas de agua, cañerías, escaleras mecánicas, aislaciones de motores) y hasta en los túneles. 

Los trabajadores del subte reclaman desde el 2018 la total desasbestización. Fueron ellos mismos quienes,  ante la negativa de la empresa concesionaria del servicio Metrovías, mandaron a analizar distintas piezas de los subtes y descubrieron la presencia del mineral. Sólo este año llevan hechos 22 paros por ese motivo. El último fue este viernes por la noche. Piden que se reduzca la jornada laboral para disminuir la exposición y así disminuir el riesgo a enfermarse. 

Sobre este reclamo, la secretaria de Transporte y Obras Públicas de Ciudad de Buenos Aires, Manuela López Menéndez, dijo a elDiarioAR que “las denuncias de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) son una excusa para negociar condiciones laborales. Cuando los metrodelegados parten diciendo que quieren un día más de descanso y terminan denunciando el asbesto, hay algo incoherente. No hay justificación para que trabajen menos horas por el mismo sueldo.”

Lauro Luna, conductor de la línea D desde hace casi 30 años, se enteró de que tenía una asbestosis, enfermedad pulmonar crónica por la inhalación de las partículas o las fibras de asbesto, haciéndose estudios de rutina en 2011, mucho antes de que se conociera su presencia en el subte. Se lo detectó su neumonologa, quien le indicó dejar de trabajar en el subte. Luna presentó el informe hecho por la profesional al servicio médico de la empresa y el jefe de área lo desestimó. “´¿Dónde estudió esa neumología?`, me preguntó y me dijo con ironía: ‘Acá tenemos el aire más puro que los Bosques de Palermo`”, recordó el trabajador. 

Tener que seguir trabajando después del diagnóstico para mi fue una tortura. Una sola fibra de este mineral te hace daño, yo ya estaba enfermo, imaginate seguir inhalando durante años. Ni siquiera me redujeron el horario. Yo sentía como me iba enfermando

Lauro Luna — Conductor de la línea D

Luna no abandonó su puesto y se expuso al asbesto por 10 años más, hasta que en 2021, con la aparición de otros casos como el suyo,  la empresa y la ART Galeno se vio obligada a  reconocer que se trataba de una enfermedad profesional. “Tener que seguir trabajando después del diagnóstico para mi fue una tortura. Una sola fibra de este mineral te hace daño, yo ya estaba enfermo, imaginate seguir inhalando durante años. Ni siquiera me redujeron el horario. Yo sentía como me iba enfermando”, recordó.

El caso de Eduardo Miño fue distinto. Cumplía funciones en el taller de la Medalla Milagrosa, en la línea E, desde 1997. Hacía trabajos de herrería, de reparación y limpieza de bombas, de escaleras mecánicas. Manipulaba piezas con asbesto constantemente. Según contó,  la empresa nunca le brindó el equipamiento adecuado para trabajar con ese mineral, ni siquiera cuando se prohibió su uso y se supo de sus consecuencias letales. 

Cuando comenzaron a testear a los primeros trabajadores, el taller de Mario no entró en el Registro de Agente de Riesgo (RAR), elaborado por la ART. Anoticiado de las consecuencias del asbesto pidió al sindicato ayuda para que los incorporasen y así fue meses más tarde que pudo hacerse los estudios.

“En 2021 me detectaron neumoconiosis, mi pleura estaba engrosada. Cuando me vio el neumonólogo del Hospital Británico me dijo ´lo suyo no es para alarmarse mientras que haga una vida tranquila`”, contó. Le dieron licencia médica y con sus 63 años decidió quedarse en su Montegrande natal, en donde reducía las posibilidades de cruzarse nuevamente con el asbesto.

Cáncer laboral

Cuando Daniel “El Gallego” Fernández llegó al Hospital Británico una mañana de agosto de 2019 vio algo que lo preocupó. En la sala de conferencia se encontraba atestada de gente. Estaban los  médicos de la institución, los consultados por el sindicato, profesionales de la ART y los representantes de la Superintendencia de Salud de la Nación. “Me imaginé que algo pasaba conmigo porque era una movida grande”, recordó en diálogo con elDiarioAR. 

El cónclave de especialistas le informó que tenía un avanzado cáncer. Meses después, en noviembre de 2019, le extirparon medio pulmón. En ese entonces Fernández trabajaba como mecánico en el Taller Ferroviario Rancagua, ubicado abajo del Parque Los Andes, en Chacarita. Fue cinco veces delegado, peleó para que la empresa reconociera la presencia del material cancerígeno en todas las líneas y talleres del subte y fue uno de los primeros en ser testeado en 2019, cuando los trabajadores lograron que la ART les hiciera los estudios para detectar asbesto en su organismo. Su caso fue el puntapié inicial. 

En el taller Rancagua trabajó también, durante 7 años, Jorge Pacci. Pacci murió en 2021 a los 56 años, tras padecer nueve meses de un mesotelioma de la pleura, un cáncer que fue fulminante. Había avanzado sobre las costillas, por debajo del brazo hasta el centro del tórax y era inoperable. Su familia denunció que la ART rechazó el caso porque Metrovías no lo había incluido en el RAR. En diciembre de 2021, su esposa hizo una denuncia penal contra cinco de los principales ejecutivos de la empresa concesionaria.

Los otros dos trabajadores que murieron son Jorge Bisquert, que se desempeñaba en Subestaciones, y Juan Carlos Palmisciano, a quien por estar jubilado al momento de fallecer la empresa no lo incluye entre la nómina de víctimas.

Su hija Jesica, quien trabaja desde 2010 en el sector estaciones de la Línea H, contó a este medio que Juan Carlos ingresó en 1973 como peón de limpieza. Luego fue guarda, conductor, maniobrista y llegó a ser supervisor en la estación de Primera Junta, de la Línea A. Se jubiló con invalidez, cuando tenía 50 años, tras sufrir un accidente.

Las denuncias son una excusa para negociar condiciones laborales. Cuando los metrodelegados dicen que quieren un día más de descanso y denuncian el asbesto, hay algo incoherente. No hay justificación para que trabajen menos horas por el mismo sueldo

Manuela López Menéndez — Secretaria de Transporte y Obras Públicas de Ciudad de Buenos Aires

En 2019, a sus 69 años, Palmisciano tuvo una caída que le produjo dolores muy fuertes en la espalda. Una batería de estudios determinó que se trataba de un cáncer de pulmón. “Me llamó mucho la atención que le diagnostiquen un cáncer de pulmón porque no era una persona fumadora. En mi casa siempre se habló de que los compañeros de mi papá se jubilaban y fallecían muy rápido. También que algunos enfermaban de cáncer. Empecé a investigar.  El sindicato me contactó con una médica, le llevé los estudios y me dijo que no había dudas de que se trataba de un cáncer por la inhalación de asbesto”, dijo la hija.

