Octubre de 2020. La pandemia de Covid-19 apenas comenzaba a amainar cuando Silvina Moschini, una argentina radicada en Estados Unidos, anunciaba con bombos y platillos que, gracias al empujón de los cambios de hábitos generados por el confinamiento en todo el mundo, su empresa de gestión de trabajo remoto TransparentBusiness se había convertido en un “unicornio”. Es decir, había alcanzado una valuación privada de US$1.000 millones y se había colocado en la misma liga de –por entonces– Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX y Auth0–.  Y lo presentaba así, como un “unicornio rosa” porque era liderado por una mujer.

Después del entusiasmo inicial, la noticia comenzó a generar discusiones en el propio mundo emprendedor por la manera en que la empresa había levantado su inversión y las dudas respecto de si el valor que anunciaba era real o no. “Son estafadores haciendo public solicitation a inversores desprevenidos en Facebook. Deberían ir en cana”, publicó en su cuenta de Twitter el emprendedor tecnológico Santiago Siri, el primero en llamar públicamente la atención sobre la empresa. 

Las mismas personas que estaban detrás de ese supuesto “unicornio rosa” quedaron ahora bajo investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC, el organismo regulador de los mercados financieros en Estados Unidos) por otro emprendimiento, que en realidad es el mismo pero tiene otro nombre y está centrado no ya en una plataforma de gestión del trabajo remoto sino en el negocio crypto: Unicoin. “Cambió de nombre porque cambió el mercado”, apuntó Moschini en diálogo con elDiarioAR. 

Ahora, tal como publicó inicialmente Hugo Alconada Mon en La Nación, tanto Moschini como el actual CEO y presidente del directorio de Unicoin, Alex Konanykhin, y el ejecutivo a cargo del área de Inversiones, Alex Domínguez, están acusados de engañar a los inversionistas con afirmaciones y promesas sobre supuestas inversiones y activos que “eran ilusorios”. Concretamente, por cometer fraude contra ellos por más de US$100 millones. 

Algo que resuena con las sospechas que circularon cinco años atrás y que, del mismo modo que ahora, Moschini atribuyó a motivaciones políticas o enconos personales e intentó detener con denuncias. Siri, por caso, fue demandado por difamación en Estados Unidos, algo que no prosperó judicialmente –fue sobreseído por la Corte de Nevada seis meses después– pero que fue efectivo para amedrentar a medios argentinos sobre los riesgos de difundir el caso. 

Cómo se construye un unicornio

El camino de los emprendedores para desarrollar una compañía y crecer tiene una serie de pasos bastante estandarizados. Luego de recabar fondos entre familiares y amigos para instalar las bases de su negocios, los emprendedores buscan inversores dispuestos a desembolsar dinero a cambio de participación en la empresa. Son los llamados inversores ángeles, que suelen ser personas físicas con cierto recorrido en el mundo de los negocios. 

Luego se realiza una primera ronda de inversión, la serie A, donde participan fondos de inversión de riesgo profesionales (venture capital), institucionalizados, que hacen un análisis minucioso sobre el plan de negocios de la empresa, proyectan una evolución, y ofrecen pagar determinado monto de dinero por determinada cantidad de acciones de la empresa, lo que arroja la valuación de la misma. Por ejemplo, si están dispuestos a pagar US$100.000 por el 10% de la compañía, eso quiere decir que el 100% de la empresa vale US$1 millón. 

La compañía puede repetir las rondas de capital –la serie B, la serie C, la serie D–, en la que se da el mismo proceso, hasta que –entre otras posibilidades– hace una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) y sale a la bolsa. 

“La valuación de las compañías es un cálculo teórico; nadie paga el monto total de dinero, pero es así como se valúan”, explica Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School. “Un unicornio es una compañía que en una ronda de inversión validó mediante fondos de inversión profesionales su valor de US$1.000 millones”, sintetiza. Cuanto mayor reputación tengan los fondos que invierten –por haber participado de la capitalización de otras startups exitosas, por ejemplo– más sólida es esa valuación.

En el caso de TransparentBusiness, fundada en Estados Unidos por Moschini y Konanykhin, el proceso se dio de otro modo. Según explicó en su momento Moschini, decidió utilizar un instrumento “desconocido por la mayoría de los emprendedores” que le permitió  “hackear” el sistema y capitalizarse sin recurrir a los fondos de inversión profesionales ni transitar el camino mencionado anteriormente. Según su explicación, decidió hacerlo así por dos motivos: porque los fondos “raramente invierten en mujeres emprendedoras” y porque tiene un interés en “democratizar el acceso a oportunidades de inversión para más gente alrededor del mundo”. 

En efecto, la particularidad de TransparentBusiness era que –fuera de Estados Unidos– sus inversores eran “personas comunes” que podían concretar la compra de acciones simplemente ingresando a un link. Una de las formas en que esta invitación llegaba a los potenciales inversores era a través de anuncios publicitarios en redes sociales como Facebook donde TransparentBusiness se presentaba como una “unicorn opportunity” y sugería un posible retorno del 22.500%. 

Inversores profesionales versus inversores inexpertos

El instrumento legal de financiamiento que utilizaba la empresa es la Regulation D 506c de la Securities and Exchange Commission (SEC), que entró en vigencia en 2013 con el objetivo de facilitar el levantamiento de fondos para startups. Esta regulación eliminó la prohibición para publicitar abiertamente la venta de acciones en internet, medios y otras vías (general solicitation) antes de salir a la bolsa. Sin embargo, señala que los compradores deben ser inversores acreditados (accredited), lo que quiere decir que tengan una experiencia en inversiones respaldada por un determinado nivel de ingreso y patrimonio. Pero esa condición aplica solo en Estados Unidos. Según Moschini, la Regulation S les permitía que en el resto del mundo cualquiera pueda comprar acciones, sin necesidad de tener conocimiento del tema. 

Mediante este sistema de oferta abierta la empresa ofrecía sus acciones a US$1. En octubre de 2020 tenía 1000 millones de acciones autorizadas y de esos dos números deducía la valuación que le daba el supuesto estatus de unicornio. “La valoración se estima multiplicando el precio de las acciones por el número de acciones de la corporación. En nuestro caso tenemos autorizadas la emisión de mil millones de acciones de la compañía y el mercado está comprandolo a US$1 por acción, por lo que pone a la compañía en una valuación post-money de facto de mil millones de dólares”, argumentaba entonces Moschini. 

Pero si quienes compran esas acciones son inversores inexpertos, que no realizan un análisis del plan de negocios como el que hacen los fondos en la instancia de las rondas antes de hacer su oferta, el punto problemático era quién validaba el valor de esas acciones y, por lo tanto, el valor proyectado de la compañía.  

En la página 13 del documento al que se accedía cuando cualquier persona avanzaba en el proceso para invertir en la empresa, dentro del apartado de “factores de riesgo”, decía: “El precio de oferta por acción fue determinado arbitrariamente por nuestro management”. Y detalla que “no fue el resultado de ninguna negociación entre la empresa y ninguna firma de banca de inversión y no guarda relación alguna con los activos, el valor en libros, los resultados de las operaciones, patrimonio neto u otros criterios de evaluación aplicables a la empresa” y que “no debe considerarse una indicación” de su valor real o el precio futuro de sus acciones.

“Desconozco si la compañía vale lo que dice o no, tal vez sí lo vale. Pero si ese número no está respaldado por su producto, su equipo y su potencial, va a tener problemas, porque significa que le vendió acciones caras a personas que no saben de esto, a 'gente común' que no conoce de inversiones en venture capitals y que tal vez se dejaron seducir por un retorno que está muy lejos del retorno al que aspira un inversor en estadío temprano”, opinó en ese momento Manuel Tanoira, socio a cargo del área de Venture Capital del estudio jurídico Tanoira Cassagne.

Para Fernando Terre, experto en valuaciones de First Capital Group, promocionar un retorno del 22.500% más que atraer a un inversor experto, lo “retrae”. Primero, porque poner un rendimiento astronómico como este, muy lejano incluso de lo que exigen los fondos de capital de riesgo, debería generar una sospecha muy fuerte. Segundo, porque las empresas nunca publican cuánta rentabilidad esperan, simplemente porque no pueden garantizarlo. 

De TransparentBusiness a Unicoin 

En 2022 Transparent Business se transformó en Unicoin, la empresa ahora investigada por la SEC. “Convertimos a los inversores de TransparentBusiness a la nueva compañía –solo cambió el nombre y le emitimos también dividendos— con los tokens para que tengas más oportunidades de exit”, explicó Moschini en diálogo con elDiarioAR desde Miami. “Cambió de nombre porque cambió el mercado”, apuntó. 

En concreto, Unicoin vende certificados que otorgan a los inversores el derecho a acceder a tokens (criptomonedas) de la empresa, una vez que realice el lanzamiento en un exchange o mercado, un proceso llamado ICO o initial coin offering. La empresa de Moschini promete que ese token estará respaldado por activos reales, pero la SEC señala en su demanda que los certificados vendidos no estaban registrados en la Comisión de Valores y que su valor estaba por debajo de lo que señalaban. 

“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens, una vez emitidos, estarían respaldados por activos reales, incluyendo una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias”, declaró Mark Cave, Director Asociado de la División de Cumplimiento de la SEC. “Sin embargo, los activos inmobiliarios valían una fracción de lo que la compañía afirmaba y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias”. 

