La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la excarcelación dispuesta en marzo último para el exjefe de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina, pero se mantiene la prohibición de realizar actividad sindical, informó una fuente judicial.

La medida fue dispuesta por la Sala II del mencionado tribunal, integrada por los jueces Carlos A. Mahiques y Guillermo Yacobucci y la jueza Angela Ledesma, al declarar inadmisible un recurso extraordinario presentado por la fiscalía.

De esa manera, quedó firme la libertad para el exsindicalista, acusado de hechos de corrupción, que había sido dispuesta en marzo último por el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.

César Albarracín, abogado de Medina, expresó “es una decisión muy importante, ya que pone fin a una ilegitimidad, a la detención como consecuencia de la 'Gestapo'”, en alusión al supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y gremiales, entre otros, durante el Gobierno macrista.

“Era una situación gravísima, con la cantidad de pruebas que hay sobre el armado de causas a dirigentes, que Pata Medina continuara detenido, nos parecía algo contrario al estado de derecho”, sostuvo.

DA

El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una “mesa judicial bonaerense” que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, y a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de La Plata, a los que el juez les dictó la falta de mérito.

Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.

En aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal se le escuchó decir: “Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Uocra platense.

DA con información de Télam

La Justicia platense hizo lugar este lunes a un pedido de la defensa del extitular de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, que había solicitado en las ultimas horas su libertad, tras cuatro años de encarcelamiento preventivo, mientras se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y a la espera del juicio oral suspendido el pasado 3 de marzo. Sin embargo, la medida no se hará efectiva por el momento ya que fue apelada por la Fiscalía.

Además los jueces impusieron reglas de conducta que Medina deberá cumplir para seguir el libertad:

La presentación había sido realizada por su abogado, César Albarracín, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata, quien solicitó el cese de la detención del dirigente gremial, al considerar que “el próximo 2 de abril finalizaría el plazo máximo de las posibles prórrogas de la prisión preventiva y no subsistir, a esta altura, riesgos procesales que justifiquen la continuidad del encarcelamiento”.

El planteo de la defensa fue analizado por el Tribunal Oral Criminal Federal 2 de La Plata donde se encuentra radicada la causa abierta en 2017 que determinó el procesamiento y la detención del exsindicalista de la Uocra de La Plata por “asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero”.

“Mi defendido lleva cuatro años de encarcelamiento preventivo. No tuvo juicio ni hay fecha dispuesta para ello”, había dijo Albarracín a la agencia Télam y planteó que Medina habría sido el objeto perseguido por la denominada mesa judicial bonaerense, que se propuso encarcelarlo y “correrlo de la actividad sindical como parte de un delirio autoritario”.

“No podemos dejar de recordar que Juan Pablo Medina desde el inicio estuvo a disposición de la Justicia aún sabiendo de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la persecución penal en su contra”, agregó el abogado.

En ese marco, había señalado que “es hora de restaurar la vigencia del derecho y que se ponga fin a la situación de ilegalidad del que esta siendo victima Juan Pablo Medina”

Si bien había considerado razonable la suspensión del inicio del juicio oral en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero, sostuvo que “la detención que padece Medina no es más que la consecuencia de delitos gravísimos cometidos desde las más altas esferas del Estado”.

En tanto indicó que “una nueva prorroga no haría más que potenciar las consecuencias de aquellos delitos” y las vinculó con la reunión grabada con una cámara oculta en la sede porteña de Banco Provincia donde funcionarios bonaerenses, agentes de la AFI y empresarios supuestamente hablan sobre reunir evidencias para detenerlo.

El motivo de la suspensión es la causa penal que tramita en paralelo por la llamada mesa judicial bonaerense, una reunión de junio de 2017 entre funcionarios del entonces Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri en la que hablaron de iniciarle expedientes judiciales a Medina.

¿Por qué estaba detenido Medina?

Medina fue detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que lo procesó por los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de dinero” y “extorsión” y además le trabó un embargo por 200 millones de pesos.

En febrero de 2020, Medina fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de la localidad bonaerense de Ensenada, en calle 60 entre 9 bis y 11 de Villa del Plata.

