La justicia federal de Córdoba confirmó este viernes que se hallaron restos humanos en el predio donde funcionó La Perla, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar en el interior del país. El anuncio lo hizo el juez federal N° 3, Hugo Vaca Narvaja, quien precisó que el hallazgo se produjo en los primeros días de excavación en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la zona denominada Las Lomitas.

Los restos fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el marco de una nueva campaña de 70 días ordenada en la causa “Averiguación de Enterramientos Clandestinos”, iniciada en 1998 a partir de denuncias de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos. Se trata del primer hallazgo de restos óseos en el predio de La Perla, que funcionó entre 1976 y 1978 bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez.

“Hemos logrado encontrar restos humanos en La Perla en las proximidades de la Loma del Torito”, señaló Vaca Narvaja. El magistrado remarcó que durante años los juicios de lesa humanidad permitieron reconstruir la sistematicidad del terrorismo de Estado, pero que ahora comienzan a aparecer pruebas materiales. El secretario de Derechos Humanos del juzgado, Juan Miguel Ceballos, agregó: “Este buen comienzo nos augura un futuro que nos entusiasma y nos tiene entusiasmados para desandar el largo camino que nos queda”.

El EAAF explicó que los huesos se hallaron en un relleno consistente con alteraciones detectadas en imágenes aéreas de 1979, que mostraban movimientos de tierra en la zona. Esas fotografías, analizadas por el geólogo Guillermo Sagripanti de la Universidad Nacional de Río Cuarto, resultaron decisivas para acotar la búsqueda a unas diez hectáreas dentro de un predio de 3.200.

El sector donde se hallaron los restos coincide con lo denunciado en 1985 por el trabajador rural José Julián Solanille durante el Juicio a las Juntas. El testigo relató haber escuchado gritos desgarradores en 1976 y haber encontrado pequeñas tumbas en las inmediaciones del cuartel.

La noticia generó una fuerte expectativa entre los organismos de derechos humanos y los familiares de desaparecidos. Según el Archivo Provincial de la Memoria, entre 2.000 y 2.500 personas pasaron por La Perla, la mayoría de las cuales permanece desaparecida. En distintos procesos judiciales se acreditó que allí se torturaba, se asesinaba y que muchas víctimas eran fusiladas en el mismo predio en los llamados “traslados”.

Los especialistas aclararon que el proceso recién comienza y que la identificación de los restos podría demorar meses. Los fragmentos -entre ellos un fémur y partes de cráneos- serán cotejados con el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Cuando uno encuentra los restos y los identifica, esa persona deja de ser un desaparecido. La necesidad de dar por terminado este estado de incertidumbre es lo que hay que resaltar”, enfatizó Vaca Narvaja.

“El hallazgo marca un auspicioso reinicio de la búsqueda”, celebraron desde el EAAF. Con nuevas tecnologías, la pericia de especialistas y décadas de lucha de los organismos, la búsqueda de los desaparecidos continúa.

CRM

El horror tiene cifras en el Pozo de Vargas, la fosa en Tucumán en donde se han identificado hasta ahora a 116 detenidos desaparecidos, víctimas de la última dictadura cívico militar, que fueron arrojados a sus 40 metros de profundidad para que nunca sean encontrados. Ese macabro destino no pudo ser, debido a la investigación que dio con su existencia y que este año cumplirá 21 años. De acuerdo a informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), fechado el 15 de diciembre del año pasado, elevado al Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Fernando Poviña, son 149 los restos óseos hallados en el interior -hasta el momento-, 28 perfiles genéticos son de mujeres y 121 de hombres. Entre ellos, se identificó a 118 personas y aún hay 31 sin identificar.

Los números lo dicen todo, o casi. Todavía hay un alto porcentaje de restos sin identidad, sin nombres y, por lo tanto, con historias que permanecen ocultas que quizás sean de militantes de partidos políticos, trabajadores de fábricas, obreros del surco, ferroviarios, sindicalistas o estudiantes, como gran parte de los identificados en la fosa, hasta ahora. De ahí, la importancia de que quienes crean tener un familiar desaparecido se acerquen a distintos lugares para dejar una gota de sangre que se sumará a un banco de datos. Esa muestra será cruzada luego por los científicos del EAFF, con un potente software de comparación masiva, con datos genéticos de los restos que les lleguen desde los lugares en donde se están realizando investigaciones, como en el Pozo de Vargas.

