Más petróleo, más talas, más pesticidas. Menos lobos, menos ONG ecologistas. Socavar las políticas ambientales está de moda. Tras años de atacar constantemente al movimiento feminista, la derecha y la ultraderecha están tirando ahora a casi todo lo verde que se mueve. Desde la desprotección de tierras para “perforar, baby, perforar” en EE.UU. a la demonización del Acuerdo Verde en España pasando por el ataque a las ONG ambientalistas en la Unión Europea.

La ultraderecha en Europa o EE.UU. “ha enfatizado los impactos negativos desigualmente distribuidos que podrían tener las políticas verdes” y los partidos de la derecha tradicional los han seguido a la caza de esos posibles votos. El resultado es un evidente retroceso en medidas ambientales, según analizan expertos de centros como el Instituto Jacques Delors o el Centro para el Progreso de EEUU.

“Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi. Como ocurre con lo violeta, “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”. Alejado ahora de los partidos, el experto en políticas climáticas y transición justa insiste en que “la ecología es para Trump, Milei y sus socios europeos la antítesis de su modelo de sociedad porque propone más reglas de juego para proteger a las personas y el planeta y ellos buscan exactamente lo contrario: terminar con cualquier marco regulatorio ecosocial que vaya en contra de sus intereses”.

La ecología es para Trump, Milei y sus socios europeos la antítesis de su modelo de sociedad porque propone más reglas para proteger a las personas y el planeta y ellos buscan lo contrario: terminar con cualquier marco regulatorio ecosocial que vaya en contra de sus intereses

Florent Marcellesi — Experto en políticas climáticas y de transición justa

La ola invade casi cualquier parcela. No es solo levantar la salvaguarda a grandes superficies para buscar petróleo o gas en las aguas de EE.UU., es también firmar órdenes para “revigorizar la preciosa industria del carbón limpio” en ese país o decretar un “incremento inmediato de la producción nacional de madera” con autorizaciones más rápidas para que la Ley de Especies Protegidas no retrase proyectos forestales.

Miméticamente, en la Unión Europea, el Partido Popular Europeo propuso una “moratoria” en el desarrollo del Acuerdo Verde para, dijeron, acompasarlo mejor con el crecimiento económico. El presidente francés Emmanuel Macron se apuntó pidiendo un “receso regulatorio” sobre las normas ambientales de la Unión.

Hace un par de semanas, los grupos conservadores y ultraderechistas pusieron su mirada en las ONG ambientalistas a las que quieren retirar o dificultar la financiación europea que llega con el emblemático programa LIFE. Los acusan de hacer lobby a favor del Acuerdo Verde.

Instrumentalización de la agenda verde

El Instituto Jacques Delors ha analizado los desafíos del Acuerdo Verde Europeo a la luz del ascenso de la ultraderecha: “Las políticas energéticas y climáticas están comenzando a tener un impacto más directo en la vida diaria de los ciudadanos, por lo que una consideración insuficiente de los aspectos sociales de esta transición lleva a una instrumentalización sencilla de las políticas verdes por parte de estos partidos para ganar votos”. Esto ha ocurrido -prosigue- en Suecia, Italia o Alemania.

La ultraderecha ha presentado estas políticas como algo “en contra de la clase trabajadora” y los partidos de la derecha tradicional “han imitado” esta visión “como arma política”, según lo explica el investigador del Centro para el Progreso de EEUU, Robert Benson.

En este sentido, Marcellesi añade que “el antiecologismo se ha convertido en una seña de identidad para activar a un electorado resentido por su degradación social y económica”.

El PP, arrastrado por Vox

En España, “Vox ha desarrollado una narrativa medioambiental en la que retrata la vida rural como 'bajo amenaza' por las políticas progresistas”, explica esta investigación publicada en la revista Current History. Y el Partido Popular se acerca a posturas similares, no solo por estrategia electoral como indicaban los expertos, sino porque precisa el apoyo de los ultras, como en el caso de la aprobación de presupuestos en la Comunitat Valenciana.

Aquí, el ambiente antiverde en la Unión Europea sirvió para tumbar el Plan Nacional de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios, que planeaba reducir el uso de pesticidas, porque la Comisión de Ursula von der Leyen había paralizado una normativa similar. El Green Deal europeo ya es llamado “ecologismo de salón” y se han paralizado programas de reintroducción del lince, convertido en un “peligro” para la producción agrícola.

El pasado 21 de marzo, el PP consiguió, con gran estruendo mediático, que se reinstaurara la caza de lobos mediante una enmienda en la ley contra el desperdicio alimentario. Pero, al mismo tiempo, tanto PP como Vox intentaron 'colar' una moción extra en la misma norma para ralentizar o entorpecer el desmantelamiento de azudes y barreras obsoletas en los ríos. Se trataba de una enmienda hija de la fake news expandida por los ultras sobre la (falsa) destrucción de presas y su (incierta) relación con la sequía llevada al Congreso. Se rechazó por solo cuatro votos.

“Aunque el Partido Popular no abraza completamente las posiciones de Vox, ambos partidos se han aliado para obstaculizar una transición verde sustantiva”, concluye este trabajo sobre la crisis del centro político y el negacionismo climático en España de los investigadores Camil Ungureanu, Marc Santjaume-Calvet y Balsa Lubarda. El análisis, publicado en el Consorcio Europeo de Investigación Política, explica que “el caso español muestra que el obstruccionismo climático no se circunscribe a la ultraderecha. Aunque no pueda aplicarse universalmente, los partidos de centro-derecha, desde EEUU a Austria, Reino Unido o India, están causando consecuencias terribles a las políticas climáticas”.

Florent Marcellesi remata que “el Green New Deal o la Agenda 2030 son chivos expiatorios perfectos para explicar los males de este mundo y desviar la atención de los problemas reales, como pueden ser la desigualdad o el cambio climático. Presentar la ecología como enemigo número uno forma parte de una estrategia consciente y coordinada y es uno de los motores claves de la agenda reaccionaria a nivel mundial, europeo y español”.

Estamos atravesando una profunda crisis civilizatoria (multidimensional y multiescalar) que afecta la vida en el planeta Tierra. Aquí, el componente ambiental es uno más entre otros, en una conjunción sinérgica de las fallas de la racionalidad/modernidad: crisis económica y financiera; de seguridad y justicia; ecológica, ambiental, climática, epidemiológica, bélica, ontológica, moral y existencial.

En este marco, los poderes corporativos, estatales, multilaterales e incluso científico-tecnológicos, vienen construyendo respuestas a la crisis sin alterar los patrones de dominación que articulan en el sistema mundo: capitalismo, colonialismo y patriarcado. Centrados en la métrica de la descarbonización, proponen una transición energética corporativa bloqueando dinámicas de transiciones justas, populares y democráticas.

Luego de décadas de debates, acuerdos internacionales, informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y COPs, la situación relacionada con el cambio climático no sólo no ha mejorado sino que empeora minuto a minuto. Las soluciones propuestas siguen siendo las mismas: crecimiento sostenido en un marco neoliberal y antropocentrista, sin plantear la histórica deuda ecológica del Norte Global.

La transición energética corporativa tiene una impronta netamente mercantilista, colocando la energía en la esfera de la mercancía capitalista y adoptando abordajes estrictamente físicos y tecno-económicos. Es decir, de cómo intercambiar recursos naturales no renovables por renovables para diversificar la matriz energética persiguiendo la acumulación de capital por descarbonización (Argento & Kazimierski, 2022) y la adaptación para articular la nueva red de poder global.

Para que China, Estados Unidos y Europa transiten hacia la desfosilización se crean nuevas zonas de sacrificio en las periferias mundiales. Este proceso empieza a conocerse en el activismo y en la academia crítica como “extractivismo verde” o “colonialismo energético”: una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la “transición energética verde”.

Sostener este nuevo ciclo de acumulación capitalista energívoro y encapsulado en la descarbonización requiere deglutir más materiales, más cuerpos, territorios y biodiversidad. En este sentido, la neocolonialidad de América Latina continúa su expoliación.

Hace solo unos meses se publicó el “Reporte de la economía circular”, un trabajo realizado por la Fundación Economía Circular en colaboración con la CEPAL, el BID y el PNUMA (Circle Economy Foundation, 2023).

El informe aporta información sensible producida por fuentes insospechadas de ser parte de una propuesta ecologista radical, información que nos permite observar el contexto en el cual se está dando el incremento de presión sobre los territorios para abastecer de materiales al norte global. Si bien los datos son de 2018 (ya que según los autores no hay información consolidada más reciente), los mismos brindan una referencia ineludible para pensar en la actitud de la región frente al crecimiento de la demanda de materiales por parte de la Unión Europea a partir de sus nuevas y agresivas políticas en este sentido, en particular el requerimiento de los llamados materiales críticos para la transición energética.

Como sabemos, América Latina es una región rica en naturaleza, en “recursos” y desde la época de la conquista es fuente de materiales de todo tipo. En un principio, lo movilizado era básicamente biomasa y minerales metálicos (oro y plata, por ejemplo); a esto se sumaron con el tiempo combustibles fósiles y minerales no metálicos.

Tal es la riqueza material de América Latina que es una de las regiones que menos materiales importa, pero proporcionalmente es la región que más materiales extrae y exporta.

En este caso no hablamos de dinero, sino de cantidades físicas de “cosas”, de toneladas de “cosas” que se generan o se extraen de nuestro continente y se van a otros. Por eso el análisis de la extracción y circulación se mide en toneladas, toneladas de cosas.

La estadística analizada contempla cuatro tipos de materiales: biomasa que incluye desde la soja, el trigo, la caña de azúcar, el aguacate, la palma, la madera balsa y muchos más; combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón básicamente; minerales metálicos como el oro, la plata, el cobre, el zinc y el hierro y minerales no metálicos como el azufre o la estrella mayor el litio.

En los últimos 50 años, América Latina y el Caribe cuadruplicó la extracción doméstica de materiales. En el año 2018, la región tuvo una extracción doméstica de materiales de 10.684 millones de toneladas de “cosas”. De ese total, la biomasa extraída es un 48% del total, los minerales metálicos un 24%, los minerales no metálicos un 21% y los combustibles fósiles un 6%.

Por supuesto, en todas las regiones del mundo se extraen materiales para ser procesados de alguna manera, que luego se utilizan básicamente para viviendas e infraestructuras, alimentación, productos manufacturados, movilidad, servicios, sanidad, educación y comunicación. Si bien todas las regiones extraen materiales, en América Latina y el Caribe se dan dos particularidades.

En primer lugar, la alta cantidad de extracción por habitante. Mientras la extracción mundial per cápita es de 12,2 toneladas y la de la Unión Europea de 10,3 toneladas, la de América Latina y el Caribe es de 16,6 toneladas. El mismo estudio estima en 8 toneladas per cápita el consumo “sostenible” de materiales.

En segundo lugar, y un dato sumamente relevante, es que de las 10.684 millones de toneladas extraídas en 2018, se exportaron 4.305 millones. Es decir, de cada 10 toneladas de “cosas” que se extraen, 4 se exportan. El 60% de estas extracciones se destinan a la región de Asia-Pacífico y el 13% a Europa. Es importante resaltar que en el caso de los minerales metálicos es casi el doble lo exportado que lo utilizado regionalmente.

Así, Estados Unidos, a través de su Servicio Geológico (USGS por sus siglas en inglés), actualiza regularmente su listado de minerales críticos, que incluye en su última versión 50 minerales. La Unión Europea cuenta con su propio listado, que incluye 34 minerales y otras materias primas, y China posee 28 minerales. Algunos de estos minerales son: zinc, litio, magnesio, manganeso, aluminio, cobalto, cobre, disprosio, acero, níquel, platino, praseodimio, silicio, carburo de silicio, terbio y las llamadas tierras raras (escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).

Las tecnologías para aprovechar las fuentes renovables de energía utilizan muchos de estos minerales. La investigadora Alicia Valero, en su estudio, no solo da cuenta de los minerales que demanda la fabricación de tecnologías de energías renovables, sino también de los limitantes de los mismos para un crecimiento sostenido de la demanda de energía, concluyendo que no hay posibilidad de sostener un crecimiento infinito de la demanda de energía debido a la escasez de estos minerales.

América Latina posee gran parte de las reservas de muchos de estos minerales y bienes energéticos comunes. En este contexto, en el que el Norte Global demanda más energía y más minerales, articulan distintas estrategias para obtener los tan preciados minerales. Desde golpes de Estado a un delicado delineado de normativas internacionales. Recordar el golpe de Estado en Bolivia en 2019, seguido de las declaraciones de Elon Musk en Twitter: “¡Golpearemos a quien queramos! Asúmelo” (“We will coup whoever we want! Deal with it”). Recientemente, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, declaró: “Musk está sumamente interesado en el litio, al igual que el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de ese país”.

En el mismo sentido, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en 2022 declaró la necesidad de “cuidar” los recursos estratégicos de la región, amenazados por China y Rusia. Además, en una entrevista del Atlantic Council (2023), el 19 de enero de 2023, sostuvo que: “(…) tuvimos una reunión por Zoom con los embajadores de Argentina y Chile, y luego, también el vicepresidente de operaciones globales de Albemarle [empresa que opera en Argentina y Chile] para hablar sobre el litio (…) y cómo podemos ayudar, a quién más podemos traer a la mesa para ayudarnos a resolver este problema y eliminar a nuestros adversarios al formar equipo entre nosotros y con otros”.

Por su parte el Parlamento Europeo en marzo de 2023 votó la Ley de Materias Primas Fundamentales.