La familia inició el año pasado una demanda a la ART para que la consideren como una enfermedad profesional. Según la historia médica, en el año 2000, cuando Palmisciano tuvo el accidente, ya tenía neumoconiosis. “No sabíamos qué era el asbesto. A partir 2003, cuando sale la legislación de la prohibición del amianto no se informó, ni explicó a los trabajadores como se debe trabajar con el material. Si nosotros hubiésemos tenido la información quizás hubiésemos prevenido que mi papá llegara con un cáncer tan avanzado”. Hoy son seis los trabajadores del subte que padecen cáncer por la exposición al asbesto. La Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP)  busca que se estudie la salud de los trabajadores también después de que se  jubilen.

Cambio de hábito

La vida de los 86 trabajadores del subte que conviven con una enfermedad producto de la exposición al asbesto cambió por completo. Deberán permanecer en vigilancia médica de por vida, al igual que aquellos que no se enfermaron pero trabajan el ámbito con asbesto. Pero además,  tuvieron que dejar atrás una vida que durante años se organizó en torno al trabajo. Martín Paredes dijo: “Me mataron al sacarme del trabajo. Yo tenía mi rutina, que me ordenaba. Me levantaba todos los días a las tres de la mañana para tomar servicio, me juntaba con mis compañeros, me sentía útil. Ahora, con 54 años, me toca reinventarme”. 

Paredes asegura que quiere trabajar pero que por recomendación médica no puede volver al espacio que tiene asbesto. “Hace dos meses la empresa me intima para que vuelva a trabajar pero sigue habiendo asbesto en nuestro lugar de trabajo y no puedo hacerlo porque agravaría mi condición de salud”, explicó.

Hace dos meses la empresa me intima para que vuelva a trabajar pero sigue habiendo asbesto en nuestro lugar de trabajo y no puedo hacerlo porque agravaría mi condición de salud

Martín Paredes — Trabajador del subte

En tanto, Luna contó que la asbestosis le produjo sufrir tos y la pérdida frecuente de la voz. “A veces tengo dolores en la espalda, puntaditas, que no son dolores musculares y pienso: `ojalá que no sea lo peor´”. Luna tiene un 11 por ciento de discapacidad pulmonar,  determinado por la ART, y también es intimado por la empresa para que regrese a su puesto de trabajo.  

Desde la actual concesionaria del servicio, EMOVA, aseguran que en las últimas mediciones realizadas, la cantidad de fibras de asbesto en el aire del subte  están dentro del límite permitido. En un documento firmado por el director de Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, José Fernando Cohen, se asegura que la empresa EMOVA “no trabaja con las fibras del material directamente” y aclara que conforme a “los muestreos efectuados y el trabajo realizado hasta la fecha, los resultados de estas determinaciones (0,1 cm3) no superan los límites de Concentración Máxima Permisible (CMP) de Fibras de asbesto establecidos en la normativa vigente”. 

En la misma línea, López Menéndez dijo: “Los elementos que están sospechados de contener asbesto son rotulados y ningún trabajador los manipula sin los elementos de protección adecuados para hacerlo. El proceso de desasbestización lo hace una empresa tercerizada, especializada en la temática. Y para mayor seguridad, tanto para trabajadores como usuarios, periódicamente realizamos estudios del aire que nunca dieron por encima de lo permitido por ley. Es decir, el subte es un lugar seguro tanto para trabajadores como para usuarios dado que no están expuestos a asbesto particulado”. 

El proceso de desasbestización iniciado por la empresa y la Ciudad de Buenos Aires lleva sacadas alrededor de 90 toneladas. Los trabajadores calculan que hay más de 200 toneladas en toda la red subterránea y que de continuar con ese ritmo se terminará de sacarlas en quince años. Piden entonces un plan con etapas que incluya a varias empresas trabajando en simultáneo y un presupuesto acorde.   

La secretaria de Transporte remarcó que “desde el 2018 se viene trabajando junto con los gremios en la desasbestización del subte. Se creó una comisión integrada por ellos, la empresa concesionaria, la Agencia de Protección Ambiental, la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el INTI y la Defensoría del Pueblo en la que se acuerda cada paso que se da.” Sobre la compra de formaciones con asbesto, la Ciudad informó que ya no están en circulación y que el 22 de octubre de 2019, SBASE interpuso demanda formal contra Metro de Madrid S.A. ante el fuero español por “los daños y perjuicios ocasionados” ya que no fueron alertados por el material que contenían.

Sin embargo, los trabajadores insisten que no debe haber ninguna fibra de asbesto en el aire y aseguran que la normativa actual es obsoleta. Francisco Ledesma, Secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo de la AGTSyP dijo a este medio que “no hay nivel de exposición segura. Todas las mediciones que hicieron dan que hay presencia de asbesto y tiene que haber asbesto cero para garantizar que los trabajadores no se enfermen”. 

Luna expresó el miedo a regresar a su lugar de trabajo: “No puedo volver sabiendo que en el subte hay asbesto y me puede seguir perjudicando. Yo fui uno de los primeros que tuve esa afección en la línea D y después cayeron cinco compañeros más y la empresa me sigue asegurando que no hay asbesto. Solo puedo pensar que quieren que me muera”.

Luego de la operación de Fernández irrumpió la pandemia por coronavirus y por su delicado estado de salud estuvo casi tres años sin salir de su hogar. En el día a día, actividades como bañarse o subir escaleras se volvieron una proeza para él. “Ya no puedo subir escaleras, y menos con peso. Si subo a la terraza con una bolsa de carbón para hacer un asado me fatigo. Tampoco pude volver a la platea alta de Racing, a donde iba cada fin de semana y tengo que bañarme con la puerta abierta del baño porque el vapor me ahoga”, contó El Gallego, que con 58 años recibió la jubilación anticipada.

La experiencia de los trabajadores del Metro de Madrid, quienes les alertaron por los vagones con asbesto que compró Macri cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad, es un espejo -a futuro- para los trabajadores del subte. Cuando empezaron a enterarse de que los familiares de ellos también se enfermaban sintieron pánico. La fibra del asbesto se pega a la tela y los trabajadores durante años llevaron sus uniformes a sus casas para lavarlos. Tan solo con sacudirlos las fibras pudieron ser inhaladas por sus convivientes. “Pensar en que puedo enfermar a mis hijos es lo más angustiante. Mi hijo mayor estuvo expuesto durante 21 años, toda su vida, al asbesto que yo llevaba en mi ropa. Yo llevaba mi ropa, mi esposa la sacudía, la lavaba, la ponía con la de ellos. Una sola fibra de asbesto puede producir lo que me hizo a mí”, expresó Paredes.