Un año después, en febrero pasado, fue excarcelado por el TOF 2 de La Plata. En ese momento, el juez le fijó una serie de restricciones como la prohibición de salida del país, la de acercarse a las víctimas de los hechos por los cuales se lo acusa, y también de participar de actividades gremiales en la UOCRA u otras seccionales.

Sin embargo, el pasado mes de agosto de 2021 Medina y su hijo lideraron una masiva movilización por el centro de La Plata, con el objetivo de volver a tomar el control una vez más de la seccional platense de la UOCRA. Desafiando las prohibiciones que tenían, por redes sociales convocaron con el siguiente mensaje: “Hoy lunes 23 de agosto a las 18 hs desde la Agrupación Política 22 de Enero y en unidad con el frente de Agrupaciones Unidas, vamos a hacer un asamblea donde sellaremos de una vez por todas el destino de los miles de trabajadores y trabajadoras. Hoy no es un día más, hoy es un día que va a quedar grabado en cada uno de nuestros corazones. Nada, ni nadie podrá detener la voluntad de los trabajadores constructores”, advirtieron mediante un comunicado.

En su defensa, “Pata” Medina afirmó que, en realidad, esa marcha no fue un acto gremial sino “un acto político con contenido sindical”, y lo justificó diciendo que donde se efectuó la protesta -en la calle 44 entre 4 y 5- ya no es la sede de la Unión Obrera de la Construcción de La Plata.

En esos días, el juez Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, tomó la decisión de ordenar el regreso a prisión domiciliaria de los ex jefes de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina y su hijo, Cristian “El Puly” Medina, por violar la prohibición de realizar actividades gremiales. Ambos están acusados de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada y se les había impuesto para recuperar su libertad ambulatoria varias restricciones.

Fue horas después de que trascendiera un video donde se veía a un grupo de hombres con armas largas y máscaras que lanzaron amenazas de muerte contra él y el fiscal.

“Revocar la excarcelación otorgada a Juan Pablo Medina en atención al incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, conforme lo dispuesto en el artículo 333 del CPPN”, decía la resolución. Además, ordenaba que se le colocara una pulsera electrónica para monitorear sus movimientos.

En aquel video que se había viralizado en agosto 2021, se escuchaba: “Nosotros queremos arrancar diciendo que si mañana de nuevo van a tomar medidas contra nuestro líder... Acá estamos, pero de verdad. Nosotros estamos con vos Pata, ”Puly“. ¡Cien por ciento!”, dice el cabecilla del grupo en el video que se viralizó en las redes sociales. De inmediato, y en medio de una puesta en escena de la patota cargando sus ametralladoras, el portavoz advierte: “Lo vamos a matar al juez al fiscal, al hijo del juez y al que venga. Acá está la banda del ”Puly“ y del ”Pata“. ¡Ortiba! ¡La concha bien puta de su madre! ¡Manga de giles!”. “¿Quieren guerra? ¡Guerra van a tener!”, replica otra de las voces del grupo.

Con información de agencias.

IG

El exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra) de La Plata Juan Pablo 'Pata' Medina, detenido por este martes por hechos de violencia, fue liberado por la Justicia, que consideró que se le imputan delitos que no ameritan arresto, informaron fuentes judiciales.

“La causa sigue, pero con Medina en libertad”, dijo la fuente consultada por Télam.

El episodio ocurrió en la mañana del martes, cuando Medina se encontraba junto a sus familiares en el hospital para una consulta médica, informó su abogado César Albarracín.

En ese momento, apareció un grupo de personas que lo increpó y allí se generaron los disturbios, con golpes y trompadas, por lo que intervino la Policía.

En ese marco y tras un entredicho que mantuvo con las fuerzas de seguridad, Medina fue detenido.

El parte policial consigna que a las 8 de este martes se recibió un llamado al 99 donde se dio cuenta de un conflicto en el Hospital Italiano, ubicado en la calle 51 entre 29 y 30 de la capital provincial. Cuando los efectivos policiales se acercaron al lugar, fueron informado por el médico de guardia que Medina, que había ingresado al nosocomio con su hija y otra persona, había sido agredido por varias personas que se encontraban en el lugar, quienes también le ocasionaron daños en el automóvil Fiat 500 de color blanco.

