Tenaris, principal compañía del grupo Techint, y su CEO, el empresario Paolo Rocca, acordaron pagar US$9,5 millones a un grupo de inversores para cerrar una demanda iniciada en una corte de Nueva York por el pago de sobornos revelado en el caso de los cuadernos de la corrupción, de acuerdo a los documentos obtenidos por elDiarioAR y fuentes con acceso directo al caso.

En diciembre de 2018, el estudio jurídico Glancy Prongay & Murray LLP presentó una acción de clase contra la fabricante de tubos de acero, otras compañías del grupo Techint y algunos de sus principales ejecutivos. Tras un fallo judicial, la demanda colectiva debió circunscribirse a Tenaris y Rocca, ya que la Justicia de Nueva York entendió que eran los únicos que podían ser demandados.

Tras más de cuatro años de litigio, Rocca, el segundo hombre más rico de Argentina, acordó cerrar el caso con un acuerdo económico, presentado ante el juez Kiyo A. Matsumoto, en el distrito este de Nueva York. El magistrado aprobó el viernes último el acuerdo de manera preliminar y fijó una audiencia entre las partes para dar el visto final, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con voceros de Rocca y Tenaris en Argentina para solicitarles su reacción ante la negociación alcanzada, pero aún no hubo respuesta.

El juez Matsumoto fijó fecha para una nueva audiencia entre las partes mientras se comunica la decisión a los inversores que compraron o adquirieron acciones de Tenaris en la bolsa entre el 1° de mayo de 2014 y el 5 de diciembre de 2018.

La demanda sostiene que las acciones y “mala conducta” de Tenaris y Rocca perjudicaron a los inversionistas de la compañía cuando el valor de las acciones del gigante del acero se desplomó en Wall Street, en agosto de 2018. Entonces, el juez federal Claudio Bonadio había ordenado la detención del ex gerente de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, y citó a indagatoria a Rocca y a Luis Betnaza, uno de los principales colaboradores del millonario en Argentina.  

Los pagos ilegales admitidos por Techint en Argentina implicaron que Tenaris incumplió con el acta de compromiso de las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York de no pagar sobornos en el extranjero, además de en Estados Unidos.

Además, los demandantes alegaron que Tenaris les ocultó información que debió haberles proveído para evitar un perjuicio económico. Según los demandantes, Rocca sabía que su compañía había pagado sobornos durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se los ocultó.

Ante la Justicia argentina, Rocca -el hombre central en la vida y obra del grupo Techint- negó haber sabido de los pagos ilegales. Betnaza y Zabaleta, sus dos hombres de confianza, admitieron los pagos ilegales por un millón de dólares realizados en 2008 al exfuncionario Roberto Baratta. Baratta siempre negó haber recibido sobornos.

Los pagos se realizaron con un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionario en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro, Buenos Aires.

El objetivo de los pagos, según las declaraciones de los dos arrepentidos (Betnaza y Zabaleta), fue para que el entonces gobierno argentino mediara entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor, del grupo Techint.

Antecedentes

El caso de los cuadernos es sólo una de las acusaciones por pagos de sobornos contra Rocca y el grupo: ex ejecutivos de Tenaris en Brasil son juzgados por el pago de coimas por U$$10 millones a un ex ejecutivo de Petrobras, quien admitió haber recibido por los pagos ilegales. 

Como Rocca es italiano y Tenaris cotiza en la bolsa de Milán, el empresario y otros accionistas fueron juzgados por el caso de Petrobras en una corte de esa ciudad italiana, pero el día de la sentencia el tribunal milanés decidió que no tenía competencia territorial para juzgarlos y cerró el caso. La fiscal había solicitado cuatro años y medio de prisión para Rocca y el decomiso de 6.592.891 de euros.

Por este mismo caso, Tenaris acordó pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar la investigación por presuntos sobornos en Brasil y la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York.

En Argentina, tienen dos causas abiertas desde 2017, sin movimientos: una por la pata local en el hecho juzgado en Brasil e Italia, y por otra relacionada con presuntas coimas por la construcción de una usina nuclear en Angra Do Reis.

En 2011, la empresa firmó otro “acuerdo de no enjuiciamiento” con el Departamento de Justicia y un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” con la SEC como resultado de presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.

El abogado de los inversionistas sostuvo en un documento ante el juez Matsumoto que el acuerdo económico por US$9,5 millones representa entre el 4,02% y el 5,01% del “mejor escenario” posible para los demandantes, que buscaban un resarcimiento de alrededor de US$236,4 millones por daños, con honorarios por US$3,16 millones para los abogados, informó el sitio especializado Law360.

Las posibilidad de que la demanda avance a favor de los inversionistas en la corte de Nueva York eran inciertas, dijeron fuentes del caso a elDiarioAR. En primer lugar, debido a que Rocca, Betnaza y Zabaleta están firmemente sobreseídos por el caso de los cuadernos en Argentina. En segundo lugar, los demandantes debían probar que Rocca sabía de los pagos ilegales admitidos por sus ejecutivos en 2018.  

El acuerdo era la mejor opción para los demandantes. Aún así, Rocca y Tenaris aceptaron cerrar con un desembolso multimillonario -aunque muy lejano a otras demandas y multas por sobornos pagadas por la compañía- y evitar la posibilidad de que avance la demanda, que había entrado en la etapa conocida como “discovery”, la etapa previa al proceso civil.

