Esta nota es una coproducción de Revista Anfibia y elDiarioAR 

Quirófano. Escena 1

Lo último que veo antes de que todo se apague es un par de ojos azules entre una cofia celeste y un barbijo del mismo color. Un conjunto de objetos de formas semicirculares perfectamente engamados. 

Apenas me trasladaron al quirófano pregunté por el anestesiólogo (o dije anestesista, entonces no sabía la diferencia entre el médico y el auxiliar, una diferencia de formación y de clase), yo también con cofia, pero blanca, casi transparente, y ese horrible camisolín que expone humillantes extensiones de piel. Pregunté por él porque quería decirle que amo la anestesia general, aunque soporto muy mal los temblores del despertar. El anestesiólogo mira mi historia clínica resumida a su mínima expresión en la planilla enganchada en un cartón. Ahí están todas las cirugías por las que pasé. Supongo que por eso no pregunta cómo sé o cuántas veces me desperté temblando. Dice: no hay problema. Ya me puede desenchufar.

Tengo el catéter intravenoso clavado en una vena, en la fosa cubital. Mi vida cuelga de esos ojos azules que me miran, seguramente controlen el efecto de la anestesia. El resultado es inmediato. Para una insomne como yo, el placer de no sentir el habitualmente dificultoso pasaje al sueño es oro. Anoto mentalmente: el placer de no sentir. Nada mejor para un cerebro que da vueltas en la rueda del hamster enjaulado y cuesta tanto apagar.

Fundido a negro.

Empiezo por mí porque soy parte de la sociedad de la evasión, el mandato de “desertar” de Bifo Berardi me pegó fuerte y el deseo involuntario de apagarme es una fuerza contra la que lucho desde siempre (mi síntoma es el sueño).

Por eso, tal vez, jamás se me ocurrió preguntar cuáles eran las drogas que me suministraban en las cirugías, endoscopías, tratamientos de conducto o cualquier otro procedimiento invasivo que necesite anular la conciencia del dolor. Y también por eso, quizás, tampoco me había preguntado antes si los médicos experimentaban con esas mismas drogas en sus propios cuerpos.

Nunca tuve miedo de morir en una cirugía, ni de tener una alergia ni ninguna otra complicación causada por la anestesia. Solo me preocupaban los temblores. 

Nunca, hasta que todo cambió. Fue a fines de marzo, cuando nos enteramos de que el anestesiólogo Alejandro Zalazar (31), residente del Hospital Rivadavia que hacía rotaciones en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, había muerto por sobredosis de anestésicos, en su departamento en Palermo. El hecho había ocurrido el 20 de febrero. ¿Por qué se supo cuarenta días después? La noticia se conoció por un audio viral que vinculaba el caso con el robo de insumos en el Hospital Italiano y develaba una trama oscura, que incluía “viajes controlados” grupales de médicos con esas sustancias. Lo que conocimos como el lore de las Propofest. 

Aquí un spoiler: si bien no hay una estadística de muertes de anestesiólogos en Argentina, esas muertes ocurren soto voce. Reflotar el caso de una técnica anestesista muerta en 2023 tal vez sea otra punta del mismo ovillo y habilita la pregunta: ¿qué ollas no se quieren destapar? En voz alta, en cambio, circula lo que algunos médicos llaman “el mito”: los anestesiólogos son “drogones”. Aquí se trata de desandar el prejuicio moralizante para intentar entender las causas de un fenómeno que sí está estudiado a nivel internacional.

Esta crónica-ensayo se escribe a partir de entrevistas a pacientes de cirugías y médicos de distintas especialidades, incluidos anestesiólogos, de quienes se reserva la identidad por lo delicado del tema, pero que además de experiencia aportaron bibliografía esclarecedora para entender una pregunta básica: ¿Por qué se droga un anestesista? ¿Qué busca con estas experiencias extremas? ¿Qué peligros encarna para los pacientes?

Antes, un repaso a vuelo de pájaro: la causa del hurto de insumos del Hospital Italiano involucra a un médico anestesiólogo con trayectoria, Hernán Boveri (45), experto en TIVA (Anestesia Total Intravenosa) y a la residente de tercer año (R3) Delfina Lanusse (31), Tini, ambos desafectados de la institución, además de a Chantal Leclercq, Tati, también R3 del Hospital Rivadavia y compañera de Zalazar. Su confesión en los últimos días la compromete: se tradujo en dos allanamientos en su vivienda en CABA y en la de sus padres en un barrio cerrado de zona norte y hace que el vínculo entre las dos causas paralelas deje de ser una mera hipótesis periodística.

El audio refiere un vínculo sexoafectivo entre Boveri y Lanusse -el jefe y la subalterna-, quien declaró que él la involuntarizaba para violarla. Rápidamente, esto se leyó como estrategia de la defensa de la joven. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), advirtió: “Boveri manifestó que la participación de la residente se habría dado en un marco de consentimiento pleno, pero ello debe ser juzgado teniendo en cuenta la asimetría jerárquica existente entre un médico anestesiólogo con mayor trayectoria profesional y una médica en formación, lo que implica un grado de subordinación”.

El caso revela un desplazamiento: la recirculación de drogas legales de acceso altamente restringido en un circuito ilegal para un uso recreativo (o para su comercialización), concretamente, de dos anestésicos muy poderosos y utilizados en los procedimientos quirúrgicos y endoscópicos como son el fentanilo, un analgésico opioide 100 veces más poderoso que la morfina, y el propofol, un sedante que induce el sueño (Michael Jackson murió en 2009 por sobredosis de propofol que le medicaban para dormir; el médico que lo asistía fue condenado y cumplió dos años de prisión). De allí se desprende el nombre de Propofest o Fiestas del Propofol, que parecen distar bastante de bolas de espejos y bailes desenfrenados y se acercan mucho más a una modalidad epocal: la necesidad de evadirse completamente de lo real. El descanso, la quietud. Y bajar de las alturas (también, del efecto de otras drogas, un clona potenciado).

Los anestesiólogos son los médicos mejor pagos del sistema. Un residente cobra entre 1.5 y 1.8 millones de pesos. El bruto de un médico de planta promedia los 15 millones sin las retenciones

Se trata de un consumo de élite: los anestesiólogos son los médicos mejor pagos del sistema. Mientras el sueldo de un residente oscila entre 1.5 y 1.8 millones de pesos, el bruto de un médico de planta promedia los 15 millones sin las retenciones, lo que los posiciona séptimos en el ranking de las 10 profesiones mejor pagas del país. Constituyen un bien escaso: de casi 200 mil médicos matriculados en Argentina, casi 6.000 se dedican a la anestesiología: la escasez de oferta implica una sobrecarga laboral que lleva a situaciones de estrés extremo. La selección que realiza la entidad que los agrupa, la Federación Argentina Asociaciones, Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAAR), es muy estricta: se abren 168 puestos anuales para todo el país, y en los primeros años están obligados a prestar servicio adicional en instituciones públicas, algo que aumenta la carga horaria. De todas las ramas de la medicina, es una de las que recibe más demandas judiciales por malas praxis. Alguien que gana mucho y puede perderlo todo en un tris. Cómo no buscar, al menos, la evasión. Cómo no anestesiarme, si además tengo el acceso fácil. Es sólo cuestión de estirar la mano. La tentación de la élite es absoluta.

En esta trama, el apellido Lanusse lleva estampada la marca de clase (Alejandro Agustín Lanusse, de paso, fue presidente de facto entre 1970 y 1972). La foto de las milipilis (las chetas del audio del lore), la rubia y la castaña egresadas de la Universidad Austral, sedadas, con las vías colgadas de una rama de árbol, sumaron morbo al morbo. Surrealismo a la realidad. Incomprensión a un hecho delictivo enmarañado.

Mientras esta versión moderna hipertecnologizada y aristocrática de los antiguos fumaderos de opio ocurre en un piso de Palermo o en un country, en la calle (donde el adicto roba, no es novedad), y en un contexto donde alucinógenos y estimulantes son reemplazados por drogas de diseño, el fentanilo aparece como una amenaza seria: una droga hospitalaria que baja al asfalto por la puerta del narcotráfico. En otros países ya es un problema grave de salud pública, en Argentina resuena por la causa reciente de la droga adulterada que provocó muertes hospitalarias en distintas provincias y escaló políticamente. La reciente muerte de un enfermero en Palermo suma nuevas aristas a la tragedia. Y lleva a la pregunta sobre las responsabilidades institucionales y del Estado, sobre todo en lo que aparece como ¿falla? en los controles. 

Quirófano. Escena 2

Esto pasó antes. También hay dos ojos, los del anestesiólogo. El obstetra masajea mi útero después de la cesárea para que vuelva a su tamaño normal. Duele mucho. Me aferro a esos ojos como garrapata, implorando: más anestesia. La epidural no alcanza. Me dice: hasta ahí no llego. 

La omnipotencia médica se hace trizas. Y el dolor se olvida. ¿Hay una droga para cruzar el Leteo, el río del olvido? Seguramente, pienso, es el anestesiólogo quien necesita olvidar, dormir en paz (y para eso, nada como el propofol).

El miércoles 1 de abril, millones de ojos miramos el despegue de la nave Artemis II a la Luna. Había leído con orgullo que científicos de tres universidades públicas locales, Buenos Aires, La Plata y San Martín, fabricaron un satélite made in Argentina, Atenea, con la función de estudiar y mejorar los registros en los vuelos espaciales. Además, es la primera vez que una mujer (Cristina Koch) participa de una tripulación al espacio. Mientras los astronautas emprendían su viaje 50 años después del primer alunizaje y en las pantallas veíamos alejarse el cohete a la Luna desde el Centro Espacial Kennedy, nos enterábamos de que un grupo selecto de médicos de élite se inyectaban con sustancias que garantizaban una huida a Plutón, el planeta enano, el noveno en la galaxia, donde no llegan naves tripuladas. No calculaban la posibilidad de que solo fuera un viaje de ida. O sí, y jugaban con ese fuego. ¿Cómo se reparten las fichas de la ciencia de excelencia? No está tan lejos el ritual de los aplausos en la pandemia, cuando otorgamos categoría de superhéroes y superheroínas a médicos y auxiliares de la salud que arriesgaban sus vidas y eran explotados al mango. 

Lejos del tiempo del orgullo por las primeras generaciones de médicos en un país que fue conformando su perfil a partir de capas de inmigrantes pobres que escapaban de las guerras, hoy los médicos son personal precarizado, sobreexplotado y con limitada contención desde la salud mental. ¿Y los anestesiólogos, los presuntos millonarios de la historia? ¿qué sabemos de ellos?

Un lugar común: los médicos son humanos que también se drogan y eso es así desde que existe la medicina. En 1884 Freud publicó un artículo, Sobre la coca, en el que defendía el uso de esta droga con la que él mismo experimentó y que, hacia fines de siglo XIX, se empezaba a utilizar como anestésico (en primer lugar, en oftalmología). Freud alentó su uso para curar la adicción a la morfina en un médico amigo, Ernst Fleischl-Marxow, quien sufría de dolores agudos. El final es trágico: Fleischl-Marxow murió de sobredosis por consumo de cocaína. No hay una relación de causalidad, pero ya en el siglo XX, Freud reemplaza los tratamientos con sustancias por la cura por la palabra. Un cuento corto para aventurar el nacimiento del psicoanálisis. 

La imposibilidad de hablar de las propias adicciones por miedo a perder el trabajo es algo que sin duda les juega en contra a los médicos. Hay equipos de salud mental y en algunas instituciones reciben charlas, pero, en voz de un médico intensivista, el verdadero lugar de contención son los compañeros de trabajo y, a veces, las parejas. No siempre alcanza.

Intermedio. Jugar a ser Cristo

En los últimos días, una nueva palabra se instaló en nuestro lexicón: ambucear, una maniobra de rescate que consiste en la ventilación para las apneas que pueden provocarse en la sedación y llevar a una depresión respiratoria si no se controla. También escuchamos hablar de bomba de infusión para suministrar la droga inyectable por suero. Y supimos que R3 era residente de tercer año. Una mínima jerga médica se coló en nuestro vocabulario. Antes no sabíamos. Ahora, ¿qué sabemos? 

En la película Línea mortal (hay dos versiones, de 1990 y de 2017), cinco estudiantes de medicina de universidades caras juegan a anestesiarse en un sótano del hospital en el que trabajan como residentes en el área de terapia intensiva. Buscan transgredir la frontera que separa la vida y la muerte para experimentar qué hay más allá, controlados por sus compañeros, que los hacen regresar a través de drogas como la epinefrina y maniobras de resucitación. Qué tentación, jugar a ser Cristo. Qué borde tan finito cuando el costo real puede ser la muerte.

Hoy, cuando la realidad se ha vuelto un territorio insoportable, anular todos los sentidos parece ser una vía de escape extrema pero posible para quienes tienen los recursos y el acceso. Da miedo pensarlo, impresiona saber que los profesionales encargados del cuidado de los cuerpos de los otros buscan autodestruir el propio. ¿O el conocimiento científico es lo que les da la seguridad de que van a controlarlo todo siempre, la hybris del amigo de Freud?

En un estudio de casos, el experto Gustavo Calabrese define la farmacodependencia como una enfermedad devastadora, crónica y recidivante que el adicto suele no aceptar. Estima que entre el 10% y 15% de los anestesiólogos se encuentra en riesgo. Identifica factores como el acceso fácil, el estrés ambiental y la “exposición pasiva” (inhalación). Calabrese es coordinador de la Comisión de Riesgos Profesionales de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología. Según esta entidad, la adicción principalmente a opiáceos como el fentanilo incluye altas tasas de mortalidad por sobredosis (24 muertes reportadas en un informe CLASA 2003-2005), suicidio, problemas familiares y errores médicos. 

Los médicos consultados de distintas áreas críticas mencionan un acceso facilitado por los “robos hormiga” (a veces para asegurar un suministro en el ámbito público desde el privado, otras para consumo), enfatizan el burnout laboral provocado por el exceso de horas y las condiciones laborales precarias, la relación diaria con la muerte, y la extrema responsabilidad que eso conlleva. Los anestesiólogos suelen ser profesionales que no participan en equipos en la tarea diaria: llegan, aplican la anestesia, se van. Como lobos y lobas solitarias. Dicen que a veces hay resentimiento por las grandes diferencias salariales y la escasez de oferta que impone la FAAAAR. La entidad emitió un comunicado institucional donde aclara “que los hechos que han tomado estado público pertenecen al ámbito privado y bajo ningún concepto al ejercicio profesional ni a la práctica asistencial”. Ámbito privado puede ser el Hospital Italiano (que también hizo su descargo institucional) o puede ser referido a la vida privada de las personas involucradas en los casos. De todos modos, los hechos cuestionan esta afirmación.  

Pero hay más. Y eso otro más hay que buscarlo por el lado del placer (y del goce, eso que ningún médico controla).

Quirófano. Escenas 3, 4, y 5

“¡Quiero más!”, grita, todavía semiconsciente, un paciente que recién se despierta de una colonoscopía. 

Otra paciente, después de una cirugía estética, invadida por una sensación de placidez que provoca el propofol, todavía bajo efectos de la droga, le pregunta al anestesista: “Decime la verdad, ¿vos también lo probás en casa?”

Ver la paz reflejada en las caras de los pacientes el despertar provoca curiosidad y ganas de probar, reconocen algunos anestesiólogos.

Una paciente con leucemia, luego de una nueva punción de médula que la lleva a internarse a intervalos regulares durante un mes, confiesa que a veces exagera el dolor para recibir una dosis mayor de fentanilo. Una anestesista “cómplice”, le ofrece: “Acá tenemos de la buena, te la paso despacito así disfrutás”.

Ese disfrute consiste en no sentir, flotar en silencio, levitar, suspender todo en el aire del quirófano. Un aire, por otra parte, no tan inocente. Distintas publicaciones internacionales como las de la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda y otras, que consideran la dependencia una enfermedad y no un crimen, señalan que la inhalación continua de fentanilo y propofol en los quirófanos la mencionada “exposición pasiva” estimula la adicción. 

Un dato que traslada el eje de las “decisiones” personales o cuestiones privadas a un factor más del riesgo laboral y por lo tanto, un llamado de atención al ámbito institucional público y privado, y al estado. Algo a tener en cuenta para evitar estigmatizaciones: según el New England Journal of Medicine, la adicción no es falta de voluntad, es un cambio profundo en el cerebro, donde el sistema de recompensa queda alterado y el consumo se vuelve compulsivo.

