Poco antes de jurar en su nuevo cargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmó convenios con los gobernadores de Entre Ríos, Chaco y Jujuy para la transferencia de obras públicas nacionales a las provincias.

Los acuerdos comenzaron con los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, en medio del debate por la ley Bases y el paquete fiscal cuya sanción el presidente Javier Milei aún no puede celebrar.

La cláusula no escrita es un apoyo a esas leyes como condición para la firma del acuerdo. “En la reunión, las autoridades coincidieron en que la aprobación de Ley Bases permitirá acelerar este proceso con la recuperación de los puntos de coparticipación que retuvo la gestión nacional anterior”, sostuvo Rogelio Frigerio en el comunicado que distribuyó después de la firma del convenio.

Por ahora es sólo un acuerdo marco. Aún falta la letra chica, y sobre todo, quién se hace cargo de los fondos para llevar adelante las obras públicas que financiaba la Nación. Ahí todavía están los asteriscos.

Por el momento, lo que se estableció es un pacto para reordenar las prioridades. Hay obras que seguirán bajo la órbita de la Casa Rosada, y son las que concentran las mayores incógnitas sobre el financiamiento y terminación. Desde Balcarce 50 insisten en que ahora serán las provincias las que se harán cargo. En las gobernaciones dicen otra cosa. “El convenio marco lo que busca es ordenar y priorizar qué obras va a hacer la Nación y va a financiar la Nación del paquete que ya venía ejecutando desde antes y cuáles no y pasan a la provincia”, explicaron cerca de uno de los gobernadores.

Hoy pasaron por el despacho de Francos, además de Frigerio, dos gobernadores de la UCR: el de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chaco, Leandro Zdero. Todos comprometieron su apoyo a la ley Bases y el paquete fiscal que todavía tiene que tratar el Senado. De ahí el aporte que hará sobre todo el radicalismo a la votación en general, que se trataría el próximo 12 de junio.

Entre las tres provincias son alrededor de 80 obras que se reactivarían a partir de la firma de los acuerdos. Serán los gobernadores los que de ahora en más presentarán la lista con sus prioridades. Lo más factible es que se avance con las obras que quieran terminar los mandatarios. Por el momento, Francos ya bajó la orden, que vino desde Economía. “No hay plata”, insiste.

“Es importante que las provincias sean responsables de aquellas obras que se desarrollan en su territorio”, se excusó Francos, según un comunicado oficial. El Gobierno nacional presenta el plan como parte de la descentralización de la gestión que se propone el nuevo jefe de Gabinete, que considera que así habrá un mayor dinamismo. Los gobernadores, en cambio, sostienen que la Casa Rosada no se hace cargo y les traslada el problema. El financiamiento será clave.

Las transferencias a las provincias por fuera de la coparticipación son uno de los principales indicadores del superávit fiscal conseguido por Luis Caputo. Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esas partidas disminuyeron 85,4% de manera interanual en el primer cuatrimestre.

Tal como informó elDiarioAR, el plan de Francos en su nuevo rol de ministro coordinador será avanzar en las transferencias de las obras. A pesar de que la semana pasada se reunió con funcionarios de la administración de Axel Kicillof, como Gabriel Katopodis, todavía están lejos de acercar posiciones, pero al menos se abrió un canal de diálogo.

Los próximos pasos los dará hacia los gobernadores del peronismo más proclives a acompañar a la Casa Rosada, como Raúl Jalil, de Catamarca, a quien también vio en su nuevo rol.

Lo que todavía está en estudio es la financiación por parte de la Casa Rosada. Hay convenios que fueron firmados por los propios municipios, que sin fondos nacionales, podrían caer.

MV/JJD

Termina mayo y no hubo pacto. Termina mayo y no hubo ley Bases. Mientras tanto, los gobernadores hacen malabares para contener el malestar en sus provincias: quienes trabajan en el sector salud, educación, seguridad o administración pública a nivel provincial empiezan a manifestar su descontento –con mayor escala en la provincia de Misiones– por sueldos que no logran recuperarse ni de cerca a la aceleración inflacionaria tras la asunción de Milei y la mega devaluación.

