El caso Paseo Gigena suma un nuevo capítulo. El edificio ubicado en Dorrego y Libertador, rebautizado como Ola Palermo, y en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue generando controversia.

Esta vez no es porque los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco porque el edificio fue construido sobre caños maestros de Aysa, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por el edificio y la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Ni siquiera porque el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado.

No es porque los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad, donde antes se encontraba el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, y aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

Tampoco porque el metro cuadrado en Paseo Gigena oscilaba en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler mientras la empresa BSD, desarrolladora del proyecto, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños de Aysa y para poder inaugurar el edificio.

Esta vez, Paseo Gigena generó murmullo en el ámbito político de la Ciudad, luego de que Álvaro García Resta, ex secretario de Desarrollo Urbano porteño anunciara su incorporación al estudio ODA de New York como asesor en Urbanismo. ODA es el estudio de arquitectura que diseñó Paseo Gigena durante la gestión de García Resta en el gobierno de Rodríguez Larreta (2019-2023). El funcionario continuó a cargo de Desarrollo Urbano durante la Administración de Jorge Macri hasta finales de 2024.

¿Puede García Resta trabajar para un privado involucrado en un proyecto que él debía supervisar como funcionario a sólo meses de haber dejado la función pública? Es lo que se preguntaban en un pequeño grupo de entendidos sobre el millonario proyecto inmobiliario. Es un posible caso de lo que se llama “la puerta giratoria” entre el sector público y privado.

De acuerdo con la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios deben esperar al menos un año después de finalizar en la gestión pública para “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que haya prestado funciones”. Toda la ejecución de la obra estuvo a cargo de Desarrollo Urbano, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del terreno público.

En 2020, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de los funcionarios públicos, presentó propuestas de modificación al proyecto de Ley de Ética Pública de la Ciudad, entre las que incluyeron una sobre puerta giratoria y el período de “enfriamiento”, como se llama al lapso de tiempo que debe pasar entre el cese en la función pública y el ingreso a un privado que fue fiscalizado o mantuvo contratos con el área del funcionario saliente. “La propuesta temporal de un año es muy limitada y se aleja de cualquier plazo razonable contenido en recomendaciones internacionales”, explicó Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ.

“De acuerdo al análisis realizado por la OCDE en el documento ‘La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público’, en gran parte de la legislación comparada el tiempo de apartamiento es siempre mayor al tiempo establecido en este proyecto de ley”, afirmó Lucarella. Por ejemplo, el plazo en la legislación de Francia es de cinco años. “Eso resulta más apropiado para cumplir con el objetivo esperado, ya que supera un mandato de Jefe/a de Gobierno y las probabilidades de poder tener información o vínculos en la administración se disminuyen”, aseguró la abogada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en su informe a Argentina que incorporara regulaciones de “puerta giratoria” en la normativa de ética pública. En los ejemplos de otros países, hay casos en los que el período de enfriamiento es de dos a cinco años, según el cargo ocupado. Transparencia Internacional, por otro lado, recomienda un período de enfriamiento de por lo menos dos años.

García Resta ni siquiera esperó el corto año que plantea la ley porteña. Sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario destacó que a pesar de que el diseño del edificio de oficinas y locales estuvo a cargo de ODA, el estudio arquitectónico no firmó ningún contrato con el Gobierno porteño sino con los desarrolladores privados que son concesionarios del Estado capitalino. Este medio también se comunicó con el estudio ODA pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta sobre su posición al respecto.

Su caso es una delgada línea gris, dicen en la Dirección de Ética Pública de la Ciudad. Incluso con esa salvedad, García Resta se mostró durante años en la obra de Paseo Gigena, de acuerdo con las notas de prensa y fotografías publicadas por el Gobierno porteño, e incluso entrevistó al arquitecto líder del estudio ODA, Eran Chen, en medio de la construcción del complejo. El exfuncionario dijo a elDiarioAR que conoció a ODA y su fundador gracias a Paseo Gigena.

A pesar de las visitas a la obra, los videos que lo muestran en Paseo Gigena supervisando el desarrollo del proyecto y lo establecido en el pliego de la licitación de 2019, García Resta aseguró a elDiarioAR que él no tuvo “ninguna función específica” en torno al emprendimiento inmobiliario, lo que, afirmó, lo eximiría de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública de la Ciudad.

