La Corte Suprema cerró definitivamente la causa judicial iniciada a raíz de la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en la Quinta Presidencial de Olivos, en la etapa más severa del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

El máximo tribunal rechazó el último intento de una ONG que pretendía apelar el “acuerdo de conciliación” al que arribaron todos los asistentes a la celebración, entre ellos, el propio presidente, Alberto Fernández.

El festejo tuvo lugar el 14 de julio de 2020 y se conoció públicamente por la filtración de fotos y videos de ese acontecimiento.

La Corte, por unanimidad, declaró “inadmisible” un recurso de la Asociación Civil Republicana para la Justicia, a través de su representante, para ser tomado como “querellante” y así poder objetar judicialmente el acuerdo de conciliación.

Fernando Irazu pretendía ser aceptado como “particular ofendido” y denunció penalmente a Alberto Fernández “por considerarlo responsable de los delitos contra la salud pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario en el contexto de las obligaciones impuestas durante el Aislamiento y/o Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dictadas por el propio Fernández a través de sucesivos decretos de necesidad y urgencia”.

Esa pretensión había sido rechazada en todas las instancias anteriores y ahora la Corte Suprema adoptó idéntico criterio, por lo que, al no haber quién apele el acuerdo que exoneró de responsabilidad penal a los imputados, el fallo quedó firme.

Alberto Fernández, y su mujer, Fabiola Yáñez, acordaron una “reparación integral del daño” causado por el festejo del cumpleaños.

En octubre del año pasado, la Cámara Federal de Casación ya se había pronunciado sobre la “inadmisibilidad” del planteo de los pretensos querellantes para objetar sea reparación económica.

El acuerdo implicó el desembolso de unos $3.000.000 en concepto de “reparación del daño” destinados a entidades públicas vinculadas con la salud.

Con información de NA.

IG

En un hecho inusual, en tiempos de crisis y un contexto inflacionario asfixiante, el presidente Alberto Fernández logró algo que muy pocos ciudadanos argentinos pueden lograr. En cuestión de horas, por sendos préstamos, obtuvo los seis millones de pesos necesarios para avanzar en dos causas judiciales que lo tienen como protagonista con la pandemia como eje central.

Por un lado, el mandatario consiguió un crédito personal de 3 millones de pesos en el Banco Santander para realizar la pactada transferencia a una cuenta del Instituto Malbrán, operación que le permitirá cerrar la causa judicial en su contra por haber participado del festejo de cumpleaños en julio del 2020 de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia. Con esa suma, también cubrirá el resarcimiento acordado por su esposa, también imputada en el expediente.

Y por otra parte, su abogado, Gregorio Dalbón, le prestó a Fernández $3 millones para pagar la tasa judicial en el juicio contra Patricia Bullrich en el que acusa a la líder del Pro de difamación por haber asegurado que el Gobierno nacional había pedido un retorno como condición para la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, algo que fue desmentido por el oficialismo y la compañía farmacéutica.

A la demanda que le inició el Presidente a la dirigente de Juntos por el Cambio, se le sumaron la que también hizo el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario. Y la que le inició a comienzos de mayo el exministro de Salud, Ginés González García, en relación a las declaraciones de la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri en una entrevista el domingo 23 de mayo de 2021, cuando expresó: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, en torno a la demora en la llegada de las vacunas del laboratorio de Estados Unidos. El exfuncionario que debió renunciar tras el escándalo del Vacunatorio VIP pidió 350 mil pesos en su demanda.  

De acuerdo al sistema judicial argentino, el demandante tiene la obligación de abonar una tasa del 3% de la suma que se pide (en este caso, el Presidente reclama 100 millones de pesos de resarcimiento a Bullrich) para poder iniciar el juicio.

“Se puede pedir el beneficio de litigar sin gastos”, explicó Dalbón en declaraciones a la periodista rosario Bernasconi, de Perfil, y remarcó haberle recomendado “no hacerlo por tratarse del Presidente de la Nación”. Y aclaró: “Como (Fernández) no tenía los 3 millones de pesos, entonces en el pacto de honorarios que yo establecí con él, acordamos que pagaba el estudio la tasa de justicia y, al momento del pago de la derrotada, porque estoy convencido de que Bullrich va a salir derrotada, yo voy a percibir los honorarios y los gastos”.

De acuerdo al letrado, “no hay posibilidad de no ganarlo este juicio, sino no hubiera apostado tanto. Yo le dije a Alberto Fernández 'no te preocupes yo lo pago, tengo la plata en blanco, lo pago con un cheque a mi nombre. Está todo transparente y lo hice con cheque a propósito, para que quede bien establecido el traspaso de dinero de mi cuenta a la cuenta del Poder Judicial”, detalló.