La necesidad del poder corporativo mundial es tal debido a que bajo el paradigma energívoro y de crecimiento ilimitado, para lograr emisiones de carbono neutrales a 2040 es necesario multiplicar por 42 veces la extracción de littio, por 25 la de grafito, por 21 la de cobalto, 19 la de niquel y 7 veces las de tierras raras (IEA, 2021).

Esta compleja red de poder articula el Norte Global a partir de la narrativa de transición energética corporativa, permea algunas organizaciones de América Latina. Así la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) publicó en febrero de 2024 el documento “Los minerales críticos para las transiciones energéticas de América Latina y el Caribe” (Siroit, 2024). Donde alineándose con las necesidades impuestas plantea: “ALC tiene ante sí grandes retos. Duplicar la producción de cobre si quiere descarbonizarla economía para 2050 (Net-Zero). Multiplicar diez veces la producción de litio en los próximos 20 años”.

En este sentido, el documento plantea una serie de desafíos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza. Enuncia también que “la minería se convierta en un nuevo vector de desarrollo socioeconómico”; la pregunta: ¿desarrollo para quienes?

Los modelos implementados hasta el momento solo han profundizado aún más las brechas de desigualdades además de incrementar todos los indicadores que dan cuenta de un colapso civilizatorio inminente. Es necesario pensar transiciones energéticas populares, con justicia socioambiental y democrátizadoras, enmarcadas en una transición ecosocial y en otras epistemologías del desarrollo y la felicidad.

Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional.

Jorge Chemes, dirigente agropecuario, UNRN - CONICET - Energía y Equidad.

JJD

En los dos años desde que se anunció la primera Asociación para una Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés), ya van más de 45.000 millones de dólares comprometidos por las grandes potencias mundiales para financiar la transición energética en cuatro países: Sudáfrica, Indonesia, Vietnam y Senegal.

Creados originalmente por el G7 —por fuera de las negociaciones climáticas en los foros de Naciones Unidas—, los JETP nacieron como un amplio paquete de financiación para acelerar la descarbonización del sector energético en países altamente dependientes de los combustibles fósiles, por sobre todo, del carbón. Así, estas alianzas buscan proveer apoyo, herramientas y acceso a fondeo internacional con el fin de acelerar la transición energética, aumentando la ambición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, en inglés) de los países foco a 2030 y reafirmando sus compromisos a ser carbono neutrales a 2050.

Cada uno de los cuatro acuerdos firmados hasta ahora tiene sus particularidades y desafíos. Para Indonesia, por ejemplo, supone alcanzar la carbono neutralidad para 2050, una década antes de lo planificado originalmente en su NDC, retirando una flota de carbón relativamente joven (promedio 12 años), al tiempo que avanzan las energías renovables. Sudáfrica, por su parte, tiene centrales carboneras más antiguas, pero altamente concentradas en la provincia de Mpumalanga, y las minas y centrales de carbón son fundamentales en el empleo de la zona. 

¿Podrían ser los JETP una opción viable para América Latina? Esa es la pregunta. Y es en las lecciones dejadas por la implementación en Asia y África donde, quizá, se pueda empezar a esbozar una respuesta.

El componente de justicia

Los JETP llegaron en momentos de incertidumbre, en que los países de renta baja y media sólo reciben una quinta parte de la inversión energética mundial y suelen enfrentar desafíos para ampliar el acceso a la energía de sus poblaciones, sin tener el financiamiento necesario para hacer frente a los costos de la transición a fuentes renovables.

Ahora bien, la transición no sólo implica pasar de fuentes de generación energética contaminantes y que contribuyen fuertemente al cambio climático a limpias. Como indica un estudio del Centro para el Desarrollo Global (CGD, en inglés), los países deben balancear transiciones que sean costo-efectivas, rápidas, de amplio alcance y que incorporen una perspectiva de transición justa. Es decir, un componente de justicia. Esto es algo que los JETP —como su nombre dice— buscan.

“Lo que me preocupa es que se centran bastante en el lado de la oferta y que sólo tienen en cuenta el sector energético, cuando lo que necesitas son soluciones realmente integradas. Por lo menos Sudáfrica, Indonesia y Vietnam, sus JETP, el objetivo clave es eliminar el carbón”, afirma Annika Seiler, autora del análisis antes citado.

Para ella, que también trabaja de asesora para el Banco de Desarrollo Asiático, los países no pueden obviar la necesaria adecuación de sus políticas energéticas, como el establecimiento de tarifas, fijar precio al carbono y gobernanzas sectoriales eficaces que den pie a lo que la transición energética finalmente es: una transformación a largo plazo de sus economías.

¿Fuente innovadora de recursos?

En términos de financiamiento, los JETP se presentan como una fuente innovadora de movilización de recursos, al combinar dineros públicos con privados y contar con el involucramiento de bancos multilaterales. De acuerdo con un análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, en inglés), este tipo de mecanismos puede, eventualmente, acelerar las decisiones tomadas en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas, donde los países dependientes de los combustibles fósiles pueden vetar cualquier acuerdo.

Al día de hoy, de los cuatro países beneficiados por los JETP, sólo Sudáfrica ha presentado el plan de inversiones necesarias para su implementación. Según este, la nación africana, en realidad, se queda corta: requiere de 98.000 millones de dólares para financiar su transición energética, casi 10 veces más de lo anunciado inicialmente.

Esa diferencia refleja también la naturaleza de los acuerdos: puestos en marcha con una declaración política de los países donantes, estos deben ser llevados a planes realistas y concretos por parte de quienes los reciben. Esto mismo ya está generando problemas en Indonesia. Un reciente reportaje de Bloomberg da cuenta de la complejidad que está teniendo para definir su plan de inversión, el que se espera esté publicado para la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas (o COP28, del 30 de noviembre al 12 de diciembre próximos, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos).

El país asiático, quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en la actualidad, planea, de todos modos, agregar 13 gigawatts de generación eléctrica en base a carbón. En su JETP se plantea que recién en 2030 dejará de construir nuevas centrales térmicas, algo que, según la Agencia Internacional de Energía, debería hacer en 2024 para mantenerse en línea con el compromiso global de limitar el calentamiento planetario a 1,5°C.

En este sentido, un análisis independiente muestra que, si Indonesia utiliza los fondos del JETP para cerrar anticipadamente alrededor de la mitad de sus centrales eléctricas a carbón existentes, no sólo ahorraría dinero y reduciría sus emisiones, sino que también podría mantener un suministro fiable de electricidad.

La letra chica

Uno de los puntos más críticos de estas alianzas tiene que ver justamente con el detalle de esos miles de millones de dólares prometidos. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, sólo un 3% son subvenciones directas. El resto es mayoritariamente deuda. Estados Unidos, país que lidera el acuerdo con Indonesia, es también su principal acreedor.

La naturaleza de deuda, sumado a su rechazo a comprometerse con dejar el carbón, se incluyen entre las razones que tuvo India para rechazar su propio JETP. Santosh Agarwal, del Ministerio del Carbón de dicho país, dijo hace unas semanas: “La transición para abandonar el carbón no se producirá en un futuro próximo”. 

Senegal fue el último país en acordar su JETP, a mediados de este 2023, aunque con particulares diferencias del resto. Este no es un país con alta dependencia del carbón ni un gran emisor de gases de efecto invernadero —como sí lo son los otros tres—. Su huella de carbono es relativamente baja y tiene inmensas necesidades de acceso a la energía en su población.

Por otra parte, sus autoridades no han escondido sus intenciones de utilizar la alianza para ampliar su uso de gas. Aunque más “limpio” que el carbón, el gas es también un combustible fósil y su quema contribuye fuertemente al cambio climático.

Es importante notar, en este sentido, que el acuerdo —liderado por Francia y la Unión Europea del lado de los aportantes— se dio en medio del interés europeo por diversificar sus suministros de gas tras la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Qué podrían implicar para América Latina?

En mayo, el G7 —conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos— anunció su Plan de Acción de Economías de Energía Limpia, en el que establece prioridades y compromisos para apoyar financieramente a países de ingresos medios para que alcancen la carbono neutralidad.

A su vez, el grupo ya había manifestado su intención de trabajar en este camino con los países del G20, entre los que se encuentran Argentina, México y Brasil. Es más, en un comunicado de 2022, el G7 estableció entre sus prioridades los próximos JETPs con Indonesia, India, Senegal y Vietnam. También anunció “el compromiso de trabajar con Argentina para alcanzar la carbono neutralidad para 2050”. 

Para Leonardo Beltrán, exsubsecretario de Energía de México, este tipo de mecanismos puede ser funcional para América Latina. “México es la segunda economía de la región, tiene acuerdos comerciales con todas las regiones, su economía es compleja, tiene accesos a mercados de capital. Pero, a pesar de eso, la huella de carbono es relevante. Si el país, con todas esas ventajas, no puede mostrar un avance en línea con el Acuerdo de París, este tipo de mecanismo lo podría lograr”, afirma.

Eso sí, el país no debe aceptar condiciones que no sean apropiadas, advierte, sino que debe haber un diálogo y encontrarse puntos de coincidencia entre las naciones latinoamericanas y el G7. “La región tiene la mayor capacidad instalada de generación limpia y, si quiere mostrar avance rápido y a bajo costo, podríamos mostrar un avance y ser un ejemplo de liderazgo de un mecanismo como este”, concluye.

Para el consultor de política climática Enrique Maurtua Konstantinidis, los JETP “tienen que ser planes que se puedan concretar, no sólo promesas, y además deben tener el respaldo adecuado político e institucional al interior del país y una conexión con los actores implicados, sindicatos, sociedad civil, comunidades e industria”. 

“Los países de América Latina se pueden beneficiar porque tienen muy buenas condiciones, pero, lamentablemente, ninguno se ha aventurado a proponerlo. Países como Colombia se podrían beneficiar bastante. Pero, hay que tener cuidado con las condiciones de deuda, eso es lo más difícil”, agrega.

“Lo bueno de estas asociaciones es que también concentran los esfuerzos en el desarrollo de capacidades”, destaca, por su parte, Seiler. “Creo que no se trata sólo de la financiación, sino también de la asociación en términos de conocimiento y capacidad. La cantidad de estudios realizados en Sudáfrica e Indonesia han puesto realmente de manifiesto los problemas de la transición energética. Y creo que a muchos países les vendría bien este tipo de ayuda.”

Y es que, finalmente, la transición energética es un desafío global y la respuesta al financiamiento no llegará únicamente a través de este tipo de mecanismos.

Gabriel Blanco, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y autor de informes de evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés), lideró un trabajo que estimó los costos de la transición energética a 2050 en Argentina bajo un escenario “business as usual” (todo sigue como está) y bajo uno de transición a cero emisiones. Considerando los costos de la energía y de infraestructura, los resultados muestran que la segunda alternativa tiene un costo menor acumulado. Y se puede lograr redireccionando recursos —como los subsidios destinados a combustibles fósiles en el país—, sin necesidad de “nuevo” dinero.  

“El costo del escenario basado en electrificación de la demanda y en energías renovables para la oferta es un 21% menor que el costo del escenario tendencial (US$508.000 millones)”, dice el estudio, que también destaca que la transición también permitiría la creación de 120.000 más empleos que el escenario tendencial para 2050. Así, al transicionar hacia una matriz energética más limpia, Argentina podría no sólo cumplir con sus compromisos climáticos, sino también ahorrar dinero y generar puestos de trabajo. 

“Lo que vimos es que hay un costo inicial para transformar el sistema, pero los costos finalmente se estabilizan y quedan por debajo del escenario tendencial”, cierra Blanco.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa “Comunidad Planeta en la COP28”.

Ariel Slipak es coordinador del Área de Investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es licenciado en Economía (UBA), docente de Economía en la misma universidad y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Es también un apasionado de lo que hace. Queda en evidencia ni bien se prende el grabador y comienza a describir lo que organizaciones ambientalistas, conservacionistas y movimientos socioambientales ciudadanos sostienen a lo largo y ancho del país: el lado B de Vaca Muerta, el mayor yacimiento de gas y petróleo no convencional de Argentina y uno de los más importantes del mundo. La promesa postergada. La supuesta salida a la eterna crisis económica. La bestia neuquina que hace temblar pueblo aledaños con sus sismos inducidos. La que brinda miles de puestos de trabajo. La que amenaza al golfo San Matías y Península Valdés. La que iba a traer dólares. La que insume millones de litros de agua. La de los residuos petroleros que colapsan basureros en Neuquén. La del autoabastecimiento y la soberanía energética.

Vaca Muerta comenzó en 2013 con el acuerdo secreto entre YPF y la estadounidense Chevron. Una década más tarde, organizaciones como FARN buscan desarmar el consenso a su alrededor. ¿Por qué se oponen?

-Tanto FARN como otras muchas organizaciones ambientales son muy críticas de Vaca Muerta y hablan de mitos y promesas incumplidas. ¿Cuál es el lado B de Vaca Muerta?

