La Justicia federal investiga un escándalo de importantes proporciones en el Ministerio de Defensa, tras ser denunciados militares vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) presuntamente por usar en forma personal fondos destinados a viáticos y desviar a beneficio propio dinero de racionamiento que tiene como fin proveer de alimentación a civiles y miembros de las Fuerzas.

Según consigna la agencia Noticias Argentinas, la presentación penal, que quedó a cargo del Juzgado Federal número 2 de Sebastián Ramos, incluye también posibles acusaciones por espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio, con el objetivo de favorecer a firmas alemanas que mediante presuntos métodos extorsivos puedan quedarse con el negocio del valioso mineral y ejercer un monopolio en el norte del país y en la nación del altiplano.

La causa, generada tras una denuncia que envió un anónimo a la Justicia, está caratulada como presunta “defraudación pública al Estado”, “malversación de fondos públicos”, “abuso de poder” e “inteligencia clandestina”.

Las iniciales del primero de los denunciados son F.J.M, quien fue designado director de la DNIEM durante la gestión de Alberto Fernández y ahora tiene un cargo menor.

Los otros posibles involucrados son el exdirector de Inteligencia Nacional Carlos Molina y el actual director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla.

Todos estos miembros forman parte de esa dirección dependiente del Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri, quien de acuerdo a las fuentes castrenses consultadas por NA, no estaría al tanto de estas presuntas irregularidades.

De acuerdo a la presentación, estos militares “habrían comenzado desde el Gobierno anterior presuntamente a apropiarse de fondos públicos y reservados de la DNIEM continuando con este accionar en la gestión actual”.

“El mecanismo de fraude consistiría en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por M. para su uso personal, entre otros, vacaciones familiares junto a su esposa, cuyas iniciales son R.S.C e hijos menores de edad”, se indicó.

C.“habría ingresado como miembro de planta permanente en la DNIEM, pero jamás habría concurrido a cumplir funciones laborales ni se le habría asignado tarea alguna a realizar desde su domicilio”.

En uno de los pedidos, M. solicitó $139.140 por costos de desplazamiento y viáticos por $27.828 cada día para un viaje a la ciudad chubutense de Esquel junto a su esposa en una misión oficial que iba del 21 al 25 de agosto de 2023.

Sin embargo, en fotos subidas a redes sociales, el denunciado se mostraba junto a su pareja y a sus dos hijos menores de edad disfrutando del paisaje y realizando actividades en grupo, en lo que finalmente eran vacaciones familiares.

Por otra parte, otra de las denuncias presentadas radica “en un mecanismo que se complementaría con la creación de contratos de personal que directamente no existiría y de la tercerización de servicios que tampoco existirían, lo que permitiría el cobro de dichos fondos y su utilización con fines particulares”.

Además, los presuntos acusados estarían “reteniendo el dinero destinado al pago de racionamiento (haberes que conforman la cuota de alimentos para el personal) desviándolo a cuentas para su uso particular”.

En la denuncia penal, se cita como ejemplo una nota de autorización de retiros de fondos de febrero de 2024 firmada por M., por la suma de $13.365.083,22, la cual una empleada sacó del Banco Nación.

Esa cifra tenía que ser para pagar el racionamiento de los efectivos y del personal civil correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, pero no se hizo.

En la presentación judicial se sospecha que los denunciados “formarían parte de una presunta organización dentro de un organismo de inteligencia, destinada a defraudar a la Administración Pública Nacional”.

Presunta inteligencia ilegal sobre empresas de litio

Esa denuncia no es la única que arrastran M. y Constela, ya que fueron acusados presuntamente de autorizar operaciones de inteligencia por parte de empresas privadas alemanas en territorio argentino y boliviano.

En ese sentido, “M. dirigiría una facción conformada por personal de la Armada Argentina, encabezada por el contraalmirante Core, quien es el padrino del hijo menor de M., aportando apoyo externo a la operación con un grupo de la Armada Argentina”.

Asimismo, el presunto acusado “opera estos temas con el coronel mayor Gabriel Pietronave y las reuniones se dan los viernes por la tarde para el intercambio de información de inteligencia que le brindan al personal militar de la Embajada teutona (escuchas, seguimientos y otros), percibiendo a cambio el presunto el pago de 250 mil euros”.

El enlace sería un miembro militar de la sede diplomática germana en la Argentina identificado como capitán de fragata Peter Chistian Semrau y el fin sería conseguir información que permita a las empresas extranjeras de capital privado adquirir compañías nacionales y monopolizar el mercado del litio, un negocio más que rentable por los próximos 10 ó 15 años, aproximadamente.

La Justicia debe investigar y determinar si el pedido es directo del Gobierno alemán o es un trabajo encomendado por una empresa privada de ese país a este militar.

La tarea de los denunciados consistiría “en hallar alguna situación o hecho que puedan complicar a los dueños de las firmas argentinas y bolivianas y así extorsionarlos con el objetivo de que les vendan las empresas a los alemanes y así quedarse con toda la explotación del litio en el norte argentino y en Bolivia”.

La denuncia ya la tiene la Justicia.

Con información de NA.

IG

El espía israelí Amit Forlit fue liberado el pasado jueves tras ser detenido en Londres acusado de “conspiración para cometer hacking informático” y “fraude electrónico” a favor de una empresa de relaciones públicas y lobby de Estados Unidos para “reunir información relacionada con la crisis de la deuda argentina”. El motivo para desestimar el arresto sería un error en el procedimiento, alegaron las autoridades británicas.

Forlit había sido detenido el pasado 30 de abril en el aeropuerto de Heathrow en Londres, cuando intentaba abordar un avión rumbo a Israel. Pesaba sobre él una alerta roja de Interpol a pedido de un tribunal de Estados Unidos, pero un juez británico la rechazó días atrás, ya que consideró que no fue llevado al juzgado dentro de los plazos establecidos por la ley. “No depende de mi criterio”, escribió el juez Michael Snow, citado por la agencia Reuters.

Amy Labram, abogado de Estados Unidos ante el tribunal, explicó un motivo central del pedido de extradición: Forlit cobró US$20 millones para “reunir información relacionada con la crisis de la deuda argentina”. La información conocida no detalla si el supuesto espionaje ilegal en que habría incurrido el israelí estuvo relacionado con los holdouts de los canjes de 2005 y 2010, con quienes el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó a muerte, o la reestructuración de bonos por US$66.100 millones llevada a cabo en 2020, sobre la deuda dilapidada por el Ejecutivo de Mauricio Macri.

Ahora, Reuters informó que el espía fue libertado el jueves por “un malentendido”, ya que “no fue presentado (el acusado) ante el tribunal dentro del plazo asignado”, según explicó la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido en un comunicado. “Posteriormente su caso fue desestimado por el juez y fue puesto en libertad”, agregaron desde ese organismo, consignó el medio.

A esto sumaron que los fiscales británicos confirmaron en un comunicado que el caso contra Forlit había sido desestimado “y por lo tanto no hay ningún proceso contra él en este momento”.

Reuters no pudo determinar el paradero actual de Forlit. Sus abogados en Estados Unidos, donde enfrenta una demanda separada por un conjunto diferente de acusaciones de piratería informática, no respondieron a sus mensajes al respecto. Así, el paradero del israelí pasó a ser una incógnita.

MB

El Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) hizo espionaje interno mediante la agencia nacional de inteligencia (ABIN) contra 30.000 opositores y guardó los datos recabados ilegalmente en una nube de almacenamiento ubicada en Israel, denunció hoy el actual director jefe de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues.

“Estos datos de las personas, ciudadanos brasileños que fueron monitoreados, estaban siendo almacenados en la nube en Israel, porque la empresa responsable de esta herramienta es israelí”, dijo el comisario Rodrigues al canal de noticias GloboNews.

Rodrigues estaba hablando sobre la investigación de los actos golpistas del 8 de enero de 2023 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y reveló parte de una investigación adyacente que ya terminó en la detención de dos personas y allanamientos en la sede de la ABIN, la central de espionaje del Estado brasileño.

Según Rodrigues, un software utilizado ilegalmente por la ABIN adquirido durante el Gobierno de Michel Temer (2016-2018) a una empresa israelí fue utilizado para hacer espionaje ilegal a unas 30.000 personas.

“La característica es que todas eran con opiniones contrarias al Gobierno (de Bolsonaro)”, reveló el director de la Policía Federal.

El Gobierno de Bolsonaro tuvo en Israel uno de sus principales aliados, sobre todo por las relaciones políticas con el primer ministro Benjamin Netanyahu y la influencia proisraelí de las iglesias evangélica neopentecostales brasileñas.