A mediados del siglo XIX, cincuenta años antes de que Freud experimentara con la cocaína, grupos de estudiantes de medicina y químicos se reunían en las “Fiestas del éter”, en las que experimentaban inhalando éter dietílico. En una fiesta en Jefferson, Georgia, Estados Unidos, un médico, Crawford Williamson Long, se golpeó y advirtió la falta de dolor, y así, con un accidente que emula la manzana en la cabeza de Newton, descubrió el poder anestésico del éter. 

De casi 200 mil médicos matriculados en Argentina, casi 6.000 se dedican a la anestesiología. La escasez de oferta implica una sobrecarga laboral que lleva a situaciones de estrés extremo. De todas las ramas de la medicina, es la que recibe más demandas por malas praxis

En los “viajes controlados” de la Propofest, el destino buscado es el del goce perfecto (una perversión), que no existe en la realidad porque nunca se llega. Plutón, tan pequeño, tan lejano. Como en el crimen que nunca es perfecto, lo que impacta es la muerte, las agujas, los cuchillos, eso que corta los cuerpos, los abre, los desgarra, los invade, el daño donde se espera la cura. El médico es el que tiene que lidiar con eso: hacerlo, o mirarlo. El anestesiólogo se convierte en una especie de voyeur panóptico de los efectos de las invasiones médicas en los cuerpos de los pacientes. Él, finalmente, sólo clava un catéter en una vena, proporciona una máscara con oxígeno, monitorea, vigila los signos vitales. A partir de hoy, ha dejado de ser un fantasma, unos puros ojos cavados en una sábana, para convertirse en alguien que sufre, que goza, que se adicciona, vive y muere, puede o no puede, delinque, se equivoca, puede llegar a matar o al suicidio, quiere escapar. Alguien muy real, más allá del lente de mi mirada suplicante.  

Papeles diminutos cubren la vereda. Hay cinturones para apretar venas. También pipas o restos de crack que sus usuarios recuperan con la poca destreza que les queda. Muestran ojos caídos, piel ulcerada, muecas severas. Están en la estación central de trenes de Frankfurt y sus alrededores. La ciudad alemana no enfrenta los mismos problemas que Buenos Aires, pero sí otros. Y aplica soluciones muy distintas. Darle a la gente un lugar seguro donde drogarse es una de ellas.

“En los noventa, si le preguntabas a cualquier habitante de Frankfurt cuál era el principal problema de la ciudad, te respondía: ‘Las drogas’. Se veía sobre todo en los parques. Se inyectaban heroína al aire libre todo el día, y tuvimos 154 muertes. Así que el municipio creyó necesario crear espacios a los que estas personas pudieran ir. Y así empezamos con esto”, me cuenta Gabi Becker, directora de Integrative Drogenhilfe, un centro con salas de consumo que nació hace 33 años en esta ciudad alemana, corazón financiero de Europa.

Becker está sentada en la oficina de una de las cinco sedes que tiene el centro, en una zona con pasado fabril a las afueras de Frankfurt. Allí funcionan un parador nocturno con duchas y 24 camas, un lavadero donde se puede trabajar a cambio de lavados, cafetería con precios tendientes a cero, gabinete con atención médica, un complejo de 61 camas para residentes permanentes, y un gran departamento compartido con los 12 que se ganaron tamaña confianza.

Y, quizás lo más importante: acá hay ocho espacios de consumo seguro de drogas. Una sala de azulejos blancos y asepsia digna de hospital. Agujas descartables, torniquetes de compresión para apretar el brazo e inyectarse, pastillas de vitamina C para disolver heroína base o crack. Un espacio donde se cumple el cliché del orden alemán: sillas en fila, cada una con su mesa delante, un cesto de basura debajo y un espejo al frente para que los coordinadores puedan ver en todo momento qué hace el resto. Cada usuario lleva su propia sustancia y no puede compartirla con nadie.

Soledad compartida

¿Una forma de ocultar el consumo, de devolver la intimidad rota, o de darles a estos protagonistas más dignidad? Becker lo ve ante todo como una forma de salvar vidas. En 2023 fueron 32 las muertes por consumo de drogas al año, menos de un cuarto de lo registrado tres décadas atrás. A su vez, bajó la tasa de infección por hepatitis C del 70% al 10%. Y la de VIH cayó al 4 o 5%. “Estos son resultados importantes de la reducción de daños”, destaca con orgullo.

Frankfurt compite con Hamburgo por cuál instaló primero las salas de consumo. Pero la ciudad del norte alemán parece estar un poco más atrás en este tema. Lo muestran las 102 muertes relacionadas con el uso de drogas en 2024, su nivel más alto en casi 25 años. Lo muestran también las calles hamburguesas: la plaza Hansaplatz, la estación de S-Bahn Holstenstraße, o los 300 metros de Steindamm entre Steintorweg y Stralsunder Straße, donde cuando cae el sol soy la única mujer entre decenas de hombres, y una de las pocas personas que puede mantenerse erguida.

Además de dar un espacio seguro para usar drogas, en este tipo de salas de consumo se facilita el acceso a programas de rehabilitación y también de sustitución (por ejemplo, de heroína por metadona). Con todo, el consumo sigue. En los noventa, el gran problema en Frankfurt era la heroína. Hasta que a fines de esa década llegó el crack, el protagonista de los últimos diez años. Quienes lo fuman suelen usar también otras drogas: benzodiazepinas, anfetaminas, fentanilo, heroína, lo que haya.

No todas las estaciones pero, somehow, siempre estaciones

“La pandemia fue un problema porque hubo que reducir los espacios de consumo a la mitad por la distancia social, entonces no podíamos recibir a todos. Hacer que vuelvan a entrar ahora no es tan fácil. La relación con ellos cambió un poco”, lamenta Andreas Geremia, responsable de otra sede de Integrative Drogenhilfe, en la calle Niddastraße. Acá hay una sala con 12 lugares para drogas inyectables y otra con cuatro para fumar, que en octubre serán 16, por la gran demanda.

Esta sede está en el centro de la escena: a apenas 400 metros de la estación de trenes. Cuesta imaginar que en pandemia hubiera más gente en la vereda que ahora, cuando se cuentan al menos 30 personas. Intento capturar parte de la escena, pero alguien detecta mis intenciones. “¡No hagas videos!”, exclama en alemán. Guardo el celular.

Es el único hombre lo suficientemente erguido y fuerte como para gritar. El resto está en actitud de espera (de entrar al centro, del próximo saque), o sentado o recostado en el piso. A lo lejos se ven las torres de cristal en las que se cocina parte de las finanzas de un continente, ajenas a la vulnerabilidad que tengo en primer plano: ahí el consumo de drogas es más discreto, caro, “funcional”.

¿Por qué la gente que usa heroína y crack va a las estaciones? Porque en esos nodos confluye todo, y no sólo el transporte: los que van a trabajar, los que venden, los que compran, los que piden monedas, los que ofrecen (o pagan por) sexo, los que juntan botellas para llevarlas a los supermercados y así hacerse de unos centavos.

En Berlín también se observa una postal similar, pero más diluida por la vastedad de la ciudad, que equivale a cuatro Buenos Aires y media. El consumo de drogas en espacios públicos se concentra menos en la estación central, y más en los pasillos de acceso a los edificios, en los alrededores de centros de rehabilitación, y en nodos de transporte con historial, como Zoologischer Garten, aunque lejos del extremo que retrata la película Christiane F. sobre el consumo de heroína de fines de los setenta en ese centro de trasbordo.

Al principio, la aceptación social de las salas de consumo era mayor: el problema era tan visible que nadie dudaba de que había que hacer algo. Pero ahora que se logró cierto “orden”, algunos vecinos quieren que estos dispositivos desaparezcan. Que la calle vuelva a ser la de medio siglo atrás, sin recordatorios de que la ciudad también tiene bordes. El Estado y el tercer sector, con todas sus limitaciones, están tan presentes en Alemania que muchos se olvidan de que existen, y de lo que pasaría si dejaran de estarlo.

Porque reducir daños no es sinónimo de permitir. Es asumir que nada puede construirse sobre criminalización y muerte. Y que desplazar el problema de un lado a otro no sirve de nada. Lo que sí funciona, al menos en parte, es dar una mano. En Frankfurt, el control de daños nació como respuesta al hartazgo ciudadano, pero creció y se desarrolló gracias a la convicción de que con traslado y castigo no se construye una ciudad más vivible.

KN/MG

El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, también conocido como el Día Mundial contra las drogas, una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas y de tráfico ilegal.

¿Cuál es el objetivo del Día Internacional contra las Drogas?

El consumo y la distribución de drogas ilegales es una problemática global, con graves repercusiones en la salud y bienestar de las personas. A nivel mundial la incursión de drogas ilegales ha logrado traspasar fronteras con niveles alarmantes, afectando la seguridad y el desarrollo sostenible de las naciones. La lucha contra este flagelo persiste, contando con el apoyo de Organizaciones, Fundaciones y Estados Miembros.

En virtud de ello la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 1987 una resolución para conmemorar este día, para alcanzar una sociedad libre del abuso y tráfico ilícito de drogas, propiciar el fortalecimiento de la cooperación internacional y generar políticas que contrarresten la influencia del mercado ilegal de sustancias ilícitas.

Tipos de drogas

El consumo de drogas genera diferentes efectos en el sistema nervioso, alterando el rendimiento físico, la percepción, el estado anímico y la conducta, de acuerdo a esta clasificación:

Depresoras

Comprende aquellas sustancias que bloquean las funciones del cerebro, ocasionando desinhibición. Sensación de relajación, disminución de la ansiedad:

Perturbadoras

Sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro, generando distorsiones perceptivas, alucinaciones y otras alteraciones de la conducta:

Estimulantes

Sustancias que activan el funcionamiento del cerebro, mediante sensaciones de excitación y furia, que pueden derivar en problemas de hiperactivación, ataques de ansiedad, taquicardia, entre otros:

Principales rutas del tráfico de drogas en el mundo

América Latina es considerada uno de los máximos productores de cocaína, marihuana y tabaco en el mundo. No obstante, estas son las principales rutas de la droga en todo el mundo:

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Por los amplios ventanales del auditorio del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) entra un sol intenso, de verano tijuanense. Dentro, los ponentes hablan sobre un cambio de perspectiva: sobre trabajar juntos para abordar el consumo de drogas –y todo lo que ello conlleva– desde el ámbito de la salud pública en vez de hacerlo desde la criminalización y el estigma. En eso consiste el enfoque de reducción de daños. Y mientras los participantes exponen sus reflexiones, más allá del público, tras el mirador se ve el océano Pacífico con la nitidez de un cielo despejado. 

Jorge Álvaro Ochoa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, arranca su intervención diciendo que “el día de hoy es histórico”. Lo es porque en este rincón de Tijuana, al norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos, se han reunido actores importantes de la política, la cooperación internacional, la academia y las asociaciones civiles, para anunciar la creación del Comité Interinstitucional y de la Sociedad Civil sobre Reducción de Riesgos y Daños en Baja California. Este grupo de trabajo busca implementar a todos los niveles ese enfoque en el ámbito de las drogas. También se han reunido para presentar la ‘Guía Técnica de trabajo de campo para el abordaje de consumos de metanfetaminas y fentanilo en México’. Fue elaborada por el equipo de investigación de la organización mexicana Instituto RIA, pero financiada por COPOLAD III, un programa europeo de cooperación internacional que promueve el diálogo y la cooperación birregional entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe en materia de políticas de drogas. El objetivo es fortalecer los conocimientos y prácticas de las personas que trabajan con usuarios de metanfetamina y fentanilo, e identificar estrategias integrales en el abordaje de sus consumos.

La mayoría de los ponentes en el auditorio del COLEF –uno de los centros de investigación y docencia más prestigiosos de la zona fronteriza– reconocen que son las organizaciones de la sociedad civil las que llevan años abriendo camino. Es la población la que empujó desde abajo para que este cambio de paradigma suceda.

Varios de los representantes de la Secretaría de Salud, tanto del Estado de Baja California, donde se encuentra Tijuana, como del gobierno federal mexicano, asumen que esas organizaciones “han estado ante la ausencia del Estado”, que en Baja California tienen un problema serio y necesitan “una acción urgente”, y que “el servicio público debe acercarse cada vez más a los usuarios”. 

Según la Guía Técnica que se está presentando, entre el 2017 y el 2022 “el número de personas que reciben tratamiento por usos problemáticos de metanfetamina incrementó en un 218% en México”. La guía dice además que “su uso inició en el noreste del país, pero pasó a ser la sustancia de mayor impacto en todo el territorio”. Por eso es importante que estos debates y nuevas implementaciones también tengan lugar en el noroeste.

“Esta guía no es el final, es el principio”, dice José Javier Mendoza, Director General en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA). El principio para hacerle frente a “un reto compartido entre la UE, América Latina y Caribe”, como lo describe Borja Díaz, Director de COPOLAD III. Para que haya una transferencia de responsabilidades: que el Estado asuma más mientras aligera a las organizaciones civiles. “Que este tipo de herramientas sean un puente entre el Estado y las comunidades. La guía pone el énfasis en cómo podemos vincular a las personas consumidoras con los programas y los recursos públicos. Que podamos reducir las barreras de acceso al tratamiento sanitario”, zanja Díaz.

Un espacio seguro en el barrio

En la misma ciudad pero a unos cuantos kilómetros de allí, lejos del océano y cerca del muro que divide México de EEUU, en la llamada Zona Norte, una área de tolerancia donde se concentran la mayoría de prostíbulos, venta y consumo de drogas, y donde conviven muchos colectivos vulnerables, está Prevencasa. Es una de las organizaciones a las que tanto agradecen los expertos reunidos en el COLEF, porque lleva más de 20 años trabajando con un enfoque de reducción de daños en Tijuana. Pionera en Baja California, junto con Verter AC en Mexicali, ofrece kits de consumo seguro, atención médica y psicológica, pruebas de VIH y otras enfermedades, duchas, y una sala de consumo seguro enfocada principalmente a mujeres. También imparte talleres para los usuarios sobre diversas temáticas relacionadas con drogas. 

“Gracias a Dios que tenemos esto aquí en el barrio. Porque si no, mucha raza [personas], conocidos, ya se estarían muriendo”. Rafael Araujo habla a las puertas de la organización mientras se prepara la jeringa con su dosis. Ahí se suelen juntar muchas personas que usan sustancias psicoactivas, porque saben que si les pasa algo, en Prevencasa les ayudan. Rafael habla de la naloxona, un medicamento que revierte rápidamente las sobredosis de opioides y que reparte esta organización. Prevencasa también ofrece talleres sobre cómo utilizarla. “Ya le he dicho a mis amigos alrededor de mí que si me doblo [sufro una sobredosis], ahí está, ya sabes qué hacer”. 

Este medicamento, pese a ser fundamental para salvar vidas, en México no es de fácil acceso, solo se consigue con receta. Lilia Pacheco, directora operativa de Prevencasa, cuenta que ellos la obtienen por donaciones de EEUU. Pide que se desclasifique como psicotrópico, para que sea fácil de adquirir, y que se apruebe un fondo público para que el peso económico no recaiga sobre las organizaciones, ya extensamente sobrecargadas. “Desde 2018, que entraba en funciones el presidente [Andrés Manuel López Obrador] ya no hay fondos del Estado para organizaciones civiles en México. Todos los programas sociales fueron cancelados”, reclama la directora operativa. Por eso ve con buenos ojos la creación del nuevo comité de colaboración interinstitucional y de sociedad civil. “Es un primer paso exitoso”, dice. Pero tiene miedo de que haya trabas: “Nos van a decir las instancias que firmaron que no tienen suficiente presupuesto para algunas de las intervenciones”.

Fuera, a la puerta de Prevencasa, apoyado en la pared, Rafael cuenta que aunque nació en el Estado de Sinaloa, en México, pasó gran parte de su vida en EEUU hasta que le deportaron, hace quince años. Rafael sigue hablando mientras se inyecta, sentado en el suelo, pero tras pincharse se queda a media palabra, se le cierran los ojos y se le dobla el cuerpo hacia el asfalto. A su lado, Óscar Vázquez, otro de los usuarios, dice que hay que moverle para que no se quede ahí caído a pleno sol, porque puede asfixiarse. Entre varios le zarandean y Rafael se desplaza a la sombra. 