En 2021, el juez del caso rechazó desestimar la demanda, un planteo de los abogados de los demandados, Sullivan & Cromwell LLP, por Tenaris, y Mauricio España, por Rocca.

Un largo camino a nada

Tras la detención de uno de los ex ejecutivos de Techint y la admisión de los pagos ilegales por parte de Betnaza, a finales de 2018, Bonadio procesó a Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por los pagos ilegales. El fiscal Carlos Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo pidieron la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.

Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado que dejó vacante tras su muerte y los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación).

Rocca, sus ejecutivos y Fernández de Kirchner fueron favorecidos con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito. Los empresarios lograron el sobreseimiento firme dos años más tarde, en agosto de 2021.

El último juez que intervino en el caso, Julián Ercolini, entendió que Techint pagó a Baratta un millón de dólares en dádivas y no en sobornos, un delito más grave, y que lo hizo en “estado de necesidad”, una figura del Código Penal que permitió argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país. 

Luego de que el fiscal Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaba como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Ercolini, los sobreseimientos quedaron firmes y el caso contra Roca se cerró sin posibilidad de reabrirse.

ED

“Nadie invierte seriamente en un país que no tiene políticas de Estado”. En esa sentencia resumió el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, el fondo de su mensaje. Este martes, acompañado por el gobernador neuquino,Omar Gutiérrez, y el director de Techint, Luis Betnaza, convocó a una mesa con periodistas en la sede central de la entidad para retomar la agenda prevista para el viernes, que fue postergada por el atentado que sufrió el jueves por la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Concretamente, el industrial reclamó algún tipo de norma que le de incentivos y un margen de acción previsible a las empresas que deciden avanzar con las inversiones que requiere el desarrollo del sector. El viernes pasado la plana mayor de la UIA viajó a Neuquén para celebrar el Día de la Industria y darle centralidad a ese mensaje, pero por los acontecimientos de última hora el acto se transformó en una manifestación de repudio. Dos días hábiles más tarde, fue el gobernador neuquino el que se trasladó a Buenos Aires para retomar la línea. 

Funes de Rioja, del mismo modo que quienes lo acompañaron en la mesa, resaltaron la oportunidad que el mundo le ofrece a la Argentina en materia energética, y coincidieron en la necesidad de “aprovechar la ventana”. Gutiérrez, que gobierna la provincia donde se ubica Vaca Muerta, señaló que “la potencialidad no genera por sí solo la creación de riqueza” y que “ el puente entre una cosa y la otra son los consensos”. 

Betnaza, director de Techint, el grupo dueño de Tecpetrol, fue quien resumió de manera más directa qué es lo que se le exige al Estado. En primer lugar, “entrada y salida de capitales que permitan el financiamiento” y, en segundo lugar “estabilidad tributaria”. Luego Funes de Rioja sumó “infraestructura física y social” para posibilitar los desarrollos y puso como ejemplo de las trabas actuales las deficiencias y altos costos logísticos. 

“El desarrollo de Vaca Muerta va a demandar decenas de miles de millones de dólares; está fuera de escala de lo que manejamos en la Argentina”, dijo Betnaza. “En volúmenes tan enormes de inversión no podemos agregarle riesgos comerciales locales. Esto implica tener reglas claras para el ingreso y egreso de capitales y un régimen impositivo que de estabilidad”, sumó el empresario. 

Como contrajemplo de lo que piden, el titular de la UIA citó el adelanto del pago de impuesto a las Ganancias que la AFIP les exigió para este año a las empresas de altos ingresos, con lo que se financiará un refuerzo en las asignaciones familiares para trabajadores registrados. “Es un anticipo de anticipos, esto significa adelantar capital de trabajo, en una etapa en que la tasa de interés es alta. Es un cambio de reglas del juego”, cuestionó. 

¿Exigen que se sancione la tan prometida ley de hidrocarburos? ¿Un decreto? “Lo importante es acordar políticas de Estado con las fuerzas mayoritarias. A partir de ahí le corresponde a los políticos definir los instrumentos”, esquivó Funes de Rioja. “Hace falta falta consensos; luego se instrumentan con la jerarquía administrativa necesaria”, refrendó el gobernador Gutiérrez. Puso como ejemplo la ley 27.007, que impide aumentarle impuestos a la actividad petrolera no tradicional por 35 años. 

A fines de mayo pasado el entonces ministro de Economía Martín Guzmán convocó a un acto en el Museo del Bicentenario en el que anticipó la decisión de flexibilizar por decreto el  régimen cambiario para las petroleras. El propio Paolo Rocca, sentado en primera fila, señaló la medida como “muy positiva”. Finalmente, según dijo Funes de Rioja a elDiarioAR este martes, ese decreto no vio la luz, del mismo modo que la prometida ley de hidrocarburo que intentaba reemplazar. 

Respecto de la situación de las importaciones de insumos, Funes de Rioja dijo que están “muy apretados” y que este miércoles se reunirán con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para tratar de resolver el problema. “Le vamos a transmitir la situación con todo realismo porque no queremos que el país se pare. Pedimos insumos para la producción, para la maquinaria y maquinaria para reinversión de capital, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Entendemos la situación de emergencia, pero pedimos que entiendan que parar la producción sería complicado para todos y no lo digo en términos de amenaza”, señaló. 