-Va mucho más de los impactos medioambientales y de los sismos inducidos que provoca el fracking y perjudica a pueblos como Sauzal Bonito. En lo que respecta a la transparencia, el acceso a información y la participación ciudadana, Vaca Muerta empezó mal, con un acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Hubo que ir a la Justicia para conocer la naturaleza del acuerdo. Si uno mira los trabajos de Ejes, de Gustavo García Zanotti y todo el grupo de economistas que trabajan con el Observatorio Petrolero Sur, se puede ver la difícil investigación que tuvieron que hacer para poder rastrear los fondos y las mamushkas de empresas, la estructura societaria offshore detrás de la primera área para explotación, Loma Campana. Además, ya en ese momento había muchas campañas de desinformación sobre el fracking y sus efectos nocivos. Cualquier posición académica, científica que trajera a la luz los problemas que ya había tenido el fracking en otros países como Estados Unidos, era hostigada, invisibilizada. El proyecto Vaca Muerta fue inconsulto y agresivo, directamente violento, por la represión que se vio el 28 de agosto de 2013 en la legislatura de Neuquén. Y fue así porque había una decisión muy fuerte de profundizar el extractivismo, porque cuando realmente hay un proceso abierto y extenso de discusión, que permite que la población se informe, se involucre, pierden. Eso fue lo que pasó en Esquel un par de años antes.

-¿Cómo fue la experiencia de Esquel?

-Fue con respecto a la megaminería a cielo abierto. En Esquel, la posición en favor de lo extractivo perdió porque existió el acceso a la información sobre los efectos que podía tener el uso de solución cianurada y a que iba a haber explosiones diarias, pero también salieron a la luz todas las desventajas económicas que tenía el proyecto, sobre los subsidios para la exportación de oro, sobre la pérdida de empleos en la zona. Entonces, yo creo que el primer reflejo que tuvieron tanto corporaciones empresarias como el gobierno de ese momento fue no abrir un proceso de discusión en Vaca Muerta para no repetir lo que sucedió en Esquel.

-Otra de las críticas que plantean es que se prometió que Vaca Muerta sería la salida a la crisis económica permanente y eso no ocurrió por lo que el sacrificio que implica para el ambiente y los pueblos afectados fue en vano. ¿Por qué sostienen que no se cumplió con la promesa económica?

-Analicemos la pobreza en Neuquén, la situación fiscal del país, la soberanía energética y la restricción externa. Si uno mira las estadísticas del INDEC, si uno mira la pobreza tanto a nivel personal como familiar, en Neuquén es mayor que hace diez años. Pero claro, lo es en todo el país. Ahora bien, miremos la región patagónica. En Neuquén, la pobreza e indigencia son mayores que el promedio de la región patagónica. Siempre aparece esa idea de que el ambientalismo no deja desarrollar a la Patagonia. La Patagonia tiene otras alternativas vinculadas al turismo. Tampoco estoy haciendo un fetiche del turismo, pero donde hay turismo la situación es mejor que donde hay extractivismo, por ejemplo.

-Argentina tiene un problema de falta de dólares. El Gobierno y la industria sostienen que Vaca Muerta traerá esos dólares…

-La actividad no genera dólares. En realidad, saca dólares del país. Es uno de los mitos más importantes de Vaca Muerta. Que la actividad exporte no significa que genera divisas. Para explotar Vaca Muerta se necesita arena, insumos, agua, químicos y todo eso se importa. Entonces la actividad no tiene un saldo comercial tan favorable. Los requerimientos de insumos del no convencional son mucho mayores que los del petróleo y gas convencionales. Los sets de fractura son importados. La intensidad del fracking, que genera efectos muy nocivos desde lo ambiental, genera también una importante demanda de dólares para abastecer de insumos a Vaca Muerta. Entonces, el no convencional no es un buen negocio en términos económicos. Sólo como ejemplo, se calcula que la salida de divisas, por intereses pagados a las empresas fósiles, entre 2019 y 2020, fue de US$4.300 millones.

-Las renovables también implican importación…

-Siempre en términos energéticos hay un juego entre costos de oportunidad: las renovables también son caras. Entonces, si la energía renovable es muy cara, el gas y el petróleo convencional convienen. Si la energía renovable es excesivamente cara, hay un umbral a partir del cual el no convencional también conviene en términos económicos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los gobiernos y agentes financieros a nivel internacional? Para que sobreviva la actividad fósil, mantienen ese umbral de precios de los renovables por encima del no convencional. Lo hacen generando una gran industria de lobby para conseguir subsidios. Entonces, nunca vas a lograr transicionar si el fósil y el no convencional en particular reciben subsidios. Es cierto, fabricar un panel solar también implica importaciones. Pero no estás importando todo el tiempo. Vos importas los paneles solares o partes de los mismos y los instalás, pero no estás importando arena permanentemente. Además, la actividad tiene un peso tan importante en la economía que tiene capacidad de lobby para exigir un tipo de cambio diferencial. Entonces, tienen un dólar especial para importar, a veces un dólar especial para liquidar exportaciones, eso sale del bolsillo de todos los argentinos.

-¿El éxito económico de Vaca Muerta depende del tiempo?

-Hace diez años nos dijeron que la solución estaba a la vuelta de la esquina. Pasaron diez años y siguen necesitando tiempo; y pasaron diez años y siguen prometiendo que van a generar divisas. 

-¿Se puede hacer la transición energética justa en este escenario? 

-Se necesitan arreglos institucionales serios y se necesitan acuerdos sectoriales; se necesita planificación y una gran articulación entre la información técnica y políticas de gobierno. Además de políticas sectoriales y políticas sociales y científicas. Hoy el sector energético es parte del problema de la restricción externa argentina porque Argentina no puede crecer cinco o seis años seguidos sin encontrarse con un cuello de botella en términos de demanda de energía. El problema fue no haber tomado la decisión de comenzar la transición en 2007 ó 2008, cuando teníamos una situación macroeconómica y fiscal adecuadas.

-¿Estamos a tiempo?

-El tiempo que nos queda para la transición energética es cada vez más corto, el momento es ahora. También hay que promover la regionalización de la producción y el consumo. Hay experiencias como la de Armstrong, en Santa Fe, donde participaron los vecinos, la cooperativa eléctrica, la Universidad de Santa Fe. Nosotros lo impulsamos desde FARN como modelo de transición: los vecinos se ofrecieron voluntariamente para poner paneles solares en sus casas y han participado de las decisiones sobre la producción de energía, la forma de generación de energía, sobre la distribución de las ganancias, por ejemplo. Entonces ahí vos tenés un colectivo de cooperativas, de vecinos, de movimientos sociales y científicos trabajando de manera mancomunada. Cuando hay información y cuando hay participación va mejor. Hoy esa gente no solamente tiene una energía más barata sino que además a veces le vende energía a la red y ahora están contemplando poner almacenamiento propio de energía. El problema es que la respuesta de los gobiernos siempre fue cortoplacista: reestatizar parcialmente YPF y dedicarse a explotar petróleo y gas es más rápido. Si no me alcanza, traigo un barco de GNL. 

-¿Cómo se puede hacer esa transición energética sin perder puestos de trabajo, el acceso a la energía, el autoabastecimiento?

-¿Hay autoabastecimiento? Hay provincias enteras que no tienen conexión de gas. Un 50% de la población de Añelo -capital de Vaca Muerta- no tiene gas, no tiene agua, no tiene servicios básicos. Es ridículo. Entonces, primero, Vaca Muerta no está generando ese abastecimiento de energía para la población. En segundo lugar, para dar un mejor abastecimiento energético a la población tenemos la opción de la generación distribuida con renovables, que ha tenido mucho más éxito. 

-¿Las renovables implican menos puestos de trabajo en comparación con la industria fósil? 

-Se pueden perder o se pueden ganar puestos de trabajo, pero depende de que haya planificación. Si se deja librado al azar o sin planificación política, se pueden perder. Lo que te permiten las renovables y la generación distribuida con renovables, especialmente con programas de paneles solares de pequeña escala, es generar demanda de empleo en lugares que expulsan a la población por la falta de empleo y que justamente van a Neuquén a enfrentarse a la precariedad laboral. Lo que notamos es que hay una gran diferencia entre un proyecto a pequeña escala y un proyecto de renovables a gran escala, con corporaciones, con financiamientos que implican condicionamientos, como tener que importar los paneles, contratar mano de obra extranjera, evitar la transferencia tecnológica. Por eso digo que lo importante es la planificación. 

-Entonces la clave es la descentralización, como dice el científico Gabriel Blanco.

-Exactamente. La clave es la descentralización, la participación y la evaluación ambiental estratégica. Que haya empoderamiento tecnológico. Va a haber más y mejores empleos, pero además las renovables tienen una gran ventaja frente a los fósiles. La industria de las renovables va a tener muchas innovaciones de acá a 20 años, muchas más que la industria de los fósiles, que están estancadas en sus innovaciones. Entonces, si te subís a la ola de la energía del futuro en vez de la energía del pasado, vas a tener empleos con más conocimiento. Si no, vas a tener una dependencia de las potencias que tienen el paquete tecnológico. Entonces la transición va por ahí. 

-Las renovables también implican impactos socioambientales, como el caso del litio y el uso del agua dulce, o la deforestación para la implantación de paneles solares o molinos de eólica.

-Si, y por eso la participación va de la mano con el monitoreo de los impactos socioambientales que tienen las renovables. Apostar por renovables con estudios e innovaciones para reducir la demanda de minerales que tienen las renovables es importantísimo, como el litio y otros minerales como el cobre.

-Sería iluso pensar en un escenario en el que las petroleras permitan que la transición vaya a suceder porque atenta contra su negocio, y la relación entre la política y la industria es muy difícil de romper…

-Yo creo que no se transiciona por ese lobby justamente. Ese lobby se ve en las audiencias públicas y en las políticas públicas. El gasoducto Néstor Kirchner ha sido la solución de corto plazo porque se podría haber apostado a las renovables cinco años atrás, pero para pasar este invierno se hizo un gasoducto que pagó el Estado nacional. ¿Y quién va a ganar plata? El grupo Techint.

-¿Cuál es tu posición sobre el oleoducto Vaca Muerta Sur?

-Es lo peor de lo peor. Vaca Muerta Sur es petróleo. Es Inconsulto. La audiencia pública fue una fachada, fue violenta. Se vio que hubo agresiones y no se le dio la palabra a la gente que se opone al oleoducto. Además, es tremendo desde la afectación a la biodiversidad marítima y pone en riesgo a Península Valdés, especialmente. Va a generar empleos sólo durante la construcción y sin un alto volumen de empleo. No se sabe cómo se va a financiar y a costear. Pero además de eso es potenciar y darle condiciones de rentabilidad a una actividad que se está cayendo. En realidad va a financiarle ganancias a todas las empresas que están extrayendo. Va a generar más intensidad en la compra de arenas, en la compra de insumos y además van a fracturar más rápido; y como van a fracturar más rápido, van a generar más sismos, entonces van a generar más problemas con el agua de flowback, van a generar más desechos, más metano, más emisiones. Es contradictorio con el propio Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Gobierno. 

ED/DTC

América Latina podría desempeñar un papel cada vez más influyente en la transición mundial hacia las energías limpias, según un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El reporte Perspectivas Energéticas de América Latina de la AIE destaca cómo los exitosos proyectos de energías renovables de Latinoamérica y sus abundantes recursos naturales podrían posicionarla como una región clave para acelerar las transiciones sostenibles dentro y fuera de sus fronteras.

Según Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE, los combustibles fósiles representan actualmente dos tercios de la combinación energética de América Latina, muy por debajo de la media mundial del 80%, y el 60% de su electricidad procede de energías renovables, por lo que la región parte con ventaja en la transición hacia un sistema energético más limpio.

Como productora de más de un tercio del cobre y el litio del mundo, fundamentales para la transición energética mundial, y con un potencial “enorme” para el despliegue de energía solar y eólica, América Latina “puede desempeñar un papel protagónico en la nueva economía energética mundial”, afirmó Birol.

Sin embargo, el informe también revela el rol destacado que los combustibles fósiles siguen teniendo en las combinaciones energéticas y las economías latinoamericanas. La AIE advierte que deben resolverse las lagunas políticas y los importantes déficits de inversión para que América Latina aproveche su potencial de energía limpia y garantice transiciones justas y equitativas en los países dependientes de los combustibles fósiles.

Las energías renovables impulsan el cambio

El reporte de la AIE es la primera evaluación en profundidad del sector energético latinoamericano y también establece tres escenarios para su futura dirección: uno que refleja las políticas actuales, asociadas con un aumento de la temperatura global de 2,4 ºC por encima de los niveles preindustriales en 2100; un segundo escenario que asume que los gobiernos cumplirán sus compromisos anunciados en materia de clima y energía, incluidos los objetivos del Acuerdo de París y los de cero emisiones netas asumidos por 16 de los 33 países de la región; y un escenario con grandes ambiciones de cero emisiones netas para 2050, coherente con un aumento de la temperatura global de 1,5°C en 2100.

Como destaca el informe, América Latina ya cuenta con uno de los sectores eléctricos más limpios del mundo, en el que la energía hidroeléctrica (45%) constituye la mayor parte de la generación. Se prevé que la región registre un crecimiento significativo de la producción de electricidad renovable en los tres escenarios, pasando del 60% actual al 80% en 2050 solo con las políticas actuales.

La energía hidroeléctrica ha sido durante mucho tiempo la base del suministro de muchos países latinoamericanos, pero la AIE afirma que es probable que su expansión se vea limitada por los riesgos de conflictos y las preocupaciones medioambientales, sobre todo porque las zonas potenciales para su crecimiento se concentran en la sensible cuenca del Amazonas. La agencia también destaca los riesgos que suponen para su producción las sequías y los cambios en los regímenes de precipitaciones a causa del cambio climático.

En cambio, el desarrollo de la energía solar y eólica, tanto terrestre como marina, presenta enormes oportunidades para la región, según la AIE, con países como Brasil y Chile a la cabeza. Según la agencia, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú han añadido en los últimos años más capacidad de energía solar que África, Oriente Medio, Rusia y Asia Central juntos. Sólo Brasil ha añadido 1 gigavatio de capacidad solar cada mes desde julio de 2022.