Las provincias trasladan el peso del ajuste a los sueldos provinciales producto de arcas que tienen caídas por todas partes: sus recursos propios, aquellos que reciben por coparticipación pero también los que corresponden a transferencias no automáticas de Nación. Desagreguemos.

Los recursos con los que cuentan las provincias pueden subdividirse entre recursos propios y aquellos que les transfiere la Nación. Pero al interior de esta última categoría hay transferencias no automáticas y otras que sí lo son –en carácter de coparticipación o regímenes específicos–. En todos los rubros, prácticamente todas las provincias arrojan números rojos. 

En el caso de los recursos propios, que incluyen patentes, inmobiliario rural y urbano y sellados, el principal componente de la recaudación provincial es el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este impuesto depende directamente del nivel de actividad económica. Desde diciembre a esta parte, en promedio, las arcas provinciales perdieron en términos reales interanuales 14,3%, 10,7% en enero, 5,1% en febrero y 13% en marzo, con una economía que cayó 8,4% interanual. Con la excepción de las provincias de Buenos Aires y Neuquén, el conjunto arroja pérdidas que van de -0,4% en el caso de Santa Fe hasta -33,2% en San Juan.

Ahora bien, el peso de la recaudación propia sobre el total de los recursos de la jurisdicción es relativamente bajo: salvo dos excepciones (Neuquén y CABA), representan menos de 50% del total, con casos extremos de 7% u 8%. La porción más relevante de los recursos proviene de la Coparticipación y Otros Recursos de Origen Nacional, y estos guarismos vienen peor. En el caso de la coparticipación, cuyos tributos centrales son el IVA y el Impuesto a las Ganancias, entre diciembre y abril cayó entre 8,4 y 24,8% según el mes. En el caso del IVA, cuya caída en abril fue de 8%, esto es producto del parate en la actividad económica, pero en el caso de Ganancias, que se redujo 37% en abril, se debe mayormente a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto. Su restitución, contemplada en la Ley Bases, se presenta hoy como una gota de agua en el desierto para las arcas provinciales. Por el lado de otros recursos nacionales automáticos, las caídas son más profundas aún: de -11,5% a -26,7% en los últimos cinco meses.

Para completar el panorama, desde Nación se cortaron o redujeron prácticamente todas las partidas de transferencias no automáticas, centralmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (que la oposición intentará restituir el próximo martes en una sesión especial en la Cámara de Diputados, ya que representa en promedio el 12% del total del salario docente), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y los fondos correspondientes a las cajas previsionales provinciales. En el primer cuatrimestre de 2024 estos recursos se redujeron 76% en términos reales, afectando todos los rubros: educación, salud, seguridad social y política productiva. En el caso de las políticas alimentarias para comedores escolares, la caída alcanza el 99,9%: prácticamente no se ejecutaron partidas para este rubro.

Por último, las provincias se ven afectadas por la paralización de más de 2.000 obras en todo el territorio nacional: en el primer cuatrimestre, las transferencias a provincias en concepto de gastos de capital cayeron 98% interanual. Esto implica no construir rutas, cloacas, viviendas, jardines maternales pero tampoco infraestructura energética, cuya consecuencia directa fue el corte de gas que sufrimos los últimos días. 

Entre provincias, hay algunas diferencias relevantes: la más afectada por el recorte de transferencias no automáticas es La Rioja –con una caída interanual en términos reales de 97,3%-- y la menor caída la tiene Chubut con –65,7%–. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaboramos un informe para mostrar estas caídas y sus diferencias entre jurisdicciones, clasificados por rubros de partidas. En la tabla a continuación, pueden apreciarse las divergencias: 

Con todo este panorama de recorte de ingresos, las provincias deben afrontar gastos que centralmente corresponden a salarios y jubilaciones y pensiones (en el caso de las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas previsionales al gobierno nacional como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba). Según datos provistos por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, al cuarto trimestre de 2023, en promedio, entre los rubros “personal” y “prestaciones de la seguridad social” absorben el 55% de las erogaciones provinciales totales, y el 63% de las erogaciones corrientes.

