“El número de choferes de Uber crece en Comodoro al ritmo de los despidos, pero la demanda de viajes se derrumba”, tituló hace una semana el portal ADN Sur. En Comodoro Rivadavia, Chubut, se repiten los ajustes de a cientos de trabajadores de la industria petrolera, ya hace años por el declive de la cuenca y la mudanza de equipos a la formación neuquina Vaca Muerta, pero en los últimos tiempos también por la baja de la cotización del crudo. Los cesanteados se iban resignados o ilusionados con su indemnización a comprar un auto con la idea de manejar los tiempos propios y mantenerse con la plataforma de viajes. El problema es que ha crecido la competencia de choferes en una ciudad donde a su vez la demanda se achica y el resultado que hay menos viajes por menos dinero, según el relato de un conductor con cinco años de experiencia.

El fenómeno que se hace patente en una ciudad de 200.000 habitantes que depende de un sector petrolero en descenso se repite en el resto del país, en una economía que en 2025 sigue destruyendo empleo privado registrado. Alfredo Godoy maneja para las apps Uber y Didi desde hace cuatro años. Tiene 37 y es de Escobar. “Veo gran cantidad de choferes y los días de semana sólo hay pedido de viajes cuando es horario escolar. Fuera de esos horarios no pasa nada. En mi caso no me afecta porque trabajo muchas horas los fines de semana y en la semana sólo para hacer unos pesos más. En cuanto a mis ingresos, no me puse a calcular exactamente cuánto han caído, pero puedo decir que hace por lo menos unos seis meses que están prácticamente estancados. Por más que quiera, no hay trabajo suficiente para aumentarlos. También es muchísima la cantidad de autos de alquiler que veo en las calles: al que no le alcanza para su auto, alquila uno en deRentas para hacer Uber”, se refiere Alfredo a la empresa que provee vehículos a conductores. En el primer año de gobierno de Milei, aumentó 47% la cantidad de choferes de Didi, entre despidos en el Estado y en firmas privadas.

Mariana Zarnicki, porteña de 55 años, es productora artística y traductora pública, pero hace un año y medio debió empezar a complementar ingresos manejando Uber. “Como hay más personas manejando y menos demanda, las tarifas empezaron a bajar cada vez más. Casi diría que ya no cierra mucho si tenés en cuenta las comisiones, el costo de la nafta, los eventuales arreglos del auto, etc. Es muy difícil decir con exactitud cuánto bajaron las tarifas, pero si antes hacía unos $8.000 la hora, ahora serán 6.000”, lamenta Mariana, que sólo lleva pasajeras. Los algoritmos de las aplicaciones aplican precios según la demanda y la oferta: como la primera cae y la segunda sube, el valor baja.

En las plataformas de reparto como Rappi y PedidosYa también sucede lo mismo. “En PedidosYa hay un límite de cupos, pero en Rappi no”, cuenta Amaru Carrasco, que anda con su bicicleta trabajando para ambas apps desde hace seis años. Tiene 26 años y es del barrio porteño de Congreso. “Hay más repartidores, pero no tantos más como en Uber y Cabify, que es contratada por Mercado Libre para repartir. Desde las vacaciones de invierno hubo una baja en el laburo. Yo no sé si es por la competencia o más que nada por el menor consumo”, advierte Amaru.

En la década del 90, cuando la política para terminar con la hiperinflación desencadenó un fuerte aumento del desempleo, los despedidos de las empresas estatales también compraron autos para ser remiseros. Después sucedió que en pequeñas ciudades y pueblos había muchos remises pero poca demanda. Después esos conductores quedaron en el desempleo puro y duro y comenzaron a protestar a su manera: con piquetes en rutas. La historia no suele repetirse de la misma manera. Veremos en qué termina la uberización de la economía argentina.

AR/MG

Maximiliano Bandin es un licenciado en comunicación y magíster en ciencia política despedido de Corredores Viales. Estaba enojado cuando lo echaron, pero reconoce que otros jóvenes echados de sus empleos como él se lo toman de otra manera, sueñan con invertir su indemnización en un emprendimiento propio: “Entiendo que lo ven como una salida rápida para sostener la situación económica en la que estaban. Yo, en cambio, tengo una visión más crítica: depende de con cuánto capital contás para tener un inicio más o menos próspero porque puede haber muchísimos proyectos que nacen así, pero se esfuman por falta de recursos, de conocimiento o de gente que te puede dar una mano”.

El fenómeno de los despedidos de sus empleos que ahora sueñan con el emprendimiento propio parece tener un revival con los años 90. Porque en la época de Carlos Menem en pueblos enteros como Cutral Có (en Neuquén) fueron despedidos de YPF trabajadores de larga trayectoria que terminaron como remiseros. Y años después, ante la sobreoferta de choferes, muchos terminaron como piqueteros reclamando trabajo genuino. ¿La situación actual tendrá las mismas consecuencias?

Uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admite la situación: “Hay muchachos jóvenes a los que despiden y, en vez de iniciar un reclamo, en el mismo sindicato nos cuenta que no les interesa, que prefieren dejar de levantarse a las 4 de la mañana para ir a la fábrica, agarran la indemnización y ponen un emprendimiento, pero a veces son pibes que viven en un pueblo donde hay muchas perspectivas de que les vayan bien así”.

Son jóvenes varones muchas veces guiados por el espíritu libertario del emprendedurismo que promovió Javier Milei, a quien ese sector votó en masa en 2023, pese a que en algunas plantas industriales los mismos patrones llamaban a votar en su contra por temor a la apertura económica que finalmente instauró. Tampoco es que ganan bien sus empleos, con un 80% de las paritarias por debajo de la inflación, según la consultora CP.

En el último año, de enero de 2024 al mismo mes de 2025, se perdieron 112.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y los jóvenes varones, baluarte de la victoria de Milei, fueron las principales víctimas de la caída del empleo y la suba de la desocupación.

Otro presidente de una cámara empresarial también advierte el fenómeno de jóvenes que quieren irse de la fábrica para iniciar su proyecto propio, pero aclara que no es generalizado. “Lo del microemprendimiento se llama Uber o Rappi. Son pibes que no ven la protección social de un trabajo registrado, no se valora ni una jubilación futura, ni una obra social. Por dos razones fundamentales: la jubilación les queda lejísimo y la obra social no atiende en donde viven generalmente o el servicio es malísimo, ergo su salud termina en la salita del barrio”, apunta la fuente. Y agrega: “Para eso no hace falta obra social. Las pocas veces que he tenido un tema así, no fue por despido originado desde la empresa sino que el operario se quiere ir, inventa una causa de despido, hace juicio y siempre sacan algo. Una pyme nunca gana un juicio laboral infundado. Ergo se hacen de la indemnización y luego por excompañeros te enterás que esta haciendo Uber”.

En los gremios también reconocen la tendencia. “Es tal cual, es una preocupación constante de todas las organizaciones gremiales... ¿cómo encontramos una solución a este problema?”, se plantea José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias.

Aldo Luque, secretario de prensa del gremio de la carne, coincide: “En mi zona los jóvenes no quieren trabajar en el frigorífico. La rotación de personal es bastante alta”. Lo mismo advierte el vicedirector de la escuela del sindicato de pasteleros, Lorenzo Benítez: “Es una preocupación y un problema”. Y también lo confirma Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático del gremio del sector.

“Realmente lo veo como una gran preocupación”, coincide el secretario general de la Juventud Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sebastián Maturano. El vocero de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Ricardo Camaño, cuenta que “lo que efectivamente pasa es que muchos jovenes que acceden a cursos gratuitos de capacitación en nuestra fundación de educación, formación en electricidad, instalación de aires acondicionados, plomería, gasista, lo terminan y tienden al emprendimiento propio, al trabajo autónomo”. Y agrega: “También entran y salen de la industria. Alternan entre el trabajo formal en la industria y el autónomo particular. Eso se viene dando desde hace unos años”.

