Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región experimentó un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

Perú

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

Colombia

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El Tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

Brasil

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

Ecuador

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

Costa Rica

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

Honduras

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

Los promotores del apagón democrático se revelan como líderes con el poder de arrastrar amplias masas de ciudadanos hasta la periferia del sistema para cruzar el Aqueronte. Como en El Rinoceronte, aquella obra de Ionesco del teatro del absurdo que convertía en monstruos a los habitantes de un pueblo francés, víctimas de “rinocerontitis”: al principio parecía exagerado, descabellado, después se producía la metamorfosis. ¿Acaso están muy alejados de los vikingos que colapsaron el Capitolio o los hooligans bolsonaristas que quisieron tomar las instituciones de Brasilia? 

Nayib Bukele no es un empresario de bienes raíces como Donald Trump ni un economista asilvestrado como Javier Milei, declarado admirador de Jeff Beck pero que se despeina en los escenarios con aire y gestos de Gary Glitter. A diferencia de ellos, Bukele se acerca más a un personaje de Stendhal en el sentido de la pasión, la ambición y, sobre todo, la búsqueda de la gloria napoleónica. Aunque Bukele está ahora en el trance de esta última fase imperial ya que, al igual que Trump se proclama rey en X y aparece soltando excrementos al mando de un caza, Bukele en su estado de la misma red se autodefine como un Philospher King. 

A diferencia de Trump, Milei, Santiago Abascal o, incluso, Isabel Díaz Ayuso, Bukele comparte su deriva con JD Vance, el vicepresidente de Trump y brazo político de Peter Thiel, con un significativo pasado progresista que licuó para abrazar el populismo disruptor. Nayib Bukele es alguien que sintió desde adolescente el latido vivo de su sangre palestina y la tensión revolucionaria de la poesía de Roque Dalton. 

Gabriel Labrador, periodista en el exilio de El Faro, medio salvadoreño que se vio obligado a trasladar su redacción a Costa Rica, cuenta en un largo artículo sobre Bukele que su padre, cuarta generación de palestinos, era un próspero comerciante, polígamo y hombre de izquierdas, quien dio una vida y una educación privilegiada a Nayib, abriéndole, incluso, el camino para acercarse al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Bukele, un joven y brillante publicista, se hizo cargo de la imagen del FMLN y dio un paso más al presentarse como candidato al ayuntamiento de una pequeña ciudad. El joven que en la universidad había lucido una camiseta en la que se leía Class Terrorist ganaba así su primera elección. 

Bukele iniciaba su carrera política con la pulsión del Che pero, a diferencia de este, ya sabía moverse en la selva de lo real y rápidamente comenzó a utilizar la guerrilla en las redes sociales. Aunque era solo un foquista digital ya demostraría, desde la presidencia del país, cómo se puede aplicar la violencia en la vida cotidiana al tiempo que se pregona combatirla. Pero entonces, corría el año 2012, solo tenía 30 años, era alcalde y declaraba: “Soy de izquierda radical, porque quiero cambios radicales en El Salvador, donde no debe imperar más la ley de la jungla”.  

El siguiente paso fue el ayuntamiento de El Salvador pero el instinto revolucionario fue cediendo a la mirada populista. Se distanció del FMLN y cuenta el escritor Tom Stevenson que ya pretendía formar un nuevo partido político “no sería ni de izquierdas ni de derechas”, sino un movimiento que trascendería la vieja política. El candidato ya estaba en otra parte. Cuando ganó el ayuntamiento de la capital tenía más seguidores en Twitter que Salvador Sánchez Cerén, entonces presidente del país. 

En su libro Bukele, el rey desnudo, el periodista, escritor y jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez, hace una síntesis diabólica de esta deriva: “Bukele es popular desde que ganó la alcaldía de la capital en 2015. Más con la mayoría absoluta que lo hace presidente en 2021. Ocupó la Asamblea Legislativa para sustituir ilegalmente al fiscal general que lo investigaba y a los magistrados de la Corte Suprema que lo cuestionaban, puso a los suyos y tuvo poder absoluto”. 

Cuando Bukele es elegido presidente en 2019 se convierte en el jefe de Estado más joven de América Latina. Había abandonado el FMLN y bajo su nueva agrupación enterraba el bipartidismo y dejaba atrás a sus anteriores predecesores que habían sido arrestados o acusados, y todos ellos procedían de los dos principales partidos políticos de El Salvador, que habían gobernado sin interrupción durante más de dos décadas. Había sido un período de pobreza crónica, violencia infinita y emigración masiva. Bukele, por libre, llegaba como un reformista anticorrupción: “Hay suficiente dinero para todos, siempre y cuando nadie robe”. Aún hoy se escucha este lema. El dinero se sigue echando en falta.

El mundo lo conoció en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, cuando, en medio de su discurso, se hizo un selfie desde la tribuna con matices pedagógicos, ya que indicó a los líderes mundiales presentes que “un par de imágenes en Instagram pueden tener más impacto que cualquier discurso en esta asamblea”. Su modo de intentar minar el poder institucional de la ONU degradándolo in situ sin perder las formas es más efectivo que los improperios de Trump en ese mismo atril. No en vano, cada vez que puede, invoca a Alejandro Magno y a Steve Jobs. 

En su primera presidencia estaba en minoría en la Asamblea Nacional, donde no podía controlar ni siquiera el presupuesto. Así las cosas, anunció un plan de seguridad que no contaba con el apoyo de la cámara. Bukele demostró que disponía de una vía rápida: por las malas. Convocó al pueblo ante el Palacio Legislativo y ordenó a los militares y policías a hacer lo mismo. Entró al edificio, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea y dijo: “Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

El cuento es muy sencillo. Para acabar con la violencia y el estado permanente de anarquía, se suprimió el Estado de derecho, ya que a través del estado de excepción se suspendieron los derechos constitucionales. El Salvador ostenta el título de la mayor población carcelaria per cápita del mundo. Los detenidos en las cárceles no tienen que comparecer ante un juez ni se les da una razón para su detención. Los opositores políticos han sido encarcelados o, con más suerte, expulsados al exilio. Bukele manda, está al frente del monopolio de la violencia y lo proclama en X: “El dictador más cool del mundo”.

Es verdad que la reducción de homicidios empezó con la primera presidencia de Bukele, cuenta Óscar Martínez, “pero fue él quien la consolidó hasta mínimos históricos gracias a sus casi tres años de pactos con los criminales y el posterior régimen de excepción. Pactos secretos y estado policial, esa fue su fórmula”. 

Bukele puso fin a las maras criminales pero pactó con ellas para alcanzar la alcaldía de la capital y ser presidente después. Al final, rompió con las pandillas pero lo hizo fracturando el Estado de derecho. Las cifras son lapidarias: 87.000 salvadoreños presos en tres años en 22 cárceles de las cuales solo se enseña una. En ella se ha visto a Kristi Noem, secretaria de seguridad de Trump; a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Milei y, recientemente, a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. Todos muy interesados en este sistema que reduce la tasa de delito e incrementa el número de votos. 

El giro ideológico de Bukele no se debe entender como un péndulo en el arco político sino como un giro copernicano desde la Constitución al arrabal del sistema democrático, periferia en la que se abraza, entre otros, con Trump y Benjamín Netanyahu, quien al igual que da la bienvenida a un gentil como Milei se congratula de tener a un descendiente de palestinos en el Consejo de Paz para Gaza. 

Cuando hablan los dirigentes de Vox o irrumpe Isabel Díaz Ayuso con ecos autoritarios, hay que discernir que la denuncia que hacen de las disfunciones democráticas no conduce a su superación sino a la supresión del sistema como lo demuestra la vanguardia que representa Bukele, alguien que llegó al poder planteando la igualdad fraterna que invoca la Biblia para acabar en el Apocalipsis: los tibios serán vomitados. Lo augura Óscar Martínez: “Todavía no hemos visto su etapa más violenta”.

El día antes de publicar una exclusiva que demostraba cómo el líder de El Salvador, Nayib Bukele, había negociado y pactado con las bandas que tenían a todo el país sometido, el periodista Óscar Martínez se exilió a México. “Pensábamos que sería una salida preventiva, ya habíamos hecho algunas previamente”, recuerda por videoconferencia. 

El día antes de regresar a su casa, Martínez descubrió que el Gobierno había preparado una emboscada para plantarles drogas a su regreso tanto a él como a sus colegas y que la Fiscalía pretendía acusarles de agrupación ilícita. Desde mayo de 2025 no puede volver a su hogar. “La salida preventiva ahora ya se ha convertido en nuestra realidad”, afirma.

El reportero es redactor jefe de El Faro, un periódico fundado en El Salvador a finales de los 90 en el que se han publicado las mejores investigaciones periodísticas de las últimas décadas en Latinoamérica. En 2023, el medio trasladó su sede a Costa Rica y actualmente toda la plantilla que estaba en El Salvador (22 personas) está en el exilio.

Martínez acaba de publicar Bukele, el rey desnudo (Cuadernos Anagrama), un interesante perfil-reportaje sobre el “dictador” más viral de la actualidad, un autócrata que cuenta con el respaldo del 80% de la población tras acabar con la violencia de las bandas en El Salvador a costa de suprimir prácticamente cualquier derecho civil. 

“Es una popularidad real, pero atravesada por el miedo”, opina Martínez. Y da un dato: seis de cada diez salvadoreños creen que pueden sufrir represalias si critican a Bukele. 

El libro describe cómo, entre seguridad y democracia, buena parte de los salvadoreños han elegido la primera tras lustros bajo el yugo de las bandas. El resultado es que, en un país de seis millones de personas, hay casi 100.000 salvadoreños encarcelados. “No sería extraño decir que el 50% de las personas que están en prisión no pertenecen ni han pertenecido nunca a ninguna pandilla”, afirma. 

Tras llegar a tasas de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, Martínez describe El Salvador como un país “sembrado de cadáveres”, con una población empobrecida y “desesperada” que sólo se preocupa por sobrevivir. “La sociedad necesitaría que más gente tuviera el privilegio de reflexionar”.

Es en ese contexto que aparece Bukele, con un mensaje “simplista” que logra convencer a la población de que la democracia ya se ha probado y no ha funcionado. “Veníamos de la paz más violenta que el mundo ha conocido”, recuerda Martínez. “Y nos vendieron que la democracia no servía cuando realmente nunca hubo democracia de verdad”.

El ascenso al poder del “dictador”

El texto dibuja a Bukele como un hijo de una familia acomodada, descendiente de inmigrantes árabes que llegaron al país a finales del siglo pasado y lograron enriquecerse a base de trabajo. “Él ya nace privilegiado, en una familia rica que tiene empresas de publicidad, concesiones, negocios de alimentación e inmobiliarios…”, explica el autor.

Bukele entra en contacto con la política de bien joven, trabajando en las campañas del principal partido progresista de El Salvador encargadas a la empresa de publicidad de su familia. 

El futuro presidente demostrará una gran capacidad de adaptación, pasando de alabar al Che Guevara y al régimen de Nicaragua a convertirse en punta de lanza del movimiento MAGA y de las criptomonedas. También sabrá controlar los resortes que apuntalarán la actual ola reaccionaria: utiliza las redes, busca la viralidad y es capaz de simular que tiene una conversación con Dios ante miles de personas que lo aclaman. 

“Bukele es, sin duda, un gran publicista. Tiene sentido de la oportunidad y sabe adaptarse”, señala Martínez.