“La herramienta de espionaje, cuando se utiliza con regularidad, permite el seguimiento a través de la invasión de dispositivos. No se trata sólo de monitoreo de antenas. Es decir, se realiza un seguimiento telefónico de señales -no de datos ni mensajes- que indican la ubicación exacta de estas personas. Y luego, cruzando información, es posible suponer quién estuvo con quién y en determinadas circunstancias”, afirmó Rodrigues.

El 20 de octubre pasado, la Policía Federal arrestó a dos exagentes de la ABIN de Bolsonaro por espionaje, al acusarlas de hacer uso indebido del sistema de geolocalización como medio de coerción indirecta para evitar su despido.

Esta operación ocurrió cuando el hoy diputado del Partido Liberal Alexandre Ramagem, miembro de la Policía Federal, estuvo al mando de la ABIN durante el Gobierno de Bolsonaro.

Ramagem es el candidato de Bolsonaro a intendente de Río de Janeiro en las elecciones municipales de octubre.

El sistema con el que se hizo espionaje ilegal es el FirsMile de la empresa israelí Cognyte, contratado pro el gobierno de Temer para que lo usara en la intervención federal en Río de Janeiro en 2018 el general Walter Braga Netto.

Braga Netto fue candidato a vice de Bolsonaro en las elecciones de 2022 que ganó Lula, luego de haber sido jefe de gabinete y ministro de Defensa.

Rodrigues también reveló que la Policía Federal logró detectar en las redes sociales los planes de asesinato que bolsonaristas que participaron de los actos golpistas del 8 de enero planificaron contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Moraes contó el jueves al diario O Globo que uno de los planes de los seguidores del expresidente era derrocar a Lula con el Ejército y asesinarlo ahorcándolo en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia.

Con información de agencias.

IG

A seis días del balotaje con el candidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa, Javier Milei ratificó su intención de dolarizar la economía y aseguró que, en caso de no contar con el apoyo del Congreso, someterá la propuesta a una consulta popular. “Creo que están emergiendo nuevas mayorías a las que puede que les parezca razonable (la dolarización) y lo pasen. Y sino, llegado el momento, vamos a un referéndum”, indicó.

Según explicó en una entrevista con Esteban Trebucq para A24, la posibilidad de resolver el debate sobre la eliminación del peso argentino a través de una consulta popular es una expresión democrática que el Congreso debería habilitar pese a no compartir su plan monetario.

La dolarización no es la única propuesta de Javier Milei que despertó polémica en los últimos meses de campaña. Otra de ellas es el presunto plan de creación de un mercado de órganos ─que revitalizó recientemente la diputada electa de LLA, Diana Mondino. Esta noche, el economista volvió a aclarar que no llevará adelante este proyecto y que el planteo sobre la venta de órganos estaba enmarcado en un “debate filosófico” lejos de la práctica.

Reforzó, además, su plan de liberar el comercio ─al que considera como una actividad entre privados─ y se mostró favorable a la apertura de nuevos mercados. En este sentido, cuestionó el actual funcionamiento del Mercosur e indicó que, en un eventual gobierno suyo, apoyará a Uruguay en la propuesta por la mayor apertura comercial. “El Mercosur como tal es un fracaso fenomenal”.

En el marco de la entrevista, Milei acusó a Massa de estar involucrado en espionaje ilegal y aseguró que parte de la información que su adversario utilizó en su contra durante el debate surgió de fuentes ilegítimas. “La chicana sobre mi pasantía en el Banco Central muestra cómo remueven información y hacen inteligencia desde el Estado para perseguir a una persona”, sostuvo. Sin embargo, se trata de información que ya habían dado a conocer previamente por el periodista Alejandro Bercovich.

El aspirante a la Casa Rosada también contó que, cuando decidió involucrarse en política, una empresa ─cuyo nombre no especificó─ se ofreció a realizar operaciones a sus adversarios políticos. “Cuando estábamos en campaña, a mi hermana y a mí nos vinieron a ver de una empresa que se dedica a plantar operaciones a políticos. En ese momento, nosotros estábamos por la candidatura a diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vienen a proponer eso y con mi hermana nos miramos y dijimos 'nosotros no somos esto'. Pero, claramente, Massa y el kirchnerismo sí son eso”, aseguró. Si bien rechazó la propuesta, jamás realizó una denuncia formal.

Milei y un balance optimista del debate presidencial

El candidato libertario también se refirió a su desempeño en el debate presidencial. Pese a las críticas de recibió tanto de la prensa internacional como de sus propios aliados del PRO, Milei se mostró conforme respecto de su actuación frente a las preguntas y cuestionamientos de Sergio Massa.

“Nosotros estamos muy contentos con lo que ocurrió en el debate. Uno de los objetivos era, frente a los recurrentes ataques que íbamos a sufrir de Massa, no reaccionar, no alterarnos. Y, a pesar de la concatenación enorme de agresiones a lo largo de debate, jamás pudo sacarme de eje”, señaló.

Según explicó a Trebucq, su otro objetivo en el debate era desmentir las versiones de dirigentes de Unión por la Patria sobre sus propuestas, las cuales considera que integran una “campaña sucia” y “negativa”. Explicó que a su criterio, al responder a todas las preguntas que el ministro de Economía le lanzó, logró este cometido.

En este sentido, el economista también pidió a la gente que vaya a votar el próximo 19 de noviembre “sin miedo” en lo que considera serán las “elecciones más importantes de los últimos 100 años”. “Existe una Argentina próspera donde no tenés que estar lidiando con si te van a matar a tus hijos o si se van a ir. Esa Argentina mejor es posible sólo si el futuro es liberal”, concluyó.

ACM

La causa por espionaje ilegal contra jueces, sindicalistas, empresarios y dirigentes políticos continúa sumando querellantes: este lunes, el ex presidente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri se presentó ante la Justicia para solicitar su incorporación a la investigación. Ya se habían presentado como querellantes el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, los diputados nacionales de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade y Máximo Kirchner y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.

Todos ellos argumentaron que debían ser tenidos en cuenta en la causa dado que, según trascendidos periodísticos, habrían sido víctimas del ex policía imputado Ariel Zanchetta. Además, sus nombres figuran en el dictamen de casi 150 páginas formulado por el fiscal a cargo de la investigación, Gerardo Pollicita, en base a un informe de un organismo técnico que depende de la Corte Suprema: la DAJUDECO.

Macri, sin embargo, no aparece en dicho documento. Quien sí figura como presunta víctima del espionaje ilegal de Zanchetta es su primo y jefe de gobierno electo por Juntos por el Cambio, Jorge Macri.

Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá decidir si acepta a los mencionados dirigentes como querellantes de la causa. En caso de autorizarlos, los referentes podrán acceder al expediente digital, proponer medidas de prueba y sugerir caminos de investigación, de modo que adoptarían un papel activo en la causa.

De ser rechazado su pedido, tanto Macri como las demás personalidades de la política y el periodismo que solicitaron ser parte de la causa podrán apelar la decisión del juez ante la Cámara Federal, la Cámara de Casación e incluso, la Corte Suprema.

ACM con información de agencias.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner pidió este lunes acceso a la información sobre su persona en la investigación por espionaje ilegal en la que está detenido el expolicía Ariel Zanchetta, tras tomar conocimiento de que habría sido víctima de “acciones de inteligencia prohibida” y poder así ejercer el rol de querellante en el caso.

Lo hizo a través de un escrito presentado de manera electrónica ante el juez federal Marcelo Martínez De Giogi y firmado por él y dos abogados, Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal.

“Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”, refirió en el texto.

La petición se basa en “la vasta doctrina sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales”, agregó en el escrito de una carilla recibido en los tribunales federales de Retiro.

En la causa es investigado el subdirector de Servicio al Contribuyente de AFIP, Néstor Fabián Rodríguez, quien el viernes último se presentó de manera espontánea en Comodoro Py 2002 para ponerse a disposición del juzgado y entregó su teléfono celular y su pasaporte, a raíz del hallazgo de comunicaciones suyas con el detenido Zanchetta, un expolicía que se presentaba como periodista y está acusado de espionaje ilegal.

El detenido quedó bajo la lupa del Poder Judicial en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema.

En la causa también está detenido el joven misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes expedientes vinculados a hackeos, y reconoció haber hecho maniobras de duplicación de SIM.

Los investigadores llegaron a Zanchetta y lo detuvieron a mitad de este año en la ciudad bonaerense de Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes a la compañía Sudamericadata, que funcionaba de forma irregular para prestar el servicio similar a la base Nosis, según indicaron fuentes judiciales, sobre distintos jueces, como los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La coincidencia temporal de las búsquedas con los intentos de hackeos o de activación irregular de líneas a nombre de jueces hizo que los investigadores sospecharan de un posible vinculo entre Zanchetta y Nuñez Pinheiro del que no hay ningún otro indicio en el expediente.

