El gobernador de Río de Janeiro califica de “éxito” la operación policial mientras los vecinos denuncian una “masacre”

Mientras familiares y residentes de las favelas de Río de Janeiro denuncian ejecuciones y desapariciones durante la operación policial realizada el martes (Operação Contenção) contra una facción criminal en la zona norte de la ciudad, el gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó como un “éxito” el operativo en el que al menos 132 personas murieron.

“Exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito”, afirmó Castro, gobernador de Río de Janeiro, pese a que se trata del operativo más letal en la historia de Río, con decenas de muertos y fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y autoridades del gobierno federal.

Castro, dirigente del Partido Liberal (PL) y aliado del expresidente Jair Bolsonaro, durante una conferencia de prensa realizada el miércoles, sostuvo que el operativo representó un “duro golpe al crimen organizado” y permitió desarticular parte del liderazgo del Comando Vermelho, una de las facciones más poderosas del narcotráfico en Brasil.

El gobernador informó que, además de los cuatro policías muertos, otras 54 personas fallecidas eran “criminales” vinculados al Comando Vermelho. Sin embargo, cifras divulgadas por la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, encargada de ofrecer asistencia legal gratuita a la población, elevan el número de víctimas a 132, luego de que decenas de cadáveres fueran recuperados durante la madrugada por vecinos de las favelas afectadas. Se trata de la mayor cantidad de muertos en un solo operativo desde que se tiene registro en la ciudad.

Una de esas víctimas es Wellington Brito, de 21 años, cuyo cuerpo, según relata Folha do Sao Paulo, fue hallado por su propia madre, con las muñecas atadas. “Dejaron morir a mi hijo”, dijo Taua Brito.

Vecinos y organizaciones de derechos humanos vienen denunciando una “masacre” por parte de la policía y denuncian que muchos cuerpos fueron encontrados con signos de tortura. Es el caso de la manicura Beatriz Nolasco, también citada por el mismo medio, quien relató haber encontrado el cuerpo de su sobrino, Yago Ravel, de 19 años, decapitado. “Fue una masacre”, dijo la mujer.

Parte de esas escenas quedaron registradas en la plaza del Complejo da Penha, donde los vecinos y familiares fueron llevando los cuerpos encontrados tras el operativo policial. Allí, frente a una guardería, se fueron acumulando más de 60 cadáveres.

La abogada Flávia Fróes, quien representa a los familiares de las víctimas, aseguró que muchos cuerpos presentaban disparos en la nuca, signos de tortura y puñaladas.

“Muchos de los abatidos estaban en un área de bosque próxima a las favelas de la Penha y del Alemão, donde se concentró la operación. No creo que hubiese alguien paseando en el bosque en un día de enfrentamiento”, argumentó Castro, quien admitió que podrían existir “errores residuales” en la clasificación de los muertos. “Si hay errores, serán mínimos”, agregó.

Castro se solidarizó únicamente con las familias de los policías fallecidos, a quienes definió como las “únicas verdaderas víctimas” del enfrentamiento. También rechazó responder a las críticas de figuras del oficialismo nacional, entre ellas ministros del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y dijo que no pretende entrar en una “batalla política” ni en una “polarización ideológica” sobre la violencia en Río.

De acuerdo con el gobierno del estado de Río de Janeiro, la acción tenía como objetivo detener a líderes del Comando Vermelho sospechados de organizar ataques contra agentes de seguridad. La intervención se desplegó en un extenso perímetro que abarcó las comunidades de Complexo da Penha, Complexo do Alemão y áreas boscosas colindantes, donde se produjeron intensos tiroteos durante más de doce horas.

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Victor dos Santos, defendió la acción asegurando que “todos los fallecidos eran sospechosos armados” y que el uso de la fuerza fue “proporcional”. Pero habitantes de las favelas denunciaron que entre las víctimas habría civiles sin vínculos con el crimen, y relataron episodios de allanamientos irregulares, ejecuciones extrajudiciales y obstrucción al trabajo de socorristas.

Críticas y preocupación por derechos humanos

Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y el Instituto Marielle Franco, reclamaron una investigación independiente sobre lo ocurrido. “El número de muertes y la falta de transparencia son alarmantes. Brasil no puede seguir tolerando operaciones que terminan con decenas de cuerpos en las calles”, señaló Amnistía en un comunicado.

Desde Brasilia, el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, expresó “profunda preocupación” por la magnitud del operativo y recordó que la Corte Suprema de Brasil mantiene restricciones sobre el uso de la fuerza policial en favelas durante acciones planificadas. En 2020, el Supremo Tribunal Federal había limitado las incursiones armadas en comunidades durante la pandemia por su alto costo en vidas civiles, pero las operaciones volvieron a intensificarse en los últimos dos años.

El presidente Lula da Silva evitó pronunciarse directamente, aunque miembros de su gabinete insistieron en la necesidad de revisar la política de seguridad pública de los estados. En contraste, Castro reiteró que mantendrá la estrategia actual y defendió la “autonomía estadual” frente a las críticas del gobierno federal.

Contexto de violencia crónica

Río de Janeiro registra algunos de los índices de letalidad policial más altos del país. Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), en 2024 murieron más de 1.300 personas en acciones policiales, cifra que representa casi una quinta parte del total nacional. Los enfrentamientos se concentran principalmente en comunidades pobres controladas por facciones del narcotráfico o por grupos parapoliciales conocidos como milicias.

Para sectores progresistas, el discurso del gobernador Castro refuerza una lógica de “guerra” que perpetúa la violencia estatal en los barrios populares. “Llamar éxito a una operación con más de cien muertos es naturalizar la barbarie”, señaló la diputada estadual Renata Souza, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), quien pidió la creación de una comisión parlamentaria para investigar los abusos.

Mientras tanto, en las favelas del norte carioca, familiares buscan identificar a las víctimas y reclaman por los cuerpos aún desaparecidos. Las calles de la Penha y del Alemão permanecen custodiadas por fuerzas de seguridad, en un clima de tensión y duelo.

CRM