Su ascenso al poder, sin embargo, no se explica sin los pactos que alcanza con las principales bandas del país a partir de 2012. El texto explica cómo Bukele acuerda con ellas reducir los homicidios a cambio de dinero y votos, primero para obtener una pequeña alcaldía, después para gobernar la capital y posteriormente el país entero. 

“El primer paso importante en su carrera como político nacional lo da de la mano de las pandillas”, explica Martínez, que describe el pacto como un “complot criminal” que incluía que las bandas pudieran elegir a quién debía asesinarse dentro de las prisiones salvadoreñas.

Esa relación de conveniencia salta por los aires en 2022, cuando las maras asesinan a 72 personas en apenas 24 horas y Bukele decide ir a por ellas. “Suena muy frío decirlo así, pero ese fin de semana [las bandas] mataron de más”, rememora Martínez. 

“Bukele necesita en ese momento un cambio de narrativa y opta por un Estado policial, en el que todavía estamos a día de hoy”, prosigue el reportero. “La actual ministra de Educación es una capitana del Ejército y cualquier soldado puede hacerte lo que le dé la gana”. 

Es en ese Estado policial que Bukele adquiere un tono mesiánico para justificar su perpetuación en el poder. Paralelamente, él y su familia amplian su patrimonio: el 80% de las tierras de la familia han sido adquiridas desde que es jefe del gobierno, las empresas de sus parientes han pasado de tener miles de dólares a millones y su residencia privada está siendo reformada con fondos públicos. 

“Pero a la población no parece importarle esto ahora mismo”, lamenta el periodista. “El tejido social estaba tan roto por la violencia de las pandillas, que se celebra en colectivo que no haya más bandas, pero se sufre individualmente por la pérdida de libertades”.

La dificultad de cubrir un país desde el exilio

A medida que Bukele se perpetuaba en el poder y se iban desmontando las pocas garantías democráticas en El Salvador, los periodistas de El Faro fueron abandonando el país ante el aumento de las amenazas y de las visitas policiales a los domicilios de los reporteros. 

Desde el pasado mayo, el medio cubre lo que ocurre en El Salvador desde el exilio. “Todavía nos estamos adaptando”, apunta Martínez que, como buena parte de sus compañeros, fue espiado a través de su móvil con el spyware Pegasus.

“Nos enteramos [del espionaje] de casualidad, porque a una colega del periódico se le calentaba mucho el teléfono”, recuerda. “Entonces descubrimos que todos los miembros de la redacción teníamos el teléfono infectado”.

Martínez explica que, desde su huida, han aprendido que el exilio era más grande de lo que pensaban y que, en ocasiones, resulta incluso más sencillo obtener información desde el extranjero de antiguos funcionarios, fiscales y jueces que cayeron en desgracia. 

“El exilio fue como una de las últimas consecuencias antes que la muerte o la cárcel”, apunta. “Nos puso en una posición bien rara, pero fue la última muestra de que estábamos dispuestos a hacer lo que había que hacer para seguir informando”.

Martínez no es nada optimista respecto al futuro de su país. Bukele solo tiene 44 años y no tiene intención de abandonar la presidencia. El año pasado redujo en 130 millones el presupuesto en salud y educación y aumentó el del Ejército, a pesar de que las pandillas están desarticuladas a día de hoy.

Para el periodista, esto solo indica que prepara el terreno para cuando le toque reprimir a los ciudadanos. “Aún no conocemos a un Bukele impopular. Cuando dejen de sonar los aplausos en la plaza, van a sonar las botas militares”, concluye. “No creo que hayamos visto todavía la etapa más violenta de Bukele”.

Una fila de cadáveres sobre el asfalto, frente a una guardería pública, colocados unos junto a otros en una sucesión que parece interminable, que se pierde en el punto de fuga de la foto. La imagen del megaoperativo policial de esta semana en Río de Janeiro es la de los muertos recuperados y trasladados por sus propios familiares a esa especie de fosa común callejera. Una imagen que cristaliza la idea que la ultraderecha intenta instalar como nueva norma: la seguridad como derecho justifica incluso saltarse otros, en concreto, los derechos humanos. 

El gobernador bolsonarista Claudio Castro aseguró que la operación policial –que tenía como objetivo un centenar de detenciones en dos favelas– fue un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña, con más de 130 muertos. “Exceptuando la vida de los (cuatro) policías fallecidos, el resto fue un éxito”, afirmó Castro, que aseguró que si hay “errores en la clasificación” de los asesinados, serán “residuales”.

Esta misma semana, Estados Unidos perpetró otro ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, matando a cuatro personas. Es el último de los bombardeos contra pequeñas embarcaciones que, sostiene el Gobierno de Donald Trump sin aportar ninguna prueba, transportan droga para supuestas organizaciones criminales. Este tipo de operaciones realizadas en jurisdicción de otros países, como Venezuela o Colombia y sin orden judicial, dejaron ya más de 60 muertos. 

Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona. Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica

Sonia Andolz — Universidad de Barcelona

También esta semana, el presidente de El Salvador Nayib Bukele celebraba en sus redes que un periódico húngaro convirtiera su apellido en verbo. The European Conservative, un medio en inglés alineado con el líder ultra Viktor Orban, hablaba de bukelear como “solucionar un problema que los liberales consideran ‘demasiado complicado’, simplemente ignorando sus excusas prolijas y haciendo lo obvio”.

Excusas prolijas como un proceso o un juicio justo, el respeto por el orden institucional e incluso la soberanía de los países. “Hay una progresiva normalización de las ideas de extrema derecha, una maximización de temas, lemas y discursos cada vez más radicales. En buena medida porque partidos de la derecha mainstream compran parcialmente estos relatos”, explica Steven Forti, historiador especialista en extremas derechas. 

La guerra contra ‘los otros’

La idea de la seguridad como bien a defender sobre todas las cosas no es nueva. “El 11S se aprovechó para iniciar lo que Bush llamó la guerra global contra el terror”, analiza Sonia Andolz, profesora asociada de Política Internacional en la Universidad de Barcelona. “En cambio, en la última década el discurso de las ultraderechas está más vinculado con la seguridad policial y la mano dura”.

Este discurso apela a sectores de la población muy claros: “A los que saben que la desigualdad es muy grande y entonces sienten que necesitan proteger sus bienes y a los más desfavorecidos, que sienten que lo poco que tienen también está en peligro”, desarrolla Andolz.

En Estados Unidos, la supuesta preocupación por los índices de criminalidad –desmentidos por las estadísticas oficiales– justificóa otra de las grandes políticas de seguridad de Trump: la militarización de varias ciudades –casualmente, demócratas–. En total ya son cinco las urbes en las que el presidente intentó imponer la intervención de las fuerzas federales: además de la capital, Washington, desplegó tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis. Desplegó una fuerza militar (ICE) para perseguir a personas migrantes, que terminan en centros de detención en los que están ilocalizables y muchas veces no saben ni siquiera de qué se les acusa. 

“El de la seguridad es un caballo de batalla de la extrema derecha desde siempre, como mínimo desde los años 80, con partidos como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, que lo vinculaba directamente a la inmigración”, apunta Forti.

El problema se agrava cuando lo replican otras fuerzas y termina instalándose en el discurso como una realidad. “La verdad es que cuando un partido bombardea con un tema constantemente, tarde o temprano le empieza a ser rentable. Y desde ahí se copia y se expande. Basta ver lo que sucede con Vox y el PP”, remacha el historiador. 

Bukele como referente (y como verbo)

¿Y de qué hablan los medios ultras cuando dicen bukelear? Tras el 'milagro' de la reducción de los niveles de criminalidad en El Salvador, el presidente se convirtió en un verdadero referente de la persecución del delito, incluso cuando es señalado por llevar sus políticas al límite de la legalidad e incluso atravesando de las líneas rojas de los derechos humanos. 

Un informe de Amnistía Internacional recoge que desde el comienzo del estado de excepción en El Salvador en 2022 hasta el final de 2024 se habían registrado 83.900 detenidos, acusados de delitos relacionados con las pandillas. Pero según las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de esas personas no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales. Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el estado de excepción había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y restricciones sobre el derecho a la defensa. 

Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional admitió solo el 1,6% de las peticiones de hábeas corpus presentadas en el estado de excepción y sólo el 0,4% de los casos se resolvió favorablemente. Además, las organizaciones destacan los niveles de hacinamiento críticos del sistema penitenciario, con un índice de ocupación del 350%, según las ONG locales. 

Pero el que se autodefine como “el dictador más cool del mundo” en su perfil de redes sociales introdujo un elemento que se volvió fundamental para este relato de las nuevas ultraderechas: el espectáculo. 

La foto de los cadáveres o de parte del operativo tomada con drones en Río de Janeiro, los videos de bombardeos a las lanchas que la propia administración Trump difunde en redes, son una forma de generar más impacto en la población y fijar el mensaje. Y tuvieron su punto más disruptivo cuando Bukele hizo posar a los detenidos con las cabezas gachas en filas interminables, vestidos solo con ropa interior y dejando ver sus característicos tatuajes. 

“La ‘espectacularización rebelde’ es la manera en que la extrema derecha está comunicando estos discursos”, confirma Forti. “Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona”, agrega Andolz. “Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica”, explica. 

El señalamiento del otro como enemigo, la espectacularización del castigo y la exhibición de fuerza y poderío transmiten la idea de que hay alguien al mando para protegerte del peligro que sentís. Una sensación amplificada por el discurso en las redes, y “alimentada por la circulación de fake news, que mueven pasiones tristes y emociones negativas como el miedo y el odio”. Y así la rueda sigue girando.

Cuando Nayib Bukele confirmó que se postularía a la reelección en febrero de 2024, advirtió de algo que muchos temían: el mandatario buscaba perpetuarse en el poder, fuera como fuera.

Bukele se presentó entonces a los comicios —y los ganó, con una holgada mayoría— a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía claramente en su artículo 152.

La última decisión de la Asamblea Legislativa, dominada casi por completo por el partido gubernamental Nuevas Ideas, apuntala la espiral autoritaria en la que el presidente ha sumido El Salvador. El Congreso ratificó este jueves una reforma a la Constitución que modifica varios artículos, entre ellos el 152, para permitir la reelección presidencial indefinida. Esto deja vía libre a Bukele para mantenerse en el cargo el tiempo que quiera.

Sin opciones para una oposición neutralizada

Antes de que se aprobara la reforma constitucional con 57 votos a favor y solo tres en contra, Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, dijo que el objetivo de la reelección indefinida es “darle toda libertad y el poder al pueblo para que decida cuánto tiempo quiere apoyar a sus gobernantes”. Figueroa aseguró que era necesario que las condiciones para reelegir al presidente “se homologuen al resto de los cargos de elección popular”, como diputados o alcaldes.

“Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, lamentó en la sesión del jueves la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, de la oposición. La congresista aseguró que la reforma constitucional es ilegal y que solo busca que Bukele se perpetúe en el poder. “Cuando todo gira alrededor de una persona, ya no existe democracia. Y cuando se pierde la democracia cuesta años recuperarla”, concluyó.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Right Watch, define la reforma como “un punto de no retorno en la ruptura del Estado de Derecho en El Salvador”. En entrevista con elDiario.es, Goebertus asegura que “esta decisión implica eliminar de manera definitiva la alternancia en el poder público y transita el camino hacia una dictadura”.

La nueva ley no solo elimina los límites para Bukele. También alarga los periodos presidenciales —pasan de cinco a seis años— y propone que el actual mandato finalice de forma anticipada, en 2027. El argumento para este cambio es, según la diputada Ana Figueroa, ahorrar las campañas electorales “tan costosas para el bolsillo del pueblo salvadoreño”.