En otros gremios de altas remuneraciones, en cambio, no registran el fenómeno. Es el caso de los aceiteros o de los bancarios. “Al contrario, vienen al sindicato cuando los presionan para irse con retiro en algunos bancos”, cuenta el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado, Sergio Palazzo. En el gremio aceitero agregan otros factores además del salario: las condiciones de trabajo como, por ejemplo, la seguridad laboral para evitar accidentes.

El consultor de recursos humanos Matías Ghidini, CEO de Ghidini Rodini, observa la tendencia pero no generalizada: “Tiene una parte de mito eso”. En tanto, el sociólogo Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, reflexiona: “No sé cuán generalizado es eso, pero si lo es no me quiero imaginar el impacto social que va a tener el fracaso generalizado de esos proyectos”.

Ya en los 90 los trabajadores, no jóvenes, despedidos de empresas privatizadas como YPF se pusieron de remiseros y después, cuando ya no tenían a quién transportar, devinieron piqueteros en reclamo de trabajo.

“Aquellos eran jóvenes o eran trabajadores que venían con alguna experiencia laboral, muchos de ellos con familias”, cuenta Campos. “Acá estás hablando de pibes que nacieron después de 2001. ¿Qué impacto demográfico puede tener eso? ¿Qué impacto en términos de su psiquis? Pienso en 'El suicidio' de (Emile) Durkheim, cuando padecimientos que a priori se identifican como cuestiones individuales en realidad constituyen hechos sociales”, dice el sociólogo de la CTA Autónoma en la semana del Día del Trabajador. Y remata: “No era lo mismo fracasar en los 90, cuando el mandato social estaba lejos de incluir una necesidad de mostrar tu éxito cotidiano en las redes sociales. Obvio que el fracaso en aquella época tenía impacto en las personas, pero me pregunto por las diferencias que tiene con la actualidad, donde si no posteás en Instagram que la vida te sonríe todos los días en realidad no merecés vivir, nuevamente llevando al extremo el análisis”.

AR/MC

La pandemia y la cuarentena fueron parte del caldo de cultivo del fenómeno que impulsó a Javier Milei a la presidencia. Daniel Menéndez, líder de la organización social Barrios de Pie y nuevo subsecretario de Economía Popular bonaerense, lo sabe.

Después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, Menéndez apunta a esos trabajadores independientes de la economía popular en su nueva gestión bajo la órbita de Axel Kicillof. Así lo conversó con elDiarioAR en una sede de Barrios de Pie en el barrio del Congreso, antes de que este miércoles se reúna por primera vez el Consejo de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires.

“Este consejo reúne a organizaciones sociales, espacios institucionales del conjunto de los municipios de la provincia, instituciones académicas, fundaciones, observatorios de universidades, y lo que hicimos en esta primera reunión fue presentar los lineamientos de la Subsecretaría de Economía Social y Popular y presentar una serie de iniciativas”, cuenta Menéndez.

–¿Cuáles?

–Tienen que ver con la preocupación por el impacto de la situación social, el avance del Gobierno (de Milei) en desarticular instancias que tienen que ver con lo productivo, en particular con el impacto de la ley de Bases, específicamente con la derogación del monotributo social y a partir de ahí presentar una serie de miradas de cómo trabajar en el contexto social y productivo de la economía popular.

El desaparecido plan Potenciar Trabajo, que fomentaba cooperativas de esos movimientos sociales, pero también de provincias, municipios o iglesias, incluía a 1,2 millones de trabajadores de este sector. Sin embargo, había nueve veces más de personas necesitadas y por eso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se distribuyó en tres oportunidades durante la pandemia de coronavirus, alcanzó a 9 millones. Ahí estaban incluidos muchos de esos cuentapropistas, como los repartidores de plataformas, que se las debieron arreglar sin el paraguas del Estado y que en 2023 votaron al candidato fanático del libre mercado.

“El gran desafío de la dirigencia política y de los gobiernos, sobre todo los gobiernos populares, con una mirada transformadora, es entender el mundo del trabajo”, apunta el subsecretario. “Nosotros tuvimos como en la etapa previa a Milei, en pandemia, una discusión con funcionarios del área económica respecto de cuánto se iban a inscribir en el IFE. Había una mirada de que iban a haber 1,5 millones o 2 millones, lo que implicaba un desconocimiento del mundo del trabajo por fuera de los convenios colectivos. Se anotaron 11 millones, terminaron accediendo más de 9 millones. Está claro que el mundo productivo en la Argentina desborda lo que puede ser una asistencia monetaria, como pudo ser el Potencial Trabajo, que subsidiaba una parte del ingreso. Hay un mundo en la Argentina del trabajo que se manejó independiente del mercado, sin derechos y en paralelo a las políticas públicas.”

Hay un mundo en la Argentina del trabajo que se manejó independiente del mercado, sin derechos y en paralelo a las políticas públicas

“Hay muchos emprendimientos de los más diversos”, reconoce Menéndez que no se trata sólo de repartidores de Rappi y PedidosYa. “Todo lo que tiene que ver con emprendimientos comerciales, pequeños comercios que se abren en los barrios desde bicicleterías, barberías, las manicuras, los cortes de pelo, hasta las que producen repostería, las que hacen desayunos, los que trabajan en el reciclado. Hay un esfuerzo por parte de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) de agrupar una cantidad de ramas vinculadas con el mundo de la economía popular, pero hay un mundo que desborda los márgenes de la incipiente gremialidad que existe y que incluso es policlasista. No es solo un universo de los sectores más humildes, sino hay sectores que se han construido desde trabajadores de plataformas, no sólo de Rappi, sino de programación, quienes producen contenidos o aspectos artísticos, musicales. Es un universo enorme en el que no existen derechos y que el Estado no legisla, no existe una política pública suficiente que los potencie y eso hace a una salida individualizante.”

Lo que se propone Menéndez entonces es “primero construir un registro de trabajadores, retomar una iniciativa que se hizo en el gobierno nacional anterior y ampliarla, pero en la provincia de Buenos Aires, articularlo con los municipios, para después potenciar las iniciativas productivas que existen”. ¿Cómo? “Que el registro sea una herramienta que permita acceder al crédito, discutir nuevas formas impositivas, nuevas formas de registración, poner en primer plano la discusión del monotributo social y ampliarlo para poder cubrir el universo del mundo productivo, de la economía social y familiar, acompañar los procesos de comercialización, impulsar a través del compre estatal el compre social, que permita ganar en escala, fortalecer todo lo que tiene que ver con maquinarias, subsidiar a la producción.”

Menéndez formula una autocrítica: “Dejar a la intemperie por parte del peronismo ese universo fue lo que permitió que primero aniden un nivel de resentimiento, de bronca contra derechos que no se vivían como propios y que no se ejercían, que pareciera que no existen. Hay un esfuerzo no reconocido por parte del universo popular. Eso permitió que se ancle esa falta de representación, porque una parte de la política no lo miró. Lo terminó viendo Milei y ejerció ese resentimiento contra la desarticulación de un entramado que tiene que ver con un Estado y con ideas que atentan contra el gasto del Estado, contra su presencia, contra una serie de valores asentados en lo colectivo. Esto explica en muchos casos que hoy esté en el Gobierno.”

A partir de las nuevas políticas, el subsecretario busca “construir un sujeto social que pueda ejercer una transformación, ya no desde el resentimiento y desde la mirada desarticulada de lo colectivo, sino con un proyecto que los incluya productivamente”. “En un escenario recesivo y de destrucción de empleo como el que se va a vivir, ese universo va a crecer. No es una subsistencia que pide subsidios, acá va a haber una subsistencia donde se va a crear productivamente como se pueda.”