La fuerza policial indicó que “al entrevistar a Juan Pablo Medina y en momentos en los cuales era asistido, el dirigente de la Uocra le propinó un golpe de puño a un efectivo”.

Junto con el dirigente sindical también resultaron detenidos su hija, Valentina Medina, de 22 años, y Alfredo Videla Pino, peruano, de 38 años.

La causa quedó caratulada como “Daño y amenazas leves”, a cargo del fiscal Marcelo Romero, de la UFI 6 de La Plata.

IG y DA

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó este viernes a indagatoria al exministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás exfuncionarios, empresarios y exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en la que se coordinaron acciones para buscar el encarcelamiento del sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina.

La ronda de indagatorias dispuesta por el juez Kreplak alcanza también a Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia del Gobierno de María Eugenia Vidal, al intendente de La Plata, Julio Garro, y al exjefe de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra.

La tanda de indagatorias comenzará el 3 de marzo con las declaraciones de los empresarios, mientras que para el final están previstas las convocatorias a los exespías de la AFI.

El exministro de Trabajo Villegas está convocado para el 14 de marzo y Dalmau Pereyra, el último de los citados, para el 31 del mismo mes.

Las convocatorias abarcan a todos los que se reunieron el 15 de junio de 2017 en el salón de usos múltiples del edificio porteño del Banco Provincia, oportunidad en la que empresarios, funcionarios públicos y directivos de la agencia federal de inteligencia discutieron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales como el “Pata” Medina, del gremio de la construcción.

En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial. También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.

El primer imputado del expediente fue Villegas, quien en aquella reunión -cuyo registro audiovisual fue encontrado en la AFI y entregado a la justicia por la actual intervención de ese organismo- manifestó su deseo de poder contar con una “Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escuchaba decir a Villegas en aquella reunión.

En la causa se investiga el supuesto armado de causas contra sindicalistas pero también posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

Qué dijo Vidal cuando se conoció el video

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo a comienzos de enero que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías”, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada”.

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

Con información de agencias.

IG

Asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata reconocieron en un comunicado haber participado de un reunión encabezada en 2017 por el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y funcionarios de la AFI, que se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, pero dijeron que concurrieron para “abordar la problemática relación” que existía “con quien ejercía la conducción de la Uocra” en la capital provincial, en clara referencia al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

La semana pasada, se difundió un video de esa reunión, en la cual participó también el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la cual se discutió un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.

En ese registro audiovisual, Villegas manifestó sus deseos de contar con una organización como la “Gestapo” (la policía política que operó durante el régimen de la Alemania nazi) para accionar contra los gremios en Argentina.

En el texto -firmado por la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); el Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco- los empresarios rechazaron las “expresiones anticonstitucionales” que se aprecian en el video.

“A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región”, señalaron desde la entidades patronales.

Precisaron que “la violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse 'viendo que la problemática sigue su curso' y 'no pudiendo cumplir la tarea encomendada', a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas”.

No obstante, pusieron de relieve el haber reconocido y valorado siempre “el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social”.

En ese marco, resaltaron haber mantenido una relación “armónica, respetuosa y sustentable” con los sindicatos, enfatizaron que su trayectoria “se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas”.

“Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos”, apuntaron.

Con todo, destacaron que a lo largo de 20 años realizaron presentaciones judiciales para requerir “administración de Justicia a quien le compete ese rol” e indicaron que “esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado”.

Recordaron que muchos de ellos y sus familias fueron amenazados “por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional” y añadieron: “los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios”.

“Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley”, concluyeron.

La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata, luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.

En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial.

También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.

FS con información de Télam

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires revocó un fallo de la Cámara de Casación que había absuelto al extitular de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, en un juicio abreviado, en el que se le otorgó la absolución de la condena de once meses de cumplimiento efectivo, por un caso en el que se lo acusaba de “compeler a la huelga” a un grupo de trabajadores.