El sistema electoral de El Salvador funciona de manera escalonada. Hasta ahora, los tiempos de cada periodo garantizaban que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebraran de manera separada para favorecer un sistema democrático y una alternancia de poderes. Al adelantar los próximos comicios y ampliar el periodo presidencial, se sincronizarían los tiempos del calendario electoral. Goebertus ve esto con desconfianza. “Es preocupante. Claramente, tratan de agilizar las elecciones para que haya más popularidad de Bukele y darle un espacio más largo presidencial”, dice a este medio.

Además, las reformas eliminan la segunda vuelta durante los comicios, también con el argumento del ahorro. En varios países latinoamericanos, el sistema electoral contempla dos rondas de votación. Si uno de los candidatos no llega a un porcentaje mínimo de votos en las elecciones, los dos punteros pasan a una segunda vuelta en la que la ciudadanía debe votar por uno de ellos. Al suprimir esta posibilidad en El Salvador, el sistema es mucho más directo y beneficia a la persona que tenga más apoyo popular, aunque sea con porcentajes mínimos.

El “manual del dictador”

La decisión de la Asamblea Legislativa es un paso más en la instalación de un gobierno autoritario —muchos lo definen abiertamente como dictatorial— en el país centroamericano.

Esta deriva comenzó durante el primer mandato de Bukele, cuando el político se dedicó, por una parte, a controlar los espacios que podrían suponer algún contrapeso y un obstáculo para mantenerse en el poder.

El primero fue el poder judicial. El presidente logró que la Asamblea Legislativa, ya entonces dominada por su partido, destituyera a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Estado. El colocar a personajes afines en esos cargos le garantizaría después la reelección: fue la Sala Constitucional la que lo autorizó para competir en los últimos comicios.

Aunque la destitución de los funcionarios tuvo un rechazo fuerte de la oposición, buena parte de la ciudadanía lo vio con buenos ojos. Para ese entonces, Bukele ya se había ganado el respaldo de la población. De hecho, su estrategia se ha centrado en mantener ese apoyo popular.

Para ello, se enfocó en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía salvadoreña: la inseguridad. Puso el foco en las pandillas y en 2022 instaló un régimen de excepción, que aún mantiene. A través de esta medida, cientos de personas han sido detenidas en los últimos años. La reducción de cifras de homicidios es el argumento de Bukele para defender los buenos resultados de su estrategia. Sin embargo, amparadas en el Estado de excepción, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias.

La siguiente estrategia de Bukele ha sido apagar las voces críticas contra su Gobierno. Su objetivo más reciente son las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. El pasado mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de agentes extranjeros. Una iniciativa que permite al gobierno fiscalizar a personas, empresas y asociaciones que reciban fondos del extranjero, a las que les impone un elevado impuesto.

Esta ley había sido frenada en el pasado por la presión de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ese contrapeso desapareció. De hecho, el presidente estadounidense ha encontrado en Bukele un aliado, ya que ha garantizado la recepción de personas deportadas de EEUU en su cárcel de máxima seguridad. Los dos han hecho público en varios momentos su buena relación y recientemente pactaron con Nicolás Maduro un canje de prisioneros.

Cristosal cesó sus operaciones en El Salvador hace un par de semanas y la mayoría de sus empleados salieron del país. Para Noah Bullock, director ejecutivo de la ONG, Bukele está siguiendo el “manual del dictador”. “Todas las instituciones están a servicio del régimen familiar de los Bukele”, dice a elDiario.es

La ley de agentes extranjeros se aprobó un par de días después de la detención de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, una activista reconocida a nivel nacional e internacional. El encarcelamiento de López fue un momento decisivo, que ha llevado a que decenas de periodistas y activistas de ONG tomaran la decisión de salir del país centroamericano, por seguridad.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado a mediados de junio en el que alertaba que más de 40 periodistas se habían ido al exilio. “Existen fuertes indicios de que el Estado tiene listas concretas de vigilancia, amedrentamiento y hasta capturas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, alertó la APES.

Es complicado saber cuánta gente se vio obligada a salir de El Salvador, pero Bullock estima que entre periodistas, activistas, líderes comunitarios, ambientalistas y empresarios superarán el centenar de personas. “Los exilios y la persecución son un síntoma de la retirada del apoyo internacional, también de Estados Unidos. Se sienten envalentonados”, concluye.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida.

Esta ratificación reforma los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, que también anula la segunda vuelta electoral y alarga el período presidencial a seis años.

La enmienda había sido aprobada la misma noche de este jueves, horas antes, en la sesión semanal legislativa y fue mandada a publicar en el Diario Oficial por el jefe de Estado salvadoreño.

Con la constancia de publicación, el partido gubernamental presentó en una nueva sesión la solicitud de ratificación, que fue votada en minutos y contó con 57 votos de los 60 diputados.

“Es procedente ratificar el acuerdo de reforma constitucional”, reza el decreto aprobado y que incluye una “disposición transitoria para viabilizar la reformas”.

Dicha disposición implica la reducción del período presidencial vigente hasta el año 2027 y no 2029 para que coincidan los comicios presidenciales, legislativa y municipales.

“Matar la democracia”

La ratificación obtuvo tres votos en contra, que son los únicos que posee la oposición, y no hubo intervenciones de ningún diputado antes o después de ser votada.

En el artículo 80, la nueva redacción elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección, mientras que en el 152 suprime el apartado que indicaba que no puede ser candidato a la Presidencia “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

En la sesión en que fue aprobada, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la reforma y dijo que los legisladores “han hecho una confesión publica de matar la democracia disfrazada de legalidad” y que “han matado la Constitución”.

Bukele inició el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían, tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso cuestionado.

En febrero de ese año, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: “Creo que no es necesaria la reforma constitucional”.

En esta sesión nocturna también fue ratificada una enmienda constitucional que busca sacar a El Salvador de el Parlamento Centroamericano.

Con información de la agencia EFE

“Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene”, publicó Bukele en un mensaje en X.

El mandatario salvadoreño comenzó su mensaje dirigiéndose a Maduro y diciéndole que “usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad”.

Bukele añadió que “a diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos” y aseguró que “todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos”.

“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, señaló el presidente centroamericano.

Bukele indicó que entre los “presos políticos” en Venezuela está “Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos”.

El mandatario salvadoreño agregó que en el canje, “se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa”.

Bukele dijo que la Cancillería salvadoreña “enviará la correspondencia formal” y finalizó diciendo que “Dios bendiga al pueblo de Venezuela”.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.

En total, EE.UU. ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la cárcel Cecot, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

MU con información de la agencia EFE

Desde que tiene uso de razón, a Andry José Hernández Romero le cautiva el día de Reyes, el 6 de enero, que da fama a su ciudad natal en Venezuela. Solía participar, junto a miles de cristianos, en las fiestas que se celebran en las calles de Capacho para conmemorar este día.

A los siete años, Andry se convirtió en un mini rey, como se conocía a los miembros del grupo de teatro juvenil del pueblo, Los Mini Reyes. Más tarde, se tatuó dos coronas en las muñecas para recordar las celebraciones carnavalescas de la Epifanía y sus raíces católicas. “La mayoría de los capacheros se tatúan una corona, a menudo añadiendo el nombre de su padre o de su madre. Mucha gente de la ciudad luce estos tatuajes, es una tradición que empezó en 1917”, dice Miguel Chacón, presidente de la fundación Reyes Magos de Capacho.

Los agentes de inmigración de Estados Unidos no parecen conocer esta tradición latinoamericana. En agosto, detuvieron a Hernández después de cruzar la frontera sur para acudir a una cita programada para la solicitud de asilo en la ciudad de San Diego. Maquillador, peluquero y amante del teatro de 31 años, Hernández es gay y explicó a los agentes que huía de la persecución derivada de su orientación sexual y sus opiniones políticas. Apenas unas semanas antes, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, había desatado una fuerte represión entre acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales tras 11 años en el poder.

Los agentes consideraron que los tatuajes de Hernández son una prueba de que es miembro de la pandilla más conocida de Venezuela, el Tren de Aragua, y que representa una “amenaza para la seguridad” de Estados Unidos. Según documentos judiciales publicados recientemente, un agente del centro de detención de Otay Mesa, en California, alegó que “el detenido Hernández porta [sic] tatuajes 'coronas' que coinciden con los de un miembro del Tren de Aragua”.

Esa valoración de menos de 20 palabras parece haber sellado el destino del joven estilista venezolano, pero sus amigos, su familia y sus abogados dicen que nunca ha cometido ningún delito. El 15 de marzo, tras más de seis meses detenido en Estados Unidos, Hernández fue uno de los muchos venezolanos trasladados en avión desde Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador como parte de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump. Para horror de sus familiares, algunos detenidos desfilaron ante las cámaras y fueron grabados mientras los guardias los maltrataban y les afeitaban la cabeza antes de meterlos en las celdas.

“Dejen ir a mi hijo. Revisen su expediente. No es un miembro de una pandilla”, suplica la madre de Hernández, Alexis Dolores Romero de Hernández. La mujer de 65 años intenta procesar que su hijo es uno de los muchos presos que ha desaparecido entre los muros del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo acrónimo es CECOT, un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca, El Salvador.

No sabe nada de él desde que la víspera de su traslado le llamó para comunicarle, erróneamente, que iba a ser deportado a Venezuela. “Todo el mundo tiene esas coronas, mucha gente. Pero eso no quiere decir que estén involucrados en el Tren de Aragua... Él nunca ha tenido problemas con la ley”, dice la madre de Hernández. “No sabemos nada. No nos dan ninguna explicación. No dan información. Ese es el mayor dolor, no saber nada de estos jóvenes, sobre todo del mío”.

“Es completamente inocente”

La situación de su hijo ha causado indignación en Táchira, el estado occidental donde creció. Los lugareños abarrotaron la pintoresca iglesia del siglo XIX de Capacho, San Pedro de la Independencia, para exigir su libertad. “Estamos hablando de alguien que ha participado en las celebraciones del Día de Reyes de Capacho durante 23 años”, dice Chacón, que lidera la campaña. “Por eso estoy haciendo todo lo posible para que este joven sea puesto en libertad. Es completamente inocente”.

Krisbel Vásquez, manicurista de 29 años, niega que su amigo, alguien “tranquilo, amable y sencillo” sea un villano. “Lo conozco de toda la vida. Él nunca ha molestado a nadie”, dice, y pide al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que reconsideren su decisión. Xiomara Ramírez, de 57 años, explica que su hijo creció con Hernández, y que ambos hacían los deberes juntos en su casa. “Me pregunto por qué tanta injusticia. ¿Por qué Estados Unidos no da oportunidades a personas buenas como Andry?”, pregunta Ramírez.

Melissa Shepard, abogada del Centro para la Defensa Legal de los Migrantes, con sede en California, que representa a Andry, se muestra perpleja por el hecho de que su cliente, “muy dulce, amable y considerado”, haya sido encarcelado en “uno de los peores centros penitenciarios del mundo”. “El hecho de que el Gobierno de Estados Unidos haya cogido a alguien tan vulnerable y lo haya puesto en una situación tan aterradora es horrible. Nuestro miedo es que si esto le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera”, dice.

