En un hecho inusual, en tiempos de crisis y un contexto inflacionario asfixiante, el presidente Alberto Fernández logró algo que muy pocos ciudadanos argentinos pueden lograr. En cuestión de horas, por sendos préstamos, obtuvo los seis millones de pesos necesarios para avanzar en dos causas judiciales que lo tienen como protagonista con la pandemia como eje central.

Por un lado, el mandatario consiguió un crédito personal de 3 millones de pesos en el Banco Santander para realizar la pactada transferencia a una cuenta del Instituto Malbrán, operación que le permitirá cerrar la causa judicial en su contra por haber participado del festejo de cumpleaños en julio del 2020 de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia. Con esa suma, también cubrirá el resarcimiento acordado por su esposa, también imputada en el expediente.

Y por otra parte, su abogado, Gregorio Dalbón, le prestó a Fernández $3 millones para pagar la tasa judicial en el juicio contra Patricia Bullrich en el que acusa a la líder del Pro de difamación por haber asegurado que el Gobierno nacional había pedido un retorno como condición para la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, algo que fue desmentido por el oficialismo y la compañía farmacéutica.

A la demanda que le inició el Presidente a la dirigente de Juntos por el Cambio, se le sumaron la que también hizo el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario. Y la que le inició a comienzos de mayo el exministro de Salud, Ginés González García, en relación a las declaraciones de la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri en una entrevista el domingo 23 de mayo de 2021, cuando expresó: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, en torno a la demora en la llegada de las vacunas del laboratorio de Estados Unidos. El exfuncionario que debió renunciar tras el escándalo del Vacunatorio VIP pidió 350 mil pesos en su demanda.  

De acuerdo al sistema judicial argentino, el demandante tiene la obligación de abonar una tasa del 3% de la suma que se pide (en este caso, el Presidente reclama 100 millones de pesos de resarcimiento a Bullrich) para poder iniciar el juicio.

“Se puede pedir el beneficio de litigar sin gastos”, explicó Dalbón en declaraciones a la periodista rosario Bernasconi, de Perfil, y remarcó haberle recomendado “no hacerlo por tratarse del Presidente de la Nación”. Y aclaró: “Como (Fernández) no tenía los 3 millones de pesos, entonces en el pacto de honorarios que yo establecí con él, acordamos que pagaba el estudio la tasa de justicia y, al momento del pago de la derrotada, porque estoy convencido de que Bullrich va a salir derrotada, yo voy a percibir los honorarios y los gastos”.

De acuerdo al letrado, “no hay posibilidad de no ganarlo este juicio, sino no hubiera apostado tanto. Yo le dije a Alberto Fernández 'no te preocupes yo lo pago, tengo la plata en blanco, lo pago con un cheque a mi nombre. Está todo transparente y lo hice con cheque a propósito, para que quede bien establecido el traspaso de dinero de mi cuenta a la cuenta del Poder Judicial”, detalló.

“A mí criterio, de acuerdo a cómo es el objeto procesal de la demanda, las costas que han sido abonadas por el Presidente a través de su abogado, va a terminar pagándolas Patricia Bullrich porque el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial, dice que las costas las paga el vencido y, en este caso, la vencida, en la medida de que el juicio mantenga jueces probos, honestos y nobles, va a ser Patricia Bullrich quien va a pagar la tasa de justicia y mis honorarios”, concluyó. 

La queja de Bullrich y la respuesta de Dalbón

La titular del Pro no anduvo con vueltas y volvió a apuntar contra el Presidente al enterarse que su abogado, Gregorio Dalbón, le prestaba los 3 millones de pesos correspondientes a la tasa de justicia para avanzar con el juicio en su contra, por difamación: “Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, posteó en Twitter.

La respuesta del abogado presidencial no tardó el llegar: “Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia. La pagó mi Estudio, con cheque a mi nombre. No miró el expediente? Deje de mentir. Esa tasa cuando Ud resulte condenada la pagará junto a mis honorarios. Se llaman costas art. 68 CPCC, las paga el vencido o la vencida. Saludos!”

Con información de agencias.