Hay sectores que se han construido desde trabajadores de plataformas, no sólo de Rappi, sino de programación, quienes producen contenidos o aspectos artísticos, musicales. Es un universo enorme en el que no existen derechos y que el Estado no legisla, no existe una política pública suficiente que los potencie y eso hace a una salida individualizante

Uno de los problemas para las nuevas políticas radica en contactar a sus potenciales beneficiarios. “Hay desafíos de articular tanto instancias de capacitación como de comercialización, construir espacios de ferias y de mercados que permitan un salto en la capacidad de venta. Tiene que haber cadenas y encadenamientos productivos que ayuden a mejorar los márgenes de rentabilidad. El Estado tiene que ordenar, facilitar saltos y mejoras en la producción y construir una planificación.”

¿Hay dinero en la provincia pese al ajuste de transferencias desde la Nación? Menéndez no aclara cuántos, pero alega que “hay fondos para articular una serie de iniciativas que existen”. “En áreas como producción existen beneficios a los que se puede acceder, como la cuenta DNI para mejorar la perspectiva de venta. Existe en el Ministerio de Asuntos Agrarios mucha política para potenciar los mercados. Se puede avanzar con el Banco Provincia con crédito y microcrédito.”

“El peronismo se tiene que meter de cabeza, articular y dar respuestas”, sostiene Menéndez. “Porque hay una parte de los sectores medios y de los trabajadores que no encuentran respuestas en un proyecto colectivo, que no los contiene, no expresa sus derechos, no mejora la vida cotidiana, no lo acompañan en el desarrollo productivo.”

El Gobierno de Milei le ha quitado poder a los movimientos sociales como Barrios de Pie al dejar de enviarles alimentos para los comedores y al eliminar el Potenciar Trabajo, que gestionaban en parte estas organizaciones. Pero Menéndez confía que sobrevivirán: “La organización comunitaria en la Argentina está muy arraigada. Sin duda hay un gobierno que busca no solo el empobrecimiento como consecuencia de su política económica. Hay una idea de miseria planificada y para eso atenta contra la organización comunitaria. Pero va a fracasar en su idea de desarticularla. En la Argentina hay una tradición de organización que va a desbordar cualquier intento de un gobierno de desarticularla. Romper todo el espacio comunitario es una forma de garantizar que entren, a través del individualismo, las ideas que se propagan por los grandes medios de comunicación, un relato de gobierno que le permita ganar un sentido común. En esa pelea, estoy convencido de que la organización comunitaria va a prevalecer porque el volumen de daño social va a hacer que haya participación popular. Me parece que en todo caso el desafío es construir un horizonte superador a la realidad y a las penurias que vamos a estar viviendo, que reflexione sobre lo mal que se gobernó en la Argentina y todos los problemas que no se resolvieron durante la etapa previa. Hay una posibilidad, por ejemplo, de Axel en el ejercicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de mostrarse antagónico a los esquemas de gobierno que se plantean nacionalmente.”

AR/MG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó este mes 50 denuncias penales contra “grandes contribuyentes que no depositaron los aportes retenidos a sus empleados, y que evadieron el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social”, según un comunicado oficial del organismo que dirige Carlos Castagneto. La cadena de pizzerías Kentucky, las apps de delivery Rappi y PedidosYa, la fabricante y cadena de zapaterías Grimoldi y la red de inmobiliarias Remax figuran entre las denunciadas, según dijeron a elDiarioAR fuentes vinculadas a las causas judiciales.

“Se trata de casos en los que se pudo comprobar que la evasión se presentaba en la falta registración de empleados, relaciones laborales encubiertas bajo el régimen de monotributo y subregistración de jornada o salario”, informó la AFIP. “Hemos hecho un gran trabajo de investigación y fiscalización para poder hoy denunciar a quienes evadieron el pago de aportes y contribuciones. Esto impacta de forma directa en las condiciones laborales de los trabajadores, nuestra intención es siempre proteger los derechos de los trabajadores”, aseguró Castagneto.

“En el último mes, y en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a plataformas digitales correspondientes a la actividad de deliverys; $80 millones a una gran cadena de gimnasios y más de $40 millones correspondientes a una empresa del rubro calzado”, describió la AFIP sin dar nombres, dado que están protegidos por el secreto fiscal.

“Asimismo, se intimó a un importante frigorífico de la zona norte del Gran Buenos Aires por una determinación de $700 millones por deudas de aportes y contribuciones, además de la detección de una falta de registración laboral de trabajadores, la sobrefacturación de servicios de faena a través de empresas que carecen de la condición económica necesaria, utilizando a estas empresas de servicios como pantalla para generar facturas por estos supuestos servicios, permitiéndole al frigorífico generar créditos fiscales ficticios”, agregó la agencia que dirige Castagneto. Fuentes vinculadas a las causas comentaron que se trata de una empresa radicada en Pilar.

En una edición anterior de esta nota se informó erróneamente que Flybondi estaba entre las empresas denunciadas y se reprodujo el comunicado de AFIP que hablaba de una aerolínea low cost en la lista, pero esta compañía sólo fue fiscalizada a partir de una determinación de oficio.

AR/MG

-Lo primero que te quiero preguntar es: ¿cómo es un día de trabajo para vos? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Qué es lo que no se ve para alguien que encarga y recibe un pedido y ve llegar a una persona que se lo trae a la puerta de su domicilio? 

-Para poder trabajar primero hay que garantizar los elementos de trabajo. Estos elementos los ponemos los repartidores a disposición, que son el vehículo: motos, bicis, también autos en algunos casos, y el celular. Además hay que cargar obviamente datos móviles para poder trabajar en la calle y tener elementos de protección frente a la intemperie. Y si llueve, hay que tener todo preparado. Si hace frío; si hace calor, llevar hidratación. Básicamente, en las aplicaciones uno reserva un turno de trabajo con cierta anticipación que depende del ranking en el que está (hay un sistema de división de los trabajadores que consiste en posiciones de ranking). De acuerdo a eso, se fija la anticipación que vos podés lograr en reservar un turno. Una vez que llega el momento, salís hasta el punto donde te podés conectar -depende de la ciudad donde hayas tomado el turno- y arrancás a recibir los pedidos.

-¿En una semana sabés ya cuántos días vas a trabajar, o vas sabiendo día a día cómo va a ser tu jornada laboral?

-Claro, dependiendo del ranking en el que uno está, tenés hasta tres o cuatro días de anticipación para poder reservar si es que quedan lugares, y a partir de eso, todo el tiempo hasta el horario que uno quiera conectarse. Por ejemplo, yo puedo decidir agarrar el celular, fijarme si hay un turno para hoy a la noche y tomarlo; eso también es posible: decidirlo en el momento. 

-Una vez que pediste un turno, ¿se te asigna y empezás una jornada? ¿Cuándo termina esa jornada? ¿Depende de vos, de la aplicación o del trabajo?

-En general, por lo menos en Pedidos Ya eso está estipulado. O sea, podés agarrar el turno de 8 a 12 y cubrís hasta ese horario; en Rappi, te podés conectar y desconectar cuando quieras, pero también tiene un sistema de reservas. Entonces, en todo ese tiempo en el que uno está conectado tiene que cumplir todos los pedidos que van llegando. Si uno deja de cumplir los pedidos, hay bloqueos, pausas que te impone la propia aplicación de forma automática. Consiste básicamente en cubrir todas las determinaciones que tenga el pedido. En general, cada trabajador evalúa cuántas horas de trabajo necesita, pero en muchos casos, por la situación actual de la Argentina, esto no baja de ocho o diez horas de laburo para poder llegar a una canasta básica, con cómo están las cosas hoy, los alquileres, la suba de los alimentos. La supuesta libertad de elegir horarios, como se presenta muchas veces en las empresas para justificar que no estamos reconocidos como trabajadores de ellas, se transforma realmente en una necesidad de trabajar ocho o diez horas justamente por las condiciones de trabajo, por los pagos, por la situación del país.

