Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la puerta a una estrategia judicial de Ricardo Echegaray, funcionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo de la Corte no está dirigido contra una sentencia definitiva, como dice la sentencia sino a un pedido de nulidad de la defensa. Según explicaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal, en la práctica el exfuncionario nacional no va preso con esto porque quedan trámites pendientes ya que la Cámara Federal de Casación Penal, en su decisión original, reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº3 para que determinaran la pena.

El exjefe de la AFIP fue condenado por administración fraudulenta agravada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, tras el rechazo del recurso que había presentado su defensa. La acusación se centró en el rol que tuvo como jefe del organismo recaudador en el otorgamiento indebido de planes de facilidades de pago a una empresa ligada al empresario Cristóbal López, lo que derivó en una multimillonaria deuda tributaria impaga entre 2013 y 2015.

Cristóbal López es un empresario que desarrolló un conglomerado económico con fuerte presencia en sectores como el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y el transporte (Oil Combustibles, Oil M&S, Clear Petroleum, C5N, Radio 10, FM Vale, Mega 98.3, Pop Radio, TKM, Minuto Uno, Ideas del Sur, Casino Club, Invernes, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Constructora CPC, Indalo Transporte, Autovía Buenos Aires-La Plata, South Media Investments). Durante los gobiernos kirchneristas, se consolidó como uno de los principales contratistas y concesionarios del Estado, lo que le valió el apodo de “el empresario K” por parte de la prensa.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que puso el foco en la omisión sistemática de Oil Combustibles S.A. en pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos, con la anuencia de la AFIP durante la gestión de Echegaray. A través de planes especiales de financiación, la empresa retuvo montos millonarios sin transferirlos al Estado, lo que fue interpretado por los tribunales como una maniobra fraudulenta que perjudicó directamente a la administración pública.

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, su defensa intentó distintos caminos procesales para revertir la sentencia, todos sin éxito.

Primero presentó un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego planteó la nulidad de esa decisión, también desestimada. Al considerar agotadas esas vías, la defensa de Echegaray recurrió a un recurso extraordinario, que también fue declarado inadmisible por la misma Sala de Casación. Finalmente, en un último intento, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal, y por lo tanto no podía ser revisado por esa vía.

Por lo tanto, el caso no se cierra de manera definitiva, pues una vez que el TOF fije la pena, Echegaray podría volver con un recurso a la Corte.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes un cambio profundo en la estructura fiscal del país con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo, según el anuncio, tendrá una “estructura más simple, eficiente, menos costosa y menos burocrática”. La medida forma parte de la reconfiguración del aparato estatal, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la gestión de los recursos fiscales.

Al frente de la ARCA estará Florencia Misrahi, quien ya lideraba la AFIP y estará acompañada por dos nuevos directores generales, quienes se encargarán de las áreas más cruciales del organismo: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El nuevo titular de la DGI, excolaborador de el recaudador K, Ricardo Echegaray

Andrés Edgardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, asumirá como director de este organismo. Vázquez es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, y su extenso currículum incluye una trayectoria de más de 30 años en la DGI, donde ha trabajado en distintos niveles de responsabilidad.

También se destaca por haber sido colaborador de Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP durante siete de los ocho años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por el delito de defraudación al Estado.

La condena se relaciona con el otorgamiento irregular de planes de pago a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Echegaray fue considerado autor penalmente responsable de administración fraudulenta agravada por haber sido en perjuicio de la administración pública. Aunque López y De Sousa fueron absueltos, la Justicia corroboró que gracias al delito cometido por Echegaray, el Grupo Indalo, al que pertenecía Oil Combustibles, pudo expandir sus negocios. El exfuncionario de Cristina sigue en libertad mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa.

José Andrés Velis: experto en aduanas al mando de la DGA

Por su parte, José Andrés Velis, quien también cuenta con una sólida carrera en la administración pública, tomará las riendas de la Dirección General de Aduanas. Velis ha sido clave en el desarrollo de sistemas informáticos fundamentales para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que es un pilar en el control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El Gobierno entiende que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis será vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador.

La reestructuración de la AFIP también trae consigo importantes recortes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue el encargado de este relevante anuncio sobre el cambio en el área impositiva, innformó que se reducirá un 45% de los cargos superiores de la actual AFIP en la futura ARCA, así como un 31% de los niveles inferiores, lo que implica una eliminación del 34% de la estructura total del organismo. Además, alrededor de 3.155 empleados que fueron contratados en el último año, durante el gobierno anterior, serán desvinculados por haber ingresado de manera irregular, lo que representa el 15% del personal actual.

El ahorro estimado por estos recortes se calcula en $6.400 millones anuales.

Otra de las medidas anunciadas incluye la eliminación de la Cuenta de Jerarquización, un beneficio que permitía a los altos cargos de la AFIP recibir salarios notablemente superiores al promedio estatal. Con esta reforma, por ejemplo, la jefa de AFIP y de la futura ARCA, Misrahi, verá reducido su sueldo, que hasta hace poco rondaba los $30 millones mensuales, a aproximadamente $5 millones, equiparándose con el salario de un ministro. Los nuevos directores de la DGI y la DGA también recibirán remuneraciones acordes a este nuevo esquema salarial, según se informó.