“A mí criterio, de acuerdo a cómo es el objeto procesal de la demanda, las costas que han sido abonadas por el Presidente a través de su abogado, va a terminar pagándolas Patricia Bullrich porque el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial, dice que las costas las paga el vencido y, en este caso, la vencida, en la medida de que el juicio mantenga jueces probos, honestos y nobles, va a ser Patricia Bullrich quien va a pagar la tasa de justicia y mis honorarios”, concluyó. 

La queja de Bullrich y la respuesta de Dalbón

La titular del Pro no anduvo con vueltas y volvió a apuntar contra el Presidente al enterarse que su abogado, Gregorio Dalbón, le prestaba los 3 millones de pesos correspondientes a la tasa de justicia para avanzar con el juicio en su contra, por difamación: “Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, posteó en Twitter.

La respuesta del abogado presidencial no tardó el llegar: “Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia. La pagó mi Estudio, con cheque a mi nombre. No miró el expediente? Deje de mentir. Esa tasa cuando Ud resulte condenada la pagará junto a mis honorarios. Se llaman costas art. 68 CPCC, las paga el vencido o la vencida. Saludos!”

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández obtuvo en las últimas horas un crédito personal de 3 millones de pesos en el Banco Santander y se espera que en las próximas horas haga una transferencia a una cuenta del Instituto Malbrán, operación que le permitirá cerrar la causa judicial en su contra por haber festejado el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó la ofertas de donaciones por $3 millones en total que hicieron el mandatario y la primera dama para ser sobreseídos. En magistrado decidió “homologar” el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía y les dio un plazo no mayor a 10 días para completar el pago, eludir la indagatoria y una probable condena.

Las donaciones serán para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” y una vez que se concreten las transferencias el magistrado firmará los dos sobreseimientos.

En el acta de homologación del acuerdo del primer mandatario, el magistrado de San Isidro sostuvo que no hay razones para “sostener que el ofrecimiento” sea “inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales”.

“Se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”, resolvió el magistrado en la causa penal en la que el Presidente está patrocinado por los abogados penalistas Marcelo Sgro y Fabián Musso.

Mirabelli remarcó que en el municipio del norte bonaerense la reparación económica fue la vía que se encontró para tramitar causas por infracción al artículo 205 del Código Penal, violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.

NB

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, homologó este lunes el acuerdo suscripto por el presidente Alberto Fernández y la fiscalía para el pago de una compensación económica como “reparación del daño”, en la causa por el festejo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en la quinta de Olivos durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19.

En otra resolución el magistrado avaló también un acuerdo similar que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez suscribió con Yáñez para el pago de una compensación económica, informaron fuentes judiciales.

En ambos casos los montos acordados serán destinados al Instituto Malbrán y deberán ser depositados en diez días hábiles, luego de lo cual el magistrado emitirá una resolución de sobreseimiento.

En el caso del Presidente, la donación será de 1,6 millones de pesos mientras que Yáñez acordó donar 1,4 millones.

En el acta de homologación del acuerdo del primer mandatario, el magistrado de San Isidro sostuvo que no hay razones para “sostener que el ofrecimiento” sea “inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales”.

“Se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”, resolvió el magistrado en la causa penal en la que el Presidente está patrocinado por los abogados penalistas Marcelo Sgro y Fabián Musso.

Mirabelli remarcó que en el municipio del norte bonaerense la reparación económica fue la vía que se encontró para tramitar causas por infracción al artículo 205 del Código Penal, violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.

Esto permitió “mitigar el impacto que sobre el sistema de Justicia ha generado el gran caudal de casos expuestos, brindando, a la vez, una respuesta eficaz y vinculada a la protección de los intereses supraindividuales en juego”, remarcó.

En el acta destacó, además, que el hecho investigado, la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio por Covid-19, no puede catalogarse como inherente “de la función o vinculado con el ejercicio de ella”.

“No se juzga la gestión de un Gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa la realización de una conducta antinormativa”, puntualizó el juez.

Por su parte, el abogado del Jefe de Estado en otras causas, Gregorio Dalbón, confirmó que ya existe “resolución de homologación del acuerdo” propuesto judicialmente.

“Una vez que el Presidente pase bancariamente el dinero ofrecido al Instituto Malbrán, se dictará su sobreseimiento definitivo”, señaló en diálogo con Télam.

Respecto de la causa, Dalbón destacó que el presidente Alberto Fernández “termina haciéndose cargo de su error, poniéndose a Derecho, y saliendo con una salida alternativa de la causa”.

“Alberto se hizo cargo. En mi opinión es el primer Presidente que se hace cargo de una causa penal. Eso es lo rescatable. Cualquier otro hubiera buscado la prescripción o alguna espuria salida”, remarcó.