IG

Poco antes de partir de gira oficial por Europa. el presidente Alberto Fernández acordó con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez donar 1,6 millones de pesos para cerrar la causa en la que está imputado por violar las restricciones por la pandemia de Covid-19, al celebrar en la Quinta de Olivos el cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez.

La propuesta fue acercada por el abogado Juan Pablo Fioribello, quien este martes presentará una propuesta similar de la Primera Dama, pero por una cifra de 1,4 millones de pesos.

De esta manera el Presidente mejoró la oferta que había realizado anteriormente y obtuvo un principio de acuerdo con el fiscal Domínguez, que ahora deberá ser homologado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

El magistrado ya aceptó un acuerdo de “conciliación” con otra de las asistentes a la celebración, Carolina Marafiotti, la estilista personal de Fabiola Yáñez, quien acordó pagar 200 mil pesos para solventar días de internación en terapia intensiva a pacientes de Covid-19.

Además de Marafioti, esa noche estuvieron en la fiesta Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh , Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra , Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham, además de Yáñez y el presidente Fernández.

En diciembre, el juez Mirabelli rechazó el pedido del Presidente para ser sobreseído en la causa. En agosto, Fernández había decidido presentarse voluntariamente sin abogado patrocinante y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán a modo de reparacion “del daño potencial que se hubiere causado”. Fernández argumentó que la fiesta de cumpleaños no constituía un delito y pedía que se declare “extinta la acción penal” y se decrete su sobreseimiento

DA

El presidente Alberto Fernández comunicó que no apelará la decisión de haber rechazado el planteo de inexistencia de delito en la causa que investiga la fiesta del 14 de julio de 2020 en la residencia de Olivos, cuando se transitaba una cuarentena estrictica. Lo hizo a través de un escrito dirigido al juez federal Lino Mirabelli. Fernández que había pedido su sobreseimiento, además designó a dos abogados para dejar de representarse a sí mismo.

Así lo publicó la periodista Lucía Salinas en una nota para Clarín. El artículo periodístico apunta que en el expediente radicado en el juzgado de San Martín, el principal imputado es el primer mandatario. “El objeto procesal comprende múltiples hechos vinculados a la violación de la normativa, entre otras figuras invocadas en las respectivas denuncias, a raíz de presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19”, informa.

En la misma línea, en el escrito al que tuvo acceso Clarín, se indicó que el “denominador común consiste en que se habrían producido en la Residencia Presidencial de Olivos”. Antes de que quede imputado en este expediente, Alberto Fernández había pedido su sobreseimiento a través de una “falta de acción por inexistencia” del delito.

El Presidente había argumentado que la celebración de cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, en el que estaban presentes otras nueve personas más mientras se transitaban medidas restrictivas, “de ninguna manera se relajaron, evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor. Y que en ningún caso se concretó el contagio propio, de los presentes, o de terceros”.

Para Mirabelli, “a la luz del hecho denunciado que interesa para esta incidencia y la normativa aplicable, concluyo que corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”.

De esta manera, el magistrado coincidió con el fiscal Fernando Domínguez, quien ya había dictaminado en contra del planteo de “atipicidad” que había hecho Fernández, al afirmar que “la excepción por falta de acción fundada en la ausencia de delito sólo es viable cuando surge en forma manifiesta la falta de adecuación típica del hecho incriminado”.

El fiscal había destacado que las reuniones sociales estaban prohibidas en ocasión de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, más allá de las finalidades o intenciones de los participantes. “No niegan la tipicidad de las conductas pesquisadas las alegaciones destinadas a afirmar que el evento del 14/07/20 no tuvo como objeto ‘ni propagar la pandemia ni muchos menos poner en peligro la salud pública en general’. En tal sentido debe señalarse que la ausencia de tales intenciones o finalidades no desaparece ”ex ante“ el peligro de lesión para el bien jurídico tutelado”, sostuvo Domínguez en su dictamen.

Recientemente Alberto Fernández presentó un breve escrito en el que informó al juzgado que no apelará la resolución del juez Lino Mirabelli pese a “no compartir los argumentos” esgrimidos.