Según la AIE, este potencial de energías renovables podría permitir a América Latina producir hidrógeno de bajas emisiones a un costo inferior al de la mayoría de las demás regiones del mundo, lo que podría utilizarse para contribuir a la descarbonización de sectores industriales y de transporte.

Varios países latinoamericanos ya han movido fichas en el incipiente mercado del hidrógeno verde. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay han publicado estrategias, y ya se han anunciaron proyectos de producción basados en la electrólisis del agua. Sin embargo, algunos se han topado con la oposición de comunidades y grupos ecologistas debido a la preocupación por su demanda de agua en zonas propensas al estrés hídrico.

El papel de los combustibles fósiles perdura

A pesar de los avances y promesas de América Latina en materia de energías renovables, los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de energía en la región, y el petróleo sigue siendo el combustible dominante en muchos países, principalmente por su uso en el transporte y la industria.

Según la AIE, la región posee alrededor del 15% de los recursos mundiales de petróleo y gas natural, y menos del 1% de los recursos mundiales de carbón. Entre ellos hay grandes reservas de gas de esquisto, algunas de las cuales se están explotando activamente en Argentina, que se está posicionando como exportador de gas.

Brasil, Venezuela y Colombia se encuentran entre los principales exportadores de petróleo de América Latina, mientras que Chile, República Dominicana y Panamá se encuentran entre los países altamente dependientes de las importaciones de petróleo y gas para satisfacer las demandas energéticas nacionales. La AIE señala que la producción de petróleo y gas en la región aumentó alrededor de un 5% en 2022 y se espera que crezca este año. Además, se prevé que la producción de petróleo de la región supere el crecimiento de la demanda en 2030 y que el aumento productivo se destine a la exportación.

Aunque la demanda total de energía en América Latina aumenta en cada uno de los escenarios de la AIE, la forma en que se satisfará varía ampliamente. Con las políticas actuales, la agencia prevé que los combustibles fósiles seguirán satisfaciendo la mayor parte de la demanda energética de la región, pero que su cuota en el mix energético caiga del 67% en 2022 al 63% en 2030. Si se cumplen los compromisos anunciados, el consumo de todos los combustibles fósiles alcanzará su punto máximo a mediados de esta década y su cuota en la combinación energética descenderá al 57%. En el ambicioso escenario de “cero emisiones netas”, una adopción más rápida de las energías renovables y una mayor eficiencia energética reducirían la cuota de los combustibles fósiles hasta el 50% en 2030.

Minerales latinoamericanos, cambio global

Las perspectivas de la AIE subrayan el importante papel que América Latina puede desempeñar en la transición energética mundial a través de la producción de materiales que son componentes esenciales en muchas de las tecnologías de energía limpia de rápido crecimiento de la actualidad, con alrededor de la mitad de las reservas mundiales de litio y más de un tercio de las reservas de cobre y plata.

Además, señala la agencia, la región tiene potencial para suministrar cantidades significativas de grafito, níquel, manganeso y elementos de tierras raras fundamentales para la transición energética. Sólo Brasil posee alrededor de una quinta parte de las reservas mundiales de cada uno de estos recursos, aunque su producción es actualmente relativamente baja. Brasil también posee importantes reservas de bauxita, material utilizado en la producción de aluminio y un componente clave en las líneas eléctricas.

La AIE afirmó que los gobiernos deben garantizar que las empresas cumplan las normas medioambientales y sociales, reconociendo que existe un “sentimiento antiminero” generalizado entre las comunidades locales tras los graves desastres ambientales de la última década, como el colapso de la represa de residuos de Brumadinho en Brasil en 2019. Asimismo, la agencia pidió un mayor diálogo entre las partes interesadas, los inversores y las comunidades.

La AIE recomienda que la región redoble sus esfuerzos para ir más allá de la extracción y avanzar en la cadena de suministro, ya que las actividades de refinado pueden generar más empleo y valor añadido que la minería. Algunos países ya están explorando estas vías en relación con la industrialización del litio, aumentando la financiación para investigación y desarrollo y construyendo nuevas instalaciones, como la nueva planta de baterías de litioen La Plata, la capital de Buenos Aires, en Argentina.

Stephanie Bouckaert, autora principal del informe de perspectivas de la AIE, declaró en su presentación el 8 de noviembre que la expansión hacia los niveles superiores de la cadena de suministro es “una oportunidad para el mundo”, ya que el procesamiento y refinado en una región con una elevada cuota de electricidad de bajas emisiones significa que “los minerales críticos serán más ecológicos”.

Retos para la transición

A pesar del importante potencial, la AIE advirtió que América Latina aún se enfrenta a muchos desafíos para hacer realidad su transición energética, sobre todo por la falta de inversión. La agencia informa que la región ha registrado uno de los niveles más bajos de inversión en energía en relación a sus PIB, por debajo del 3% entre 2014 y 2022, detrás de Rusia y Asia Central (5%) y África subsahariana (4%) durante el mismo período.

Para cumplir los compromisos anunciados en materia de clima y energía, la AIE prevé que la financiación de las energías renovables en América Latina tendría que duplicarse para 2030 hasta alcanzar los 150.000 millones de dólares y quintuplicarse para 2050. El informe hace especial mención a los bancos de desarrollo chinos como fuente notable de financiación en el sector energético para algunos gobiernos de la región, pero señala el rápido descensode estos préstamos desde 2016.

La AIE subraya la necesidad de llevar a cabo transiciones energéticas “centradas en las personas e integradoras” que ofrezcan oportunidades de empleo y acceso en una región que sigue siendo una de las más desiguales del mundo.

Al menos 17 millones de personas, en torno al 3% de la población de la región, siguen sin tener acceso a la electricidad, mientras que 74 millones carecen de medios para cocinar de forma limpia, un factor de contaminación y mala salud. “Hay que hacer más para lograr el acceso universal en ambos frentes”, afirma la AIE. Destaca como “preocupación clave” el suministro de energía asequible y el apoyo a los grupos de ingresos más bajos.

El informe también se centra en las implicaciones de las transformaciones de las energías limpias para el empleo regional, un aspecto vital de las transiciones justas. La AIE señala que el sector energético representa actualmente alrededor del 2% de la mano de obra de América Latina y el Caribe, unos 6 millones de puestos de trabajo. Si se cumplen los compromisos anunciados, esta cifra podría aumentar en un 15% para 2030, con hasta 4 millones de personas trabajando en energías limpias.

Sin embargo, el sector energético de la región puede enfrentarse a nuevos retos debido a los efectos del cambio climático. Según la AIE, se prevé que para 2050 más del 70% de la capacidad hidroeléctrica instalada en la región se enfrente a climas más secos, con países que ya han experimentado graves caídas de la producción durante las recientes sequías, exacerbadas por el cambio climático. También preocupa el aumento de las temperaturas, que podría mermar la eficiencia de la energía solar y eólica, a menos que se hagan esfuerzos para aumentar su resistencia.

Esto podría solucionarse en parte con una mayor integración energética regional, que actualmente sigue siendo limitada en América Latina, según la AIE. “Vincular la demanda y el suministro de electricidad de diferentes zonas climáticas proporciona una mayor resistencia a las condiciones cambiantes”, escribe la agencia, señalando que esto también podría ayudar a los países a hacer frente a la intermitencia de la generación de energía renovable.

Del informe se desprende un mensaje claro: América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad al alcance de la mano

Fatih Birol — Director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energóa

El informe identifica cuatro acciones clave para reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía: acelerar la adopción de energías renovables; avanzar en la electrificación de la industria y el transporte; aumentar la eficiencia energética; e impulsar el acceso a soluciones limpias para cocinar. Si se cumplen los compromisos anunciados por los países, las energías renovables cubrirán toda la nueva demanda energética de la región en esta década.

La transición energética, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, en la presentación del informe, podría ser una “triple solución verde” para la región, para mejorar el bienestar, construir economías sostenibles y resilientes e impulsar la descarbonización para proteger el medioambiente.

“Del informe se desprende un mensaje claro: América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad al alcance de la mano”, afirmó Birol. “Sin embargo, la transición hacia las energías limpias tiene que ser ordenada. No se puede pasar de un día para el otro de economías basadas en el petróleo y el gas a basadas en energías limpias. Todos los segmentos de la población tienen que beneficiarse de la transición, especialmente los económicamente desfavorecidos”.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

El Ministerio de Economía envió al Congreso –por segundo año consecutivo– una “separata” junto al Proyecto de Ley de Presupuesto que sugiere revisar beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que favorecen, particularmente, a grandes firmas y corporaciones por tener un significativo impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Paralelamente, el pasado 11 de octubre obtuvo media sanción un régimen de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), que se suma a un extenso listado de beneficios tributarios que hoy representan un 4,7% del PBI.

Los gastos tributarios son tratos fiscales diferenciados que benefician determinadas actividades, zonas, sujetos y/o consumos. Fueron y son utilizados con el objetivo de atraer inversiones, pero se desconocen sus impactos económicos, sociales y ambientales. Muchos de estos beneficios, como los que promueven la industria minera o el régimen de Tierra del Fuego, se aprobaron respondiendo a coyunturas específicas y/o a la presión de determinados grupos de poder, sin participación ciudadana ni justificaciones adecuadas.

Este es el caso del Proyecto de Promoción del GNL que tuvo un tratamiento exprés en la Cámara de Diputados/as y fue cuestionado por la falta de diálogo. De hecho, de las sesiones informativas sólo participaron autoridades del Ejecutivo y de YPF (esta última con una extensa participación en la elaboración del proyecto) y, apenas transcurridos tres meses de iniciado el tratamiento, se convocó a una última sesión para dictaminar, sin que haya habido ninguna instancia en la que se escuche a las comunidades de las zonas afectadas, organizaciones ambientalistas u otros actores interesados.

La falta de debates genuinamente participativos y plurales es moneda corriente en la definición de este tipo de regímenes. Este proyecto en particular se da en un contexto en el que Vaca Muerta ha sido señalada como una “salvación” ante la falta de dólares y de gas, y en el que –sin importar de qué gobierno se trate– se apuesta  a incentivar la llegada de capitales para la explotación de hidrocarburos. 

El proyecto que tuvo media sanción la semana pasada da beneficios a empresas que realicen inversiones destinadas a la licuefacción de gas natural y actividades asociadas. Entre otros beneficios establece la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, la compensación de quebrantos, la estabilidad fiscal por 30 años y el acceso al libre mercado de cambios de hasta el 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto. 

En el debate parlamentario se argumentó que la estabilidad fiscal es necesaria para compensar la inestabilidad económica del país, dar previsibilidad al desarrollo de la actividad y equilibrar la balanza del intercambio comercial. A su vez, el mensaje que acompaña el proyecto indica que éste “permitirá la generación de trabajo genuino”. Sin embargo, estas previsiones no cuentan con parámetros ni mecanismos para verificar su cumplimiento, ni con líneas de base para evaluar sus impactos ambientales y a la salud de las personas que habitan en los territorios donde operan las empresas. Tampoco se solicitó un informe sobre el impacto fiscal del proyecto a la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En el debate en el recinto sólo se introdujeron exiguas modificaciones relativas al cumplimiento de obligaciones ambientales y a la aprobación de permisos ambientales pero poco se dijo sobre interrogantes fundamentales, como por ejemplo: ¿cómo se medirá el desarrollo productivo y económico?, ¿qué herramientas institucionales existen para asegurar que el régimen sea efectivo?, ¿cómo se van a medir los costos fiscales y extrafiscales?, ¿hay instancias de monitoreo y rendición de cuentas?.

Organismos de derechos humanos advirtieron acerca de  los impactos negativos de la industria hidrocarburífera sobre los derechos de las comunidades y llamaron a transparentar esta información. También señalaron las consecuencias negativas de los beneficios tributarios injustificados a este sector, dado que aumentan la regresividad de los sistemas fiscales y limitan la capacidad de los Estados para recaudar los recursos necesarios para financiar la transición energética. De hecho, aspectos como la estabilidad fiscal por 30 años y el desarrollo de infraestructura hidrocarburífera podrían limitar la sustitución de energías fósiles y el desarrollo de una matriz energética compatible con la neutralidad de emisiones, en detrimento de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.

En un contexto en el que las discusiones públicas se centran en la austeridad y la reducción del déficit fiscal, al mismo tiempo que se exacerban opiniones que desconocen el rol que el Estado debería tener para garantizar los derechos, es clave que la política fiscal se discuta como lo que verdaderamente debe ser: una herramienta para transformar y mejorar la realidad y para definir en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a los derechos.

Es necesario condicionar los gastos tributarios al logro de objetivos comprobables y limitarlos en el tiempo. Si bien el proyecto del GNL establece que la Autoridad de Aplicación tendrá facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios/as del régimen, no prevé una evaluación sujeta a resultados que constituya un verdadero monitoreo constante y justifique los fondos dejados de recaudar. Este caso es un ejemplo paradigmático de las contradicciones e inequidades de nuestro sistema fiscal y refleja claramente los déficits democráticos con que se aprueban y sostienen los gastos tributarios. Sin embargo, sigue su trámite sin que la sociedad cuente con información precisa y confiable sobre sus impactos. 

La preocupación por los costos fiscales y socioambientales de los beneficios fiscales y el derecho de las comunidades interesadas –y de la ciudadanía en general– a ser partícipes en la construcción del modelo de desarrollo de sus territorios, constituyen aspectos centrales que deben tener su lugar en el debate legislativo.