En el último año, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Baja California analizó 1.424 de los fallecidos que llegaron a sus instalaciones. En Tijuana, en el 60% de los casos analizados se detectaron drogas y más del 12% dieron positivo en fentanilo. Pero desde el SEMEFO afirman que la metanfetamina es la sustancia más detectada hasta el momento. 

Una red de mujeres para el cuidado colectivo

Estefany Montes llegó a Prevencasa a través de una amistad. Recuerda que la trajo a uno de los talleres, “y ya no me fui”. Acaba de consumir su dosis de fentanilo en el área libre para fumar, junto a la sala de consumo seguro.

Ella también pasó gran parte de su vida en EEUU y fue deportada hace cuatro años. Según los expertos, una parte importante de los usuarios de drogas, en especial inyectables, pertenecen a la comunidad de emigrantes retornados. “El cambio de allá para acá es un cambio drástico”, explica Estefany. Ahora vive en la calle: “Es muy frío, no estás segura”. Cuando está con su pareja no pasa miedo, “pero cuando estoy sola sí”. Algunos días trabaja en Prevencasa, en labores de limpieza. 

Lilia Pacheco, la directora operativa, se siente satisfecha porque poco a poco han logrado que se cree una comunidad entre las mujeres que asisten al centro. “Desde que está ese espacio [de consumo seguro], se han conocido mujeres que se inyectan drogas o que fuman también otras sustancias. Y entre ellas están fomentándose el cuidado colectivo”. Los viernes organizan el día de cine, “para que se relajen en un espacio donde se sienten seguras”.

El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, también conocido como el Día Mundial contra las drogas, una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas y de tráfico ilegal.

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas 2024

Cada año, la campaña de la ONU se centra en un tema concreto. En 2024, el lema es “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención”. El problema mundial de las drogas afecta a millones de personas y comunidades, abarcando desde trastornos por consumo hasta el narcotráfico y la delincuencia organizada. Para enfrentar este desafío, es esencial un enfoque basado en pruebas científicas, priorizando la prevención y el tratamiento.

¿Cuál es el objetivo del Día Internacional contra las Drogas?

El consumo y la distribución de drogas ilegales es una problemática global, con graves repercusiones en la salud y bienestar de las personas. A nivel mundial la incursión de drogas ilegales ha logrado traspasar fronteras con niveles alarmantes, afectando la seguridad y el desarrollo sostenible de las naciones. La lucha contra este flagelo persiste, contando con el apoyo de Organizaciones, Fundaciones y Estados Miembros.

En virtud de ello la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 1987 una resolución para conmemorar este día, para alcanzar una sociedad libre del abuso y tráfico ilícito de drogas, propiciar el fortalecimiento de la cooperación internacional y generar políticas que contrarresten la influencia del mercado ilegal de sustancias ilícitas.

Tipos de drogas

El consumo de drogas genera diferentes efectos en el sistema nervioso, alterando el rendimiento físico, la percepción, el estado anímico y la conducta, de acuerdo a esta clasificación:

Depresoras

Comprende aquellas sustancias que bloquean las funciones del cerebro, ocasionando desinhibición. Sensación de relajación, disminución de la ansiedad:

Perturbadoras

Sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro, generando distorsiones perceptivas, alucinaciones y otras alteraciones de la conducta:

Estimulantes

Sustancias que activan el funcionamiento del cerebro, mediante sensaciones de excitación y furia, que pueden derivar en problemas de hiperactivación, ataques de ansiedad, taquicardia, entre otros:

Principales rutas del tráfico de drogas en el mundo

América Latina es considerada uno de los máximos productores de cocaína, marihuana y tabaco en el mundo. No obstante, estas son las principales rutas de la droga en todo el mundo:

Historia de la cooperación internacional contra las drogas

Desde principios del siglo XX se reconoció el tráfico de drogas como un problema a nivel mundial que requería una solución global.

En 1909 hubo una conferencia internacional sobre estupefacientes en Shanghai. A partir de ese momento se desarrolló un sistema multilateral para tratar de controlar la producción, el tráfico y el abuso de drogas, y se llevaron a cabo tres tratados bajo el paraguas de la ONU, en los años 1961, 1971 y 1988, con una adherencia casi universal por parte de todos los países. Pese a los grandes esfuerzos realizados el problema de la droga sigue poniendo en peligro la salud de las personas, sobre todo los niños y los jóvenes.

En 1946 el Consejo Económico y Social (ECOSOC) creó una Comisión de Estupefacientes (CND) para ayudar a supervisar la aplicación de los tratados internacionales.

En 2009 se publicó una “Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integral y Equilibrada contra el Problema Mundial de las Drogas”, en el que se definieron las medidas a tomar y los objetivos a cumplir por los Estados Miembros para antes de 2019.

En abril de 2016 la Asamblea General mantuvo un periodo extraordinario de sesiones dedicado a las drogas y propuso recomendaciones para reducir la oferta y la demanda, así como para mejorar el acceso a medicamentos controlados y restringir su desvío al mercado ilegal.

Efectos y riesgos del consumo de drogas

Existen varios tipos de sustancias que producen efectos alucinógenos en el organismo, generando graves consecuencias en la salud de los consumidores habituales. Está catalogado como uno de los 20 factores de riesgo para la salud a nivel mundial, e incide en la proliferación de otras patologías, como el VIH-sida, hepatitis, tuberculosis y enfermedades cardiovasculares:

Impacto social de las drogas

A continuación, mencionamos las principales consecuencias del consumo indiscriminado de drogas ilegales, desde el punto de vista social:

La lucha contra las drogas no se detiene

Ante este terrible flagelo se requiere una respuesta efectiva a esta problemática internacional, en donde las naciones y gobiernos juegan un papel fundamental, debiendo ofrecer soluciones integrales mediante la aplicación y reforzamiento de medidas y políticas responsables y efectivas, debidamente respaldadas por los organismos y convenciones internacionales sobre control de drogas y derechos humanos, especialmente de niños y jóvenes que constituyen la población más vulnerable.

NB

El mismo perfil de víctimas: jóvenes privados de su libertad con problemas de adicciones, con familias carenciadas imposibilitadas de visitarlos y acercarles alimentos o medicación. Desde el área de Sanidad del complejo penitenciario de Batán de la que estaba a cargo, el radiólogo Juan Carlos Salas tenía acceso a sus legajos personales e informes psicológicos. Con sus vulnerabilidades a la vista, los elegía. Les ofrecía pastillas, droga y dinero. Y abusaba de ellos. Lo hizo hasta que fue detenido un mes atrás. Para la fiscal que investiga el caso, quien pidió su prisión preventiva en las últimas horas, lo que ocurría “era un secreto a voces” dentro de la cárcel.

Salas, de 48 años, está acusado de abusar de al menos dos presos, de 23 y 28 años, quienes llevaban adelante tratamientos para sus adicciones dentro del penal ubicado 15 kilómetros al oeste de Mar del Plata. Fue imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”. 

Por el caso fueron imputadas además dos autoridades del complejo, acusadas de encubrimiento por no dar curso a distintos informes presentados desde 2022 con denuncias por el comportamiento del acusado.

La causa, a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, se inició luego de que una de las víctimas, quien cumple condena en la Unidad Penal 15 (UP 15), solicitara una audiencia ante el Juzgado de Ejecución 1, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, tras una inspección de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como mecanismo local de prevención de la tortura.

El detenido relató ante el magistrado responsable del seguimiento de su pena que había sido víctima de abuso por parte del acusado, jefe de Sanidad de las UP 15, 44 y 50 que funcionan dentro del complejo, con una población carcelaria de más de 2.300 internos e internas. A partir de este testimonio, el juez radicó una denuncia ante la UFI 1. La CPM hizo lo propio, en su caso ante la Fiscalía de Estupefacientes, pero ambas causas se unificaron luego.

En su presentación, la CPM indicó que se trataba de un “accionar rutinario y sistemático” por parte del radiólogo, “consistente en provocar un hostigamiento, abuso sexual y suministro de forma ilegal de medicación a personas en tratamiento y privadas de la libertad”. Para la fiscal, dentro del penal “estaba naturalizado” que Salas entregaba drogas a las víctimas a cambio de “favores sexuales”.

En la investigación declararon casi veinte testigos, entre internos, ex detenidos, ex trabajadores del complejo penitenciario y profesionales que se desempeñaron junto al acusado dentro y fuera de la unidad, indicaron fuentes judiciales a elDiarioAR. En línea con el testimonio de las víctimas, testigos relataron que oían “gemidos” en una dependencia del área de Sanidad, donde funcionó tiempo atrás una sala de radiología, luego de que el acusado ingresara al lugar con algún detenido. 

Un ex preso declaró por su parte en la causa que familiares de detenidos le entregaban a Salas cocaína en una clínica privada en la que trabajaba en el centro de la ciudad, y él la ingresaba presuntamente dentro de paquetes de yerba Andresito. 

En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del sector de sanidad del complejo penitenciario, y se secuestraron preservativos usados, cajas de condones vacías y geles íntimos. También se secuestró documentación, y un celular del acusado, que será peritado para analizar su contenido. A partir de distintos testimonios, los investigadores establecieron que Salas tenía otro teléfono alternativo, que no pudo ser localizado.

La fiscalía obtuvo además el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del acusado, y detectó trasferencias de dinero de su parte a allegados y parientes de las víctimas y de otros presos. “Hay cantidad de transferencias a familiares de internos. Eso nos va a permitir precisar si hubo más víctimas. No hay ninguna razón que justifique esos movimientos bancarios de Salas a familiares de detenidos”, dijo la fiscal a elDiarioAR.

Tras ser detenido el último 23 de mayo cuando salía de su casa rumbo al penal, el acusado se negó a declarar al ser indagado en los tribunales marplatenses, asistido por un defensor oficial. Días más tarde, con el patrocinio del abogado particular Martín Castro, pidió hacerlo, pero negó los hechos y no aceptó responder preguntas por parte la fiscalía.

Salas permanece alojado desde entonces en la Estación de Policía Comunal de la localidad vecina de Balcarce.

Encubrimiento

El último 6 de junio, también fueron imputados en la causa José Augusto Pedroche, ex jefe de Asistencia y Tratamiento de la UP 15, y Daniel Eduardo Medina, ex subdirector de Vigilancia y Tratamiento, por el delito de “encubrimiento doblemente agravado”. De acuerdo a los elementos incorporados en la investigación, ambos recibieron denuncias al menos desde 2022 sobre el comportamiento de Salas en Batán, y no lo informaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense como correspondía.

Ambos fueron puestos en disponibilidad preventiva por la Auditoría de Asuntos Interno, y se les inició un sumario administrativo. 

Al intervenir como particular damnificado institucional, la CPM pidió investigar si otras autoridades del penal estaban al tanto de los informes contra Salas por presuntas irregularidades en el área de salud penitenciaria, por violencia laboral y por manejo irregular de psicotrópicos y no lo reportaron.

“Hay al menos cuatro informes que llegaron a Medina y Pedroche, y no se les dio curso”, indicó una fuente del caso.

Augusto Infante, director del programa de Litigio Estratégico de la CPM, sostuvo en diálogo con elDiarioAr, que independiente de la carátula actual y “la gravedad del daño a la integridad sexual” de las víctimas, “cobra particular interés el aprovechamiento de su situación de especial vulnerabilidad, a fines de someterlas a abusos” por parte de Salas.

Indicó que aunque, como agente de Sanidad penitenciaria, Salas tenía “el deber de velar por la seguridad, la custodia y la salud” de las personas privadas de la libertad, “pero aprovechaba la circunstancia de poder y control que su cargo le daba”.

“El hecho de esto que acontezca en el medio penitenciario, la forma en que se castigaba la resistencia al sometimiento a los abusos, la aparición de la amenaza del traslado y el parte disciplinario, la forma en que ingresaba y salía Salas según los testimonios con material estupefaciente y el modo en que seleccionaba a las víctimas dan cuenta de una trama que solo puede cometerse en un sistema de crueldad con una falta de responsabilidad de todo orden”, aseguró

En ese sentido, consideró que “se trata de trama muy compleja”, que “no se conoce cuántas puertas puede abrir, pero no acontece en el vacío: acontece en un contexto que es el sistema de la crueldad que es el que describe la CPM desde hace 20 años, y que son prácticas que constituyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En esa línea, al solicitar la prisión preventiva del acusado ante el Juzgado de Garantías 2, en tanto, la fiscal subrayó que el acusado obtenía “favores sexuales”, con un claro consentimiento viciado“ ante la vulnerabilidad de las víctimas, por la situación de encierro y ”por la situación de poder“, sumado a ”la dependencia“ de estas sustancias que les generaba. 

Según fuentes judiciales, Salas ingresó a trabajar al complejo penitenciario en 2002, y se desempeñó en distintas áreas hasta 2018, cuando se le inició un sumario luego de que un oficial penitenciario denunciara que lo había visto entregando un blíster de pastillas a un detenido en un baño. En 2022, regresó a la unidad, en esa ocasión como jefe de Sanidad.

AVL/MG

¿Quién podía imaginarse viendo a ‘Fleco y Male’ irrumpir en los espacios publicitarios televisivos para decirnos que ‘la marihuana destruye las neuronas’ y que ‘todo aquel que consume está enfermo y necesita curarse’, que 25 años después habría formas legales de cultivar y consumir cannabis? 

Tanta firmeza en la demonización y patologización, difícilmente permitían avizorar entonces un futuro con lugar para una revista especializada que –entre otras cosas- enseña a cultivar esta planta, para una Expocannabis congregando multitudes cada año, para empresas provinciales de cultivo e industrialización a gran escala, para médicos recetando cannabis o cientos de científicos estudiando el potencial terapéutico o fabril.

Es que si bien los 40 años democracia no resultaron suficientes para dar con tierra con el modelo prohibicionista de los estupefacientes, permitieron el nacimiento y desarrollo de un movimiento por la despenalización o regulación que dio sus mayores frutos en el caso de la marihuana, con la sanción de leyes de investigación sobre los usos terapéuticos de la planta de cannabis (2017) y de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial (2022), en consonancia con un movimiento mundial reivindicativo del cannabis como sustancia fitoterapéutica

“En nuestro país la tenencia de estupefacientes, así sea con fines de consumo personal, se encuentra penalizada, lo que sucede es que si el cultivo o el consumo va a ser con fines terapéuticos y la persona así lo acredita ante la autoridad sanitaria de aplicación, puede inscribirse en un registro y estará exceptuado de la prohibición penal”, explicó el abogado especializado de la Asociación Pensamiento Penal, Andrés Bacigalupo.

Es que la ley vigente (la 23.737 de1989), castiga la tenencia de estupefacientes para uso personal a pesar de que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia consideró que esta figura es inconstitucional por su incompatibilidad con el artículo 19 de la Constitución.

La norma pena con 1 mes a 2 años de prisión a quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes” cuando éstos sean para consumo personal.

Quedan exceptuadas de esa persecución penal desde 2021 las personas incorporadas en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) que ya tiene 300 mil inscriptos, en virtud de la Ley de investigación del cannabis medicinal sancionada en 2017.

“Como por otro lado tenemos una ley del año 2022 que impulsa el desarrollo productivo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, el paso que quedaría por dar es una regulación integral que permita el uso adulto y responsable sin necesidad de demostrar fines terapéuticos o estar inscripto en un registro del Estado, como sucedió en Canadá, Uruguay y en varios estados de los Estados Unidos”, agregó

Y es posible avanzar en ese sentido porque si bien “el cannabis es una sustancia que se encuentra controlada a nivel internacional por los convenios (sobre estupefacientes) de la ONU” a los que Argentina adhiere, “esos tratados no obligan a los Estados a penalizar el uso personal” y los países pueden regular “adoptando políticas públicas no punitivas, sino con enfoque sanitario y las eventuales restricciones o sanciones ser regidas por el derecho administrativo, como sucede con el alcohol”.

A su turno, la referenta de Mamá Cultiva Valeria Salech aseguró a este medio que los mayores avances en materia de cambio de status del cannabis se dieron más en términos de “legitimidad del uso” que de “situación legal”

“La percepción social siempre está un poco más adelantada que las leyes, entonces hoy tenemos una planta que está siendo estudiada e investigada por diferentes profesionales de todos los ámbitos de la ciencia –donde el avance fue hermoso, rápido, organizado y colectivo- y a la que la gente ve de otra manera porque ya no le tiene miedo”, dijo.