“Vargas es una causa en la que el EAAF puso mucho esfuerzo por el significativo número de víctimas, por lo que es la fosa más grande del país. Y seguro está entre las de mayor dimensión de Latinoamérica”, reflexionó Diego Argañaraz Fochi, tucumano, miembro del EAFF, en diálogo con elDiarioAR. Y agregó: “una de nuestras mayores 'mochilas' es que nuestro trabajo es una carrera contra el tiempo, porque a nosotros nos gustaría que los restos sean identificados y entregados a sus familiares, como a un padre, madre, hermano o hermana que buscó a ese familiar, antes que mueran”.

Vargas es una causa en la que el EAAF puso mucho esfuerzo por el significativo número de víctimas, por lo que es la fosa más grande del país. Y seguro está entre las de mayor dimensión de Latinoamérica"

Diego Argañaraz Fochi — miembro del EAFF

“Entregar una muestra es tan importante como encontrar una fosa pero no se puede hacer un juicio de valor sobre quienes no deciden hacerlo, porque es un gesto voluntario y porque cada uno procesa como puede las ausencias y sus circunstancias. Sí creo que debe llegarle a la sociedad la mayor cantidad posible de información”, reflexionó. El año pasado, EAAF lanzó una nueva campaña para identificar a los más de 600 cuerpos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 que tiene en resguardo. Con el lema “Tenés una historia / tenés un derecho” la convocatoria hace foco en el derecho a saber si el familiar desaparecido fue encontrado por el EAAF y puede ser identificado. Las dos vías de contacto son el 088 3453 ADN (236) y e correo iniciativa@eaaf.org.ar

En relación a los 31 restos sin identificar del Pozo de Vargas, una fuente consultada por este medio, informó que se analiza una hipótesis de que quizás con algunos jamás logre darse con sus lazos de sangre. Entre las razones, se menciona que podrían ser personas que fueron secuestradas en otras provincias pero torturadas y asesinadas en Tucumán, por ejemplo en los ex centros clandestinos de detención ex Arsenales Miguel de Azcuénaga o la ex Jefatura de la Policía. Hay casos de este tipo en el Pozo de Vargas pero con identificación positiva. O quizás se trate de víctimas que no son buscadas por varios motivos: sus familias no hicieron la denuncia ni dieron muestras de sangre porque se procesan aún con miedo las consecuencias del terrorismo de Estado; porque las víctimas pertenecen al ámbito rural y sus familiares les perdieron el rastro, desconociendo que militaban en alguna organización política cuando fueron secuestrados; o por desconocimiento de la existencia de campañas y de lugares en donde se pueden dejar muestras de sangre. En la actualidad, estos datos forman parte del Banco Nacional de Datos Genéticos y del Banco de Sangre de Familiares del EAAF.

“Voluntaria y con plena conciencia”

María Coronel es la actual  coordinadora del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos y ex centro clandestino de detención “La Escuelita de Famaillá”. Desde 1975, desde el Operativo Independencia, se convirtió en un centro de clandestino de detención por el que pasaron entre 1.500 y 2.500 personas, hasta fines de 1976. Consultada por elDiarioAR sobre la importancia de dar una muestra de sangre, ante la duda de tener un familiar desaparecido, señaló “este tema me atraviesa desde lo personal por mi historia familiar porque soy consciente que es difícil admitir que se tiene un pariente del que se desconoce su destino y también sé que no se debe obligar a nadie a dar esa muestra, tiene que ser un gesto voluntario de plena conciencia”.