Por ende, los recortes que están recibiendo las provincias no implican un ajuste a los gobernadores, a la “casta”, sino a sus poblaciones: a jubilados y jubiladas provinciales, a docentes iniciales, primarios y secundarios, a policías, a médicos y médicas, a enfermeros y enfermeras que día a día garantizan derechos allí donde se desenvuelven. Recomponer sus salarios resulta de extrema urgencia así como también retomar las obras abandonadas, muchas de ellas cerca de terminarse, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. 

CB/DTC

Mientras avanza el conflicto entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente Javier Milei, se abre un nuevo foco de disputa con los gobernadores. Ahora, la Fiscalía de Estado de Salta prepara los escritos para reclamar a Nación por el envío de fondos para el Incentivo Docente, el transporte público, programas de salud, desarrollo social, educación y obra pública recientemente recortados.

Desde el gobierno provincial buscarán resolver la cuestión por la vía administrativa y, según anticiparon luego de un encuentro con algunos funcionarios del gabinete local, las primeras cartas documentos se despacharán a los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

La cumbre realizada en la Casa de Gobierno de Salta estuvo encabezada por el titular de la cartera de Infraestructura, Sergio Camacho, y el coordinador Administrativo, Nicolás Demitrópulos, y resolvió exigir la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Allí se discutió también la decisión de declarar la emergencia de los servicios públicos que abarcan al transporte, el agua y la provisión de energía eléctrica.

Además de Camacho y Demitrópulos, participaron de la reunión los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; de Turismo y Deportes, Mario Peña; y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.

Quien estuvo ausente fue el gobernador Gustavo Sáenz. Había viajado a Buenos Aires para encontrarse con el ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos.

En tanto, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), liderada por Marcelo Ferraris, elevó hoy un reclamo al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta para que cumpla con el pago de los subsidios nacionales para la provincia. Se trata de las transferencias correspondientes al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior del país para los meses de enero y febrero que aún no fueron girados.

La entidad también pidió igualdad de condiciones para todas las regiones del país en materia de subsidios.

ACM

Con información de Télam.

El uso del código QR va ganando terreno entre los usuarios de los medios de pagos electrónicos, de la mano de una mayor adopción de esta modalidad, informó este sábado el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Así en el último año se multiplicó por cinco la cantidad de operaciones realizadas a través de este sistema, y en la actualidad uno de cada cuatro pagos con transferencia se inicia con código QR.

En los primeros 15 días de enero, el promedio diario de pagos con transferencia interoperables iniciados con QR fue de 253.056 transacciones, cuando en los primeros 16 días de 2022 la cantidad de operaciones por día promediaba 46.828.

El crecimiento exponencial que registraron estos pagos llevó que desde su adopción ya se hayan realizado más de 52 millones de operaciones a través de este sistema. Estos números incluyen sólo las transferencias interoperables y no aquellas que son realizadas desde una billetera virtual a un lector de un comercio de la misma compañía.

“A la hora de analizar el tipo de cuenta que son utilizadas en estas operaciones se ve que cerca del 86% de los pagos iniciados con código QR fueron realizados por clientes que utilizaron sus cuentas a la vista y en un 14% recurrieron a sus cuentas de pago”, precisó el informe del BCRA.

Del lado de los comercios, en tanto, el 61,3% de los mismos acreditó los pagos en cuentas a la vista y un 38,7% en cuentas de pago.

“Mientras avanza el uso del dinero electrónico, el BCRA recuerda que por motivo de los feriados de Carnaval (lunes y martes próximos) las sucursales bancarias de todo el país no abrirán”, aclaró la autoridad monetaria. Por ello, los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados.