Para Moschini, la investigación es “100% política”, impulsada por funcionarios del SEC que buscarían obstaculizar el desarrollo del negocio cripto en el país. Asegura que la SEC “tergiversó la información” sobre el valor de sus propiedades y que la reacción del organismo estadounidense deviene de que lo “desafiaron” con una propuesta de negocios audaz. “Quiero llegar al fondo de esto, que creo que puede ser el SECgate”, siguió la empresaria, que en un mensaje enviado por redes sociales a sus inversores se mantuvo firme en su postura: “A nuestros accionistas, seguidores y creyentes en la verdadera innovación: nuestra lucha continúa. La verdad prevalecerá”.

DTC

Un círculo de cien empresarios argentinos viene financiando el plan dolarizador de Emilio Ocampo, que este miércoles se sumó al escueto equipo económico de Javier Milei. Entre sus integrantes figuran Alec Oxenford, creador de dos unicornios de clasificados online que después vendió, Letgo y OLX, también fundador de DeRemate y actual CEO del fondo Alpha Capital, residente en Río de Janeiro; Gonzalo Tanoira, integrante de la familia Bemberg, presidente de la citrícola San Miguel y director de la bodega Peñaflor, exjefe de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE); y Eduardo Bastitta, el fundador y CEO de Plaza Logística, que le armó, por ejemplo, el centro de distribución a Mercado Libre en La Matanza; que ahora está montando una Silicon Valley en Colonia del Sacramento y que el domingo estaba festejando en el búnker libertario del Hotel Libertador.

Hasta el pasado fin de semana pocos hombres de negocios nacionales se interesaban por sus ideas, pero después de la victoria en las primarias comenzaron a recibir mensajes de ellos, desesperados por conocer de qué se trata un proyecto del que en principio desconfían. También esta semana comenzaron los contactos con Wall Street.

El martes aterrizó en Estados Unidos Juan Nápoli, el presidente del Banco de Valores y asesor financiero de River que el domingo celebraba en el escenario con Milei porque es candidato a senador por la Capital. En Nueva York están preocupados porque ven a Milei precario en su razonamiento y su abordaje y falto de experiencia de gestión y de equipo económico.

Bastitta, de 42 años, que estudió economía de la empresa en la Universidad Di Tella, comenzó a obsesionarse al inicio del gobierno de Mauricio Macri por cómo la Argentina podía emprender una reforma monetaria profunda que permitiera al país un “crecimiento sostenido, con reducción de la pobreza, sin mercados monopólicos y con bancos que funcionen como tales”, contaba a sus amigos.

En ese momento pensaba que la solución debía pasar por el peso y la indexación de contratos o por una unidad monetaria con Brasil. Pero en la medida en que la inflación empeoró fue convenciéndose de que la salida sólo vendría por la adopción del dólar. Es así que hace dos años junto con Tanoira, Oxenford y otros cuatro hombres de negocios comenzaron a financiar estudios para caminar hacia allí.

Aunque ya Milei hablaba de dolarizar, ellos prefirieron apoyar a Ocampo, profesor de finanzas e historia económica de la ultraortodoxa Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (Ucema), que trabajó entre 1990 y 2005 en Nueva York y Londres para los bancos Chase Manhattan, Salomon Brothers, Citigroup y Morgan Stanley.

Exportadores hartos de que el Banco Central se quedara con sus dólares al tipo de cambio oficial, le pagaron a Ocampo para que investigara las experiencias dolarizadoras de Ecuador, El Salvador, Panamá o Zimbabwe o la adopción del euro en Europa, con la idea de ofrecerlo al candidato presidencial que quisiera apropiarse de la receta. Ocampo escribió en 2022 un libro, 'Dolarización. Una solución para la Argentina', junto a Nicolás Cachanosky, sobrino del economista ultraortodoxo y mediático Roberto Cachanosky, acérrimo enemigo de Milei y de su idea de abolir el peso.

Ante la críticas que Milei recibía sobre la inconsistencia de su plan dolarizador por la falta de divisas para canjearlas por los pesos circulantes, en los últimos meses el candidato libertario comenzó a citar como modelo el pensamiento de Ocampo.

Qué propone Ocampo, la flamante incorporación de La Libertad Avanza

El profesor de la Ucema propone crear un fideicomiso de estabilización monetaria con los activos del Banco Central, desde el oro hasta los títulos de deuda con el Tesoro, otros bonos en manos de organismos estatales; las empresas públicas, incluida una de las pocas que gana dinero y vale cada vez más, YPF; las acciones de las que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispone en grandes compañías (como el Banco Macro, Telecom, Grupo Financiero Galicia, la siderúrgica Ternium, del grupo Techint, o Transportadora Gas del Sur, TGS, de Pampa Energía), un porcentaje de las retenciones que no se quiten al inicio del gobierno o una porción de lo recaudado con concesiones como las licencias del 5G.

La idea es que todos esos activos actúen de garantía del fideicomiso en el que invertirían bancos internacionales. Estas entidades apostarían al negocio de que la estabilidad de precios vía dolarización traiga crecimiento económico y revalorización de esas garantías. Por ejemplo, que los títulos públicos que hoy cotizan a un tercio de su valor se aprecien.

De lunes a miércoles los mercados no le creyeron a Milei y los bonos cayeron. Deberá convencerlos. El objetivo es juntar US$30.000 millones, el 5% de los 632.000 millones del PBI. “Si no se consiguen esas garantías, la dolarización no se hace. Y si el tipo de cambio es explosivo, $ 2.000 como decían algunos, tampoco se hace, tiene que hacerse a un tipo de cambio de mercado”, aclaran Bastitta en un intento por llevar tranquilidad. El proceso puede demorar hasta dos años, según admitió Milei esta semana. Ya no se habla de aplicarlo de inmediato.

“Es muy caro salir de esta inflación con moneda propia, es brutalmente recesivo y lleva mucho tiempo, no dan la economía, la situación social ni los tiempos políticos”, comenta Bastitta. “Sin crecimiento, en dos años perdés las elecciones legislativas. Con crecimiento, en dos años podés tener un poder político sin precedentes. Con recesión, una reforma laboral sale mal. Con crecimiento podés implementar esa y otras reformas. En el mediano plazo tendrías una explosión del crédito, del 8% del PBI actual al 30%, que te permitiría crecer. Y a largo plazo podés ofrecer a la gente, sin obligarla como en Zimbabwe, una moneda nacional o una regional. O sea, la dolarización es reversible. Es una falacia que no se puede salir”, expone Bastitta.

Cuando se le pregunta por el caso de Ecuador, que desde que dolarizó en el año 2000 ya entró en default dos veces y va camino de la tercera, mientras el narco azota sus calles y mata políticos, el CEO de Plaza Logística responde: “Es verdad que Ecuador tuvo déficit fiscal 17 de los últimos 20 años y se endeudó, pero prohibieron la dinámica perversa de imprimir moneda. Puede defaultear, pero el Estado se hace cargo de sus propios problemas y el sector privado no se mosquea”. Pero la pobreza supera a la de la Argentina, según el 'Panorama Social 2022' de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El equipo que ya suena

Ocampo podría ir al Banco Central, antes de que desaparezca cuando se instaure el dólar, según razonan los empresarios dolarizadores y los amigos de Milei. Lo que no saben es quién iría de ministro de Economía. Domingo Cavallo, ídolo del candidato de La Libertad Avanza pese al ruinoso final de su gestión en 2001, es quien ha promovido a varios de los economistas que lo rodean: Diana Mondino, directora de Loma Negra y Bodegas Bianchi, para la Cancillería; el ex ministro de Economía de Carlos Menem Roque Fernández y su ex secretario de Política Económica Carlos Rodríguez. Todo un regreso al pasado de los 90 que tampoco funcionó, como el presente peronista o como el pretérito reciente de Macri, que hace el doble juego entre Milei y Patricia Bullrich.

Otro cavallista que entraría al plantel libertario como ministro del Interior sería Guillermo Francos, que fue sciolista y ahora es representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por designación de Alberto Fernández. Toda la casta de Cavallo, el ex ministro de Economía de Menem y de Fernando de la Rúa, primero autor del uno a uno con el dólar que terminó con la dramática hiperinflación a costa de un ajuste brutal del gasto público, la privatización de empresas y el salto del desempleo; y después, líder del epílogo de la peor crisis institucional, política, económica y social de la Argentina de las últimas décadas: la de 2001.

El lunes, el celular de Milei —cada vez más patilludo como Menem en la elección de 1989— estaba estallado de mensajes de empresarios que quieren juntarse con él para entender qué hará, cómo y con qué equipo.

Algunos prometen inversiones, aunque por ahora suenan a humo. Aunque descreen de momento de la dolarización, están desbordados de entusiasmo porque la mayoría de la población ha votado a favor de candidatos que prometen talar el gasto público, bajar impuestos, liberar el cepo, flexibilizar la legislación laboral y venderle al sector privado negocios que hoy controla el Estado, como el aéreo, el correo o el tren.

“Ojalá se dé”, escribió en X (Twitter) el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, residente en Montevideo. Oxenford también usó la red de Elon Musk para celebrar: “La elección es histórica. Con votos de centro y de derecha, 58%, es el voto más derechista desde 1916 (Rosendo Fraga dixit). Y es también la peor elección presidencial para el peronismo desde 1946, cuando reemplazó al modelo liberal. ¿Se viene la revancha liberal? ¿Una nueva era?”. En la calle, la gente de a pie se abalanza para saludarlo a Milei al grito de “¡vamos la libertad, carajo!” o “¡Vos sos la salvación!”.