“Hay que seguir generando esta conciencia con campañas estatales de difusión e información que se sostengan, porque nos ha pasado en 'La Escuelita' de personas que se acercaron cuando se abrió y desconocían que podían entregar una gota de sangre”, apuntó. La historia personal a la que se refiere es porque María es hija de José Carlos Coronel y de María Cristina Bustos Ledesma, ambos desaparecidos. Su padre, secretario político de la organización Montoneros, fue asesinado en un operativo el 29 de septiembre de 1976, en el llamado “Combate de Villa Luro”, en Buenos Aires. La casa en la que estaba reunido con otros cuatro militantes fue sitiada por las fuerzas armadas en donde, salvo la hija del periodista Rodolfo Walsh, María Victoria, todos fueron asesinados. Ella se quitó la vida. María Cristina fue secuestrada el 14 de marzo de 1977. Los dos tenía 32 años cuando desaparecieron.

Para intentar saldar en Tucumán el vacío de información sobre el destino de desaparecidos, en la provincia se lleva a cabo la campaña “Acercáte, te estamos buscando”, para incrementar las muestras de ADN del banco de datos genéticos y cotejarlas con los restos de las víctimas de delitos de lesa humanidad que son recuperados. Esta tarea es realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Erica Brunotto, en el marco de la Campaña de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID). Junto con el EAAF, la secretaría toma las muestras voluntarias a familiares de detenidos desaparecidos para ampliar la información del Banco Nacional de Sangre de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“En base a los listados que nos giran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Justicia Federal, hacemos nuestra propia búsqueda de los parientes, sobre todo, en el interior tucumano. A veces, esa tarea nos lleva varios días, solo ubicarlas, porque el paso siguiente es informarlas sobre la importancia de la entrega de la muestra voluntaria, que luego se efectúa cumpliendo con todos los protocolos”, detalló Brunotto.

Agregó que es una experiencia única en el noroeste argentino y que ha dado resultado en el ámbito rural, en pueblos y caseríos pequeños. También se han tomado algunas muestras de personas que se han acercado a la secretaría, por la difusión de la campaña. Todo se gira al EAAF, en donde se hacen las identificaciones con el cruce de datos. “Estamos conformes con lo realizado hasta el momento pero sabemos que aún falta y una muestra de ellos son los restos que quedan por identificar en el Pozo de Vargas”, expresó.

Una duda que debe aclararse

Hace unos días, a raíz de un comunicado de una organización no gubernamental que aseguraba que habían finalizado los trabajos de investigación en el Pozo de Vargas, la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán (Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad) aclaró en un parte oficial que “aún se encuentran pendientes de realización algunas tareas periciales”. También se indicó que “Luego de más de dos décadas de investigación y trabajo de equipos periciales locales (GIAAT y CAMIT, que son espacios de arqueólogos) y del Equipo Argentino de Antropología Forense se lograron identificar 149 personas que fueron inhumadas clandestinamente en ese lugar. Restan aún identificar 33 personas cuyos perfiles genéticos no coinciden con las muestras de sangre brindadas hasta el momento por familiares de desaparecidos y desaparecidas. El Pozo de Vargas es hasta hoy la fosa común con mayor número de identificaciones de la Argentina”.

La controversia está planteada sobre la cifra de personas sin identificar, puesto que mientras el EAAF sostuvo en diciembre que ese número era de 31, la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán señaló que son 33. Frente a ello, querellantes de la investigación manifestaron a elDiarioAR que en los próximos días recurrirán al Juzgado Federal para que se aclara esta situación.

Mientras, de acuerdo a consultas que efectuó este medio a varias fuentes, lo que sí concluyeron en el Pozo de Vargas son las excavaciones en su interior, se llegó a un piso técnico, pero aún queda mucho por realizar, como pasar por una zaranda el contenido de cerca de 500 bolsas de material que se extrajeron desde las entrañas del pozo. Esta tarea es clave porque en ese sedimento hay objetos que pueden ser útiles para reconstruir historias, como un rompecabezas de nuestra memoria reciente. En los últimos meses, por ejemplo, se hallaron anillos, anteojos, proyectiles de armas, fragmentos óseos y hasta dientes. 