La justificación del Presidente

El presidente Alberto Fernández insistió días atrás en que fue “un error que no debió haber ocurrido” la realización del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos durante la pandemia, y señaló que el dinero resultante de la causa judicial “será donado”, luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, expresó su acuerdo esta semana con la donación propuesta por el mandatario.

“Eso fue algo que nunca debió haber pasado. Lo dije el primer día, fue algo producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época, donde estaba repleto de gente, porque se había trasladado el trabajo allí”, recordó el mandatario el pasado viernes en una entrevista con la FM Radio Con Vos.

“Yo no escondí nada”, añadió luego, y sostuvo que en cuanto tomó “conciencia de que pasó algo que no debió haber pasado me presenté en la justicia como un ciudadano común”.

“Debo ser el primer Presidente que se presentó en la justicia ejerciendo su defensa personalmente”, remarcó Fernández; y recordó que ofreció una “reparación en ese momento por las dudas que no aceptaran el planteo que yo había hecho”.

Fernández reseñó que luego no apeló “la decisión que no aceptó mi propuesta”, y dijo: “No cuestioné a ningún juez” cuando “los jueces se pelearon por quien tenía la causa”.

“Fui el primer Presidente de la historia de la democracia que se presentó a la justicia ante un error que se asumió como error, porque no hubo dolo”, puntualizó.

“Me presenté como un ciudadano más”, insistió tras aclarar que “los funcionarios tienen los mismos derechos que los ciudadanos, no tienen menos derechos. Y los ciudadanos en estos casos tienen derecho a proponer una reparación económica, y lo hice”.

El lunes pasado, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez expresó su acuerdo con la donación de 1,6 millones de pesos a una institución vinculada al ámbito de la Salud ofrecida por el mandatario para que se cierre la causa por la celebración del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos, en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.

El fiscal presentó su conformidad ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien deberá decidir si homologa el acuerdo, tras lo cual el presidente tendrá 10 días hábiles para depositar el dinero en el banco que le sea indicado, informaron fuentes judiciales.

“Considero razonable la propuesta efectuada en tanto habrá de destinársela a la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud”, sostuvo Domínguez en el dictamen, en el que además postuló que la donación fuera destinada a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Fernando Domínguez aceptó el segundo ofrecimiento del presidente Alberto Fernández para saldar la causa judicial en su contra por la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, durante las restricciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), según el dictamen al que accedió elDiarioAR.

La fiscalía consideró “razonable” el último ofrecimiento de reparación integral presentado por el mandatario de $1.600.000 y solicitó al juez federal Lino Mirabelli, de San Isidro, que homologue el acuerdo. Antes deberá establecerse a qué institución médica será destinado el dinero. El fiscal Domínguez propuso en el dictamen que la donación sea para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, como había ofrecido Fernández.

El monto ofrecido por el Presidente equivaldría al costo de un respirador y cuatro días de internación para pacientes en cuidados intensivos (UCI) con atención respiratoria motora (ARM), estimó la fiscalía, en base al nomenclador del Ministerio de Salud de la Nación y del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del ministerio de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Central de San isidro. La cifra también equivale a 40 días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de pacientes con Covid-19, según dichos nomencladores oficiales.

La “razonabilidad” de la oferta se basó en el patrimonio del mandatario, según las declaraciones juradas de Fernández ante la Oficina Anticorrupción (OA), estableció el fiscal.

Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación.

Fernando Domínguez — Fiscal federal de San Isidro.

La primera dama, Fabiola Yáñez, ofreció donar otros $1.400.000 como reparación por el daño causado por la comisión del delito que plantea el artículo 205 del Código Penal de la Nación.

La pareja podría entonces acordar su sobreseimiento con el pago de un total de $3.000.000 (Fernández deberá donar $1,6 millón y Yáñez, $1,4 millón).

“Entiendo que las características del evento del que participó el imputado, la trascendencia y el impacto institucional que adquirió el suceso, el cargo de su autor y la fecha en la que tuvo lugar (vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) son circunstancias que ubican a Fernández en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación”, determinó Domínguez.

“Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí se puede intentar fijar algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”, agregó el fiscal. “Entendí que anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios permitiría, de algún modo, objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el ‘perjuicio’ causado y la capacidad económica del justiciable”, concluyó Domínguez.

Segunda oferta

En 2021, Fernández había realizado un primer ofrecimiento para donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, a modo de reparación, lo que implicaba un total de $630.518. Sin embargo, en diciembre esta oferta fue rechazada por el juez Mirabelli.

El segundo ofrecimiento de Fernández fue a principios de mayo. El Presidente mejoró su oferta, elevando el monto a donar a $1.600.000, “equivalente a 40 días de internación en una Unidad de Cuidados Intensivos”, según la defensa de Fernández, y que cubriría también el costo de adquisición de un respirador. El dinero, propuso Fernández, se destinará al establecimiento de salud pública estatal que decida la fiscalía o disponga el juzgado.

