La Cámara Federal de Casación denegó este viernes el pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se le retire la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas, entre otras demandas.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el pedido de la defensa de la ex mandataria, según confirmaron fuentes judiciales.

De esta manera, además del uso de la tobillera, seguirá rigiendo el límite para el ingreso de personas que no integren el núcleo familiar inmediato, con un tope de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas.

La disposición fue tomada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.

La ex mandataria también había sido noticia el jueves cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de Fernández de Kichner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex jefa de Estado cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales. 

La pensión

Por otro lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto este jueves la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la ex presidentapor el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, aunque el Ministerio de Capital Humano apeló esa medida.

La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.

Hasta hace dos años, cuando fue suspendida, la pensión rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con las mismas condiciones vigentes, que incluyen el uso de tobillera electrónica y restricciones en las visitas a su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, evaluó los recursos presentados por la defensa y el Ministerio Público Fiscal. Mientras que la defensa cuestionó la necesidad de la tobillera y las autorizaciones previas para visitas fuera de una nómina autorizada, el fiscal general Mario Villar desistió de su pedido inicial de revocar la prisión domiciliaria, reconociendo que la expresidenta cumple con las condiciones impuestas y que las circunstancias que motivaron su solicitud original ya no están vigentes.

En una votación mayoritaria, Hornos y Barroetaveña respaldaron la vigencia de las medidas de control, argumentando que son necesarias para garantizar un control judicial efectivo y la seguridad personal de la exmandataria, especialmente frente a la gravedad institucional de los delitos por los cuales fue condenada. Por su parte, Borinsky votó en disidencia, considerando que la custodia policial permanente es suficiente y que la tobillera electrónica y las restricciones en las visitas resultan desproporcionadas y limitan derechos personales y políticos.

La Cámara enfatizó que la prisión domiciliaria es una excepción sujeta a control judicial permanente, y que las condiciones podrán ser revisadas si cambian las circunstancias del caso, como un eventual incumplimiento o nuevos riesgos. Además, recordó que el lugar de cumplimiento de la pena no puede ser modificado por la justicia penal en lo relativo al uso del espacio público, competencia que corresponde al Gobierno de la Ciudad.

En su extenso fallo, los jueces destacaron que el régimen impuesto busca equilibrar el cumplimiento efectivo de la pena con la garantía de derechos, señalando que la ley prevé la colocación del dispositivo electrónico como regla general para la prisión domiciliaria, salvo excepciones justificadas por informes técnicos, los cuales no se han presentado en este caso. También subrayaron que la exigencia de autorización previa para visitas fuera del núcleo familiar o profesional es razonable y compatible con los estándares legales vigentes, dada la naturaleza y gravedad del delito juzgado.

Finalmente, Hornos remarcó que la sanción por delitos de corrupción debe tener una dimensión expresiva e institucional que reafirme la vigencia de la ley y la igualdad ante la justicia, sin privilegios por el rango o la exposición pública del condenado.

El Tribunal que tenía a cargo el juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio en julio del 2018 de un vecino del barrio Samoré, ratificó este martes la suspensión del debate, ordenó el cese de su arresto domiciliario y que se le quite la tobillera electrónica que le habían colocado para monitorearlo. Además, dispuso la Justicia Civil lo supervise en su tratamiento de rehabilitación por el consumo de sustancias, hasta que esté en condiciones psíquicas.

En un fallo de 31 páginas los jueces Juan Martín Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño, resolvieron como primer punto rechazar el pedido de sobreseimiento de Álvarez, requerido por el José Marino. El defensor oficial consideraba que “Pity” debe ser declarado inimputable debido a su estado de salud y sus padecimientos psicológicos y psiquiátricos por el consumo de sustancias.

“Teniendo en cuenta los informes médicos y demás constancias obrantes en autos, sin perjuicio de las afecciones que presenta Cristian Gabriel Álvarez Congiu -trastorno cognitivo mayor, trastorno depresivo, trastorno adictivo de consumo de sustancias crónico y diversos factores de riesgo-, ello no permite aseverar que, en la actualidad, el nombrado resulte inimputable”, indicó Goerner en sus argumentos, al que adhirieron sus pares.

No obstante, en la resolución, los magistrados sí hicieron lugar a la suspensión del debate oral por el crimen en Villa Lugano de Cristian Maximiliano Díaz (36), al considerar que el exlíder de “Viejas Locas” e “Intoxicados” no está en condiciones psíquicas de afrontar un debate oral.

Por ese motivo, se ordenaron informes trimestrales para conocer la evolución en la salud de Álvarez y establecer si, en algún momento, podrá ser juzgado por el delito de “homicidio simple”, el cual prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Por otra parte, los jueces ordenaron el cese del arresto domiciliario del músico y que se le retire su tobillera electrónica, que fue provista para controlar su atención médica en el tratamiento por sus adicciones en una clínica, desde donde se informó que “no presenta adherencia y no participa en los tratamientos”.