Con domicilio en la ciudad bonaerense de Junín, el historial reciente de Zanchetta incluye además un pedido de información a la empresa Sudamericadata sobre el comisario mayor Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esa solicitud de información se realizó el día anterior al intento de magnicidio contra la expresidenta.

En la investigación también pidió ser querellante el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, mencionado al igual que Máximo Kirchner como víctima de las maniobras de espionaje ilegal que se investigan.

Con información de agencias.

IG

En un nuevo capítulo del espionaje ilegal, un expediente venía creciendo con bajo perfil en los tribunales federales de Comodoro Py. En dicha causa se investigan varios casos de hackeo, robo de líneas de teléfono celular y armado de operaciones de prensa contra jueces y funcionarios de la Corte y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

De fondo, resurgió un ecosistema integrado por seudoperiodistas, policías, hackers y agentes inorgánicos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) que trabajan al servicio del mejor postor.

Estas son diez respuestas sobre el caso que en el que se centró la agenda judicial de la semana y que abrió un nuevo frente para el kirchnerismo en los tribunales.

1. El caso

Es un expediente que forma parte de un conjunto de causas conectadas con el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. El caso contra Ariel Zanchetta fue iniciado de oficio por el fiscal Gerardo Pollicita el 15 de septiembre último, luego del análisis preliminar de algunos dispositivos electrónicos incautados en el domicilio particular del expolicía. Allí se hallaron los “partes” de inteligencia y los chats que comprometieron a Zanchetta en el presunto espionaje ilegal. 

La sospecha central de la fiscalía es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces que ese mismo día perdieron control de sus líneas de teléfono.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que salieron a la luz la semana última. Son los resultados preliminares.

2. Quién es Ariel Pedro Zanchetta

Expolicía federal, exagente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, de acuerdo con el curriculum vitae que se halló en su computadora. Se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la SIDE, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015.

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. 

La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Está acusado de delitos de violación de secreto y de la privacidad, además de presunta defraudación en tentativa. 

3. Para quién trabajaba Zanchetta

Hasta el momento, de los chat surge que Zanchetta “reportaba” -utiliza esa palabra en las conversaciones- a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez. Sin embargo, la fiscalía no descarta otros vínculos con el poder político a lo largo de los últimos años. 

En la investigación de Pollicita se hallaron otros presuntos clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

4. Quién es Fabián “Conu” Rodríguez 

Número dos del área de comunicación de La Cámpora, después de Hernán Reibel, vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rodríguez es referente de la organización kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Pollicita lo acusó en la causa de violación de la Ley de Inteligencia al tratarse de un funcionario público que habría encargado tareas de espionaje ilegal. Este viernes se presentó ante la Justicia y dijo que no tiene “nada que ver”.

En julio de 2015 fue nombrado presidente de Télam, la agencia oficial de noticias y encargada de la distribución de la pauta oficial de la Nación, un cargo de alto nivel político y poder económico. En Télam se decide quién cobra la publicidad oficial y cuándo la cobra o no.

En diciembre de 2019 asumió como subsecretario de Coordinación de Medios de la provincia de Buenos Aires. De allí, donde manejó la publicidad oficial del gobierno de Axel Kicillof, desembarcó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando asumió su mando Carlos Castagneto, un aliado de Fernández de Kirchner. En una primera etapa quedó a cargo de la comunicación del organismo y luego fue nombrado subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

5. Cómo se financiaba

“Conu” Rodríguez cae en la mira de la Justicia en parte por este punto. Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, en los que el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández deja trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

Hasta el momento, la fiscalía sólo pudo recuperar la conversación fotografiada por Zanchetta, ya que que el chat entre él y Rodríguez estaba configurada para que se borraran automáticamente en un día. 

6. Qué hay sobre el diputado Rodolfo Tailhade en el expediente

Aparece manteniendo al menos tres chats con Zanchetta. Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade -como sí lo hicieron sobre Rodríguez- debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero.  Tailhade afirmó que los únicos chats que le respondió a Zanchetta son las tres conversaciones que se hicieron públicas. Sin embargo, “está siendo investigado”, aseguró una fuente directa de la causa a elDiarioAR.

En los chats, Zanchetta le ofrece información sobre las causas judiciales contra Elisa Carrió en un archivo que Tailhade afirmó que nunca abrió; información sobre Luis Juez, que el diputado dice que solicitó pero nunca recibió; y una tercera conversación en la que el expolicía le pasó el link público con los chats hackeados del caso Lago Escondido, que habían salido publicados ese domingo previamente, dijo el diputado. 

Tailhade afirma que Zanchetta se presentó como “periodista” y que se lo presentó alguien de su espacio político. Pidió ser querellante en la causa debido a que trascendió que está entre los políticos sobre los que Zanchetta reunió información sensible de las bases de datos que consultaba. La oposición solicitó su apartamiento de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante el proceso contra los jueces de la Corte.

7. Qué tiene que ver Zanchetta con el hackeo a los jueces y al exministro de Seguridad porteño

No está claro aún para los investigadores, pero se indaga sobre un nexo entre el expolicía y el misionero acusado. Ese hackeo se realizó en la provincia de Misiones y fue instrumentado a través de tarjetas SIM gemelas por el joven misionero Ezequiel Núñes Pinheiro, a quien se le adjudicó el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Otra línea de investigación es la que originó la denuncia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti: la creación de líneas de teléfono a su nombre. 

Núñes Pinheiro declaró ante la Justicia que realizó los hackeos a pedido de una persona que lo contactó por la aplicación de mensajería Telegram, al que dijo desconocer. Recibió un pago en criptomonedas pero aún no se conoce quién fue el autor del pago y del encargo.

Para realizar el hackeo en 2022, se necesitaban secuestrar las líneas de teléfono con tarjetas SIM gemelas que les permitieran ingresar al contenido de Whatsapp, Telegram y otras aplicaciones, tomar la información y desactivar el secuestro virtual. Para secuestrar las líneas necesitaban claves de acceso y para descifrarlas utilizaron bases de datos con información que se suele utilizar como clave: fechas de cumpleaños, por ejemplo, direcciones, nombres de los hijos, entre otros datos.

Zanchetta realizó unas 2.000 búsquedas en 2022. Una de ellas a Rosatti, pero también a otros jueces, políticos y sindicalistas en las fechas de los hackeos o procedimientos ilegales sobre las líneas. Se cree que podría haber sido el proveedor de datos esenciales para cumplir el objetivo descrito. En dicha base de datos se pueden obtener los números de teléfonos celulares. Zanchetta dijo que buscó los datos para su trabajo periodístico. 

8. Qué tipo de tareas de inteligencia realizaban

Entre las tareas que realizaba por encargo, la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín.

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

“Habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. 

9. A quiénes espiaban

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros-. 

Entre los jueces, se encuentran Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Hornos y Borinsky; Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; Rodolfo Canicoba, Sebastián Casanello, Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone.

La lista sigue con Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Camaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky, entre otros políticos.

Además, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión, Nicolás Kreplak.

Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, Pablo Duggan, Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc.

Entre los artistas, Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“Dipy”) y entre los dirigentes sociales, Juan Grabois y Milagro Sala. También Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio, Claudio Tapia, Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

10. ¿Hay una organización detrás de Zanchetta y el hacker misionero?

El fiscal Pollicita, en sus dictámenes, habla de “la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso -en un supuesto- haciendo requerimientos de dinero a su nombre.

Sin embargo, esta línea de investigación está en proceso.

ED/DTC

Fabián “Conu” Rodríguez, el funcionario de La Cámpora involucrado en una causa por espionaje ilegal, dijo hoy que no tiene “nada que ver” con la acusación en su contra, tras detectarse un intercambio de chats entre él y un agente inorgánico de inteligencia Ariel Zanchetta. Lo hizo al ingresar a los tribunales federales de Comodoro Py, donde tras negarse a declarar, dejó su teléfono celular Samsung Galaxy S-20 y la clave para permitir el acceso al dispositivo.

También dijo, con respecto a aplicaciones como WhatsApp, que pueden requerir verificación cada 15 días, que él está dispuesto a brindarlas, así como lo hizo con la del sistema de mensajería Telegram. Además, entregó su pasaporte, ya que rige sobre él una prohibición para salir al exterior. En paralelo, sus abogados pidieron la devolución de algunos dispositivos secuestrados que, según dijeron, pertenecen a sus hijas, esposa y suegra. .

Rodríguez está imputado con motivo de los mensajes de chat que, supuestamente, intercambió con Zanchetta, ex sargento de la Policía Federal, a quien le encomendaba realizar tareas sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en lo que hace a espionaje ilegal.