La creciente indignación por la grave situación de Hernández, y la de otros venezolanos aparentemente inocentes deportados a El Salvador por sus tatuajes, se está extendiendo a lugares insospechados. “Es horrible”, dijo en su último programa Joe Rogan, un podcaster que apoya a Trump. Rogan ha apoyado la ofensiva de Trump contra los “criminales” venezolanos que, según el presidente, aterrorizan a EEUU. “Pero no [dejemos] que peluqueros gays inocentes sean metidos en el mismo saco que las bandas”, ha afirmado en su programa. “¿Cuánto tardarán en salir? ¿Cómo podemos sacarlos de la cárcel? ¿Hay algún plan en marcha para alertar a las autoridades de que han cometido un grave error y corregirlo?”.

Lo cierto es que nada parece indicar que la Administración Trump vaya a reconsiderar su decisión de enviar a tantos venezolanos a El Salvador basándose pruebas tan poco sólidas. El lunes, Trump agradeció a Bukele que El Salvador haya acogido a otro grupo de presuntos delincuentes latinoamericanos “¡y darles un lugar tan maravilloso para vivir!”. Por su parte, Bukele ha afirmado que las deportaciones son “un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, y que los 17 integrantes del grupo eran “asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil”.

En un encuentro con los medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ofendió cuando se le preguntó sobre el uso por parte de los agentes de un “sistema de puntos” para clasificar a los detenidos como miembros de pandillas en función de sus tatuajes o su atuendo. “Vergüenza debería darle a usted y vergüenza a los principales medios de comunicación por tratar de encubrir a estos individuos [criminales]”, respondió, asegurando que se utiliza “una letanía de criterios” para identificar correctamente a “terroristas extranjeros” o “extranjeros criminales ilegales” para su expulsión.

Shepard cuestiona la afirmación de la Administración de que detenidos como Hernández están siendo “expulsados”. “Ha desaparecido”, afirma. “Sé que el Gobierno intenta utilizar el lenguaje de que fue 'expulsado' [pero]... lo cierto es que ha desaparecido”.

“Quería ayudarnos y cumplir su sueño”

A miles de kilómetros de distancia, en Capacho, la madre de Hernández habla con tristeza de cómo su hijo decidió el pasado mayo, en contra de los deseos de su familia, salir de un país económicamente deteriorado y emprender el peligroso viaje hacia el norte a través de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. “Se marchó porque quería ayudarnos... y cumplir su sueño”, dice Hernández. “Ahora la realidad es muy distinta”.

En una tarde reciente, ella y cientos de manifestantes llenaron la iglesia de San Pedro para su última vigilia en apoyo de Hernández. Entre la multitud había tres hombres disfrazados de Reyes Magos, con barbas postizas y diademas salpicadas de joyas falsas. Portaban placas con las palabras 'conciencia', 'justicia' y 'libertad'.

“Nosotros, su familia y todo el pueblo respondemos de la inocencia [de Hernández]. No es posible que, en Capacho, tener un tatuaje de una corona sea un símbolo de orgullo, pero para él, sea una prueba de que es un criminal”, dice Chacón. “Sé que Trump es un buen hombre y Bukele es un buen hombre. Pero no puede ser que hayan mandado a este joven a la cárcel. Debe haber muchos otros jóvenes en la misma situación”.

Traducción de Emma Reverter.

MU

Desde el 8 de diciembre ¿Dónde están los niños? fue la permanente y angustiosa pregunta que formulaba Ecuador. En la Costa pacífica y en la Sierra andina, en la Amazonía y en las islas Galápagos, voces de la sociedad civil clamaban por Josué, Ismael, Saúl y Steven. El último día que los vieron con vida, ‘Los cuatro niños de Guayaquil’ habían terminado de  jugar al fútbol, como tantas otras veces más felices, en la canchita de Las Malvinas, población al sur de la ciudad puerto, capital económica y financiera del país sudamericano. Las calles de esa barriada popular, como cada calle en cada centro urbano de Ecuador, están militarizadas.

Un decreto del 9 de enero de 2024 del Poder Ejecutivo ecuatoriano declaró la “existencia de conflicto armado” vigente en toda la nación. Según el calendario electoral, 2025 es año electoral en Ecuador. Una investigación judicial en curso declaró manufactura militar los cuatro cadáveres infantiles hallados el 24 de diciembre. Hijo del hombre más rico del país —y barón de Guayaquil—, el joven presidente liberal Daniel Noboa lanzó oficialmente su campaña electoral personal.

El primer día de un mes buscando los votos que necesita para ganar un segundo mandato en las elecciones del 9 de febrero. Organizaciones de DDHH, intelectuales y activistas civiles concurren en señalar que una de las causas más eficientes en la génesis de los luctuosos hechos consumados en cuadruplicado es la militarización de la seguridad de la ciudadanía rural y urbana. Esa decisión que un puntual año atrás firmó el titular del Ejecutivo que ahora tiene un mes para convencer al electorado que decidirá su futuro de que los cuerpos calcinados encontrados en víspera de Navidad fueron una tragedia ajena a la voluntad, responsabilidad y control del jefe de Estado y comandante en jefe de las FFAA.

El decreto de “guerra interna” de Noboa supuso legitimar la militarización de la seguridad pública. Pero también habría habido cierta legitimación social de estas prácticas. Parte de la sociedad aceptó de algún modo una estrategia de guerra, bukelizada. Un punitivismo, de mano dura con una lógica de criminalización de la pobreza y de perfilamiento racial, que llegó a asociar el color de piel (aquel de tinte más oscuro) con la peligrosidad y la criminalidad.

Los cuatro niños nunca regresaron ni regresarán nunca jamás. Habían sido detenidos por militares que los torturaron, asesinaron. Sus cuerpos, calcinados, aparecieron el 24 de diciembre flotando en el río.

Desaparición forzada de personas y terror del Estado en el país que dolarizó

La Fiscalía confirmó el 31 de diciembre que los cuatro niños están muertos. Pidió prisión preventiva para 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de desaparición forzada, delito cuya sanción máxima son 26 años de prisión en el Código Penal del país. “Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada”, señaló el ente acusador a través de su cuenta en la red social X.

El anuncio llegó en momentos en que decenas de ciudadanos se manifestaban en las afueras del Complejo Judicial Guayaquil Sur para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido. “Escucha, escucha, escucha lo que pasa; los niños de Las Malvinas ya no están en su casa”, gritaban  los manifestantes.

Grupos de DDHH reaccionaron de inmediato luego que la Fiscalía confirmara el hecho. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador aseguró que este caso se “inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. “Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños”, agregó la Alianza, que también responsabilizó a ciertos medios de comunicación por difundir mensajes que pretendían estigmatizar a los menores y a sus familias. Los mensajes de conmoción, solidaridad e indignación no dejaban de circular, en mayor número, desde un mayor número de cuentas, y con más intensidad, por las redes.

Los cuatro niños de Guayaquil

Ismael Arroyo, de 15 años, quería  ser jugador profesional de fútbol. Era el goleador de su equipo que en 2024 obtuvo cuatro medallas. Josué, de 14 años, hermano menor de Ismael, era más dedicado a sus estudios que al deporte. Su madre mostraba con orgullo a los medios los impecables cuadernos del adolescente muerto. Es un lugar común evocarlo: cuando muere una madre muere su hija queda huérfana pero cuando los hijos mueren no hay palabras.

A pocas cuadras de la familia Arroyo vive la familia Arboleda. Aficionado a la música, Saúl Arboleda, asesinado a sus 15 años, era cantante. Participó en un video musical que hace oír la madre. Johana Arboleda cuenta que su hijo “canta en todas partes, solo vive cantando”. 

A sus 11 años, Steven Medina formaba parte de la Fundación Nueva Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde tocaba instrumentos musicales, bailaba y cantaba. Según su tutora Elizabeth Rosero, Steven tenía una conexión muy cercana con Dios: en los almuerzos, él siempre quería dirigir la oración.

Los militares los aprehendieron cuando los cuatro iban caminando cerca de un centro comercial. Después de que la justicia Civil caratulara el caso que investigaba como “desaparición forzada”, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares de las afueras de Guayaquil. En la localidad de Taura: cercana a una base militar de la Aeronáutica ecuatoriana. 

“En este caso no se aplicaron los procedimientos correspondientes y se configuró una grave violación de Derechos Humanos”, declaró Fernando Bastías, abogado del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Este organismo acompañó a las familias, que interpusieron el recurso de habeas corpus para que se reconozca la presunta responsabilidad del Estado en lugar de continuar la investigación bajo la figura del secuestro. “Jurídicamente aquí hay una desaparición forzada”, asegura.  “Porque hay una detención ilegal y hay una incomunicación de cuatro niños por parte de agentes del Estado”, explica el letrado defensor.

“No fue un exceso aislado, presidente Noboa: es una práctica sistemática”

Este crimen no es el único que la Fiscalía investiga sobre presunta desaparición forzada, al igual que por otros delitos de abuso de fuerza pública. El CDH ha señalado que responde “a una práctica habitual de las Fuerzas Armadas: excederse más allá de lo que establece la ley y ese exceso se materializa en una grave violación de Derechos Humanos”. En el caso de Los Cuatro Niños de Guayaquil, la Justicia constitucional que tramitó el habeas corpus aclaró que no se aplicaron los procedimientos. El proceder que no es aislado sino sistemático muestra cómo las FFAA ponen en riesgo a toda la población civil ecuatoriana porque se desconoce —dicho por las mismas autoridades—, si están aplicando el procedimiento adecuado. 

La mala práctica de la política de seguridad no se inició este pasado diciembre sino 12 meses antes. Es decir, inmediatamente desde la movilización presidencial de las FFAA. “Entre otros letales casos se encuentra el de Carlos Vega Ipanaque, ejecutado extrajudicialmente por un militar en Guayaquil”, declaró Bastías. El lunes 30 de diciembre, este mismo abogado presentó  ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional de Ecuador más casos de desapariciones en los que hay indicios suficientes de la participación de agentes estatales. Muchos de ellos son investigados como desaparición involuntaria y no como desaparición forzada. Al menos, hay una docena de casos más. Particularmente en Esmeraldas, localidad de la costa ecuatoriana, donde la población tiene miedo de denunciar.

“En el Ecuador estamos en medio de un sálvese quien pueda”, grafica la politóloga y analista de seguridad Carolina Andrade, “La gente ya no cree en el Estado, porque ha sido desmantelado durante los últimos años, y lo último que queda es la fuerza pública”, afirma Andrade. En este marco, “no hay un control directo político-civil por parte de las autoridades sobre la fuerza pública, ni militar ni policial”, sostiene al correlacionar con el crimen de Los cuatro niños de Guayaquil.

Militarización de la seguridad ciudadana, o qué pasa cuando las tropas son tu única policía

En un comunicado difundido el 30 de diciembre, organizaciones sociales y de DDHH alertaron del perfilamiento y la criminalización racial: “Niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la costa ecuatoriana”.

La persistente declaratoria del Poder Ejecutivo de la existencia de un conflicto armado no internacional en el país, casus belli doméstico rechazado en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional de Ecuador, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Desvirtuada la misión institucional de las FFAA, un clima de terror cunde entre una ciudadanía ya suficientemente atemorizada por las violencias del crimen organizado. 

Alumno aventajado de la generación Bukele va por un segundo mandato

La continuidad del “conflicto armado interno” con su consecuente militarización se pondrá a prueba en los comicios generales ecuatorianos que se celebrarán en el tan próximo 9 de febrero. Daniel Noboa busca la reelección: competirá contra 15 candidatos presidenciales. “En la campaña electoral se van a poner justamente en disputa dos tipos de modelos: uno que promueve el continuar con el conflicto armado interno, con la vulneración de derechos, con no invertir en lo social, y otros que proponen alternativas más integrales basadas en la construcción de paz”, precisa Andrade, integrante de la Red de Politólogas “No sin mujeres”.