Funes de Rioja también se refirió a los salarios de los trabajadores industriales y consideró que la mejor manera de recomponerlos es por medio de las negociaciones paritarias en curso en cada sector. Asimismo, señaló la necesidad de aggiornar las condiciones de trabajo a la “nueva realidad”. “Este tema es un tabú. Si querés creer que un Convenio Colectivo de Trabajo del año 70 que tiene un adicional por computación o en el que no hay posibilidad de trabajo continuo o polivalencias responde a estas nuevas realidades…”, señaló. “Hay que construir consenso sobre esto. La otra es mirar para otro lado y  dejar que la informalidad y la anomia te gane”

Consultado por el avance de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, Betnaza dijo que Techint (que ganó la licitación de los caños) contrató a 400 personas a partir de ese proyecto y que se hicieron las órdenes de compra para las chapas que se traerán de Brasil. “Vamos a estar con una logística muy estresante porque son 180 camiones diarios de tubería que van a salir desde Valentín Alsina porque tenemos casi la imposibilidad garantizada de poder usar el ferrocarril como medio de transporte”, anticipó. 

DT

Héctor Alberto Zabaleta cumplió 79 este mes. Es un contador de Villa Crespo que dice vivir de sus ahorros y jubilación, pero Italia y Brasil lo acusan de ser el responsable en el grupo Techint de ejecutar el pago de sobornos a nivel internacional en el negocio de la venta de tubos de acero, según los expedientes consultados por elDiarioAR en ambos países. 

Zabaleta ingresó formalmente a Techint cuando tenía 23 años y se recibió de contador mientras trabajaba para el padre de Paolo Rocca, Roberto. Desde entonces prestó sus servicios durante 47 años a la familia y empresas de la multinacional ítalo-argentina, según admitió él mismo ante la Justicia argentina. Manejó las cuentas bancarias y negocios personales de la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020), según los testigos que declararon en el juicio oral y público que lleva adelante el tribunal de la séptima sección penal de Milán, Italia.

En su alegato del martes último, la fiscal italiana Donata Costa solicitó que se condene a Paolo Rocca, CEO y presidente de la principal compañía del grupo -Tenaris-, a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de corrupción internacional, como reveló elDiarioAR. Pidió la misma pena para su hermano, Gianfelice Rocca, y su primo Roberto Bonatti, todos accionistas y directivos del máximo nivel de Techint en Argentina y el mundo. La sentencia se espera para el 26 de abril.

Además, Costa pidió a los jueces que multen a San Faustin, la sociedad matriz del grupo Techint, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público”, es decir, a Renato Duque, exgerente de Servicios de Petrobras en Brasil y receptor confeso de los pagos ilegales. El ex ejecutivo de la petrolera estatal brasileña dijo que a través de sobornos garantizó a Techint contratos directos sin licitaciones para la venta de tubos sin costura a Petrobras por más de 1.400 millones de euros entre 2009 y 2013. 

Costa no sólo describió las pruebas en contra de los accionistas y directivos de Techint por el presunto pago de sobornos. También explicó cómo los Rocca lograron mantener el control del grupo durante estos años a través de una compañía llamada San Faustin, que habría financiado el pago de esas coimas. 

Zabaleta cumplió un rol central en el manejo de esa sociedad: manejaba sus cuentas bancarias y las sociedades offshore vinculadas a San Faustin que permitían el movimiento de fondos entre países como Suiza, Panamá y Uruguay, afirmó la fiscal italiana. “Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos eran manejadas, según el testimonio de las empleadas suizas, por Héctor Alberto Zabaleta (llamado Ettore)”, sostuvo Costa ante el tribunal de Milán. elDiarioAR se comunicó con la defensa del contador en Buenos Aires pero la respuesta fue la misma que la de los voceros de Techint: “Sin comentarios”.

Zabaleta nunca admitió los hechos que se le imputan en Brasil e Italia y ante la Justicia argentina presentó un escrito en 2017 negando la comisión de ilícitos en cualquier país. En su último reporte anual, Tenaris informó a sus inversionistas que el abogado externo de la compañía analizó la investigación de la fiscalía italiana e informó a la junta directiva que no “presentan evidencia de participación de ninguno de los tres directores en la supuesta irregularidad”. 

Doble rol

Los directivos y accionistas de Techint que declararon en el juicio en Milán también aportaron información sobre la doble función de Zabaleta: por un lado, era el director de Administración del grupo; y por otro, manejaba negocios e inversiones privadas de los accionistas. Además, manejó hasta hace pocos años los campos e inversiones privadas de la familia en Buenos Aires. Figura junto a otros mencionados en el caso italiano en una treintena de sociedades anónimas de los Rocca.

Durante el juicio, Úrsula Gaizer, empleada de San Faustin desde hace 39 años, en las oficinas de Lugano, definió a Zabaleta como su “colega en Argentina” y lo identificó como “un contador con funciones puramente operativas”. Las empleadas de San Faustin y el gerente de la Banca Svizzera Italiana (BSI) abocado a las gestiones del grupo señalaron a Zabaleta como quien daba las órdenes de realizar las transferencias bancarias a Duque, que se realizaron a través de cuentas de sociedades uruguayas y panameñas controladas por San Faustin, la sociedad matriz del grupo.

