La ex primera dama Fabiola Yáñez calificó como “narcisista y psicópata” al ex presidente Alberto Fenrnández y lo acusó de ser el organizador de la fiesta de Olivos, llevada a cabo en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Yáñez hizo serias acusaciones contra Fernández en una entrevista exclusiva que le dió al diario La Nación.

La ex primera dama describió al ex mandatario como un manipulador. “Vive en su propio mundo, donde él es el centro de todo. Es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así”, señaló.

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue su cuestionamiento al modo de vida de Fernández. Yañez afirmó que no entiende “cómo alguien con su sueldo puede vivir como vive”. “Su patrimonio está bastante flojo de papeles. Hay muchas cosas que no cuadran”, agregó.

Detalló que, durante su relación, notó discrepancias entre el nivel de vida del ex presidente y sus ingresos oficiales: “Vivía en una casa enorme, viajaba constantemente, tenía lujos que no se condicen con lo que declaraba. Siempre me pregunté de dónde salía el dinero”.

La fiesta de Olivos y la relación con Cristina Kirchner

Yáñez también se refirió a la polémica fiesta en Olivos durante la cuarentena por el Covid-19, que generó un escándalo nacional.“La fiesta la organizó él. Yo fui la chiva expiatoria, pero él estuvo allí desde el principio. El kirchnerismo me echó toda la culpa para protegerlo”, aseguró.

Reveló que, tras el escándalo, Fernández intentó distanciarse públicamente de ella: “Me dejó sola frente a la tormenta. No tuvo el valor de asumir su responsabilidad”.

 Yáñez no ahorró críticas para la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien describió como una figura dominante y misógina.“Cristina lo manejaba a su antojo. Alberto no tenía la fuerza para enfrentarla, se dejaba manipular. Ella es una mujer fría y calculadora, que solo piensa en el poder”, afirmó.

También mencionó que Kirchner despreciaba su papel como primera dama: “Cristina nunca me aceptó. Me veía como una intrusa, alguien que no merecía estar allí”.

Por último, Yáñez abordó la relación de Fernández con Enrique Albistur, ex secretario de Medios, y lo describió como una figura clave en la estrategia comunicacional del gobierno. “Albistur era su hombre de confianza, pero también era un operador de Cristina. Todo estaba muy manipulado”, señaló.

Al cerrar la entrevista enfatizó que “Alberto no es quien dice ser, que detrás de esa imagen de hombre sencillo y honesto, hay alguien que manipula y engaña; y que la gente merece saber la verdad”.

MP

En un hecho inusual, en tiempos de crisis y un contexto inflacionario asfixiante, el presidente Alberto Fernández logró algo que muy pocos ciudadanos argentinos pueden lograr. En cuestión de horas, por sendos préstamos, obtuvo los seis millones de pesos necesarios para avanzar en dos causas judiciales que lo tienen como protagonista con la pandemia como eje central.

Por un lado, el mandatario consiguió un crédito personal de 3 millones de pesos en el Banco Santander para realizar la pactada transferencia a una cuenta del Instituto Malbrán, operación que le permitirá cerrar la causa judicial en su contra por haber participado del festejo de cumpleaños en julio del 2020 de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia. Con esa suma, también cubrirá el resarcimiento acordado por su esposa, también imputada en el expediente.

Y por otra parte, su abogado, Gregorio Dalbón, le prestó a Fernández $3 millones para pagar la tasa judicial en el juicio contra Patricia Bullrich en el que acusa a la líder del Pro de difamación por haber asegurado que el Gobierno nacional había pedido un retorno como condición para la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, algo que fue desmentido por el oficialismo y la compañía farmacéutica.

A la demanda que le inició el Presidente a la dirigente de Juntos por el Cambio, se le sumaron la que también hizo el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario. Y la que le inició a comienzos de mayo el exministro de Salud, Ginés González García, en relación a las declaraciones de la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri en una entrevista el domingo 23 de mayo de 2021, cuando expresó: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, en torno a la demora en la llegada de las vacunas del laboratorio de Estados Unidos. El exfuncionario que debió renunciar tras el escándalo del Vacunatorio VIP pidió 350 mil pesos en su demanda.  