El planteo del Presidente

En agosto pasado, Alberto Fernández presentó un escrito ante la Justicia en Comodoro Py (donde radicaba la denuncia antes de ser trasladada a los tribunales de San Isidro) en el que planteaba que lo sucedido en la noche del 14 de julio del año pasado en la residencia presidencial no constituía un delito, motivo por el que pedía que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento. Según el mandatario, “no se ha seguido, ni ha resultado ninguna consecuencia lesiva y, por tanto, no existen ‘víctimas’. En los términos del art. 339, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación –en adelante CPPN–, vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, conforme a lo que se desarrollará, a fin de que, corrida las vista pertinente a la otra parte, se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento, en los términos del art. 336, inc. 2°, o subsidiariamente 3° del CPPN, en tanto la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo”, argumentó el Presidente.

Con información de Clarín.

AB

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó este miércoles el pedido del presidente Alberto Fernández para ser sobreseído en la causa que investiga los ingresos irregulares a la quinta de Olivos mientras regía en todo el país el aislamiento obligatorio impuesto por el mismo Gobierno debido a la pandemia de coronavirus.

Para Mirabelli, “a la luz del hecho denunciado que interesa para esta incidencia y la normativa aplicable, concluyo que corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”.

De esta manera, el magistrado coincidió con el fiscal Fernando Domínguez, quien la semana pasada ya había dictaminado en contra del planteo de “atipicidad” que había hecho Fernández, al afirmar que “la excepción por falta de acción fundada en la ausencia de delito sólo es viable cuando surge en forma manifiesta la falta de adecuación típica del hecho incriminado”.

El fiscal había destacado que las reuniones sociales estaban prohibidas en ocasión de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, más allá de las finalidades o intenciones de los participantes. “No niegan la tipicidad de las conductas pesquisadas las alegaciones destinadas a afirmar que el evento del 14/07/20 no tuvo como objeto ‘ni propagar la pandemia ni muchos menos poner en peligro la salud pública en general’. En tal sentido debe señalarse que la ausencia de tales intenciones o finalidades no desaparece ”ex ante“ el peligro de lesión para el bien jurídico tutelado”, sostuvo Domínguez en su dictamen.

El planteo del Presidente

En agosto pasado, Alberto Fernández presentó un escrito ante la Justicia en Comodoro Py (donde radicaba la denuncia antes de ser trasladada a los tribunales de San Isidro) en el que planteaba que lo sucedido en la noche del 14 de julio del año pasado en la residencia presidencial no constituía un delito, motivo por el que pedía que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento. Según el mandatario, “no se ha seguido, ni ha resultado ninguna consecuencia lesiva y, por tanto, no existen ‘víctimas’. En los términos del art. 339, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación –en adelante CPPN–, vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, conforme a lo que se desarrollará, a fin de que, corrida las vista pertinente a la otra parte, se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento, en los términos del art. 336, inc. 2°, o subsidiariamente 3° del CPPN, en tanto la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo”, argumentó el Presidente.

IG

El juez Lino Mirabelli quedará a cargo de todas las causas abiertas por las visitas a la Quinta Presidencial del Olivos durante la etapa más estricta de la pandemia del coronavirus.

La Cámara Federal de San Martín, en un fallo firmado por el juez Marcelo Fernández, dirimió así una “cuestión de competencia” entre Mirabelli y la también jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien reclamaba para sí todos los expedientes acumulados.

El camarista resolvió “dirimir la presente contienda positiva de competencia, en favor del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro, debiéndose acumular la causa para continuar su trámite unificado”.

El fallo coincide con lo que hoy mismo había dictaminado el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín Pablo Quiroga, quien también se había inclinado por la intervención de Mirabelli.

“En tiempos actuales –sostiene la resolución de la Cámara-, el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro (a cargo de Mirabelli) hace aproximadamente más de un mes que interviene en el trámite más amplio del expediente”.

“De allí, que la incorporación de las actuaciones de la causa vinculadas con los dos hechos idénticos que conforman -también- su legajo, no importará un obstáculo para el proceso”, añadió.

La Cámara consideró que Mirabelli fue el juez de San Isidro que intervino en la primera denuncia por las presuntas violaciones a las normas de prevención de la pandemia.