-Lo que me decían es que si no tenés una moto es muy difícil, ¿no? Vos mismo nos contabas que, teniendo una bici, es prácticamente imposible llegar a un sueldo digno a fin de mes, algo que te alcance mínimamente. Todo eso, como decías al comienzo, corre por cuenta del repartidor, del trabajador, ¿no?

-Sí, por un lado es correcto lo de la bici; si trabajaras ocho horas por día podrías sacar quizás entre 20 y 25 mil pesos por semana; en moto, por ahí sacás más, pero tenés que cubrir todos los gastos de la moto: la nafta, donde se están habilitando aumentos, y a su vez las reparaciones. Además, teniendo en cuenta que es improbable que uno termine trabajando todos los días de la semana por diferentes razones, como puede ser enfermarse -uno está expuesto al frío, al calor, a las diversas situaciones, a los robos, accidentes-. Todos esos son períodos de tiempo para los que uno a lo mejor está sin disposición, y los tiene que recuperar de alguna forma.

-El ranking es clave para definir los ingresos que puede tener una persona que trabaja como repartidor en estas apps. ¿Cómo subís y cómo bajas en ese ranking? ¿Cómo hacés para subir? Me imagino que es difícil porque tenés que trabajar muchas horas, estar disponible, pero también podés bajar y muy rápido. ¿Depende a veces de las empresas? ¿Cómo es ese ranking que es el que determina el sueldo? 

-El ranking te da ciertos adicionales por pedido. Nosotros trabajamos a destajo, lo cual significa que por pedido y por kilómetros tenemos un ingreso estipulado. No es un pago por hora. Entonces, eso también tiene otras consecuencias que las podemos ver sobre los ritmos de trabajo, pero, sí, son adicionales que se consiguen trabajando más horas, particularmente en las horas de la noche de los fines de semana. Ahí se paga más. Además de eso, se considera también en relación a la cuestión del ranking. No sólo se paga un poco más el pedido, sino que además uno está más alto en el ranking por haber metido muchas de esas horas, y termina teniendo adicionales que, igualmente, no son tan significativos: te pueden hacer una diferencia de 200 o 300 pesos por la jornada. Esta situación lleva a cumplir cada una de las cuestiones que plantea el trabajo, no rechazar pedidos. Hay pedidos que a lo mejor son lejos o en zonas inseguras, y de repente uno no los rechaza para mantenerse en el ranking. En el caso de Rappi, esto es tremendo, porque no te mantiene en una zona de loggeo. Supongamos que vos empezás en Mataderos, terminás en el otro lado de la General Paz, después en Castelar, o Vicente López, te va llevando. Te va arrastrando de acuerdo a los pedidos que uno tenga, los locales cercanos con demanda, y te va alejando cada vez más. Entonces, si uno deja de aceptar los pedidos -que es una opción-, en general no puede aspirar a subir.

-Si no contestas rápido, ¿la aplicación te puede bloquear?

-Sí, particularmente nunca me ha pasado, en general tienen que ocurrir eventualidades con los clientes, que los locales te obliguen a acudir a soporte o el diálogo mismo con el cliente. En Rappi, por ejemplo, está la categoría de valoración del cliente, las estrellitas. Toda esa puntuación también influye, con lo cual, tu trabajo depende de la subjetividad de otras personas. También se dan las pausas, por diversas fallas de la aplicación, diversos inconvenientes que a veces no son de control propio. Entonces uno tiene que pausarse, no cumplir el horario completo que estaba estipulado ahí, y eso afecta.

-Evidentemente, la inflación que tenemos hoy, que conocimos el viernes pasado -el 7,7% del mes de marzo- marca la actualización salarial. Obviamente, cuando uno está bajo convenio o representado por un sindicato que tiene su historia o su poder, o está sentado a la mesa de negociaciones, eso va por el carril de las paritarias. En este caso, en la precariedad más absoluta -corregime si me equivoco-, ¿cómo se actualiza el sueldo de un repartidor hoy por hoy en la Argentina?

-La situación del repartidor de aplicación en ese sentido es igual que la de cualquier trabajador en negro. En Argentina, la informalidad es muy alta hoy; viendo las estadísticas del INDEC, hay más trabajadores que están por cuenta propia o en negro directamente que trabajadores registrados. Eso refleja un avance muy fuerte de las patronales sobre las condiciones laborales de los trabajadores, que además se expresa también en la distribución del ingreso en distintas estadísticas que muestran cómo venimos perdiendo frente a la inflación y a los aumentos de precio. El trabajador en negro no reconocido no tiene instancia de negociación reconocida, como puede ser un trabajo en blanco a través del sindicato y demás, por lo tanto, la única opción realmente es salir a reclamar, ya que cuando uno va a las oficinas nadie te atiende, hay un ninguneo y un destrato muy fuerte en ese sentido. Supuestamente uno aceptó las condiciones de trabajo, pero es evidente que la situación inflacionaria cambia la de las condiciones originales en las cuales uno aceptó trabajar.

-Y en la oficina, ¿quién responde por la empresa, por ejemplo, si se presenta un trabajador de manera individual?

-Cuatros de copas que obviamente no atienden tus reclamos. Esta situación, junto con el tema de los robos, es unos de los puntos que más bronca genera entre los trabajadores, porque realmente, como decíamos, está muy compleja la mano. Sumando lo que puede ser el costo de alquilar, el de los alimentos y demás, hoy, una canasta está por encima de los 170.000 pesos, y en Argentina, los que trabajan sostienen a su familia; no es que todos viven solos y se arreglan con lo que se les paga, sino que realmente sostienen todo un grupo familiar. Por lo tanto, esto es muy sentido y la reacción es la organización de medidas de lucha, como caravanas, que es ir en moto o en bici hasta un punto específico. Eso lo hemos hecho sobre todo en pandemia. También hemos parado, es decir, reservamos los turnos y los cancelamos en el momento donde teníamos pautado parar, y todo eso ha tenido un efecto.

-Si no hay protesta, ¿el salario está congelado?

-Claro, tal cual, esa es la realidad de millones de trabajadores en el país que la vienen sufriendo así, porque estas empresas de plataforma reclutan mano de obra de manera indeterminada, en el sentido de que no se ponen un límite, sino que siguen contratando y por lo tanto siempre va a haber alguien. ¿Se entiende? Si uno no quiere trabajar por determinado ingreso, alguien va a estar ahí por la situación de miseria y la presión que existe para ocupar ese lugar en definitiva. Las empresas lo saben perfectamente y aprovechan que no hay oportunidades ni otras alternativas. Realmente esa es la situación en la que se encuentra hoy la juventud trabajadora en el país.

-¿Cómo se inicia el vínculo con las empresas? Nos contabas en la previa que es absolutamente no formal, precario. La empresa te exige en muchos casos que seas monotributista, en algunos otros casos ni siquiera eso, pero no hay relación contractual y todo el contacto inicial es virtual; no tenés una contraparte. ¿Es así? ¿Cómo empezás a trabajar en esa relación que es absolutamente precaria, en la que no tenés prácticamente derechos? 

-Las empresas te piden para empezar a trabajar una cierta documentación de identidad, del vehículo sobre todo. A partir de eso, se evalúa. Hay un período de evaluación que dura dos días y a partir de eso ya tenés en sí la habilitación. Tenés que firmar con una firma virtual un contrato que explícitamente dice que no hay relación laboral, ni relación de dependencia, que uno es autónomo, etcétera, que uno no puede reclamar derechos laborales, lo cual es peculiar en un sentido, porque quizás trabajando en negro eso se da de palabra. Acá hay un contrato, el Estado claramente puede acceder. Es decir, hay documentos que muestran cómo es el modelo y la forma de contratación por fuera de la legislación laboral. Esto lo han hecho al amparo de los Estados en estos últimos años, está a la luz y existe de forma legal, más allá de que hay ciertas disputas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con el gobierno que aprovecha la situación para aplicar ciertas multas. Recaudan un poco, pero realmente no proponen ninguna medida de fondo para resolver esta cuestión. Entonces, básicamente es un modelo de contratación para un trabajo en el que -repito- no tenés ningún derecho laboral. Una de las cosas que se plantean es que cuando uno acepta órdenes de trabajo las tiene que cumplir, y todo eso supone un sistema de órdenes, un sistema de castigos, y configura lo que sería una relación laboral.