La percepción social siempre está un poco más adelantada que las leyes, entonces hoy tenemos una planta que está siendo investigada –donde el avance fue hermoso, rápido, y colectivo- y a la que la gente ve de otra manera porque ya no le tiene miedo

Valeria Salech — Mamá Cultiva

Dos cigarrillos de marihuana

Al momento de la recuperación democrática, en Argentina estaba vigente la ley 20.771 sancionada en 1974 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón que penaba con prisión de 1 a 6 años la tenencia, incluso para consumo personal, de estupefacientes. Y la marihuana era considerada estupefaciente a nivel nacional desde 1968, con la sanción de la ley 17.756 que, no obstante, sólo penaba la tenencia que excediera las cantidades consideradas para el uso individual.

En consonancia con esto, en 1978 la Corte Suprema en el “Fallo Colavini” ratificó una condena a dos años de prisión en suspenso para un joven por habérsele encontrado dos cigarrillos de marihuana durante una requisa, con el argumento de que sin consumidores no hay producción de drogas.

“Recuperada la democracia, en el imaginario social y político el cannabis no se diferenciaba mucho de sustancias más dañinas –como la cocaína y sustancias sintéticas más nueva–-,pero sí que el consumo personal de estupefacientes en la esfera privada empieza a ser concebido de manera más liberal, en el sentido de protección de las libertades civiles que el Estado se tiene que abstener de vulnerar y garantizar”, dijo Bacigalupo.

Esto se manifiesta, entre otras cosas, en la realización de la Primera Marcha de la Marihuana Libre a la que asistieron 100 personas en 1983 o la publicación de una nota de tapa preguntándose “¿legalizar la marihuana?”, según el libro “Marihuana” del periodista Fernando Soriano.

En este contexto, la CSJN produce en 1986 el “fallo Bazterrica” que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, a partir del caso del guitarrista de la Los Abuelos de la Nada que había sido detenido en 1983 y posteriormente condenado por poseer 3.6 gramos de marihuana y 0.06 gramos de cocaína.

Para el director de la revista THC Sebastián Basalo, esa sentencia fue “el primer cuestionamiento que tuvo el prohibicionismo” en Argentina.

“Pero la postura liberal en relación a una reforma (de la ley de drogas) que miraba con simpatía la despenalización del consumo de estupefacientes, termina perdiendo peso frente a posturas prohibicionistas favorecidas por los medios con su narrativa del ‘problema de la droga’, la presión de los gobiernos norteamericanos así como por el debilitamiento de la democracia tanto por presiones militares como por el hartazgo político”, dijo Bacigalupo.

Casi tres meses después comenzar la gestión de Carlos Menem, el Congreso aprueba la ley 23.737 que amplió las penas para el tráfico y siguió penalizando la tenencia, aunque reduciendo el castigo de un mes a dos años de prisión “cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. 

Además, habilitaba a los jueces a ordenar “medidas de seguridad curativa” consistentes en “tratamiento de desintoxicación y rehabilitación” en caso de tenencia para consumo personal, decisión que ponía en suspenso el cumplimento de la pena y que conducía a la eximición en caso de “resultado exitoso”.

“Hay una primera etapa de 20 años con gran protagonismo del prohibicionismo, caracterizada por una mirada social muy condenatoria sumado a un enfoque fuertemente penal de parte del Estado frente a los usuarios y usuarias, cultivadoras y cultivadores de cannabis”, dijo Basalo.

Hay una primera etapa de 20 años con gran protagonismo del prohibicionismo, caracterizada por una mirada social muy condenatoria sumado a un enfoque fuertemente penal de parte del Estado

Sebastián Basalo — Director de THC

Como otro síntoma de los tiempos, por un lado, el máximo tribunal se pronunció nuevamente en contra de la despenalización con su “fallo Montalvo” de 1990 que ratificó una condena por tenencia de marihuana para consumo personal; y, por otro, el músico Andrés Calamaro fue procesado en 1994 por haber dicho en un recital que se “fumaría un porrito” con el cargo de “apología” del que resultaría absuelto recién en 2005.

Como resultado de estas políticas, Basalo describe que Argentina era el país de “más de 30.000 personas criminalizadas por año, del negocio de las internaciones compulsivas y el crecimiento del narcotráfico”.

“En esa época, era habitual considerar que todo uso de sustancias psicoactivas devenía en consumo y todo consumo era problemático, por eso se concebía al usuario como un enfermo y la ley refleja esta solución híbrida de tratarla (terapéuticamente) pero bajo la amenaza de castigo”, dijo Bacigalupo

Una nueva etapa caracterizada por una intensa lucha civil por un cambio de paradigma sobre el sobre las políticas públicas sobre drogas, se inicia hacia 2004 y se prolongará hasta 2017, cuyos hitos son la aparición del autocultivo de cannabis, la salida a los kioscos de la Revista THC (2006), el fallo Arriola (2009) de la Corte, la formulación de un proyecto de ley unificado para la despenalización del consumo de drogas (que termina fracasando en 2012) y la realización de la Primera Marcha Nacional por la Despenalización del Cannabis.

“En medio del desierto sale a la calle la revista THC, que enseña a cultivar para alejar a los usuarios del narcotráfico, que sale a decir que el cannabis tenía usos medicinales,  que además servía industrialmente para generar trabajo, y que no solo había derecho a usarlo responsablemente, sino que teníamos que tener una política de reducción de riesgos y daños”, dijo.

Para Basalo, la revista fue clave para el surgimiento de todos esos movimientos pero los comienzos fueron difíciles porque “nos trataban de locos, nos censuraron en varias provincias y recibimos innumerables denuncias penales por hablar del cannabis”.

“En el 2013 Uruguay se convierte en el primer país que regula el cannabis pero en Argentina el proceso de legitimación del cannabis que había producido marchas masivas llega a un límite porque los instrumentos republicanos no logran absorber y transformar eso en un cambio social, y entonces se pasa de pedir la despenalización en general a un movimiento que se propone ir paso por paso”, dijo.

Y el primer paso es la búsqueda de regulación del uso del cannabis con fines medicinales, apalancada con las historias de niños con epilepsia refractaria, que logran reducir drásticamente el número de sus convulsiones y que se viralizan por las redes sociales.

“En ese momento todo el movimiento cannábico se fue alineando detrás de quienes llevamos la voz del uso medicinal porque entendían que era prioritario avanzar en el uso terapéutico de la planta porque antes que nada estaba la salud. Desde la necesidad pero también desde la empatía, nosotras pudimos conseguir un primer paso que es el reconocimiento de los usos terapéutico de la planta, lo cual lo distingue del resto de las drogas”, dijo Salech.

Fue así como en 2017 se logra la sanción de la ley 27.350 de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, cuya primera reglamentación ignoró el autocultivo –principal reclamo del movimiento cannábico que la impulsó– contemplado en su artículo 8.

Esto fue subsanado en 2020, cuando un nuevo decreto reglamentario autorizó esta práctica a todos los inscriptos en la nómina de pacientes con indicación médica de tratamiento a base de cannabis.

“El cultivo de cannabis sigue siendo fuertemente perseguido como delito y los datos de la Procuraduría de la Narcocriminalidad muestran un claro aumento del 171,6% de las causas penales en 2021, el año que el Reprocann entró en funcionamiento”, dijo Bacigalupo.

Según estas estadísticas, en 2020 se iniciaron 320 causas a cultivadores –muy cerca del record de 330 de 2016-, pero al año siguiente esa cifra saltó a 869 y el año pasado descendió sólo hasta 608.

“Esto es consecuencia de la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad que hasta hace muy poco desconocían la legislación y seguían sosteniendo que la marihuana es  un tóxico prohibido. Entonces hemos tenido casos de secuestro de los cultivos a personas inscriptas en el Reprocann”, dijo.

Por otro lado, el Vademecun Nacional de Medicamentos incluye hasta ahora cuatro productos, todos anticonvulsivos en presentación de solución oral: Kambis de Elea en sus dos envases de 30 y 100 mililitros; y convupidiol de Alef Medical en frasco de 35 y 70 militros.

Una gran industria

Para Basalo, la realización de la primera ExpoCannabis en 2019 “con todo su impacto cultural” viene a demostrar que “además de la salud, el cannabis es un generador de trabajo” al dar visibilidad a “todos los proyectos productivos que había en marcha” sólo a partir de la ley de cannabis medicinal y “entonces se empieza a reclamar una ley de cannabis industrial” que finalmente se sanciona en 2022 –la 27.669–  cuya “implementación es un poco lenta” porque aún están por emitirse “las primeras licencias productivas” en el marco de esta norma

Según la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), el sector ya cuenta con más de 53 proyectos autorizados en 17 provincias en virtud de la ley de cannabis medicinal y tiene potencial para movilizar 500.000.000 de dólares anuales en el mercado interno así como exportaciones 1.000 millones y 10.000 nuevos empleos registrados en los próximos 10 años.

“Hay gente que está trabajando en el desarrollo de bioplásticos para hacer armazones de anteojos o cepillos de dientes, otros están trabajando en bioconstrucción con ladrillos de cáñamo o placas compactas de su fibra para reemplazar la madera”, dijo el titular de esta cámara, Pablo Fazio.Cámara Argentina del Cannabis (Argencann)

Hay gente que está trabajando en el desarrollo de bioplásticos para hacer armazones de anteojos o cepillos de dientes, otros están trabajando en bioconstrucción con ladrillos de cáñamo o placas compactas de su fibra para reemplazar la madera

Pablo Fazio — Cámara Argentina del Cannabis (Argencann)

“Pero hasta que no empecemos a tener materia prima en volumen, estamos en una etapa de desarrollo embrionaria, de prototipos de futuros productos porque el hecho de no contar con material suficiente o contar con materiales en proporciones muy pequeñas, es un limitante”, agregó.

A nivel mundial, según un informe del Ministerio de Agricultura, la superficie cosechada creció 67.39% entre 2010 y 2018, con Corea en el primer puesto seguido por Francia y China. El año con mayor superficie cultivada fue 2019, con 82.265 hectáreas.

En Argentina, según el portal Agrofy News que cita un informe de Claves Información Competitiva, en 2023 eran 20.16 las hectáreas cultivadas en un país que durante casi 50 años –desde el inicio de la última dictadura- discontinuó totalmente la producción de cáñamo industrial que era explotado en distintas provincias.

“Como la revisión regulatoria en torno al cannabis tiene como mucho 15 años a nivel mundial, es un mercado donde está todo para innovar y creo que Argentina tiene una oportunidad privilegiada de inscribirse en esa agenda por el ecosistema emprendedor que tiene, por sus condiciones geográficas y climáticas, por su gran capacidad instalada y por ser un país agroexportador”, dijo

“Necesitamos también que se sostengan y que se continúen las políticas públicas que se desarrollaron estos cuatro años, porque no podemos dejar de apostar por esta industria que ya está generando exportaciones inclusive en esta etapas tan embrionaria”, agregó.

En ese sentido, Fazio mencionó el caso de la empresa rosarina 420CBD Premium “que inscribió sus productos (cosméticos a base de cannabis) en Anmat y consiguió hace 5 meses una primera exportación a España” de su gel íntimo 420 Placer  “y esto es simplemente la punta de la iceberg porque si le damos continuidad, seguramente en un par de años encontramos una multiplicidad de ejemplos”.

Para Salech, todo lo avanzado hasta ahora “es un síntoma de una democracia que estaba viva o saludable” porque “hay democracia cuando hay un diálogo entre el pueblo y sus representantes, y la verdad que sobre todo estos últimos cuatro años ese diálogo existió y fue fluido”

“Estamos asistiendo ahora al comienzo de una última etapa, la de la regulación total del cannabis: esto que no se pudo hacer de manera inicial se retoma ahora a partir de preguntarnos ‘por qué me tengo que sentir mal para poder sentirme mejor’ y ‘cuál es el límite entre terapéutico y no terapéutico’, porque si todas las personas que usan cannabis lo hacen para sentirse mejor y el bienestar forma parte de la salud, todo uso es terapéutico”, concluyó Basalo.

Según el último World Drug Report de ONUDD, el cannabis sigue siendo el estupefacietne más consumido con un estimado de 219 millones de consumidores. En Argentina, la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado 2022 (ENCoPraC) elaborada por Sedronar reveló que el 26.3% de la población de entre 16 y 75 años consumió alguna vez marihuana y el 13,8% lo hizo en el último año.

MAA/MG

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

“#SergioTomásDeLaBuena”, se lee en publicaciones en X (antes Twitter) junto a una foto del actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa cubierto con un polvo blanco y sosteniendo un sorbete cerca de su nariz. La imagen también fue compartida en Facebook. 

Este y otros contenidos desinformativos comenzaron a circular luego de que se viralizara un video de Massa tras un acto electoral y numerosos usuarios sugirieran que se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia. Pero no hay evidencia de que sea así. El video fue grabado luego de que el candidato diera un discurso en el parque industrial Sauce Viejo, Santa Fe, el 7 de noviembre último, tras su paso por la provincia de Córdoba. Al final del acto se lo pudo ver transpirado.

AFP -medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reverso- hizo una búsqueda inversa de la fotografía viral de Massa recubierto de polvo blanco, llegando a una publicación de 2015 en la que una usuaria de X detalla que fue tomada en el festival de la Chaya en la provincia de La Rioja. En una publicación posterior, la misma usuaria comenta que se trata del “festival chayero sanagasteño”. 

Una búsqueda en Who posted what? por palabras clave, limitada al 2015, condujo a una publicación en el perfil de Massa en Facebook, en la que el entonces diputado escribió “Acompañamos a José Aparicio y a los riojanos en el festival Chayero Sanagasteño”. La entrada tiene 3 fotos en las que se lo puede ver a él y a otras personas cubiertas en polvo blanco durante el evento. Allí también se puede ver que la remera negra que tiene puesta dice “Chayero Sanagasteño” con letras amarillas.

Con la misma búsqueda se encontró la imagen original compartida en 2015 por distintos usuarios, pero comentando que Massa había asistido al festival. En estas imágenes se puede ver que el sorbete está sobre sus labios y no cerca de su nariz.

En la página del Ministerio de Cultura de la Nación se explica que una de las tradiciones del evento es arrojar harina. Además, un video de 2015 muestra a buena parte de los asistentes cubiertos de ese producto. 

AFP y Chequeado ya han verificado desinformación relacionada con un supuesto consumo de cocaína por parte de Massa (1, 2).

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com,

por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

Autora: Sofía Barragán

Editor 1: Ana Prieto

Editor 2: Lucía Gardel

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Circula un video en redes sociales que supuestamente muestra al actual ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa consumiendo un polvo blanco que parece cocaína. Pero la grabación está manipulada: el video se basó en otro que circula desde, al menos, 2016, en el cual se sustituyó al hombre original por Massa.

La grabación fue compartida ampliamente en Facebook, X y TikTok donde suma más de 3 millones de reproducciones. El contenido también llegó en varias oportunidades al número de WhatsApp de Reverso para ser verificado, y se viralizó, además, en portugués.

Un video manipulado

El video en el que supuestamente se ve a Massa consumiendo cocaína está manipulado. Con una búsqueda inversa, Chequeado -medio que, junto a AFP Factual, coordina la alianza Reverso- encontró una grabación publicada en Facebook que es idéntica a la que circula atribuida a Sergio Massa, solo que con otra persona. Ese video fue publicado el 23 de abril de 2016, es decir, 6 años atrás. Allí el hombre saluda “buen día, grupo”, para luego inhalar un polvo blanco que parece cocaína. Acto seguido, dice, a la cámara: “qué rica que está la meme”.

El video también fue publicado en YouTube el 19 de mayo de 2016 y difundido en 2017 por una página de Facebook que publica contenidos humorísticos en holandés.

Aparte del rostro del hombre, otros elementos del video confirman que se trata de la misma grabación: la pose de las manos, las cintas ajustables de la campera y el anillo es idéntico en ambos videos. Solo cambia la persona y el timbre de su voz, para emular al de Sergio Massa.