La espada de Damocles

Sobre los trabajadores que estuvieron expuestos al asbesto pende una espada de Damocles, un riesgo inminente. Es difícil predecir cuál será su estado de salud en el tiempo. Para este tipo de enfermedades respiratorias, existe un período de latencia, tiempo que transcurre entre la exposición hasta la aparición de los síntomas. Recién a los diez o veinte años de exposición pueden aparecer enfermedades benignas, como el derrame pleural o la asbestosis, y pasados los 20 años las placas pleurales. El cáncer de pleura y de pulmón se dan pasados los 20 o 30 años. 

La neumonologa Liliana Capone, que trabajó más de veintisiete años en el consultorio de Patología Ocupacional Respiratoria del Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explicó a este medio que “se trata de una lotería. Las enfermedades más leves, como la neumoconiosis, no siempre se transforman en cáncer.  Haber estado expuesto al asbesto no quiere decir que irremediablemente tenés un destino fatal pero para los trabajadores que están expuestos hace tantos años, la acumulación de fibra puede aportar el desarrollo de una enfermedad”.

Según Capone, no hay tratamiento para las  enfermedades benignas,“ lo único que queda es no seguir exponiéndose al asbesto”. Cada uno de los trabajadores que estuvieron o están expuestos al asbesto llevan consigo entonces una bomba dispuesta a detonarse en cualquier momento.

LG/MG

Carolina Castellano estuvo 32 años casada con Jorge Gabriel Pacci, fallecido en marzo de 2021 a los 55 años de un cáncer de pleura. Pacci trabajaba en el subterráneo de Buenos Aires cuando le diagnosticaron la enfermedad. La pleura, la membrana que recubre los pulmones, presentaba un mesotelioma maligno, un tipo raro de cáncer, directamente relacionado con la exposición al asbesto. Pacci murió nueve meses después del diagnóstico.

En diciembre de 2021, Castellano presentó una denuncia penal contra cinco de los principales ejecutivos de la empresa Metrovías (hoy, Emovia), la concesionaria del servicio de subterráneo en la Ciudad y empleadora de Pacci entre 2013 y 2021.

En el expediente, Castellano es querellante y acusa a los ejecutivos de homicidio culposo, como informó la cadena de noticias CNN en Español en marzo último. 

El asbesto o amianto es un mineral que fue utilizado durante décadas como aislante del calor y del frío y, en particular, en la fabricación de trenes. Desde hace casi 20 años, esta sustancia fue prohibida en más de 50 países, incluida Argentina, por considerarse cancerígena. Su relación directa con el tipo de cáncer que padeció Pacci es sostenida por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, entre otras instituciones médicas de renombre a nivel mundial y así lo confirmaron también tres especialistas médicos consultados por elDiarioAR.

-¿Cómo era Jorge?

-Jorge era un hombre muy sano, muy vital. Tenía muchas ganas de vivir. Le gustaba mucho hacer deporte. Practicaba kung fu y le apasionaba la guitarra. Era muy responsable, muy familiero. Como trabajador era sumamente responsable. Era un orgullo para él haber entrado en Metrovías. Tenía un buen sueldo, trabajaba de lunes a sábado, seis horas por día. Después el trabajo se quedó con su vida. 

-¿Qué tipo de trabajo hacía?

-En 2013, ingresó en el taller Rancagua, de la línea B, para hacer limpieza de las formaciones. Estuvo allí hasta 2015. Después, pasó a los molinetes, a las estaciones, ya en control de evasión. En el taller Rancagua, estuvo en contacto con los CAF 5000, que son los trenes que se compraron al metro de Madrid en 2011, que después salieron de circulación porque tenían asbesto. También estuvo en contacto con los Mitsubishi, que después se demostró que tienen asbesto en el techo del salón de los pasajeros, en el techo de las cabinas, de las estufas de las cabinas. O sea que él estuvo en contacto con las formaciones que tenían asbesto.

-¿Cómo era la limpieza de los trenes que realizaba en el taller?

-Sé que limpiaba las formaciones a puertas cerradas, que limpiaba los ventiladores donde se descubrió que había asbesto. En el Rancagua es donde arreglaban los trenes, que tuvieron que sufrir un proceso de adaptación para poder circular en el subte. Entonces, él trabajaba de noche, después de que los mecánicos realizaban las tareas de mantenimiento y todo el ambiente estaba contaminado (de partículas de asbesto), (debido a que) habían manipulado piezas, cortado y arreglado piezas con asbesto de las formaciones. Al trabajar de noche el nivel de circulación de oxígeno era incluso menor, sumado a que en Metrovías no funcionaba la ventilación forzada.

En la Ciudad, el subte es propiedad de la empresa pública Sbase, que depende del Ejecutivo porteño, y el servicio está concesionado a una privada, Emova, antes Metrovías. Los trenes son propiedad de Sbase. Los CAF 5000, CAF 6000 y Nagoya 5000 fueron adquiridos por el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri en 2011 y 2013. Los dos primeros, al metro de Madrid; los Nagoya, al metro de Tokio. 

El asbesto se detectó en los trenes CAF 5000, CAF 6000, Mitsubishi, Nagoya 5000 y Fiat, fabricados antes de la prohibición, tanto fuera como dentro del país. También se detectaron en talleres e instalaciones de la red. En resúmen, Metrovías y Sbase admitieron haber extraído hasta el momento al menos 90 toneladas de piezas o material con asbesto o en contacto directo con asbesto de las líneas A, B, C, E y Premetro, de acuerdo a la información confirmada por ambas empresas.

Metrovías (hoy Emova) y Sbase comenzaron un proceso para erradicar este mineral de la red de subte en 2019, que aún se encuentra en curso.

Castellano también inició una demanda civil contra la empresa que opera el servicio del subterráneo por la presunta responsabilidad en la muerte de Pacci.

-¿Cómo se enteran que él estaba enfermo?

-Empezó con un dolor en la región del tórax derecho y todo el pecho inflamado, con un dolor muy fuerte. Fuimos a la guardia y ahí nos indicaron que había que operarlo porque tenía derrame pleural. El cirujano de tórax directamente me dijo “es un cáncer sumamente agresivo y va a ser inoperable”. No entendíamos nada. Un hombre joven, sano, que nunca fumó, que tenga cáncer de pulmón. Primero fue la negación, pensar “está equivocado, no puede ser”. Hasta que nos dieron la biopsia y ahí salta que es mesotelioma pleural maligno. Cuando empiezo a averiguar me doy cuenta de que es una enfermedad por exposición al asbesto y me caen todas las fichas. Este cáncer es muy raro, no responde a la quimioterapia. Jorge llegó a ser quimioterapia, pero no dio resultados. Es sumamente agresivo. Desde que nos enteramos de la enfermedad hasta que Jorge murió pasaron nueve meses.