También hay numerosos objetos en custodia e inventariados que aún esperan ser estudiados porque cuando se producen identificaciones, a los familiares se les entregan los restos óseos. En el depósito de la investigación hay ropas, calzados y billeteras, entre otros materiales, que esperan ser estudiados porque es posible que a algunos se los pueda asociar con un nombre, con una familia, para que también sean entregados. Todos los restos de huesos descubiertos en la fosa son clasificados y enviados al EAAF, en donde se efectúan los estudios para la identificación.

Otro de los objetivos de los investigadores, en conocimiento del Juzgado Federal, es reconstruir el predio en donde se encuentra el pozo, puesto que allí hubo un cargadero de caña de azúcar, que supuso la existencia de construcciones que se destruyeron cuando se intentó ocultar a la macabra fosa. En varios lugares hay restos de cimientos. Detectados esos lugares, se procurará identificar qué se hacía en cada uno de ellos, ya que por testimonios en las causas que se investigan crímenes de lesa humanidad, es posible que allí hayan existido dependencias en donde se torturaban a víctimas, antes de ser ultimadas y arrojadas a los 40 metros de profundidad. En algunos casos, en “bultos” de tres cuerpos, atados con alambres. Se comprobó, además, por las pesquisas, que hubo ocasiones en los que se hicieron disparos desde arriba para rematar a los hombres y mujeres que antes habían sido sometidos a sesiones de tortura.

En la actualidad, en el predio desarrollan las tareas de investigación los integrantes del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), desde hace más de una década, que son los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur, quienes trabajan en el interior del pozo. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda, están a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva, Sergio Cano, Julia Lund y Gema Gutiérrez Gueta Gollena. Todas las acciones son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

En Tucumán, Abuelas de Plaza de Mayo tiene nodo de su Red por el Derecho a la Identidad, y todas las personas que quieren colaborar con Abuelas por encontrar a sus nietos y defender el derecho a la identidad, pueden contactarse con  Alejandra García Aráoz (APDH Tucumán) y Carolina Frangoulis (Comisión Hermanos de HIJOS), a los teléfonos (0381) 15 6113585 o (0381) 15 609 8278. Correo: alejgarciaar@gmail.com; carofrangu@hotmail.com

En el caso de la Secretaría de DDHH de Tucumán, para la entrega de una gota de sangre, que puede ser un camino hacia la identidad, el contacto es (0381) 484-4000, interno 339.

DC/MG

La Justicia Federal de Entre Ríos dispuso que entre mañana y el martes se realice un operativo para llevar a cabo exhumaciones en el cementerio de la localidad de Villa Paranacito, en el marco de la causa que se instruye por “los vuelos de muerte” que se realizaron en esa provincia durante la última dictadura cívico militar.

La medida fue ordenada por el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró, y el objetivo del procedimiento es identificar nueve cuerpos que se encuentran enterrados sin identificación en ese cementerio.

En el procedimiento intervendrán integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llevarán a cabo la exhumaciones y extraerán muestras de esos cuerpos para cotejarlos con su banco de datos genéticos, y establecer si se trata de víctimas que pudieron ser arrojadas desde aviones o helicópteros a las aguas del Paraná, como parte de los denominados “vuelos de la muerte” que se llevaron a cabo en esa zona.

La decisión de llevar a cabo estas tareas de remoción en el cementerio surge tras la declaración que brindó el pasado 2 de marzo ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Román Venancio, un trabajador que durante la última dictadura se desempeñó como sepulturero.

Venancio contó que, en distintos intervalos, efectivos de la Prefectura que se desplazaban en lanchas por esa zona del delta del Paraná, en el sur de Entre Ríos, trasladaron cuerpos al camposanto en bolsas de nylon y que los enterraron en distintos sectores como NN.

Los cuerpos habrían sido encontrados flotando en el río, y en un caso recordó que los prefectos le contaron que uno de ellos había estado colgado de un árbol.

El testigo asegura haber visto una mujer entre las víctimas, otra que tenía un disparo en la cabeza y un cuerpo que según le contaron “se había ahogado” en las aguas del río Paraná.