JJD

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 absolvió este miércoles al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray y condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva a Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCoVi). El veredicto es en el marco de la causa que investigaba el intento de ingresar al país del ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson con una valija con US$790.550 en 2007.

Los jueces Ignacio Fornari, Diego García Berro y Luis Losada absolvieron a De Vido y a Echegaray, en un fallo dado a conocer este mediodía en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. Además, condenaron por “encubrimiento de contrabando agravado” por su condición de funcionario público a penas de cumplimiento en suspenso a cuatro exfuncionarios de la Aduana que fueron sometidos a juicio.

En cuanto a Uberti, el exfuncionario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por “intento de contrabando” de divisas, por el vuelo que compartió esa madrugada con Antonini Wilson.

Las penas no se ejecutarán hasta que queden firmes en todas las instancias de apelación.

Por la mañana, los jueces escucharon las últimas palabras de los acusados. Uberti, quien viajaba en mencionado avión junto a Wilson reclamó ser absuelto porque “quedó demostrado ante mis pocos amigos que conservo, mi familia, mis pocos vínculos laborales que no tuve participación alguna, todo lo demás son rumores”.

De hecho, Uberti destacó que el venezolano “hoy se encuentra prófugo”, y fue quien “se quedó hasta la madrugada contando los billetes de su propiedad, ofreció repartirlos y firmó el acta”.

También tuvieron oportunidad de exponer Echegaray y De Vido, quienes agradecieron brevemente al Tribunal y sus abogados.

Rosa García, María Gallini, Jorge Lamastra y Guillermo Lucangeli, los exfuncionarios de la Aduana juzgados en el debate, ratificaron que el procedimiento esa madrugada del 4 de agosto de 2007 fue correcto, ajustado a la ley, que el dinero se contó, fotografió y secuestró. Los cuatro que recibieron condenas en suspenso de entre 10 meses y un año de prisión remarcaron que “hicieron lo correcto”.

El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó pasar por un control aduanero en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery llevando una valija con el mencionado número de dólares, luego de llegar al país en un vuelo privado contratado en ese momento por la empresa estatal ENARSA.

Wilson, considerado “rebelde” por la Justicia argentina al haberse ido del país apenas lo ocurrido se hizo público, se radicó en Estados Unidos y no se logró su extradición. Viajaba junto a funcionarios de ese organismo, Uberti y otros compatriotas en el avión que partió de Venezuela.

El fiscal general Marcelo Agüero había pedido 5 años de prisión para De Vido, y 4 años y 10 meses de prisión para Uberti como coautores del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas.

La acusación de la fiscalía se basó en que habrían permitido el ingreso de US$790.550 que llevaba Antonini Wilson.

En cuanto a Echegaray, por entonces titular de la Dirección General de Aduanas, Agüero pidió el sobreseimiento por “carencia de pruebas”.

El juicio oral comenzó el 8 de marzo pasado, a 16 años del hecho.

LC con información de agencia Télam

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó hoy al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a “cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública”, al hallarlo “autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”.

A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso “levantar las medidas cautelares” dictadas contra ambos, “como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación”.

El fallo fue leído esta tarde, minutos después de las 19, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron esta mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.

“No hubo ningún perjuicio fiscal”, sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un “pronunciamiento absolutorio”, porque -según dijo- se trató de una causa “armada” con “prueba falsa” que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.

Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron “iguales” a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo “ninguna prueba” que avalara la acusación.

Durante la mañana también, en el marco de lo que se conoce como “últimas palabras” antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.

“Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto”, aseveró el empresario.

Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien “la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar”.

El juicio había comenzado el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.

Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.

El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.

DA

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, Juan García Elorrio, anticipó este jueves que pedirá condenas para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio que se les sigue por supuesta defraudación al fisco en la empresa Oil Combustibles.

“Voy a solicitar que se condene” ante la “certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados”, sostuvo el fiscal en el inicio de su alegato final, en una nueva audiencia del debate que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

García Elorrio sostuvo que la fiscalía “tiene por probado con el grado de certeza requerida para el dictado de un fallo condenatorio, los hechos objeto de este proceso descriptos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio”

El fiscal aludió a la “actividad probatoria” incorporada en el debate que comenzó el 13 de junio de 2019.

“Existe prueba de cargo”, sostuvo ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Echegaray está procesado como supuesto coautor, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

AFIP desistió de la acusación penal

El 9 de septiembre último, la única querella en el caso, representada por la AFIP, anunció su decisión de desistir de la acusación penal y de la acción civil que llevaba contra los empresarios ante la “regularización total de las obligaciones tributarias objeto” del juicio oral.

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, el organismo le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le da la posibilidad a López regularizar parte de su situación fiscal.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

Con información de agencias.

IG