El Presidente no está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, como habían solicitado algunos denunciantes. “No se juzga aquí la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de la pandemia. Se evalúa en esta causa la realización de una conducta antinormativa”, determinó el fiscal. “El reproche no es moral, ni ético, ni político.; es un reproche jurídico por un hecho antijurídico”, por “la realización de una conducta prohibida por la norma vigente al momento de su concreción”.

“Frente al derecho penal, el doctor Alberto Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas por ser presidente de la Nación”, afirmó Domínguez, quien entendió que el Presidente no está siendo juzgado en esta causa por hechos cometidos en el ejercicio de su función, sino en su vida privada. A pesar de las numerosas denuncias por incumplimiento del ASPO y DISPO, en la Justicia, las causas por hechos similares se resolvieron con reparaciones económicas o fueron diretamente desestimadas por “inexistencia de delito”, explicó ua fuente de la causa.

Uno de los parámetros que se tuvo en cuenta, agregó la fuente con acceso al expediente, fue que una de las penas económicas más altas por este tipo de casos fue por 500.000 pesos impuestos al dueño de la propiedad de Nordelta donde se había desarrollado una fiesta clandestina para unas 70 personas durante las restricciones de 2021.

El fiscal Domínguez explicó en su dictamen las distintas normas de la legislación nacional y provincial y la jurisprudencia a favor de “los mecanismos de solución alternativa del conflicto”, que también “resultaron altamente beneficiosos” para “afrontar la problemática suscitada tras el establecimiento del ASPO y DISPO”, “en tanto ofrecieron una alternativa preferible para reafirmar la vigencia de la norma”, frente a penas de prisión de seis meses a dos años y de 15 días a un año. Se busca, dijo el fiscal, “una respuesta que sea acorde al hecho concreto”.

La resolución alternativa de conflicto no es “optativo” sino “imperativo”, sostuvo Domínguez para explicar por qué aceptaba llegar a un acuerdo con ambos imputados y no imponer una pena de prisión o un juicio.

ED

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, resolvió hoy sobreseer al productor televisivo Adrián Suar al empresario teatral Carlos Rotenberg y a los actores Florencia Peña y Luis Brandoni en la causa en la que habían sido denunciados por haber visitado la Residencia presidencial de Olivos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) decretado durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

La medida dictada por el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de San Isidro también benefició a los veterinarios Lautaro Romero y Ariel Alonso Zapata, según consignaron fuentes judiciales.

Todos habían sido denunciados por “presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de Covid-19” cuyo denominador común era que “se habrían producido en el ámbito de la Residencia Presidencial de Olivos”.

“Dejando a un lado cualquier consideración ajena al ámbito del derecho penal en orden a la repercusión pública de los sucesos, considero que corresponde dictar el sobreseimiento de Adrián Schwartz Kirzner (Adrián Suar), María Florencia Peña, Carlos Rottemberg, Adalberto Luis Brandoni, Ariel Alonso Zapata y Lautaro Romero, en tanto los comportamientos por los que fueran denunciados resultan atípicos y carecen de significancia delictiva alguna”, sostuvo Mirabelli en una resolución a la que tuvo acceso la agencia Télam.

La causa, caratulada “Fernández, Alberto Ángel y otros s/violación de medidas propagación de epidemia”, había sido constituida a raíz de una serie de denuncias efectuadas por Abril Fernández Soto y Marcos Longoni contra la actriz María Florencia Peña por su ingreso a la Quinta Presidencial de Olivos para participar de “reuniones desvinculadas de actividades esenciales durante el período en que se encontraba vigente el ASPO” y que se produjo el 7 de junio de 2020.

Fernández Soto y Longoni también formularon presentaciones contra el ingreso del adiestrador canino Ariel Alonso Zapata y el veterinario Lautaro Romero, que ocurrió el 14 de mayo de 2020, en un “período en el que se encontraba vigente el aislamiento social que reservaba la circulación y reunión de todas las personas estrictamente a la realización efectiva de actividades específicamente declaradas esenciales”.

A su vez, la causa incluyó la denuncia formulada por Juan Pablo Chiesa contra Luis Brandoni, Carlos Rottemberg y Adrián Suar, en razón de que habrían accedido a la Quinta Presidencial de Olivos los días 7 de junio de 2020 –los dos primeros– y 27 de abril de 2020 –el tercero– en transgresión a las normas sanitarias.

DA con información de la agencia Télam

Carolina Marafioti, estilista de vestuario de Fabiola Yáñez y una de las participantes la fiesta de cumpleaños de la primera dama en Olivos durante el aislamiento por la pandemia, consiguió que el juez Lino Mirabelli, quien investiga la violación de las disposiciones del Poder Ejecutivo en la quinta presidencial de Olivos por el propio presidente Alberto Fernández, homologue el acuerdo al que había llegado la semana pasada con el fiscal del caso y donará $200.000 a un hospital a cambio de su sobreseimiento.