“El legajo CFP 4723/2021 se inició primero, su objeto procesal es más amplio -integrado por hechos idénticos y otros conexos-, se encuentra compuesto por sucesos acaecidos con anterioridad a los del 14/7/2020 y 30/12/2020, las primeras denuncias que dieron cuenta de estos dos últimos acontecimientos fueron, por primera vez, presentadas en ese expediente y, al 1 de septiembre pasado, cuando la justicia federal capitalina declinó su competencia, no se había dispuesto acto alguno de naturaleza instructoria” en el expediente que tenía Arroyo Salgado.

Arroyo Salgado y Mirabelli reivindicaban para sí, cada uno con sus fundamentos, la prosecución de la investigación, y de esa manera quedó trabado el conflicto de competencia, que hoy fue saldado.

La decisión de la Cámara no es apelable, pues se trata del superior común a ambos juzgados que pugnaban por la competencia, de modo que la radicación de las actuaciones adquiere carácter definitivo.

En esta causa están imputados el Presidente, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20”.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

DA

El juez Lino Claudio Mirabelli, el magistrado del juzgado federal 2 de San Isidro, aceptó la competencia para investigar la causa sobre los ingresos a la Quinta de Olivos cuando regía una estricta cuarentena, que incluye el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

El juez Casanello había declarado la “incompetencia” de su juzgado “en razón del territorio” en el que ocurrieron los hechos investigados y consideró que le corresponde intervenir a la justicia federal de San Isidro, “con jurisdicción en Olivos”, donde se encuentra la quinta presidencial.

Casanello ordenó que el expediente sea remitido al juzgado de San Isidro “que por turno corresponda”, aunque en esa jurisdicción hay dos: el que está de turno es el que encabeza el magistrado Lino Mirabelli, mientras que el otro es el de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

El documento firmado por Mirabelli, notifica y resuelve “Aceptar parcialmente la competencia atribuida en el marco de la causa N° CFP 4723/2021 por el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 en orden a los hechos detallados en los considerandos (puntos 1 hasta 10), y rechazarla respecto de los restantes eventos (puntos 11 y 12) que surgen de las denuncias impetradas por el Dr. Alejandro Sánchez Kalbermatten”.

El punto 11 hace referencia a la denuncia que involucra al expresidente, Mauricio Macri, a raíz de sus presuntos incumplimientos a las normas sanitarias luego de volver de su viaje de Europa el 9 de agosto de este año y también, el día 26 de ese mismo mes, al haber presenciando un programa de televisión.

En cuanto al punto 12, alude a la denuncia contra Elisa Carrió que, según medios periodísticos, el 26 de diciembre de 2020 habría “organizado un evento con motivo de su cumpleaños 'en su casa de Capilla del Señor en la que hubo unos setenta (70) invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo”. El magistrado declinó la competencia por tratarse de un hecho ocurrido en el partido de Exaltación de la Cruz, ajeno a su competencia en San Isidro

Asimismo, ordenó devolver a Casanello esta última parte de expediente para que se defina la competencia en un tribunal de apelaciones.

En esta causa están imputados el Presidente, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20”.

La resolución de Casanello se produjo cuando le tocó definir sobre un planteo de inconstitucionalidad formulado contra los decretos presidenciales por la defensa de una de las imputadas, Stefanía Domínguez, al cual ya se había opuesto el fiscal González que tiene delegada la investigación.

AB

El juez federal Sebastián Casanello declaró este miércoles la incompetencia territorial de su juzgado para intervenir en la investigación por la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, y ordenó que el expediente sea enviado a la Justicia federal de San Isidro, ya que la reunión del 14 de julio de 2020, durante las restricciones por la pandemia, sucedió en la Quinta de Olivos, territorio que corresponde a la jurisdicción bonaerense, según el escrito al que accedió elDiarioAR.

Casanello sostuvo en su fallo que, a diferencia de lo que viene planteando el fiscal Ramiro González, no hay indicios para que la causa sea investigada en los tribunales porteños de Comodoro Py. “No me es posible encontrar un extremo fáctico que justifique la competencia territorial de este juzgado”, aseguró el magistrado.

“No estamos frente a delitos continuados o permanentes que hayan involucrado distintas jurisdicciones, ni delitos cometidos a distancia”, agregó el magistrado. “Aquí, según los recortes hechos en las denuncias -recogidos por la Fiscalía-, el lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo.