“Estas exhumaciones pueden ser un punto central para avanzar con esta causa. Creemos que si logramos identificar a esos cuerpos como el de alguna persona que está desaparecida y pasó por algún centro de detención ilegal podemos avanzar con imputaciones”, señaló en diálogo con Telám la fiscal federal de Concepción del Uruguay Josefina Minatta, que instruye en esta causa.

Señalización de tumbas

Además de estas exhumaciones que comenzarán mañana, la Justicia federal ordenó señalizar tumbas en el cementerio de Ibicuy, donde podría haber más víctimas de los vuelos de la muerte enterrados como NN.

Los testimonios de los pobladores de Villa Paranacito, en Entre Ríos, que fueron relevados por un trabajo periodístico tras años de silencio, resultaron determinantes para impulsar el avance de la investigación judicial sobre “los vuelos de la muerte” en esa zona del sur de Entre Ríos.

Con la derogación de las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos, un testigo de identidad reservada se presentó en 2003 ante un juzgado de instrucción de Gualeguaychú y contó un hecho relacionado con lo que sucedía en esa zona, ubicada en las islas del Ibicuy.

Fuentes allegadas a la causa contaron que se trataba de un policía (hoy retirado) que por esos días estaba de novio con una chica, cuyos padres le contaron que habían enterrado un cuerpo que había aparecido dentro de un barril metálico de 200 litros, relleno de cemento, y que presumiblemente había sido arrojado desde un avión.

La justicia no pudo avanzar con el testimonio de este efectivo -y prefiere no dar a conocer su identidad- porque su novia de entonces negó los hechos cuando se la convocó a declarar, y se supo que la mujer está casada con un integrante de la Prefectura Naval que revista en la localidad de bonaerense de Zárate.

Una investigación sobre los “vuelos de la muerte” en el Delta del Paraná

El declarante decidió contar su historia y le reveló los hechos al periodista Fabián Magnotta, quien en base a ese relato comenzó una investigación sobre casos similares que durante décadas habían sido silenciados en esa parte del Delta del Paraná.

“Nos encontramos un día en una plaza de Gualeguaychú. Me contó lo que sabía y en base a esa historia empecé a recolectar otras historias similares. Era gente que había visto cuerpos flotando y vio bultos que caían desde aviones. Es un lugar donde los vuelos de la muerte tuvieron testigos”, señaló Magnotta en diálogo con Télam.

Con los testimonios de lancheros, hacheros, obreros rurales y docentes, Magnotta compuso el libro Un lugar perfecto, que se publicó en 2012 y que devela historias que durante años estuvieron “silenciadas por el miedo de los pobladores”.

“Estamos hablando de un lugar en el cual la presencia de la Prefectura -entonces una fuerza que dependía de la Marina- era muy fuerte en la zona, al igual que la policía. Los vecinos tenían miedo de hablar, de contar lo que habían visto”, afirmó Magnotta.

En esa zona se dan una serie de características geográficas que propician que ese lugar fuese “perfecto” para desaparecer a las víctimas del terrorismo de Estado. “Hay mucha vegetación, inundaciones, movimientos de tierra y está cerca de la conjunción del Paraná con el Uruguay, donde hay una profundidad muy grande. Era como un patio trasero para la represión ilegal”, explicó.

El periodista aseguró que hay testimonios que van desde 1976 hasta 1980, y que durante el Mundial de Fútbol se registró una gran actividad de vuelos en esa zona de Ibicuy.

“Está totalmente probado que existieron los vuelos de la muerte en la zona por testimonios de gente que vio cómo se tiraban cuerpos al agua. Ahora debemos establecer de dónde venían las víctimas, en qué centros clandestinos de detención habían estado”, explicó a Télam.

La fiscal consignó que en la causa se verifican dos tipos de hallazgos de cuerpos en base a las declaraciones de los isleños: “Uno son los barriles rellenos de cemento con los cuerpos adentro y el otro son cadáveres envueltos en frazadas con las manos atadas con alambres que aparecían flotando en el agua”.