Las elecciones presidenciales de febrero de 2025 serán un plebiscito sobre qué logró y qué malogró desde enero de 2024 el presidente ecuatoriano Daniel Novoa, representante aventajado en la región de la generación Bukele. La primera respuesta de su administración de mano dura frente al caso de los cuatro niños de Guayaquil fue sostener que la noticia de su secuestro, tortura y muerte era falsa. 

En medios de comunicación y ruedas de prensa las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arrojaron más dudas que certezas. Ante  la denuncia de desaparición forzada, Lofreddo  dijo: “le hacen el juego al crimen organizado y a las mafias” sin reconocer la participación de militares en este caso. Ante la fuerza de los testimonios obtenidos por la cámaras del lugar, tuvo que rectificar y aclarar que sí hubo dicha aprehensión, y que sí, que fueron militares los que los arrestaron. Pero no los mataron, no: la hipótesis del Gobierno es que fueron liberados durante la noche del día de la Festividad de la Inmaculada Concepción, en la zona aledaña a la base de Taura.

El Gobierno y las FFAA ratificaron el lunes 30 de diciembre que la detención de los menores de edad fue porque estaban delinquiendo. Una versión sobre la cual la Fiscalía dejó en claro que en este caso carece del apoyo de cualquier sea, más allá de la humana especulación oficialista.

Fue ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea, el Congreso unicameral ecuatoriano, que el ministro Loffredo aseguró que la aprehensión de los adolescentes “no fue parte de una operación, sino que se dio en circunstancias de un presunto acto flagrante”. Ante la fuerza de las pruebas, el Ministerio de Defensa difundió: “Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato”.

El sueño de los héroes, última intoxicación mítica

En consonancia con la tardía promesa del ministro de Defensa de su Gabinete, en declaraciones radiales el presidente Noboa afirmó: “Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie”. Adelantó una propuesta personal, sugerida a una comisión: “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”. Sin asumir responsabilidad alguna como Jefe de Estado y de Gobierno. Ni como presidente y candidato presidencial que busca su reelección.

Hasta ahora, el presidente, político y empresario Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de 37 años, nacido en 1987 en Miami (Florida), hijo del empresario bananero y candidato presidencial cinco veces derrotado Álvaro Noboa, da por sentado que pasará a segunda vuelta en las elecciones del 9 de febrero. Aunque sabe que todos y cada uno de los días de campaña durante las cuatro semanas que lo separan de esa fecha deberá responder preguntas sobre los cuatro de Guayaquil. Por qué Josué, Ismael, Saúl y Steven murieron, por qué nunca más van a jugar al fútbol en la canchita de la barriada cuyo nombre “Las Malvinas” homenajea al irrendentismo nacionalista argentino.

AGB/JJD

Líderes de formaciones y gobiernos ultraderechistas internacionales hicieron suya este miércoles la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses y se identificaron con sus postulados.

De Argentina a Brasil, de Italia a Hungría, dirigentes ultranacionalistas y populistas cantaron victoria junto al candidato republicano estadounidense frente a la demócrata Kamala Harris.

Milei pide a Trump que haga grande a América

El presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, felicitó a Trump por su éxito en los comicios y agregó que “puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea”.

En un mensaje a través de su perfil de X y en inglés, Milei pidió a Trump que “Haga América Grande Otra Vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones”.

Bolsonaro eufórico

Un firme aliado del republicano estadounidense es el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue muy expresivo en la red X: “Gracias, Dios mío” y citó un salmo de la Biblia: “El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega a la mañana”.

En un largo mensaje posterior, el exmandatario subraya que con la victoria de Trump “somos testigos del resurgimiento de un verdadero guerrero. Un hombre que, incluso después de enfrentar un brutal proceso electoral en 2020 y una persecución judicial injustificable, ha vuelto a levantarse, como pocos en la historia lo han logrado”.

Satisfacción de la ultraderecha europea

Uno de los principales seguidores de Trump en Europa es el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, quien se congratuló de la victoria electoral del republicano estadounidense, con quien dice tener “grandes planes”.

Orbán fue el único jefe de Gobierno de la Unión Europea que apoyó a Trump en las elecciones de 2016 y de 2020, y ambos líderes, que manifiestan mutuamente su admiración por el otro, se reunieron por última vez el pasado 11 de julio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó este miércoles a Trump por su victoria en las elecciones presidenciales y se mostró convencida de que “ahora se fortalecerá aún más” el “vínculo estratégico” entre ambos países, basado en “una alianza inquebrantable, valores comunes y una amistad histórica”.

Por su parte, su vicepresidente Matteo Salvini se mostró eufórico ante lo que consideró “un día histórico” y resumió la ideología de Trump en :“Inmigración ilegal y bajada de impuestos, defensa de las raíces cristianas y vuelta a la paz, protección de la libertad de pensamiento y no a los juicios políticos”.

En Países Bajos gobierna una coalición de partidos de derecha y ultraderecha y su primer ministro, Dick Schoof, felicitó este miércoles al líder republicano, al que tendió la mano para la “cooperación en los intereses compartidos” entre ambos países.

Por su parte, Geert Wilders, líder del partido de derecha radical PVV -principal socio de la coalición-, también mandó un mensaje de felicitación a Trump: “Felicidades, América. ¡Nunca paren, siempre sigan luchando!

En España, el presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, felicitó a Trump por su triunfo y resaltó la importancia del voto hispano en esta “victoria del mundo libre”.

“Es la hora de los patriotas” y de la “libertad”, dijo el líder de la tercera fuerza parlamentaria en España.

El nacionalista Modi felicita a su “amigo” Trump

El primer ministro de la India, el nacionalista Narendra Modi, felicitó a su “amigo” Donald Trump y dijo esperar que la India y EE.UU. trabajen por el “bienestar y para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales”.

Modi y Trump gozaron de una buena relación durante el tiempo en el que coincidieron como líderes de la India y EE.UU., respectivamente, durante el primer mandato del magnate estadounidense, entre 2017 y 2021.

Y fuera de la política llamó la atención la reacción del magnate Elon Musk, quien ha apoyado expresamente a Trump en la campaña y se mostró emocionado en su red social, X.

“El futuro será fantástico”, reza uno de los mensajes del propietario de SpaceX junto a la imagen de un cohete Starship de la compañía despegando desde una torre de lanzamiento.

Bukele. “Que Dios lo guíe”

El presidente del Salvador, Nayib Bukele, fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a Donald Trump, cuando aún no se oficializó su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras que también hubo mensajes de Emmanuel Macron, Volodímir Zelenski y Úrsula von der Leyen.

“Felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América, @realDonaldTrump. Que Dios lo bendiga y lo guíe”, señaló Bukele en un mensaje en inglés en su cuenta de X, mientras que luego se sumó a el del presidente francés que indicó que está “listo para trabajar juntos” tal como supieron “hacer durante cuatro años”, en referencia al anterior mandato de Trump, a la vez que dijo que esa acción en común tiene que hacerse “con sus convicciones y con las mías. Con respeto y ambición. Para más paz y prosperidad”.

También lo felicitaron de otros sectores

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó a Trump por su “impresionante victoria” y dijo que espera que ayude a Ucrania: “Aprecio el compromiso de Trump con el principio de 'la paz mediante la fortaleza' en asuntos internacionales. Es exactamente el principio que puede, de manera práctica, acercarnos a una paz justa en Ucrania”.

En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, señaló: “Felicito calurosamente a Donald J. Trump. La Unión Europea y los Estados Unidos son más que simples aliados. Estamos unidos por una verdadera asociación entre nuestros pueblos, que une a 800 millones de ciudadanos. Trabajemos, pues, juntos en una agenda transatlántica sólida que siga brindando resultados para ellos”.

Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también felicitó a Donald Trump por su victoria y aseguró en un mensaje en la citada red social: “Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una sólida asociación transatlántica”.

El primer ministro británico Keir Starmer felicitó a Trump por su “histórica victoria electoral” y lo mismo hizo el primer ministro indio, Narendra Modi, refiriéndose a su “amigo” Trump, mientras el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se congratuló de la probable elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“Felicitamos al señor presidente Trump, tenemos grandes planes”, dijo Orbán en su cuenta de Facebook y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio igualmente como ganador de las elecciones estadounidenses a Trump y lo felicitó por “la mayor remontada de la historia”, en un mensaje en redes sociales: “Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y una vuelta al compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. ¡Es una gran victoria!”, escribió en X.

“Acabo de felicitar a Donald Trump por su elección como presidente de los Estados Unidos. Su liderazgo será nuevamente clave para mantener fuerte a nuestra Alianza. Espero trabajar con él nuevamente para promover la paz a través de la fortaleza de la OTAN”, afirmó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la red social X.

EFE

“Vamos a ir a la Comisaría a resolver un problemita. Sabemos que no son pandilleros”, le dijeron a Manuel los agentes de policía que, bajo engaño, lo detuvieron junto a su sobrino. Manuel de Jesús Gutiérrez Palacios, un lanchero turístico de El Salvador, jamás imaginó que sería arrestado en la Isla del Espíritu Santo, un lugar donde nunca se habían visto pandilleros.

Ese día, Manuel estaba junto a su padre cuando llegaron los agentes a pedir la documentación de todas las embarcaciones. Aunque todo estaba en regla, los agentes le pidieron que les llevara al puerto, subiendo también a su sobrino. Mientras se tomaban fotos y vídeos en su lancha, les informaron que quedarían detenidos bajo el régimen de excepción, prometiendo solo 15 días en la cárcel.

Esos 15 días se convirtieron en 11 meses en los que fue trasladado de penal en penal intentando probar su inocencia. A pesar de contar con una carta de libertad, problemas administrativos prolongaron su detención.

El régimen de excepción declarado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha permitido el encarcelamiento de alrededor de 107,927 personas sin juicio, privándoles de derechos y, en muchos casos, sin pruebas claras de su asociación con pandillas. Sin embargo, el presidente presume de los datos: “El país se curó de las pandillas”, llegó a decir al jurar para un segundo mandato. Sin embargo, los expertos advierten que la falta de transparencia oculta otra realidad sobre las consecuencias de la política del presidente contra las pandillas.

Bukele basa el éxito de su política en el descenso de homicidios. No obstante, Edwin Segura, jefe de datos en La Prensa Gráfica, señala que ya hubo una reducción de más del 50% en los homicidios antes de que Bukele asumiera el poder en 2019.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en 2015 hubo 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2019 fueron 38, y en 2021, un año antes de la declaración del régimen de excepción, ya estaban en 18.1. Así, antes del régimen, ya había una reducción del 82% en homicidios. También, desde 2019 hasta 2021, los reclusos se redujeron de 38,114 a 36,663.

Muchos de los detenidos durante el régimen de excepción han sido juzgados en procesos masivos y colectivos cuestionados por los relatores especiales de la ONU por su falta de garantías. Manuel fue sometido a uno de estos procesos y denuncia que los cargos contra él cambiaron tres veces debido a la falta de pruebas.

Desde Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, como directora, ha denunciado estos juicios masivos a través de las redes sociales y declaraciones formales. La experta, cuya organización tiene experiencia en la defensa de estos acusados, ha destacado que pueden llegar a figurar desde 500 hasta 1,500 acusados.