-¿Nadie en la familia fumaba?

-Nadie en la familia. Yo nunca fumé en mi vida. 

-¿Alguna vez su esposo le dijo si la empresa o alguien le había advertido sobre la presencia de asbesto en los trenes CAF 5000, CAF 6000 o Mitsubishi?

-No, nunca me comentó. No, yo no sabía ni lo que era el asbesto. 

-En 2019, se empezó a analizar a los mecánicos que trabajaban en el taller. ¿Por qué no se le realizaron los estudios médicos a Jorge, como sí se realizó a otros trabajadores, si él había trabajado en el taller Rancagua?

-Jorge no fue incluido en el RAR, que es el Registro de Agentes de Riesgo. No lo incluyeron, a pesar de que estuvo en contacto con los CAF 5000 y otros trenes en forma directa y la empresa tenía que cumplir con la normativa de tomar a todos los empleados posiblemente expuestos y seguirlos de cerca. Él no tuvo esa suerte. 

Emova respondió a elDiarioAR que debido a que existen causas judiciales en curso, ni la empresa ni los ejecutivos denunciados responderían consultas ni darían su versión de los hechos. 

“La causa más frecuente del mesotelioma de pleura es la exposición al asbesto y por eso la enfermedad se asocia directamente a este mineral”, afirmó a elDiarioAR el doctor Carlos Silva, jefe de Oncología Hospital Británico y académico.

Sé que limpiaba las formaciones a puertas cerradas, que limpiaba los ventiladores donde se descubrió que había asbesto.

-¿Qué dijo la empresa cuando informaron el diagnóstico?

-La empresa estuvo enterada desde el primer momento. El médico laboral me llamaba y me decía que estaba rezando para que mi esposo no sufriera tanto. Cuando yo le mandé la biopsia, el médico laboral tuvo que haberse dado cuenta enseguida de qué tipo de cáncer era porque es una enfermedad que está listada en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Pero intentaron que no me diera cuenta. Intentaron hacerse los distraídos. Por suerte no lo lograron. Pero la empresa no lo incorporaba al Registro de Agentes de Riesgo (RAR). En el contexto de extrema debilidad física y emocional que tenía, Jorge tuvo que hacer el reclamo a la Superintendencia. No podía ni caminar al correo para firmar la carta documento. Cuando la Superintendencia hace el reclamo de Jorge a la ART Galeno, en octubre del 2020, cuatro meses después de que a él se le declare la enfermedad, Metrovías lo incluyó como empleado expuesto al riesgo, cuando ya se estaba muriendo.

elDiarioAR se comunicó con ART Galeno pero la empresa respondió que no haría declaraciones sobre el caso.

-¿Por qué decidió denunciar a los ejecutivos de Metrovías penalmente?

-Con la denuncia penal busco justicia y tener un poco más de paz, un poco más de consuelo, que los responsables paguen, que haya una condena realmente ejemplar y que esto sirva de precedente para el resto. Porque todo el personal jerárquico de Metrovías, a sabiendas de que Jorge había trabajado en lugares expuestos al asbesto, estuvieron siempre ausentes, desde el primer momento. Lo dejaron librado a su propia suerte. Violaron todas las obligaciones que tenían, por eso la denuncia penal es por homicidio culposo por negligencia, por no haber cumplido con los deberes y obligaciones que tienen como empleadores y por negligencia profesional. Desde el presidente hasta el resto de los ejecutivos denunciados siguen en sus puestos. Esto es Argentina. Siguen en sus puestos teniendo unos 4.000 empleados a su cargo. Es como si esta muerte no hubiera pasado. Todo sigue igual.

-¿Qué más le dijeron los médicos sobre cómo se genera esta enfermedad? ¿Cuántos años tarda en manifestarse y por qué se termina acelerando en el caso de Jorge?

-Lo que me dijeron es que no iba a vivir más de un año, que una vez que este cáncer se declara ya es irreversible. 

-Inició también una demanda civil contra Metrovías, hoy Emova. ¿Busca una compensación económica también? 

-Sí, hay dos responsabilidades: la penal y la civil. Van por cuerdas separadas.

 -¿La empresa reconoció de alguna manera que Jorge murió por un cáncer por exposición al asbesto?

-La empresa lo reconoce cuando en octubre, el jefe de Seguridad de Higiene lo incorpora al Registro de Agentes de Riesgo (RAR) por directivas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Además, Metrovías admitió que en el taller Rancagua había asbesto.

-¿Cree que habría una posible responsabilidad política en la compra de los trenes con asbesto, realizada por Sbase y el gobierno porteño entonces a cargo de Macri?

-Yo estoy yendo contra el responsable directo, que es el que no lo cuidó y quien debió hacerlo. Pero la cadena de responsabilidades es muy larga, es muy grande. Y también le estoy pidiendo a la jueza penal que todo aquel que lo sabía y lo ocultó también sea considerado responsable. Pero empecé por acá. Aunque no hay dudas de que ellos son responsables. Hay mucha mano detrás para que esto no se sepa.

-Presentó varios documentos ante la jueza y la fiscalía penal. ¿De qué se tratan?

-Jorge entró sano a Metrovías y eso lo demuestra el examen médico preocupacional que le hicieron en la empresa antes de contratarlo. No tenía ninguna afección pulmonar ni de ningún tipo. Eso quedó documentado. 

-Uno de los ejecutivos de Metrovías presentó un informe sobre lo que se denomina “periodo de latencia”, el tiempo entre el que la persona está expuesta al asbesto y el momento en que se declara la enfermedad. El informe dice que en el caso del mesotelioma de pleura, se necesitan como mínimo 12 años para que el organismo desarrolle la enfermedad. Eso descartaría que Pacci habría enfermado de cáncer de pleura por exposición al asbesto dentro del subte (ya que se le diagnosticó en 2020 y entonces habían pasado solamente cinco desde 2015, cuando ingresó habría estado expuesto en el taller Rancagua)… 

-Pero hay periodos de latencia extremadamente cortos como el de Jorge, y que se apartan de la estadística normal. Seguramente habrá tenido más predisposición que otros para desarrollar esta enfermedad. Luego de que el ejecutivo de Metrovías presentó este informe hecho por un ex perito de la Corte Suprema como “informe independiente”, la jueza también solicitó, a pedido mío, un informe al departamento de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA. La doctora Ana Digón afirmó que existen casos de personas expuestas al asbesto que han tardado apenas cuatro años desde la exposición en desarrollar un mesotelioma de pleura. 

-Es decir que, de acuerdo a ese segundo informe, Pacci pudo haber desarrollado el cáncer aun cuando solo habían transcurrido cinco años desde su exposición en el Rancagua. ¿Pudo Jorge haber estado en contacto con otras fuentes de exposición al asbesto además de los trenes del subte que limpiaba? 