La autora es abogada y consultora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

¿Quién no fantasea con encontrar El Dorado? Descubrir una fuente nueva de recursos naturales puede catapultar a un país a la riqueza, pero nada garantiza que la explotación de ese recurso se convierta en bienestar social. En Argentina, hace una década, Vaca Muerta, un depósito de gas shale en el norte de la Patagonia, se perfilaba como la salvación económica frente al declive del boom de las commodities, una expectativa que no se concretó. Hoy, el litio, también llamado “oro blanco”, se presenta como la nueva gran oportunidad que tiene el país de acrecentar sus arcas nacionales.

Estimaciones recientes sugieren que en el “triángulo del litio”--norte de Argentina y Chile, y sur de Bolivia-- se encuentran más de la mitad de las reservas conocidas mundiales de este mineral, utilizado en la fabricación de baterías eléctricas. Para dar una idea de la relevancia que tendrá el mercado de baterías eléctricas, la agenda climática del presidente Joe Biden propone que al menos 50% de los vehículos ligeros en venta globalmente sean eléctricos en 2030. Esto significa una venta de 8 millones de vehículos eléctricos anualmente sólo en Estados Unidos, lo que implica un aumento exponencial en la demanda de baterías en la próxima década. 

¿Con qué ventajas y desventajas cuenta la Argentina para explotar este mineral clave en la transición energética? Argentina es el tercer país con mayores reservas conocidas de litio luego de Chile y Australia y el cuarto productor de esta materia prima. Según estimaciones del Banco Mundial, la inversión extranjera en nuestro país podría representar un crecimiento de hasta el 10% del PBI en las provincias productoras. Inversiones que podrían aliviar la crónica falta de divisas de la economía argentina.

Además, el marco regulatorio argentino se encuentra entre los menos estrictos de la región. En Bolivia, donde las reservas de litio están estatizadas, el gobierno no ha podido desarrollar su explotación y hoy el país está rezagado respecto a sus vecinos en cantidad de litio exportado. En Chile, un esquema de explotación público-privado ha colocado al país entre los primeros exportadores. Pero los planes de Gabriel Boric para nacionalizar el mineral han sido recibidos con escepticismo, dado que podría desincentivar la inversión. En contraste, en la Argentina, la regulación no cae bajo control nacional, sino bajo las provincias. En el marco nacional, solo existe una regulación que pone un tope de 3% a las regalías de la actividad minera y otorga a las empresas seguridad fiscal por 30 años. El nivel bajo de regalías podría dar un margen de maniobra para modificar el régimen sin afectar la atracción de inversiones.

Según un informe de la CEPAL de 2020, existen hoy en Argentina dos estrategias de explotación diferenciadas. Por un lado, la estrategia extractivista implementada en Salta y Catamarca, cuyo objetivo es aumentar el volumen de inversiones en las actividades de exploración, extracción y procesamiento del litio y donde los beneficios solo se perciben por la recaudación de impuestos y la creación de empleo. Por otro lado, la estrategia industrialista implementada por Jujuy plantea una “visión más integral en el desarrollo de la cadena de valor en torno al litio”. A través de una empresa estatal, el gobierno de esta provincia participa de los proyectos privados de extracción del mineral y se asegura así un mayor control sobre la producción. 

La estrategia jujeña se alinea más con la experiencia de países que han sacado los máximos provechos de la explotación de sus recursos naturales. Pero el informe de la CEPAL señala que las ambiciones de desarrollar la cadena de valor del litio (produciendo, por ejemplo, baterías), enfrentarían varios obstáculos, principalmente en relación al desarrollo de tecnología y capacidades de investigación en el área, gestión empresarial y gobernanza. Existen costos altos de “catch up” para fabricar baterías competitivas en el mercado mundial. Por eso, un grado de inversión extranjera que permita la transmisión de tecnología y conocimiento parece ser indispensable.

Otro obstáculo importante es el impacto ambiental. El litio en Argentina se extrae mediante un proceso de evaporación que utiliza grandes cantidades de agua. Organizaciones ambientales y comunidades locales advirtieron sobre posibles riesgos para los ecosistemas y para la provisión de agua dulce, de por sí escasa en la región. Pero existen técnicas de extracción directa que reducen significativamente el uso de agua y que ya se utilizan en algunos proyectos en Argentina y Chile. Una regulación conducente a generalizar este tipo de extracción podría mitigar estos efectos ambientales.

Perspectivas globales

Pese a estos desafíos, Argentina ha dado algunos pasos hacia la industrialización del litio. Una primera fábrica de baterías abrirá en septiembre y una segunda está en construcción. También ha firmado un memorándum de entendimiento con la Unión Europea en el marco de la cumbre CELAC-UE para promover incentivos a la agregación de valor en la cadena de producción de litio y otros metales estratégicos. 

Pero el potencial de esta industria está en relación directa con las tensiones geopolíticas. Europa está buscando diversificar sus mercados, luego de que la pandemia del Covid y la guerra de Ucrania evidenciaron los riesgos de la dependencia de ciertos países en la importación de insumos clave. Intenta por ello desacoplarse de China, que es el segundo exportador de litio y el primer productor de baterías eléctricas. 

Los Estados Unidos también juegan un rol fundamental, pues no sólo quieren desacoplarse comercialmente de China, sino que están en una franca batalla política contra el gigante asiático. Con Biden a la cabeza, el país está adoptando políticas industrialistas de corte proteccionista. Por ejemplo, el Inflation Reduction Act, un paquete de medidas desarrollistas, pone obstáculos a las importaciones de productos manufacturados. Estipula que para 2027 el 80% del valor comercial de los “minerales críticos” para fabricar baterías eléctricas sea extraído o procesado en Estados Unidos o en países con quienes se mantienen tratados de libre comercio.   

Así, por un lado, el impulso estadounidense por achicar el comercio con China podría hacer a Argentina un atractivo socio comercial. Sin embargo, para entrar al mercado estadounidense Argentina se enfrenta a una barrera proteccionista, que la pone en una desventaja competitiva con países como Chile y México, que cuentan con tratados de libre comercio con Estados Unidos.

La Argentina se encuentra así ante una oportunidad única para aprovechar la creciente demanda del litio. Además, su aparente neutralidad frente al conflicto Estados Unidos-China la hace atractiva como socio comercial a los ojos de los países occidentales, mientras que la necesidad de diversificar e industrializar sus economía es cada vez más grande. La región ha crecido por debajo del promedio mundial en la última década, luego del boom de las exportaciones en los 2000, por lo que se encuentra ante una gran oportunidad para retomar el camino del crecimiento. Pero está claro que el camino del litio no está libre de obstáculos. A contramano de los discursos que proponen soluciones unidimensionales, el debate en torno a este recurso estratégico tiene que incorporar muchas aristas, desde la estrategia geopolítica, a la cuestión industrialista, pasando por los incentivos al tan necesario desarrollo de tecnología y conocimiento en el sector.  

La autora es investigadora postdoctoral en la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Warwick (Reino Unido).

La Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), dependiente de Poder Ejecutivo Nacional, presentó este martes la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno. Es considerada la hoja de ruta para el sector, resultado de un trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno con la participación de las provincias y actores del sector privado.

A través de este plan, la Argentina se propone “impulsar el desarrollo de la economía del hidrógeno a través de sus capacidades industriales y tecnológicas, que son su diferencial competitivo”. Según se explicó en la presentación desde Casa de Gobierno, se promoverá un proceso de planificación de políticas públicas orientado a alcanzar objetivos de sostenibilidad ambiental desarrollo productivo y económico.

Mercedes Marcó del Pont, secretaria de Asuntos Estratégicos, dijo que “la transición energética nos abre una oportunidad, pero es necesario torcer el curso natural que limita la participación de los países con abundancia y calidad de recursos al rol de meros exportadores de materias primas”.

“Debemos saber aprovechar las capacidades industriales y tecnológicas del país, que son nuestro diferencial competitivo”, agregó la funcionaria.

Por su parte, la secretaria de Energía Flavia Royón expresó que “las peculiaridades geográficas, industriales y científicas de la Argentina la posicionan en un lugar de privilegio a la hora de poder encarar la industrialización del hidrógeno y convertirse en un proveedor internacional de esta nueva fuente de energía”.

El desarrollo de una Economía del Hidrógeno estima que permitirá impulsar la creación de más de 80 mil empleos calificados y desarrollar la infraestructura necesaria para el despliegue de la actividad, como es la creación de polos productivos y puertos con capacidad para exportar hidrógeno.

La estrategia planteada es una herramienta de política pública, la cual traza “líneas de acción y metas” a largo plazo para generar certidumbre en torno al desarrollo de la economía del hidrógeno de bajas emisiones, vector clave de energías limpias y como insumo industrial.

En ese marco, se proyecta el desarrollo de la economía del hidrógeno y sus eslabones asociados, punto definido como “una oportunidad tanto para la reducción de emisiones como para la industrialización”.

Se explicó desde la SAE que el sendero consensuado permite expandir las exportaciones, descarbonizar actividades económicas domésticas, generar empleos de calidad y fortalecer el entramado industrial en las localizaciones con recursos para la producción de hidrógeno de forma sostenible y competitiva, contribuyendo al desarrollo territorial armónico.

Entre las metas y objetivos establecidos para 2050 en la Estrategia Nacional, se planteó “desarrollar localmente toda la cadena del valor de la economía del hidrógeno, desde la fabricación de bienes de capital hasta la prestación de servicios especializados”.

En esa línea, se establecieron dos pilares fundamentales: el desarrollo del mercado interno, clave para generar condiciones iniciales, evaluar prototipos y desarrollar tecnología nacional; y el desarrollo de los mercados de exportación, orientado a la producción en escala altamente competitiva.

El evento realizado en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada contó con la participación de más de 130 representantes de gobiernos provinciales, cámaras empresarias, organismos gubernamentales de ciencia y tecnología, compañías del sector y universidades. Estuvo encabezado por la titular de la SAE junto con los gobernadores de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Río Negro, Arabella Carreras, además de la secretaria de Energía y la de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

LC con información de agencia Télam

Los 60 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) cerraron hoy en Bruselas su primera cumbre en ocho años. Los países participantes firmaron acuerdos en relación a materias primas y energías renovables y debatieron sobre la situación de Venezuela y la posibilidad de concretar un tratado de libre comercio con el Mercosur.

“Más de 135 proyectos ya están en la línea de salida, desde el hidrógeno limpio hasta las materias primas críticas, desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas ARN”, señaló Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En el marco de Global Gateway, la UE invertirá 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe en proyectos sostenibles que permitan crear cadenas de valor locales.

En particular, la funcionaria europea firmó este martes un memorándum de entendimiento con Alberto Fernández sobre cooperación en materia de energías renovables. Este acuerdo que se suma a aquel que contempla una asociación vinculada a insumos claves para al avance hacia energías limpias como el litio o el hidrógeno verde. Se trata de dos recursos indispensables para la transición energética que ya comenzó Europa tras la reducción de la importación de petróleo y gas ruso y los nuevos lineamientos ambientales.

Además del acuerdo con la Argentina, la UE firmó este martes otro acuerdo con Chile sobre cobre y litio. El 65% de las reservas mundiales de este recurso se concentran en este país, Argentina y Bolivia.

Junto a las energías renovables, la declaración final de 41 puntos firmada en Bruselas también aborda, por primera vez, la cuestión de la soberanía sobre Malvinas. También se logró incluir un pedido para que se levante el embargo contra Cuba y una expresión de apoyo a “un diálogo constructivo” en Venezuela.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, manifestó, en la conferencia de prensa de cierre de la cumbre, que “hay una determinación” compartida para defender “un orden mundial basado en reglas y el multilateralismo” y consideró que la declaración alcanzada constituye un éxito en esta dirección.

El documento firmado también se explayó sobre la guerra en Ucrania, un eje que suscitó debate entre los países participantes. En el marco de tal discusión, Nicaragua, representada por su canciller Denis Moncada, decidió no firmar la declaración. Ya en febrero de este año, la nación de América Central había votado en contra de una resolución de las Naciones Unidas que exigía la “retirada inmediata” de las tropas rusas de la nación de Europa del Este.

El presidente de Francia Emmanuel Macron fue quien expresó la opinión mayoritaria y expuso la negativa de Nicaragua a suscribir al documento. “Manifestamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que sigue causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial, limitando el crecimiento, aumentando la inflación, perturbando las cadenas de suministro, aumentando la inseguridad energética y alimentaria y elevando los riesgos para la estabilidad financiera”, aseguró el mandatario.

La próxima cumbre entre ambas regiones se celebrará en Colombia, país que en 2025 ostentará la presidencia pro témpore de la CELAC, luego de Honduras en 2024. La discusión sobre la posible ratificación de un acuerdo entre el Mercosur y la UE cerrado en 2019 también constituye un avance en las relaciones entre ambos bloques. Lacalle Pou exigió que finalmente se avanzara en esta dirección.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur que Lacalle Pou quiere lograr

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pidió, este martes, que se avance en el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, después de más de 20 años de negociaciones. “Debemos avanzar, como dicen los anglosajones: 'Walk the talk', basta de palabras, de 25 años de negociaciones”, reclamó.

“Realmente creemos en la integración. Entendemos que muchos países se proteja, lo que no compartimos es el proteccionismo exacerbado. Todos vamos a proteger a nuestros connacionales, de eso se trata nuestra vocación y el motivo por el cual se nos ha electo”, agregó el mandatario.