El supuesto video de Massa circula en dos versiones: una más corta que el video original, en la que se lo escucha decir “qué rica que está la meme”, la misma frase del video publicado en 2016. Allí se ve, claramente, que el movimiento de la boca no coincide con el audio del video viral.

En otra versión más larga, publicada por la cuenta de X @liberaldemilei se lo escucha decir, además, el “buen día, grupo”, antes de la inhalación del polvo blanco. En esa parte del video, el supuesto Massa ni siquiera mueve la boca.

En esa versión, además, se nota claramente la superposición del rostro de Massa sobre el de la persona original, como si fuese una máscara.

Desinformaciones que vinculan a Massa con las drogas

No es la primera vez que circula desinformación que relaciona a Sergio Massa con el consumo de drogas. En septiembre último circuló un video viral en el que se lo veía recibir  una supuesta bolsa con cocaína. Pero era falso: lo que le arrojaron en ese video eran cartas.

Desde hace años también circula una presunta imagen de Massa, Cristian Ritondo y Facundo Moyano al lado de una parrilla y con cocaína sobre la mesa que tienen delante. Pero se trata de un fotomontaje.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com,

por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

Autora: Lucía Gardel

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Ana Prieto

Los cementerios están llenos de músicos que fallecieron antes de lo previsto. Y las librerías se siguen llenando de biografías que glosan y a veces glorifican la estrecha relación entre música, alcohol y drogas. Bodies. Vida y muerte en la música (Liburuak), del periodista británico Ian Winwood, va un paso más allá e intenta explicar el porqué de este vínculo.

“Nunca se unen los puntos; se trabaja caso por caso y nunca se cuenta la historia completa. Así que ahí va. Hay algo que falla sistemáticamente en el mundo de la música. Y hace que la gente enferme”, avanza en las primeras páginas. Bodies asume el reto de explicar qué falla en la industria musical para que tantos artistas se queden en el camino.

Winwood sabe a qué se refiere cuando habla de rock, drogas y alcohol. No solo porque se dedica al periodismo musical desde hace tres décadas y firmó en medios como The Guardian, Kerrang, NME y Rolling Stone (además de libros sobre Metallica o el punk estadounidense), sino porque él mismo cató dosis ingentes de alcohol y drogas. Solo un detalle para ilustrar los más que estrechos vínculos entre la industria musical y los estupefacientes: durante una temporada el dealer de Winwood fue un tipo que había trabajado como road manager para Primal Scream. En Bodies, Winwood habla de su propia y dramática experiencia y la conecta con la de decenas de grupos que pasaron su particular calvario en el show business y vivieron para contárselo.

El libro de Winwood es mucho más que un anecdotario de situaciones límite vividas por artistas como Metallica, Biffy Clyro, Green Day, Lostprophets y Frank Turner. Bodies funciona más bien como un espejo frente a una industria musical que durante décadas se comportó como una gran familia disfuncional y profundamente irresponsable, un entorno laboral que asumió como normales unas dinámicas que resultarían totalmente inaceptables en cualquier otro sector profesional. “Frank Turner dice que lleva toda la vida trabajando en un entorno en el que es mucho más fácil conseguir alcohol que fruta. Si te terminás todo el alcohol, alguien te traerá más, pero si pedís una tostada con queso o una taza de café, la cosa se complica”, resume el periodista vía telefónica.

La reflexión de su amigo y rockero británico obliga a preguntarse por qué es tan fácil conseguir alcohol y drogas cuando sos músico o te movés en el mundo de la música. Y esta es la conclusión más consistente a la que llegó él: “Las drogas y el alcohol se convirtieron en una necesidad para subsistir en este negocio casi desde sus orígenes. Jerry Lee Lewis, Chuck Berry y Carl Perkins viajaban en coches de ciudad en ciudad y tomaban speed para aguantar. Esta dinámica nunca desapareció. Si yo fuese ligeramente conspiranoico podría pensar que para que el negocio siga reportando beneficios a la industria, ya va bien que se perpetúe este desenfreno rocanrolero. Así, los músicos no dedicarán su tiempo libre a consultar los libros de cuentas ni a descubrir porqué cobran un porcentaje tan pequeño de los beneficios. Con esto no quiero decir que quieran que los músicos mueran. Nadie desea eso, pero ya hemos visto muchas veces que a los que mueren se les encuentra sustituto fácilmente”.

Dinámicas enfermizas

Mediante decenas de entrevistas a músicos que se sintieron en la cuerda floja emocional y profesionales de la salud mental, Winwood perfila un entorno laboral enfermizo. Uno en el que se te ofrece alcohol de manera automática aunque no lo pidas (en cada camarín hay en abundancia), en el que siempre merodea alguien capaz de conseguirte droga en solo 15 minutos y en el que las crisis nerviosas y los colapsos emocionales entran dentro de la normalidad. Naturalizar comportamientos enfermizos y desenlaces dramáticos es la especialidad de esta industria. Así se explica que el índice de suicidios y muertes por sobredosis sea tan alto. Un estudio de 2012 señaló que la mortalidad entre músicos era “1,7 veces superior a la de la población general de Reino Unido y Estados Unidos”.

El baterista Grant Hutchinson, hermano de Scott Hutchinson, cantante del grupo Frightened Rabbit que se suicidó en 2018, afirma en el libro que la industria musical “no es un entorno seguro para las personas vulnerables”

En 2018 Scott Hutchinson, cantante del grupo Frightened Rabbit, se suicidó tras varios años de inestabilidad emocional y adicción al alcohol. Su hermano, el batería Grant Hutchinson, afirma en el libro que la industria musical “no es un entorno seguro para las personas vulnerables”. Pero, claro, muchas veces los músicos y las mentes creativas son justamente eso. “El rock’n’roll nació como una música de forajidos y, por lo tanto, atraía a personalidades con comportamientos salvajes en cuya música incluso podías percibir esa forma de ser”, contextualiza Winwood. Otro asunto es qué mecanismos desarrolló la industria musical para ayudar a los músicos con problemas de adicciones. Y alertas en este sentido hubo muchas a lo largo del tiempo. Como recuerda Winwood, de todos los cantantes de grupos de Seattle que a principios de los años 90 obtuvieron un disco de platino, solo sobrevive uno: Eddie Vedder de Pearl Jam.

En los últimos años, el debate sobre la salud mental fue ganando protagonismo en todos los ámbitos. Incluso en la industria musical. Una de las voces de Bodies es la psicóloga Charlie Howard, que trabaja a sueldo de empresas de la industria musical para hacer seguimiento de la salud mental de las bandas. No es para menos, ya que cada vez es más habitual que los artistas cancelen giras debido al agotamiento. Sin embargo, ella misma comprobó cómo la propia industria musical naturaliza los hábitos más extremos. Atención a la confesión que le hacía un paciente músico: “Estar en un grupo es una locura. Destrocé habitaciones de hotel y nadie me dijo que eso no está bien”.

La salud mental empieza a estar tan presente en la industria musical que no hay festival con congreso para profesionales que no incluya su preceptiva charla sobre esta materia. El propio Ian Winwood presentaba Bodies días atrás en la última edición del BIME de Bilbao. En efecto, un estudio que denuncia lo inhumana que es la industria musical con sus artistas integrado en el programa de actividades de un encuentro mundial de la industria musical.

Un psicólogo o un sindicato

Leyendo algunos pasajes de Bodies, sobre todo los que informan sobre recientes iniciativas de la industria musical para sondear la salud de los artistas, surge la duda de si lo que realmente necesitan estos músicos es un psicólogo o un sindicato. Solo hay que escuchar la reflexión de Will Gould, líder del grupo Creeper. “En la industria musical las drogas y el alcohol están siempre disponibles. Están en todas partes, todo el tiempo. Podés conseguir lo que quieras. Es como tener un billete mágico para pedir todo lo que quieras, pero si querés un salario digno, bueno, eso es diferente”. Dicho de forma brusca: en la industria musical es muchísimo más fácil obtener cocaína que salarios decentes.

“Es incorrecto pensar que todo el mundo en el entorno musical se droga. De hecho, la mayoría no lo hace”, aclara Winwood. Sin embargo, el autor precisa que “ni siquiera es necesario que te drogues o te alcoholices para terminar totalmente colapsado”. La propia dinámica del negocio fomenta esa tendencia al colapso, esa mezcla de agotamiento y síndrome de Estocolmo, cuyos resultados pueden ser letales. El primer mandamiento del show business es que el espectáculo siempre debe continuar y que rendirse a media batalla puede arruinar tu carrera. En los trabajos creativos, el paso de la explotación a la autoexplotación es casi inmediato. “Tal vez los músicos podrían hacer algo más para evitar estas situaciones, pero las reglas del juego están escritas contra ellos. Cuando los grupos firman su primer contrato se enfrentan a unos entramados con unas estructuras muy sofisticadas y expertas en ganar el máximo dinero”, justifica el autor.

“Keith Moon arruinó su vida”, recuerda Winwood, refiriéndose al malogrado baterista de The Who, “pero al menos él ganó una cantidad de dinero más que decente”, recuerda para comparar la situación en los años 70 con la actual. La industria musical tiene una gran habilidad para exprimir a los músicos. Siempre la tuvo, pero con el paso de los años encontró nuevas fórmulas. Y ese es problema más crucial al que se enfrentan los músicos en el siglo XXI“, señala. ”Ahora les están recortando un porcentaje de las ventas del merchandising de las giras. Todo son artimañas de esta cadena de producción en la que los artistas son piezas fácilmente reemplazables. No sé hasta cuándo seguirá siendo así, pero no paran de aparecer nuevos grupos a todas horas“, advierte.

Suelen ser bandas de adolescentes a los que se les explica que las cosas funcionaron así durante décadas. ¿Cómo se va a enfrentar a eso un chico de 19 años? Si no lo ve claro, encontrará una botella de Jack Daniels en el camarín

Ian Winwood — Periodista

Pasan los años y la situación se antoja cada vez más irreversible. Sigue sin ser buena idea quejarse por las condiciones muchas veces agotadoras en que se desarrollan las carreras de las bandas, viajando de ciudad en ciudad durante meses en bucles infinitos de excitación y aburrimiento. “Los músicos llevan años soñando con la posibilidad de acceder a esa situación y si se quejan de algo o en su cabeza escuchan una leve voz que les sugiere que esto no debería funcionar así, se sienten desagradecidos. Sienten que no deben quejarse de algo por lo que tanto lucharon y que tanto deseaban”, ilustra Winwood. “Suelen ser bandas de adolescentes o veinteañeros a los que se les explica que las cosas funcionaron así durante décadas. ¿Cómo se va a enfrentar a eso un chico de 19 años? Si no lo ve claro, encontrará una botella de Jack Daniels en el camarín. A eso me refiero también cuando digo que las reglas del negocio ya están escritas”.

El papel de la prensa

Bodies es un libro importante y necesario porque rompe también con años de inercia periodística en los que la relación entre la música y las adicciones fue descrita con tremenda superficialidad; cuando no, irresponsabilidad. Ian Winwood no se esconde. “Nosotros hemos construido esos mitos. Yo mismo me sentí atraído por ese lado oscuro. No repasé artículos que escribí hace 20 años, y espero no haberlos redactado de una forma glorificadora, pero sí escribí mucho sobre el tema y lo hice desde la fascinación”.

El autor inglés incluso detecta patrones de comportamiento nocivos en el gremio. “Como periodistas musicales, nuestro trabajo es vender a nuestros lectores ese sueño excitante. Algunos lectores son gente joven que desearía formar grupos y quiere creer que esta vida es excitante. Eso ya no es tanto periodismo como relaciones públicas. Pero si algo aprendí en estos años es lo mucho que se redujo la línea que separa periodismo y propaganda. Cuando salió el último disco de Green Day, toda la gente de la revista Kerrang! opinaba que era horrible. Sin embargo, le pusieron un 4 sobre 5 porque el grupo es demasiado importante y no querían que se enojara. La vil mentira es un recurso habitual. Con esto quiero decir que todo en este negocio te empuja a afirmar que en el mundo de la música todo es deseable. Y esa actitud es problemática”, asume.

Como periodista musical a sueldo de las revistas y periódicos más influyentes de Inglaterra, Winwood compartió gira y camarín con decenas de bandas en el momento de mayor popularidad de sus carreras, pero aquí se entretuvo en contactar con aquellos cuyas vidas quedaron trituradas por la maquinaria del show business y escuchar sus reflexiones. Tras leer Bodies resultará difícil seguir normalizando situaciones de explotación y autodestrucción que solo sirvieron para perpetuar esa relación desigual y tóxica entre industria musical y músicos. “Hay que insistir en que salud y riqueza son aspectos inseparables”, insiste Winwood. “Y con riqueza me refiero simplemente a no ser pobre. Porque cuanto más pobre seas, peor va a ser tu salud. La física y la mental”.

Más de 106.000 personas se cruzaron con el anuncio, publicado el pasado dos de octubre. “La mejor coka de Barcelona, pago después de envío, solo en metálico”. La publicidad aparece en Facebook y también en Instagram, plataformas en las que se cuelan estos anuncios para que su reclamo se muestre en las pantallas de los usuarios. 

El enlace lleva a un grupo de Telegram en el que es posible comprar cualquier droga ilegal: pastillas de éxtasis, ketamina, anfetamina, viagra, LSD, mefedrona… También se pueden adquirir ahí medicamentos contra la disfunción eréctil como Viagra o Cialis. 

Tras clicar en el anuncio de Facebook, las sustancias se piden por la app de mensajería y un repartidor las lleva a domicilio en un servicio que funciona las 24 horas del día. Los traficantes muestran en el canal imágenes de todas las drogas ofertadas, recuerdan que hablan todos los idiomas y regalan una pastilla de éxtasis con cada pedido. También hay rebajas de precio en función de la cantidad de droga que se compre. 

El anuncio fue desactivado dos días después de que elDiario.es preguntara a Facebook por él. Apenas 72 horas más tarde, no obstante, la misma publicidad volvía a estar activa en Instagram impulsada desde otra cuenta.

Estos anuncios pagado por traficantes no son una excepción. Las redes sociales de Meta (la empresa matriz que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp) están llenas de publicidad de sustancias prohibidas, sujetas a regulación especial o productos de inversión fraudulentos, según ha podido comprobar elDiario.es, en un mercado negro del que la compañía se lucra directamente al cobrar a sus anunciantes. 

Las políticas de comercio de Meta son claras: no se pueden poner anuncios de medicamentos con recetas o drogas ilegales o para uso recreativo. Tampoco se puede vender tabaco o productos relacionados ni complementos alimenticios no seguros, entre otras restricciones.

La compañía, de hecho, asegura que los anuncios publicados en Facebook pasan por un “proceso de revisión” en el que se verifica que cumplen las normas publicitarias. “El proceso de revisión se inicia de forma automática antes de que los anuncios se publiquen y suele completarse en 24 horas, aunque podría tardar más en algunos casos”, sostiene la empresa en su página web. 

En la práctica, sin embargo, miles de anuncios que no cumplen con la normativa acaban publicados en la plataforma, sin que la empresa los haya filtrado previa o posteriormente a su publicación. 

La mayoría de ellos son de medicamentos para adelgazar o contra la disfunción eréctil que solo pueden comprarse con receta en las farmacias, pero también es posible encontrar drogas ilegales, productos de contrabando y anuncios de estafas piramidales. 

El MIT Technology Review detectó en junio de 2022 que la plataforma también “bombardeaba” a los pacientes de cáncer con anuncios de tratamientos supuestamente milagrosos que no contaban con ningún respaldo científico. 

La publicación Consumer Reports, por su parte, identificó en septiembre de 2022 que los vendedores de suplementos alimenticios ilegales utilizaban la publicidad en la plataforma para mostrar falsos tratamientos contra la diabetes en los feeds de personas que sufrían la enfermedad.

No resulta sencillo determinar cuánto percibe Meta por estos anuncios ilegales. La empresa no ha querido aclararlo y los factores que determinan el precio de la publicidad varían en función del anunciante, del país, la fecha, la ubicación del anuncio y de otros elementos.

Desde Meta aseguran que dedican “importantes recursos” a atajar el problema y admiten que su sistema, altamente automatizado, puede tener grietas. Insisten, no obstante, en que siguen invirtiendo en nuevas tecnologías y métodos para proteger a los usuarios de la plataforma. 