En la sede de Techint en Buenos Aires, Zabaleta manejaba un piso con acceso restringido para el resto de los empleados del grupo, muy cerca del despacho de Paolo Rocca. Tenía secretarias y una caja fuerte y manejaba también “préstamos en negro a los ejecutivos de la empresa” para sus inversiones y gastos personales, como comprarse una casa o un auto.

Los fondos negros grupales le permiten realizar pagos corruptos sin una salida directa de las cuentas de la empresa del grupo.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Aunque sus oficinas principales estaban en la casa central de Techint en Buenos Aires,  Zabaleta figuró durante 42 años como empleado de una compañía radicada en Panamá, según declaró ante el juez Claudio Bonadio tras ser arrestado por el caso de los cuadernos. 

“Trabajé en el grupo Techint hasta hace dos años -dijo el 7 de agosto de 2018 durante su indagatoria-. Trabajé del 1° de abril de 1969 al 31 de marzo de 2011 Techint ENG CO Panamá (Techint Engineering Company INC), sucursal Buenos Aires. Entre el 1° de abril de 2011 y el 31 de agosto de 2016 estuve contratado por SADMA -otra compañía del grupo-. Vivo de mis ahorros y la jubilación”, aseguró Zabaleta entonces.

Ese mismo 7 de agosto de 2018, el apoderado de Techint, Horacio de las Carreras, se presentó ante el juzgado de Bonadio y entregó dos carpetas con el legajo de Zabaleta. También amplió la información sobre su rol oficial: “Es el representante legal de la sucursal TEING Buenos Aires”, dijo, en tiempo presente.

Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos eran manejadas, según el testimonio de las empleadas suizas, por Héctor Alberto Zabaleta (llamado Ettore).

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Andrea Bassetti, accionista de Techint y miembro de la familia extendida, declaró en el juicio italiano: “Ettore Zabaleta era un señor que trabajaba para, digamos, en el Grupo, no sé exactamente para qué empresa y para quién. Creo, se ocupaba, entre otras cosas, de un family office, de uno de gestión familiar, digamos, de problemas familiares etc”.

Bruno Marchettini, dirigente de Ternium, una de las siderúrgicas de Techint, dijo ante el tribunal de Milán que Zabaleta incluso le manejó la venta de un departamento de su propiedad pero que su función era “la gestión administrativa”. “No sé cómo definirlo”, dijo ante la pregunta de la fiscal Costa.

Mario Osvaldo Lalla, otro directivo de Techint, afirmó que el contador era el “gerente administrativo en Buenos Aires, ocupándose de unos costos que se manejaban centralmente” y que se encargaba del pago de dividendos a los accionistas.

Qué es San Faustin

Esta sociedad de Luxemburgo, con oficinas en la suiza italiana, en Lugano, es la madre de todo el grupo y va rotando su jurisdicción entre distintos territorios con baja o nula tributación. En febrero 2011, Tenaris anunció en un comunicado de prensa la mudanza de las sociedades que controlan a las grandes empresas de la multinacional. Techint Holdings S.àr.l. (Techint) transfirió su domicilio de las Islas Caimán a Luxemburgo; y San Faustin se mudó de Curazao a Luxemburgo.

San Faustin es al mismo tiempo controlada por los Rocca a través de una fundación privada holandesa: Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin. Esta sociedad holandesa es la titular de las acciones en San Faustin con un número suficiente como para controlar a todo el grupo.

“San Faustin se puede resumir en dos familias: los fundadores y herederos de los fundadores que se pasan las acciones por linaje y altos funcionarios de Techint que recibieron opciones accionarias por su buen hacer en el Grupo”, describió la fiscal italiana en su alegato. Paolo Rocca es vicepresidente de San Faustin mientras que su hermano, Gianfelice Rocca, es el presidente de la junta de directores de la sociedad, y Roberto Bonatti, su presidente desde 2001.

A través de esta estructura, los Rocca se aseguran el control total, según explicó la fiscal Costa. Los accionistas -todos miembros de la familia extendida y muchos de los cuales no llevan el apellido Rocca- son libres de “vender sus acciones a quien quiera, pero, concretamente, esta posibilidad es difícil de lograr debido a la dificultad de establecer un precio que corresponda al efectivo valor de las acciones, que tienen un valor nominal de 20 dólares pero un valor real mucho mayor”, sostuvo la fiscal.

“Esta base accionarial restringida permite que las utilidades de las sociedades participadas se destinen parcialmente a la constitución de fondos negros administrados directamente por el holding, posibilitando así destinarlos a gastos que no pueden ser expuestos en los estados financieros de las sociedades participadas”, es decir de Tenaris y el resto de las empresas del grupo, dijo Costa en su alegato. Algunos de estos “gastos” no son rastreables ya que se realizan desde “cuentas corrientes no atribuibles a los propios destinatarios de los pagos”.