El bloque latinoamericano se encuentra trabajando actualmente sobre una respuesta a un instrumento adicional presentado por los europeos en marzo que estipula nuevas exigencias medioambientales para lograr la ratificación. Sobre este eje, Uruguay firmó junto a la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, un documento que prioriza las energías renovales, la eficiencia energética y el uso de hidrógeno verde.

“La UE y Uruguay comparten la ambición de aumentar el uso de fuentes de energía renovables, en línea con nuestros ambiciosos objetivos climáticos. Estamos alineados en la necesidad de un mercado global de hidrógeno basado en reglas, transparente y sin distorsiones”, dijo la representante europea.

Con información de agencias.

Desde la autogeneración de energía mediante paneles solares en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, hasta un proyecto de estudiantes y profesores para abastecer su escuela de energía solar, pasando por la construcción de termotanques solares por una empresa: iniciativas locales en Argentina muestran que la sociedad puede ser partícipe activo del camino hacia un esquema energético renovable.

Actualmente, el 84% de la energía que se utiliza en Argentina se produce a partir de gas natural y petróleo, combustibles fósiles cuya producción y uso impulsan el calentamiento global y pueden causar otros impactos nocivos sobre los ecosistemas, las sociedades y la salud. La generación energética está concentrada en un puñado de grandes empresas, las cuales exigen incentivos y subsidios al Gobierno para invertir en el sector energético.

Iniciativas como las de Argentina, por otro lado, presentan una forma de reducir la concentración y centralización del sistema, como ejemplos de lo que se conoce como generación distribuida. Esta autogeneración, que suele recurrir a fuentes renovables, está destinada a apoyar el consumo local o incluso doméstico, pero también puede apuntar a la inyección de excedentes en redes más amplias, permitiendo que los tradicionales compradores de energía se conviertan en generadores.

De acuerdo al último informe de generación distribuida que elabora la Secretaría de Energía, el país cuenta con 1.167 proyectos de autogeneración que ya completaron su instalación. Son 21.2MW de potencia instalados y conectados a la red con medidores bidireccionales, que permiten contar la energía que entra y sale a la red.

Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), explicó a Diálogo Chino que los proyectos de desconcentración de la energía generan efectos virtuosos. “Permiten que la política energética, es decir el estudio sobre cómo utilizar la energía para mejorar la calidad de vida de la población, se pueda realizar también a nivel municipal, lo cual por ahora es algo inexistente y genera un fuerte incentivo a la participación y a la democratización”.

Pero además, la generación distribuida no requiere grandes inversiones para evacuar la energía mediante líneas de transporte, porque justamente se trata de generación local para consumo local. Por eso, ofrece una solución particularmente útil para algunos de los problemas actuales de Argentina, como la pobreza energética y una red de transmisión eléctrica saturada, que frenan las inversiones en proyectos de energías renovables.

Pioneros en la transición

Armstrong es una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe que cuenta con unos 15 mil habitantes. Es una ciudad muy dependiente de la producción agrícola y de actividades relacionadas, como por ejemplo la fabricación de maquinaria agrícola y los talleres de reparación de implementos.

Allí, el servicio eléctrico es brindado por la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, que cuenta con 5 mil asociados y unos 6500 medidores eléctricos. Según la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), estas organizaciones suministran electricidad al 17% de la población del país.

La Cooperativa de Armstrong presentó en 2013 ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación un proyecto para instalar paneles fotovoltaicos y de esa forma generar su propia energía eléctrica, en lugar de adquirirla del sistema conectado nacional.

El proyecto fue aceptado en 2015 y se conformó un consorcio público-privado entre la Cooperativa, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y UTN que recibió un subsidio de parte del Estado nacional. Fue la primera planta fotovoltaica en la provincia de Santa Fe y la primera cooperativa con esta tecnología de generación en Argentina.“Nuestra cooperativa se fundó en 1958 y fue la primera en contar con electrificación rural en el país. Al igual que en aquel momento, con este proyecto también apelamos a la idea de ser pioneros”, cuenta a Diálogo Chino Gustavo Airasca, Jefe de la Oficina Técnica de la Cooperativa.

Desde un comienzo, el proyecto se diagramó en forma conjunta con la comunidad. Se organizaron talleres para explicar de qué se trataba, con mucha participación, recuerda Airasca. “Había preguntas, como por ejemplo si los equipos solares eran resistentes al granizo, qué alcance tenía la potencia instalada, los costos y la vida útil estimada”, agrega.

Se instaló una planta de paneles fotovoltaicos de 200 kilovats (kv) de potencia a partir de 880 paneles solares y además se colocaron unos 50 equipos con seis paneles solares cada uno en los techos de los usuarios. En el marco de los talleres, los asociados propusieron que el usuario en cuyo techo se colocaran los paneles no cobre un alquiler, sino que el dinero generado por la venta de energía se reinvirtiera para ampliar la planta de renovables. A esos voluntarios se les entregó el título simbólico de “techos pioneros”. Los paneles fueron adquiridos a la firma alemana SMA, Amerisolar (EE.UU.) y LV Energy, radicada en San Luis. En varios casos, la producción de los paneles se realiza en China.La Cooperativa calcula que en 2022 logró ahorrar unos 30 mil dólares en concepto de compra de energía a partir de la autogeneración mediante paneles solaran ver la planta. También hemos hecho jornadas de capacitación“, cuenta Airasca.

Haciendo escuela

Hace diez años, en el marco de unas jornadas de debate acerca de los desafíos ambientales, profesores y estudiantes de la Escuela Pública de Educación Media Nº3 “Antonio Devoto” de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a pensar la idea de poder autogenerar la energía que se consume en el establecimiento mediante paneles solares.

“Estudiamos el tema de la transición energética y en particular la tecnología fotovoltaica. Nos dimos cuenta que la terraza del colegio era un gran lugar para colocar los paneles, porque es muy alta y recibe la luz solar prácticamente todo el día”, explica Luciano Tapia, ex estudiante del colegio que lideró la presentación del proyecto a las autoridades de la ciudad.

El proyecto fue tomando forma de manera conjunta con el equipo docente y se presentó en 2014 ante la Legislatura de la Ciudad para conseguir financiamiento. Se instalaron 200 paneles solares y la escuela se convirtió en el primer establecimiento educativo de nivel medio en Argentina en consumir su propia energía e inyectar el excedente a la red. Actualmente, ocho escuelas de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con paneles solares.“Los meses de mayor exposición a la radiación solar son aquellos en donde no se utiliza electricidad en la escuela, porque es verano y no hay clases. Por lo tanto, en mayor medida se puede volcar el recurso a la red pública, que en cambio está muy exigida por el alto consumo estacional”, explica el ex vicedirector de la Escuela, Félix Aban.

Sin embargo, el mayor impacto que tuvo el proyecto fue en el ámbito pedagógico, “La generación distribuida fue el vehículo para que los alumnos se dieran cuenta de que tienen la capacidad de hacer algo con una repercusión práctica”, agrega Aban.

Solución nacional

Energe es una empresa nacional que diseña y fabrica sistemas de captación de la energía solar para calentar agua. “Hace quince años, no llegábamos a producir ocho termotanques por mes. Hoy están saliendo más de 250 termotanques por mes de la fábrica de Mendoza”, cuenta David Soriano, responsable de comunicación de la empresa.

La empresa abastece el mercado local de termotanques solares domésticos e industriales y también exporta a Uruguay y Chile. También cuenta con una línea de negocios de paneles fotovoltaicos. Energe calcula que el 80% de lo que una familia gasta en gas o luz para calentar agua a lo largo del año se lo ahorra con el termotanque solar.

“Como se trata de un mercado relativamente nuevo en el país, solemos hacer hincapié en las ventajas que genera ser ‘el dueño de tu propia energía’. La gente suele preguntar si el termotanque y los paneles funcionan los días nublados y si la energía se puede acumular. Nosotros explicamos que ambas respuestas son positivas”, agrega Soriano.

Luego de 15 años de experiencia en la actividad metalmecánica, Energe fabrica sus propios termotanques solares, mientras que los paneles solares los importa desde Alemania y de China. Ubicada en la localidad de Maipú, Mendoza, la empresa emplea a 78 trabajadores que viven en la zona y busca impulsar la igualdad de género en su fábrica.“Tenemos una política de incentivar la presencia de trabajadoras en áreas en donde normalmente los varones tienen más presencia, como por ejemplo en la planta. Luego de capacitaciones y de la propia experiencia de trabajo, contamos con un plantel de excelentes soldadoras”, cuenta Soriano.

Organizaciones como Naciones Unidas han subrayado la importancia de impulsar las oportunidades y la representación de las mujeres en el sector de las energías limpias, como elemento esencial de una “transición justa” de los combustibles fósiles a las renovables.

Desconcentrar la energía

De acuerdo a cálculos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, hasta 2050 se podría cubrir hasta el 32% de la demanda eléctrica hogareña mediante la generación fotovoltaica distribuida instalada en los edificios residenciales del país.

Esto implicaría la presencia de energía distribuida en casi 15 millones de hogares para aquel año, con una inversión acumulada de 70 mil millones de dólares.

El aumento de la presencia de renovables y de la generación distribuida debería ir acompañado, de acuerdo a FARN, por “un abanico de iniciativas complementarias como los programas sectoriales de reconversión productiva, medidas para incrementar la eficiencia energética y campañas de concientización”.

Para Pablo Bertinat, tanto la generación de electricidad mediante energía solar de parte de las cooperativas eléctricas como también los paneles en los techos de las casas pueden convertirse en un aporte agregado a la matriz eléctrica nacional.

Pero eso no es todo. “Además del aporte que significan a la generación eléctrica nacional, estos proyectos generan condiciones para una apropiación local de la política energética, lo cual es condición para una democratización sostenible del acceso a la energía”, agrega.

JL/MG

Este artículo fue publicado originalmente en https://dialogochino.net/es/

“¿Se puede hablar de energías limpias o renovables si no se analiza el consumo?”, dice Pablo Troncoso, miembro de la Asamblea Ambiental Huinganco, en la provincia argentina de Neuquén. “Creo que lo que tenemos que empezar a trabajar para cuidar el ambiente es cómo usamos la energía. No veo al Gobierno instando a consumir menos, no veo demasiadas campañas de consumo responsable o de generación propia. Entonces me pregunto, para qué queremos la energía ¿para consumir más?”.

En 2017, el gobierno de la provincia de Neuquén firmó un acuerdo para construir Nahueve, una pequeña represa hidroeléctrica en el río del mismo nombre, que debe inaugurarse a fin de año. La represa, con una capacidad instalada de 4 megavatios (MW), fue financiada principalmente por el Fondo para Desarrollo de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos, y en menor porción por el gobierno provincial.

Cuando fue anunciada por las autoridades locales, la represa venía con la promesa de beneficiar a la población, aportando mejoras en el servicio eléctrico y el suministro de agua potable, generación de 200 puestos de trabajo y agua para el riego de más de 120 hectáreas. Toda la energía generada por la represa contribuirá a la red eléctrica nacional.

Neuquén tiene antecedentes importantes en la producción de energías limpias ya que cuenta con 15 proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en todo el territorio, los que acumulan una potencia de aproximadamente 850 MW.En el norte de la provincia, donde se encuentra la represa de Nahueve, también se construirán el parque de energía solar El Alamito y el proyecto piloto de energía geotérmica Domuyo. Las autoridades provinciales explican que estas iniciativas se llevan a cabo en esta zona porque, a diferencia de gran parte de la provincia, no cuenta con reservas de gas o petróleo, pero si con recursos considerables para la producción de energía limpia.

Tierra de combustibles fósiles

La intención de construir una nueva represa pareciera un dato sin importancia pero no es menor para Neuquén, ya que se trata de una provincia cuya principal fuente económica es la explotación de hidrocarburos. En 1918 se produjo el hallazgo del primer pozo de petróleoy desde ese momento los gobiernos centraron la matriz productiva en la explotación del crudo. Además, en esta región, en los últimos años se ha impulsado el crecimiento de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales más importante del país y la segunda reserva de gasde esquisto en el mundo.

Neuquén produce 57 mil barriles de petróleo al día y la mitad de todo el gas que se consume en Argentina. La relevancia de Vaca Muerta es tan significativa que con explotar una pequeña parte de esta formación ya se cubriría el déficit energético del país, afirma la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Las autoridades, sin embargo, reconocen públicamente la gravedad del cambio climático y la necesidad de proyectos que permitan una transición hacia un futuro bajo en carbono. En este sentido, José Brillo, presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI NQN), organismo estatal que planifica y busca financiación para nuevos proyectos, afirmó que tienen el reto de ofrecer una “contraparte” a los yacimientos de petróleo y gas.

¿Una transición informada?

Si bien no hay un concepto unificado que defina a la transición energética, podemos entenderla como un cambio desde una matriz energética dependiente de combustibles fósiles a una basada en energías renovables. El desafío que se presenta para los gobiernos es entender y consolidar una transición justa, que vaya más allá del recambio de fuentes y tecnologías.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la transición justa implica “maximizar las oportunidades sociales y económicas de la acción climática, al tiempo que se minimizan y se gestionan cuidadosamente los desafíos, incluso a través de un diálogo social eficaz entre todos los grupos afectados y el respeto de los principios y derechos laborales fundamentales”.

Desde América Latina se aboga por la incorporación de otros elementos, como la justicia ambiental.

Sin embargo, los habitantes del norte de Neuquén denuncian la falta de diálogo sobre la construcción de la represa de Nahueve. Hay denuncias de que el proyecto ha generado divisiones en la población, tanto por las promesas de beneficios como por la falta de información relacionada con la represa y sus impactos ambientales.