De acuerdo al sistema judicial argentino, el demandante tiene la obligación de abonar una tasa del 3% de la suma que se pide (en este caso, el Presidente reclama 100 millones de pesos de resarcimiento a Bullrich) para poder iniciar el juicio.

“Se puede pedir el beneficio de litigar sin gastos”, explicó Dalbón en declaraciones a la periodista rosario Bernasconi, de Perfil, y remarcó haberle recomendado “no hacerlo por tratarse del Presidente de la Nación”. Y aclaró: “Como (Fernández) no tenía los 3 millones de pesos, entonces en el pacto de honorarios que yo establecí con él, acordamos que pagaba el estudio la tasa de justicia y, al momento del pago de la derrotada, porque estoy convencido de que Bullrich va a salir derrotada, yo voy a percibir los honorarios y los gastos”.

De acuerdo al letrado, “no hay posibilidad de no ganarlo este juicio, sino no hubiera apostado tanto. Yo le dije a Alberto Fernández 'no te preocupes yo lo pago, tengo la plata en blanco, lo pago con un cheque a mi nombre. Está todo transparente y lo hice con cheque a propósito, para que quede bien establecido el traspaso de dinero de mi cuenta a la cuenta del Poder Judicial”, detalló.

“A mí criterio, de acuerdo a cómo es el objeto procesal de la demanda, las costas que han sido abonadas por el Presidente a través de su abogado, va a terminar pagándolas Patricia Bullrich porque el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial, dice que las costas las paga el vencido y, en este caso, la vencida, en la medida de que el juicio mantenga jueces probos, honestos y nobles, va a ser Patricia Bullrich quien va a pagar la tasa de justicia y mis honorarios”, concluyó. 

La queja de Bullrich y la respuesta de Dalbón

La titular del Pro no anduvo con vueltas y volvió a apuntar contra el Presidente al enterarse que su abogado, Gregorio Dalbón, le prestaba los 3 millones de pesos correspondientes a la tasa de justicia para avanzar con el juicio en su contra, por difamación: “Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, posteó en Twitter.

La respuesta del abogado presidencial no tardó el llegar: “Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia. La pagó mi Estudio, con cheque a mi nombre. No miró el expediente? Deje de mentir. Esa tasa cuando Ud resulte condenada la pagará junto a mis honorarios. Se llaman costas art. 68 CPCC, las paga el vencido o la vencida. Saludos!”

Con información de agencias.

IG

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, homologó este lunes el acuerdo suscripto por el presidente Alberto Fernández y la fiscalía para el pago de una compensación económica como “reparación del daño”, en la causa por el festejo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en la quinta de Olivos durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19.

En otra resolución el magistrado avaló también un acuerdo similar que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez suscribió con Yáñez para el pago de una compensación económica, informaron fuentes judiciales.

En ambos casos los montos acordados serán destinados al Instituto Malbrán y deberán ser depositados en diez días hábiles, luego de lo cual el magistrado emitirá una resolución de sobreseimiento.

En el caso del Presidente, la donación será de 1,6 millones de pesos mientras que Yáñez acordó donar 1,4 millones.

En el acta de homologación del acuerdo del primer mandatario, el magistrado de San Isidro sostuvo que no hay razones para “sostener que el ofrecimiento” sea “inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales”.

“Se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”, resolvió el magistrado en la causa penal en la que el Presidente está patrocinado por los abogados penalistas Marcelo Sgro y Fabián Musso.

Mirabelli remarcó que en el municipio del norte bonaerense la reparación económica fue la vía que se encontró para tramitar causas por infracción al artículo 205 del Código Penal, violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.

Esto permitió “mitigar el impacto que sobre el sistema de Justicia ha generado el gran caudal de casos expuestos, brindando, a la vez, una respuesta eficaz y vinculada a la protección de los intereses supraindividuales en juego”, remarcó.

En el acta destacó, además, que el hecho investigado, la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio por Covid-19, no puede catalogarse como inherente “de la función o vinculado con el ejercicio de ella”.

“No se juzga la gestión de un Gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa la realización de una conducta antinormativa”, puntualizó el juez.

Por su parte, el abogado del Jefe de Estado en otras causas, Gregorio Dalbón, confirmó que ya existe “resolución de homologación del acuerdo” propuesto judicialmente.