“Los fondos negros grupales le permiten realizar pagos corruptos sin una salida directa de las cuentas de la empresa del grupo que recibe la ventaja del funcionario público corrupto y, por lo tanto, es un pago muy difícil de rastrear”, alegó Costa quien expuso durante el juicio la documentación privada y bancaria secuestrada por las autoridades de Suiza y Luxemburgo que expuso que las cuentas y sociedades que se usaron para enviar dinero al brasileño Duque eran controladas por Zabaleta y otros hombres de la mayor confianza de los Rocca en Buenos Aires y Uruguay.

Imposible de notificar

A diferencia de los hermanos Rocca y Bonatti, los tres italianos, Zabaleta nació en Argentina, lo que le garantiza el derecho de solicitar ser juzgado en su país. Sin embargo, existen procedimientos legales que sí le permiten ser investigado en otros países.

Durante su alegato, la fiscal Costa describió el rol de Zabaleta en el supuesto pago de sobornos y enumeró los testimonios y documentos bancarios para acreditarlo, pero explicó que la Justicia italiana no pudo juzgarlo en este juicio a pesar de las pruebas en su contra debido a que Argentina se negó a notificar al contador del inicio del proceso judicial, un paso ineludible para juzgarlo en Italia. 

Exactamente lo mismo sucede en Brasil. Desde hace un año y medio, el juez federal de Curitiba Luiz Antonio Bonat intenta que los tribunales de Comodoro Py notifiquen a Zabaleta de una causa en su contra por el pago de presuntos sobornos a Duque. En ese expediente, están siendo juzgados exdirectivos de Techint en Brasil y un ex representante comercial del grupo en ese país, acusado de ser el intermediario con Duque. Duque ya fue condenado tras admitir las coimas. 

A finales de 2021, el juez brasileño debió desmembrar el expediente contra Techint ante la negativa de la Justicia argentina de notificar a Zabaleta que debía presentar abogados y comparecer ante el juzgado de Curitiba. Dividió la causa en dos para poder avanzar contra el resto de los acusados, según consta en el expediente consultado.

Tanto Italia como Brasil realizaron distintos pedidos de colaboración a los tribunales argentinos para notificar al contador de confianza de los Rocca pero en ambos casos la respuesta fue la misma: en la fiscalía de Eduardo Taiano existe un expediente contra Zabaleta por los mismos hechos y tanto la defensa como la fiscalía sostienen que el contador no puede ser juzgado por los mismos hechos en más de un caso.

Otro acusado del juicio en Italia no pudo ser juzgado por la misma razón, pero el procedimiento fue completamente opuesto. En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, a quien conocía desde hacía muchos años.

Las autoridades brasileñas colaboraron con los italianos para notificar a Sodre Neto; el acusado presentó su defensa planteando que ya estaba siendo juzgado en Brasil por los mismos hechos y así se consideró. 

En el caso que se juzga en Brasil, la frustrada notificación a Zabaleta ya pasó por tres jueces de primera instancia. Desde octubre, interviene Daniel Rafecas, quien ordenó notificar al exejecutivo de Techint pero recibió una contraorden de la Cámara Federal porteña, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El expediente en Brasil contra el contador quedó congelado, según consta en las actuaciones a las que accedió este medio.

Ettore Zabaleta era un señor que trabajaba para, digamos, en el Grupo, no sé exactamente para qué empresa y para quién. Creo, se ocupaba, entre otras cosas, de un family office, de uno de gestión familiar, digamos, de problemas familiares, etc.

Andrea Bassetti — Accionista del grupo Techint.

Un conocido en Py

Zabaleta ya había aparecido en 2007 vinculado al caso Skanska, uno de los primeros grandes casos de acusación de corrupción del primer gobierno kirchnerista. En el marco de la investigación contra la constructora sueca, el ejecutivo de los Rocca aparece mencionado como el supuesto responsable de ejecutar el pago de coimas a funcionarios de La Pampa para garantizarle a Techint, entonces asociada a Skanska, el contrato de un acueducto del Río Colorado. Ningún responsable de Techint fue juzgado por este caso.

En un audio de 90 minutos, un auditor interno de Skanska Claudio Corrizo dialoga con el entonces gerente comercial de la constructora sueca, Javier Azcárate. La grabación de esa conversación fue encontrada durante un allanamiento a la sede de Skanska en 2007. La transcripción de la conversación es la siguiente: “Corrizo y Azcárate conversan sobre las operaciones en La Pampa, donde participó el Grupo Techint juntando el dinero para el pago de sobornos, según los propios dichos de Azcárate: los encargados eran Carlos Bacher (CEO de Techint Ingeniería) y Héctor Zabaleta (director financiero del holding). Explica que era indistinto que el dinero para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de La Pampa (”la valija“) lo lleve Techint o lo lleve Skanska”, según consta en el expediente.

La única vez que Zabaleta fue citado a rendir explicaciones fue en agosto de 2018, en el marco del caso cuadernos. El juez Claudio Bonadio ordenó su detención, ya que el contador aparecía en los cuadernos del chofer Oscar Centeno realizando varios pagos al entonces funcionario Roberto Baratta, quien siempre negó las acusaciones.

Tras pasar una noche detenido, Zabaleta fue llevado ante el juez. Escuchó la imputación en su contra y se negó a declarar. 