El líder de La Libertad Avanza está envalentonado y no calla sus ideas, provoca, como cuando anunció esta semana que cerrará el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) o cuando calificó a la Cámara Argentina de la Construcción como “cámara de la corrupción”. Quiere terminar con la obra pública, privatizarla. Celebran en su entorno que en el diario Clarín aparezca una foto de carne en dólares, después de la devaluación que aplicó este lunes Sergio Massa. No descartan llegar a los comicios del 22 de octubre al borde de la hiperinflación. Les conviene para terminar con su rival peronista, que no renuncia al Ministerio de Economía. Milei comienza a tejer buenos vínculos con el grupo de Héctor Magnetto y los Noble Herrera. Habrá que ver cómo se recompone la relación con La Nación, de los Saguier, cuyo canal en la campaña de las primarias se dedicó a criticarlo.

Cuando era empleado de Eduardo Eurnekian, Milei sabía armas equipos. Uno de los que quizá se incorpore a sus filas es su amigo y promotor Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera, que este domingo votó y se fue por negocios a Perú. Espera que en la medida en que el mercado entienda el plan dolarizador, las acciones y los bonos comencien a recuperar el bajón inicial del lunes y martes.

“Las dudas se disiparán, quizá empiecen a ver que puede ganar en primera vuelta, porque muchos que votaron a Bullrich y a [Horacio Rodríguez] Larreta me dicen que lo van a votar, en capital se va a dar un vuelco enorme. Que el peronismo haya perdido como nunca perdió es un plus”, opina Boggiano.

El “es todo o es nada” de Bullrich le complica a ella la captación del voto moderado en la primera vuelta. Hay dirigentes de Juntos por el Cambio que admiten que en un balotaje entre Milei y Massa se debatirían entre el peronista y el voto en blanco, mientras dudan de la capacidad de Mondino u Ocampo. Otros prefieren al libertario. “Pero Massa tiene un problema grave: Milei y Bullrich dicen que van a levantar el cepo apenas asuman y entonces nadie va a liquidar ahora exportaciones, no van a entrar dólares”, opina Boggiano, aunque esta semana, con la suba del dólar oficial de $300 a $365, el Central compró US$600 millones. Mientras, el blue saltó hasta establizarse en $760.

“Los que dicen que la dolarización va a llevar el dólar a $2.000 son malintencionados, vagos que no leyeron a Ocampo, que no entienden que no vas a dolarizar sino en un año. Si levantás el cepo y tenés credibilidad, tenés incentivo a exportar. Quizá se puede volver a tomar deuda. Si no tomás deuda, vas a defaultear los plazos fijos, tipo Plan Bonex de 1989, tenés que cortar la bola de Leliq (Letras de Liquidez, que es deuda del Central colocada a bancos)”, admite Boggiano.

No por nada Massa advirtió este miércoles sobre un Plan Bonex, es decir, la imposición de un bono a los depositantes, como en el inicio del gobierno de Menem, supuesto que los empresarios dolarizadores de Milei niegan. “Milei va a en serio. El 10 de diciembre no va a bailar Gilda como Macri en la Casa Rosada, se viene sangre, sudor y lágrimas”, concluye Boggiano.

Por lo pronto, este viernes el candidato libertario se reunirá por Zoom con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en compañía de Roque Fernández, Carlos Rodríguez y el operador bursátil Darío Epstein, director de Research for Traders. “En el FMI están preocupados porque a Massa no se lo bancan más, porque les miente, preferían a Juntos por el Cambio, ven insostenibles las propuestas de Milei, por la dolarización, por la falta de gestión, de equipo económico sólido, porque su programa se basa en un ancla fiscal muy fuerte, porque dice que no le venderá más a China porque es comunista, ¿pero a quién le venderá soja y carne?”, comentan fuentes de diálogo frecuente con el Fondo.

Mientras, Massa viajará la semana próxima a Washington para asegurarse que le giren US$7.500 millones, no sólo para repagar la deuda que dejó Macri sino para reforzar las reservas. En diálogo con TN, contó que el FMI quería subir el dólar oficial 100%, pero él negoció 22%, prometió dejarlo así hasta las urnas, celebró que algunas empresas como Danone moderaran las remarcaciones inmediatas a la devaluación del lunes y prometió compensar a los trabajadores con suma fija, extra de asignaciones por hijo y refuerzo de jubolaciones. Habrá que ver si le alcanza para abroquelar al peronismo y erigirse como alternativa a Milei.

AR/JJD

La inversión extranjera directa (IED, que excluye la especulativa y se circunscribe a la compra de empresas y la radicación de nuevas líneas de producción) batió un récord en toda Latinoamérica en 2022 y la Argentina también se benefició al alcanzar su mayor nivel desde 2003, año en que comenzó a medir la variable la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Pese al cepo cambiario y por impacto de la minería y los servicios de software y tecnologías de la información, nuestro país recibió el año pasado US$ 15.408 millones, con lo que superó el pico de 15.325 millones alcanzados en 2012.

Casi todos los países de América Latina y el Caribe recibieron más inversión extranjera directa en 2022. Lidera la lista Brasil (que recibió un 41% del total regional y que figura como quinto destino de la IED mundial), seguido de México (17%), Chile (9%), Colombia (8%), la Argentina (7%) y Perú (5%). Es decir, nuestro país está por debajo de Chile y Colombia, pese a que tiene un PBI mayor que ambos, lo que indica que se encuentra aún por debajo de su potencial de captación de inversiones. “A 2022, el acervo de IED en la región totalizó 2,86 billones de dólares y está concentrado en el Brasil (36%), México (25%), Chile (10%), Colombia (8%), el Perú (5%) y la Argentina (4%)”, indica el informe de la CEPAL.

En cuanto a nuestro país el año pasado, “la mayor parte de la IED correspondió a préstamos entre empresas (57%) y en segundo lugar a la reinversión de utilidades (37%), y ambos recibieron más capital que en 2021”. “Los aportes de capital, por lo tanto, tuvieron una participación pequeña (5%) y el monto recibido fue levemente inferior al de 2021 (-3%).”

Entre las principales fusiones y adquisiciones de la Argentina el año pasado figuran la compra del unicornio Technisys por US$ 1.100 millones por parte de la norteamericana SoFi Technologies. Technisys es un proveedor de plataformas bancarias basadas en la nube, cuyas acciones cotizan en el Nasdaq. Esa operación fue seguida por la venta de la litiera Lithea a la china Ganfeng Lithium por 962 millones, el proyecto de litio Rincón a la angloaustraliana Rio Tinto por 825 millones y la mina de cobre sanjuanina Josemaría a la canadiense Lundin. “El objetivo de Ganfeng, el mayor productor chino de compuestos de litio y proveedor clave de Tesla, la empresa estadounidense productora de automóviles eléctricos, es acceder a las reservas de litio de la provincia de Salta para producir materiales esenciales para baterías”, apunta la CEPAL a la firma asiática que abastecerá al grupo de Elon Musk. También se refiere al yacimiento de litio de Rincón, en la misma provincia: “Se espera que el proyecto sea de larga duración y con bajas emisiones de carbono, gracias a una innovadora tecnología aplicada por Rio Tinto para la extracción del metal, que tiene el potencial de aumentar su rendimiento de recuperación. En la región ya hay una planta piloto en funcionamiento, y la empresa tiene previsto invertir aproximadamente 100 millones de dólares en los próximos dos años para seguir explorando el potencial del proyecto, con otros 1.000 millones de dólares previstos para la construcción de una planta comercial”.

La CEPAL destaca que la inversión minera en Latinoamérica se recupera por el interés de las transnacionales en el litio de la Argentina, donde tributan menos que en Chile. Bolivia grava aún más a las empresas, pero por ahora no ha conseguido mucha inversión y ahora intenta convencer a China y Rusia de que desembolsen en sus salares. “La empresa estadounidense Livent anunció una inversión de 510 millones de dólares para expandir su operación de litio en la Argentina, y por la otra, la corporación china Zijin Mining Group anunció que invertirá 380 millones de dólares en su operación de litio en el país”, reseña el organismo de la ONU.

“Otro de los sectores con importantes proyectos de inversión en la Argentina es el de hidrocarburos, concentrados en la formación de petróleo y gas no convencional de la cuenca de Vaca Muerta”, señala el reporte. “Dadas las propiedades del gas natural como hidrocarburo versátil y menos contaminante, su uso privilegiado como fuente de energía no renovable en el contexto de la transición energética hace atractivas las inversiones en sus reservas en la Argentina, en Vaca Muerta, y en aguas profundas del Brasil”, agrega. Entre diez mayores anuncios de proyectos transfronterizos en el sector de energías no renovables desde 2015 figura el de la malaya Petronas con YPF en 2018 por US$ 2.300 millones y el de la británica BP, controlante de Pan American Energy (PAE), donde es socia de los Bulgheroni, por 1.500 millones en 2020. El documento destaca cómo la inversión de Vaca Muerta ha impactado favorablemente en pymes proveedoras del sector metalúrgico de Córdoba y Mar del Plata.

El informe se refiere a las energías renovables: “La penetración de la energía solar y eólica en la región todavía está concentrada en unos pocos países: el 71% del total de la capacidad instalada a nivel regional se encuentra en la Argentina, el Brasil, Colombia y México. En Chile, la Argentina, el Brasil y México, por ejemplo, hay un gran potencial”. Además comenta sobre biocombustibles y la energía generada a partir de materia orgánica: “El desarrollo de la bioenergía y la biomasa también ha desempeñado un papel fundamental en las estrategias energéticas de algunos de los países de la región y, en particular, en las del Brasil, la Argentina y Colombia, aunque su peso en los anuncios de IED sea bajo”.  