Por su parte, su abogado Cesar Albarracín anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar “arbitraria” la decisión de la justicia provincial.

El caso ocurrió en 2017 cuando Medina -el año que fue detenido por “lavado de activos y asociación ilícita” por el que cumple prisión domiciliaria- fue acusado de “compeler a la huelga” a un grupo de albañiles en cinco obras realizadas por la constructora Abes en la ciudad de La Plata.

Luego, en un juicio abreviado se arrepintió de esa acción, aceptó las acusaciones y el Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata lo encontró culpable y lo condenó a 11 meses de prisión.

Medina apeló ese fallo en Casación y la Justicia le dio la razón, por entender que no hubo tal delito de “compulsión a la huelga” es decir “obligar a los trabajadores a parar” las obras, pero ahora esa decisión fue revocada por la Suprema Corte provincial.

“Vamos a recurrir ante la Corte Nacional porque interpretamos que la sentencia de la Corte Bonaerense es arbitraria”, dijo a Télam el abogado Albarracín, y explicó que “se hizo un análisis absolutamente parcializado del proceso, omitiendo tener en cuenta que es una de las causas armadas contra Medina por el Gobierno de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal”.

“La sentencia de la Corte Bonaerense sienta a la vez un precedente grave, al pretender someter a proceso disciplinario a los jueces que dictaron la absolución, lo que importa un ejercicio abusivo de las potestades disciplinarias y vulnera la independencia interna de los jueces”, aseveró.

“No tenemos dudas que este proceso contra Medina va a terminar como corresponde, (con) el sobreseimiento o absolución, siendo llamativo que la Suprema Corte bonaerense no cuestione los abusos cometidos contra mi defendido; entre ellos, el sometimiento a una prisión preventiva de casi dos años y medio por un delito cuya pena máxima, según la propia Corte, es de un año”, aseveró.

En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata le otorgó la excarcelación en la causa por la que estaba detenido por “lavado de activos y asociación ilícita” por disposición de la justicia de Quilmes.

En el fallo, la justicia le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales, por lo que Medina permanece con prisión domiciliaria en su vivienda de Punta Lara.

Con información de agencias.

IG

Ni las causas judiciales ni los intentos de normalización sindical de los últimos años reencauzan una interna cada vez más feroz en la UOCRA La Plata. En el último año, luego de que el histórico dirigente Juan Pablo “Pata” Medina fuera excarcelado, las tensiones crecieron. Durante la ausencia del viejo caudillo -acusado de integrar una asociación ilícita- su viejo aliado Iván Tobar, construyó poder y ahora no quiere resignarlo. Este lunes, mientras los dos sectores convocaban a marchas en distintos puntos de la capital de la Provincia, se conoció la renuncia del interventor César Trujillo, que en una carta a la conducción nacional reconocía su impotencia ante la situación y anunciaba su decisión “de manera indeclinable”.

El sector que lidera Medina, junto a su hijo Cristian, había llamado a una marcha hacia la sede nacional del gremio para protestar contra el interventor, a quien acusaban de favorecer a Tobar y de recortarles las bolsas de trabajo que le daban sostén al grupo de Medina. La agrupación Azul y Blanca, que lidera Tobar, había organizado una concentración en la cabecera de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en respuesta a la medida del sector rival. Pero las dos marchas se terminaron disolviendo luego de que se conociera la renuncia del interventor.

A las 10 de la mañana, después de una Asamblea, los de Tobar se fueron de la autopista. En la convocatoria amenazaban con ir hasta la casa de los Medina con ropa de trabajo y recibos de sueldo, pero luego también suspendieron esa protesta. El sector de Medina, alertado de la noticia, también levantó el viaje hasta el edificio donde tiene su despacho Gerardo Martínez. Era una movida riesgosa, que en su propio entorno no le recomendaban y decidió no gastar esa bala de plata Verá ahora qué sucede con la normalización del sindicato, una decisión que deberá tomar Martínez.

Los que sí marcharán este martes a la sede de la Uocra en CABA serán los seguidores de Tobar. En la convocatoria llaman a apoyar al secretario general “para que no se deje amedrentar por quienes vivieron toda la vida a costilla de los trabajadores”.