Pero más tarde, ese día, volvió a presentarse como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli. En el expediente de los cuadernos, consultado por este medio, no está claro quién se arrepintió primero pero ese mismo 7 de agosto de 2018 Luis Betnaza, director de Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de Desarrollo Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), se presentó de manera espontánea tras conocer la detención de Zabaleta y pidió declarar como testigo. Admitió haber ordenado a Zabaleta que efectuara los pagos a Baratta. 

Betnaza fue citado a indagatoria al admitir la comisión de un delito. Horas más tarde volvió a presentarse en los tribunales y declaró como arrepentido. Sostuvo la versión del grupo: que los Rocca no sabían nada sobre los pagos ilegales al kirchnerismo; que sólo él y Zabaleta estaban al tanto; y que todo se hizo en pos de salvar a Sidor en la Venezuela de Hugo Chávez.

Zabaleta había dado una versión diferente. “Siempre antes de cada entrega, Baratta me llamaba por teléfono, posiblemente alguno de los dos teléfonos que mencioné y todas las veces me exigía dólares. Me decía que los pesos no les servían. Me profería distintas amenazas como cortarnos el gas o importar tubos de China diciéndome: ‘Ahora vas a ver dónde te vas a meter los tubos que tenés en Campana’”.

“Siempre fui yo el que entregaba el dinero a Baratta. Estimo que entre todas las entregas fueron 15 o 20 millones de pesos en total. Recuerdo que en una de las últimas veces Baratta me dijo ‘acordate que nunca me diste dólares’. Luego de la última entrega, nunca más lo vi a Baratta. Los motivos por los cuales no continuaron las entregas lo desconozco”, dijo.

Betnaza dijo ante la Justicia que los Rocca no sabían nada -lo mismo sostuvo Paolo Rocca cuando fue indagado por Bonadio y Stornelli- pero que el dinero de las coimas había salido de los dividendos de los accionistas. Es decir que, según Betnaza, Zabaleta sacó plata de las ganancias que debían entregarse a los accionistas para dársela a Baratta y nadie lo notó. Con esta afirmación, Betnaza buscó despegar a las compañías y a los accionistas, pero también evitar acusaciones de fraude a los inversionistas del grupo.

Paolo Rocca fue indagado por Bonadio y luego el expediente atravesó idas y vueltas en distintas instancias. En 2021, Zabaleta, Betnaza y el CEO fueron sobreseídos de cargo y culpa. Los pagos ilegales se atribuyeron en un “estado de necesidad”.

ED/CC

Aunque está curtido por los años, Alberto Binder permanece todavía en estado de incredulidad. El sobreseimiento de Paolo Rocca y los directivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta que firmó el juez federal Julián Ercolini en la causa Cuadernos superó todos los antecedentes en la materia y confirmó que al poder económico no lo tocan las generales de la ley. Hace casi un mes, Ercolini benefició a la cúpula de la multinacional siderúrgica, todos arrepentidos confesos de haber pagado coimas durante el kirchnerismo. Lo hizo en el mismo fallo que confirmó el procesamiento del ex funcionario Roberto Baratta, con el argumento de que hicieron los pagos ilegales bajo “estado de necesidad” y con el objetivo de que el gobierno del Frente para la Victoria hiciera gestiones ante la Venezuela de Hugo Chávez en medio del proceso de expropiación de Sidor.

Profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA y asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, Binder prepara una presentación contra el fallo de Ercolini por considerarlo “cosa juzgada irrita”, producto del prevaricato. “Es una decisión totalmente inválida, nula, porque se dicta a sabiendas de que es una medida irregular”, dice. El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) no sólo cuestiona al juez sino también a una serie de actores que avalaron a Ercolini: primero, el fiscal Carlos Stornelli y el ministerio Público Fiscal que sigue a cargo de Eduardo Casal porque no apelaron la medida; después, a la Unidad de Información Financiera, de Carlos Cruz, que lo hizo tarde y en forma incorrecta; finalmente, a los grandes medios de comunicación y a la oposición que suelen tener el tema de la corrupción como prioridad y en este caso hicieron un silencio abrumador.

Reapareció Paolo Rocca en el Día de la Industria planteando que la salida de la Argentina no es con planes ni con empleo público. ¿Qué impresión le genera?

Es muy sintomático. El empresariado argentino no tiene vergüenza en hablar de la decadencia pero muy rara vez se le va a escuchar una autocrítica por haberse aprovechado de un Estado prebendario. Se trata de una participación muy consciente y cómplice en un esquema de corrupción muy profundo. Más allá de que los Cuadernos fue una operación de inteligencia, por virtud, por negocio o por miedo decenas de los empresarios más poderosos de la Argentina han confesado ser parte de este esquema de la peor de las corrupciones. La Constitución de 1994 considera ese tipo de corrupción como un grave atentado a la democracia en su artículo 36. Rocca, Betnaza y Zabaleta estaban imputados por formar parte de una asociación ilícita.  ¿Qué significa esto? Que es un esquema organizado, no un acto puntual. Rocca es solamente una manifestación más de este problema estructural y yo creo que ha salido a la luz una pequeña porción de esta matriz corrupta del Estado. Con este empresariado que no tiene ningún pudor, no hay ninguna garantía de que esto no se vaya a repetir. 

¿Por qué piensa que Ercolini decide el sobreseimiento de Rocca, Betnaza y Zabaleta en el mismo fallo que confirma el procesamiento de Baratta?