“Una vez que el Presidente pase bancariamente el dinero ofrecido al Instituto Malbrán, se dictará su sobreseimiento definitivo”, señaló en diálogo con Télam.

Respecto de la causa, Dalbón destacó que el presidente Alberto Fernández “termina haciéndose cargo de su error, poniéndose a Derecho, y saliendo con una salida alternativa de la causa”.

“Alberto se hizo cargo. En mi opinión es el primer Presidente que se hace cargo de una causa penal. Eso es lo rescatable. Cualquier otro hubiera buscado la prescripción o alguna espuria salida”, remarcó.

La justificación del Presidente

El presidente Alberto Fernández insistió días atrás en que fue “un error que no debió haber ocurrido” la realización del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos durante la pandemia, y señaló que el dinero resultante de la causa judicial “será donado”, luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, expresó su acuerdo esta semana con la donación propuesta por el mandatario.

“Eso fue algo que nunca debió haber pasado. Lo dije el primer día, fue algo producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época, donde estaba repleto de gente, porque se había trasladado el trabajo allí”, recordó el mandatario el pasado viernes en una entrevista con la FM Radio Con Vos.

“Yo no escondí nada”, añadió luego, y sostuvo que en cuanto tomó “conciencia de que pasó algo que no debió haber pasado me presenté en la justicia como un ciudadano común”.

“Debo ser el primer Presidente que se presentó en la justicia ejerciendo su defensa personalmente”, remarcó Fernández; y recordó que ofreció una “reparación en ese momento por las dudas que no aceptaran el planteo que yo había hecho”.

Fernández reseñó que luego no apeló “la decisión que no aceptó mi propuesta”, y dijo: “No cuestioné a ningún juez” cuando “los jueces se pelearon por quien tenía la causa”.

“Fui el primer Presidente de la historia de la democracia que se presentó a la justicia ante un error que se asumió como error, porque no hubo dolo”, puntualizó.

“Me presenté como un ciudadano más”, insistió tras aclarar que “los funcionarios tienen los mismos derechos que los ciudadanos, no tienen menos derechos. Y los ciudadanos en estos casos tienen derecho a proponer una reparación económica, y lo hice”.

El lunes pasado, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez expresó su acuerdo con la donación de 1,6 millones de pesos a una institución vinculada al ámbito de la Salud ofrecida por el mandatario para que se cierre la causa por la celebración del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos, en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.

El fiscal presentó su conformidad ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien deberá decidir si homologa el acuerdo, tras lo cual el presidente tendrá 10 días hábiles para depositar el dinero en el banco que le sea indicado, informaron fuentes judiciales.

“Considero razonable la propuesta efectuada en tanto habrá de destinársela a la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud”, sostuvo Domínguez en el dictamen, en el que además postuló que la donación fuera destinada a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Fernando Domínguez aceptó el segundo ofrecimiento del presidente Alberto Fernández para saldar la causa judicial en su contra por la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, durante las restricciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), según el dictamen al que accedió elDiarioAR.

La fiscalía consideró “razonable” el último ofrecimiento de reparación integral presentado por el mandatario de $1.600.000 y solicitó al juez federal Lino Mirabelli, de San Isidro, que homologue el acuerdo. Antes deberá establecerse a qué institución médica será destinado el dinero. El fiscal Domínguez propuso en el dictamen que la donación sea para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, como había ofrecido Fernández.

El monto ofrecido por el Presidente equivaldría al costo de un respirador y cuatro días de internación para pacientes en cuidados intensivos (UCI) con atención respiratoria motora (ARM), estimó la fiscalía, en base al nomenclador del Ministerio de Salud de la Nación y del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del ministerio de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Central de San isidro. La cifra también equivale a 40 días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de pacientes con Covid-19, según dichos nomencladores oficiales.

La “razonabilidad” de la oferta se basó en el patrimonio del mandatario, según las declaraciones juradas de Fernández ante la Oficina Anticorrupción (OA), estableció el fiscal.

Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación.

Fernando Domínguez — Fiscal federal de San Isidro.

La primera dama, Fabiola Yáñez, ofreció donar otros $1.400.000 como reparación por el daño causado por la comisión del delito que plantea el artículo 205 del Código Penal de la Nación.