“En mi carácter de delegado normalizador de U.O.C.R.A Seccional La Plata, presento mi renuncia indeclinable para el cargo que me había sido designado como normalizador de dicha seccional. Enarbolando como premisa absoluta que la paz social es lo que pregonamos desde el primer día, y viendo que la problemática sigue su curso, aun a pesar de todos los esfuerzos realizados, es por eso que tomo tal decisión”. De esta manera comienza el comunicado de renuncia de Trujillo, que había sido designado en octubre pasado por Martínez, en reemplazo del anterior interventor Carlos Vergara. Trujillo es además el secretario general del gremio de la seccional Mar del Plata.    

La intervención de la Uocra La Plata se decidió en septiembre de 2017, cuando comenzaron varias investigaciones judiciales contra el Pata Medina, entre ellos una causa por “por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero” por la que estuvo preso tres años y que espera por el comienzo del juicio oral. Hasta tanto ese proceso no se resuelva no podría aspirar a retomar el control que supo tener.

A pesar de que la Justicia le planteó restricciones a una vuelta a su actividad sindical, Medina decidió seguir adelante con el operativo retorno. 

Cuando el Pata Medina fue excarcelado en febrero de 2021, los jueces le habían prohibido desplegar cualquier actividad en la Uocra, bajo amenaza de volver a la prisión domiciliaria. Hace algo más de un mes, el Pata igual convocó a un acto cerca de la vieja sede de la Uocra, en la esquina de 44 y 4, con los seguidores de los sectores propios y los de su hijo. Anunciaban un encuentro de unidad tras las diferencias familiares. En esa concentración masiva, el Pata mostraba su decisión y días después volvería a estar preso en su casa con pulsera electrónica.

La extendida hegemonía de los Medina está amenazada desde hace un tiempo por Iván Tobar, jefe de la barra de Estudiantes de la Plata. Tobar, que se hace llamar “El General”, tiene un prontuario frondoso y es el hombre al que la dirección de Gerardo Martínez recurrió para intentar encontrarle un sucesor al Pata. Tobar, que estuvo preso por intentar matar a un ex jefe de la barra, tiene una pasado sindical que no inició en el gremio de la construcción. Fue delegado en el sindicato de Comercio, lo denunciaron por supuesta extorsión en el Mercado Central de La Plata y llegó a la Uocra gracias al Pata Medina. Pero desde que el antiguo líder cayó preso, Tobar dejó de serle fiel al Pata y entendió que era el momento de ir por el poder vacante. 

Desde que Medina salió de la cárcel, la interna con Tobar se recrudeció. Hubo varios episodios violentos que terminaron con tiros y cuchillazos. En esa pesada interna, Tobar parece tener la mayoría de los apoyos políticos. Al de Gerardo Martínez se le suma el que recibió durante la campaña de los referentes del Frente de Todos, como Axel Kicillof, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, que aparecieron en fotos con él durante una recorrida por una planta en Ensenada. 

Desde que lo detuvieron en septiembre de 2017. Medina pasó por los penales de Marcos Paz y Ezeiza. Se le abrieron distintas causas en el fuero provincial y federal. En tres procesos fue sobreseído. Pero una de ellas, en la que lo acusaron varios empresarios de la construcción de La Plata, fue elevada a juicio y aún no tiene fecha de realización. En esa causa también están implicados varios miembros de la familia Medina. El hijo, Cristian Medina, la esposa del Pata, Fabiola, la hija de ésta, Marianela Pagnoni, el cuñado David García y la pareja de uno de los hijos del Pata, Lara Muñoz. Además de dos miembros de la Uocra y los titulares de una empresa de catering que el Pata, según la acusación, imponía en las obras en las que sus afiliados trabajaban. 