-No, no tuvo contacto laboral con el asbesto en ninguno de sus trabajos, salvo con Metrovías. Creo que está totalmente demostrado. Antes de Metrovías, trabajó 18 años en el Hipódromo de San Isidro y en vigilancia en supermercados, en shoppings, hasta que entró como auxiliar de portería en una escuela. Después entró en Metrovías. 

Silva, jefe de Oncología Hospital Británico y académico, coincide con la postura de Digón y aseguró a elDiarioAR que si bien el promedio del período de latencia es de 22 a 40 años, un tiempo menor de exposición o una cantidad menor de exposición también puede producir un mesotelioma.

-¿En qué estado se encuentra hoy el expediente penal y la causa civil?

-Declararon nuevos testigos, trabajadores mecánicos del taller Rancagua, quienes están también afectados por la exposición al asbesto. En el caso de ellos, tienen placas pleurales, una primera manifestación de exposición. Luego de las testimoniales, debería ordenarse la pericia médica y la fiscalía deberá decidir si imputa a los ejecutivos.

Además de Pacci, otros cinco trabajadores del subte fueron diagnosticados con cáncer de pulmón. Dos murieron, informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).

Actualmente, 82 trabajadores del subte fueron diagnosticados con placas pleurales por un equipo interdisciplinario del Hospital Británico, de acuerdo con la información oficial y sindical. Las placas pleurales no implican que los trabajadores afectados desarrollarán un cáncer o una fibrosis, pero sí que deberán controlarse de por vida, explicó a elDiarioAR la neumóloga Lilian Capone, una de las médicas que integra el equipo disciplinario en representación de la UBA y los metrodelegados, nucleados en AGTSyP.

ED/MG

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó este miércoles que suspendió la medida de “autodefensa” que implicaba la paralización de tareas en las seis líneas de subterráneos y el Premetro entre las 14 y las 16 de este jueves.

Los trabajadores del subte y Premetro habían anunciado esta semana que paralizarían sus tareas en demanda de que se abra una discusión sobre las condiciones laborales para la pospandemia y ante “la ausencia de respuestas” de la empresa Emova (ex Metrovías).

Sin embargo, la asociación gremial conducida por Roberto Pianelli informó la tarde de este miércoles a través de un comunicado que fueron convocados a una audiencia en la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad y por ese motivo “y con la voluntad de diálogo que expresamos en todo momento”, decidieron la suspensión de la medida prevista.

Anteriormente, Pianelli y el secretario adjunto, Néstor Segovia, habían señalado que el 23 de noviembre último el sindicato solicitó a la empresa Emova la inmediata convocatoria al diálogo sobre “las futuras condiciones de trabajo ante el nuevo contexto sanitario” y seis días después de ese pedido se realizó un idéntico reclamo ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa Emova Movilidad SA, que opera las líneas de subte, respondió que el reclamo “enmascara una exigencia de reducción de la jornada laboral del personal de tráfico de 36 a 30 horas semanales, situación que hemos expresado claramente resulta inviable, ya que además el tiempo efectivo de operación de trenes representa una cantidad de tiempo aún menor”.

“La medida de fuerza anunciada es el corolario de una llamativa escalada de conflictos que se inició a fines de noviembre precisamente con el inicio de la gestión de Emova, afectando con diversos argumentos a gran parte de los sectores del Subte”, sostuvo en un comunicado.

La empresa explicó que “desconocemos las razones de esta situación, intempestiva e inesperada, que hasta el momento ha afectado mínimamente los servicios gracias a que muchos otros trabajadores del Subte contribuyen en exceso de sus obligaciones cotidianas, pero que finalmente producirá efectos negativos de mantenerse en el tiempo”.

CRM con información de la agencia Télam

El empresario Aldo Benito Roggio y sus tres hijos -actualmente accionistas de su grupo empresario y proveedor estatal- constituyeron tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, entre julio y noviembre de 2016, para abrir cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos, según surge de los documentos de Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con el equipo argentino que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

“La constitución de las compañías responde a objetivos de planificación familiar y son de carácter personal y familiar. Aldo Roggio y sus hijos las incluyen en sus declaraciones juradas impositivas y a todos los efectos fiscales pertinentes”, respondió la familia Roggio ante la consulta del equipo argentino de ICIJ a través de un vocero, que también dio acceso a la información declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para corroborar los dichos de los empresarios. 

De los documentos de la filtración también surge que la familia recibió una herencia de dos tíos de Aldo Roggio que estuvo estructurada a través de un fideicomiso por más de US$5,5 millones en el mismo paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, y cuyas ganancias los empresarios han tributado en Argentina, según informaron ante la consulta. Con respecto a las cuentas bancarias, los documentos analizados no hablan de cifras monetarias.

Roggio es un referente de la construcción y el transporte, exaccionista de Benito Roggio e Hijos SA. Su grupo tiene a través de Metrovías-Roggio la explotación del servicio del subterráneo de Buenos Aires y Cliba, que tiene parte de la recolección de residuos de la Ciudad. En agosto de 2018, Aldo Roggio admitió ante la Justicia que para mantener sus contratos con el Estado Nación realizó aportes ilegales para campañas electorales y pagó al exsecretario de Transporte de los Kirchner (2003-2009) el retorno mensual del 5% de los subsidios del transporte que recibía del Estado Nacional. 

Tras su declaración como imputado colaborador en la causa de los cuadernos, Roggio renunció a la dirección de sus compañías y dio un paso al costado, que terminó con la transferencia de esas acciones a sus hijos en 2020, según informaron ante la Comisión Nacional de Valores.

Roggio también deberá afrontar un juicio oral y público por el caso Odebrecht. En julio de 2019, el juez Sebastián Casanello envió a los tribunales orales la causa por supuestos sobornos y defraudación a la administración pública, pero la causa comenzó con una denuncia en febrero de 2016 y para diciembre de ese año, se oficializó que los ejecutivos de Odebrecht habían admitido el pago de sobornos en Argentina. Las constructoras locales que eran socias de la brasileña sostienen que no participaron del pago de sobornos, mientras que los ex funcionarios kirchneristas niegan haber recibido pagos indebidos o haber direccionado las licitaciones.

Aldo Roggio y sus hijos las incluyen en sus declaraciones juradas impositivas y a todos los efectos fiscales pertinentes.

Dos años antes de la crisis desatada en el grupo por el caso cuadernos, los Roggio acudieron al estudio panameño Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee) para que su división de fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas organizara la estructura offshore de la familia, según surge de los documentos de Pandora Papers.