La pareja podría entonces acordar su sobreseimiento con el pago de un total de $3.000.000 (Fernández deberá donar $1,6 millón y Yáñez, $1,4 millón).

“Entiendo que las características del evento del que participó el imputado, la trascendencia y el impacto institucional que adquirió el suceso, el cargo de su autor y la fecha en la que tuvo lugar (vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) son circunstancias que ubican a Fernández en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación”, determinó Domínguez.

“Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí se puede intentar fijar algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”, agregó el fiscal. “Entendí que anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios permitiría, de algún modo, objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el ‘perjuicio’ causado y la capacidad económica del justiciable”, concluyó Domínguez.

Segunda oferta

En 2021, Fernández había realizado un primer ofrecimiento para donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, a modo de reparación, lo que implicaba un total de $630.518. Sin embargo, en diciembre esta oferta fue rechazada por el juez Mirabelli.

El segundo ofrecimiento de Fernández fue a principios de mayo. El Presidente mejoró su oferta, elevando el monto a donar a $1.600.000, “equivalente a 40 días de internación en una Unidad de Cuidados Intensivos”, según la defensa de Fernández, y que cubriría también el costo de adquisición de un respirador. El dinero, propuso Fernández, se destinará al establecimiento de salud pública estatal que decida la fiscalía o disponga el juzgado.

El Presidente no está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, como habían solicitado algunos denunciantes. “No se juzga aquí la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de la pandemia. Se evalúa en esta causa la realización de una conducta antinormativa”, determinó el fiscal. “El reproche no es moral, ni ético, ni político.; es un reproche jurídico por un hecho antijurídico”, por “la realización de una conducta prohibida por la norma vigente al momento de su concreción”.

“Frente al derecho penal, el doctor Alberto Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas por ser presidente de la Nación”, afirmó Domínguez, quien entendió que el Presidente no está siendo juzgado en esta causa por hechos cometidos en el ejercicio de su función, sino en su vida privada. A pesar de las numerosas denuncias por incumplimiento del ASPO y DISPO, en la Justicia, las causas por hechos similares se resolvieron con reparaciones económicas o fueron diretamente desestimadas por “inexistencia de delito”, explicó ua fuente de la causa.

Uno de los parámetros que se tuvo en cuenta, agregó la fuente con acceso al expediente, fue que una de las penas económicas más altas por este tipo de casos fue por 500.000 pesos impuestos al dueño de la propiedad de Nordelta donde se había desarrollado una fiesta clandestina para unas 70 personas durante las restricciones de 2021.

El fiscal Domínguez explicó en su dictamen las distintas normas de la legislación nacional y provincial y la jurisprudencia a favor de “los mecanismos de solución alternativa del conflicto”, que también “resultaron altamente beneficiosos” para “afrontar la problemática suscitada tras el establecimiento del ASPO y DISPO”, “en tanto ofrecieron una alternativa preferible para reafirmar la vigencia de la norma”, frente a penas de prisión de seis meses a dos años y de 15 días a un año. Se busca, dijo el fiscal, “una respuesta que sea acorde al hecho concreto”.

La resolución alternativa de conflicto no es “optativo” sino “imperativo”, sostuvo Domínguez para explicar por qué aceptaba llegar a un acuerdo con ambos imputados y no imponer una pena de prisión o un juicio.

ED

El presidente Alberto Fernández pidió su sobreseimiento en la causa por la celebración del cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos durante la etapa más estricta de las restricciones por la pandemia.Mediante un escrito de 36 páginas remitido por vía digital al juez Sebastián Casanello, el jefe del Estado reconoció que la celebración “fue un encuentro que jamás debió haber ocurrido, producto de la imprudencia, pero que en modo alguno puede constituir un delito”.

“El momento particular de la foto que trascendió, tal como se reconoció desde un comienzo, fue la excepción dentro de la reunión donde fuera de ese momento concreto se respetaron los protocolos controlados por el personal asignado a la quinta de Olivos”, añadió en el escrito.

Como abogado en causa propia, Alberto Fernández postuló como “reparación” por el “peligro abstracto” de la reunión, donar al Instituto Malbrán “el equivalente a la mitad de su salario como Presidente, durante cuatro meses en forma consecutiva”.