Un informe del Cuerpo Médico Forense aportado por la defensa del artista concluyó que “las facultades mentales de Álvarez Congiu no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal, ya que presenta un cuadro de deterioro psicoorgánico, compatible de acuerdo a la evaluación psiquiátrica con Trastorno Cognitivo Mayor, que le impide la autonomía adecuada para desenvolverse en la vida diaria, y un Trastorno Depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía, por lo que en la actualidad no estaría en condiciones de estar en proceso debido a su deterioro psicoorgánico, que le dificultaría su adecuada defensa en el proceso”.

“Al respecto, debe recordarse que el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense expuso que si bien el daño psiconeurobiológico que presenta Álvarez Congiu resultaría mayormente irreversible, no puede descartarse una mejoría que podría producirse en caso de recibir un tratamiento adecuado, luego de lo cual podría volver a ser evaluado”, sostuvieron los jueces en su mencionado fallo.

Fue por ello que el tribunal dispuso la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil 4 “ante la posibilidad de que, eventualmente, sea necesario disponer su internación involuntaria en un dispositivo adecuado para afrontar su cuadro de salud mental”.

Luego de conocer la decisión judicial, Jacqueline Guazzardi, hija del hombre cuyo crimen se le atribuye a Álvarez Congiu, se mostró molesta y se preguntó: “¿Cómo es posible que si estando con sus adicciones mató a una persona, hoy, cinco años después, luego de estar en rehabilitación, esté peor?”. “Con sus adicciones, mató a una persona, y no solo la mató, sino que la remató en el piso, escondió el arma, se fue a bailar, estuvo prófugo, le mandó un audio a la madre y también está la grabación de cuando fue a la comisaría y dijo que era él que disparó”, declaró.

Guazzardi afirmó que el músico “en todo momento demostró que estaba consciente de lo que hizo”, por lo que no entiende por qué “luego de estar en rehabilitación no está en condiciones de entender lo que sucede”.

En una entrevista a Télam, el único testigo del homicidio, quien prefirió no revelar su identidad, afirmó sobre Álvarez: “Siempre estaba drogado y enfierrado; era una bomba de tiempo que iba a explotar en cualquier momento y explotó ahí. Espero que pague por lo que hizo”.

LC con información de agencia Télam

La justicia federal de La Plata revocó hoy la excarcelación al exjefe de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medina, por haber participado de una actividad sindical el pasado lunes, y le colocó nuevamente una tobillera magnética para que cumpla con el arresto domiciliario.

Una fuente judicial precisó que la medida fue adoptada por el titular del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, Alejandro Esmoris, y también alcanzó al hijo del exsindicalista, Cristian Medina.

El lunes último, “Pata” Medina participó de un acto realizado en la exsede de la Uocra La Plata, ubicada en la calle 44 entre 4 y 5, hecho que debió explicar ayer a la justicia, cuando aseguró que se trató de un acto político y no gremial.

Esta tarde, personal policial se presentó en la casa del exjefe de la Uocra y le notificó que se le revocaba el beneficio excarcelatorio, tras lo cual procedieron a colocarle una tobillera magnética para que cumpla con prisión domiciliaria.

En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata le otorgó la excarcelación en la causa por la que estaba detenido por “lavado de activos y asociación ilícita” por disposición de la justicia de Quilmes.

En el fallo, la justicia le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales.

DA

El dirigente social Luis D´Elía quedó hoy en libertad condicional en la causa en la que fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría del barrio porteño de La Boca, en 2004, y encabezó un acto en la sede de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) en el partido bonaerense de La Matanza.

Voceros del partido Miles informaron que agrupaciones y organizaciones sociales y políticas se concentraron a las 14 en la ruta 3 (a la altura del kilómetro 23) y la calle Marconi, y desde allí se dirigieron hasta la casa de D'Elía, en Isidro Casanova.

El dirigente, desde la terraza de su vivienda, anunció que realizaría “un acto simbólico” y se quitó la “pulsera que tengo en el pie derecho, adelante de todos ustedes”, mientras los manifestantes lo acompañaron cantando “libertad, libertad a los presos por luchar”.

Desde ese domicilio donde cumplió prisión domiciliaria, marcharon junto a D´Elía hasta la sede de la FTV Miles, ubicada en Tres Cruces 4151 de La Matanza, donde se hizo un acto y un festival artístico, “respetando todos los protocolos vigentes ante la pandemia” de coronavirus, aclararon los organizadores.

La semana pasada la Justicia concedió la libertad condicional desde hoy a D'Elía, por decisión de la jueza del Tribunal Oral Federal 6 Sabrina Namer. D'Elía estaba con prisión domiciliaria bajo control de tobillera electrónica y obtuvo el beneficio porque alcanzó el requisito temporal para acceder a él.

El titular del partido Miles quedó detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena se consideró firme y la pena vencerá el 24 de noviembre de 2022.

Del encuentro de hoy participó en forma telefónica desde Jujuy la secretaria general de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala.

También fueron invitados el titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, entre otros.

DA