Las sociedades

La primera de las compañías de esta estructura es Gotland International Limited, inscripta el 5 de julio de 2016 en las Islas Vírgenes Británicas. Es una compañía limitada por acciones. Sus beneficiarios finales son Aldo Roggio y sus tres hijos: Lucía Inés, Martín Benito y Rodolfo Roggio Picot. También son los apoderados, según los documentos.

El 7 de marzo de 2017, Aldo y sus tres hijos firmaron un acta en el que autorizan a abrir una cuenta bancaria a nombre de Gotland International Limited en el EFG Bank, de Suiza, y en EFG Capital, de Miami. A su vez, los cuatro son autorizados por los directores de la sociedad (que responden al estudio Alcogal) a operar y disponer de los fondos de esas cuentas como apoderados de las mismas.

Ocho días después de la inscripción de la primera offshore, se creó la segunda compañía, Graymark International Limited, incorporada el 13 de julio de 2016 en el mismo archipiélago del Caribe, conocido como una jurisdicción opaca y de baja o nula tributación. En los documentos no aparecen datos extra de esta sociedad, pero la familia Roggio explicó que se utiliza para administrar un fideicomiso ciego para los hijos de Aldo Roggio.  

La tercera compañía se inscribió unos tres meses más tarde. Linhill International Limited fue incorporada el 25 de octubre de 2016 en Islas Vírgenes Británicas, con los mismos beneficiarios finales y apoderados. Los directores son empleados de Alcogal. Roggio y sus tres hijos figuran como accionistas.

Los Roggio también abrieron cuentas en el JP Morgan de Nueva York a nombre de al menos dos de las sociedades. Entre septiembre y diciembre de 2016, solicitaron la apertura de cuenta en el JP Morgan de Nueva York a nombre de Gotland International Limited, según una carta que consta en los registro de Alcogal; y el 14 de diciembre de 2016, presentaron formularios ante el banco para la apertura de cuenta de ahorros e inversiones a nombre de Linhill International Limited.

La constitución de las compañías responde a objetivos de planificación familiar y son de carácter personal y familiar.

Ante el banco, los Roggio se presentaron como los beneficiarios finales de Gotland y se comprometieron a certificar “la debida información a las autoridades fiscales argentinas de todos los activos mantenidos en JPMorgan y en cualquier Morgan Afiliados”. Los tres hijos de Aldo Roggio declararon en un formulario ante el JP Morgan que cada uno de ellos tenía el 33,33% de las acciones de Gotland por lo que se entiende que Aldo Roggio dejó de ser accionista de la offshore para septiembre de 2016.

“Las sociedades realizan inversiones en activos financieros a través de carteras de inversión en diferentes entidades y no han adquirido otro tipo de bienes, muebles o inmuebles”, respondió la familia ante la consulta del equipo argentino. “Las sociedades se encuentran actualmente activas”, agregaron.

Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Aldo Roggio surge en la base de datos de Pandora Papers a partir de un documento de los archivos internos de Alcogal, en el que la empleada Aura González fichó al empresario como uno de los Beneficiarios finales de “alto riesgo” (“nivel 6”) que son clientes del estudio panameño. Fue por su cargo como vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, un cargo que desempeñaba al momento de la apertura de las offshore, en 2016. 

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Graciela Roggio e hijos

Las acciones de Roggio SA estaban hasta 2020 a nombre de Aldo y su hermana, Graciela Roggio, además de una financiera (Doya SA, con el 14,77%), que también era propiedad de los hermanos. El grupo también tiene negocios en Perú, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Se destaca en la construcción (Benito Roggio e Hijos, Sehos y Haug), transporte (Metrovías, Benito Roggio Transporte y Benito Roggio Ferroindustrial), servicios ambientales (Benito Roggio Ambiental, Cliba, Tecsan y Envairo), provisión de agua (Aguas Cordobesas) y tecnología de la información (Prominente, que estaba a cargo de Graciela Roggio). También tienen hoteles y casinos (19 salas de Slots, 1 casino de Paño en 17 ciudades de Córdoba y gerencia 4 Hoteles-Casinos de la cadena Howard-Johnson), según informa el grupo en su sitio web oficial.

De perfil mucho más bajo que su hermano, Graciela también cedió sus acciones a sus hijos. La empresaria también tuvo una sociedad offshore. Junto a sus hijos Fernando, Florencia y María Lejarza, figura en los documentos de Pandora Papers como accionista, apoderada y directora de la compañía Signature Summer Adventures Ltd., inscripta en Islas Vírgenes Británicas, el 7 de febrero de 2014. “La sociedad creada por Graciela Roggio y sus hijos nunca operó, ya que fue constituida para una actividad en el exterior que nunca se desarrolló”, respondió la familia.

Fideicomiso y una herencia

La familia también figura en los documentos de un fideicomiso offshore, constituido en Islas Vírgenes Británicas en 2004 y administrado por el estudio Trident Trust Company. Los activos fueron transferidos al fideicomiso por dos tíos de Aldo y Graciela, Iride Rosa Verzini De Conti y Américo Humberto Conti. 

Tras el fallecimiento de ambos, en 2009, Aldo Roggio y otro familiar solicitaron en una carta a Trident “la distribución de los activos existentes entre los beneficiarios designados por el matrimonio Conti en un todo de acuerdo a las instrucciones que ellos impartieran a la firma del Contrato y posteriores modificaciones introducidas”.

“Estas participaciones o dinero en efectivo serán transferidas por parte del fideicomiso o Trust a las cuentas bancarias estipuladas por cada uno de los beneficiarios”, agregaron. “Esta notificación se la hacemos llegar en nuestra calidad de Protectores del Fideicomiso tal cual fuéramos designados por el matrimonio Conti al constituir el mismo”.

El fideicomiso superaba entonces los US$5,5 millones. Aldo Benito Roggio recibió poco más del 5%, al igual que su hermana. “Aldo Roggio y Graciela Roggio declaran en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a los bienes personales los bienes recibidos en calidad de herederos”, respondieron en la familia al equipo de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR). En Uruguay, Guillermo Draper (Búsqueda) integra Pandora Papers.

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ED

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó este jueves el nuevo contrato de concesión para la operación del subte y el premetro con el consorcio integrado por Benito Roggio Transporte y Metrovías, actual operador, que tendrá una extensión de 12 años y podría prorrogarse por tres más.  El contrato había sido adjudicado por el Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) en diciembre pasado luego de que se dieran de baja dos de los tres competidores y quedara en pie solo la oferta de este consorcio.

Aldo Roggio, que se desprendió de las acciones del grupo familiar dos semanas antes de que se adjudicara el contrato, había confesado en el marco de la Causa de los Cuadernos pagar coimas para no perder la concesión que detenta desde 1994. Por este motivo, algunas voces de la política había solicitado que no fuera tenido en cuenta en esta nueva licitación, algo que finalmente fue desestimado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. 