El fiscal Gerardo Pollicita había pedido su detención, ya que cuando se allanaron sus oficinas en la AFIP, donde es funcionario, y su domicilio particular, “Conu” no estaba presente, por lo que no se encontró tampoco el teléfono de uso diario. Pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi negó la detención este jueves, aunque le impuso una prohibición para salida del país. Rodríguez dijo hoy que el día del allanamiento en su domicilio no estuvo presente porque tenía una cita médica programada.

Rodríguez por ahora está imputado y el juez tampoco hizo lugar a un llamado a indagatoria en lo inmediato, algo que será apelado por Pollicita a la Cámara Federal, así como la denegatoria de la detención que había solicitado.

Zanchetta es un ex policía que para el fiscal se ha transformado en un agente inorgánico de inteligencia y llegó a espiar a 1.200 personas, entre ellas jueces, políticos, periodistas y sindicalistas. De acuerdo con la investigación, en octubre de 2022 fue cuando chateó con Rodríguez y éste le hizo llegar información personal sobre la ministra Tolosa Paz. Más temprano este viernes, Pollicita anticipó que apelará la denegatoria de detención sobre el funcionario de La Cámpora.

En los allanamientos a las oficinas de la AFIP de Rodríguez y en su domicilio particular, la Policía Federal se llevó nueve teléfonos celulares y 13 computadoras, pero en los dos operativos Rodríguez no estaba. La sospecha es que dejó las oficinas de la AFIP poco antes de que tuviera lugar el procedimiento y se llevó con él su teléfono de uso diario.

La apelación del fiscal será ante la Cámara Federal porteña. Finalmente, fuentes del caso indicaron que el juez, antes de citarlo a indagatoria, quiere contar con el resultado de las pericias sobre su teléfono y computadoras.

MM con información de NA

Diputados de Juntos por el Cambio pidieron el “apartamiento preventivo” de su par del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) Rodolfo Tailhade de la Comisión de Juicio Político por sus vínculos con Ariel Zanchetta, el ex policía imputado por espionaje ilegal a jueces y dirigentes políticos. Así lo hicieron en un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, en el que indican que la continuidad del legislador kirchnerista pondría “en juego el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa de los magistrados investigados” y la imparcialidad del trabajo de la comisión.

“A fin de evitar que se sigan llevando a cabo irregularidades en la tramitación del mencionado juicio político y de garantizar el normal funcionamiento del Congreso y de la Justicia consideramos imprescindible que la presidenta de la Comisión de Juicio Político disponga, de modo urgente, el apartamiento preventivo del diputado Rodolfo Tailhade de la mencionada comisión”, establece el escrito.

Según trascendidos periodísticos, el legislador kirchnerista ─que es uno de los miembros más activos de la comisión a cargo de su compañera entrerriana Carolina Gaillard─ habría mantenido conversaciones vía whatsapp con Zanchetta en las que recibía información del caso “Lago Escondido”. Dicho encuentro es uno de los puntos fundamentales que motivaron el juicio político contra el Máximo Tribunal.

“Como puede apreciarse, resulta sumamente grave que un diputado que integra la Comisión en la que tramita el juicio político promovido contra los cuatro ministros de la Corte Suprema —y en la que, además, y como hemos denunciado en la notas remitidas a esa presidencia el 23 de febrero 2 y el 21 de marzo de 2023,3 se han difundido comunicaciones obtenidas ilegalmente como fundamento para sostener algunas de las acusaciones— haya mantenido innumerables conversaciones telefónicas, precisamente, con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que ilegalmente obtuvo comunicaciones de magistrados, políticos, periodistas, empresarios y personajes de cierta relevancia pública y política”, sostuvieron desde Juntos por el Cambio.

El documento presentado ante Moreau cuenta con la firma del vicepresidente de la comisión, Juan Manual López (Coalición Cívica); el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi (PRO). También cuenta con el apoyo de los legisladores Manuel Ignacio Aguirre, Carla Carrizo, Alejandro Finocchiaro, Ximena García, María de las Mercedes Joury, Francisco Monti, Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago y Dina Rezinovsky.

ACM con información de agencias.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se presentó este jueves como querellante en la causa por espionaje ilegal a jueces y dirigentes políticos. El funcionario del gobierno de Alberto Fernández habría sido una de las víctimas de Ariel Zanchetta, el ex policía que recopilaba y vendía información de personalidades de la política, el periodismo, el empresariado y el sindicalismo.

De Pedro presentó esta tarde un escrito ante el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, para “poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización” en la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.

Trascendidos periodísticos revelaron que Zanchetta tenía en su poder 1.196 informes de inteligencia en los que guardaba datos de funcionarios judiciales y políticos tanto del oficialismo como de la oposición. Los candidatos presidenciales que se enfrentarán el domingo 19 de noviembre en el balotaje, el ministro de Economía Sergio Massa (Unión por la Patria) y el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza), son sólo dos de los dirigentes espiados.

En lo que respecta al oficialismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner también figuran entre sus víctimas. En tanto, del bloque opositor, destacan el jefe de gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires y ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, el diputado nacional y ex precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, y el intendente de La Plata, Julio Garro.

ACM

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este jueves el pedido de detención contra Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dirigente de La Cámpora, informó una fuente de la investigación a elDiarioAR. El subdirector del fisco se presentó este jueves con su abogado defensor en el expediente y el juez le prohibió salir del país. El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la detención y su declaración indagatoria de Rodríguez por presunto espionaje ilegal.

Rodríguez fue allanado el lunes último a pedido del fiscal, quien detectó que el funcionario había encargado supuesta tareas de inteligencia ilegal al expolicía Ariel Zanchetta, acusado de los delitos de violación del secreto y de la privacidad y supuesta tentativa de defraudación.

La fiscalía había argumentado que Rodríguez no se encontraba en los sitios allanados, por lo que su teléfono personal no pudo ser secuestrado. Desde entonces, Rodríguez debió presentarse ante la Justicia y nombrar abogado defensor, algo que no sucedió hasta este jueves y desactivó así el pedido de la fiscalía.

El juez del caso basó su rechazó al pedido de detención en la presentación de Rodríguez ante la Justicia, pero le prohibió salir del país, informó la fuente de la causa. 

El magistrado también rechazó el pedido del fiscal para volver a allanar el domicilio particular y laboral de Rodríguez, quien es subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP, “a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación, de conformidad con los fundamentos que se explicarán en esta presentación”.

Durante los procedimientos del lunes en su casa, la Gendarmería secuestró 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil.

“En concreto, según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”, sostuvo Pollicita al solicitar la indagatoria del funcionario.

“Las evidencias digitales halladas demostraban que las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial”, afirmó el fiscal en el pedido de detención. “Se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”, agregó Pollicita.

El juez Martínez de Giorgi solicitó al fiscal analizar toda la información secuestrada y extraída de los dispositivos secuestrados antes de indagar a Rodríguez.

Este miércoles, Pollicita envió información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Rodríguez quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Los “partes”

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictámen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

El encargo que más compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales,

monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel“, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/MG

Tras la pista de la pauta oficial, el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga hasta dónde llegan la red de contactos y el financiamiento estatal al expolicía Ariel Zanchetta, procesado y detenido por realizar espionaje presuntamente ilegal y operaciones políticas a través del sitio web EnClave.ar, informaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

Hasta el momento, el fiscal tiene identificado al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, subdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y número dos de la estructura comunicacional de La Cámpora, quien le garantizó a Zanchetta una pauta de casi $2.000.000 de la provincia de Buenos Aires a cambio de “partes” de inteligencia y operaciones de prensa. 

El expolicía y supuesto espía, quien aseguró a la Justicia que es periodista, es uno de los imputados en una causa centrada en tareas de presunto espionaje y hackeo a jueces, políticos, periodistas y sindicalistas. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi también procesó y detuvo al misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, acusado del hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este miércoles, Pollicita obtuvo información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar y envió el material a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

Este lunes, el juez Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en el domicilio y la oficina de Rodríguez en la AFIP. En su casa, se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien hasta este miércoles por la tarde no había presentado abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía. 

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía. 

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El encargo que compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, pidió ser querellante en la investigación por espionaje ilegal por la que se encuentra detenido el ex miembro de la Policía Federal, Ariel Zanchetta. “Vengo a promover criminal querella contra Zanchetta y quienes sean sus cómplices, encubridores o instigadores”, planteó en un escrito entregado por su abogado Francisco Oneto al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Ahora, este magistrado deberá determinar si concede o no el rol de querellante a Milei y también a Carolina Píparo, que también presentó un pedido. En caso de autorizarlos, podrán formular acusaciones y tener acceso al expediente, así como también solicitar medidas de prueba.