La fiesta de cumpleaños fue en plena cuarentena estricta -14 de julio de 2020- cuando estaba prohibida la circulación en el país por la pandemia de coronavirus. Fernández está acusado de violar la cuarentena y de incumplimiento de deberes de funcionario público.

En su presentación, según relata Mirabelli en la resolución de este miércoles, la defensa señaló que “las medidas alternativas de solución del conflicto, no implican otra cosa que la disponibilidad de la acción penal pública, cuyo ejercicio compete, desde la óptica de un sistema adversarial, al Acusador Público”, puesto que “compete al Ministerio Público Fiscal la potestad de fijar prioridades en materia de persecución penal, y de analizar en el caso concreto la solución del conflicto mediante el acuerdo de partes”.

Para el magistrado, en este caso específico, el patrocinante de la estilista de Yáñez argumentó que los hechos que se le atribuyen a Marafioti “no han generado contagio alguno, ni perjuicio, ni consecuencias en la salud, ni de ningún tipo, para persona alguna”, agregando, en torno a su situación patrimonial, que se trata de “una profesional estilista independiente que monotributa, alquila su vivienda y sostiene su grupo familiar, con hijos menores”.

Luego, añadió que “los hijos asisten a una escuela privada, que se encarga de pagar el padre, con quien no convive”, como así también que la encausada “no tiene propiedad ni otros bienes registrables y alquila un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Belgrano”.

Según el juez, “desde esa posición, ofreció reparar el perjuicio mediante la donación de $200.000 en favor de un hospital u otra unidad de atención médica de la jurisdicción, señalando que dicho importe equivale al costo de varios días de internación en las unidades de terapia intensiva que han sido tan necesarias en la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19”.

“El representante del M.P.F. consideró satisfactoria la propuesta y solicitó la homologación judicial del acuerdo para que Carolina Marafioti repare el perjuicio que habría generado con su comportamiento, prestando conformidad para que este proceso penal se resuelva ulteriormente de esa manera alternativa, en la medida en que la encartada acredite haber efectuado aquella donación (cf. art. 59, inc. 6° del C.P.)”, continuó en sus argumentos Mirabelli.

Y agregó: “Para ello, manifestó que, ante el crecimiento exponencial de casos penales derivados de las presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas con relación a la pandemia de COVID-19, en esta jurisdicción, ‘los mecanismos adoptados para atender esta problemática que presentaban dichas conductas fueron, en general, los institutos de la reparación integral del perjuicio y la suspensión del juicio a prueba, ambos considerados como soluciones alternativas al conflicto, pues dan una respuesta desde el derecho penal sin la necesidad de recurrir a la prisionización del imputado’”.

A la hora de dar su resolución, el magistrado sostuvo que “dejando a un lado cualquier consideración ajena al ámbito del derecho penal en orden a la repercusión de los sucesos, la solución propuesta para el caso no aparece arbitraria o ilegal, y sin duda importa un reconocimiento y compromiso activo frente al conflicto por parte de la acusada”.

“En definitiva, examinadas las características del suceso endilgado a Carolina Marafioti, su entidad a la luz del bien jurídico supraindividual involucrado, y las condiciones particulares y socioeconómicas de la nombrada, analizadas por el Sr. Fiscal, no puede concluirse fundadamente que el ofrecimiento realizado y acordado conforme las pautas señaladas por el acusador público, sea inadecuado para reparar el perjuicio que habría conllevado su comportamiento”, sostuvo.

“Por consiguiente, dado que no existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública, pues la solicitud de homologación supera el control de legalidad y razonabilidad reservado legalmente a los jueces”, resolvió el juez.

Finalmente, Mirabelli dispuso que, por los fundamentos desarrollados, “corresponde y así resuelvo homologar el acuerdo propuesto por la defensa y consentido por el representante del Ministerio Público Fiscal, para que la encausada, Carolina Marafioti, repare integralmente el perjuicio ocasionado, mediante el pago de la suma de doscientos mil pesos ($200.000), importe que deberá integrar, dentro del término de cinco (5) días, destinado al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, sito en la localidad de San Fernando”.

La resolución del juez

IG

Carolina Marafioti, estilista de vestuario de Fabiola Yáñez y una de las participantes la fiesta de cumpleaños de la primera dama en Olivos durante el aislamiento por la pandemia, llegó a un acuerdo con el fiscal del caso y donará $200.000 a un hospital a cambio de su sobreseimiento.

El acuerdo debe ser homologado aún por el juez de la causa Lino Mirabelli, quien investiga la violación de las disposiciones del Poder Ejecutivo en la quinta presidencial de Olivos por el propio presidente Alberto Fernández.