Bukele ha encarcelado a miles de inocentes como Manuel, tanto por confundirlos con pandilleros como por retar al régimen, explica Escobar. En el caso de Manuel, el lanchero quedó en libertad no por el juicio, sino que, tras verificar su documentación, le comunicaron que se había producido un error.

Actualmente, el Decreto 803 del Código Penal de la Asamblea Legislativa le otorga facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) a agrupar a los acusados pertenecientes a una misma estructura criminal en un solo proceso penal. Más aún, establece un plazo de 24 meses para iniciar los procedimientos judiciales de las personas detenidas por el régimen. 

“A pesar de las denuncias por parte de los mismos jueces, aunque el decreto no lo mencione textualmente, la práctica de este se traduce a la suspensión de las investigaciones de casos judiciales de las personas víctimas del régimen mientras la Fiscalía organiza los acusados por territorios y estructuras a procesar”, dice Escobar.

Más aún, todos los datos oficiales están en reserva por siete años a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Con el Artículo 19 de esta legislación como base, justifican la falta de transparencia. Este protege a todos los datos “que perjudiquen o pongan en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública” o que “menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”. Por este motivo, las únicas estadísticas disponibles se hacen públicas desde las redes sociales oficiales del presidente salvadoreño.

Leslie Schuld, presidenta de la Asociación Centro de Intercambio y Solidaridad, sostiene que el presidente ha creado una paz mediática, no real, y explica que en barrios pobres sin criminalidad, la Policía Nacional Civil (PNC) está vaciando las comunidades, mientras muchos pandilleros siguen en las calles. Schuld cree además que el régimen de excepción está fragmentando aún más la sociedad, lo que provocará una reestructuración de los grupos criminales en lugar de su eliminación.

La Administración de Bukele justificó la implementación del régimen de excepción con los asesinatos de 62 personas en 24 horas, y más de 80 en solo tres días. Se ordenaron arrestos masivos y se implementó un severo régimen de excepción que ha sido muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, cuenta que hay un archivo de pandilleros que ha facilitado el proceso. Sin embargo, la Policía se vio obligada a ignorar este listado al imponerles cuotas diarias de detenidos, lo que produjo capturas arbitrarias y detenciones injustas, denuncia Reyes.

Por su parte, José Cruz, investigador en temas de seguridad, violencia y pandillas, explica que los asesinatos no son el delito principal de las pandillas, sino una consecuencia de la falta de acuerdos con los gobiernos. Cruz añade que en El Salvador hay una costumbre de líderes políticos pactando con pandillas, una tradición que Bukele ha continuado.

Pactos con las pandillas

Cruz también menciona que, a pesar de lo que Bukele presenta públicamente, su éxito está relacionado con negociaciones con pandillas a la vez que la represión en las calles. Según el periódico El Faro, el inicio del régimen de excepción fue el final del pacto con las pandillas, aunque algunas fuentes sugieren que el pacto sigue en pie.

Por su parte, Manuel denuncia que durante su encierro observó un trato preferencial hacia algunos pandilleros: mejores celdas, un gimnasio, más comida y visitas. “La cárcel es un sistema corrupto que protege a los pandilleros ofreciéndoles una mejor calidad de vida, mientras los pobres vivimos bajo agobio”, dice Manuel, señalando que los pandilleros disfrutan de ciertas libertades permitidas por las autoridades.

Zaira Navas, abogada jefa de la ONG por los derechos humanos Cristosal, sostiene que la efectividad de una política de seguridad no puede ser tan inmediata como ha ocurrido en El Salvador, lo que indica la existencia de un pacto con las pandillas. Reyes dice que antes de implementar el régimen, líderes de la MS-13 entregaron armas, vehículos y droga, facilitando sus capturas. Sin embargo, los recursos no han sido incautados, dejando dudas sobre su paradero, explica.

En cuanto a Barrio 18, Reyes cuenta que el Gobierno ordenó no capturar a sus miembros durante la etapa inicial del régimen de excepción, permitiendo que los líderes huyeran, en su mayoría a Honduras. De hecho, el pasado 26 de septiembre se registró la entrega de dos de estos líderes, Alexis Asael Climaco Zelaya, alias “El Pijudo” o “Cuervo”, y Luis Antonio Aguirre González, conocido también como “Ángel Negro” o “Culicha”, a la justicia salvadoreña por parte de las autoridades hondureñas.

Escobar cree que la confirmación oficial de esta tregua se evidenciará cuando los líderes de la MS-13 se enfrenten a los tribunales de Nueva York, luego de ser capturados por el FBI y añade que, al contrario de lo expuesto en muchos medios de comunicación, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido e inaugurado por el Gobierno de Bukele como la cárcel más grande de América, tiene solo a 14,000 presos, todos pandilleros encarcelados antes del régimen.

Mientras tanto, víctimas reales del régimen de excepción están en el centro penal La Esperanza (conocido como Mariona) y de Izalco, donde estuvo Manuel, quien afirma que son más los civiles que los pandilleros encarcelados. “Es propaganda y una campaña mediática muy bien hecha”, sostiene Escobar elogiando el equipo de comunicación de Bukele.

Juan Martínez, experto en pandillas y antropólogo, opina que el régimen de excepción convierte al Gobierno salvadoreño en una mafia de Estado que reemplaza a las maras. “Se crea un grupo de crimen organizado más eficiente y poderoso que las maras, pues controla el Estado, el ejército y la Policía”, ha explicado. 

“El Gobierno sustenta sus políticas con la información que le conviene”, dice Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, señalando la falta de transparencia y acceso a datos públicos. En ese sentido, Escobar cree que como parte de un pacto con las pandillas, muchos asesinatos no se hacen públicos ni los cadáveres se dejan en las calles; en su lugar, son enterrados en fosas clandestinas, de las que se descubrieron medio centenar entre 2019 y 2022.

“El impacto del régimen de excepción en la reducción de la criminalidad es psicológico, una sensación de seguridad que no es permanente ni real”, concluye Escobar.

DM

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó hoy el Congreso de la Nación donde fue recibido por Victoria Villarruel y Martín Menem, presidentes de la Cámara alta y la baja, respectivamente.

Bukele mantuvo una reunión con Villarruel que después se amplió para incluir a senadores de diferentes bloques. 

Según precisó la vicepresidenta, en la reunión consultó al jefe de Estado sobre cómo implementaron el Bitcoin como moneda nacional, en lo que fue una “conversación muy amena y llana”, indicó Villarruel posteriormente.

En el encuentro con los senadores, se habló de seguridad, sobre todo, del fenómeno de las pandillas conocidas como “maras” que afecta a El Salvador y que tanto dio que hablar en todo el mundo. Fue consultado por el plan que desarrolló bajo su primer mandato, que redujo la violencia en su país.

“El problema era que el Estado tiene más responsabilidades que los delincuentes. Había 70 mil pandilleros y nosotros teníamos 70 mil efectivos. Calculábamos que ellos podían emprender un ataque y podían matar a uno por día”, inició Bukele ante la consulta de Villarruel.

“Tuvimos que actuar rápido, decidido y darle todo el respaldo legal a la Policía y al Ejército para poder hacer su trabajo”, explicó Bukele y añadió que utilizaron “el estado de excepción”, una herramienta de la constitución salvadoreña, para hacer frente a la situación.

Para ello, destacó, “tuvimos el apoyo de la Corte Suprema, de la Fiscalía, del Congreso, de la gente, de la Policía”.

Luego se refirió a la situación de Argentina. “La situación de Argentina no es ni cerca a la que vivimos nosotros. Es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Lo que sucede es que todo es relativo. Lo que nosotros entendemos es que ustedes tienen un problema por resolver, como es Rosario”, afirmó, en alusión a la presencia de bandas de narcotraficantes en esa ciudad santafesina.

También comparó la lucha contra la inseguridad con un tratamiento contra el cáncer. “Si usted tiene un cáncer grande, con metástasis, pero es curable, necesitamos hacer varias cirugías, aplicar radioterapia, quimioterapia. Va a salir maltratado, pero se va a ir recuperando. Yo me someto a esa terapia”, señaló.

Añadió que no cree en la reinserción. “El que ya es delincuente, el que ya violó, el que ya mató, el que ya cortó tres cabezas, es difícil que se vaya a reinsertar, y si se reinserta no me la jugaría a dejarlo en la calle”, afirmó.

Después de la visita al Senado, el mandatario salvadoreño se dirigió a Diputados, donde fue recibido por el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Tras su paso por el Congreso, Bukele caminó unas cuadras hasta el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, donde fue recibido por los miembros del alto tribunal.

La tarde del lunes el presidente salvadoreño se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada.

CRM

El presidente Javier Milei recibió esta tarde a su par de El Salvador, Nayib Bukele, luego del acuerdo de asesoramiento en materia de seguridad firmado entre ambos países en junio pasado.

Este fue el segundo el segundo encuentro cara a cara entre ambos luego de que el presidente argentino asistiera a la ceremonia de reasunción de su par salvadoreño.

Bukele llegó a la Argentina el jueves por la noche y participó hoy de una ofrenda florar al General José de San Martín, ante el monumento ubicado frente a la Cancillería Argentina, en la Plaza San Martín, con la presencia de la canciller, Diana Mondino.

A las 15, el salvadoreño se trasladó a Casa Rosada para entrevistarse con el libertario, y por la noche visitará la quinta de Olivos donde cenará con el mandatario libertario. 

Según se consignó en el comunicado oficial, en el encuentro participaron el jefe de gabinete, Guillermo Francos, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; de Economía, Luis Caputo; de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello; el vocero Presidencial, Manuel Adorni y el Embajador de Argentina en la República de El Salvador, Sergio Iaciuk.

Para mañana, la última jornada que transitará en el país, el presidente salvadoreño recorrerá el Congreso de la Nación con el objetivo de partir a sus tierras centroamericanas en horas de la noche. 

El mandatario salvadoreño cobró gran notoriedad por su política de seguridad de mano dura que le dio popularidad en su país, al disminuir el accionar delictivo de bandas delictivas que controlaban parte del territorio. En paralelo, como consecuencia de ese accionar viene recibiendo denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos.

Los ministros de seguridad de ambos países, Patricia Bullrich, y Gustavo Villatoro firmaron en junio “un convenio de trabajo para intensificar la colaboración en el intercambio de información, el intercambio de instrumentos legales y en las capacitaciones conjuntas entre las Fuerzas de Seguridad” de los dos países.

También establecieron la creación de “un laboratorio de políticas de seguridad para llevar números actualizados de la Argentina, El Salvador y cualquier otro país que decida adherir al mismo”.

“Siempre he dicho que nosotros estamos abiertos a apoyar a cualquier gobierno. Hace poco firmamos un acuerdo con el gobierno de Argentina, hemos recibido solicitudes de apoyo de diferentes tipos de otros gobiernos”, dijo Bukele en una reciente entrevista con la revista Time, en referencia a las consultas que reciben de distintos países de la región, interesados sobre su estrategia de seguridad.

DM con información de agencia NA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitará Argentina a fines de septiembre y mantendrá un encuentro con su homólogo, Javier Milei, según confirmaron este lunes fuentes del Gobierno argentino.

El viaje del mandatario salvadoreño marcará su primera visita oficial a Argentina tras su llegada a la Presidencia del país centroamericano en 2019.

Ambos lideres ya sostuvieron un encuentro el pasado 1 de junio, durante la visita de Milei a San Salvador con ocasión de la ceremonia de investidura para el segundo mandato consecutivo de Bukele (2024-2029) y que supuso el primer viaje del político del libertario a un país latinoamericano.