“También se destacó el crecimiento de las inversiones de las transnacionales de la Argentina hacia el exterior (35%), con niveles muy superiores a los registrados en la última década”, señaló el documento. Son las empresas argentinas que buscan dólares en el exterior. Invirtieron fuera US$ 2.076 millones. Uno de los destinos fue México, donde el grupo Techint apuesta a aumentar su producción siderúrgica. Allí también invierte Hokchi Energy, de PAE, para extraer petróleo y gas natural en aguas poco profundas.

AR

“Dejen el arco quieto. No hagan nada. Pero siempre nos empecinamos en decir: Ahora sí hay que redistribuir esto, ahora hay que hacer esto otro. ¿Y por qué? ¿No podemos dejar las cosas como están?” exclamó Martín Migoya, CEO de Globant, durante la Cumbre de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) realizada en junio de este año. Aunque tuvo menos repercusión que su colega el supermercadista Federico Braun quien, entre risas, admitía “remarcar todos los días”, la frase del CEO de Globant -la segunda empresa en valor bursátil de la Argentina, ranking liderado por Mercado Libre- expresa otro aspecto que domina la mentalidad de un sector del establishment empresario nacional: dejar las cosas como están. No exponer, no mencionar, ni menos aún cuestionar el orden de cosas que rigen a su sector; en su caso, el del software y servicios informáticos, eje principal del más abarcativo neologismo «economía del conocimiento».

Globant nació en 2003, como una iniciativa de 4 amigos (Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti) que vieron acertadamente una necesidad: crear una compañía tecnológica para los países desarrollados, pero desde la Argentina. Esa visión de largo plazo, la mirada empresarial de Migoya y la formación técnica de Englebienne -los dos líderes- los llevó a fundar Globant, que rápidamente dio frutos: el sueño de una multinacional daba sus primeros pasos en los albores del ciclo de crecimiento más largo que tuvo la Argentina en los últimos años. Poco después se promulgaría la Ley de Software, en el año 2004, a propuesta de un grupo de profesionales y académicos que formaban parte del gobierno de Néstor Kirchner.

Esa legislación contemplaba un régimen de promoción para el sector que consistía, básicamente, en exenciones tributarias muy abultadas para las empresas informáticas (60% de descuento en el pago del Impuesto a las Ganancias y un bono de crédito fiscal de hasta el 70% de los aportes patronales) y la creación del FONSOFT- un fondo fiduciario administrado por la Agencia I+D+i dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que financiaba proyectos de investigación y desarrollo y otorgaba créditos para la creación de nuevos emprendimientos. Al igual que muchas otras empresas informáticas, Globant se vio altamente beneficiada por este régimen de promoción, que demostró ser eficaz y generó un sector informático argentino muy robusto, ocasionando que la ley fuera prorrogada hasta 2019 y finalmente ampliado en 2020 con la llegada de la Ley de Economía del Conocimiento. Hoy, la Argentina cuenta con 13 unicornios (empresas valuadas en más de US$1.000 millones), algunos muy conocidos, como Mercado Libre, Globant u OLX, y otros menos, como Auth0, Vercel o Technysis.

En la actualidad, hay alrededor de 11.000 empresas informáticas y unas 500 lograron adherirse al régimen de promoción. De esas 500, Mercado Libre, Globant, Accenture y Red Link son las principales beneficiarias del régimen: hasta 2019 recibieron el 45,9% de todos los beneficios y sólo Mercado Libre se llevó el 22,8%. En total, considerando solamente el último período 2014-2019 de la Ley de Software, Globant (hoy radicada en Luxemburgo) se llevó más de 70 millones de dólares, a lo que se le deben agregar ANRs y otros fondos de formación que administra la empresa y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) que Globant integra.

Además, para el Presupuesto 2022 se calcularon erogaciones equivalentes a $15.900 millones de pesos. A esta lista de exenciones se deben sumar también las provinciales: a modo de ejemplo, la provincia de Córdoba exime a las tecnológicas de Ingresos Brutos, Impuesto de Sello e Impuesto Inmobiliario, un modelo que han seguido muchas provincias.

El sector del software tiene además una cualidad extra: según palabras de Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, la cámara empresaria de economía del conocimiento: “La economía del conocimiento funciona prácticamente sin inversiones y es inmediatamente ejecutable, no es por ejemplo como un gasoducto”. Su principal recurso es el trabajador, de modo que la inversión más importante es la formación de sus profesionales. Esto explica que las principales políticas dirigidas al sector son las relativas a la educación, la investigación y el desarrollo. En ese aspecto, si bien existen iniciativas en conjunto con el sector privado, el financiamiento es abrumadoramente público: desde cursos como el 111mil o Codo a Codo -programas generalmente administrados por las cámaras y financiadas por el Estado- hasta la formación que cotidianamente realizan Centros de Formación Profesional, terciarios y universidades nacionales, con una calidad profesional que reconocen todos los sectores sin distinción

Los dólares que nos faltan

 En septiembre de 2018, ante una crisis aguda, grandes devaluaciones y falta de dólares, el gobierno anterior impuso retenciones al software -expresadas en pesos y equivalentes al 12%- que pagaban quienes facturaran más de US$ 600.000 anuales. De ese modo, gracias a esa segmentación, quedaban excluidas el 65% de empresas y el Estado calculaba recaudar unos US$ 200 millones anuales solamente sobre el Software y los Servicios Informáticos, que en ese momento exportaba algo menos de US$.2000 millones anuales. Una política de equidad tributaria (llamativa para el gobierno anterior) que cosechó la queja de las cámaras empresarias, quienes además de no compartir que fuera necesario un aporte ante una crisis que se espiralizaba, exigían que se acelerara la votación de la Ley de Economía del Conocimiento, un nuevo régimen de promoción que suplantaría a la antigua Ley de Software. Ese régimen se promulgaría finalmente en octubre de 2020. Según la idea original, quienes quedaran comprendidos en el régimen de promoción serían beneficiarios de todos los descuentos y algunas pocas grandes empresas de la economía del conocimiento pagarían un porcentaje de derechos de exportación. No obstante, en diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas decidió bajar a 0% las retenciones a través de un decreto reglamentario, convirtiendo al sector -que se encuentra tercero en el ranking de grandes exportaciones nacionales- en el único en no pagar ninguna clase de derecho de exportación: según cálculos oficiales, en 2021 las exportaciones en servicios basados en el conocimiento representaron unos US$ 6.500 millones.

Por otro lado, hay otro aspecto de gran relevancia a tener en cuenta en este área: según los propios reportes de Argencon existe una evasión explícita de liquidación en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) de aproximadamente US$ 2.200 millones, como consignara nada menos que Bloomberg, el diario internacional especialista en economía y finanzas. Las cámaras arguyen que la brecha entre el dólar oficial y los financieros es demasiado alta y que, por ese motivo, las empresas deciden no liquidar sus dólares y optan por irse al mercado informal. Cabe, entonces, la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que a pesar de ser altamente rentables y altamente subsidiados por todo el pueblo argentino opten por subfacturar exportaciones? Al menos en lo que respecta a este sector, el libreto de corte liberal que reza que “a menos retenciones y menos impuestos, mayor liquidación de divisas” ha quedado a las claras refutado.

Esta situación se da en un contexto donde, además, se suma una anomalía: las empresas informáticas ni siquiera discuten paritarias regularmente como el resto de sectores de la economía. A pesar de que existe un sindicato con personería gremial desde hace 2 años (la Asociación Gremial de Computación) las cámaras se niegan a abrir la paritaria y a discutir un convenio colectivo de trabajo, lo cual es secundado por el Ministro Claudio Moroni, quien evade su obligación de convocar a la mesa convencional: tras reiterados pedidos de audiencia y reclamos administrativos, el ministro ha respondido con silencio, incluso a pesar de que el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha indicado que debe abrirse la primera paritaria del Trabajo Informático en la historia del país, en una muestra de comprensión cabal de la relevancia que tiene el sector y la importancia que le da a los derechos de los trabajadores. Sorprende la tesitura de Moroni frente al reclamo de los trabajadores y ante la actitud proactiva del Presidente de la Nación, lo cual invita a pensar en intereses inconfesados de parte del ministro. O, al menos, ciertas complicidades. Lo cierto es que el rubro ha venido perdiendo poder adquisitivo sostenidamente y se han comenzado a dar paradojas como por ejemplo en Mercado Libre, donde los programadores ganan menos que los trabajadores de logística (que sí cuentan con convenio colectivo). Según datos del Observatorio del Trabajo Informático, el promedio salarial según datos oficiales es de $75.000, muy lejos de los $200.000 o $300.000 de sueldo inicial que se suelen publicitar en muchos medios de comunicación, y muy lejos también de los $198.304 de básico que cobrarán a partir de septiembre los trabajadores de logística de Mercado Libre, quienes recientemente cerraron su paritaria. “No estamos viendo en el rubro paritario un problema”, señaló Moroni esta semana. La realidad de 137.000 trabajadores del software que siguen fuera de convenio y sin paritarias indica lo contrario.

ES

La compañía de tecnología de pagos latinoamericana Kushki, respaldada por SoftBank, anunció este martes una extensión de 100 millones de dólares (93,4 millones de euros) de recaudación en una ronda Serie B que elevó el valor de la empresa por encima de los 1.000 millones de dólares (935 millones de euros), obteniendo así el estatus de 'unicornio'.