La fiesta de cumpleaños fue en plena cuarentena estricta -14 de julio de 2020- cuando estaba prohibida la circulación en el país por la pandemia de coronavirus. Fernández, además de estar acusado de violar la cuarentena, está acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público.

El convenio al que llegó Marafioti, representada por el abogado Alejandro Rúa, con el fiscal Fernando Domínguez supone el fin de la acción penal -según los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal- “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto por las leyes procesales correspondientes”.

Para el acuerdo, el fiscal contempló que Marafioti es monotributista, no tiene bienes y alquila un departamento para uso de vivienda. También que no tiene hijos a su cargo. 

El acuerdo es un antecedente para para la primera dama Fabiola Yañez y el resto de los imputado, con excepción del presidente Fernández. El abogado de la primera dama es Juan Pablo Fioribello, quien representa además a todos los invitados a la fiesta en Olivos. Se descuenta que el juez contemplará situación patrimonial e ingresos para definir cada caso.

Para el fiscal, con la reparación “no se plantea la impunidad, debido a que el acto ya perfeccionado y desvalorado por la norma es reprochable. Lo que sí se busca es más bien una respuesta que sea acorde al hecho en concreto, cuya significación tenga la virtud de reafirmar la vigencia de la norma racionalizando el poder penal del Estado”. Martínez justificó el monto ofrecido por el abogado de Marafioti en concepto de reparación. “Cubre lo que podría denominarse piso mínimo de cinco días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de paciente con COVID 19, acorde con el nomenclador del programa SUMAR, razón por la cual considero razonable la propuesta en tanto ha de brindar recursos al Estado para la atención en materia sanitaria. Creo que el destino de los fondos debería ser el sistema hospitalario público estatal”, dijo.

Además de Marafioti, esa noche estuvieron en la fiesta Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh , Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra , Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham, además de Yáñez y el presidente Fernández.

En diciembre, el juez Mirabelli rechazó el pedido del Presidente para ser sobreseído en la causa.  En agosto, Fernández había decidido presentarse voluntariamente sin abogado patrocinante y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán a modo de reparacion “del daño potencial que se hubiere causado”. Fernández argumentó que la fiesta de cumpleaños no constituía un delito y pedía que se declare “extinta la acción penal” y se decrete su sobreseimiento

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó este miércoles el pedido del presidente Alberto Fernández para ser sobreseído en la causa que investiga los ingresos irregulares a la quinta de Olivos mientras regía en todo el país el aislamiento obligatorio impuesto por el mismo Gobierno debido a la pandemia de coronavirus.

Para Mirabelli, “a la luz del hecho denunciado que interesa para esta incidencia y la normativa aplicable, concluyo que corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”.

De esta manera, el magistrado coincidió con el fiscal Fernando Domínguez, quien la semana pasada ya había dictaminado en contra del planteo de “atipicidad” que había hecho Fernández, al afirmar que “la excepción por falta de acción fundada en la ausencia de delito sólo es viable cuando surge en forma manifiesta la falta de adecuación típica del hecho incriminado”.

El fiscal había destacado que las reuniones sociales estaban prohibidas en ocasión de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, más allá de las finalidades o intenciones de los participantes. “No niegan la tipicidad de las conductas pesquisadas las alegaciones destinadas a afirmar que el evento del 14/07/20 no tuvo como objeto ‘ni propagar la pandemia ni muchos menos poner en peligro la salud pública en general’. En tal sentido debe señalarse que la ausencia de tales intenciones o finalidades no desaparece ”ex ante“ el peligro de lesión para el bien jurídico tutelado”, sostuvo Domínguez en su dictamen.

El planteo del Presidente

En agosto pasado, Alberto Fernández presentó un escrito ante la Justicia en Comodoro Py (donde radicaba la denuncia antes de ser trasladada a los tribunales de San Isidro) en el que planteaba que lo sucedido en la noche del 14 de julio del año pasado en la residencia presidencial no constituía un delito, motivo por el que pedía que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento. Según el mandatario, “no se ha seguido, ni ha resultado ninguna consecuencia lesiva y, por tanto, no existen ‘víctimas’. En los términos del art. 339, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación –en adelante CPPN–, vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, conforme a lo que se desarrollará, a fin de que, corrida las vista pertinente a la otra parte, se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento, en los términos del art. 336, inc. 2°, o subsidiariamente 3° del CPPN, en tanto la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo”, argumentó el Presidente.

IG

El presidente Alberto Fernández insistió con que la reunión que se produjo en la quinta de Olivos en plena cuarentena, en la que se festejó el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, fue “un error que no debió haber ocurrido” y ratificó que, tras presentarse en la Justicia, se “analice la inexistencia de delito” dado que no se produjeron contagios de Covid-19.