Casanello ordenó que la causa sea remitida al juzgado federal de San Isidro que se encuentra de turno. En dicha jurisdicción, hay dos juzgados federales. El juzgado número 1 está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman y quien había solicitado vista del expediente de Casanello porque la magistrada también tiene una denuncia sobre el mismo hecho. Este año, Arroyo Salgado está de turno con el fiscal federal Federico Iuspa.

Sin embargo, ni Iuspa ni Arroyo Salgado habían opinado aún sobre su competencia hasta el momento. El juzgado federal número 2 de San Isidro está a cargo de Lino Mirabelli y este año trabaja con el fiscal Fernando Domínguez. Es el juzgado de Mirabelli el que se encuentra de turno para el sorteo de causas, confirmó una fuente judicial del fuero a elDiarioAR.

Aún así, debido a que el juzgado de Arroyo Salgado tiene una denuncia previa por el cumpleaños de Olivos, Mirabelli podría remitirle el expediente a su colega.

En desarrollo.

ED

La estrategia de defensa del presidente Alberto Fernández en el Olivos-Gate ya tiene varios efectos directos sobre las próximas decisiones que deberán tomar el fiscal y el juez del caso, la extensión del expediente y sobre el clima de malestar interno y externo que desencadenó el caso en plena campaña electoral, según surge de las consultas de elDiarioAR a fuentes judiciales, juristas, aliados y opositores. 

Mientras sus decisiones en torno a la causa -desde el asesoramiento del abogado Gregorio Dalbón hasta su rol como abogado propio y el pedido de ser sobreseído por inexistencia de delito- son cuestionadas como una sucesión de “torpezas” y “errores” por algunos aliados, la oposición buscará una amnistía general para miles de personas que tienen causas penales o condenas por el incumplimiento de las restricciones de circulación durante la crisis sanitaria (exceptuando a funcionarios públicos y fiestas clandestinas, entre otros).

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, existían al menos 50.000 causas judiciales en el fuero federal a lo largo y ancho del país por el incumplimiento a las normas impuestas por el Ejecutivo para evitar la propagación del Covid-19, según los datos de la Procuración General de la Nación. 

Desde el jueves, Fernández está formalmente imputado en la causa en la que se investiga si cometió delitos al incumplir las normas impuestas por su propio decreto durante la celebración del cumpleaños de su pareja, la Primera Dama, Fabiola Yáñez, durante la prohibición de las reuniones sociales en julio de 2020, según el escrito que firmó el fiscal federal Ramiro González y al que accedió elDiarioAR.

Hecho I

Esta semana, la causa tendrá al menos dos hechos concretos. En primer lugar, el juez federal Sebastián Casanello abrirá un incidente para tratar el primer pedido del Presidente: ser sobreseído por inexistencia de delito, confirmaron dos fuentes judiciales. Luego deberá notificar al fiscal Ramiro González para que opine sobre si Fernández debe o no ser sobreseído con este argumento. 

A partir del momento en que informe de la situación al fiscal, éste tendrá tres días hábiles de plazo máximo para dictaminar. Tras el dictamen de González, la decisión quedará en manos del juez, confirmaron dos fuentes con acceso directo al caso.

Recién una vez resuelto este capítulo, la Justicia podrá iniciar una conciliación con Fernández y una negociación para establecer qué reparación económica deberá realizar para quedar sobreseído.

Hecho II

El segundo hecho concreto es que este martes por la mañana vencen los plazos del fiscal González y de las partes para plantear su posición sobre otro punto del expediente. El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de una de las participantes de la cena de cumpleaños imputada en la causa, planteó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente que estableció las restricciones a la circulación y reunión durante la pandemia.

El propio Fernández estaría en condiciones de responder el planteo del abogado D’Alessandro, pero nadie espera que lo haga. Este tramo de la causa también extiende la vida del expediente. Si el juez rechaza que el DNU sea inconstitucional, la defensa puede apelar y abrir nuevas instancias de revisión. En otra causa en la que interviene el defensor, otro fiscal federal, Santiago Marquevich, dictaminó que el decreto es constitucional porque busca preservar la salud pública en medio de la realidad excepcional que marcó la pandemia en le mundo, entre otros argumentos, según extractos del dictamen.