Entre tanto, una portavoz de la Presidencia salvadoreña confirmó el viaje del mandatario centroamericano -sin brindar más detalles- e indicó que “habrá información más adelante” sobre la visita.

Según informó la prensa argentina, la llegada del presidente salvadoreño está prevista para el 29 de septiembre, aunque su agenda oficial comenzaría al día siguiente e incluiría, además del encuentro con su homólogo, una serie de reuniones con otros funcionarios del Gobierno argentino.

Tras el encuentro en San Salvador, la Casa Presidencial del país centroamericano explicó que “conversaron sobre temas clave para fortalecer la cooperación bilateral y buscar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto”, mientras que en un video con imágenes de la reunión se los observó estrechándose la mano y dándose un abrazo.

Poco después, Bukele recibió en la capital salvadoreña a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en un encuentro en el que intercambiaron sus experiencias sobre seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Durante ese viaje, la ministra visitó la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y firmó un acuerdo de trabajo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Los Ejecutivos de Milei y de Bukele se mostraron cercanos tras la llegada a la Presidencia argentina del ultraliberal, que elogió el estilo de gobierno del centroamericano, especialmente en lo relacionado con el combate a la delincuencia y su enfoque de seguridad.

Además, se destacan por su discurso fuerte en contra del sistema político tradicional y las élites y manifestaron una postura crítica hacia ciertos organismos internacionales y defendieron una visión más soberana de sus países, lo que los acerca en términos de discurso.

La política de seguridad del Gobierno de Bukele, que cuenta con amplio respaldo popular, se centró desde 2022 en la suspensión de garantías constitucionales y arrestos masivos de supuestos pandilleros mediante un régimen de excepción, que dejó más de 80.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre ellas por detenciones arbitrarias y torturas. 

CRM con información de la agencia EFE

En torno a 3.000 niños han sido víctimas de las detenciones masivas en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició hace dos años su ofensiva contra las pandillas, según un informe de Human Rights Watch. Entre ellos, hay niños de tan solo 12 años.

El informe de la ONG de derechos humanos se basa en una revisión de los expedientes y en casi 100 entrevistas a víctimas, policías y autoridades. En él, documenta la detención arbitraria de los niños y unos malos tratos que, en algunos casos, alcanzan la categoría de tortura.

Desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 80.000 personas en redadas en barrios controlados por las pandillas y asolados por la violencia.

Dos bandas dominaban El Salvador desde la década de los 90: la Barrio 18 y la MS13. En un país de seis millones de habitantes, las pandillas sumaban un total de 60.000 miembros en 2015. Extorsionaban a la mayoría de los negocios y la tasa anual de homicidios llegaba a 103 por cada 100.000 habitantes.

Bukele metió entre rejas a más del 1% de la población, transformando el que era uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros. Según los datos oficiales, la tasa anual de homicidios cayó en 2023 hasta 2,4 por cada 100.000 habitantes.

Pero las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y una vulneración generalizada de los procesos legales.

Sin vínculos con las pandillas

La investigación de Human Rights Watch (HRW) demuestra que muchos de los menores detenidos en esta ofensiva no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión, los menores sufren hacinamiento, mala alimentación, y una atención médica deficiente. También les niegan el acceso a abogados y a sus familiares.

En algunos casos, hubo niños recluidos junto a adultos durante sus primeros días de detención. Después los trasladaron a centros superpoblados de menores, descritos en el informe como “entornos peligrosos y deshumanizantes que no priorizan el bienestar y la reintegración de los niños”.

Más de 1.000 menores han sido condenados a penas de entre dos y 12 años de cárcel, a menudo con testimonios policiales no corroborados y por cargos amplios como la de asociación ilícita.

Muchos de los menores fueron coaccionados para que confesaran su pertenencia a las bandas con una combinación de malos tratos y de acuerdos abusivos.

Revisar los casos

El informe de HRW pide al Gobierno de El Salvador que revise los casos de las personas detenidas durante el estado de excepción, priorizando los de niños y de personas vulnerables.

La ONG también pide a los gobiernos de otros países, y a las instituciones financieras internacionales, que se abstengan de aprobar préstamos que beneficien a organismos directamente implicados en el abuso, como las fuerzas de seguridad, el sistema carcelario, y la oficina del fiscal general.

“La dureza con que el gobierno va contra los niños aumenta el riesgo de perpetuar el ciclo de violencia en El Salvador”, dice Juanita Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch para las Américas. “Los gobiernos extranjeros deben pedir al gobierno que termine con las violaciones de los derechos humanos y proteja la vida y el futuro de los niños”.

Pese a los bien documentados casos de abusos contra los derechos humanos durante la represión, la mejora en la seguridad ha contribuido a hacer de Bukele uno de los presidentes más populares de la región.

La Constitución de El Salvador prohíbe un segundo mandato consecutivo a los presidentes, pero los nuevos magistrados colocados en el Tribunal Constitucional por Bukele dictaminaron que podría presentarse de nuevo. La ventaja que sacó en febrero durante su segunda elección fue de tal calibre que El Salvador está a punto de convertirse en un país de partido único.

Traducción de Francisco de Zárate

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, fue recibido el pasado sábado en el auditorio del Expocentro Balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, como una auténtica estrella del rock. El público de la quinta edición brasileña de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) le recibió gritando “Bukele, Bukele, Bukele”. Villatoro defendió sin fisuras al polémico presidente salvadoreño Nayib Bukele, acusado de haber reducido las tasas de criminalidad del país a costa de vulnerar la ley y los derechos humanos. “Recibimos ataques de globalistas, organizaciones internacionales, ONG. Pero quedó claro que esos órganos están enamorados de los criminales. Han repetido que el 3% de la población masculina está presa. Pero Bukele representa al otro 97%, que son personas de bien. Una vez en el poder, no vamos a dar la espalda al 97%”, afirmó el ministro.

El “método Bukele” se convirtió en uno de los hilos conductores de la última edición de la convención global de los ultraconservadores. Algunos de los conferencistas estrella defendieron la mano dura contra un crimen que asociaron a los gobiernos de izquierda. “Chile vive con miedo. El narcotráfico y el crimen organizado avanzan sin control, como ocurre en todos los países gobernados por la izquierda”, aseguró José Antonio Kast, líder del ultraderechista Partido Republicano de Chile, que elogió las políticas de Bukele. Guilherme Derrite, secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo, gobernado por el bolsonarista Tarcísio de Freitas, defendió sin tapujos las ejecuciones sumarias. Derrite, fuertemente criticado en Brasil por diversas matanzas perpetradas por las fuerzas de seguridad que comanda, afirmó, entre aplausos, que los supuestos bandidos asesinados por la Policia Militar (PM) son meros objetivos “neutralizados”. 

Las odas a la seguridad estuvieron aderezadas con una narrativa victimista. Desde Balneario Camboriú, la ciudad que tiene el metro cuadrado más caro de Brasil y concentra los diez rascacielos más altos del país, la extrema derecha se autocoronó una vez más como la verdadera resistencia contra el sistema. “Qué bueno que vinisteis y que no os dejéis doblar por la censura. Este encuentro será un punto de inflexión. Volveremos al poder. No paremos, no nos precipitemos y no retrocedamos”, dijo Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil y cerebro brasileño de la internacional ultraderechista.

Defensa del golpismo

La CPAC brasileña fue el escenario de una auténtica defensa del golpismo. Algunos de los financiadores de la conferencia –como Tuboaços da Amazônia (Tubos de Amazonia) o Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Asociación de Productores de Soja de Mato Grosso do Sul)– están siendo investigados por la Justicia por su relación con los ataques a los tres poderes del 8 de enero de 2023. El empresario Cristiano Piquet que transportó la maleta de joyas por la que la Policía Federal (PF) acusa a Jair Bolsonaro de apropiación de bienes públicos, blanqueo de dinero y asociación criminal, colgó un selfie desde el área VIP de la CPAC. 

La mayoría de los pesos pesados del evento calificaron el cerco judicial que se cierne sobre Jair Bolsonaro como persecución. “Vean la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”, aseguró Javier Milei, presidente de Argentina, que cerró la convención como gran estrella. La diputada bolsonarista Bia Kicis arremetió duramente contra el poder judicial, usando la expresión “presos políticos” para las personas condenadas por su implicación en la jornada del 8 de enero.

Por otro lado, el Expocentro de Balneario Camboriú fue el escenario de un planeado movimiento de la familia Bolsonaro para alejar cualquier plan B al liderato del expresidente de Brasil. La CPAC frenó en secó la operación “bolsonarismo moderado” de muchos medios de comunicación, destinada a presentar al gobernador de São Paulo Tarcísio de Freitas como el sucesor de Bolsonaro y como un político menos radical. El núcleo duro del bolsonarismo no se limitó el pasado fin de semana a alimentar la estrategia victimista diseñada desde que la justicia inhabilitó políticamente hasta 2030 al expresidente de Brasil. Los principales discursos compusieron una afinada sinfonía política que daba a entender que la amnistía de Jair Bolsonaro es posible. Si el propio Jair Bolsonaro lanzó el globo sonda de la posibilidad de su amnistía, otros conferencistas desgranaron, como refleja la Folha de São Paulo, los detalles de la estrategia: conseguir un número alto de senadores bolsonaristas en 2026 para forzar un cambio en el Supremo Tribuna Federal (STF) que propicie la amnistía.

El rugido de Milei

Todas las expectativas estuvieron puestas en Javier Milei, que había plantado a la cumbre del Mercosur en Paraguay para acudir a la CPAC. El Gobierno de Lula había amenazado con llamar al embajador argentino a consultas en caso de que Milei insultara o atacara al presidente brasileño. Aunque Milei no hizo alusiones directas a Lula, su discurso estuvo plagado de alusiones al socialismo, que describió como una ideología que lleva al desastre económico, social, político y cultural. “Como no se animan a enfrentarnos en el mercado de las ideas, porque saben que no pueden derrotarnos, intervienen y prohíben la circulación de las ideas que no les gustan”, aseguró Milei.  

"Como no se animan a enfrentarnos en el mercado de las ideas, porque saben que no pueden derrotarnos, lo intervienen y prohíben la circulación de las ideas que no les gustan", aseguró Milei.

La elección de Balneario Camboriú para la celebración de la CPAC no fue una casualidad. Balneario Camboriú, donde Bolsonaro obtuvo el 74,57% de los votos en el segundo turno de las elecciones de 2022, ha pasado en pocas décadas de ser una aldea de pescadores a una de las ciudades del mundo con más rascacielos por metro cuadrado. En los alto de una de las torres gemelas Yachthouse, de 294 metros, el jugador de fútbol Neymar posee un apartamento valorado en unos diez millones de euros. “El lujo alimenta y genera contenido en las redes sociales, con coches importados circulando la ciudad y celebridades visitándola. Es una bola de nieve”, en palabras del escritor local Isaque de Borba Corrêa. Da igual que las playas de la ciudad estén contaminadas: vivir en Balneario Camboriú se ha convertido en el leit motiv de nuevos ricos y familias conservadoras de Brasil. El empresario bolsonarista Luciano Hang, investigado por financiar el golpismo del 8 de enero, está involucrado en la construcción del edifico residencial más alto del mundo, la Triumph Tower, de 509 metros de altura. Y el propio Jair Bolsonaro está lanzando a su hijo Renan, investigado por lavado de dinero, como candidato a concejal en la ciudad.