-El Ministerio de Trabajo de Nación, que es el Frente de todos desde 2019, ¿tuvo alguna intervención hasta el momento para regular de alguna manera esta actividad?

-No, no realmente. Cuando hemos ido a reclamar esa cuestión, los que nos recibieron se declararon incompetentes, con estas palabras explícitamente, para abordar el tema del reconocimiento laboral. Es decir, les dieron vía libre a las empresas para que pudieran seguir explotando a los trabajadores de esta manera. Insisto: no son como un comercio de barrio -que igual obviamente está mal- en el que se contrata en negro; son multinacionales, monopolios internacionales que te explotan por muy poco. No garantizan que uno pueda llegar al día siguiente con lo que se paga al no haber protección social. Todo lo que ya comenté. Al no haber un seguro de los vehículos, al no garantizarse eso ni los ingresos que a uno le permitan cubrir realmente los costos que eso genera, es trabajar por un tiempo hasta donde uno dé, hasta donde el vehículo dé y después de ahí “arreglate”. Algo que me había olvidado mencionar, es que también este régimen de salario a destajo y de pago realmente mísero lleva, en muchos casos, a aumentar los ritmos de trabajo, a ir más rápido en la calle. Es un laburo realmente peligroso que se ha llevado varias vidas de compañeros y accidentes. Entonces no puede ser que, habiendo pasado cinco años, los gobiernos miren para otro lado, hagan como que no pasa nada, o finjan que el trabajador decidió, aceptó estas condiciones. Realmente es un escándalo, un fraude laboral fenomenal en todo el mundo, y en todos lados esto se está poniendo a la luz, y por eso avanza una tendencia a la regulación, a las regulaciones impuestas por la circunstancia. Lo de Capital Federal es una muestra de esto, es una regulación que realmente institucionaliza todo lo previo que ya comenté. No es que cambie alguna condición de trabajo, realmente es un escándalo.

-Las empresas quedan como intermediarias.

-Claro, se les reconoce todo lo que las empresas plantean respecto de que somos autónomos y demás. Se reconoce este régimen de precarización basado en el monotributo y el desconocimiento de la relación de dependencia. Esto está institucionalizado porque ya existe el registro en capital. Es un registro que además se renueva anualmente y lo paga el trabajador, y el gobierno de la Capital de Larreta defiende este modelo abiertamente. Del otro lado, en los hechos también lo defienden, aunque en el discurso se intentan diferenciar un poco y decir que ellos están por los derechos laborales. 

-Hoy hubo una protesta o una movilización en La Plata de un grupo de repartidores, y el mensaje que circuló era: “no queremos regulación”. Como si estos repartidores, trabajadores que se movilizaron a La Plata quisieran seguir en esta situación que vos describís de precariedad, de desprotección. ¿Cómo se explica eso? Porque a veces alguien que mira desde afuera: trabajadores que se movilizan para que no los proteja el Estado ni la ley.

-Si en cualquier trabajo en negro viene el Estado y te quiere blanquear, y eso supone que tu patrón te eche, ¿qué vas a preferir: seguir trabajando y por lo menos tener un ingreso, o que se cumpla la ley, pero no trabajar? Esa es la situación del país.

-Las empresas tienen más poder que el Estado, parecería, en este caso, o el Estado no toma decisiones como para regular la actividad.

-Igual hay que clarificar que estas regulaciones que impulsan desde el Estado, en este caso un proyecto del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, de la bancada de (ininteligible), no están contemplando situaciones eventuales, como puede ser que las empresas aprovechen esto para despedir una cantidad de trabajadores. Entonces no hay garantía frente a eso. Eso debe ser criticado en este proyecto, que ni siquiera es de reconocimiento laboral tampoco. Eso también hay que clarificarlo: este proyecto consiste simplemente en crear un registro como existe en Capital Federal de Trabajadores. Y después hay otro mito que es el de que las empresas se van a ir del país. Esto es una falacia. En ningún lugar donde se regula en un sentido de reconocer derechos laborales, desaparece una rama de producción. Eso no existe. El reparto por aplicaciones vino para quedarse. En Argentina y en todo el mundo. Pero bueno, obviamente les conviene seguir en este modelo flexibilizado. Los trabajadores tenemos que entender que también hay formas de ganar derechos laborales, que es lo que necesitamos para tener estabilidad, protección social y defender cuestiones que nos interesan, como no tener a lo mejor una jornada fija, que es algo que se discute. Mirá, yo prefiero laburar y tener esta flexibilidad para elegir si laburo cuatro horas a la mañana, a la noche u ocho horas. Eso se puede discutir y enmarcar perfectamente en alguna clase de proyecto que, en definitiva, nos reconozca los derechos laborales mientras estamos subidos arriba de la moto o la bici, el tiempo que sea: una hora, ocho o demás, para que, por ejemplo, si uno labura diez horas, eso tenga pago por horas extra; o, si lo despiden tenga indemnización, licencias pagas por accidente, por enfermedad, jubilación. 

-Hoy, ante un accidente, ¿no hay nadie de la empresa que se haga cargo de nada? ¿No ofrecen ART ni protección?

-Hasta hace muy poquito no teníamos nada. Ahora, la empresa te descuenta un seguro, pero que es un seguro que simplemente te cubre gastos médicos. Si vos tenés que comprar el remedio en caso de accidentes y no de enfermedad común, te lo cubre, pero no te cubre los días caídos. Si vos venías laburando ocho horas todos los días y de repente por un accidente no laburás un mes, esas ocho horas no te las va a pagar nadie y tenés que aguantarte ya con lo que hayas ahorrado. O a veces se hacen colectas entre los trabajadores.

-¿Qué pensás cuando escuchas hablar de “reforma laboral”? Hay sindicatos que se oponen, pero también está esta realidad en la que ya vive la mitad de los asalariados, según distintas estadísticas… ¿A qué te suena esa discusión de la reforma laboral?

-La reforma laboral muestra la verdadera cara que tiene el régimen social capitalista: buscan que las condiciones de trabajo se asemejen a cuando inicia este régimen social; querrán explotar, durante 15 ó 16 horas, a los trabajadores y no reconocer ningún derecho.

-Estas cuestiones existen en muchos casos.

-Sí, por supuesto. Lo que se busca es legalizar una situación que ya existe para una enorme cantidad de trabajadores y a su vez bajar la escala, la vara para los que están registrados. La reforma laboral realmente es un verso, porque el planteo de la reforma laboral es que a partir de eso un país puede crecer con inversiones. En ningún caso esto se verifica; en todos los lugares donde hay reformas laborales, simplemente se aumenta la cuota de ganancia, pero no hay proceso de crecimiento, desarrollo de los países, que es un poco el discurso que se plantea, y, por lo tanto, esto nos llama a reflexionar que el problema de la crisis capitalista que están sufriendo todos los países -en Argentina lo palpamos mucho- está en la organización social, el modo de producción y no en el costo laboral. Está en la falta de productividad, en cómo están encarecidas acá en Argentina las tasas de interés. Distintos elementos que hacen que las patronales no tengan las ganancias que requieren las tasas de ganancia que presionan sobre el costo laboral, pero eso no determina que un país crezca ni nada por el estilo. Lo digo porque cuando se aborda la discusión de la reforma laboral se plantean estos términos.