El actual diputado nacional es una de las presuntas víctimas de las maniobras de espionaje ilegal contra jueces de la Corte Suprema y dirigentes de la oposición. Hasta ahora son 1.196 las víctimas del accionar de Zanchetta, por lo que se prevé que aparezcan nuevas pruebas en la causa. El ex policía, que se desempeñaba como periodista, producía y vendía información sobre jueces, políticos, sindicalistas y otras personalidades a referentes del kirchnerismo. Entre ellos, se destacan Fabián “Conu” Rodríguez, actual secretario de Atención al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ex subsecretario de Coordinación de Medios el Gobierno bonaerense, y el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

Al igual que Milei, el presidente Alberto Fernández, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa también se encuentran entre los políticos espiados.

ACM con información de agencias.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, consideró este miércoles que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Ariel Zanchetta, quien se encuentra detenido en una causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y adelantó que se presentará como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó este miércoles el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

El legislador, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Tailhade reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Tailhade también negó haber recibido en esos mensajes que le envió Zanchetta información sobre el juez de la Corte Suprema Carlos Rozenkrantz, que se encuentra acusado por mal desempeño en el juicio político que se le cursa al máximo tribunal en Diputados.

“Zanchetta me envió tres mensajes. En el primero me dice: 'Te envío una lista de causas de (la exdiputada Elisa) Carrió; un archivo que lo tengo guardado y que nunca abrí porque no me interesaba el tema. Además, sin prejuicio de eso son causas públicas. Luego dice que tiene información sobre (el senador) Luis Juez y le paso mi correo, pero nunca me envió nada. Por último, me pasó algo sobre la causa de Lago Escondido. Me pasa una información que había salido en los diarios ese día con lo cual no era nada confidencial. En eso consistió mi relación con Zanchetta”, reveló.

La entrevista completa

“Soy uno de los espiados por Zanchetta

“Ayer me di cuenta, como un pavo, mirando notas viejas sobre este tema, que, en julio pasado, en Infobae se publicó una nota firmada por Patricia Blanco, en la cual se cuenta que soy uno de los espiados (por Zanchetta). Me acabo de enterar que soy una de las 1196 carpetas que tenia este expolicía. Por eso me voy a presentar en el expediente como víctima, es decir como querellante”, adelantó Tailhade en su raid por los medios de este miércoles.

Y en ese sentido, el diputado agregó: “Es curioso porque ese dato nunca lo informaron a la fiscalía o al juzgado, desde donde dejaron trascender que tuve una vinculación con Zanchetta a través de esos mensajes”.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

No obstante, Tailhade insistió en ser objeto de una operación orquestada por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y su asesor, Silvio Robles, que intentan cerrar el proceso de remoción al máximo tribunal.  “Estoy va a terminar en la nada misma, con Tailhade como víctima de Zanchetta o del jefe de Zanchetta, que hay que averiguarlo”.

Asimismo, el dirigente kirchnerista negó estar vinculado con el mundo del espionaje ilegal: “No tengo absoluta nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a laburar, a investigar, a juntar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas”., concluyó.

Con información de agencias.

IG

El submundo del espionaje ilegal volvió a emerger a la superficie con el nuevo escándalo mediático de la semana y expuso, nuevamente, el funcionamiento de una “comunidad informativa” al servicio de funcionarios, candidatos y estudios jurídicos. Un submundo en donde proliferan seudoperiodistas, policías, hackers e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Un ecosistema desordenado, desprolijo, sin un jefe que organice -como en otras épocas-, sin verticalidad. Armadores de “carpetas” al mejor postor. Fuego amigo o enemigo. Oficialismo y oposición. Nunca ajeno a las campañas electorales e internas políticas. Así lo explicaron a elDiarioAR fuentes y documentos judiciales, investigadores, víctimas y contactos de estos cuentapropistas del espionaje ilegal. 

Una de esas redes quedó en evidencia esta semana en un caso que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita y que expuso el funcionamiento y los contactos de Ariel Zanchetta, un ex policía federal. Zanchetta -quien asegura ser periodista, escribe en sitios web y cobraba pauta oficial- entregaba información sobre personalidades públicas al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y previamente encargado del área de prensa de Carlos Castagneto, titular de AFIP.

El funcionario es uno de los referentes de comunicación de La Cámpora, espacio que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y encargado durante años de la asignación de pauta oficial, confirmó una fuente del kirchnerismo a elDiarioAR. Este lunes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en su domicilio y su oficina en la AFIP. En la casa de Rodríguez se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. 

En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien aún no presentó abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que hubo intercambio de dinero público entre el funcionario y el supuesto periodista a cambio de tareas de supuesto espionaje. El funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por $200.000 mensuales a cambio de que el expolicía armara “partes” y luego publicara “notas”. El dinero público fue asignado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El caso que más compromete a Rodríguez es el encargo que le hizo a Zanchetta para investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web, EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. El “operador” cumplió con ambas tareas, según determinó el fiscal Pollicita en uno de sus dictámenes. 

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

¿Cómo funciona el negocio de los seudoperiodistas y el espionaje ilegal? elDiarioAR consultó a un exfuncionario que los padeció y quien explica que hay distintos servicios y métodos. La mayoría de las veces, en los casos más sofisticados, requieren ser parte de la “comunidad informativa”.

“Comunidad informativa”

Ariel Zanchetta se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), luego AFI, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015, de acuerdo a la información reunida por la fiscalía.

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— y habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado este lunes, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, que dejó de actualizar su página tras la detención del expolicía.

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos. Hay decenas de portales de seudonoticias como el que se le atribuye.

Algunos trabajan por encargo, como en el caso del “parte Tolosa Paz”; otros son más emprendedores y generan sus potenciales clientes. Arman los “partes” o “carpetas” e intentan “venderlas” a los investigados. “Primero te publican una operación de poca monta en su sitio web, por ejemplo, algo sobre la vida personal. Después te hacen llegar o te comunican que tienen otra cosa más importante o que puede generar mayores problemas y ahí es cuando te piden plata, en negro o en forma de pauta oficial”, explicó un exfuncionario a este medio.

No se trata de grandes espías sino personas del sistema con red de contactos personales: alguien en la Dirección de Migraciones con clave de acceso; o en el Registro de la Propiedad Inmueble; o en el Registro Automotor. Eso es lo que se llama formar parte de la “comunidad informativa”, explican en la Policía Federal, que permite el intercambio de información de bases de datos oficiales y confidenciales. Pero en lugar de ser al servicio de un fin oficial, es para un fin privado y de lucro. Los estudios jurídicos también los utilizan como fuente de información, explicó la fuente.

“La AFIP siempre fue el fuerte de la comunidad informativa de estos tipos porque ahí sí conseguían data más sofisticada”, explica el exfuncionario. Desde consumo de tarjetas de crédito hasta deudas y declaraciones patrimoniales.

“Son servicios al mejor postor. Antes este tipo de espionaje lo hacía el propio Estado a través de la exSIDE, ahora se terceriza”, explicó uno de los investigadores. “El caso de Tolosa Paz es el que mejor demuestra cómo trabajan. Es la punta del ovillo de una operación política, en el marco de una interna dentro del oficialismo”, agregó la fuente consultada.

“El policía es el eslabón más débil, el primero que cae cuando estas redes salen a la luz”, asegura una fuente en la fuerza. El nivel, además, deja que desear, dice el bien entendido. “Espían mal y dejan los dedos pegados”. Zanchetta tenía en sus dispositivos capturas de los chats que lo comprometían.

Efecto Tailhade

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aparece en los chats de Zanchetta. Conocido por su rol de alto perfil en el juicio político contra la Corte Suprema, las denuncias contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se convirtió esta semana en blanco de las críticas de la oposición y de un sector de los medios. Rápidamente, Juntos por el Cambio (JxC) capitalizó una serie de datos publicados en crónicas periodísticas en las que exponían conversaciones entre un expolicía detenido y procesado en el caso y el diputado. 

Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade del mismo modo en que lo hicieron con Rodríguez, debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero. 

Sin embargo, en conferencia de prensa, Juntos por el Cambio solicitó que Tailhade sea investigado en la comisión bicameral de Inteligencia. Durante la tarde de este lunes trascendió que pedirían el desafuero del legislador pero el diputado no tiene orden judicial de allanamientos ni detención en su contra. Tampoco fue citado a declarar, ni como testigo ni como imputado. Está siendo investigado, informó una fuente con acceso directo a la causa.