AM

A cuatro años de la intervención de la Uocra seccional La Plata, la posibilidad de normalización sindical no aparece como un escenario cercano. A los que imaginaban algún tipo de renovación en la dirección del gremio, varios sucesos ocurridos en las últimas semanas les hicieron perder esas esperanzas. La reaparición pública de su ex secretario general, Juan Pablo “Pata” Medina fue la confirmación de que el histórico líder de la construcción no tiene intención de entregar el poder, ni siquiera a su hijo Cristian, que también en algún momento aspira a la sucesión. Medina estuvo preso más de tres años y están procesados a la espera del juicio por “por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero”. Hasta tanto ese proceso no se resuelva no podría aspirar a retomar el control que supo tener. Pero las restricciones que le plantea esa situación judicial no parece frenarlo y la interna con los sectores que fueron tomando poder en su ausencia se pone cada vez más violenta. 

Cuando el Pata Medina fue excarcelado en febrero de 2021 ya llevaba un año de prisión domiciliaria y monitoreado. Los jueces le habían prohibido desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra. Entonces, en caso de inclumplirlo volvería a estar en su casa con la pulsera electrónica. Hace dos semanas, el Pata convocó a un acto cerca de la vieja sede de la Uocra en la esquina de 44 y 4, con los seguidores de los sectores propios y los de su hijo. Anunciaban un encuentro de unidad tras las diferencias familiares. “Vamos a hacer una asamblea donde sellaremos de una vez por todas el destino de los miles de trabajadores y trabajadoras. Hoy no es un día más, hoy es un día que va a quedar grabado en cada uno de nuestros corazones”, anunciaron en redes en un claro desafío a la Justicia. En esa concentración masiva, el Pata mostraba su decisión: sabía que iba a volver a su prisión domiciliaria pero estaba dispuesto a pagar ese precio para no entregarse mansamente.

“La prohibición es inconstitucional y por eso lo recurrimos. A un sindicalista no se le puede oponer la posibilidad de ejercer funciones sindicales. ¿Qué relación puede tener que realice funciones sindicales con que se fugue o que manipule la prueba? Por eso decidimos presentar el caso ante la CIDH y la Corte Suprema. Hay jurisprudencia que nos respalda. Esto aún no está resuelto”, le explicó el abogado de Medina, César Albarracín, a elDiarioAR. “¿Cómo van a imponerle una sanción porque hizo una actividad política? El no podía hacer actividades sindicales dentro de la Uocra”, refuerza el abogado. La defensa de Medina se agarra de que el escrito de excarcelación prohíbe actividades en los locales del sindicato y el acto se hizo en una ex sede de la Uocra, no en la actual, algo que los jueces no compartieron.   

La extendida hegemonía de los Medina está amenazada desde hace un tiempo por Iván Tobar, dirigente de la agrupación Azul y Blanca y jefe de la barra de Estudiantes de la Plata. Tobar, que se hace llamar “El General”, tiene un prontuario frondoso y es el hombre al que la dirección de Gerardo Martínez recurrió para intentar encontrarle un sucesor al Pata. Tobar, que estuvo preso por intentar matar a un ex jefe de la barra, tiene una pasado sindical que no inició en el gremio de la construcción. Fue delegado en el sindicato de Comercio, lo denunciaron por supuesta extorsión en el Mercado Central de La Plata y llegó a la Uocra gracias al Pata Medina. Pero desde que el antiguo líder cayó preso, Tobar dejó de serle fiel al Pata y entendió que era el momento de ir por el poder vacante. 

Primero hizo acuerdos con hinchadas santafesinas, que le dieron poder de fuego. Luego acordó con el primer interventor, Carlos Vergara y se fue adueñando de los locales sindicales que habían quedado en manos del sector de Medina. Con el paso del tiempo, su influencia se extendió a la destilería y la central termoeléctrica de YPF en Ensenada, dos de los viejos bastiones de Medina. 

Desde que Medina salió de la cárcel, la interna con Tobar se recrudeció. Hubo varios episodios violentos que terminaron con tiros y cuchillazos. El 3 de agosto, en la sede del predio de la Uocra que funciona en Tolosa, un grupo de personas la baleó el frente. Un mes antes la habían querido prender fuego. Este ataque sucedió horas después de incidentes entre un grupo cercano a Medina y policías bonaerenses, cuando fueron a pedir trabajo en la obra de remodelación que se realiza en la estación de trenes de La Plata. En junio, en Ensenada, un grupo supuestamente vinculado con Cristian Medina, intentó incendiar la casa de un dirigente que apoyó la intervención. Todo terminó en un enfrentamiento que dejó un herido de bala. 