-Igual, los salarios ya están bastante comprimidos, pulverizados, después de tantos años de inflación, de caída del salario real. Lo último que te pregunto: vos tenés 27 o 28 años, muchos de los repartidores tienen esa edad. ¿Qué piensan de la dirigencia política? ¿Qué piensan tus compañeros, la gente con la que trabajas, de la situación actual? ¿A quién votan? ¿Qué podrías decir de eso? Porque son estos sectores de la juventud los que están padeciendo situaciones como estas.

-Es claro que hay un repudio generalizado hacia la clase política en general. Hay una visión de que ninguno de los gobiernos realmente beneficia al trabajador común y corriente, hay una sensación de desmoralización. Ya no se cree que las instituciones que tenemos, el Parlamento o los gobiernos, realmente tengan la capacidad y la intención de resolver la crisis. Esto es muy profundo. Estamos en una situación donde en el conurbano bonaerense tenemos 45% de pobres, los indigentes son un 10%: ¿cómo la gente no va a estar harta y no va a salir a reclamar no sólo por este tema del reparto, sino por los cortes de luz, por despidos? Ahora también hay un ataque hacia el sector más empobrecido, a través del cual le quitan los ingresos elementales que tienen a través de los planes. La situación tal como está va a llevar a que cada vez sea todo más convulsivo, y la democracia -que ya cumple 40 años- empiece a mostrar verdaderamente los intereses que hay detrás de estas instituciones, que son los intereses de los que en general se han beneficiado estos años: los capitalistas, los acreedores de la deuda, los bancos. Mientras, del otro lado, están los que vienen cada vez peor, que son los trabajadores. Esto es lo que hay que poner de manifiesto. Entre los compañeros esto es así. No hay nadie que pueda lograr canalizar esta bronca de forma fehaciente y consciente.

-Se habla de que es Milei muchas veces el que canaliza esa bronca.

-Sí, eso se plantea, pero es una vía de escape. No es que la gente está convencida de las ideas que Milei plantea, sino que simplemente él expresa en su discurso un repudio a los políticos. Tiene muchas falencias porque en su propio armado político está lleno de todos los personajes que han pasado por los distintos gobiernos.

DG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció, mediante su Resolución General 5319/2023 publicada en el Boletín Oficial el pasado 19 de enero, un aumento de la percepción a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se aplica sobre la venta de bienes nuevos o usados, la locación o prestación vía plataformas digitales a partir del 1 de abril.

Mercado Libre, Correo Oficial, Renová tu vestidor, YPF, Agrofy, Apernet, BFoot, Frávega, Mercados Digitales, Mis pichos, Nación Servicios, We are APPA y Whirlpool Argentina son algunas de las marcas alcanzadas por esta norma, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II de resolución. Las plataformas de turismo Almundo, Avantrip y Despegar también están sujetas al nuevo régimen de percepción, al igual que las aplicaciones de delivery Rappi argentina y Pedidos Ya y el servicio de transporte Cabify. El listado de plataformas alcanzadas será actualizado periódicamente por la AFIP.

La percepción a cuenta del IVA se aplicará solo en los casos en los que se realice una transacción o contratación por medio de alguna de las plataformas de comercio electrónico mencionadas. En caso de que sean utilizadas solo como vidrieras y la operación se realice por otra vía (Whatsapp, teléfono, redes, etc.), no se aplicará el nuevo recargo.

Esta percepción a cuenta del IVA deberán pagarla aquellas personas o empresas que sean:

1. Responsables inscriptos (IVA)

2. Monotributistas cuyo monto total acumulado de las operaciones determine su exclusión del régimen simplificado. En 2023, el máximo es de $5.650.236,51 para prestadores de servicios o de $8.040.721,19 para la venta de bienes, considerando el mes de la operación y los 11 meses anteriores.

3. Monotributistas que vendan bienes no registrables (nuevos o usados) y el precio unitario supere el importe máximo del régimen simplificado que, para 2023, asciende a $85.627,66.

4. Personas no categorizadas que realicen operaciones en forma “habitual, frecuente o reiterada”. Se trata de aquellos usuarios que realicen más de 10 transacciones mensuales por un monto igual o superior a los $200.000 o aquellos que, durante 4 meses consecutivos realicen 4 o más operaciones por un monto acumulado total igual o superior a los $200.000.

Quienes sufran las percepciones deben tomarlas a cuenta del IVA en las declaraciones juradas del período fiscal en que las realizaron. Las alícuotas correspondientes varían entre un 1% para los inscriptos en el IVA en condición regular y un 8% para aquellos que no se encuentren inscriptos ni en el IVA ni en el Monotributo.

ACM con información de Presupuesto Familiar

El mercado de apps de delivery gana terreno desde hace años y dio un salto amplificador durante la pandemia, período en el que aumentó la demanda de envíos de comida a domicilio: se estima que en la Argentina 6 de cada 10 personas optaron por estas apps de delivery para comprar alimentos. Sin embargo, la regulación de los trabajadores de las plataformas sigue siendo una pregunta abierta. 

No se trata solo de la discusión en torno a si deberían considerarse empleados o no de las plataformas, sino que esta actividad plantea otros debates. Por ejemplo, si es correcto que los repartidores y repartidoras trabajen bajo las reglas de un algoritmo que desconocen y, por lo tanto, sin tener claro qué es lo que se espera de ellos o por qué son premiados o castigados. Bajo las órdenes de un patrón opaco al que tampoco es posible hacerle preguntas ni reclamos. 

En este marco, un grupo de investigadores del centro de estudios Fundar elaboró un informe en el que se resalta la importancia de transparentar las plataformas y abrir esas cajas negras que ordenan el trabajo diario como un elemento fundamental para mejorar las condiciones laborales de las y los repartidores.

No es tan importante auditar los algoritmos, sino acceder a su explicabilidad: que le digan al repartidor qué es es considerado bueno y malo

“Uno cuando trabaja sabe lo que tiene que hacer: cuáles son las condiciones de trabajo, que si falta al trabajo hay una sanción, que si llega tarde repetidamente probablemente lo echen. Pero cuando se conecta a la aplicación el trabajador no sabe lo que la plataforma espera de él. No es tan importante auditar los algoritmos, sino acceder a su explicabilidad: que le digan al repartidor qué es es considerado bueno y malo, porque si no trabaja en la sombra”, afirma la economista e investigadora de Fundar Sofía Scasserra.

La falta de transparencia de estos sistemas hace que las suposiciones sobre el análisis de datos puedan ser inexactas. Por ejemplo, al  momento de hacer un pedido se cree que el repartidor que va a buscarlo es aquel que está más próximo al comercio. “Esto no es necesariamente así porque el algoritmo contempla otras variables: cuántas horas se conectó ese repartidor en los últimos días, si se conectó en hora de alta demanda, si finalizó sus entregas”, aclara el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, otro de los autores de la investigación.

En agosto de 2021 entró en vigencia la “Ley Rider” en España para imponer regulaciones al sector. De acuerdo a la normativa, los trabajadores son considerados asalariados y obliga a las empresas a garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales y habla explícitamente de “gestión algorítmica del trabajo”. “La ley Rider dice que las empresas de plataformas le tienen que declarar a los trabajadores, a los sindicatos y a los estados la composición de los algoritmos que organizan el trabajo”, explica Ottaviano.

Para los investigadores, el rumbo a seguir tiene que ir en dirección de garantizar una serie de derechos, que se resignifican a la luz de la organización algorítmica del trabajo: derecho a la información y protección no discriminatoria sobre extracción de datos; garantía básica de horas de trabajo, turnos y pedidos básicos asignados por hora; libertad de rechazo de pedidos según franjas horarias o previsibilidad sobre las sanciones o impacto del rechazo de pedidos asignados; libertad de selección de horas o previsibilidad sobre las sanciones o impacto del rechazo de horas asignadas; remuneración por tiempo de conexión/atención; y remuneración adicional por tiempo de conexión/espera.