“La imputación es básicamente hacerle conocer a uno que fue denunciado por otro, así uno puede ejercer su defensa; yo obviamente lo sabía, porque los diarios hace dos semanas que lo ponen en tapa”, dijo Alberto Fernández en diálogo con Radio 10. E insistió: “Ya di las explicaciones que tenía que dar; fue algo que no debería haber ocurrido y que se supo porque lo hice público: me pidieron la lista de la gente que entró durante un año y medio a Olivos y di la lista íntegra”.

“El festejo no debió haber ocurrido y lamento que haya sucedido; no fue una maniobra dolosa, sino un acto de imprudencia y negligencia”, agregó el Presidente quien mantuvo una entrevista con Gustavo Sylvestre en el CCK en el marco del 101 aniversario de la radio.

“Lo primero que me gustaría que analicen es la existencia de delito; el juez Sebastián Casanello es un buen juez y espero que pueda analizarlo jurídicamente... el tema es muy claro, pero aún así yo lo que quiero es que los argentinos sepan que esto no me pasó por al lado: me lastimó, me preocupó y siento que cometí un error, producto de la vorágine en que vivía”, dijo Alberto Fernández. Y concluyó: “Espero que la Justicia evalúe mi planteo, que creo que es sólido... el resto son palabras que se escriben en los diarios”.

El Presidente se presentó ayer en la causa por la celebración en la quinta de Olivos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio del 2020, y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán para reparar eventuales perjuicios. La presentación fue efectuada ante el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, quien corrió vista al fiscal Ramiro González. Tras recibir las presentaciones de todos los invitados que concurrieron a la reunión, González los imputó formalmente por la posible comisión de un delito vinculado a la supuesta violación de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus, dijeron las fuentes judiciales.

El mandatario se presentó “por derecho propio y sin abogado patrocinante”, informaron voceros de la Casa Rosada y confirmaron fuentes judiciales con acceso al expediente. Además, reclamó que la denuncia sea “desestimada” porque la conducta investigada no generó ningún daño ni contagio.

“No escapa a mi entender que existe una norma penal, como el art. 205, que tipifica la conducta de quien violare medidas adoptadas por las autoridades competentes para propagar una pandemia, y que existe una norma que complementa este tipo penal en blanco, el DNU 260/20, que yo mismo he firmado. Ahora bien, tampoco escapa a mi entender que estamos frente a un delito de peligro abstracto”, sostuvo el mandatario.

“Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración del S.S. la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada”, continuó.

En otra parte de la presentación de 36 páginas a la que accedió Télam, el Presidente recordó que asumió “la total responsabilidad de lo ocurrido en la residencia de Olivos, ante cada uno de los ciudadanos de este país”.

En el expediente están imputados, además de Fernández y Yañez, los asistentes a la celebración, entre los que están algunos colaboradores de la primera dama: Carolina Marafioti, Severina Sofía Elizabeth Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.

Acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández dijo que su gobierno no tiene apuro por concertar un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condicionó los avances en las negociaciones con el organismo a dos variables: la eliminación de las sobretasas que paga la Argentina y la extensión del plazo más allá de los 10 años que tiene como límite los acuerdos de facilidades extendidas. “No estoy apurado por firmar ese acuerdo. A mí los que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos”, afirmó.

El Presidente respondió varias preguntas respecto a la marcha de las negociaciones con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. “Seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo con el Fondo. Y cuando yo firme ese acuerdo, sé que ese acuerdo compromete a muchas generaciones. Yo lo que no voy a hacer es algo que comprometa a los argentinos en los próximos años”, comentó.

“Yo podría firmar algo hoy y mi Gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mi me liberaría. Pero yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina”, agregó el mandatario.

Según detalló Fernández, la adopción de un programa consensuado tiene dos trabas: “Para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que hoy el Fondo está cobrando y tengo que discutir los plazos en los que el Fondo quiere recuperar ese crédito”.

Durante la entrevista, además, el presidente cargó contra su antecesor, Mauricio Macri, por el acuerdo fallido con el organismo. “Para que los argentinos no nos olvidemos: Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades. El crédito que recibió la Argentina, USD 57.000 millones, es un monto superior al crédito que el FMI acaba de destinar para socorrer a las las naciones más pobres del mundo tras la pandemia. Para todo el mundo destinó USD 50.000 millones y para Macri USD 57.000 millones”, disparó Fernández.

“El Fondo en eso tiene responsabilidad. Porque le prestó semejante suma de dinero a un país que estaba sobre endeudado y que ya estaba en default, que era lo que Macri llamaba reperfilamiento”, agregó.

“No estoy apurado por firmar ese acuerdo. Los que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos. Porque así te legitimo lo que vos hiciste. No, lo que vos hiciste es un espanto, es un error, es una vergüenza. Son USD 44.000 millones que tenemos que pagar todos nosotros”, se quejó.