“Le agradezco especialmente al Arquitecto Eran Chen y a su equipo por su recibimiento, estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Cuando entrevistó a su nuevo jefe en octubre de 2023, en plena obra del Paseo Gigena, Chen definió a García Resta como “un amigo” y “el arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires”. También le aseguró: “Gracias a vos y a esta Administración (por la de Rodríguez Larreta) hemos podido convencer al desarrollador (BSD) y a ustedes, y con suerte, al público, de que esta es una situación en la que todos ganan. Si podemos hacer una asociación privado y público, podemos abrir edificios al público, podemos mantener y extender el terreno público y crear experiencia que de lo contrario no obtendrías”.

A más de un año y medio de esas declaraciones del arquitecto, el espacio público de Paseo Gigena continúa sin terminar de inaugurarse en su totalidad y la obra le costará miles de millones de pesos extra a los porteños para desviar los caños de Aysa que siempre estuvieron debajo del predio público sobre el que se construyó un negocio privado.

ED/DTC

El secretario de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires hablando de espacio público en la sección Propiedades de La Nación. Todo un síntoma de época.

La entrevista -autopercibida manifiesto de urbanismo- atraviesa varios temas estructurales sobre el rol de la planificación urbana y sobre cómo se piensan y se gestionan modelos de ciudad. Los planteos de Álvaro García Resta como responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano no son, por lo tanto, opiniones incidentales; constituyen un sentido político que define significativamente cómo vive la gente en Buenos Aires.

Hay tres cuestiones cruciales; la primera tiene que ver con la concepción del espacio público. Por un lado, el diseño está atravesado por una mirada clasista que entiende que las plazas y parques son para correr y pasear el perro, mientras soslayan otras dimensiones como las ambientales (si se lo diseñara con menos cemento, claro) o las políticas (su papel simbólico como lugares de manifestación colectiva, de despliegue cultural). Es una reducción funcionalista del ciudadano estereotipado que construye el gobierno de Buenos Aires. Por el otro, está el tema de qué variables definen el ideal de espacio público. En una extraña reflexión cuantitativista, García Resta afirma que una persona que se queda todo el día o varias personas que se quedan unos minutos pueden dar cuenta del éxito de un parque en términos de concurrencia y permanencia. Eso no es ser disruptivo con las políticas públicas, es hacer un promedio -que, además, no tiene ninguna racionalidad de planificación urbana-. Pero lo notable es que el secretario también simplifique las críticas: en la audiencia de Costa Salguero, las 1.163 declaraciones en contra (frente a 30 a favor) desplegaron una diversidad y solidez de argumentos inédita que explican por qué “hacer ciudad” no es edificar ni tampoco privatizar tierra pública para consumo suntuoso. La concurrencia a grandes parques urbanos depende fuertemente de la infraestructura de movilidad y el servicio de transporte público; la permanencia, de la calidad del espacio y el paisaje para usos diversos, impredecibles. Para el secretario, sin embargo, quienes participaron de la audiencia son personas que se oponen a vender un par de hectáreas. Esto no sólo pone en evidencia los límites de argumentación de la gestión para sostener el proyecto sino que visibiliza que la participación social válida es la que no interfiere con el esquema de negocios de los funcionarios del PRO. Más aún, plazas y parques han surgido allí donde hubo movilización social y resistencia a los desarrollos inmobiliarios propuestos desde la secretaría -como el caso paradigmático de Manzana 66-; el espacio público en CABA no es mérito de la antropología urbana, es producto de una ciudadanía que disputa activamente las decisiones sobre el espacio urbano.