Balneario Camboriú, epicentro moral de una región de fuerte descendencia alemana y con uno de los exterminios de indígenas más violentos del país, funcionó como lugar idílico para el reencuentro de la extrema derecha latinoamericana. Mientras los conferencistas europeos o estadounidenses casi pasaban desapercibidos, casi todos del segundo escalafón, los latinoamericanos encendían al público.

El empresario boliviano Branko Marinković, el archienemigo del expresidente Evo Morales que edificó su fortuna robando tierras a los indígenas Guarayno, aprovechó la CPAC para lanzar su candidatura presidencial. Su discurso antizquierdista y antindígena cayó como anillo al dedo en una tierra en la que históricamente los bugreiros (pistoleros a sueldo) enseñaban las orejas cortadas de los indígenas Xokleng asesinados para comprobar la ejecución de sus encargos. Ubicada a escasos kilómetros de donde se celebra la autoproclamada mayor Oktoberfest fuera de Alemania (en Blumenau) y el Congresso dos Gideões (uno de los principales eventos evangélicos de Brasil), Balneario Camboriú superó y desbordó el guión de las anteriores ediciones de la CPAC.

Algunos periodistas volvieron a ser expulsados del evento. El público coreó de nuevo Lula, ladrão, seu lugar é na prisão (Lula, ladrón, debes estar en la cárcel). George Soros continuó en el centro de la diana. Sin embargo, por primera vez en los últimos años, los ultras latinoamericanos exhibieron una unión bañada de esperanza.

El caos y la desorganización que imperaron en la apertura de la CPAC, con largas filas, gritos y empujones, simbolizan a la perfección la reinvención de una extrema derecha latinoamericana que se ha encomendado al método Bukele y al desorden internacional provocado por las arremetidas diplomáticas de Javier Milei. Las llamadas a la seguridad y el caos provocado por la extrema derecha, lejos de ser una inexplicable contradicción, se consolidan como las dos caras de la moneda de la casa ultra. “Pido disculpas por cualquier inconveniente. Todo esto es un poquito conturbado, pero somos así, ¿no?”, afirmó Eduardo Bolsonaro, tras el caótico comienzo de la convención.

La ministra Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó a El Salvador y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) impulsado por su presidente Nayib Bukele, con quien está previsto que se reúna. También visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) e intercambió pareceres con su par salvadoreño Gustavo Villatoro, con la intención de reforzar la seguridad. 

Como primera actividad luego de haber aterrizado en tierras caribeñas durante la noche del sábado, Bullrich asistió la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) donde fue recibida por el director de la institución, César Flores Murillo.

La ANSP se encarga de la formación y capacitación de los miembros de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad pública de El Salvador. 

En el marco de la recorrida, Bullrich puso atención a las distintas actividades de formación, se interiorizó en los programas educativos y protagonizó intercambios sobre las prácticas implementadas en la profesionalización de las fuerzas policiales.

Como parte del cronograma, recorrió después el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido como la cárcel más grande de América, uno de los hitos de la gestión de Bukele. Se trata de un organismo de máxima seguridad, diseñado específicamente para albergar a miembros de pandillas y presos calificados de “alta peligrosidad”. 

El centro de detención está ubicado en una zona rural, en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, y alberga a 40 mil presos. La ministra que responde a Javier Milei recorrió las instalaciones y tomó nota de las medidas de seguridad implementadas. 

Su puesta en pie es parte de la estrategia del gobierno salvadoreño para combatir y desmantelar las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en el país. En la misma línea y al frente de la cartera de Seguridad, destacó la centralidad de contar con centros penitenciarios especializados en la lucha contra el crimen organizado.

Participaron de la visita Julian Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios; Alberto Föhrig, director nacional de Cooperación Internacional; Ricardo Ferrer, director nacional de Inteligencia Criminal y Juan Pablo Arenaza, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Reunión con Bukele

En las próximas horas, Bullrich mantendrá una reunión Nayib Bukele, luego de intercambiar pareceres en la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en febrero, en Washington, Estados Unidos.

A principios de junio, Javier Milei dio el presente en la ceremonia de reconfirmación de mando de su par salvadoreño e incluso mantuvo una bilateral entre los dos referentes derechistas. 

Tras su llegada, la funcionaria destacó a través de sus redes: “De un país tomado por la violencia, el narcotráfico y por las maras que asesinaron 150 mil salvadoreños, a uno de los países más seguros del mundo, donde las familias recuperaron su vida y viven en paz. Este es el camino. Duros contra los criminales. Libertad para los argentinos de bien”.

DM con información de agencia NA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viaja mañana a la República de El Salvador, para reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El sábado por la noche, Bullrich pisará el país centroamericano, donde será recibida por el embajador Sergio Iaciuk.

El domingo tiene previsto recorrer el CECOT, la cárcel más grande de América con capacidad para 40 mil presos. El centro de detención se emplaza en una zona rural aislada, en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, unos 69 kilómetros al sudeste de San Salvador.

Antes, visitará la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) donde mantendrá un encuentro con el director César Flores Murillo.

La agenda también incluye una reuniones con los ministros de Defensa Nacional y Justicia y Seguridad, Francis Merino Monroy y Gustavo Villatoro y visita a Centros Penales y de Inteligencia con el fin de intercambiar información con funcionarios de dichas áreas.

Bullrich también se reunirá con el director del Cuartel Central de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas y con Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.

Con foco en la seguridad pública, principalmente en la ciudad de Rosario (Santa Fe), la ministra Bullrich está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras. 

De ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios cada 100 mil habitantes, pasó a tener 2 cada 100 mil, según estadísticas que difundió el Ministerio. Las medidas de Bukele fueron ampliamente criticadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

CRM con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de asunción de su par de El Salvador, Nayib Bukele, y emprendió el regreso a la Argentina, tras la gira que también lo había llevado a la ciudad estadounidense de San Francisco.

El líder de La Libertad Avanza fue uno de los jefes de Estado extranjeros que asistió al acto realizado en el Palacio Nacional, ubicado en la ciudad de San Salvador.

Tras la asunción, Bukele recibió a los representantes de distintos países, incluido el mandatario argentino.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente saludó afectuosamente a su par salvadoreño.

Luego, el Presidente mantuvo una reunión privada en la Casa Presidencial con su par de El Salvador, quien lo recibió en su despacho tras la Ceremonia de Investidura.

AB con información de agencia NA.

El presidente Javier Milei termina en El Salvador su octavo viaje en seis meses para asistir a la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele. El mandatario argentino estuvo por quinta vez en Estados Unidos, donde exhibió en redes sociales un encuentro con Mark Zuckerberg, fundador de Meta, y no podía faltar como invitado en la ceremonia de Bukele, con quien tiene sintonía política y se cruzó en el foro trumpista CPAC el pasado febrero. 

A Milei y a Bukele los une un liderazgo disruptivo, la simpatía hacia los republicanos estadounidenses, la política de mano dura contra el crimen y la actualización del discurso de los años 90 que presenta las inversiones extranjeras como la solución mágica a los problemas económicos. Eso sí, sin que el Estado regule ni intervenga para mejorar la situación de la población más vulnerable.

Con todas las diferencias geográficas en América Latina –uno proviene del sur y el otro, del centro– y en el tamaño de las dos economías, es característico en Milei y Bukele que se presenten como adalides de una nueva manera de hacer política. Ambos manejan la lógica del amigo-enemigo y abundan en utilizar redes como X (antes Twitter), TikTok e Instagram para hacerse propaganda. 

Más seguridad, menos derechos en El Salvador

En el caso de Bukele, su guerra contra las pandillas (el enemigo) y los logros en seguridad –pese a los cuestionamientos por su autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos– fueron las claves para su reelección en febrero. Las imágenes que difundió de miles de miembros de la Mara Salvatrucha 13, esposados y con las cabezas agachadas, y los torsos desnudos, dieron la vuelta al mundo. El estado de excepción dejó más de 79.900 detenciones y fue extendido en 26 ocasiones por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, órgano que fue pieza vital para su implementación y asignación de recursos sin análisis ni debate.

El Salvador venía de registrar en 2015 su año más mortífero con una tasa de unos 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que en 2018 bajó a 50,3 y siguió cayendo con la llegada de Bukele, hasta llegar a 36 en 2019. En 2020 fue de 21,2; en 2021, de 18,1; y en 2022 se registró una caída a 7,8, según los datos oficiales. Sin embargo, las organizaciones humanitarias registraron más de 6.000 denuncias de atropellos y abusos, entre detenciones arbitrarias y torturas, además de 240 muertes de personas en custodia policial.

Carlos Monterroza, profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señala que la popularidad de Bukele empezó a sedimentarse siete años atrás, antes de llegar al Ejecutivo. “Se mostró como un joven que presentaba una nueva forma de hacer política frente a los viejos actores. Fue alcalde primero de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego, de San Salvador, la capital (2015-2018). Su liderazgo es ejecutivo y vertical. La sociedad salvadoreña tiene una cultura política autoritaria: puede tolerar figuras autoritarias que le garanticen seguridad incluso a costa de sacrificar derechos”.

Como Milei, comparte elementos de outsider, afirma Monterroza. “Ha usado a los partidos como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) como un medio para un fin, no fue militante”, aunque fue alcalde de Nuevo Cuscatlán por esta formación izquierdista. Bukele tenía una empresa familiar que vendía servicios de publicidad al Gobierno de Mauricio Funes. En 2018 Bukele asumió la alcaldía de la capital con una coalición de derecha. Y más tarde crearía el partido Nuevas Ideas. 

Outsiders y malos gestores económicos

Bukele asume nuevamente la presidencia con un marcado contraste entre los logros de seguridad y una economía con una de las menores tasas de crecimiento de América Latina y en constante necesidad de financiación del Ejecutivo, incluso a costa de los fondos de pensiones de los trabajadores. En una economía dolarizada hace más de 20 años, hoy los precios de algunos productos se asemejan a los de Miami. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) dio a conocer que la situación económica desplazó a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños.

En el caso argentino, después de tan sólo seis meses de gobierno libertario, cuyo enemigo es “la casta política”, el derrumbe de la actividad económica es comparable al de la pandemia y la crisis de 2002. La megadevaluación de Milei del 13 de diciembre fue la mayor en los últimos 50 años, aseguran voces expertas. Los recortes al gasto público en áreas clave como la salud y la educación, y el fantasma del desempleo son las grandes preocupaciones de los argentinos. Sin embargo, el presidente aún goza de un 46% de apoyo ciudadano, según una encuesta del Centro de Estudio de Opinión Pública.

En medio de la recesión, el mandatario argentino promete inversiones. En su último viaje a San Francisco (EEUU), tuvo un encuentro con el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, en la sede de su empresa en Palo Alto y, antes, con el CEO de Google, Sundar Pichai, y el de Apple, Tim Cook. Milei se mostró generoso con los popes de las empresas tecnológicas: llegó a ofrecerle a Cook una legislación para las inversiones tecnológicas sin control estatal. Se trata de un ofrecimiento nada desdeñable en un mundo donde predominan los controles estatales sobre los desarrollos tecnológicos.

En febrero pasado, Bukele y Milei participaron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Ambos dirigentes le hablaron a una audiencia cuyo máximo referente era Donald Trump, el hoy condenado por la justicia neoyorquina en el caso por pago de sobornos a una actriz porno y candidato presidencial en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En la CPAC quedó bien claro cuál es el norte de ambos. 

MLSM/CRM