“Creo que tarde o temprano alguien deberá resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto”, dijo D’Alessandro a elDiarioAR. “La política sabe que el DNU es inconstitucional -por las restricciones de circulación y otras garantías de la Constitución- pero no lo quiere reconocer por dos motivos: no hicieron nada para evitarlo y, si lo declaran, en la próxima emergencia van a tener que pasar si o si por el Congreso”, opinó el abogado.

El Presidente decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses.

Comunicado de Presidencia — Jueves 26 de agosto.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

El penalista Andrés Gil Domínguez explicó a elDiarioAR: “Desde hace años se discute la inconstitucionalidad de este tipo de delitos en los que se criminalizan hechos que no generaron daños jurídicos”. El jurista, de habitual diálogo con el Presidente y quien integró el consejo consultivo para la reforma judicial de Fernández, no habla de la supuesta inconstitucionalidad del DNU sino de los delitos como el del artículo 205 del Código Penal. Ante la consulta de este medio, Gil Domínguez agregó: “El Presidente debe dejar que la Justicia trabaje y dedicarse a la campaña y a gobernar. No debe hablar de esta ni de ninguna otra causa en trámite, como marca la Constitución, no puede interceder en cuestiones judiciales”.

El Presidente debe dejar que la Justicia trabaje y dedicarse a la campaña y a gobernar. No debe hablar de esta ni de ninguna otra causa en trámite.

Andrés Gil Domínguez — Penalista.

Los órdenes cambiados

El jueves último, alrededor de las 18, Presidencia hizo circular un comunicado oficial. “El Presidente decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses”, era el título del breve texto. Sin embargo, Fernández planteó en su escrito ante la Justicia dos vías distintas para resolver su caso.

En primer término, el mandatario pidió ser sobreseído al entender que no había cometido ningún delito; en segundo término, y en caso de que el juez del caso rechazara su sobreseimiento de cuajo, ofreció una conciliación y reparación económica. 

Fernández argumentó que no cometió delito alguno porque no causó daño, ya que no estaría probado que la celebración desencadenó contagios de Covid-19.

Por esta razón es que la Justicia debe resolver en primer término su pedido de sobreseimiento y postergar el inicio de una conciliación. La segunda opción planteada por Fernández es una salida ampliamente utilizada en los tribunales para resolver este tipo de casos: el imputado negociará con el fiscal un acuerdo para evitar la pena, se pacta una sanción o multa -el Presidente ofreció realizar una donación al Instituto Malbrán- y el juez debe homologarlo, si está de acuerdo con lo acordado. 

Fernández propuso en su escrito donar al Malbrán una suma que equivaldría a $630.518 (dos salarios completos, según los datos proporcionados por el Ejecutivo). El fiscal puede considerarlo insuficiente y requerir al imputado un esfuerzo económico mayor con la sociedad, explicó una fuente directa del caso. 

Abogado en trámite

La causa de Olivos se transformó en una concatenación de cuestionamientos al Presidente. Su estrategia de defensa es uno de los puntos atacados. Fernández decidió presentarse ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado defensor. El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que al ocupar la Presidencia, Fernández tiene prohibido por artículo 3 de la Ley 23.187 ejercer la abogacía. Además, el mandatario no contaba hasta ayer por la tarde con matrícula habilitada como abogado, según surge de la consulta a los registros públicos del Colegio profesional. 

Aún así, el viernes, a las 19:26, Fernández pagó vía electrónica un bono profesional de $500 al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó en el expediente judicial, según pudo corroborar este medio. Este bono es una especie de impuesto que los abogados deben abonar por cada causa en la que intervienen, lo que confirma que Fernández decidió intervenir como su propio abogado defensor.

En el Gobierno respondieron a este punto ante la consulta de elDiarioAR: “El Presidente tiene todo en orden y, además, puede presentarse como abogado si actúa en su propia causa y no de terceros”. De hecho, el artículo 4 de la Ley 23.187 permite esta excepción.

Amnistía y rebelión

Ante la consulta de elDiarioAR, una figura cercana al mandatario se mostró más preocupado por el efecto en la sociedad de los argumentos que Fernández ante la Justicia. No hablaba del impacto del caso en el electorado en plena campaña sino del temor a que ni el Presidente ni el Gobierno retenga la autoridad necesaria para ordenar nuevas restricciones a la población en medio del avance de la variante Delta.