La última ronda de financiación contó con la participación de Kaszek Ventures, Clocktower Ventures, SoftBank Latin America Fund y DILA Capital, entre otros. La recaudación total obtenida mediante la Serie B combinada asciende hasta los 186 millones de dólares (174 millones de euros).

“Alcanzar este hito en tiempos de incertidumbre económica es evidencia de la calidad y resiliencia de todo nuestro equipo y del enorme talento latinoamericano que existe en la región”, destacó el cofundador de Kushki, Aron Schwarzkopf.

Según explica la plataforma, Kushki ayuda a las empresas de la región latinoamericana a reducir el costo y la complejidad de los pagos en línea al mismo tiempo que mejora las tasas de aceptación y reduce el fraude. En la actualidad, la empresa emplea a 750 personas, opera en cinco países y utiliza equipos locales para ofrecer soluciones personalizadas a los clientes de cada país.

Los nuevos fondos se utilizarán para acelerar la evolución de Kushki a una infraestructura de pagos más moderna para toda América Latina, que facilite las transacciones de pagos digitales de cualquier categoría, sin importar el país.

El socio fundador del fondo Kaszek, Hernan Kazah, resaltó que en los últimos años, Kushki ha demostrado “una capacidad ”sobresaliente para ejecutar y atraer a los mejores clientes y talentos de la región“.

Europa Press.

IG

Despegar fue uno de los primeros unicornios (empresas tecnológicas valuadas en más US$ 1.000 millones) de la Argentina. Fundada en 1999 por Roberto Souviron, Martín Rastellino, Alejandro Tamer, Cristian Vilate y Mariano Fiori, cotiza en Wall Street y con la pandemia su valuación ha bajado de los 1.000 millones, pero espera pronto recuperarla. En 2015, la agencia de viajes online norteamericana Expedia invirtió en Despegar (ahora es su segundo principal accionista) y en 2017 Souviron dejó el cargo de CEO en manos de otro argentino, Damián Scokin, un ex ejecutivo de Latam y Ultrapetrol. En 2020, en plena crisis, dos fondos de inversión compraron acciones de Despegar: el estadounidense L Catterton, que se convirtió en el mayor accionista, y Waha Capital, de Emiratos Árabes, que devino el tercero. También el año pasado, fue nombrada al frente de la unidad de negocios de la Argentina y Uruguay a una mujer, Paula Cristi, que lleva 18 años trabajando en la compañía. Desde su casa, como el resto del personal desde hace un año y medio, Cristi fue entrevistada por elDiarioAR.

¿Cómo está Despegar en particular y el sector turístico en general?

Primero hablemos de la empresa a nivel resultados del negocio a nivel regional. Es bien dispar la situación país por país. En los resultados del segundo trimestre del año venimos con una tendencia de recuperación positiva muy avanzada por los mercados que no han tenido grandes restricciones en esta industria, que son México y Colombia. Y si vemos los números versus 2019, tenemos una caída todavía del 56%, pero si comparamos contra el primer trimestre de este año vemos una tendencia positiva del 32%. La Argentina está un poco atrasada. La recuperación, al igual que en otros países como Brasil y Chile, ha tenido más restricciones asociadas al turismo principalmente internacional. Pero en la Argentina claramente el programa PreViaje es uno de los factores que nos está ayudando a la recuperación. Así que celebramos que exista una nueva edición de este programa. Lo que vemos en la Argentina es que hay una preferencia por viajar dentro del país, lo que está asociado a presupuestos más acotados y, por supuesto, también a la situación sanitaria. Así que el PreViaje va a colaborar mucho con esta tendencia y a acelerar la recuperación a nivel turismo interno.

Todavía hay mucha restricción de vuelos al exterior y no llegan los turistas extranjeros…

La recuperación no va a ser una curva rectilínea ascendente. Lo más importante, dentro de lo posible en un contexto bien complejo, es tener mayor previsibilidad y seguir contando con este tipo de herramientas como el PreViaje para que los argentinos volvamos a viajar. Las restricciones para viajar al exterior están muy asociadas también a restricciones que ponen otros países. Entonces, en función a cómo vaya evolucionando la pandemia y el ritmo de vacunación, deberíamos ir viendo que la industria se va a recuperar a un ritmo más acelerado. Si comparamos con otros mercados que tienen menos restricciones, vemos que ya están a niveles parecidos a los de 2019. Estados Unidos, por ejemplo.

La capitalización de mercado de Despegar ahora es 794 millones de dólares. Ya no vale los 1.000 millones que lo convirtieron en unicornio. ¿Cómo analiza esta baja y piensa que pueden recuperar el valor perdido por la pandemia? 

Más allá de la cuenta matemática que da el resultado de la capitalización, lo que evalúan los inversores es que Despegar vale US$1.200 millones. Y esto está más asociado a un proyecto más de largo plazo que el cálculo matemático del contexto exacto en el cual hoy estamos atravesando el negocio. En la medida en que la industria se vaya recuperando, tenemos todos los factores para volver a ese ‘market cap’ (capitalización de mercado) por encima de un ‘billion’ (mil millones), o sea de unicornio. Para nosotros, es un orgullo enorme ser un unicornio. Somos la única empresa tecnológica de turismo que ha logrado esa categoría. No miramos al valor de la compañía en un momento preciso. A pesar del contexto que estuvimos atravesando en el último año y medio, hicimos dos inversiones muy grandes: adquirimos la empresa Best Day, de México, y Koin, una plataforma de cobro online brasilera. Y dos inversores muy grandes invirtieron en Despegar el año pasado 200 millones de dólares: L Catterton y Waha Capital. Eso demuestra la confianza en nuestro proyecto y la confianza en que esta industria se va a recuperar.

¿Qué porcentaje de su negocio depende de la Argentina?

Nosotros no abrimos un desglose país por país. Una de las ventajas que tiene Despegar como compañía es su presencia en muchos países de Latinoamérica. Eso nos ha permitido tener un buen balance del negocio. 

¿Cómo ve la situación económica nacional?

Creemos que la industria se va a recuperar y estamos confiados de que la Argentina tiene un montón de ventajas. Tiene un montón de atractivos naturales y y de propuestas interesantes para los viajeros, no sólo locales, sino también extranjeros. Tenemos muy buena relación con los distintos actores del Gobierno para empujar el desarrollo a nivel industria. La Argentina tiene un montón de oportunidades y, en la medida en que el contexto vaya acomodándose, esta industria que aporta el 10% del PBI, va a volver a a los ritmos históricos.

¿Por qué hay tantos unicornios en la Argentina?

Acá tenemos muchísimo talento, sobre todo en este tipo de especialidades como la tecnología. Es uno de los países de Latinoamérica que mayor cantidad de unicornios ha desarrollado en los últimos años. No me acuerdo de los números, pero creo que Brasil tiene 22, nosotros 11 y después hay un par en Chile, uno en Colombia, uno en Uruguay.

¿Cuántos de los empleados de Despegar están en la Argentina?

Los 'headquarters' (oficinas centrales) están acá. Acá somos más de mil, un tercio del total que tenemos en la región. 

¿Qué opina de que los técnicos informáticos se sindicalicen?

En relación a la sindicalización de los empleados de empresas de tecnología, en el caso de Despegar nuestro equipo tiene representatividad sindical. Como filosofía, en nuestra organización tenemos un diálogo muy cercano con todos nuestros empleados para entender y atender sus inquietudes.

¿Y ganan bien o mal los empleados del sector de tecnología?

Es una pregunta relativa que no sabría contestarte. Tenemos búsquedas abiertas a pesar de lo deprimida que está la industria desde hace un año y medio. Tenemos 400 vacantes abiertas, de las cuales arriba del 50% son en la Argentina. Estamos muy contentos de estar incorporando nuevo talento. Este año lanzamos la edición número 14 de un programa que se llama Jóvenes de Alto Vuelo, que busca incorporar a personas que estén dando sus primeros pasos en carreras tecnológicas a nuestro equipo. Atraviesan seis meses de capacitación dada por nuestros propios líderes de tecnología. Después tienen la posibilidad de quedarse trabajando en nuestro equipo. Este año batimos récord de inscriptos: 4.000. Ingresaron 25 y ya empezaron este proceso de capacitación y seguramente muchos de ellos sino todos quedarán trabajando en la compañía.

¿Logran cubrir esas 400 vacantes? Porque la industria tecnológica hace bastante tiempo viene diciendo que no logra cubrirlas…

Es un gran desafío que tenemos a nivel país. Por eso es súperimportante la articulación público-privada y el poder ir trabajando desde desde la temprana edad en el lograr que se despierte el interés por este tipo de carreras en los jóvenes, para sostener masa crítica. Estamos ahora con un programa de búsqueda de talento en el interior del país, ampliando también un poco nuestra geografía. Por supuesto buscamos talento en las universidades, buscamos estudiantes que están cursando las carreras de tecnología.

Ustedes tienen objetivos de sustentabilidad. ¿Cuáles son?

Después de muchos años de trabajo y de tener mucho foco a nivel compañía en los distintos indicadores, hemos transparentando y compartido con el mercado nuestro reporte de sustentabilidad. Trabajamos en tres grandes ejes que tienen que ver con nuestros empleados, nuestro talento, nuestro equipo, con ciberseguridad y con el impacto en nuestros clientes. A nivel comunidad hemos trabajado fuerte en la capacitación tecnológica del Barrio 31.

Ahora vienen las elecciones y se habla de propuestas. ¿Cuál cree que tiene que ser la agenda económica del país?