La entidad, por su parte, destacó que “para alcanzar este alto nivel de adopción entre las personas usuarias de servicios financieros fue clave el rol del BCRA, a través de distintas medidas tomadas por su Directorio, que sirvieron para masificar el uso del QR en los pagos con transferencia y así motorizar su crecimiento”.

Una de las principales medidas que le dio fuerza a esta modalidad de pago fue Transferencias 3.0, “un sistema innovador que se puso en marcha en noviembre de 2021 y que incorporó la interoperabilidad de los códigos QR, de modo que una persona usuaria de servicios financieros pueda realizar pagos con transferencia utilizando cualquier código QR, sólo con un teléfono y con cualquier billetera virtual o aplicación de banco que ofrezca ese servicio”, destacó.

El nuevo ecosistema abierto y universal contribuyó a estimular una mayor competencia entre los diferentes actores del sistema, que redundó en mejores condiciones para personas usuarias y comercios.

“El objetivo, de hecho, fue promover la formación de un ecosistema digital de pagos abierto y universal, y conseguir una mayor inclusión de aquellos sectores que aún no utilizan los servicios financieros, uno de los ejes de gestión del organismo monetario. Incrementar la red de aceptación de medios de pago electrónico es un pilar clave dentro de las políticas de inclusión financiera del BCRA, al tiempo que incentivar la utilización masiva de esos medios de pago ayuda a obstaculizar el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, así como a formalizar la economía, lo que permite cargas tributarias más parejas y moderadas”, remarcó el BCRA.

Otra de las medidas que el Directorio del BCRA tomó para desarrollar con fuerza el uso de los pagos a través de celular fue en febrero de 2022, cuando elaboró nuevos requisitos técnicos para los Prestadores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital, que apuntaron a reforzar las medidas para mitigar el fraude en las operaciones con billeteras digitales.

También en ese mismo mes fue creado el Registro de Billeteras Digitales Interoperables, para que las entidades financieras y los PSP que presten el servicio de billetera digital se inscriban y obtengan la certificación para brindar el servicio.

El registro, que desde julio del año pasado ya está disponible en la página web del BCRA, permite a las personas usuarias contar con la información de aquellas billeteras que pueden ser utilizadas para realizar pagos con transferencia mediante la lectura de cualquier código QR.

MB con información de agencia de noticias Télam

El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) reveló un gasto público equivalente a $1.412.853 en enero de 2023, lo que representó una caída del 16,6% en términos reales. Se trata de la séptima reducción mensual consecutiva, que se diferencia del comportamiento fiscal de la primera mitad del 2022.

La reducción en el gasto público se reflejó en el envío de dinero a las empresas públicas no financieras: tal como había prometido el ministro de Economía, Sergio Massa, al Fondo Monetario Internacional (FMI), no hubo transferencias a estas entidades. Tampoco hubo gastos en subsidios energéticos durante el primer mes del año, una marcado contraste con respecto a enero de 2021, cuando los gastos asignados al sector ascendían a $46.100 millones. Estos subsidios tienen asignados $1.697.705 millones para este año, lo que constituye una baja en su participación en el presupuesto: pasaron del 7,2% en 2022 al 5,9% en 2023. Los subsidios al transporte, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), experimentaron una baja del 5% con respecto a enero de 2022.

El Gobierno Nacional también limitó las transferencias discrecionales a las provincias. Una de las principales herramientas para enviar dinero a las provincias son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que constituyen el 1% de la masa coparticipable y están destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en las provincias. Pese a las funciones establecidas, el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con alta discrecionalidad a la hora de asignar estas transferencias entre las unidades subnacionales.

La Provincia de Buenos Aires (PBA) fue la única destinataria de los ATN durante enero. En el primer mes del año, la provincia recibió un monto total equivalente a $1.582 millones. El gobierno de Axel Kicillof también se vio beneficiado por el Programa de Fortalecimiento Fiscal de la PBA, surgido de la reversión de la coparticipación excedente que fue entregada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto 194/16.