Y ahí emerge una segunda cuestión: la del modelo de gestión democrática. La supuesta dicotomía entre el “viejo urbanismo” y uno nuevo -encarnado en la visión antropológica- es una mera operación retórica para posicionarse como una vanguardia que ahora sí entiende y se preocupa por lo que necesita la gente. No hay nada de nuevo en eso, desde su configuración como disciplina a finales del siglo XIX, el urbanismo siempre ha tenido como objeto cómo se vive y se podría vivir en las ciudades. Los cambios desde abordajes más centralizados, que exaltaban la voz de los técnicos, hacia modelos participativos, dan cuenta de una trayectoria histórica y cada vez más compleja de los problemas urbanos. En ese devenir, la literalidad de hacer “lo que dice el vecino”, más que una propuesta innovadora de participación social, es una fórmula demagógica que la gestión de la ciudad ha encontrado para validar su falta de capacidad técnica y su incompetencia para gestionar el conflicto. ¿Qué vecino dice? ¿el que tiene acceso a redes, tiempo, ganas, incentivos para participar? BA Elige ha sido la apoteosis de esta metodología, con propuestas que tras cumplir con un procedimiento administrativo y ser las más votadas (que en el mejor escenario no llegan ni a 500 votos en una ciudad de 3 millones de habitantes) están en condiciones de implementarse sin ningún criterio de planificación territorial -así impliquen, por ejemplo, temas sensibles como instalar más cámaras de seguridad-. Esa lógica, escalada, resulta en la reciente convocatoria de convenios urbanísticos abierta a propietarios de terrenos; un collage de proyectos de desarrollo inmobiliario, que denigra un instrumento valioso para la gestión de suelo, sobre la premisa de valorizar la tierra urbana.

Desarrollar mecanismos para que las plusvalías de la urbanización (que surgen del esfuerzo colectivo de la sociedad) no queden en manos de los propietarios del suelo, es la base de una gestión urbana justa.

Ahí, la tercera -y extremadamente sensible- cuestión. ¿Por qué encarecer el precio de la tierra en una ciudad que cada vez tiene más gente sin ingresos suficientes para acceder a una vivienda? Porque el gobierno, bajo un supuesto de redistribuir riqueza que nunca se cumple, se financia capturando parte de esa valorización. Desarrollar mecanismos para que las plusvalías de la urbanización (que surgen del esfuerzo colectivo de la sociedad) no queden en manos de los propietarios del suelo, es la base de una gestión urbana justa. Promover desarrollos inmobiliarios para generar artificialmente ese flujo, es hacer caja. Hay muchas maneras de financiar el desarrollo urbano, pero implican creatividad y, sobre todo, mucha audacia política; hace cuatro gestiones el gobierno porteño elige promover el desarrollo inmobiliario especulativo y vender tierra pública sistemáticamente (de manera irregular y, casi siempre, bajo precio de mercado).

Pero además de creatividad y audacia, hay que tener funcionarios y técnicos capacitados. La tierra urbana no es renovable. De hecho, es un recurso finito y escaso. No tener conocimientos adecuados sobre cómo funcionan los mercados de suelo redunda en que se afirmen y difundan errores conceptuales como este. ¿Tal vez el periodista y el secretario hayan intentado referirse a los procesos de destrucción creativa que se dan en las ciudades? En cualquier caso, lo segundo sólo reafirma lo primero: al ser un bien escaso en un contexto donde la producción inmobiliaria genera rentas enormes, “liberar” suelo para que esté disponible para nuevos desarrollos es una estrategia central de reproducción del capitalismo. Cuando eso se traduce en las 150 hectáreas que las gestiones del PRO vendieron entre 2009 y 2019, implica que la ciudad perdió suelo para aumentar 40% los espacios verdes o para construir más de 86.000 viviendas que reduzcan el déficit habitacional, como surge en el informe del despacho del diputado Barroetaveña. Esto no es un problema técnico: la decisión política es debilitar al Estado, que debería ser un actor central en la regulación del mercado de suelo para garantizar que efectivamente quienes viven en la ciudad tengan vivienda, equipamientos y espacios públicos accesibles y de calidad.

Tomar decisiones de política pública implica tener, ante todo, creatividad política para proponer soluciones colectivas que no surgen, que no podrían surgir, de la suma de individualidades; supone la capacidad de ir más allá de los sentidos comunes instalados, de acompañar la escucha sensible con un rol activo en el desarrollo de propuestas superadoras. Pero sobre todo, implica respetar la esencia pública de la planificación urbana, gestionando los recursos de la ciudad como genuinos bienes comunes. Con participación comunitaria escenográfica, incapacidad técnica y gestión empresarial, el costo social de este modelo urbano es altísimo.

GG