También Facebook Marketplace, una especie de Wallapop o Ebay dentro de esta red social, cuenta con miles de anuncios de sustancias prohibidas: drogas, medicamentos sin receta ni control médico o productos de contrabando. En este caso, sin embargo, Meta no se lucra directamente de la publicación de estas ofertas.

A través de estos de Facebook es sencillo comprar tabaco de contrabando. Las ofertas aparecen en la plataforma y, una vez contactado el vendedor, este facilita al potencial cliente un número de teléfono para continuar la conversación por WhatsApp.

Rápidamente se pueden comprar hasta 10 kilos de tabaco por sólo 285 euros, un precio que incluye también el transporte. “Los envíos se hacen los lunes y lo tienes en casa para martes o miércoles”, precisa el contrabandista. “El precio es con el envío incluido y se paga contrareembolso”.

Viagra, medicamentos para adelgazar y estafas piramidales

Una búsqueda con la palabra “Viagra” o “pastillas azules” lleva a miles de resultados de anuncios pagados a Facebook para publicitar la venta ilegal de medicamentos contra la disfunción eréctil. También hay decenas de ofertas similares en el Marketplace de esta red social.

Buena parte de los productos ofertados, como el propio Viagra, solo se pueden comprar con receta médica en España. Estos anuncios, sin embargo, llevan a páginas en los que se pueden adquirir supuestamente pastillas de Sildenafilo (el principio activo de este medicamento) por apenas 0,28 céntimos la cápsula. 

Otros medicamentos contra la disfunción sexual directamente prohibidos en España, como el Kamagra, también se han anunciado en la plataforma, si bien la publicidad fue desactivada por Facebook al cabo de poco tiempo.

En Facebook también se puede encontrar decenas de sitios donde comprar sin receta Ozempic, un medicamento contra la diabetes que se vende exclusivamente en farmacias y que también se utiliza para perder peso.

Solo en España se han publicado hasta 29 anuncios ofreciendo este producto. Algunos se desactivaron a las pocas horas, mientras que otros estuvieron activos durante casi un mes. 

Los productos de inversión fraudulentos o las estafas piramidales también han pagado miles de euros a Facebook para anunciarse en esta red social y aparecer en los muros de potenciales inversores. 

El esquema piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, destapado por este periódico en mayo de 2022, también se nutrió de los anuncios en Facebook para captar a miles de inversores por todo el mundo. A día de hoy, más de un año después de que sus responsables desaparecieran con miles de millones de euros y con causas abiertas en juzgados de distintos países, todavía hay cinco anuncios activos que promueven la inversión en este fraude piramidal. 

Un abogado sueco que representa a más de un millar de inversores que perdieron sus ahorros en Juicy Fields ha demandado a Meta ante la justicia de Suecia, donde la empresa tiene buena parte de sus servidores, porque considera que Facebook fue uno de los “facilitadores” de la estafa y se lucró con ella. El proceso está todavía en curso y no se ha abierto juicio oral.

Esta tarde, el trapero Kaleb Di Masi fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras el incidente vial del pasado lunes en el barrio porteño de Villa Urquiza. El cantante había chocado con una moto y, al intentar darse a la fuga, impactó nuevamente con un auto en el que viajaban un hombre y su familia.

La condena ─por lesiones culposas derivadas de una conducción imprudente, consumo de sustancias estupefacientes y abandono de persona en perjuicio del motociclista─ se consensuó en una audiencia del propio imputado ante el fiscal José Guerrero en la Unidad Fiscal Norte Área Flagrancia de Núñez. Gracias a este acuerdo de avenimiento, que funciona como juicio abreviado, el joven recuperó la libertad. Sin embargo, además de los años de prisión en suspenso, quedará inhabilitado para conducir cualquier vehículo por cuatro años y deberá realizar trabajos comunitarios y cursos de responsabilidad vial y uso indebido de estupefacientes. El músico también aceptó el decomiso de su auto Audi TT.

La querella que representa a la familia que viajaba en el Toyota Etios chocado por el trapero no objetó el acuerdo por lo que solo resta que sea homologado por un juez.

El siniestro vial por el que se lo imputa sucedió la noche del lunes pasado mientras Di Masi manejaba su Audi TT junto a dos amigos de 18 y 19 años. Al llegar al cruce entre Núñez y Ceretti, embistió una moto, cuyo conductor resultó herido, y escapó a alta velocidad. En el marco de su huida, a 200 metros de la primera colisión, el músico chocó un Toyota Etios en la intersección entre Núñez y Altolaguirre. El motociclista y la familia que viajaba en el vehículo fueron rápidamente atendidos por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad.

En tanto, el trapero se realizó el narcotest, que le dio positivo en consumo de marihuana y negativo en alcohol. En el vehículo que conducía, efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad se encontraron dos cigarrillos, presumiblemente de marihuana, dos pastillas y un envoltorio con clorohidrato de cocaína. El músico, además de haber manejar bajo los efectos de estupefacientes, tampoco presentaba registro de conducir ni documentación del vehículo.

No es la primera vez que Di Masi protagoniza un siniestro vial. El 10 de abril de este mismo año ya había chocado a un patrullero en la Autopista del Oeste mientras manejaba con Chevrolet Camaro color negro.

Con información de agencias.

La casa del barrio porteño de Balvanera donde este miércoles un periodista de un canal de noticias compró en vivo una dosis de cocaína fue allanada ocho horas después de esa transacción, pero en el sitio no se secuestró nada de droga ni se detuvo a ninguna persona, informaron hoy fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 20 de anoche - la compra de la droga se había transmitido en vivo por el canal América minutos antes de las 11.30- en el edificio ubicado en la calle Sarmiento al 3100.

El allanamiento fue llevado a cabo por personal de la División Antidrogas Norte y agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la ciudad que, según las fuentes, ya venían investigando ese sitio hace cinco meses en el marco de una causa en la que se intentaba “dar con la trazabilidad de la banda”.

La emisión periodística de ayer, cuando Fabián Rubino, del programa “Desayuno Americano” del canal América, compró en vivo una dosis de cocaína a través de una puerta por 1.500 pesos, originó actuaciones de oficio de la Comisaría Vecinal 3 A, cuyo efectivos incluso llegaron al lugar para llevarse a declarar al periodista en patrullero.

Intervino judicialmente la Unidad Fiscal de Flagrancia Este y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 27, que delegó la realización del allanamiento en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) y en división específica policial que ya venía haciendo la investigación.

Los voceros confirmaron que en el lugar no se realizaron detenciones, ni se secuestró droga.

Los efectivos identificaron a los residentes de los distintos departamentos del edificio de tres pisos -había 11 mayores y 12 menores de edad-, ninguno de los cuales estaba relacionado a la actividad de narcomenudeo, según las fuentes.

Asimismo, por orden de la Fiscalía personal de la Guardia de Auxilio de la Ciudad, utilizando sopletes, se sacó la puerta que utilizaban los narcos para la venta de drogas.

Además de para hacer la transacción, los dealers utilizaban el agujero que tenía la puerta para controlar el ingreso y egreso de los residentes de ese edificio.

Las fuentes reiteraron que desde febrero la División Antidrogas Norte lleva adelante una investigación en torno al comercio de drogas en ese lugar y también la trazabilidad, con la intervención de la Ufeide, por la cual se había elevado a principios de mes un pedido de allanamiento.

El video de la compra de droga en vivo

Con información de agencias.

IG

Los videojuegos, las bebidas energéticas, los psicofármacos o los videos porno o violentos desbancaron al cannabis de los puestos de cabeza de las adicciones más comunes entre los niños y jóvenes. Así lo constata un programa de Proyecto Hombre Cantabria, en España, que en su quinto aniversario hizo un balance de la evolución de las conductas de quienes acuden al mismo en busca de ayuda.

En este sentido, la atención a nuevas adicciones de niños desde 10 años a jóvenes se disparó un 797% en los últimos cinco años, según el Proyecto TEEN de atención a menores con conductas de riesgo y sus familias, que a partir de 2020, con la pandemia, sufrió un aumento exponencial de las demandas de ayuda.

Cuando TEEN abrió sus puertas, en 2018, la demanda principal eran los consumos incipientes de cannabis. Sin embargo, las adicciones comportamentales en los últimos años conformaron un problema de salud pública de gran índole, siendo principalmente en 2019 cuando los padres comenzaron a consultar por el abuso de exposición con los videojuegos y de dispositivos móviles. En 2020, el juego online fue de la mano con la pandemia. Desde 2021 hasta ahora, a todos los motivos de petición de ayuda se sumó el consumo de hipnosedantes (psicofármacos) y la patología de salud mental.

Otro tipo de conductas de riesgo en niños y jóvenes que el proyecto detectó y con los que trabaja son el consumo de bebidas energéticas en temprana edad; exposición a imágenes y videos de contenido pornográfico o de violencia, que se pasan por redes como WhatsApp; nuevos consumos de sustancias, como el Tusi 'Cocaína rosa'; consumo abusivo de hipnosedantes y mefedrona; juego presencial, ruleta, y juegos de casino.

También se constataron confusiones acerca de la sexualidad que da lugar a situaciones de riesgo como el visionado de pornografía. Y el uso de videojuegos como GTA V, Fortnite o Free Fire, con alto contenido de violencia. En este sentido, desde Proyecto Hombre defiende la importancia de invertir esfuerzos en la prevención; de hecho, el plan de salud mental de Cantabria 2022-2026 contiene un eje específico dedicado a la prevención de conductas adictivas. Y es que el 13% de los niños y adolescentes presentan trastornos de salud mental, y el abordaje precoz ayuda a prevenir su aparición en fases posteriores del ciclo vital.

En los cinco años que lleva funcionado TEEN, se atendió a 534 familiares y 239 jóvenes, con la participación de 72 profesionales; un total de 845 personas con las cuales se trabajó y que se traduce en un incremento de un 797% desde 2018 hasta el momento actual. Son datos que ofreció este jueves, en el balance del primer lustro del proyecto, la directora de Proyecto Hombre, Eloísa Velarde, acompañada por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Velarde explicó que Proyecto Hombre realizaba charlas de sensibilización en los centros escolares pero comprobó que “no funcionaba”, por lo que, para afrontar los cambios sociales, las sustituyó por programas de actuación para fomentar los factores de protección y crear un pensamiento crítico acerca de los factores de riesgo.

En estos años aumentaron “exponencialmente” las peticiones de los centros hacía estos programas, que llegaron a 57 este curso escolar y a más de 5.260 personas. Hay siete programas distintos según la conducta a erradicar o prevenir y en función la edad en la que se actúa.

Velarde destacó la ayuda del Ayuntamiento y la Consejería de Políticas Sociales de la comunidad de Cantabria, “que dieron el impulso económico fundamental para poder hacer posible” el programa y apoyo institucional. Al respecto, Gómez de Diego consideró que TEEN es “fundamental para el bienestar de las familias y para actuar y prevenir conductas de riesgo”, a las que “todos estamos expuestos” y que “hacen daño”, por lo que defendió la necesidad de seguir avanzando para proteger los derechos de la infancia.

Asimismo, sostuvo que un incremento de casi el 800% en la atención “es como para reaccionar” y seguir trabajando en atajar el problema y en la concienciación y sensibilización. “Toda la sociedad debemos estar atentos a los cambios de comportamiento -si un joven se aisla- y atajar la causa”, instó la alcaldesa, para quien las amenazas de este tipo “cada vez son mayores”.

TEEN es un programa de prevención y tratamiento de adicciones con la participación de las familias, que oscila entre las tres y las 12 sesiones. Aborda ocio, gestión emocional, problemas con videojuegos y redes sociales, juegos de azar, etcétera, que sufre gente “cada vez más joven”.

Ignasi, 58 años, siente que le tocó la lotería. No ha ganado ningún premio, sino que le seleccionaron para participar en un ensayo clínico pionero en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona). “Por fin pude dejar mi doble vida”, explica. 

Este trabajador de un Ayuntamiento catalán llevaba un lustro en tratamiento con metadona después de décadas consumiendo heroína. Su psicóloga le habló de un ensayo que se estaba organizando para deshabituar a las personas que, como él, llevaban ya tiempo con este tratamiento. La idea era administrarles un potente alucinógeno africano, la ibogaína, que tiene un efecto directo tanto en la tolerancia como en el síndrome de abstinencia.

“En seis semanas me había quitado de la metadona”, afirma. “Salir de una droga con otra no es el sistema tradicional, pero llevo ya dos años sin tomar nada”, añade orgulloso.

Son ya 13 las personas que han participado en este ensayo, financiado por la fundación ICEERS y todavía sin concluir. Siete de ellos abandonaron por completo la metadona en apenas un mes y medio y sin apenas pasar por las vicisitudes del síndrome de abstinencia. Dos años después siguen sin tomarla. Uno de ellos abandonó el ensayo clínico, otro apenas notó los efectos de la ibogaína y cuatro acabaron volviendo al tratamiento con metadona.

“Salía de las sesiones de ibogaína tomando la mitad de metadona que antes de entrar y con cero ‘mono’”, explicaba Antonio Valenzuela, otro de los participantes, durante una mañana de febrero en su domicilio. “Ni siquiera tenía ganas de fumar tabaco”.

En el ensayo participa un grupo interdisciplinar que incluye psicólogos, psiquiatras, antropólogos, cardiólogos y enfermeros de este hospital público, cuyo servicio de atención a las drogodependencias ha destacado desde hace décadas por ser pionero en programas de reducción de daños. 

Los resultados, admiten los investigadores, son prometedores. “Lo que vemos es altamente positivo”, admite Tre Borràs, psiquiatra, directora del plan de acción sobre drogas de Reus e investigadora principal del estudio. José Carlos Bouso, psicólogo y también investigador principal, coincide en el optimismo pero quiere ser prudente. “Somos cautos porque no se puede hablar de resultados hasta que haya acabado”, abunda. “No queremos que parezca una incitación a la participación”.

Se calcula que en España hay alrededor de 60.000 personas en tratamiento con metadona, un opiáceo sintético que se utiliza como terapia de mantenimiento en usuarios de heroína. La consolidación de su uso supuso una puerta de salida para muchos heroinómanos, pero la sustancia genera también mucha dependencia y es de los opiáceos más difíciles de abandonar.

La ibogaína es un alcaloide natural que se encuentra en la corteza de la iboga, un arbusto que crece en los bosques de Gabón, Congo y el oeste de África. “No sabemos exactamente por qué, pero tiene un efecto que toca muchos receptores vinculados al patrón de dependencia”, apunta el psicólogo Genís Oña, también investigador en el ensayo. “Afecta tanto a la tolerancia como al síndrome de abstinencia y creo que puede abrir las puertas a tratar todo tipo de adicciones”.

Los ensayos que se han hecho en ratones indican algo similar. También los diversos estudios observacionales que se han realizado en varias partes del mundo con adictos a los opioides que tomaron ibogaína para desengancharse. Las tasas de deshabituación superan en algunos de estos estudios observacionales el 80% de los pacientes. 

Un tratamiento extendido en clínicas underground

El uso de la ibogaína para abandonar la adicción a los opiáceos no es nuevo. Sus propiedades las descubrieron de manera accidental en los 60 un grupo de amigos adictos a la heroína que tomaban sustancias alucinógenas. Tras probarla les desapareció el síndrome de abstinencia. El relato fue circulando de boca a oreja y su uso se extendió por todo el mundo en consultas y clínicas underground, sobre todo en Holanda y México, donde se administra la sustancia en ocasiones con escasas medidas de seguridad ni control médico.

El consumo de este alucinógeno es arriesgado. Se calcula que decenas de personas han muerto después de tomar ibogaína debido al riesgo de arritmias graves que puede derivar de su consumo. De ahí la participación de la unidad de cardiología en el ensayo clínico. 

El experimento que se está llevando a cabo en Catalunya, ya en fase 2, pretende demostrar por primera vez que el tratamiento funciona. Hasta la fecha no se había realizado ninguna prueba con estas condiciones: un control médico durante todo el proceso (con electrocardiogramas cada hora), acompañamiento psicológico durante las 24 horas que duran los ingresos, apoyo entre las sesiones y seguimiento posterior. Un antropólogo evalúa a su vez los factores sociales de los pacientes que pueden determinar la efectividad del tratamiento.