El argumento principal de las empresas ante posibles regulaciones es la baja de rentabilidad que pueden acarrear los cambios propuestos en nuevas regulaciones laborales. Para Ottaviano, es posible lograr una compatibilidad entre el modelo de negocios con algunos cambios adaptados a los derechos de los trabajadores en relación a la seguridad social y los riesgos laborales. Considera que, por ejemplo, “sería lógico que a los repartidores no se les exija que hagan una entrega en cinco minutos, lo que les obliga a ir por contramano a alta velocidad por las calles de una ciudad y accidentarse” por lo que debería “estar escrito en la norma o en la negociación colectiva”.

Por otra parte, los investigadores consideran que hay un gris en medio de la dicotomía relación de dependencia/trabajo autónomo constituido por “figuras intermedias”, como el trabajo autónomo económicamente dependiente: las personas “cuasiempleadas” en Alemania o las “parasubordinadas” en Italia. En este marco, proponen una nueva forma de estructura jurídica para el sector, que no se referencia en el modelo laboral tradicional fordista ni en “la falsa autonomía que niega derechos”. 

Postulan al “estatuto” como la herramienta más adecuada en la Argentina para la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras en la economía de plataformas, y para incorporar la soberanía del tiempo de trabajo como una aspiración a tener en cuenta en cualquier norma por redactar.  “Es una herramienta jurídica que permite aplicar regulaciones tradicionales de orden público laboral conjugadas con técnicas de protección propias de la organización algorítmica del trabajo”, detalla el documento.

Entre otras cosas, consideran que un estatuto especial para el sector permitiría clasificar la actividad, precisar los términos de trabajo, las protecciones que le corresponden por ley y sus obligaciones al tiempo que abriría la posibilidad de conformar unidades de negociación colectiva.

En Argentina Pedidos Ya, propiedad del cluster internacional Delivery Hero, empezó a operar en 2010 y controla el 76% del mercado con 35.000 repartidores activos en 80 ciudades. En su proceso de expansión en América Latina, adquirió en 2020 las operaciones de la española Glovo. En 2018 se lanzó Rappi, compañía de capitales colombianos, que detenta aproximadamente el 22% del mercado local con 23.000 repartidores en 8 ciudades.

DT

Mientras en las calles de Colombia se respiraba un ambiente espeso, producto del cruce entre el pico más mortífero de la pandemia y un mes de paro nacional, Armando [nombre falso para proteger su identidad] recibía en el móvil una ráfaga de mensajes desconcertantes. Rappi, la poderosa empresa de servicio de reparto a domicilio, donde trabaja como repartidor desde hace año y medio, le informaba: “¡Conéctate en estos días de alta demanda y gana el triple si trabajas con la opción de auto aceptación [que implica llevar el pedido a cualquier sitio sin importar la distancia]. Aprovecha la hora de la cena y ganarás 4 mil pesos [un euro] extra!”.

Este venezolano de 23 años afincado en Medellín recuerda que en aquellas jornadas de principios de junio, cuando las movilizaciones se anunciaban más agitadas, recibía en simultáneo notificaciones sobre el cierre temporal de las oficinas de la plataforma fundada en 2015. Se trataba, dice, de una muestra más de la desconexión de la empresa con la suerte de alrededor de 50.000 repartidores en las calles de un país en estado de combustión.

Detrás del brillo de la gran start-up de reparto latinoamericana, con 360.000 repartidores activos en 9 países de la región, se asoman a partes iguales cientos de denuncias que abarcan desde el mal funcionamiento del sistema tecnológico, el algoritmo, hasta prácticas empresariales que han sido sancionadas. El gigante ha dejado por el camino tanta innovación, riqueza y poder como precariedad y explotación. Todo lo anterior englobado dentro de la llamada “economía colaborativa”.

Fuentes de Rappi tasan hoy su valor en U$S 5.250 millones. Pero el prestigio del primer “unicornio” latinoamericano, una etiqueta que designa a las empresas tecnológicas que alcanzan los U$S 1.000 millones de valoración, se ha visto desdibujado paulatinamente.

Parte del nudo se halla en el mismo punto que la Ley Rider española ha tratado de desenredar para regular la actividad de empresas como Glovo o Uber Eats y que diversas sentencias en Europa y Estados Unidos han ido aclarando: ¿Cuál es el carácter legal de la relación entre los repartidores y las plataformas digitales? Un análisis publicado en marzo por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes revisó 38 sentencias en 12 países, desde Sudáfrica hasta Australia, que abordaban litigios sobre el asunto. En el 79% de los casos, los jueces declararon la existencia de una relación laboral.

Las grandes plataformas alrededor del mundo, como Rappi, esgrimen invariablemente que los trabajadores no son tal porque son libres de aceptar o rechazar los servicios a domicilio. Ellos deciden, agregan, cuándo conectarse o desconectarse. Se trata de “aliados” temporales que aceptan unos “términos y condiciones de uso de la aplicación”. De esta forma, en octubre de 2020, nació en Bogotá el primer sindicato de trabajadores de plataformas digitales del país. Inspirados por sus pares argentinos, que se agremiaron en 2018, el 4 de junio se montó vía Whatsapp la primera huelga contra una plataforma en América Latina.

Rappi, ante la presión social y algunas críticas en prensa, ha introducido pequeños cambios. Hoy sus repartidores cuentan, por ejemplo, con dos pólizas de seguro que cobijan únicamente los tiempos de entrega y una cobertura básica de protección de riesgos laborales.

Enrique [también nombre supuesto], venezolano de 41 años, sufrió en mayo un accidente en moto que lo dejó al filo de la muerte cuando se desplazaba para un reparto. Dos meses y medio más tarde sigue convaleciente. Relata que el seguro que suministra Rappi cubrió “diez terapias y una consulta”. Un aporte insuficiente que “no se hace cargo de casi nada”. Recuerda que pasó horas al teléfono en la siempre desangelada área de “Soporte”, donde “nadie tuvo una voz de aliento” tras haber permanecido diez días en coma: “Es que yo estoy vivo porque dios es muy grande, hermano”.

La situación no es exclusiva de Colombia. Carolina Hevia, venezolana de 31 años, repartidora y líder sindical, señala que un “compañero en Ecuador casi pierde el pie por un bus que le pasó por encima; en Chile hubo uno que perdió la mano; y en México otro perdió la pierna. También hay chicos que han muerto por Covid”. Según Hevia, que está refugiada en Ecuador por presuntas intimidaciones y seguimientos provenientes de la empresa que ya han sido denunciadas ante la Fiscalía, en todos esos casos ha sido necesario instaurar querellas.

No menos tormentosa resultó la polémica que surgió en junio a raíz del anuncio de que la empresa solo vacunaría a 2.000 “rappitenderos”. El comunicado suponía la aceptación del vínculo laboral y rezaba: “Priorizaremos a aquellos repartidores que en el histórico, han estado conectados más tiempo en Rappi realizando órdenes, entendiendo que son quienes corren más riesgo de contagio (…)”. El Ministerio de Salud colombiano dejó claro que un decreto que daba carta blanca a las empresas para inmunizar a sus empleados estipulaba vacunar al 100% de sus efectivos. Rappi tuvo que recular.

“Si te importan tus empleados”, afirma una analista en asuntos digitales que pide el anonimato, “debes garantizar vacunas para todos. Pero no conviertas un tema de salud pública y de dignidad humana en los juegos del hambre. ¿Vas a vacunar solo a los que más entreguen? Eso es echar a la gente a los leones”.

Mostacho blanco y mercado negro

Todo comenzó con Grability, antecesora de Rappi, fundada en 2013 por Sebastián Mejía (Cali, 1985), Simón Borrero (Cali, 1984) y Felipe Villamarin (Bogotá, 1989). El proyecto giraba en torno a un estudio de software que enlazaba a través de un dispositivo móvil, y de forma novedosa y fácil, a clientes y supermercados. Compañías como Reliance, en la India, Walmart en Estados Unidos o El Corte Inglés, entre otros, adquirieron licencias. La frontera del éxito estaba cerca.