Es posible que lo haya hecho porque nuestros jueces no toman decisiones fundadas en una interpretación razonada del Derecho sino en una arquitectura político-comunicacional. Hay un prevaricato muy claro, eso está pensado y es el resultado no solo de abogados sino de operadores político-judiciales. 

Usted sostiene que Rocca no podía no estar al tanto del pago de coimas.

No, por la magnitud de los negocios que tenía en Venezuela. Cuando Bonadio procesa a Rocca, a Betnaza y a Zabaleta, lo hace -a diferencia de otros casos- sin prisión preventiva. Al resto de los empresarios, los procesaba con prisión preventiva y eso forzaba mayores confesiones, después negociaban las prisiones preventivas como parte del esquema extorsivo que el mismo Stornelli había montado. A Rocca lo procesan sin prisión preventiva y Stornelli y Rívolo apelan en diciembre de 2018 y dicen que Rocca tenía que estar preso, que conocía todo, que los hechos estaban probados y que eran gravísimos. Ahora Ercolini procesa a Baratta y los exculpa a ellos con el argumento del estado de necesidad. Es increíble.

¿Por qué Ercolini falla de esa manera a favor de Techint? ¿Comodoro Py intenta dejar en claro su compromiso político con el poder económico? 

Hace años que vengo cuestionando a los jueces de instrucción de Comodoro Py. Comodoro Py se está reconfigurando para continuar con el mismo juego político. Hoy el comando de operaciones no está en la inteligencia pero los operadores siguen dando vueltas por ahí. La operación política sobre el poder judicial se ha restablecido. 

Se murió Bonadio, se murió Oyarbide, se jubiló Canicoba Corral y de la generación de jueces del menemismo sólo queda Servini...

Si, pero quedan los Ercolini, los Lijo y tantos otros impresentables.

Muchos de ellos son los jueces que nombró el primer kirchnerismo.

Va más allá de los gobiernos. Se van aggiornando. Pero en este caso cometieron el error de pretender salvar con un barniz académico, muy a lo Ercolini, una decisión escandalosa. El modelo Stiuso era potente porque era eficaz y poco pretencioso en sus formas. Esta segunda generación primero no es tan inteligente, segundo no tiene las habilidades del poder y tercero no maneja los resortes de inteligencia, pronto va a quedar muy claro el grotesco. Es una decisión obscena y torpe, muestra que han perdido la noción de realidad.

Van a hacer una presentación judicial contra el fallo de Ercolini. ¿Por qué hablan de cosa juzgada írrita? 

Porque se trata de una absolución que es nula porque está precedida de una conducta de prevaricato. Buscamos revertir la cosa juzgada de estos sobreseimientos, que son totalmente inválidos, nulos. Es una decisión que se dicta a sabiendas de que es una medida irregular.

¿Cómo lo decidieron?

La cosa juzgada es algo que hay que cuidar mucho. Yo no soy de los que piensan que cuando un caso no nos gusta tenemos que reabrirlo porque eso termina debilitando al poder judicial que queremos fortalecer. Pero existe la figura, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso y hay casos reconocidos en el derecho internacional y el derecho comparado cuando una decisión es producto de prevaricato, es decir, de dejar de lado dolosamente la ley con intención, entonces no se puede convalidar la cosa juzgada. Si vos sobornaste a una persona, esa persona por dar favores toma una decisión y produce cosa juzgada y ya no la podes tocar más, la cosa juzgada misma se vuelve un chiste. 

¿Cuándo van a hacer esa presentación?

Es inminente pero invitamos a sumarse a todos los que cuestionan el fallo. Lo primero que hay que hacer es restablecer los plazos de tal manera que vuelvan a apelar otras personas que no sean las que dejaron correr a propósito los plazos. Lo de Stornelli fue un silencio ruidoso. La UIF lo dejó pasar no se sabe si por descuido y después quiso hacer una jugarreta muy tonta porque va en contra de cualquier manual de Derecho Procesal Penal. Lo hizo para producir un efecto en la prensa pero la Cámara Federal tardó 30 segundos en desestimarla. 

Desde la UIF de Carlos Cruz sostienen que ellos hicieron una apelación.

Eso no es así. Ellos dejaron pasar el plazo. Acá hay cuatro decisiones distintas. Una lo procesa a Baratta, otra lo sobresee a Rocca, otra lo sobresee a Betnaza y otra a Zabaleta. Cada una de esas decisiones debe ser impugnada. Sin embargo, ninguno de los tres sobreseimientos fue impugnado por ninguno de los acusadores, ni la UIF ni Stornelli ni el ministerio Público Fiscal de Eduardo Casal. Obviamente el defensor de Baratta impugnó y pidió la revisión de su procesamiento. Lo único que hizo la UIF fue adherir al recurso del defensor de Baratta pero eso no servía para revocar el sobreseimiento de Rocca y los demás directivos de Techint. Eso que hizo la UIF, si un estudiante de Derecho te lo plantea, lo tenés que reprobar. La UIF tenía que apelar el sobreseimiento. 

Es difícil pensar que hubo ingenuidad en eso. Si no se apeló en tiempo y forma es porque la decisión de la UIF era convalidar el sobreseimiento de Ercolini.