“Era clave hacerlo en condiciones seguras y poder encontrar la dosis de referencia para evitar riesgos cardiovasculares”, apunta Borràs. “Conocer las implicaciones cardiológicas de la ibogaína fue otro aliciente para participar en el ensayo”, añade Josep Maria Alegret, responsable de la unidad de cardiología del hospital. 

No es el único ensayo clínico que se está llevando a cabo ante el creciente interés de la industria farmacéutica por esta sustancia. Un estudio similar se está llevando a cabo en Reino Unido financiado por una farmacéutica y en la Universidad de Sao Paulo (Brasil) empezará en breve otro experimento para estudiar las propiedades de esta planta para desengancharse del alcohol.

El interés por la ibogaína también conlleva el riesgo de un “saqueo” occidental de los ecosistemas donde crece la iboga. Es por eso que en el experimento en Reus se utiliza ibogaína obtenida de otra planta, la Voacanga, que también contiene este alcaloide y se puede convertir en ibogaína por semisíntesis. La sustancia se importa desde Sudáfrica.

Sesiones de 24 horas

Los participantes en el ensayo clínico son evaluados previamente con un examen completo. No pueden tener más de 60 años (por el riesgo cardiovascular) y al llegar a la sesión deben llevar 24 horas sin tomar metadona, alcohol ni ninguna otra sustancia. 

Tras un análisis de sangre y un electrocardiograma a primera hora de la mañana son conducidos a una sala donde se les da la ibogaína en una pastilla. El ritual se repetirá en seis ocasiones a lo largo de seis semanas. Durante las 24 horas de ingreso hospitalario están acompañados por el psicólogo e investigador Genís Oña, al que algunos participantes describen como su “ángel de la guarda” durante las tomas.

La mitad de los participantes toma siempre la misma dosis, mientras que la otra mitad aumenta la cantidad de ibogaína consumida en cada sesión. Nadie, ni siquiera los investigadores, sabe por ahora quién está en cada grupo. 

“Las primeras sesiones fueron muy suaves”, rememora Valenzuela, uno de los participantes. “La quinta y la sexta me dejaron muy chafado, bastante mareado”.

Al salir de la primera sesión, a los participantes se les da la mitad de metadona de la que venían tomando antes de entrar. Y así en cada toma hasta que el último día ya no toman nada. Algunos participantes ni siquiera necesitaron las seis sesiones y con cuatro o cinco ya abandonaron la metadona. 

“Llega el día siguiente y sorprendentemente tiras bien”, prosigue Valenzuela. “No existe ninguna panacea para dejar la metadona pero a mí me ha funcionado”, añade Ignasi, otro de los participantes. “Tiene que haber voluntad detrás y uno debe estar decidido a dar el paso”.

El éxito en la deshabituación de la metadona tampoco supone una victoria total. Algunos participantes han acabado tomando alguna otra sustancia al cabo de un tiempo. Valenzuela, por ejemplo, explicaba durante la entrevista que tras 22 meses sin tomar nada tras el ensayo, ahora llevaba dos meses en los que había vuelto a fumar heroína. 

“Los itinerarios vitales, la existencia de un empleo o los recursos familiares tienen una incidencia directa en la efectividad del tratamiento”, apunta Antoni Llort, el antropólogo del equipo. “Es distinto una persona que no trabaja y tiene todo el tiempo del mundo que otra con una vida más estructurada, con un empleo y al que abandonar la metadona le permite centrarse en su trabajo y en las relaciones familiares y sociales a su alrededor”.

Si la ibogaína tiene unos efectos tan prometedores, ¿por qué no se había investigado antes? En 1991 el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de EEUU financió un estudio en ratones donde se constató que la ibogaína reducía su consumo de heroína, morfina, cocaína y alcohol. Posteriormente el regulador médico estadounidense autorizó un ensayo clínico en humanos que quedó en saco roto por falta de financiación y disputas contractuales, según informó la revista Time.

Los responsables del estudio en Reus citan, por un lado, el miedo a los efectos secundarios de este alucinógeno. “No es un medicamento fácil de manejar para los investigadores”, apunta Bouso, uno de los responsables del proyecto. La sustancia, además, pertenece a la lista 1 de drogas controladas (la más restrictiva y sin usos médicos reconocidos) en la mayoría de países donde se llevan a cabo investigaciones farmacológicas. “Esto tampoco ha facilitado las cosas”, añade este psicólogo y doctor en Farmacología. 

El ensayo clínico que se está llevando a cabo en Reus podría abrir de nuevo las puertas de los tratamientos con ibogaína. El siguiente paso, explican los investigadores, sería hacer un ensayo con una muestra de pacientes todavía mayor. El objetivo a largo plazo sería tanto desarrollar un fármaco como encontrar las condiciones de seguridad para que las tomas se puedan hacer en ambulatorios.

Para pacientes como Ignasi, la toma de ibogaína ha supuesto un nuevo amanecer. “Vuelvo a disfrutar de las cosas sencillas”, explica ilusionado. “Dar una vuelta, estar con una amiga en la playa, ser un buen empleado…He redescubierto la vida, los amaneceres, el olor a hierba mojada y las ganas de estar con mi familia”.

Cuando un joven empieza a salir de noche, todavía siendo menor de edad, le puede resultar más sencillo llamar a un camello y comprar una pastilla de éxtasis que entrar a un supermercado e intentar que le vendan una botella de ron. Imaginen qué acabarán eligiendo muchos. 

El ejemplo demuestra que cuando algo es ilegal no significa que esté más o mejor controlado. Tal vez al contrario: hay una serie de requisitos sobre su calidad, su pureza y su acceso que quedan en manos de criminales en lugar de las autoridades. ¿Ha sido efectivo prohibir las drogas?

Hasta finales del siglo XIX (en algunos lugares incluso hasta principios del siglo XX), los ciudadanos eran libres de alterar su conciencia con las sustancias que quisieran. No debería hacer falta usar el manido recurso de que la cocaína y varios opiáceos podían comprarse en la farmacia. Tampoco recordar que la humanidad ha consumido estupefacientes desde tiempos inmemoriales sin rasgarnos las vestiduras. 

En Las Drogas, de los orígenes a la prohibición (Espasa), el pensador Antonio Escohotado documentó cómo las primeras referencias a la adormidera aparecen en tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo. El opio figura también en jeroglíficos egipcios y en La Odisea de Homero. Se dice que Aristóteles, Platón, Sófocles, Sócrates, Plutarco y muchos más tuvieron experiencias visionarias tomando un concentrado con propiedades similares al LSD en los ritos de los misterios eleusinos. Se presume que Nietzsche era adicto al opio cuando escribió Genealogía de la Moral. 

¿Cuándo y por qué decidimos perseguir penalmente a las drogas? ¿Ha servido de algo prohibirlas durante más de un siglo? ¿Quién ha sido el principal perjudicado? ¿Es legítimo que el Estado imponga lo que podemos tomar y lo que no?

La semana pasada se inició una prueba piloto de tres años en Vancouver (Canadá), donde se permitirá la posesión de cantidades inferiores a 2,5 gramos de cocaína, heroína, éxtasis, morfina… En lugar de multas o arrestos, los usuarios recibirán información o serán derivados a servicios de atención social si así lo desean. En Oregón (EEUU) se tomó una decisión similar hace dos años. 

“El consumo de sustancias es un problema de salud, no un problema penal”, señaló al respecto la ministra de salud mental y adicciones de la región. “Necesitamos dar este paso adelante para abordar la vergüenza y el estigma”.

Los resultados de la prohibición de las drogas están a la vista de todos y sus efectos se extienden por todo el mundo. El resumen es que ha sido un auténtico desastre: adulteración de sustancias que desembocan en accidentes mortales, vidas truncadas por la cárcel o el estigma y un consolidado poder paralelo, el narcotráfico, que no existiría si las drogas fuesen legales.

No hablamos solo de Sudamérica: la policía holandesa alertó en 2018 del peligro de que Holanda se convirtiera en un narco estado ante el poder que las mafias de la droga estaban ganando en el país. La situación en México es todavía más funesta: más de la mitad de la población cree que el crimen organizado es una institución más poderosa que el propio Gobierno. 

Defender la despenalización de las drogas es cada vez una postura menos radical porque la evidencia habla por sí sola. La lista de ex gobernantes y mandatarios que se manifiestan en este sentido no para de crecer: el presidente de Colombia Gustavo Petro, los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica, el exsecretario general de la OTAN Javier Solana, el exsecretario de Estado de EEUU George Schultz, también expresidentes de Brasil, Perú, Colombia, Chile… 

Existe, además, consenso entre los historiadores en que las primeras políticas prohibicionistas no estaban basadas en la ciencia ni la salud, sino que tenían un sesgo claramente racista: se buscó criminalizar o aislar a los migrantes chinos fumadores de opio, a los esclavos que consumían cocaína o a los nativos y curanderos sudamericanos que fumaban marihuana.

La prohibición fue también un asunto moral y de clase y lo sigue siendo a día de hoy: la legislación castiga más a los pobres y a los jóvenes que a los ricos y a los mayores, porque tienen donde refugiarse para consumir drogas sin que nadie les juzgue. Hasta hace poco, las penas por poseer crack en EEUU eran 100 veces superiores que las que se imponían por poseer cocaína, a pesar de que farmacológicamente son muy similares. La primera la toman los pobres y la segunda los ricos.

Más allá de los efectos negativos que ha tenido la prohibición en tantas capas de la sociedad, del peligro para la salud que supone dejar las drogas en manos del mercado negro, del clasismo que impera en el origen y en la actual legislación sobre drogas, al final hay un motivo que debería ser igual de relevante: tomar o no tomar drogas es una cuestión de libertad individual en la que nadie debería inmiscuirse. 

El filósofo Stuart Mill lo resumió a la perfección hace más de un siglo en su obra Sobre la libertad: los ciudadanos adultos de un país libre tienen todo el derecho a hacer consigo mismo lo que ellos quieran, siempre y cuando no produzca un daño a terceros.

Aunque a algunos les cueste admitirlo, tomar drogas es una expresión de nuestra libertad personal en la búsqueda del placer. ¿Debería el derecho penal imponer la moral por la vía de la fuerza? La respuesta, vistos los resultados, es que no. Una moral impuesta de manera coercitiva es -o debería ser- una contradicción, como ya señaló hace 40 años el prestigioso catedrático Emilio Lamo de Espinosa en su defensa de la despenalización.

Después está otra cuestión. ¿Y si las drogas no fueran tan malas como nos las han pintado? ¿Y si la mayoría de información al respecto, ampliada por los medios de comunicación, partiera de un consolidado sesgo moral impuesto durante décadas? ¿Por qué cuando hablamos de drogas nos centramos solo en el pequeño porcentaje que sufre una adicción, y no en la mayoría que las consume sin que eso suponga ningún problema?

Anne Katrin Schlag, psicóloga, investigadora y durante años profesora del King's College de Londres, analizó la mayoría de estudios y datos oficiales disponibles y concluyó que los consumidores que desarrollan un “consumo problemático” oscilan entre el 25% en el caso de la heroína y un 10% en drogas psicodélicas. La mayoría de datos públicos ofrecen porcentajes similares.

También es malo abusar del azúcar, de la comida basura, de las pantallas, del tabaco o del alcohol. También generan adicción y nadie lo prohíbe, aunque últimamente proliferan regulaciones sobre la publicidad y campañas para concienciar sobre todo a los menores.

Carl Hart es doctor en neurociencia, investigador y profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia (Nueva York). Llegó a ser el jefe del departamento de psicología de esa prestigiosa universidad. Durante casi tres décadas ha investigado los efectos que tienen las drogas en humanos y ratones. Nacido en uno de los barrios más desfavorecidos de Miami, sufrió en primera persona la delincuencia y los estragos sociales vinculados a las drogas en la comunidad negra. Sus conclusiones, sin embargo, escapan de la norma. 

“Los resultados de una impresionante base de datos de nuestro laboratorio muestran que las drogas producen efectos predominantemente positivos”, explica por correo electrónico. “En pocas palabras, el consumo sensato de drogas puede mejorar la vida y por eso hay un gran número de personas sobrias y honradas en nuestra sociedad que las consumen”.

En su último libro, Drug use for grown-ups (Penguin, por ahora sin traducción al español), Hart lanza una bomba en el prólogo: confiesa que desde hace un lustro consume heroína de vez en cuando. Aún así es un profesional respetadísimo, un adulto funcional y un responsable padre de familia. 

¿Cuántos hay cómo Hart? Los datos disponibles muestran que buena parte de los consumidores de drogas están en esa situación y nadie parece tenerlos en cuenta porque la mayoría permanece en el anonimato. ¿Cuántos prefieren ocultar a la sociedad que de vez en cuando consumen alguna droga por miedo a lo que pensará el resto? ¿Por qué no sucede lo mismo con el alcohol, con tasas de adicción altas y una de las sustancias más difíciles de abandonar?

“Hay mucha más gente que tiene experiencias con drogas de lo que el público sabe, pero la mayoría tiene miedo de reconocer públicamente que las consume”, prosigue Hart en su correo electrónico. “Saben que las comunidades están asediadas de información que solo hace hincapié en sus efectos nocivos, e incluso mortales. También saben que los consumidores de drogas son habitualmente menospreciados”.

Hart cree que los medios de comunicación y los productos culturales hemos ampliado esta visión sesgada del consumo de drogas. “¿Has visto alguna película sobre la heroína que no se centrara en la adicción?”, pregunta. “¿Quién va a querer ver una película o leer un artículo sobre una persona que consume heroína un par de veces al mes, va a trabajar según lo previsto y cumple con sus responsabilidades sin incidentes? Nadie. Sería demasiado aburrido”.

La postura de Hart tiene, evidentemente, muchos detractores y entre ellos se encuentran prestigiosos profesionales. No se trata de banalizar las adicciones ni esconder que un porcentaje de los usuarios de drogas acaba desarrollándolas con graves consecuencias para él y su entorno. Lo que pide este investigador es que se abra la mirada y se tenga una visión que vaya más allá del simplista “droga mala” y admitir que la mayoría de los consumidores obtienen placer de los estupefacientes y pocas contrapartidas negativas. Y, lo más importante: por mucho que estén prohibidos no dejarán de consumirlos.

El verano pasado Josep Rovira, fundador del reputado proyecto de reducción de riesgos Energy Control, me dijo una frase que se me quedó grabada. “Nadie dejará de conducir porque muera gente en la carretera ni dejará de tener sexo por riesgo a contraer una enfermedad”, me explicó. “Pasa lo mismo con las drogas. De lo que se trata es de que todo el mundo tenga información para que lo haga de la manera más segura posible”.

Despenalizar las drogas no debería ser ningún experimento, básicamente porque así ha vivido la humanidad durante toda su historia. El experimento fue prohibirlas. Más de 100 años después y constatado su fracaso, ¿tal vez tocaría regresar al punto de partida?

La basquetbolista estadounidense Brittney Griner, condenada a nueve años de prisión en Rusia por contrabando de drogas, fue trasladada a una colonia penal de ese país y sus allegados desconocen el paradero. Su equipo de abogados denunció que no tienen contacto con ella desde el 4 de noviembre, día en el que fue transferida desde el centro de detención en Iksha.

“Ahora va de camino a una colonia penal. No tenemos ninguna información sobre su ubicación actual exacta o su destino final”, informaron en un comunicado los abogados Maria Blagovolina y Alexander Boykov. Indicaron que según el procedimiento ruso, tanto la defensa como la embajada de Estados Unidos deben ser notificadas al llegar a destino, algo que aún no sucedió. “La notificación se envía por correo oficial y normalmente tarda hasta dos semanas en recibirse”, agregaron. 

Desde el equipo de prensa indicaron que mantienen un estrecho contacto con el gobierno del presidente Joe Biden y con el Centro Richardson, “que están utilizando todos los recursos disponibles para determinar su paradero, garantizar su seguridad y llevarla a casa”. 

Grinner, considerada como una de las mejores jugadoras de básquet de su país, fue condenada en agosto por contrabando de drogas a “nueve años de prisión a cumplir en una colonia penal de régimen general”.  La deportista llevaba un vaporizador con menos un gramo de cannabis en la valija y estaba en Rusia jugando para el club de Yekaterinburgo antes de retomar su temporada con los Phoenix Mercury de la WNBA. Además, la jueza  Ana Sótnikova, del Tribunal de la ciudad de Jimki, ordenó una multa de un millón de rublos que equivalen a unos 16.589 dólares. 