Dos años bastaron para que el trío de veinteañeros recogiera las carencias de Grability y apostara por corregirlas. En el modelo de Grability los comercios podían tardar hasta tres días en entregar la compra a sus clientes. Estaba claro que debían agilizar esa transacción con una logística propia. Así fue como Grability fue integrada en una nueva firma, Rappi. Un software actualizado que funcionaría en adelante bajo el logo de un mostacho blanco al estilo inglés estampado sobre un fondo naranja chillón. La nueva aplicación proporcionaba tres funciones básicas: la compra de productos de supermercado, enlace a una lista de restaurantes y una opción de “antojos”.

En los primeros tiempos rondaba un aire de proyecto transformador. En Halloween muchos jóvenes colombianos se disfrazaban como repartidores. La idea era seductora. Ya no se limitaba a envíos de alimentación: ahora irrumpía la promesa de llevar “cualquier cosa” que el usuario deseara, a la hora y lugar que escogiera a través de esa tecla de “antojos”. El hoy presidente colombiano, el conservador Iván Duque, la utilizaría en la campaña electoral de 2018 como ejemplo de la “economía naranja” que prometía impulsar.

Las oficinas en Bogotá se poblaron de una legión de ingenieros que no llegaban a la treintena y que, en general, desarrollaron un sentido de pertenencia casi religioso hacia la marca, hasta el punto de referirse a ella como la “universidad”. El lugar donde todo era susceptible de ser aprendido. Donde todo sucedía. A su vez, la operación fue implantada en los grandes mercados de la región: México y Brasil para empezar. Y “los niños”, afirma una fuente que pidió no citar su nombre, “duplicaron sus salarios y se comenzaron a comportar como altos ejecutivos”.

Las cosas han cambiado y los uniformes naranja han perdido lustre. Reuters denunciaba a finales del año pasado el florecimiento de un mercado negro de perfiles de repartidores falsos que se venden a través de Facebook por hasta 160 dólares cada uno. Muchos migrantes venezolanos, algunos indocumentados, apelan a este atajo cuando el algoritmo los bloquea como sanción por un mal servicio.

El sindicato de plataformas ha presentado al menos 200 acciones legales relacionadas con “bloqueos crónicos y arbitrarios a cuentas”, apunta la abogada Sandra Muñoz. Algunas han prosperado, otras no. Lo cierto es que la crisis migratoria venezolana ha expulsado a millones de personas en un continente con altas tasas de paro e informalidad. La aplicación se ha convertido en salvavidas para muchos. Se calcula que entre el 70 y el 80% de los domiciliarios de Rappi en Colombia son venezolanos que dedican tiempo completo a la empresa.

Para la Doctora en Derecho María Lorena Florez estos fenómenos son consecuencia de prácticas empresariales que afectan a los dos extremos del negocio: repartidores y consumidores. Cuenta que una queja en Rappi tarda un promedio de 18 meses en ser resuelta. “Mi impresión es que estas empresas están en una fase donde lo único que prima es lograr hacer prosperar su modelo de negocio. Invertir lo que haga falta en marketing. Y muy lejos en la escala de prioridades están los usuarios y la atención al cliente”.

Desde su punto de vista, ya es tarde para generar “códigos de conducta empresarial para estos negocios digitales”. Y en el caso colombiano, las empresas rechazan cualquier iniciativa que sea percibida como impositiva, pero tampoco “proponen modelos de autorregulación”.

La abogada Sandra Muñoz asevera que a la falta de reglamentación se une el poder económico que ha acumulado la firma. En los pocos proyectos de ley que han languidecido en el Congreso, la capacidad de incidencia política del gigante latinoamericano se ha hecho sentir: “Y no todo se reduce al tema de subordinación laboral. La operación de estas empresas aún no tiene un marco claro. Y como Rappi tiene tanto poder, no prestan atención ni al Gobierno ni a la sociedad civil”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, le impuso el año pasado la multa más alta en Colombia, algo menos de 400.000 euros, por violar las normas de tratamiento de datos de los usuarios. Desde Rappi se han limitado a informar que aceptan “todas las medidas impuestas”. Diversos analistas sostienen que sin normas claras, o leyes marco, los mecanismos de inspección laboral y empresarial serán insuficientes.

“La cultura de pedir perdón”

Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma, una ONG que trabaja en temas de derechos humanos y seguridad digital, asegura que la aplicación “aún no ofrece la opción de darse de baja. Tan solo se puede eliminar del móvil. Por eso sigue utilizando tu número de teléfono, el historial de compras, el correo y otros datos de forma totalmente indebida y muy poco transparente”.

Para la marca del mostacho blanco esas son batallas apenas perceptibles: “Tienen miles de quejas de usuarios y un goteo de sanciones en la Superintendencia. Pero nada de esto trasciende. En el ritmo frenético de la empresa no hay tiempo para un proceso de reflexión ni vocación de solucionar los problemas”, afirma una persona que trabajó allí, que remata: “En Rappi prima la cultura de pedir perdón, no la de pedir permiso”.

La compañía guarda silencio ante la pregunta sobre la percepción negativa de desequilibrio entre el mundo de los despachos y la precariedad de los “rappitenderos”. También sobre los motivos por los cuales aún arroja pérdidas, a pesar de las toneladas de capital inyectado por entidades tan acreditadas como el conglomerado japonés SoftBank, que invirtió 1.000 millones de dólares el año pasado.

Rappi acumuló entre 2016 y 2019 pérdidas netas por U$S 182,8 millones, según datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Y en enero del año pasado despidió al 6% de sus empleados. El año largo de pandemia y confinamientos ha significado una mejora en el volumen de negocio de las plataformas en el mundo. Un analista con experiencia en los movimientos de Silicon Valley lanza que desde Rappi se rumorea que este año podrían, finalmente, alcanzar el tan anhelado punto de equilibrio financiero.

El reto en las oficinas de Bogotá, por lo pronto, es catapultar la marca en una súper aplicación, al estilo de la china WeChat, y seguir expandiendo como una mancha de aceite el número de usuarios activos, que hoy llega a los 20 millones en 205 ciudades de la región. Ese es el mayor activo de la empresa.

Demasiado grande para caer

RappiTravel (compra de tíquetes aéreos), RappiPay (bancarización), TurboFresh (envíos de despensa a toda prisa), RappiCash (retiro de dinero a domicilio) son solo algunos de los diversos productos disponibles en el mostrador. Desde Rappi añaden que también existe un proyecto de entretenimiento en streaming, llamado Rappi entertainment.

Los números rojos de otras plataformas de reparto, como las estadounidenses Uber Eats o DoorDaash, han levantado suspicacias sobre la solidez del modelo de negocio de estas empresas. En el caso de Rappi, explica el analista digital, la historia se repite: sigue recibiendo dinero de inversores de capital riesgo para mantener la operación; sigue creando nuevos productos; sigue incrementando su valoración, pero sin obtener beneficios. Ni dar el salto a bolsa.

Y acota con una fórmula que hizo escuela durante la Gran Recesión: “No sé qué ocurrirá a largo plazo, pero tengo la impresión de que a estas alturas ya se trata de un invento demasiado grande para dejarlo caer”.

De cualquier forma, el Doctor en economía David Bardey concede que el relato en medio mundo apunta a que las nuevas tecnologías y las legislaciones irá hallando un punto donde las empresas puedan funcionar según sus nuevas características, a la vez que los organismos políticos y los consumidores tengan herramientas para acotar y reglamentar sus operaciones.

El abogado laboralista Iván Daniel Jaramillo añade que Rappi tendrá que ajustarse a un modelo “socialmente rentable”. Porque la crisis sanitaria y los profundos estallidos sociales en la región sugieren que mantener a miles de trabajadores en la informalidad laboral y a millones de usuarios tan expuestos a un mal servicio, no será a la larga rentable para nadie.