“Nos enteramos por el boca a boca, había muy poca información sobre la obra”, explica Troncoso, de la Asamblea Medioambiental Huinganco, quien asistió a las convocatorias de consulta pública que consistían en exposiciones técnicas abiertas a preguntas. “Desde un comienzo, por parte oficial, se habló de todas las cosas positivas que traería la obra. Eso no se volcó en la consulta que hicieron con los vecinos. Que en realidad no fue una consulta, vinieron a explicar que había un plan de 13 proyectos de generación de energía y nada más”.

Así, la gente se quedó con más dudas que certezas, dijo Troncoso: “Nos decían que uno de los principales beneficios era el riego de 50 hectáreas que se iban a poder poner en producción. Pero en esta zona hay mucha vertiente, entonces planteamos que ese objetivo era innecesario.”

Además, según Troncoso, la provincia lleva años en situación de emergencia hídrica, “por lo que empezamos a dudar de sus intenciones y cuando pedíamos más explicaciones venían con información técnica que es muy difícil de entender”.

Las audiencias públicas, determinadas por la Ley General del Ambiente de Argentina (Nº 25.675), constituyen una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general exprese su opinión.

Gisela Moreira, abogada de las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino, sostuvo que esa instancia oficial en el caso del Nahueve no se dio de manera legal y con conocimiento. “El gobierno debía promover que la población conozca los datos, sepan de las obras, sobre sus beneficios, sus costos. Así poder analizar y dar el visto bueno o no. Eso no sucedió”, aseguró.

Una transición debe tener mecanismos democráticos de consultas que van mucho más allá de un trámite administrativo

José Brillo, de ADI NQN, tiene un argumento diferente. “Avisamos a los pobladores a través de las radios de amplitud modulada y fue muy público. La gente rural llegaba a escuchar la información técnica”, dijo y reafirmó que se difundieron todas las informaciones posibles.

Para Hernán Scandizzo, de OPSur, la organización argentina de política energética, la consulta pública no es una cuestión trivial, sino un elemento central de las transiciones energéticas justas. “Una transición debe tener mecanismos democráticos de consultas que van mucho más allá de un trámite administrativo”, afirmó Scandizzo. “En cambio, los gobiernos solo buscan cumplir las normas internacionales para poder recibir financiación externa”.

Intervenir el territorio

Cuando se aprobó la realización de la represa, varias familias campesinas fueron intimadas a desalojar sus tierras. Algunos acordaron y otros no. Moreira, la abogada de las Asambleas por el Agua, dijo que el camino judicial que tuvieron que recorrer fue largo e incluyó una violenta represión que terminó con activistas imputados.

La Asamblea presentó, en primera instancia, un recurso de amparo ambiental al considerar que la represa del Nahueve traerá innumerables daños ambientales, ecológicos, poblacionales, de tránsito y afectación de la calidad de vida de quienes habitan la zona que está causando la obra. Sin embargo, la justicia no dio lugar a la acción judicial.

Las Asambleas también cuestionaron el informe de impacto ambiental presentado por el Gobierno. Moreira asegura que el estudio que se realizó no está en contexto ya que se analiza sólo algunas cuencas y no brinda un panorama total de cómo serán afectados los ríos.

Con la represa casi terminada, el reclamo por el derecho que tienen los campesinos sobre sus tierras aún sigue vigente, ya que una de las familias sigue reclamando el acceso a su lote 32 ubicado junto al curso de agua por donde pasa el proyecto.

“Los beneficios que tanto anunciaron no se están viendo, no se generó la mano de obra que prometían, no mejoró la provisión de agua potable, nada ha mejorado y nunca existió diálogo con las familias afectadas”, sostuvo Moreira.

¿Una transición justa?

Los proyectos en la provincia vienen realizándose con poca información, con promesas, con divisiones y sobre todo con falta de concientización sobre las energías renovables. Desde OPSur analizan la situación y sostienen que esto sucede porque la sociedad tiene diferentes urgencias, y pensar una diversificación no se concibe como algo prioritario. Por eso, desde la organización plantean que es necesario construir la demanda de una transición energética.

“El desafío es cambiar el concepto de que la energía es un tema vedado para la población en general, y que solo puede conocerlo quienes tengan algún conocimiento técnico en el tema”, dijo Scandizzo, de OPSur. “La energía es un derecho y debe entenderse como tal”.

El caso de la represa de Nahueve mostró la necesidad de evaluar de qué manera se conciben los proyectos de energías renovables, qué lugar tiene el cuidado del territorio y cómo se propicia la participación a las personas que habitan el lugar.

“Nos incitan a vivir como en las grandes ciudades y nosotros vivimos en la montaña”, dice Pablo Troncoso. “Tenemos agua para nuestras huertas, pero nos ponen una represa.”

“La forma de vivir como habitantes de este planeta está muy en el extremo, estamos consumiendo en extremo. En algún momento los gobiernos, los que toman decisiones y también las personas en general, tendrán que equilibrar la balanza.”

Este reportaje fue publicado originalmente por Climate Tracker América Latina. Se reproduce aquí con autorización y ligeramente editado para una audiencia global.

En Chile, la empresa estatal CODELCO, la mayor productora de cobre del mundo, anunció el año pasado el cierre de una planta de fundición, Ventanas, ubicada en una de las zonas más contaminadas del país: Quintero, en la región central de Valparaíso. La decisión se tomó luego de un nuevo episodio de contaminación del aire que afectó a cientos de personas y obligó a cerrar escuelas. El presidente Gabriel Boric dijo sentir “verguenza”.

El anuncio generó una reacción inmediata de los trabajadores de Ventanas, quienes convocaron a un paro por no haber sido consultados acerca del cierre, el cual aseguraron provocaría la pérdida de puestos de trabajo locales. Finalmente, luego de días de tensión, acordaron finalizar las protestas ante el compromiso del gobierno de medidas de apoyo para los trabajadores que pierdan sus empleos.

Lo ocurrido en Chile se repite en diferentes partes de América Latina. La transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero está obligando a industrias contaminantes a transformarse. Pero la manera en la que se realice ese cambio es igual de importante que su velocidad, ya que sino se corre el riesgo de incrementar desigualdades, aseguran los expertos.

El concepto de transición justa es impulsado por sindicatos y organizaciones ambientales como una herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía baja en emisiones se produzca de forma justa para todos. Si bien existe hace décadas, el concepto cobró mayor fuerza en los últimos años ante los rápidos cambios que debe realizar la economía a partir de la crisis climática.

15 millones es la cantidad de empleos netos que podría generar la descarbonización de la economía de la región

“El concepto está entrando con fuerza”, sostiene Javiera Lecourt, coordinadora del proyecto Transición Justa en América Latina, quien analizó el significado del concepto en la región. “La transición no es el fin, es el cómo. Es cambiar culturas de trabajo y formas de desarrollo muy arraigadas. No va a pasar de un día para el otro. Hay gente que se desarrolló en actividades extractivas y no sabe hacer otra cosa”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición justa significa “volver verde la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Aunque esto da una idea general, la definición varía entre países y sectores, cada uno incorporando su punto de vista.

Así, para la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que reúne a 48 organizaciones de trabajadores en 21 países de la región, la transición justa significa cambiar el modelo de producción y consumo. “Tiene que haber una discusión de fondo de la que tienen que formar parte los trabajadores”, sostienen voceros de la organización. “La transición justa es una transición de modelo”.

El origen de la transición justa

Sindicatos de Estados Unidos introdujeron el concepto de transición justa en la década de 1980. Al principio, lo entendían solamente como un programa de apoyo a trabajadores que perdían su empleo por políticas de protección del ambiente. Pero con el tiempo pasó a significar algo mucho más amplio, una transición gradual hacia empleos y economías sostenibles con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

A medida que aumentó la comprensión de la urgencia de la crisis climática, los sindicatos empezaron a vincular la transición justa específicamente a la acción contra el cambio climático. Fue así que empezaron a hacer campaña para incluir el concepto en los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas, como con el Acuerdo de Paris del 2015, que busca limitar el calentamiento global.

Tuvieron algo de éxito. En su preámbulo, el acuerdo reconoce “los imperativos de una transición justa de la mano de obra y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. Además, el concepto de transición justa está vinculado a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas adoptadas a nivel global en 2015.

No hay una receta de transición justa. Cada lugar necesita de enfoques específicos

En ese mismo año, la OIT también estableció una serie de lineamientos para la transición justa luego de una negociación entre gobiernos, sindicatos y empresas. Allí, se establece que la transición deberá contar con un consenso social sólido, respetando los derechos del trabajo y adecuando las políticas a la realidad de cada país y su economía, entre varios lineamientos.

Pero las organizaciones sociales y ambientales también establecieron sus propios lineamientos. Por ejemplo, para el proyecto Transición Justa en América Latina, se debe fomentar la reconversión de empleos, planificar la diversificación de la matriz energética, compensar a los afectados por la transición e impulsar un diálogo transversal en toda la sociedad acerca de la transición.

“No hay una receta de transición justa. Hay varios espacios que generaron su listado de principios pero es un concepto que tiene que ser ajustado a condiciones locales. Cada lugar necesita de enfoques específicos para su transición justa”, afirma Catalina Gonda, coordinadora de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Abandonar los combustibles fósiles

De todos los sectores económicos en transición, es el energético el que se encuentra atravesando el mayor cambio. La energía representa cerca de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina. El petróleo, gas y carbón son utilizados para la generación de electricidad, el transporte y las industrias, lo que trae un costo ambiental asociado.

La transición energética se refiere a gradualmente dejar de utilizar combustibles fósiles para la producción y consumo de energía y reemplazarlos por fuentes de energía renovable como la eólica y solar. Los expertos lo describen como un cambio enorme pero necesario para poder evitar una mayor suba de la temperatura a nivel global, que ya alcanzó 1.1 grados Celsius desde el comienzo de la Revolución Industrial.

Pero el cambio a las renovables no se puede dar de cualquier manera, coinciden organizaciones sociales y ambientales y sindicatos. Es por ello que piden por una “transición energética justa”. Esto significa no sólo lograr un sistema energético menos contaminante, sino también uno que sea más equitativo y democrático y tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y las comunidades.

“El sector energético es uno de los principales responsables de los conflictos ambientales y de las violaciones de derechos de los pueblos y territorios”, sostienen desde Amigos de la Tierra y la Confederación Sindical de las Américas en un reporte de 2022. Para ello, piden que no se repitan los mismos errores con las energías renovables en su expansión en América Latina.

En México y en Brasil, el desarrollo de proyectos de energía eólica ha generado rechazo de las comunidades rurales en donde se instalaron los proyectos, que sostienen no haber sido consultadas previamente. En Ecuador, la demanda de madera balsa, el principal material para la construcción de las hélices de los molinos eólicos, ha aumentado la presión sobre los bosques en el Amazonas.

El empleo en la transición justa

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden impulsar la creación de puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y reducir las desigualdades, sostiene la OIT. América Latina perdió 26 millones de empleos por la pandemia del Covid-19, agravado por problemas preexistentes como la informalidad laboral y la desigualdad.

La descarbonización de la economía de la región podría generar 15 millones de empleos netos, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OIT. Si bien se perderían 7.5 millones de empleos, especialmente en el sector de los combustibles fósiles por el paso a renovables, se generarían 22.5 millones en energía solar y eólica, silvicultura y construcción, entre otros.

Muchos de los trabajadores que perderían sus empleos podrían hacer uso de sus habilidades en nuevas industrias, sostienen los autores del informe. Pero para ello las empresas y gobiernos deberán implementar mecanismos de reconversión laboral y desarrollo de competencias laborales para apoyar a los trabajadores en la transición, agregan.

Esto es especialmente importante para las ciudades y pueblos de América Latina cuyas economías dependen en gran parte de sectores económicos contaminantes como los combustibles fósiles, sostienen investigadores del Stockholm Environment Institute (SEI) en Colombia.

Se necesitarán de inversiones, asistencia técnica y un compromiso político que promueva la diversificación de la economía, sostienen.

En Argentina, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de shale gas del mundo, ha generado una migración de miles de personas en búsqueda de empleo. La actividad económica de la provincia gira en torno a Vaca Muerta, tanto los empleos directos como los indirectos.

Jonatan Nuñez, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, sostiene que la relación entre los empleos que se ganan y se pierden en la transición plantea problemas geográficos y sectoriales. “Las reconversiones de un sector al otro no son siempre posibles. Además, los lugares donde se crean y pierden empleos no son necesariamente los mismos”, dice. Para Nuñez, América Latina debe repensar su lugar en el mundo en la transición energética. La región posee destacadas reservas de minerales demandados en la transición, como el litio, utilizado para las baterías de los autos eléctricos. Pero si los minerales solo se extraen y exportan sin generar valor agregado, el potencial de crear nuevos empleos será muy limitado, agrega, en comparación a un escenario donde los minerales se utilizan en las industrias locales.

Un largo camino

El concepto de transición justa empieza gradualmente a aparecer en documentos de política pública de los gobiernos de América Latina, sostiene José Vega Araujo, investigador del SEI en Colombia. “Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Cada país debe definir con claridad lo que entiende por transición e incorporarlo en paquetes de políticas concretas”, agrega.

Entre los 170 países de todo el mundo que ya actualizaron sus planes de acción ante el cambio climático a nivel global, 65 (38%) hacen referencia a la transición justa, de acuerdo a un análisis de Naciones Unidas publicado el año pasado. En América Latina, el listado incluye a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Paraguay y Antigua y Barbuda.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric creó a fin del año pasado la Oficina de Transición Socioecológica Justa dentro del Ministerio de Ambiente. El objetivo es acercar a a las personas que habitan en comunidades con industrias contaminantes al sector privado y al Estado para así avanzar hacia una economía sostenible, sostuvo el ministerio en un comunicado. 