“Me apuran para que acuerde porque, claro, estoy legitimándoles lo que ellos hicieron”, comentó.

NB

El presidente Alberto Fernández ya está formalmente imputado en la causa en la que se investiga si cometió delitos al incumplir las normas impuestas por su propio decreto durante la celebración del cumpleaños de su pareja, la Primera Dama, Fabiola Yáñez, durante la prohibición de las reuniones sociales de 2020, según el escrito al que accedió elDiarioAR.

Durante la tarde del jueves, la causa tuvo dos hechos. Primero, Fernández presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado patrocinante. En primer término, el Presidente pidió ser sobreseído. Luego, planteó que, en caso de no ser sobreseído, se le conceda una conciliación para que la causa se salde con una reparación económica, que consistiría en depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán, según el documento presentado por el mandatario. Luego de la reparación, entonces, sería sobreseído, planteó el mandatario. A las 18 horas, Presidencia había hecho circular un comunicado que sostenía que Fernández buscaba directamente la conciliación y reparación.

Minutos después de la presentación, el fiscal federal Ramiro González, quien ya venía trabajando en un dictamen para formalizar que Fernández está imputado en la causa, firmó el documento que así lo determina. Al quedar formalmente imputado, Fernández debe presentar un abogado defensor en el expediente y se podrá avanzar con una eventual conciliación. El fiscal también notificó formalmente de su estado de imputados a otras diez personas que participaron en la cena, incluida Yáñez.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

La estrategia de defensa de Fernández, la conciliación y reparación económica, ha sido una salida ampliamente utilizada por abogados y la propia Justicia en los casos de incumplimiento de las restricciones y medidas de prevención por la crisis sanitaria durante el último año y medio de pandemia, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales y abogados del caso. El Presidente planteó en su escrito que su participación en la reunió “no constituye delito” porque no causó daño, ya que no estaría probado que la celebración desencadenó contagios de Covid-19, según el escrito al que accedió este medio. El salario de Fernández es de $315.259, según informó una fuente oficial.

Tras su propuesta de conciliación, el fiscal González deberá analizar si es la resolución que pretende en el caso. Si llegaran a un acuerdo y éste fuera homologado por el juez Casanello, Fernández quedaría sobreseído sólo tras el cumplimiento de lo acordado, es decir, en este caso, una vez finalizada la reparación económica y tras constatar judicialmente su cumplimiento, explicó una fuente directa del expediente. Otras posibles soluciones pueden implicar una probation, con implicancias similares que tampoco concluyen para Fernández un antecedente penal en su haber, como en el caso de procesamiento.

En su presentación, Fernández citó dictámenes de distintos fiscales y fallos de jueces de Comodoro Py 2002 que intervinieron en causas similares aunque con imputados que no ocupan la Presidencia de la Nación. En una de las citas, replicó las palabras de la jueza María Eugenia Capuchetti: “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente  que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función” de los jueces.

En otra cita, el Presidente resaltó que “para que en la práctica el derecho penal no pierda su naturaleza” resultaría “indispensable que en el caso concreto la violación a la norma conlleve un peligro concreto al bien jurídico”. “Se trata de un delito de desobediencia”, agregó. “se puede advertir la inexistencia de delito, más allá del reproche moral o ético que pueda merecer, pero eso ya no es cuestión ni ámbito de la justicia penal”, afirmó Fernández. 

Al citar al fiscal Carlos Rívolo, el mandatario también sostuvo: “En el caso del artículo 205 del Código Penal, resulta indispensable que la violación a la normativa sanitaria conlleve la introducción o propagación de la epidemia o, al menos, el riesgo concreto de que ello suceda”. 

Se trata de un delito de desobediencia.

Presentación de Alberto Fernández ante la Justicia.

La causa tiene otros puntos que exceden la celebración de Yáñez, ya que la denuncia inicial es por los ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante las restricciones de 2020, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales y la circulación de personal no esencial. Durante esas fechas, el Presidente mantuvo encuentros con amigos, su hermano, artistas y otras personas que también son investigadas por González.

La Primera Dama y el resto de los asistentes a la celebración del 14 de julio de 2020 durante las restricciones de la pandemia ya están imputados de hecho en el expediente porque se presentaron ante el juzgado de Sebastián Casanello para designar abogados defensores, pero ahora le fiscal lo volcó en un dictamen. El mandatario es el único de los comensales del cumpleaños que aún no nombró letrado.

Durante la semana trascendió que Fernández presentaría a Gregorio Dalbón, uno de los abogados penalistas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como su defensor en esta causa, según publicó Clarín en los últimos días. elDiarioAR se comunicó en reiteradas oportunidades con Dalbón en los últimos días pero el abogado no responde llamados ni mensajes.

ED