A ver… Previsibilidad es uno de los mayores desafíos que tenemos. Por supuesto, estamos en un contexto complicado como para tener previsibilidad. Es súpercomplejo, pero la previsibilidad es clave. Es el mayor desafío y la mayor oportunidad que tenemos. Después, políticas de largo plazo y una dinámica mayor de articulación público-privada. Me parece que es súperimportante la educación, y te lo relaciono un poco con el desarrollo de talento. Esta oportunidad tan grande que tenemos cuando hablamos de que Argentina tiene un talento muy destacado, sobre todo a nivel desarrollo tecnológico. Un plan de educación de largo plazo es algo clave, sobre todo para despertar el interés de los más jóvenes en carreras tecnológicas, cuando la tecnología nos atraviesa en todas las dimensiones de nuestra vida. De hecho, la pandemia ha demostrado que eso se ha acelerado.

¿La pandemia también dejará cambios en su negocio, en el consumo?

Sí, lo que entendimos rápidamente era que la información era clave y por eso desarrollamos un micrositio en nuestra página donde cualquier persona que quiere viajar puede acceder a información de requisitos para viajar desde un país al otro. Eso lo actualizamos constantemente. La flexibilidad, el poder contar con alternativas que eventualmente permitan hacer cambios o no, ya sea de fecha, de destino o cancelar el viaje, es algo que creemos que vino para quedarse por un largo tiempo. Vemos algunos cambios también de comportamiento a la hora de elegir el tipo de viaje, de destinos. Vemos que que hay mucho más interés por realizar viajes en contacto con la naturaleza y quizás más de cercanía. Vemos eso no sólo en la Argentina, sino en varios países.

AR

Mientras en las calles de Colombia se respiraba un ambiente espeso, producto del cruce entre el pico más mortífero de la pandemia y un mes de paro nacional, Armando [nombre falso para proteger su identidad] recibía en el móvil una ráfaga de mensajes desconcertantes. Rappi, la poderosa empresa de servicio de reparto a domicilio, donde trabaja como repartidor desde hace año y medio, le informaba: “¡Conéctate en estos días de alta demanda y gana el triple si trabajas con la opción de auto aceptación [que implica llevar el pedido a cualquier sitio sin importar la distancia]. Aprovecha la hora de la cena y ganarás 4 mil pesos [un euro] extra!”.

Este venezolano de 23 años afincado en Medellín recuerda que en aquellas jornadas de principios de junio, cuando las movilizaciones se anunciaban más agitadas, recibía en simultáneo notificaciones sobre el cierre temporal de las oficinas de la plataforma fundada en 2015. Se trataba, dice, de una muestra más de la desconexión de la empresa con la suerte de alrededor de 50.000 repartidores en las calles de un país en estado de combustión.

Detrás del brillo de la gran start-up de reparto latinoamericana, con 360.000 repartidores activos en 9 países de la región, se asoman a partes iguales cientos de denuncias que abarcan desde el mal funcionamiento del sistema tecnológico, el algoritmo, hasta prácticas empresariales que han sido sancionadas. El gigante ha dejado por el camino tanta innovación, riqueza y poder como precariedad y explotación. Todo lo anterior englobado dentro de la llamada “economía colaborativa”.

Fuentes de Rappi tasan hoy su valor en U$S 5.250 millones. Pero el prestigio del primer “unicornio” latinoamericano, una etiqueta que designa a las empresas tecnológicas que alcanzan los U$S 1.000 millones de valoración, se ha visto desdibujado paulatinamente.

Parte del nudo se halla en el mismo punto que la Ley Rider española ha tratado de desenredar para regular la actividad de empresas como Glovo o Uber Eats y que diversas sentencias en Europa y Estados Unidos han ido aclarando: ¿Cuál es el carácter legal de la relación entre los repartidores y las plataformas digitales? Un análisis publicado en marzo por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes revisó 38 sentencias en 12 países, desde Sudáfrica hasta Australia, que abordaban litigios sobre el asunto. En el 79% de los casos, los jueces declararon la existencia de una relación laboral.

Las grandes plataformas alrededor del mundo, como Rappi, esgrimen invariablemente que los trabajadores no son tal porque son libres de aceptar o rechazar los servicios a domicilio. Ellos deciden, agregan, cuándo conectarse o desconectarse. Se trata de “aliados” temporales que aceptan unos “términos y condiciones de uso de la aplicación”. De esta forma, en octubre de 2020, nació en Bogotá el primer sindicato de trabajadores de plataformas digitales del país. Inspirados por sus pares argentinos, que se agremiaron en 2018, el 4 de junio se montó vía Whatsapp la primera huelga contra una plataforma en América Latina.

Rappi, ante la presión social y algunas críticas en prensa, ha introducido pequeños cambios. Hoy sus repartidores cuentan, por ejemplo, con dos pólizas de seguro que cobijan únicamente los tiempos de entrega y una cobertura básica de protección de riesgos laborales.

Enrique [también nombre supuesto], venezolano de 41 años, sufrió en mayo un accidente en moto que lo dejó al filo de la muerte cuando se desplazaba para un reparto. Dos meses y medio más tarde sigue convaleciente. Relata que el seguro que suministra Rappi cubrió “diez terapias y una consulta”. Un aporte insuficiente que “no se hace cargo de casi nada”. Recuerda que pasó horas al teléfono en la siempre desangelada área de “Soporte”, donde “nadie tuvo una voz de aliento” tras haber permanecido diez días en coma: “Es que yo estoy vivo porque dios es muy grande, hermano”.

La situación no es exclusiva de Colombia. Carolina Hevia, venezolana de 31 años, repartidora y líder sindical, señala que un “compañero en Ecuador casi pierde el pie por un bus que le pasó por encima; en Chile hubo uno que perdió la mano; y en México otro perdió la pierna. También hay chicos que han muerto por Covid”. Según Hevia, que está refugiada en Ecuador por presuntas intimidaciones y seguimientos provenientes de la empresa que ya han sido denunciadas ante la Fiscalía, en todos esos casos ha sido necesario instaurar querellas.

No menos tormentosa resultó la polémica que surgió en junio a raíz del anuncio de que la empresa solo vacunaría a 2.000 “rappitenderos”. El comunicado suponía la aceptación del vínculo laboral y rezaba: “Priorizaremos a aquellos repartidores que en el histórico, han estado conectados más tiempo en Rappi realizando órdenes, entendiendo que son quienes corren más riesgo de contagio (…)”. El Ministerio de Salud colombiano dejó claro que un decreto que daba carta blanca a las empresas para inmunizar a sus empleados estipulaba vacunar al 100% de sus efectivos. Rappi tuvo que recular.

“Si te importan tus empleados”, afirma una analista en asuntos digitales que pide el anonimato, “debes garantizar vacunas para todos. Pero no conviertas un tema de salud pública y de dignidad humana en los juegos del hambre. ¿Vas a vacunar solo a los que más entreguen? Eso es echar a la gente a los leones”.

Mostacho blanco y mercado negro

Todo comenzó con Grability, antecesora de Rappi, fundada en 2013 por Sebastián Mejía (Cali, 1985), Simón Borrero (Cali, 1984) y Felipe Villamarin (Bogotá, 1989). El proyecto giraba en torno a un estudio de software que enlazaba a través de un dispositivo móvil, y de forma novedosa y fácil, a clientes y supermercados. Compañías como Reliance, en la India, Walmart en Estados Unidos o El Corte Inglés, entre otros, adquirieron licencias. La frontera del éxito estaba cerca.

Dos años bastaron para que el trío de veinteañeros recogiera las carencias de Grability y apostara por corregirlas. En el modelo de Grability los comercios podían tardar hasta tres días en entregar la compra a sus clientes. Estaba claro que debían agilizar esa transacción con una logística propia. Así fue como Grability fue integrada en una nueva firma, Rappi. Un software actualizado que funcionaría en adelante bajo el logo de un mostacho blanco al estilo inglés estampado sobre un fondo naranja chillón. La nueva aplicación proporcionaba tres funciones básicas: la compra de productos de supermercado, enlace a una lista de restaurantes y una opción de “antojos”.

En los primeros tiempos rondaba un aire de proyecto transformador. En Halloween muchos jóvenes colombianos se disfrazaban como repartidores. La idea era seductora. Ya no se limitaba a envíos de alimentación: ahora irrumpía la promesa de llevar “cualquier cosa” que el usuario deseara, a la hora y lugar que escogiera a través de esa tecla de “antojos”. El hoy presidente colombiano, el conservador Iván Duque, la utilizaría en la campaña electoral de 2018 como ejemplo de la “economía naranja” que prometía impulsar.

Las oficinas en Bogotá se poblaron de una legión de ingenieros que no llegaban a la treintena y que, en general, desarrollaron un sentido de pertenencia casi religioso hacia la marca, hasta el punto de referirse a ella como la “universidad”. El lugar donde todo era susceptible de ser aprendido. Donde todo sucedía. A su vez, la operación fue implantada en los grandes mercados de la región: México y Brasil para empezar. Y “los niños”, afirma una fuente que pidió no citar su nombre, “duplicaron sus salarios y se comenzaron a comportar como altos ejecutivos”.

Las cosas han cambiado y los uniformes naranja han perdido lustre. Reuters denunciaba a finales del año pasado el florecimiento de un mercado negro de perfiles de repartidores falsos que se venden a través de Facebook por hasta 160 dólares cada uno. Muchos migrantes venezolanos, algunos indocumentados, apelan a este atajo cuando el algoritmo los bloquea como sanción por un mal servicio.