Tailhade dijo en una entrevista en la radio AM750: “Esto es una operación de la mafia”. Aseguró que se trata de una “operación” de “(Silvio) Robles y (Horacio) Rosatti”. “Ese es el verdadero origen de todo esto. Ya sea judicial o mediático. Ellos armaron esta operación berreta”, afirmó Tailhade. Se refiere al juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y a su mano derecha y vocero, Robles, a quien Tailhade interrogó en la comisión de Juicio Político, en el marco del proceso contra los jueces del máximo tribunal. 

La causa contra Zanchetta tiene a otro procesado y detenido, el misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, a quien se le adjudica en la Justicia el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Robles también fue blanco de un intento de hackeo de Pinheiro y pidió ser querellante en el expediente.

Zanchetta “obtuvo y almacenó datos personales” sobre decenas de personalidades públicas, entre ellos, Rosatti y sus colegas de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de Hornos y Borinsky; de los también jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También de Silvio Robles, dice uno de los dictámenes del fiscal Pollicita.

“No sé quién es (Zanchetta) -respondió Tailhade-. Nunca lo vi. Tengo tres mensajes de él. Dos contestados con un ‘gracias’ y otro sin contestar. Y después en WhatsApp tenía un montón de notas que me iba mandando. Pero no tenía una relación ni por qué sospechar”. “Se presentaba como periodista. Verifiqué el medio, era de Junín. Nunca me pareció demasiado serio y por eso no le presté atención. Pero tengo cero miedo a la mafia de Comodoro Py. Voy a seguir adelante con esto. Todas las conversaciones que me mandaba supongo que se pueden rescatar desde la nube o algún lugar”.

“Hace 17 días le pedí a Martínez de Giorgi que si consideraba que me tenía que citar, me cite de inédito. Nunca me llamó. No sé si querrá que pasen seis años, como pasó en Parques Eólicos, como le pasó a Macri”, se quejó contra el juez de la causa.

ED/DTC

A 13 días del balotaje, allanaron a un funcionario kirchnerista por haber mantenido conversaciones con el ex policía, Ariel Zanchetta, imputado y preso por espionaje ilegal a jueces y miembros de la Corte Suprema. Se trata de Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, actual Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ex subsecretario de Coordinación de Medios del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La Gendarmería estuvo a cargo del allanamiento a la oficina y casa del funcionario oficialista, proceso impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y autorizado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La decisión se tomó luego de que se descubrieran chats del 9 de octubre de 2022 entre el ex oficial de las fuerzas de seguridad y el integrante de La Cámpora en los que apuntaban contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, según indica Infobae.com.

Durante el allanamiento, se lograron secuestrar computadoras y documentos que podrían ser analizados en el marco de la investigación por espionaje ilegal a miembros del Poder Judicial. Sin embargo, no se pudo incautar el celular personal del funcionario dado que no se encontraba presente en su lugar de trabajo o su domicilio cuando Gendarmería arribó.

Rodríguez no es el único referente del kirchnerismo con el que ha mantenido conversaciones Zanchetta. Según revelan los chats del celular del ex policía imputado, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade habría recibido de su parte los nombres de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte contra la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, e información sobre el senador de Propuesta Republicana (PRO) Luis Juez.

Dados los recientes hallazgos, el fiscal Pollicita solicitó una nueva indagatoria para Zanchetta, imputado por haber violado la ley de inteligencia entre 2016 y 2023, año en que fue arrestado por haber buscado información del juez de Casación Mariano Borinsky en la base Sudamericana Data el mismo día en que su teléfono resultó hackeado. Precisamente este último hecho ─junto al hackeo del dispositivo móvil de su par Gustavo Hornos y Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los letrados que llevaban adelante un juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner─ fue una de las causas por las que se decidió abrir una investigación por espionaje ilegal contra múltiples magistrados.

En este marco, inicialmente se detuvo a Ezequiel Núñes Pinheiro, quien había sido contactado por un tercero cuya identidad se desconoce para hackear los celulares de tales jueces, además del diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli, y el ex jefe de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. La información obtenida del teléfono de este último funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta permitió exponer el encuentro en Lago Escondido y constituyó un pilar fundamental para que el oficialismo instalara en la agenda legislativa el juicio político a la Corte Suprema.

Miembros de esta institución también vieron violada su privacidad: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti habían sido investigados por Zanchetta, al igual que los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ernesto Kreplak y el colaborador de Rosatti, Silvio Robles. A partir de esta investigación, se logró descubrir también la recolección de datos, incluso mediante fuentes clandestinas, sobre políticos opositores y sus allegados. Tal información incluye, pero no se limita a opiniones políticas y religiosas, relaciones íntimas, fotografías, patrimonio dentro y fuera del país y antecedentes penales.

En este sentido, y según señaló Infobae, el fiscal Pollicita considera que existen pruebas suficientes para determinar que el ex policía “obtuvo y reunió grandes volúmenes de información y datos sobre miles de personas, a través de múltiples y variados medios, incluyendo el acceso ilegítimo a bases de datos, la filmación subrepticia de 'objetivos' (a pedido de terceras partes) mediante 'cámaras ocultas' y la obtención de información a través de 'informantes' o de 'medios propios y auscultaciones practicadas de fuentes confiables”.

ACM

Desde hace días, se da una situación anómala entre encuestadores. Informan números de cara al próximo domingo, pero acto seguido advierten sobre cambios debajo de la superficie y alta volatilidad, por lo que piden tomar los registros con cautela.

Uno de los dos consultores más frecuentados en Presidencia traza un esquema de tercios imperfectos: 35%, 30% y 25%, para Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, respectivamente. El cuadro es coincidente con el de otros colegas que combinan estudios presenciales, telefónicos y online. El encuestador aclara que el lujoso viaje de Martín Insaurralde y su novia al Mediterráneo, los audios de Carlos Melconian difundidos esta semana y, sobre todo, la escalada cambiaria e inflacionaria alumbran el camino para una probable victoria más contundente de La Libertad Avanza, acaso sin necesidad de balotaje.

Ni el más agorero de los fundadores del Frente de Todos habría imaginado que el número de inflación más alto del mandato de Alberto Fernández se daría a conocer diez días antes de la elección presidencial. Nunca hay que subestimar la secuencia lacerante deuda, pandemia, guerra y sequía, por más que el candidato oficialista se olvide de la crisis sanitaria y de Ucrania, y se abrace al recuerdo del “préstamo irresponsable que tomó (Mauricio) Macri con el FMI” y al desastre climático, como forma de realzar su propia figura. Existió tanto lo que el ministro-candidato menciona como lo que omite, pero cabe preguntarse cuánta mala praxis política y de gestión le cabe a la cúpula del oficialismo (Cristina, Alberto y Massa) para llegar al día de la elección con semejante escalada de precios.

Peronistas se consuelan con un razonamiento atendible: en condiciones normales, el ministro de Economía de un Ejecutivo con 12,7% de inflación mensual estaría fuera de carrera, pero es tan malo el recuerdo del gobierno de Macri, llega tan desarticulada Bullrich y es tan grave la amenaza de Milei, que Massa tiene una oportunidad. Ese razonamiento no sólo anida en Unión por la Patria; hay referentes de Juntos por el Cambio que dan a Bullrich por perdida y barajan con pesar la hipótesis de otro gobierno peronista.

Los padrinos ausentes

El caso Insaurralde promete esparcir esquirlas en la medida en que se indague sobre sus cuentas, propiedades y vínculos, así como los de su expareja, Jésica Cirio. Esta empresaria modelo es relatada en despachos de la cumbre del poder en la Argentina como un instrumento del sórdido Jaime Stiusso. “Lo dice todo el mundo”, remarca una de las principales voces del oficialismo. Nadie exhibe pruebas, por lo tanto, no deja de ser una versión que pocos pueden corroborar, y todos ellas tienen motivos para callar. Por ejemplo, Insaurralde.

El ministro de Economía de un Ejecutivo con 12,7% de inflación mensual estaría fuera de carrera, pero es tan malo el recuerdo del gobierno de Macri, llega tan desarticulada Bullrich y es tan grave la amenaza de Milei, que Massa tiene una oportunidad

Las personas clave de Unión por la Patria que se expidieron sobre el exintendente de Lomas de Zamora son las que menos ascendencia política tenían sobre él. Axel Kicillof albergaba a Insaurralde ni más ni menos que en la jefatura de gabinete, pero le daba la consideración de intruso; Massa no podía renegar de haberlo piropeado tantas veces, pero no formaba parte de su tribu; Alberto Fernández acaso sea el menos directamente contaminado por esa relación. Los tres dijeron lo suyo. En cambio, Cristina y Máximo, verdaderos protectores del último lustro de Insaurralde, se otorgaron el beneficio del silencio. El problema es el otro.