En medio de todos estos cruces, se difundió por redes un video en el que un grupo de enmascarados armados, que se presentaban como cercanos a Medina, amenazaban al juez y a los fiscales de la causa contra el Pata. El video resultaba demasiado burdo para ser cierto y desde el entorno de Medina acusaron a Tobar.

En esa pesada interna, Tobar parece tener la mayoría de los apoyos políticos. Al de Gerardo Martínez se le suma el que recibió los últimos días de los referentes del Frente de Todos. El 26 de septiembre, Axel Kicillof apareció en una foto en Ensenada con los referentes de la Azul y Blanca, entre ellos Tobar. Fue en una recorrida de campaña por la Central Térmica de Barragán, acompañado de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Y del otro lado, por más que Medina invoque a Cristina Kirchner, la ex presidenta no volvió a mencionarlo desde que dijo que era “un personaje nefasto”, allá en 2017. De hecho, en mayo de este año, Medina quiso entrar a un acto para dejarle una carta a Alberto Fernández y a Cristina y le prohibieron la entrada.

También varios empresarios de la construcción de La Plata ya hicieron saber a la intervención que la vuelta de Medina al sindicato no sería bien recibida y que pone en riesgo futuras inversiones. Si bien ninguno blanqueó preferencia por Tobar, no hay muchos más candidatos para apostar. 

“El tiene que entender que lo que ya sucedió es parte del pasado. Si tiene orgullo y dignidad tiene que dar un paso al costado. Entiendo que hasta que no haya un líder nuevo no podremos conseguir cierta paz social y normalizar la situación. Pensé que iba a venir a hacer el Pacto de la Moncloa (NdeR: los acuerdos firmados en España luego del franquismo para garantizar la transición democrática) y que luego se podría seguir adelante y elegir nuevas autoridades pero me equivoqué”, le explica a este diario el actual interventor de la Uocra de La Plata, César Trujillo, también secretario general de la seccional Mar del Plata. Según explica, parte de su tarea será cortar con las bolsas de trabajo que en la práctica resultaban como una suerte de administración de premios y castigos, en la que siempre estaban beneficiados los que se alineaban con el Pata Medina. “Vamos a cortar con ese tipo de mecanismos, que generaban un punterismo que queremos desterrar. Pero por lo que estuvimos viviendo en los últimos tiempos, no veo un horizonte cercano en el que la situación esté normalizada”, agregó.

Desde que lo detuvieron en septiembre de 2017. Medina pasó por los penales de Marcos Paz y Ezeiza. Se le abrieron distintas causas en el fuero provincial y federal. En tres procesos fue sobreseído. Pero una de ellas, en la que lo acusaron varios empresarios de la construcción de La Plata, fue elevada a juicio y aún no tiene fecha de realización. En esa causa también están implicados varios miembros de la familia Medina. El hijo, Cristian Medina, la esposa del Pata, Fabiola, la hija de ésta, Marianela Pagnoni, el cuñado David García y la pareja de uno de los hijos del Pata, Lara Muñoz. Además de dos miembros de la Uocra y los titulares de una empresa de catering que el Pata, según la acusación, imponía en las obras en las que sus afiliados trabajaban. 

AM/WC

La justicia federal de La Plata revocó hoy la excarcelación al exjefe de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medina, por haber participado de una actividad sindical el pasado lunes, y le colocó nuevamente una tobillera magnética para que cumpla con el arresto domiciliario.

Una fuente judicial precisó que la medida fue adoptada por el titular del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, Alejandro Esmoris, y también alcanzó al hijo del exsindicalista, Cristian Medina.

El lunes último, “Pata” Medina participó de un acto realizado en la exsede de la Uocra La Plata, ubicada en la calle 44 entre 4 y 5, hecho que debió explicar ayer a la justicia, cuando aseguró que se trató de un acto político y no gremial.