Esa reparación está contemplada en el mecanismo de “conciliación”, previsto en el Código Penal.

“Vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, a fin de que se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento”, le pidió el presidente al juez Casanello.

Según el Presidente, “la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna”, por lo que reclamó que se dicte su sobreseimiento “declarando en consecuencia que el proceso no afecta el buen nombre y honor”.

“Sin que estas manifestaciones dejen de lado el compromiso ético que pudo verse cuestionado al momento de evaluar la posible transgresión de normas sanitarias, cabe destacar que nunca fue motivo del encuentro propagar de ningún modo la pandemia que nos acosa”, afirmó en el escrito.

Alberto Fernández negó que la celebración hubiera puesto “en peligro la salud pública, en general, ni poner en peligro el estado de bienestar de ninguno de los presentes”, incluido el suyo propio.

“Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado (la salud pública), y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada”, insistió.

Para robustecer su postura, citó el criterio de la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa conocida como “vacunatorio vip”, en el que cuestionó desde el punto de vista ético la conducta por la aplicación salteándose el orden de turnos, pero consideró que en gran parte de los casos investigados no existió delito.

Esta tarde, el abogado Gregorio Dalbón, letrado de consulta del Presidente, dijo en una entrevista en Radio Mitre que: “No cambiamos la estrategia que veníamos diciendo pero analizamos razones que tenían que ver con la imputación, con la institución que representa Alberto Fernández”. “Nos pareció que tenía que presentarse como ciudadano, el Presidente me manifestó que se quería hacer cargo de la causa y que quería pedirle disculpas a la sociedad. No es marcarle la cancha al juez. El Presidente necesita que la Justicia homologue la posibilidad del artículo 59 inciso 6 y me parece que la justicia va a tener que darle la oportunidad”, concluyó Dalbón.

Si bien desde el Gobierno repiten frente a los micrófonos que el escándalo por las imágenes de la reunión por el cumpleaños de Yáñez en la residencia de Olivos en plena cuarentena de 2020 es “un tema terminado” y consideran que “la reputación de la gestión del frente de Todos al frente del Ejecutivo ”no se juega en una foto“, saben que el impacto de las imágenes repercutirá en las elecciones legislativas. Según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ”la cabeza de la gente está en otro lado y la reputación del Gobierno no se juega en una foto o en una frase, sino en otras cosas. Es un reduccionismo que no tiene ningún tipo de sentido“, señaló en una entrevista en Radio Mitre.

Este lunes, el Gobierno entregó la lista de ingresos y egresos de la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020 en el marco del requerimiento que le realizó a la Casa Militar el fiscal González. El funcionario judicial también aguarda por las planillas y bases de datos de la aplicación Cuidar para verificar si los invitados al cumpleaños de Yáñez tenían permisos de circulación, ya que en aquel momento solo podían hacerlo los trabajadores esenciales.

Dos amigas de Fabiola Yáñez que estuvieron en Olivos cambiaron de abogado: ahora eligieron a Burlando

Otras dos amigas de la primera dama, Fabiola Yañez, que asistieron a su celebración de cumpleaños en la Quinta de Olivos en el momento más estricto de las medidas de aislamiento, desistieron de la defensa común y eligieron al abogado Fernando Burlando para que la represente.

Se trata de Florencia y Rocío Fernández Peruilh, amigas de Fabiola Yañez, quienes inicialmente estuvieron representadas en la causa por los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo.

Fioribello es el abogado de la primera dama en otras causas penales, entre ellas una en la que recientemente obtuvo una sentencia favorable en el reclamo contra un editor de un portal de noticias por expresiones injuriantes contra ella y contra el hijo del presidente, Alberto Fernández. Las hermanas Fernández Peruilh prescindieron de sus servicios y designaron al estudio de Burlando, incluyendo en su defensa a su socio, Fabián Améndola.

Esta mañana, los abogados anteriores de las Fernández Peruilh presentaron un escrito ante el juez Sebastián Casanello consignando que dejaban la defensa por “serias diferencias en la estrategia defensista”. “Venimos a desistir del patrocinio de las mismas”, resumió la presentación.

DA