Hay versiones sobre la exitosa carrera del ex de Cirio y actual de Sofía Clerici. En una de las mil desavenencias entre Cristina y Alberto, la vicepresidenta es relatada como impulsora del lomense para el Ministerio de Obras Públicas. Además de los estragos previsibles, tal nombramiento habría impedido que Gabriel Katopodis, considerado un activo en los peronismos, ocupara esa silla. La versión es desmentida de plano en el área vicepresidencial.

De su lado, un cristinista trae un recuerdo que despega a Insaurralde de la vicepresidenta y Máximo. Corría 2016, el macrismo había activado su ofensiva judicial y de Inteligencia ilegal contra el kirchnerismo, y el entonces intendente de Lomas de Zamora coqueteaba como “peronista racional” con María Eugenia Vidal y, en particular, Cristian Ritondo. No era el único. Massa tocaba la misma sintonía, rememora la fuente.

Barrionuevo, piedra libre

Un rezo motivacional se apoderó del massismo para esta instancia de la campaña. “El quilombo es enorme, pero Sergio no aparece como el causante ni tampoco da miedo como Bullrich o Milei”. Habrá que elegir creer.

En esa línea se entiende que el postulante oficialista haya pasado de prescindir de la figura de Alberto Fernández a sobreactuar su crítica. Su último lema de campaña, “tenemos un presidente”, es elocuente sobre lo que Massa considera un lugar vacante. Alberto acepta el ninguneo “si sirve para la victoria”, pero más adelante dará pelea por la interpretación de su propio mandato y el perfil del peronismo, según transmitió a su entorno. Deberá reconstruirse desde muy abajo. 

Cerca de Massa dicen haber identificado quién arbitró la aparición de la aventura de Insaurralde y Clerici, así como los audios de Melconian: Luis Barrionuevo.

Macri, Eduardo de Pedro y Milei han sido tres aliados secuenciales del sindicalista gastronómico. No habría lógica que explique esos saltos, salvo la voluntad de financiar rivales de Massa.

Melconian versus Arribas

El presunto diálogo entre Melconian y su colega Facundo Martínez Maino fue grabado en 2017, poco después de la salida de ambos del Banco Nación, en enero de ese año. Al asumir Melconian como presidente de la entidad, Martínez amainó, con quien trabajaba desde 2000 en la consultora M&S (Melconian y Santángelo), lo acompañó en el directorio. Más cerca, ambos hicieron escala en la Fundación Mediterrána para pergeñar un plan económico con destino previsible en Juntos por el Cambio.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo el gobierno de Macri espió a propios y extraños. Todo aquel a quien Macri le interesara escuchar para descubrir deslealtades o forzar lealtades cayó en la trama que operó bajo la órbita del amigo presidencial Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuesto, sin que esa dupla se diera cuenta, porque Cambiemos llegó a la Casa Rosada para reconstruir una democracia republicana.

Algún mal pensado puede ver una mano de Macri detrás del registro y/o la difusión en el canal Extra TV

La aspiradora implacable de Comodoro Py, fuero de atracción para todo lo que afecte al expresidente, ya determinó que esa red de inteligencia paralela que involucró a decenas de espías, periodistas, funcionarios, fiscales y jueces, con acceso a millonarios recursos estatales, fue obra de “cuentapropistas”.

Algún mal pensado puede ver una mano de Macri detrás del registro y/o la difusión en el canal Extra TV. El programa “A todo o nada”, que difundió las grabaciones esta semana, explicó que los audios de Melconian surgieron de una causa judicial. En Argentina, ese argumento dice poco y nada.

Ética resbaladiza

Años atrás, los programas “Periodismo para Todos” (Clarín), “Intratables”, “La Cornisa” y “Animales Sueltos” (América), entre muchos otros, dieron rienda suelta a la difusión de escuchas a todas luces orquestadas por el macrismo contra Cristina y otros opositores con la supuesta legitimidad de que formaban parte de expedientes en tribunales. En un sistema judicial putrefacto, no es difícil encontrar jueces y fiscales solícitos para ordenar seguimientos con la laxitud suficiente como para que puedan transformarse en herramientas de coacción o escarmiento.

Clarín, La Nación y compañía decidieron que los audios de Melconian debían ser ocultados. El mismo criterio habían asumido cuando se conocieron las filtraciones del ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, del entorno más próximo a Horacio Rodríguez Larreta. El multimedios poderoso, coorganizador de las andanzas de D’Alessandro en Lago Escondido, tenía razones de peso para tamaño frenesí ético. Hubo que enterrar el tema pese a los graves delitos que se desprendían del Telegram del ministro porteño.  

La negativa de Bullrich a tratar el tema, así como la Rodríguez Larreta sobre D’Alessandro, después de que ambos convivieran sin un atisbo de queja con el espionaje de la era Macri, son reveladoras de los estándares éticos de la derecha republicana

Así como aquel diálogo coloquial entre Cristina y Oscar Parrilli (“soy yo, Cristina, pelotudo”) formaba parte de la intimidad de ambos, algunas de las grabaciones de Melconian carecen de interés público, como las supuestas valoraciones despectivas a miembros de Cambiemos. Los presuntos diálogos con mujeres no son concluyentes y requerirían otro tipo de investigación con más asidero que la mera filtración de una conversación grabada hace seis años.

La aparente coordinación de Melconian y su colaborador para gestionar negocios espurios con el Banco Nación tendría otro tenor. Tampoco alcanza con lo escuchado. La negativa de plano de Bullrich a tratar el tema, así como la Rodríguez Larreta sobre D’Alessandro, después de que ambos convivieran sin un atisbo de queja con el espionaje ilegal de la era Macri, son reveladoras de los estándares éticos de la derecha republicana argentina.

Si cabe una conclusión política sobre el contenido difundido, es que Melconian tenía quebrada su relación con Macri y albergaba una muy mala opinión del “futbolero” Arribas en el momento de ser escuchado. El que prestó la oreja habrá tildado un casillero.

La filtración habilita más especulaciones sobre su origen. Se supone que al peronismo no le conviene el desmoronamiento de Bullrich, por el riesgo de una victoria de Milei en primera vuelta. Pero Massa desorientó al ser entrevistado en el canal América 24 horas después de la difusión de los audios. Él mismo sacó el tema y calificó las escuchas como “basura” de la que no quería hablar. En ese mismo acto, puso la filtración sobre la mesa.

Alberto Fernández tiende a coincidir con el candidato presidencial peronista. “Esos procedimientos son una basura, una porquería, y todo indica que fue una cuestión entre ellos (por la interna de Juntos por el Cambio). Son las cloacas de ellos que estaban activas en 2017”, citan quienes escucharon al Presidente referirse al tema. “No me importa nada la vida sentimental de una persona, aunque lo del tráfico de influencias parece mucho más serio”, transmitió Fernández a su entorno.

La estampida de Medio Oriente

La insólita omisión de un bloque sobre política exterior en el debate presidencial se subsanó de manera brutal. No habían pasado 48 horas desde el ataque terrorista perpetrado por Hamás contra las poblaciones del sur de Israel, cuando los cinco postulantes se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La estampida de Medio Oriente entró por la ventana.

Bullrich, Milei, Massa y Juan Schiaretti mostraron su “solidaridad” con Israel o su pueblo. Ninguno fue más allá sobre el trasfondo político del conflicto ni atinó a extender una preocupación humanitaria por todas las víctimas, israelíes y palestinas. Tras el atroz raid de Hamás el sábado por la mañana, las muertes en Gaza habían comenzado a escalar y previsiblemente se dispararían en los días siguientes.

Ambos candidatos de las derechas hacen de la adhesión a Israel un eje de su mirada internacional. Durante su gestión en Seguridad, Bullrich demostró que esa lealtad incluyó un capítulo comercial, coronado con la compra de armamento sin licitación.

En el caso de Milei, su decisión de inscribir la política exterior argentina en el eje de Estados Unidos e Israel y la promesa de traslado de la Embajada argentina de las inmediaciones de Tel Aviv a Jerusalén, capital de tres religiones, son muestras de los peligrosos dislates que conllevaría una victoria ultraderechista. Los represores de la dictadura que actuaron con saña antisemita contra los desaparecidos judíos y se ven reivindicados por la trayectoria negacionista de Victoria Villarruel podrán aportar al debate interno de La Libertad Avanza.

Propenso a una de más, Massa anunció durante el debate que planea catalogar a Hamás como “organización terrorista”. La conveniencia de la decisión demandaría un análisis sereno de política exterior y de coordinación regional, y no de un arrebato electoralista para marcar tarjeta. Si Massa diera el paso, inscribiría a Argentina como el segundo país de América Latina en adoptar esa medida, detrás de Paraguay.