El sindicato de plataformas ha presentado al menos 200 acciones legales relacionadas con “bloqueos crónicos y arbitrarios a cuentas”, apunta la abogada Sandra Muñoz. Algunas han prosperado, otras no. Lo cierto es que la crisis migratoria venezolana ha expulsado a millones de personas en un continente con altas tasas de paro e informalidad. La aplicación se ha convertido en salvavidas para muchos. Se calcula que entre el 70 y el 80% de los domiciliarios de Rappi en Colombia son venezolanos que dedican tiempo completo a la empresa.

Para la Doctora en Derecho María Lorena Florez estos fenómenos son consecuencia de prácticas empresariales que afectan a los dos extremos del negocio: repartidores y consumidores. Cuenta que una queja en Rappi tarda un promedio de 18 meses en ser resuelta. “Mi impresión es que estas empresas están en una fase donde lo único que prima es lograr hacer prosperar su modelo de negocio. Invertir lo que haga falta en marketing. Y muy lejos en la escala de prioridades están los usuarios y la atención al cliente”.

Desde su punto de vista, ya es tarde para generar “códigos de conducta empresarial para estos negocios digitales”. Y en el caso colombiano, las empresas rechazan cualquier iniciativa que sea percibida como impositiva, pero tampoco “proponen modelos de autorregulación”.

La abogada Sandra Muñoz asevera que a la falta de reglamentación se une el poder económico que ha acumulado la firma. En los pocos proyectos de ley que han languidecido en el Congreso, la capacidad de incidencia política del gigante latinoamericano se ha hecho sentir: “Y no todo se reduce al tema de subordinación laboral. La operación de estas empresas aún no tiene un marco claro. Y como Rappi tiene tanto poder, no prestan atención ni al Gobierno ni a la sociedad civil”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, le impuso el año pasado la multa más alta en Colombia, algo menos de 400.000 euros, por violar las normas de tratamiento de datos de los usuarios. Desde Rappi se han limitado a informar que aceptan “todas las medidas impuestas”. Diversos analistas sostienen que sin normas claras, o leyes marco, los mecanismos de inspección laboral y empresarial serán insuficientes.

“La cultura de pedir perdón”

Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma, una ONG que trabaja en temas de derechos humanos y seguridad digital, asegura que la aplicación “aún no ofrece la opción de darse de baja. Tan solo se puede eliminar del móvil. Por eso sigue utilizando tu número de teléfono, el historial de compras, el correo y otros datos de forma totalmente indebida y muy poco transparente”.

Para la marca del mostacho blanco esas son batallas apenas perceptibles: “Tienen miles de quejas de usuarios y un goteo de sanciones en la Superintendencia. Pero nada de esto trasciende. En el ritmo frenético de la empresa no hay tiempo para un proceso de reflexión ni vocación de solucionar los problemas”, afirma una persona que trabajó allí, que remata: “En Rappi prima la cultura de pedir perdón, no la de pedir permiso”.

La compañía guarda silencio ante la pregunta sobre la percepción negativa de desequilibrio entre el mundo de los despachos y la precariedad de los “rappitenderos”. También sobre los motivos por los cuales aún arroja pérdidas, a pesar de las toneladas de capital inyectado por entidades tan acreditadas como el conglomerado japonés SoftBank, que invirtió 1.000 millones de dólares el año pasado.

Rappi acumuló entre 2016 y 2019 pérdidas netas por U$S 182,8 millones, según datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Y en enero del año pasado despidió al 6% de sus empleados. El año largo de pandemia y confinamientos ha significado una mejora en el volumen de negocio de las plataformas en el mundo. Un analista con experiencia en los movimientos de Silicon Valley lanza que desde Rappi se rumorea que este año podrían, finalmente, alcanzar el tan anhelado punto de equilibrio financiero.

El reto en las oficinas de Bogotá, por lo pronto, es catapultar la marca en una súper aplicación, al estilo de la china WeChat, y seguir expandiendo como una mancha de aceite el número de usuarios activos, que hoy llega a los 20 millones en 205 ciudades de la región. Ese es el mayor activo de la empresa.

Demasiado grande para caer

RappiTravel (compra de tíquetes aéreos), RappiPay (bancarización), TurboFresh (envíos de despensa a toda prisa), RappiCash (retiro de dinero a domicilio) son solo algunos de los diversos productos disponibles en el mostrador. Desde Rappi añaden que también existe un proyecto de entretenimiento en streaming, llamado Rappi entertainment.

Los números rojos de otras plataformas de reparto, como las estadounidenses Uber Eats o DoorDaash, han levantado suspicacias sobre la solidez del modelo de negocio de estas empresas. En el caso de Rappi, explica el analista digital, la historia se repite: sigue recibiendo dinero de inversores de capital riesgo para mantener la operación; sigue creando nuevos productos; sigue incrementando su valoración, pero sin obtener beneficios. Ni dar el salto a bolsa.

Y acota con una fórmula que hizo escuela durante la Gran Recesión: “No sé qué ocurrirá a largo plazo, pero tengo la impresión de que a estas alturas ya se trata de un invento demasiado grande para dejarlo caer”.

De cualquier forma, el Doctor en economía David Bardey concede que el relato en medio mundo apunta a que las nuevas tecnologías y las legislaciones irá hallando un punto donde las empresas puedan funcionar según sus nuevas características, a la vez que los organismos políticos y los consumidores tengan herramientas para acotar y reglamentar sus operaciones.

El abogado laboralista Iván Daniel Jaramillo añade que Rappi tendrá que ajustarse a un modelo “socialmente rentable”. Porque la crisis sanitaria y los profundos estallidos sociales en la región sugieren que mantener a miles de trabajadores en la informalidad laboral y a millones de usuarios tan expuestos a un mal servicio, no será a la larga rentable para nadie.

Todo lo que se diga sobre Globant es poco y todo lo que se dice, casi siempre, significa lo mismo. Con presencia en 18 países, una valuación estimada en 8.700 millones de dólares y 19.400 empleados a nivel mundial, hace rato que la empresa ya es bastante más que un unicornio. Fundada en 2004 por Martin Migoya, Nestor Nocetti, Guibert Englebienne y Martín Umarán, es un verdadero pulpo que se expande más allá de las fronteras y acaba de anunciar una inversión de 50 millones de dólares con la que promete crear 5.000 puestos de trabajo en Argentina y ampliar su presencia en las ciudades de La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia. 

La compañía de ingeniería de software y tecnología digital es la más grande de la Argentina, acredita una trayectoria larga y supo surfear los cambios de gobierno. Actos con Cristina Fernández en 2011, apoyo al modelo de Mauricio Macri y hasta la visita del candidato Alberto Fernández en sus oficinas de México en 2019.

Con un modelo de negocios que se basa en vender servicios de consultoría en estrategia digital, se ampliaron a la computación en la nube y la inteligencia artificial, a partir de compras e inversiones permanentes en startups. En 2008, comenzó con la adquisición de empresas en distintos lugares del planeta y nunca paró. Hoy es un imperio que tiene presencia en países como el Reino Unido, India, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Chile y se define a sí misma como empresa descentralizada: entre sus clientes figuran Disney, National Geographic, Coca Cola, Banco Santander, Chicago Tribune, Walmart, Latam, Google y Linkedin. Su balance indica que cerró 2020 con ingresos por más de 800 millones de dólares, un alza del 23,5% con respecto a 2019. 

Ese crecimiento exponencial, su modelo exitoso y el anuncio del nuevo mundo que ya llegó tiene, cuándo no, una contracara de la que casi nunca se habla. Es la que vive una porción nada desdeñable del continente de empleados que trabajan para Globant en Argentina. Una masa de asalariados fuera de convenio que cumplen rápido el sueño de ingresar al gran unicornio argentino pero, una vez allí, quedan maniatados y no pueden ascender. 

Un gremio que no existe

“Globant es la exportación de Software Factory, tiene clientes muy importantes como la FIFA y la Policía de Londres y vende sus servicios con los trabajadores de acá, que están fuera de convenio y tienen prohibido sindicalizarse”. El que habla es Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación (AGC), un sindicato que existe desde 1992, representa a trabajadores del sector informático y es uno de los pocos que levanta la voz contra la compañía estrella de Migoya. No parece casual que tanto las empresas reunidas en la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI) como el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hayan decidido darle la espalda y negarle entidad. 

Tosco asegura que desde la entidad que conduce y forma parte de la CGT le pidieron en cinco oportunidades una reunión al ministro y nunca la consiguieron. A la inversa, la cámara que reúne a las compañías de software tiene trato permanente con el Gobierno. La preside Sergio Candelo, de la firma Snoop Consulting, y en su comisión directiva están representadas más de 50 empresas del sector. Como secretario de la entidad, figura Nestor Nocetti, uno de los socios fundadores que acompaña a Migoya desde que Globant abrió los ojos. 

La industria cree que tienen el derecho o privilegio de no tener gremio en el sector. Hay una persecución sindical tremenda. Los empleados y empleadas no se quieren exponer. Los suspenden y los echan.

Ezequiel Tosco — Secretario general de la Asociación Gremial de Computación

“La industria cree que tienen el derecho o privilegio de no tener gremio en el sector. Hay una persecución sindical tremenda. Los empleados y empleadas no se quieren exponer. Los suspenden y los echan. Tenemos casos de trabajadores que se afiliaron y literalmente al otro día los despidieron. Quizás ganan la batalla judicial y los reincorporan, pero mientras el Gobierno no intervenga nadie se va a querer afiliar, menos con un gremio que no pudo siquiera firmar convenio”, dice Tosco.