En Diputados, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal tienen un proyecto de amnistía general para las miles de personas imputadas, procesadas y condenadas por causas vinculadas al quebrantamiento de las normas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) que dispuso el Presidente.

El proyecto fue presentado el 17 de agosto último por el diputado nacional Gustavo Menna (UCR, Chubut) y acompañado por el bloque radical. Plantea que se extinga la acción penal contra estas personas y la restitución de vehículos y bienes incautados durante los procedimientos policiales y judiciales. Por el momento, la campaña electoral tiene paralizado al Congreso y el proyecto no ha avanzado.

El Presidente tiene todo en orden y, además, puede presentarse como abogado su actúa en su propia causa y no de terceros.

Fuente oficial.

La amnistía tiene tres excepciones: no alcanzará a funcionarios públicos; no se aplicará a fiestas y reuniones clandestinas; y tampoco se podrá exculpar a aquellas personas que incumplieron una  medida de aislamiento o cuarentena por contagio, contacto estrecho, arribo de país o de una provincia. 

Menna afirmó a elDiarioAR que esta amnistía fue pensada para los casos de personas que se excedieron en el rango horario de circulación o que debían salir a trabajar a pesar de las restricciones. “El Gobierno pierde legitimidad para perseguir estos delitos cuando el propio Presidente incumplió la norma. Amenazás a los ciudadanos con iniciarles causas penales y ahora dice que si no contagiaste a otros no es delito”, aseguró Menna.

“Además, estas miles de causas son un gasto y esfuerzo para el Poder Judicial, que debería estar investigando causas de corrupción, lavado, trata de personas, narcotráfico. Esto tiene que tener una solución política. No creo que haya voluntad política para tratar el proyecto pero ojalá que sí”, dijo el diputado.

No es justo que miles de personas en esa condición estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción.

Gustavo Menna — Diputado nacional por Chubut (UCR).

En Comodoro Py admiten el “colapso de causas de la pandemia”. Algunos fiscales y jueces resolvieron este tipo de casos con conciliaciones, probations y reparaciones económicas, en especial con donaciones a hospitales públicos, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. 

En otros juzgados y fiscalías se optó por el stand by: los expedientes en donde no hubo una fiesta clandestina, incumplimiento de cuarentenas por viajes al exterior o de personas con síntomas o PCR positivo, los magistrados optaron por dejar los expedientes sin avanzar sobre los imputados ni citarlos, a la espera de una resolución externa a la Justicia, confiaron varios de ellos ante la consulta. En otros casos donde los acusados pudieron justificar el incumplimiento, fueron sobreseídos.

El proyecto de amnistía de la oposición se presentó luego de la filtración de las primeras fotos del cumpleaños de Yáñez. “La revelación de la fiesta en la residencia presidencial de Olivos da lugar a que resulte una incongruencia que subsistan causas penales contra personas que cometieron la ‘falta’ de circular por la vía pública para ir a su trabajo, a visitar a un familiar enfermo o simplemente a tomar aire y ejercitarse”, afirmó Menna en el texto del proyecto. 

Creo que tarde o temprano alguien deberá resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto.

Mauricio D'Alessandro — Abogado de una de las imputadas.

“No es justo que miles de personas en esa condición estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción luego de que quedará admitido que el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por decreto, fue el primero en incumplirlas”, agregó el diputado opositor en el proyecto. 

Al ser funcionario público y al haber participado de una reunión que podría ser considerada contraria a la ley, Fernández no sería beneficiado por la amnistía. Tampoco todos aquellos miembros de la oposición que participaron del cumpleaños de Elisa Carrió, en diciembre de 2020.

Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados y uno de los firmantes del proyecto de amnistía, estuvo presente en la celebración del natalicio de la líder opositora y también es uno de los denunciados ante la Justicia por dicho encuentro durante las restricciones en Exaltación de la Cruz. 

Negri dijo a LN+ que el festejo de Carrió fue al aire libre, con hisopados previos y con la autorización del Municipio -lo cual debe ser investigado en la Justicia-.

ED