El informe del CESO también reportó una caída interanual de 16% en la inversión de capital, rubro que también tiene incidencia en las provincias.

El gasto en planes sociales, contrario a lo esperable por las bajas anunciadas durante diciembre y enero por el Ministerio de Desarrollo Social en el programa Potenciar Trabajo, se incrementó en el primer mes de 2023, cuando se esperaba un ahorro de $2.500 millones. El gasto para esta línea de asistencia, que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de los estudios, la formación laboral y la capacitación en oficios, acumuló $44.472 millones, un 113% más que hace un año.

En la misma línea, el gasto de la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para aquellos que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, ascendió a $32.591 millones y presentó un aumento del 78% con respecto a los datos del 2022. Recientemente, se incrementó el presupuesto de Desarrollo Social y se redujo el de Seguridad, según indicó el informe de CESO, aunque ambas carteras fueron las que encabezaron el nivel de ejecución: 85,5% para Seguridad y 83,9% para Desarrollo Social.

ACM con información de la Agencia Nuevas Palabras

Argentina es el segundo país que más futbolistas transfirió en los últimos diez años, según un informe de la FIFA que da cuenta del mercado de pases internacional en ese período de tiempo.

El documento publicado este lunes en la página oficial de la institución consta de 98 páginas que desglosan el movimiento de pases mundial entre 2011 y 2020.

Uno de los primeros puntos que analizó la FIFA fue la nacionalidad de los futbolistas transferidos en dicho período y los argentinos se ubican en el segundo lugar por debajo de Brasil.

Los futbolistas nacidos en Argentina registraron 7.444 transferencias entre 2011 y 2020, mientras que los brasileños duplicaron esa cifra con 15.128 traspasos.

Argentina supera a Gran Bretaña (5.523), Francia (5.027) y Colombia (4.287) en el top 5.

Ángel Di María es el argentino que más dinero movió en transferencias con sus pases de Manchester United a Paris Saint Germain (2015) y de Real Madrid a Manchester United (2014).

El brasileño Neymar es el único que superó la barrera de los 200 millones de dólares cuando pasó de Barcelona a PSG en 2017.

Entre los 70 pases más caros también están el de Mauro Icardi de Inter a PSG (2020), el de Sergio Agüero de Atlético de Madrid a Manchester City (2011) y el de Javier Pastore de Palermo a PSG (2011).

Luego, la FIFA detalla cuánto dinero movieron dichas transferencias y Argentina baja al cuarto lugar con una cifra superior a los 3 billones de dólares.

Los jugadores de Brasil (7.1 billones), Francia (4.5 billones) y España (3.6 billones) lideran el podio de dinero generado en transferencias.

En cuanto a las asociaciones miembro de la FIFA, la AFA es la cuarta más exportadora del mundo por detrás de Brasil, Inglaterra y España.

Dicha exportación no se traduce en el éxito de las ventas ya que Argentina cae al décimo puesto en ingresos.

Al momento de importar, el fútbol argentino está entre los siete países más receptores de futbolistas pero se ubica en el puesto 18 de inversiones.

El informe también detalla el movimiento de los clubes y los argentinos figuran en los principales rankings.

Boca (3º), River (8º), Independiente (11º), Racing Club (15º), Rosario Central (18º), Newell's (19º) y Lanús (20º) son los clubes de Sudamérica que más transferencias realizaron en los últimos diez años.

El “Xeneize”, a su vez, es el club argentino que más vendió (119) y el cuarto sudamericano. Lo siguen en el top 30 Racing (74), River (73), San Lorenzo (67), Vélez (66) y Lanús (56).

River y Vélez son los únicos clubes argentinos que figuran entre los 30 con mejor porcentaje de balance positivo entre las compras y ventas de la última década.

Con información de agencias.

IG