Con su voz acotada a Twitter, Cristina mostró un camino sensato, en línea con Luiz Inácio Lula da Silva. Alberto Fernández y Massa lo desatendieron.

La vicepresidenta expresó “solidaridad incondicional” con las víctimas, condena “a todo tipo de violencia”, y exigencia de cumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas, con el concepto de “dos estados, Israel y Palestina”, con “fronteras seguras y reconocidas”. Una postura digna para un país como Argentina que en condiciones normales podría haber sido discutida en el seno de una alianza de gobierno. No fue el caso.

A su turno, Myriam Bregman dijo: “Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y apartheid del pueblo palestino”.

Un pogromo produjo la mayor matanza de familias israelíes en más de siete décadas. La candidata del Frente de Izquierda y Trabajadores pudo (debió) haber nombrado al ejecutor inequívoco de la matanza y ello no habría menoscabado su cuestionamiento a la potencia ocupante. En alusiones posteriores, menos acotadas a los pocos segundos de los que dispuso en el debate, Bregman expuso con más precisión una postura humanista y de izquierda.

La abogada trotskista no es la única que denuncia los crímenes de guerra de Israel ni el apartheid al que ese país somete a la población palestina. También lo hacen organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnesty International, e israelíes como B’Tselem, Yesh Din, Breaking the Silence y Akevot Institute.

Por su defensa de los derechos palestinos, Bregman, única candidata presidencial judía, fue acusada de ser antisemita o nazi por inquisidores dispuestos a castigar faltas contra la doctrina del gobierno más extremista de la historia de Israel

Traumatizados porque algunos de sus miembros fueron asesinados por Hamás, organismos de derechos humanos israelíes clamaron esta semana por las vidas de los civiles palestinos, fieles a sus denuncias por los constantes abusos contra las poblaciones ocupadas. El gobierno de Netanyahu va más allá de lo conocido. Su gabinete alberga ministros que suelen hablar en términos de limpieza étnica, como suelen consignar notas del diario israelí de centroizquierda Haaretz.

Por su defensa de los derechos palestinos, Bregman, única candidata presidencial judía, fue acusada de antisemita o nazi por inquisidores dispuestos a castigar faltas contra la doctrina del gobierno más extremista de la historia de Israel. Bullrich dijo que la candidata del FIT se había opuesto a realizar un minuto de silencio por las víctimas durante le debate. La versión fue tajantemente desmentida por Bregman, pero una mención al paso de la postulante de Juntos por el Cambio en TN marcó la campana de largada para el vandalismo de las redes sociales.

Si el agravio de la portación de antisemitismo o nazismo lanzado contra quien no suscriba la narrativa de la derecha extremista israelí constituye una bajeza, además de una banalización de una expresión de odio siempre vigente, esa ofensa contra una persona cuyos antepasados pudieron haber sido víctimas del Holocausto se transforma en crueldad.  

Qué dirán los inquisidores de Bregman de Noi Katzman, cuyo hermano, un militante pacifista, fue asesinado por Hamás, o de Neta Heiman, hija de la secuestrada de 84 años Ditza Heiman. Ambos reclamaron en su propio nombre y en el de sus seres queridos arrasados por el terrorismo que el gobierno israelí, al que consideran uno de los responsables ulteriores de lo ocurrido, no utilice la masacre perpetrada por Hamás para cometer otra masacre. 

Al cierre de esta edición, los muertos en Gaza producto de los bombardeos israelíes alcanzaban los 2.215, de los cuales 724 eran niños. El ataque terrorista del sábado dejó 1.350 muertos en Israel; decenas de ellos, niños.

SL

Los familiares de las víctimas del ARA San Juan advirtieron hoy que, en caso de confirmarse el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal, se sentará un “grave precedente”. Desde la querella aseguraron que, ante este escenario, se estarían legalizando “las tareas de inteligencia sobre quienes reclamen por sus derechos”.

“De quedar firme, quedará habilitada la persecución ideológica política y cercenados derechos fundamentales de todos los argentinos. Está en crisis el sistema judicial, y están en riesgo los derechos de todos”, expresaron los familiares representados por la abogada Valeria Carreras. En este marco, pidieron el apoyo de toda la sociedad ante un posible “fallo tan inmoral como haber espiado a las víctimas”.

La sala segunda del máximo tribunal penal del país deberá revisar los sobreseimientos del ex mandatario de Juntos por el Cambio, y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su administración: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La Cámara Federal de Casación Penal estableció que tal análisis comenzará el próximo 30 de agosto.

El ex presidente Macri está investigado por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundió en 2017.

Con información de agencias.

El sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, comenzará a analizarse en una audiencia el próximo 30 de agosto según lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal, informaron fuentes judiciales.

“Fíjese audiencia para el día 30 de agosto del corriente año a las 10:00 horas”, dispuso Guillermo Yacobucci, juez de la sala segunda del tribunal de Casación en una resolución.

El magistrado aclaró que las partes que quieran hacer uso de la oralidad durante la audiencia deberán informarlo al tribunal durante los próximos tres días, a la vez que informó que también tienen la posibilidad de asentar sus posturas mediante breves notas que pueden presentar a través del sistema de gestión informática.

Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación Penal había aceptado al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y al abogado Alberto Binder como “amicus curiae” (amigo del tribunal).

La sala segunda del máximo tribunal penal del país debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados el expresidente y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Para este caso, el tribunal está formado por los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Yacobucci.

Los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani fueron dictados en julio del año pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas -supuesto espionaje a familiares que reclamaban saber la verdad sobre el hundimiento del submarino- correspondían en realidad a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.

Aquel fallo de la Cámara Federal porteña fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa, como también por la fiscalía.

En su momento, el fiscal José Luis Agüero Iturbe reclamó ante la Cámara Federal porteña que se declare la nulidad del fallo y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal porteña resolvió que se tramiten en un mismo juzgado la causa que el viaje a Lago Escondido y otra por supuesto “espionaje ilegal”, la cual abierta por la denuncia del imputado Pablo Yadarola en esa primera investigación.

La decisión fue del camarista Leopoldo Bruglia, quien resolvió un conflicto de competencia entre el juzgado federal 2 que lleva la causa Lago Escondido y el 12, donde quedó radicada por sorteo la denuncia del juez en lo penal económico Yaradola, por el supuesto espionaje ilegal de las conversaciones que mantuvieron algunos de los implicados en un chat de Telegram.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado federal 12, sostuvo que la denuncia de Yaradola por la difusión pública del contenido del chat debe investigarse en el mismo juzgado que la causa por el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de Joe Lewis en Bariloche, por ser hechos “claramente entrelazados” y “complementarios entre sí”.

Lijo también sostuvo que “la decisión de uno podría incidir en el otro”, por lo que debería intervenir un solo juez en ambos expedientes.

Sebastián Ramos, titular del juzgado federal 2 a cargo de la causa Lago Escondido, rechazó la competencia por considerar “prematura la vinculación” entre ambos casos y ante “la falta de constancias que indiquen la identidad de los eventos pesquisados en ambas actuaciones o de sus presuntos autores, o de las mismas circunstancias de tiempo y lugar”.

Ante este conflicto de competencia, Bruglia decidió que las dos causas queden radicadas en el juzgado de Ramos, porque “se advierte de momento que los hechos puestos en conocimiento en estas actuaciones registran puntos en común con aquéllos materia de la causa que se pretende de atracción”.

Además, el camarista evaluó que podría estarse “ante una posible concatenación entre los hechos denunciados en ambas causas”, todo ello “sin perjuicio del estado incipiente en la cual se encuentran” las respectivas actuaciones, por lo cual el “avance de los procesos” podría “ameritar un nuevo análisis de la cuestión”.

“En esta instancia, se advierte la conveniencia de que ambas causas sean examinadas bajo la órbita de actuación de un mismo magistrado, que pondere la prueba reunida en su conjunto y totalidad”, concluyó Bruglia.

Ante ello, la Cámara resolvió que “corresponde” que la investigación de la denuncia del juez Yaradola sea enviada al juzgado federal 2, donde ya se tramita la causa penal por el viaje a Lago Escondido, “cuyo marco fáctico de pesquisa resulta de mayor amplitud”. De esta manera, dejó a la “consideración del magistrado la acumulación o no de las causas”.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del Grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

La causa por el viaje a la estancia del británico Joe Lewis tramitó en Bariloche, pero luego pasó a los tribunales federales de Retiro por orden de la Cámara de Casación.

Dicho viaje se realizó el 13 de octubre, cuando los jueces arribaron en un vuelo privado a Bariloche y desde allí se dirigieron a la estancia, en fechas en las que también se alojaron los directivos del Grupo Clarín y los funcionarios porteños.

LC con información de agencia Télam