El nuevo contrato reemplazará al Acuerdo de Operación y Mantenimiento (AOM) firmado en 2013, que se mantenía vigente hasta ahora por sucesivas prórrogas. Según informó Sbase, desde la firma del contrato se comenzó a contar un plazo de 90 días para concretar el “traspaso” que, por otra parte, no acarrea la complejidad de un cambio de manos. 

El consorcio Metrovías-Roggio, que adoptó el nombre Emova Movilidad S.A, prevé “inversiones en materia de infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías de vanguardia”, según informó Sbase en un comunicado. “Las mejoras que se implementarán permitirán mejorar la frecuencia, la experiencia de los usuarios y usuarias del subte, y comenzar a dar un salto cualitativo en lo que refiere a tecnología en la red de subterráneos más antigua de América Latina”, promete. 

También informó que a partir del nuevo contrato se le pagará a la empresa en función del cumplimiento efectivo del servicio pautado. Es decir, se remunerará en base al indicador coche/kilómetro comercial (CKC). “El nuevo cálculo para la erogación mensual por parte del Gobierno implica un estímulo para el operador que deberá contar con la flota necesaria para cumplir el programa operativo y aumentar la eficiencia de los talleres para agilizar y optimizar las tareas de mantenimiento del material rodante”, explica.

Entre las modificaciones de contratación, también se destaca que la concesión será por el término de 12 años, con posibilidad de prórroga por otros tres, en lugar de los 20 años de la concesión anterior. Según precisó el texto, “se trata del plazo mínimo establecido para que la explotación resulte rentable”.

El proceso licitatorio comenzó en 2018 y, entre fines de 2019 y principios de 2020, se recibieron tres ofertas. Sin embargo, dos de los consorcios —RATP (subsidiaria del Metro de París) junto con Alstom y Keolis con Transport for London y Corporación América, de Eduardo Eurnekian— anunciaron su retiro como oferentes. En los papeles, argumentaron su decisión en un “cambio significativo en las expectativas macroeconómicas del país”. 

Dos semanas antes de que se le adjudicara la concesión, y luego de estar casi 40 años al frente del holding familiar, Aldo Roggio dejó el Grupo Roggio y transfirió todas las acciones a sus hijos. Ese proceso se había iniciado dos años atrás, cuando el empresario comenzó un alejamiento de la firma tras quedar involucrado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos para la realización de dos grandes obras de Aysa. 

El empresario también declaró en 2018 como arrepentido en la Causa de los Cuadernos, donde admitió que devolvía el 5% de los subsidios al transporte. Confesó que los pagos los hacía al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y que, en Metrovías, “no se pudieron negar” a las exigencia dado que los “amenazaban” con quitarles la concesión, que la empresa tiene desde 1994 y ahora podría conservar hasta 2035. 

DT

Leandro Santoro sale del edificio de la Legislatura, donde acaba de votar en contra del proyecto que permitirá construir torres y edificios en un tercio de las 70 hectáreas que la empresa IRSA posee en Costanera Sur. Como de costumbre, a Horacio Rodríguez Larreta le sobraron legisladores para imponer su iniciativa. A media tarde de un jueves, la calle Perú aparece desangelada, con un vacío impropio de su historia. Es la nueva normalidad. Santoro, primer candidato a diputado por el Frente de Todos en Capital Federal, saca al Alfonsín que lleva a dentro y juega ante sus colaboradores con una imitación lograda. Tiene una cita en Congreso, su próximo barrio político. elDiarioAR lo acompaña en el trayecto por Avenida de Mayo y le realiza la siguiente entrevista.

Disparada por la foto del festejo de Fabiola Yáñez en Olivos, la palabra “decepción” circuló entre muchos que votaron a Alberto Fernández y siguen sin compartir la ideología y las prácticas del macrismo. ¿Notás que hay decepción entre una parte de los votantes del Frente de Todos, no sólo por la foto, sino por el rumbo del Gobierno?

No se puede hacer una afirmación a partir de una percepción. Probablemente haya sectores que estén decepcionados, pero eso no caracteriza necesariamente una evaluación. Hay que entender que las primeras impresiones de una situación traumática, en general, suelen provocar intuiciones como las que citás. No es lo mismo que leer una derrota electoral, que tiene otro significado. A los períodos históricos y a los Gobiernos se los evalúa integralmente. Todos tienen aciertos, errores, generan expectativas, que a veces las cumplen y, a veces, no. La defraudación o el desencantamiento no es algo que pueda caracterizar un período tan cortito como el que llevamos.

Hay que entender que las primeras impresiones de una situación traumática, en general, suelen provocar decepción

Una promesa esencial del Frente de Todos era recuperar los ingresos de los sectores medios y pobres. ¿Ves factible que el Gobierno de Fernández termine en dos años dando continuidad la distribución del ingreso heredada de Mauricio Macri?

No está pasando eso, estás equivocado. Durante el macrismo, las tarifas de servicios públicos y todos los precios regulados subieron muy por encima de la inflación. La reforma previsional les hizo perder a los jubilados más de 20% del poder adquisitivo del salario, se cerraron 25.000 empresas, se tomó deuda pública para financiar la timba. Que durante el Gobierno de Alberto Fernández sufrimos una crisis impredecible, que modificó las expectativas, es cierto. Que buena parte de los compromisos asumidos no se pudieron cumplir por la pandemia, obviamente. La economía y el comercio mundiales se derrumbaron, y la actividad económica se paralizó durante más de un año como consecuencia del aislamiento y el distanciamiento, pero la intención política y la orientación del rumbo general del gobierno están puestos en recuperar los ingresos de los sectores trabajadores. No hay ninguna medida que haya tomado el Gobierno que haya empeorado la situación social.

La estadística dice que la inflación superó los ingresos de los trabajadores no sólo en 2020, comprensible por la pandemia, sino también en los últimos meses.

El sector privado registrado le está ganando a la inflación; los sectores informales efectivamente están perdiendo un poquito. Estamos en el primer semestre del año. Todos somos conscientes de que la inflación es un problema estructural, que tiene una inercia anterior al Gobierno de Macri. Ese problema encontró un Gobierno que trató todo el tiempo de intervenir para nivelar la desigualdad y la pérdida del poder adquisitivo del salario. Con los bonos a los jubilados y pensionados, la reducción del impuesto a las Ganancias, una política de subsidios (a los servicios públicos) que actúa como salario indirecto, el IFE, el Repro II, la ATP. Un montón de políticas, en un contexto en el que todos los países del mundo están sufriendo una crisis similar a la nuestra. Pero nosotros tuvimos dos crisis, la de la pandemia y la que heredamos del macrismo, que combinaba recesión e inflación.