No lo sé. Yo creo que hay desorientación porque se cree que la causa Cuadernos es solo una cuestión contra Cristina. Piensan que convalidar la impunidad para 40 empresarios corruptos es un mal menor frente a la necesidad de sacar la nulidad para Cristina, porque ni siquiera piensan en los otros funcionarios. Ese es el modo como razonan. 

Hace tres años, Cuadernos tuvo un grandísimo impacto porque no sólo involucraba al kirchnerismo sino a gran parte del establishment que había permanecido siempre intocable. Mirado desde hoy ¿Qué fue lo que se buscó con la causa? ¿Qué quedó?

La causa Cuadernos es información guardada en inteligencia, toscamente judicializable. Vino a confirmar algo que muchas veces denunciamos: estaban los servicios de inteligencia autonomizados y lo judicializaron de un modo muy torpe. Entregar cuadernos, quemarlos, armar una causa con fotocopias. Ahora por fuera de eso, que es una barbaridad, se montó una arquitectura para salvar a los empresarios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios y de un sector importante de la Justicia, de los dos sectores porque quedaron embarrados profundamente para que queden liberados también los funcionarios y los políticos, salvo la entrega que va haber de unos poquitos al estilo María Julia. 

¿Qué falló en el diseño original para que aparecieran los empresarios involucrados en esta causa?  

Eso se vincula con otra cosa a nivel regional, que tiene que ver con el movimiento Odebrecht, que repartía tipo capo de la mafia a pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Argentina no se dejó que una empresa hiciera lo mismo porque lo hacía el Estado. Esa cartelización de los negocios más rentables impedía que otras multinacionales entraran.

En Brasil, Marcelo Odebrecht estuvo preso dos años y medio. Ustedes cuestionan la impunidad de los empresarios corruptos. ¿Qué tipo de consecuencias tiene ese criterio?

Los que dominan la cartelización son los funcionarios públicos. Si el sistema económico quiere corromper la política, tiene posibilidades inmensas de hacerlo una y otra vez. Si naturalizamos el financiamiento ilegal de la política, no estamos atacando a la causa principal del problema: estamos atacando a los gerentes de turno. Se puede pensar que en el kirchnerismo hubo gerentes muy hábiles pero hay un problema estructural. El gobierno macrista también quiso gerenciar la corrupción. Los funcionarios pasan, el poder económico queda.

¿Cómo se explica el silencio general en un país donde la corrupción es un tema muchas veces central de la agenda?

Hagamos la lista. ¿Habló Carrió de esto? ¿Habló Ocaña? ¿Habló Olivetto? ¿Hablo Sabsay? Me refiero a las voces que se pasean en forma habitual por los medios. ¿Cuántos periodistas han hablado de esto? Dos o tres nada más. Esto es el poder económico. Alguna vez vamos a entender que atrás de todo esto hay un problema de plata. No hay ideología, no hay política, no hay nada, hay plata. Lo grave es el silencio general ante la impunidad de los empresarios corruptos. 

¿Por qué dice que el financiamiento de la política es el problema principal?

Hay tres tipos de corrupción: la de la policía, la del funcionario que junta plata para ponerse una empresita y la gran maquinaria que hay que atacar, donde se hace política y se gestiona el Estado, se ganan elecciones, se hacen alianzas. El financiamiento de la política no es solamente que llegó el día de la campaña y te pasan unos bolsos negros. Es todo un modelo donde se va gestionando el Estado y por eso todo es una gran caja de favores. La política se ha convertido en una especie de bazar donde se entregan cosas, vos me ayudas a que yo gane, vos me ayudas a que haga la alianza con este y hay empresarios que se mueven, Techint, Cristóbal López, Mindlin, el mismo Macri, que viene de eso. La Justicia forma parte de este esquema de favores porque ahí adentro también se hace lo mismo. Te asciendo, asciendo a los miembros de tu tribu, ¿Por qué duran años los concursos en el Consejo de la Magistratura? Ya llevamos un año desde la decisión de urgencia institucional de las vacantes de Bruglia y Bertuzzi. Pero no alcanza con la indignación sino con una acción como la que queremos hacer. 

¿Hay antecedentes de una presentación de este tipo?

Si hay varios. En el caso Skanska, se reabrió la causa. El gobierno anterior lo quería hacer y yo me opuse porque vuelvo a decir: creo que hay que ser prudente. Si no te abre la puerta a la persecución política permanente. Las cárceles del país están llenas de gente que está presa por razones reales de estado de necesidad. Vos sos pobre y le quisiste dar lo básico a tus hijos y te meten preso si tuviste un antecedente. Es un insulto que estos tipos hipermillonarios hablen de estado de necesidad y digan que tuvieron que salir a coimear a funcionarios de tercer nivel para que les arreglaran sus negocios en Venezuela. No sé cómo Ercolini puede durar un minuto después de un fallo así. Tendrían que hacerle un juicio académico además en la universidad. Dirige una maestría y es gente que no tiene aptitud moral para enseñar a los jóvenes abogados. Mientras el Consejo de Beliz lanza una discusión sobre la ética de la abogacía se permite y se guarda silencio sobre los casos más elementales de inmoralidad judicial. Nadie sale a decir nada. Ni la Asociación de Magistrados ni la asociación de fiscales. 

DG/WC