Esta tarde, personal policial se presentó en la casa del exjefe de la Uocra y le notificó que se le revocaba el beneficio excarcelatorio, tras lo cual procedieron a colocarle una tobillera magnética para que cumpla con prisión domiciliaria.

En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata le otorgó la excarcelación en la causa por la que estaba detenido por “lavado de activos y asociación ilícita” por disposición de la justicia de Quilmes.

En el fallo, la justicia le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales.

DA

El exjefe de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina negó hoy haber participado de una actividad sindical el pasado lunes y haber violado la prohibición que le impuso la justicia federal cuando le otorgó la excarcelación en febrero de este año.

Medina fue convocado hoy a una audiencia por el titular del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, Alejandro Esmoris, tras su participación el lunes pasado en un acto realizado en la exsede de la Uocra La Plata, ubicada en la calle 44 entre 4 y 5.

Su abogado defensor, César Albarracín señalo hoy que en la audiencia que se realizó por Zoom, Medina justificó su presencia en el encuentro, al señalar que “se trató de un acto político, sin contenido sindical, ya que la sede de la Uocra no está más en ese lugar”.

Albarracín precisó también que en la audiencia se le manifestó al juez que el sindicalista “cumple con la medida que le restringe realizar actividades sindicales”, aunque aseguró que se le pidió al magistrado que “la levante porque a esta altura no tiene sentido mantenerla”.

“Fuera de la actividad sindical, Medina puede hacer uso del derecho de expresarse y participar de actividades políticas”, consignó el abogado.

El letrado dijo además que esta mañana radicó una denuncia penal para que se investigue un video subido a las redes en los que supuestos integrantes de la Uocra que responden a Medina amenazaron con armas al fiscal y a los jueces de la causa.

“Adjuntamos el video y algunas imágenes que pueden servir para identificar a los que se filmaron”, explicó.

Desde el sector de Medina sospechan que el video fue grabado por una facción opositora con el objetivo de perjudicarlo.

Una fuente judicial explicó que, tras la audiencia, el juez resolverá en 72 horas si Medina continúa excarcelado o debe volver a prisión.

En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata le otorgó la excarcelación en la causa por la que estaba detenido por “lavado de activos y asociación ilícita” por disposición de la justicia de Quilmes.

En el fallo, la justicia le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales

La interna de la UOCRA La Plata está al rojo vivo: los dos sectores del gremio de la construcción realizaron actos en distintos puntos de la ciudad de las diagonales. Por un lado, la Agrupación Blanca y Azul, cercana a la intervención, que llevó adelante un encuentro gremial con desocupados en el búnker montado en 526 entre 23 y 24. El sector lo lidera Iván Tobar.

Del otro lado,  Juan Pablo “Pata” Medina y su hijo Cristian “Puly” Medina encabezaron un acto en la histórica sede de la UOCRA, ubicada en la avenida 44 entre las calles 4 y 5. El Pata ascendió a la estructura armada sobre la calle 4 para tomar el micrófono y referirse ante una multitud: “Volvemos a la avenida 44”.

“Mi responsabilidad es luchar cada vez más para buscar la liberación de los trabajadores constructores. La liberación significa trabajo, buen salario y la no explotación de la patronal contra los compañeros y compañeras”, destacó el gremialista. Para luego desafiar: “¿Quieren que siga manejando el timón del barco o no?”.

El gremio se encuentra intervenido desde septiembre de 2017 cuando integrantes de la familia Medina fueron detenidos, acusados de graves delitos (extorsión, asociación ilícita, lavado de dinero). Varias causas se cerraron, otras quedan en pie y se espera el debate en juicio oral. Desde que salieron de prisión tienen un solo objetivo: recuperar el control y poder del gremio que nuclea a más de 5.000 afiliados.

En febrero pasado, la Justicia Federal de La Plata le otorgó la excarcelación a Medina. El Tribunal mantuvo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes a la Comisaría con jurisdicción en su domicilio, mientras dure la emergencia sanitaria, debiendo, luego, comparecer en la sede del tribunal con similar periodicidad. Además le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales. 

DA