Ahora, al hacerse efectiva la condena, la dos veces medalla de oro olímpica y campeona de la WNBA, fue trasladada a una colonia penal en la que compartirá espacio con otras presas comunes. Desde la Casa Blanca también se expresaron sobre esta situación. “Cada minuto que Brittney Griner debe soportar una detención injusta en Rusia es un minuto demasiado largo”, dijo la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. 

“Mientras continúamos trabajando incansablemente para asegurar su liberación, el presidente ha ordenado a la Administración que convenza a sus captores rusos para que mejoren su trato y las condiciones que puede verse obligada a soportar en una colonia penal”, agregó.

Por su parte, la agente de la jugadora, Lindsay Colas, mostró preocupación por la salud y bienestar de Brittney. “Mientras trabajamos en esta fase tan difícil de no saber exactamente dónde está BG o cómo está, pedimos el apoyo del público para continuar escribiendo cartas y expresando su amor y cuidado por ella”, afirmó la mujer.  

El último contacto de Griner fue el jueves pasado cuando funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Rusia la visitaron en la prisión, mientras que el día anterior había hablado con sus abogados. “Estamos agradecidos por el apoyo de todos y esperamos que a medida que nos acerquemos a los nueve meses de detención, tengan piedad y que Brittney y todos los estadounidenses detenidos injustamente regresen a sus familias para las vacaciones”, agregó Colas.

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La causa en la que se investiga a la ONG “La razón de vivir” por reducción a la servidumbre, y en la que está involucrado el conductor Marcelo “Teto” Medina, puso el foco en los centros de rehabilitación para las personas con consumos problemáticos. Un espacio en donde conviven residencias habilitadas, otras que no lo están y otras que dependen de las iglesias. Según datos de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA), por cada espacio habilitado, hay tres ilegales.  En el medio, la desesperación de las familias y la falta de fiscalización y control del Estado.

“Si buscas en internet, los primeros centros que te aparecen son ilegales, también se ven los carteles en la ruta. Pero cuando pasan estas cosas, nos terminan golpeando a nosotros. Los ilegales siempre existieron, pero fueron creciendo mucho más, sobre todo desde el 2010”, explica Fabián Tonda, presidente de FONGA y director de la Fundación Aylén.  “Son lugares  donde viven 100 personas y en realidad no podrían estar ni 30, los que estamos en la legalidad somos los visibles, por cada centro habilitado, hay tres ilegales”, agrega.

Según confirmó la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), el centro “La razón de vivir” no estaba habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Algo que se repite también en otras provincias. “Surgieron como hervideros, sin hacer convenios con nadie, ni con gobernadores, ni con Sedronar. La aparición de estas comunidades terapéuticas que son clandestinas tienen que ver con la necesidad de la ciudadanía”, cuenta Silvia Alcántara, integrante de “Madres contra el paco”. La mujer enmarca esta proliferación de centros en la poca oferta que existe ante una demanda urgente y desesperante para las familias de adictos.

Las madres los ven morir delante de sus ojos y si encontrás un lugar en el que se queda y lo ves que va mejorando, lo que menos te importa es preguntar si es clandestino o está habilitado"

Silvia Alcántara — “Madres contra el paco”

“¿Qué haces con tantos jóvenes en consumo si no tenes donde colocarlos?, ¿Si no hay voluntad en el chico que se consume durante 7 o 10 días seguidos sin comer ni tomar líquido? Las madres los ven morir delante de sus ojos y si encontrás un lugar en el que se queda y lo ves que va mejorando, lo que menos te importa es preguntar si es clandestino o está habilitado.  Hay gente desesperada para que su familiar continúe adentro, con su tratamiento, porque conseguir un lugar es muy difícil”, explica Alcántara.

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en noviembre del 2010, establece la creación de centros de atención en la comunidad y en hospitales generales. Además, incluye a las adicciones y problemas de consumo dentro de los padecimientos mentales que tienen que ser tratados como cualquier situación de salud y no en instituciones monovalentes. Sin embargo, aún hoy no se logra ese cambio de modelo y persiste la ausencia de dispositivos de atención. Ante esto, las familias llegan a lugares sin habilitación en los que se pueden dar estas situaciones de violencia.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) vienen reclamando mayor participación del Estado en la fiscalización y control de estos centros. “La Ley de Salud Mental, que plantea otro modelo de atención centrada en la atención primaria de la salud, la de hospitales generales, es un sistema que aún no está fortalecido ni desarrollado. En la provincia de Buenos Aires está el plan de transformación, están trabajando en esto, pero hoy la respuesta inmediata para las familias sigue siendo estos lugares”, describe Fabián Murua, abogado del equipo Salud mental de la organización.  “Hay casos de gente que viene de otras provincias porque ahí no encuentran atención y lo que uno ve es un peregrinar de las familias absolutamente desesperante. Terminan recurriendo a estos lugares, que en algunos casos ocurren graves violaciones a los derechos humanos”, agrega.

Celdas de castigo y “curas de sueño”

El mes pasado, la justicia condenó a un exempleado de seguridad del centro San Camilo, en Pilar, por homicidio culposo de Saulo Rojas, un joven mendocino que se suicidó en 2013, después de ser encerrado en una celda de castigo. En el juicio, el primero sobre una muerte dudosa en este tipo de instituciones desde la sanción de la ley, el juez Luciano Enrici acreditó también la falta de servicio del Estado provincial por la “total ausencia de fiscalización estatal sobre la estructura edilicia, equipamientos y recursos humanos de la Fundación Programa San Camilo”. A principios de este año, cuatro jóvenes que estaban internados en la comunidad terapéutica Resiliencia San Fernando, también en Pilar, murieron asfixiados durante un incendio. Los familiares denunciaron que no pudieron reaccionar al fuego porque estaban medicados para realizar una “cura de sueño”.

“Las denuncias tienen que ver con el sistema de premios y castigos, suelen implicar violencia o encierro, aislamiento o sobremedicación. En otros casos, hay personas que tienen imposibilitado el trato con sus familiares y muchas veces no pueden verlos. También hay gente conforme, la cuestión de fondo es que hay un modelo de atención que plantea la ley y que es el que se tiene que impulsar. Mientras eso no pase, tiene que haber un control del Estado, tiene que fiscalizar estas instituciones. Tiene el deber de habilitarlas y después de controlarlas, no alcanza solamente la habilitación”, agrega Murúa.

La directora de la Sedronar, Gabriela Torres, admitió que la accesibilidad es un problema y remarcó que el organismo no se encarga de las habilitaciones, sino que depende de los ministerios de salud de cada jurisdicción. “La accesibilidad es el eje de nuestra gestión, triplicamos la red para pasar de 300 lugares a tener 800 pero sigue siendo un tema en el que hay que trabajar más. No solo desde Sedronar, tiene que ver con el sistema de salud, con las gestiones municipales y las obras sociales que tienen que cubrir estos tratamientos”, le dijo Torres a elDiarioAR. 

Según explicó, Sedronar tiene centros propios o territoriales comunitarios de tratamiento ambulatorio, además de aportar en otras instituciones. “Financiamos profesionales en centros  que tengan las provincias  o municipios, también casas de atención y acompañamiento comunitario, casas comunitarias vivenciales y comunidades terapéuticas. Esa red hace que en el último mes hayamos atendido 58.000 personas, hay casi 6000 en lugares convivenciales”, agregó Torres.  

Por fuera de la red alcanzada por el Estado y las obras sociales, las comunidades clandestinas tienen valores que oscilan según los ingresos de las familias. “Los padres pagan lo que pueden, conozco gente que paga 2000 o 3000 pesos o colaboran con lo que pueden. Quizás alguien que tiene dinero paga 80.000 pesos. Hay gente que viene del interior porque no tiene dónde llevarlos. El problema es la ausencia del Estado para cubrir la asistencia. En esos lugares no te dejan al chico tirado en la calle, lo hacen pasar”, cuenta Alcántara.

Según explica Fabián Murúa, la atención de los consumos problemáticos está históricamente delegada en las comunidades terapéuticas. “Desde la década del 80 esto es así y el papel del Estado ha sido delegar ahí la atención. Se fueron fortaleciendo muchísimo durante la década del 90”, explica. 

Desde las iglesias también trabajan con personas que tienen consumos problemáticos, pero destacan que no lo hacen como comunidades terapéuticas. “Trabajamos con profesionales, pero no como centros de rehabilitación. Somos un hogar, una iglesia, tenemos fichero de culto y desde la iglesia tenemos un ambiente para poder restaurar y acompañar a las personas con problemas. Estamos habilitados como iglesia pero no como una comunidad terapéutica. Hay gente que no se puede sostener en la calle, por eso existimos”, cuenta Carlos González, director del Centro Bernabé Casa de Restauración, perteneciente a la iglesia evangélica. 

El lugar está en el Barrio Parque de Pilar y allí viven 14 personas. La mayoría tiene un aporte de sus familias y algunas están becadas. “Aceptamos personas cuando no tiene dinero, pero si vemos que podemos cubrir las necesidades. Lo ideal es que la familia pueda acompañar con algo para que la persona viva, acá no llegamos a los 30.000 pesos, alguno con menos, los aceptamos con lo que la familia se pueda comprometer”, explica González.  Las personas que viven en el centro que funciona desde 1999, hacen trabajo de jardinería en las casas quintas vecinas y producen panificados para consumo propio. 

“Hacemos mantenimiento de la casa, pintura y le damos lugar  a la jardinería. Todos los programas de nuestra iglesia tienen actividades laborales porque es una de las falencias del adicto, la cultura laboral está perdida y tiene una mirada alejada de la realidad. No es solo sacarlo del ocio y ocupar su tiempo, sino enseñarles a vivir para cuando salgan del lugar. Lo que pasó con el caso del ‘Teto’Medina no tiene que ser una  pantalla de lo que pasa en todos lados, porque estamos los que peleamos por sacar adelante a otros y los que hacen de esto un negocio”, agrega.

En esa línea también se expresa Tonga: “Cada vez que explota una situación como esta, nos pegan a todos y mantener un espacio de trabajo así es una lucha para poder sostenerlo. Estar en la clandestinidad o en la ilegalidad representa no tener área protegida, residuos patogénicos, contingencia de fuego, se abaratan un montón los costos de dar un buen servicio”.

CDB/MG

C. G. A. es mujer, madre de cuatro hijos y migrante. Nació en Bolivia, pero viajó a la Argentina después de sufrir violencia de género en su país. Aquí tuvo a sus hijos y fue el único sostén de hogar hasta 2016. Como casi el 40% de las 3568 mujeres presas en Argentina, fue condenada por infringir la Ley 23.737: tráfico de “estupefacientes en su modalidad de transporte”. En términos más claros, era mula. Como la mayoría de las mujeres que pasan estupefacientes por la frontera, escondidos en su ropa o dentro de su mismo cuerpo (al tragar cápsulas), C.G.A también vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad. 

En 2016, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo y la Dirección Nacional de Migraciones decretó la expulsión con prohibición de reingreso al país. En ese momento comenzó la peregrinación judicial a la que la Corte Suprema le puso fin ayer al revocar el fallo, que de cumplirse provocaría “el desmembramiento” de familia de C.G.A.

“Se desprende que la actora y sus hijos menores de edad se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y la medida de expulsión ordenada importa para estos últimos un riesgo cierto de desamparo”, describe el fallo del máximo tribunal emitido ayer. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideraron que se demostró el “altísimo grado de dependencia de sus hijos menores de edad para su subsistencia y desarrollo tanto en el plano psicológico y emocional, como económico” y sostuvo que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal “debió considerar el derecho de los niños a ser oídos, así como sopesar sus intereses”.

Al momento de la detención, en 2016, C.G.A tenía dos hijas y un hijo (la mayor de siete años) y era jefa de hogar. Vivía en un parador de la Ciudad de Buenos Aires después de terminar una relación con el padre de los chicos tras siete años de violencia de género. La situación era tan extrema que cuando obtuvo la prisión domiciliaria no pudo volver a su casa familiar del Barrio Olimpo de Lomas de Zamora por el hostigamiento del hombre. Sin un lugar fijo, estuvieron en distintas instituciones, primero en el Hogar Sol Naciente y, después, en el Hogar Pellegrini dependiente de la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia (SENAF).

Mientras cumplía la condena de manera ambulatoria, en 2018 C.G.A tuvo otro hijo con su nueva pareja y se fue a vivir al Barrio La Matera, en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. Comenzó a trabajar en un comedor comunitario del Frente Popular Darío Santillán en el que también almorzaban. Limpiaba y cocinaba y con eso alimentaba a su familia. También participó del programa para adultos “Puentes Escolares” del Ministerio de Educación porteño para acompañar a sus hijas e hijos en las tareas escolares.  Todo ese recorrido lo confirmó el informe socio ambiental del “Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación al que la Corte le dio preponderancia en su fallo.

El máximo tribunal también descartó la opción de expulsar a la mujer junto con sus hijos. “Les resultaría especialmente gravosa, por cuanto en su actual centro de vida reciben una contención y asistencia que se revela fundamental para su desarrollo integral, ya que no solo gozan de una vivienda digna y se encuentran regularmente escolarizados en el sistema de educación pública (...) y, por intermedio de su madre, ven cubiertas sus necesidades alimentarias a través del comedor comunitario”, escribieron.

El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia porque consideró que “carece de objeto actual que esta Corte se pronuncie con relación a los agravios de la recurrente pues, mediante ellos, se procura que se dejen sin efecto actos administrativos que han sido extinguidos por voluntad de la propia Administración”.

Como confirma el fallo, durante años  C.G.A “fue único sostén emocional y económico de sus hijos”. 

CDB

Dos semanas después de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Gustavo Petro, funcionarios del Gobierno estadounidense anunciaron en la ciudad capital de Bogotá el financiamiento  a programas colombianos para la prevención del consumo de drogas así como la promoción de alternativas al encarcelamiento como solución a la adicción. Cuando asumió el poder el 7 de agosto, Petro insistió en su discurso inaugural en el hecho del fracaso rotundo de la Guerra contra las Drogas norteamericana lanzada en América Latina por Richard Nixon desde EEUU. Esta cruzada tan estéril en resultados como fértil en centenares de miles de muertes latinoamericanas inocentes, fue continuada con entusiasmo en Washington por los sucesores del presidente republicano en la Casa Blanca y expandida en Bogotá por los antecesores de Petro, todos derechistas, en la Casa de Nariño.

EEUU es el mayor consumidor global de cocaína proveniente en su mayor parte de Colombia a través de México y el Caribe.

“Una estrategia de drogas debe ser integral y basada en evidencias que hayan demostrado que funcione” declaró  Todd Robinson, secretario adjunto de la oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de Ley (INL), sellando el anuncio que auspicia un nuevo enfoque de colaboración entre EEUU y Colombia en la lucha contra el narcotráfico enfocada en el abordaje de la problemática relacionada con la venta y consumo que privilegiará más el aspecto social y sanitario que punitivo. EEUU es el mayor consumidor global de cocaína proveniente en su mayor parte de Colombia a través de México y el Caribe. 

El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Rahul Gupta, quien acompañaba a Robinson, dijo que tanto en EEUU como en Colombia, la atención se centra ahora en “la prevención y el tratamiento de problemas de drogas y adicciones, y en los esfuerzos para dar alternativas a la encarcelación”.

En el nuevo programa, que cuenta con un presupuesto de dos millones de dólares y  tendrá una duración estimada en tres años, EEUU colaborará con el Ministerio de Salud y el Justicia de Colombia.  Entre otros objetivos,  el proyecto propone la creación de un centro de tratamiento de las patologías por consumo de drogas en el país andino.

“Es el momento de atajar la adicción y el tráfico de una forma comprensiva”,  aseveró  Gupta dando a entender una necesaria inversión en tratamiento, medicación, servicios psicosociales y apoyos terapéuticos para ayudar, entre otros propósitos, a reducir el número de personas, especialmente jóvenes y menores, que se encuentran en presión por problemas menores relacionados con las drogas.

En Colombia, los magistrados del Tribunal Superior del departamento de Cundinamarca, región central del país en torno a Bogotá, promovieron los resultados de un programa de justicia restaurativa, en el que los menores acusados de delitos relacionados con las drogas son apoyados por el sistema judicial que les brinda asistencia para que se recuperen de las adicciones.

AGB con información de agencias y medios