La AGC consiguió la personería gremial durante la gestión del macrista Jorge Triaca hijo -en noviembre de 2018- y la perdió apenas un mes después bajo la del macrista Dante Sica, que -según el sindicato- la derogó debido a la presión de las empresas tecnológicas. Sin embargo, el gremio cuenta con tres fallos a su favor en sede judicial: uno en el juzgado de primera instancia del trabajo número 21, de noviembre de 2019; otro en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de marzo de 2020; y un tercero, de agosto de 2020, de la Sala X de la misma cámara en rechazo a una presentación del sindicato de Comercio de Armando Cavalieri. Sus dirigentes atesoran además un video en el que el Presidente los saluda y felicita por el rol que cumplen en el sector privado

Sin embargo, Moroni y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, repiten que el sindicato de los informáticos no tiene personería y por lo tanto no existe. Como tampoco existían, en teoría, los empleados disconformes de Globant con los que se comunicó elDiarioAR. Prohibida la sindicalización, la mayoría pone como condición guardar reserva de su nombre por miedo a las represalias del unicornio, es decir, a perder el empleo. 

La industria del software es uno de los sectores que generan dólares en una economía sedienta de divisas y, según se publicita desde las empresas, cuenta con una larga lista de virtudes. La forma de trabajo descentralizada se promociona como una ventana al futuro y los sueldos que se pagan suelen ser señalados como de los mejores de la Argentina. Pero puertas adentro existe una legión de programadores en relación de dependencia que ganan menos de lo que necesitan, la desigualdad es abismal y el clima que se respira es otro. 

“¿Buen salario en Globant? Yo no escuché a nadie, por lo menos de los que tuve contacto. Un (desarrollador) Senior está pagándose 130 o 140 mil pesos en otras empresas. Mi amigo está ganando 60 mil y hace tres años que viene peleando su sueldo solo. Es así con todas las categorías. Un Junior en cualquier empresa está ganando 70 u 80 mil pesos por mes, en algunos casos incluso 90 mil y acá está ganando 50 mil”. El que habla es Joaquín, tiene 25 años, dos hijos y trabaja en Capital Federal con una jornada de 9 horas ininterrumpidas de lunes a viernes. Su categoría es la denominada Servicenow Developer, Trainee, y es el estadío prolongado en el que habitan los que tienen el ingreso más bajo dentro de la compañía. Puede oscilar entre 20 mil y 40 mil pesos, según el lugar en el que el empleado esté asignado o el proyecto en el que esté trabajando. Dice, por eso, que los unicornios son la fantasía de los que recién arrancan en el sector. 

Sin promociones

Según cuentan los empleados consultados por el DiarioAR, se trata de una categoría que está apenas por encima del pasante y que, curiosamente, parece ser peor. Cuando un estudiante universitario ingresa a través de una pasantía, su tiempo de prueba no puede exceder los tres meses. En cambio, el Trainee puede permanecer en esa fase durante mucho más tiempo. “Sos Trainee hasta que ellos decidan sacarte de ahí. Llevamos seis meses ya y no hay chances de pasar de categoría. Globant dice que te está entrenando y mientras tanto no te aumenta el sueldo. No importa que tengas título universitario o no. Un amigo era ingeniero en sistemas, entró como Trainee y lo tuvieron un año hasta que lo ascendieron a Junior”, recuerda uno de los empleados que prefieren no dar siquiera un nombre. 

La promesa se estira de manera indefinida y así la compañía logra extender los plazos de espera, sobre todo en los casos de los que no tienen otra alternativa que seguir en la firma que hoy tiene sede en Luxemburgo. “No importa el conocimiento previo para ellos, pero tampoco importa que hayas hecho todos los cursos que te piden y hayas salido bien, incluso algunos que se hacen en el exterior”, cuenta Joaquín. De Servicenow Developer -Trainee- a Java Developer -Junior Advance- se calcula que hay un aumento del 50% en el salario, pero eso tampoco está escrito en ningún lado ni se cumple de manera estricta. Andrea tiene 31 años, una hija, paga alquiler y se encuentra en una situación parecida. “Cada seis meses tenemos una evaluación, la tuvimos, la pasamos y el cliente está muy contento. De hecho estamos resolviendo problemas de Junior y hasta a veces de Senior, pero no logramos el ascenso y eso depende de ellos”, dice. “Nos dijeron que si pasábamos el examen nos iban a subir de categoría, pero no sucedió. Siempre por algo se demoran. La mayoría de los cursos te los dan ellos pero hay algunos que hay que hacerlos en el exterior y la empresa tarda entre 4 y 6 meses en pagarlo. Es un tiempo que no pudiste avanzar y tu sueldo quedó congelado”, agrega.

Consultados para esta nota, en la firma de Migoya, Nocetti, Englebienne y Umarán, prefirieron no hablar sobre lo que pasa puertas adentro del gigante tecnológico. El contraste con ese silencio es el relato coincidente de los empleados. Según coinciden los programadores que hablaron con el DiarioAR, para ascender de Junior a Seniority, se requiere un mínimo de dos años de experiencia y, aún esforzándose mucho, la promoción no está garantizada. En Globant, como en la mayor parte de las empresas del sector, los sueldos se mueven con la cotización del dólar oficial. Sin embargo, son muy distintos entre una compañía y otra, o dentro de una filial y otra en el caso de Globant.

“Mi proyecto no es tan importante, entonces mi sueldo está por debajo del índice de pobreza, como le pasa a un amigo. Otro que tiene una categoría más baja tiene un sueldo mayor que él. Depende del nivel de importancia que ellos le otorgan a las cosas”, cuenta Esteban, de 32 años, un programador que trabajaba en una de las startups que compró Globant.

Aunque trabajan en la mayoría de los casos desde sus casas, el contacto entre los empleados existe y la sensación es generalizada. Pero la impotencia parece ser la regla: “Adentro de la empresa hay como un miedo en general. De no preguntar esas cuestiones, de no quejarse mucho, de no hablar del sindicato”, dice Andrea.

Adentro de la empresa hay como un miedo en general. De no preguntar esas cuestiones, de no quejarse mucho, de no hablar del sindicato.

Andrea

Aunque casi no se difunda su realidad laboral y no tengan representación gremial para resguardarse, la disconformidad de los empleados con los salarios en un rubro que factura en dólares y en una de las empresas más grandes de la Argentina no es un secreto tan bien guardado. Se puede ver en las plataformas internas de Globant, donde todos los planteos de los programadores quedan registrados. Los artículos más votados o más vistos son los que tienen que ver con las bandas salariales y las categorías. La mayor parte de la gente, afirman los que tienen acceso a la plataforma, preguntan cuál es el criterio de la empresa. Nunca hay respuesta.

“Yo gano 350 dólares y todos los días hablo con gente de la India en inglés o me mando mails con gente de Colombia, que también tiene que ser en inglés. Por eso lo sé: en mi categoría, con misma la tecnología que estoy trabajando, otro compañero que hace la misma tarea para la misma empresa está ganando 1.250 dólares”, dice Joaquín.

El acceso al sector esta empresa lo brinda, hay que reconocerlo. Ninguna hace eso. Por algo se dice que Globant es el trampolín. Pero te tienen de rehén porque si no ascendés tu experiencia afuera no vale.

Joaquín

Los programadores tienen escaso o nulo contacto con las autoridades de Globant y las respuestas lacónicas suelen venir de los líderes de proyecto o el personal de recursos humanos. La demora se extiende sin mejora concreta de los ingresos durante meses y sin horizonte hasta que alguien advierte que se están perdiendo muchos “perfiles” y puede haber una actualización. Entrar y salir del mundo Migoya requiere una serie de saberes que no cualquiera tiene y las opiniones se dividen entre los entrevistados. “El acceso al sector esta empresa lo brinda, hay que reconocerlo. Ninguna hace eso. Por algo se dice que Globant es el trampolín”, opina Joaquín. Pero emigrar le parece bastante más complicado. “La mayoría de las empresas te pide cierta categoría para tomarte. Si me voy después de dos años sin una nueva categoría, no me lo van a reconocer. Te tienen de rehén porque si no ascendés tu experiencia afuera no vale. Además, la situación antes de la pandemia era otra. Ahora no hay trabajo”, dice. 

“A ellos le sirve hacerte creer que vales menos para poder pagarte lo menos posible, aun sabiendo que hay gente muy capaz. Yo gano alrededor de 60 mil pesos más o menos. Para ellos sigue siendo un Junior pero estoy a nada de Semisenior. Sé lo que valgo, soy igual de capaz que un programador que está en Nueva Zelanda o en Estados Unidos. Además, es fácil conseguir trabajo como programador con la gran demanda. Si tenés un perfil completo en Linkedin, los reclutadores te escriben a vos”, asegura Esteban. 

Para Ezequiel Tosco, de la Asociación Gremial de Computación, el desfasaje en la escala salarial que relatan los empleados comienza a impactar en el mercado. “Hay un precio en dólares por el valor de este trabajo y hay plataformas de Estados Unidos y Europa que contratan a los programadores freelance y le pagan con una cuenta en el exterior. Entonces muchos terminan trabajando para afuera en forma remota sin irse de la Argentina. Pierden las empresas, pierde el Estado y pierden los gremios. Pero a esa situación nos arrastró el sector empresario que tiró el salario tan abajo”.

DG/WC