¿De qué manera se podrá dar el salto desde medidas de contención o reparatorias a una real recuperación de los ingresos?

En principio, la reactivación de la economía se empieza a notar en la construcción y en la industria. La redistribución del ingreso primaria es la del salario; la secundaria es cuando interviene el Estado. La recuperación del trabajo y del poder adquisitivo, en el marco de paritarias libres y de una política que tienda a fortalecer la capacidad productiva y exportadora, va en esa dirección. En segundo lugar, las modificaciones progresivas de los impuestos, por ejemplo, Ganancias para las empresas. Se modificó de tal forma que la pyme paga cinco puntos menos que antes, las empresas que facturan hasta $50 millones pagan lo mismo, y las grandes, 35%, cinco puntos más. Es una línea de trabajo. Con Bienes Personales pasó lo mismo. El macrismo lo reduce con la intención de poner un impuesto a la herencia, y después se olvidó de la herencia. Nosotros tratamos de gravar el patrimonio, que es lo que se recomienda en el mundo para disminuir la desigualdad social. Obviamente, siempre lo importante es la matriz de intervención del Estado para tratar de garantizar mayor igualdad de oportunidades.

¿Por qué no retoman la idea del impuesto a la herencia?

No es momento de discutir los impuestos de esa manera. Es una discusión que en la Argentina se tiene que dar de manera integral con todos los actores sentados a la mesa, porque si se llegara a dar el caso de que, por una mayoría circunstancial, se modifica parte de la matriz tributaria sin consenso suficiente, el día de mañana, si cambia el Gobierno, eso podría retroceder. Necesitamos consenso alrededor del concepto de equidad tributaria. Forma parte de esas políticas de Estado que siempre decimos que los argentinos tenemos que llevar adelante y muchas veces nos cuesta conducir.

No es momento de gravar la herencia. Necesitamos consenso

Intervinieron en la escala de Ganancias personales, subieron sustancialmente el piso y excluyeron del gravamen al segundo 5% que más ingresos tiene. ¿Eso no va en sentido contrario a la equidad impositiva, al terminar beneficiando a parte de la elite de mayores ingresos?

Estamos hablando de salarios de un piso de $150.000 pesos, no hay elite ahí.

Mientras el promedio de los salarios de los trabajadores es la mitad.

La discusión sobre el impuesto a las Ganancias viene de la época de Macri, que se había comprometido a eliminarlo y terminó incluyendo 1.5 millón de personas más. Cuando quitás ese descuento a sectores de clase media-media y media-alta, como destina esa plata al consumo, reactiva la economía y ello termina cerrando el círculo virtuoso de producción y empleo. Es un ejemplo de cómo tiene que girar la economía.

¿No hubiera sido más sano dedicar el monto que se deja de percibir por Ganancias a políticas que beneficiaran a sectores medios-bajos?

Si hay algo que nosotros hicimos fue poner recursos públicos en los sectores de menores ingresos, como la tarjeta Alimentar, que llegó a cuatro millones de personas. La Argentina está en una situación de emergencia. En 2020, tuvimos 6 puntos del PBI volcados al sostenimiento de la economía. Estamos teniendo 1,5 punto del PBI al plan de estímulo y aliento para superar las restricciones del Covid-19. El instrumental que tiene el Gobierno está supercondicionado. Si se trata de estabilizar los precios, se derrumba la actividad económica; si se trata de inyectarle dinero a la economía, se genera inflación. La capacidad del Gobierno de intervenir no es la misma que en otros momentos históricos. Aumentar el gasto público para inventar un nuevo instrumento monetario para asistir un sector, tal vez, en el intento de resolver un problema, termine produciendo otro. Se acaban de anunciar créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos de más de $150.000, exenciones impositivas para empresas que contraten a los pibes, capacitación para la clase media-media y media baja para el plan Argentina Programa. Hay una batería de políticas tendiente a asistir a los distintos sectores, pero las capacidades del Estado como consecuencia de las políticas del Estado y de la pandemia son mucho más limitadas que en otros momentos. La gente entiende que la respuesta del Estado en función de las capacidades con las que cuenta es satisfactoria. El contexto termina determinando el instrumental para intervenir.

Dos sectores, el de la agroexportación y parte de la generación de energía, lograron preservar sus ingresos en dólares en un contexto de privaciones colectivas y un peso depreciado. ¿A qué se debe ese privilegio?

Nadie está planteando en la Argentina subir las retenciones. Ningún sector lo tiene en la agenda.

Eso no invalida un instrumento que está bastante por debajo que hace una década, y consolida una alta rentabilidad.

Sobre ese tipo de detalle, hay que preguntarle al que se ocupa de la gestión. Las retenciones se modificaron y, si se tuvieran que subir, eso sería parte de una negociación política de la que no formo parte. Tampoco estoy en condiciones de establecer qué tipo de impuesto hay que cobrar a los generadores de energía, porque es un tema que tiene que ser evaluado en función de muchas variables.

A Larreta nunca lo vi en mi vida. No soy parte de ninguna negociación, no tengo ningún funcionario en la Ciudad, ni me pidieron ayuda, ni colaboré.

¿Podrá Larreta llevar a cabo la rezonificación del predio de IRSA en Costanera Sur y el proyecto de Costa Salguero?

Si la sociedad se moviliza, no. Si no se moviliza, sí, porque el número, en la Legislatura, lo tiene. Lo único que puede cambiar la voluntad de Larreta es que sienta que pierde votos. Si la sociedad no se entera qué está pasando, probablemente eso no ocurra y el proyecto avance.

Aldo Roggio confesó ante la Justicia que pagó coimas a Ricardo Jaime para explotar el servicio del subte, Metrovías. El Gobierno de Larreta le prorrogó la concesión muchas veces y se apresta a otorgarle una renovación por muchos años. ¿Por qué el subte, que funciona tan mal, no aparece en la agenda de la oposición en CABA?

Cuando Aldo Roggio le dijo al juez que él había pagado coimas presenté un proyecto para excluir del registro de proveedores del Estado a los que se habían declarado pagadores de sobornos. El macrismo no me dejó tratarlo.

Sergio Berni y Patricia Bullrich sostienen que el peronismo de la Ciudad es socio del macrismo. ¿Qué pensás?

A Larreta nunca lo vi en mi vida. No soy parte de ninguna negociación, no tengo ningún funcionario en la Ciudad, ni me pidieron ayuda, ni colaboré. No tengo diálogo, sólo conozco a (Diego) Santilli porque era el vicejefe y presidente de la Legislatura.

¿Y el PJ de la Ciudad?

El PJ es amplio. Vengo del radicalismo, no soy quién para andar metiéndome en lo que tiene que hacer el peronismo y cómo tiene que desarrollar su vida interna.

SL