Para ello, se está trabajando en planes de transición para las llamadaszonas de sacrificio, ciudades o pueblos cuya calidad de vida y entorno ambiental han sido afectadas por la actividad industrial instalada. El término fue creado por la sociedad civil para hacer referencia a los impactos no solo de la industria del carbón, sino también del cobre, el cemento y los químicos, entre otros.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro anunció en la cumbre climática COP27 el pasado noviembre un proceso de diálogo para construir una hoja de ruta para la transición energética justa. Se buscará sustituir las fuentes de energía fósil por renovables en base a un criterio de “equidad, gradualidad y participación social vinculante”, se sostiene en el documento presentado.El carbón es el mineral más importante para la economía de Colombia. Es el segundo producto de exportación y genera más de 130.000 empleos. El gobierno le ha asegurado al sector que los empleos no están en riesgo ya que la transición será gradual, y que los empleos por el turismo y la agricultura serán mayores que los del carbón. Para Petro, a Colombia le queda una década de exportación de fósiles.

Los sindicatos y los movimientos sociales y ecologistas de América Latina reconocen que la transición ya se está produciendo en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, creen que aún hay tiempo para dar forma a cómo se está llevando a cabo, pidiendo a los gobiernos y a las industrias que inicien un diálogo para encontrar puntos en común sobre el mejor camino a seguir de la forma más inclusiva posible.

“Limpiar las industrias contaminantes en pos de una transición energética no tiene por qué significar crear nuevas desigualdades o profundizar las ya existentes”, afirma Gonda. “Todo el mundo necesita sentarse a la mesa para debatir qué significa una transición justa, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada sector: desde las comunidades a las industrias, pasando por los gobiernos”.

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/ 

“Seremos el primer gobierno ecológico de Chile, en donde cada política de Estado será en respeto con el medio ambiente”, dijo el entonces candidato Gabriel Boric en uno de los debates presidenciales previo a la elección de diciembre de 2021, con la que se convirtió el presidente más joven de la historia de su país.

Con el compromiso de un gobierno feminista, ecológico y transformador, Boric inició su mandato en marzo de este 2022. Una promesa dirigida a Chile, pero que no dejaba de entusiasmar al resto de una América Latina deseosa de un cambio.

Solo meses después, Gustavo Petro se convertía en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, acompañado de Francia Márquez —histórica defensora ambiental— en la vicepresidencia, la primera mujer afrocolombiana en llegar a un puesto de ese calibre. 

En octubre, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro en una contienda marcada por el futuro de la Amazonía y que selló el definitivo giro a la izquierda de la región. 

Y, aunque el triunfo Boric en Chile marcó un camino de esperanzas, la realidad le ha chocado en la cara al proyecto “feminista, ecológico y transformado” que lidera el joven mandatario. 

Derrota Constituyente

En paralelo a que Boric asumiera como mandatario, la Convención Constitucional terminaba de afinar su propuesta de nueva Constitución, en un proceso que se inició como una salida política a la crisis que estalló en 2019. 

Chile comenzó 2022 girado a la izquierda: no solo ganaron el gobierno, sino que un año antes habían arrasado en las elecciones constituyentes, dejando a la derecha sin posibilidad de veto, pese a la regla de los dos tercios de los constituyentes para aprobar todas las normas. Sin embargo, la campaña por el “Apruebo” a la nueva Constitución nunca agarró la épica del triunfo de Boric. Durante su año de trabajo, la Convención se sumergió en polémicas que, alimentadas y exacerbadas por la desinformación, terminaron por dejar su imagen por el suelo. 

La “luna de miel” del gobierno también duró poco. Solo un mes después de asumir, la nueva administración se negó a apoyar un quinto retiro de fondos de pensiones —una política, supuestamente temporal, que se instaló en pandemia para sobrellevar los costos de la vida y que significó un ingreso directo a los bolsillos de millones de personas— por los efectos que podría tener en la inflación. Fue entonces cuando las encuestas marcaron por primera vez un doble giro: el “Rechazo” le ganaba al “Apruebo”, al tiempo que aumentaba la desaprobación al gobierno. 

Ni el “Apruebo” ni el gobierno se recuperaron. Los resultados del plebiscito constituyente del 4 de septiembre de 2022 fueron contundentes: el 61,86% de los chilenos rechazó el texto propuesto por la Convención. 

Un punto clave del análisis es el voto obligatorio, presente en el país por primera vez en más de 10 años. En total, votaron más de 13 millones de personas, cinco millones más de las que lo hicieron en diciembre de 2021, en las últimas elecciones presidenciales.  El “Rechazo” se llevó casi la totalidad de esos nuevos votantes, quienes no habían participado en los comicios previos, incluido el plebiscito de entrada que abrió la puerta a una nueva Constitución en 2020.

Ganar la tributaria y las pensiones

Chile es un país que se acostumbró a vivir con una inflación controlada bajo el 4%. Este año, acumula un alza sobre el 11%, lo que ha repercutido sobre el costo de vida. Si hace dos años la revuelta estalló por las precarias condiciones de vida, la pandemia vino a profundizar eso.

El gobierno de Boric aplazó todas sus grandes reformas después del 4 de septiembre, día del plebiscito, vinculando incluso el resultado de la elección a la viabilidad de su programa. 

“Ahí hubo un error de diseño, porque te quedaste sin hacer nada hasta el 4 de septiembre. Y eso no puede ser, no puede ser que el Ejecutivo no tenga una agenda política clara”, dice Pamela Poo, coordinadora de incidencia política de la Fundación Ecosur.

Consumada la derrota electoral, Boric reordenó sus filas y puso en la primera línea de su gobierno a históricos dirigentes de la centro-izquierda, como Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, ambas muy cercanas a la expresidenta Michelle Bachelet. El realismo comenzó a primar ante una desaprobación que, en noviembre, superaba el 65% y al hecho de que la derecha controla prácticamente la mitad de la Cámara de Diputados y del Senado.

Hoy, el gobierno apunta todas sus fichas a una reforma tributaria y su reforma de pensiones. Jubilar en Chile es altamente sensible y complejo. Las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), herencias de la dictadura, entregan las llamadas “pensiones de miseria”: un 80% recibe menos que el salario mínimo, según un informe de Fundación Sol. La importancia que tuvo el tema en la campaña constituyente llevó al gobierno a ajustar su reforma a una que garantizara lo que fue el relato del “Rechazo”: que los fondos no serían expropiados y que serán heredables. 

El presidente, de hecho, no viajó a la COP27 en Egipto porque, en esos mismos días, estaba organizando un cónclave clave con los partidos que lo apoyan, para darle viabilidad a ambas reformas.

Agenda “ecológica” debilitada

Entre tanta crisis, la promesa del gobierno “ecológico” se ve distante. “En materia ecológica, el gobierno es bastante ambiguo”, asegura Flavia Liberona, de Fundación Terram. “El avance no solo se mide en las acciones políticas, programas y proyectos de una sola cartera. Y, en ese sentido, podemos decir que la ratificación del Acuerdo de Transpacífico o TPP11 genera incertidumbre sobre si este será o no un Gobierno ecológico”, agrega.

El TPP11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia-Pacífico que involucra a 11 países: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El hoy presidente, hace solo unos años, lo rechazó en la Cámara de Diputados con una polera (camiseta) que decía “No al TPP-11”.

Para Poo, la agenda ambiental no es una prioridad política para el gobierno. “Me da la impresión de que falta más política y menos técnica, digamos, porque el tema medioambiental no es la Ley Marco de Cambio Climático (promulgada en junio por Boric, pero cuyo debate y desarrollo se dio en el gobierno anterior), y parece que se están concentrando en eso solamente”, dice la cientista política.

Tanto Liberona como Poo coinciden en que el gobierno ha sido pasivo en varios proyectos en discusión en el Congreso: Ley de Glaciares, de Humedales, o la que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (conocida como SBAP). Llevan años en trámite y no han podido avanzar. 

Desde el gobierno, esperan destrabar el debate legislativo del SBAP de aquí al próximo año y avanzar en una reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ezio Costa, de la organización FIMA, suma lo que considera debería ser otra prioridad: “Yo esperaría que se produzca la voluntad política para fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente en el cumplimiento de las normas ambientales. Es uno de los espacios más débiles que tenemos en materia de regulación, por falta de financiamiento y de herramientas”.

Para Costa, eso sí, vale la pena resaltar dos grandes hitos ambientales que ha tenido la administración de Boric: la ratificación del Acuerdo de Escazú y el anuncio de cierre de la Fundación Ventanas, en la “zona de sacrificio” de Puchuncaví.

El primero llegó apenas Boric asumió en La Moneda. En su primera semana de mandato, envió al Congreso el proyecto que ratifica el tratado de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú) al Congreso. A fines de mayo, el Senado lo aprobó.

El segundo hito, el cierre de la fundición de cobre Ventanas, de la estatal Codelco, vino en junio, tras semanas de intoxicaciones en las localidades de Quintero y Puchuncaví. Es una decisión que se venía debatiendo durante años, ante los constantes impactos ambientales y en la salud de la población. En 2011, niños y niñas de la escuela rural de La Greda se intoxicaron en distintos episodios en marzo, agosto y noviembre. La justicia acreditó la responsabilidad de Codelco por mal manejo de su fundición de cobre. 

Transición socioecológica justa

Un día después de la derrota constitucional, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo en una entrevista a Climate Tracker que el triunfo del “Rechazo” “no afecta en nada” a los compromisos ambientales del gobierno. 

La ministra y autora IPCC apuntó a tres elementos que materializan el compromiso de un gobierno “ecologista”: la Ley Marco de Cambio Climático, la ley que crea el ya mencionado SBAP (se encuentra en debate en el Congreso desde hace 11 años) y una transición socioecológica justa. Este último, según define Rojas, “tiene como compromiso de llevar a Chile por este proceso de un Estado actual a uno futuro, en la cual Chile le da mayor bienestar a los chilenos y chilenas a través de enfrentar una destrucción o una degradación medioambiental que existe, por medio de un proceso que es tanto social como ecológico”.

El pasado 18 de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente hizo el lanzamiento oficial de la Oficina de Transición Socioecológica Justa, que tendrá el encargo de darle forma al cambio de modelo de desarrollo comprometido en el programa de gobierno, junto a la demanda del fin a las zonas de sacrificio.

“Estoy convencida en que, junto a todos los sectores, desde las comunidades a las industrias, conseguiremos entregarle a Chile los nuevos modelos de desarrollo sostenible que se merece”, aseguró Gloria Lillo, quien liderará esa oficina. La ingeniera en Recursos Naturales viene de coordinar el programa de Transición Socioecológica Justa de la fundación alemana Heinrich Böll.

En concreto, la nueva oficina trabajará en lo que llamó “zonas en transición” (para evitar la denominación “de sacrificio”), como Quintero-Puchuncaví y Coronel. Son los lugares que concentran las termoeléctricas a carbón que están en proceso de cierre antes de 2040.

A nivel gubernamental, se creó también el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa (junto a los ministerios de Energía, Economía, Trabajo, Salud y Desarrollo Social), el que se suma al Comité Interministerial de Agua, que busca establecer una política hídrica a largo plazo.

Para Costa, este tema es el mayor desafío del gobierno. “Aunque no es tan cotidiano, es lo que nos va a conducir hacia un futuro mejor para el país. Sentar las bases de la transición socioecológica justa significa establecer estrategias clave de las nuevas industrias que están en línea con la transición ecológica en el mundo también”, afirma, en referencia a las industrias de litio e hidrógeno verde, con fuerte presencia y proyección en Chile.

Hacer realidad las transformaciones

El Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Rojas, está decidido a impulsar esta agenda.

Aún así, Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente de Chile y CEO del Global Methane Hub, plantea una advertencia: “La agenda ambiental está debilitada por la Constitución actual. Evidentemente, la posibilidad de tener una Constitución ecológica nos hace pensar qué errores cometimos, a quienes no fuimos capaces de convencer”.

Y es que el texto rechazado fue alabado por el mundo ambiental por reconocer los derechos de la naturaleza y el agua como bien común y derecho humano, entre otros principios ecológicos. Sin embargo, la realidad dijo otra cosa: el “Rechazo” se impuso en todas las “zonas de sacrificio”. La Constitución ecológica no llegó a los territorios.

Con nueve meses en La Moneda, pareciera que el proyecto de gobierno feminista, ecológico y transformador que enamoró al mundo aún tiene mucho camino por recorrer en Chile, con reformas estructurales que impacten en el día a día social, económico y político del país. Que sea una realidad, y no solo palabras.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

Nuevos datos publicados muestran que la producción y combustión de las reservas mundiales produciría más de 3,5 billones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, más de siete veces el presupuesto de carbono restante para respetar la temperatura límite de 1,5 C y más que todas las emisiones producidas desde la revolución industrial.

La conclusión procede del Registro Mundial de Combustibles Fósiles, presentado por Carbon Tracker y Global Energy Monitor. 

Hasta la fecha, los esfuerzos de la política de cambio climático se han centrado en la reducción de la demanda y el consumo de petróleo, gas y carbón, pero han ignorado la oferta de esos combustibles. El Acuerdo de París, por ejemplo, ni siquiera menciona la producción de combustibles fósiles, a pesar de que dichos combustibles representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Los informes del PNUMA sobre la brecha de producción han establecido el hecho de que existe un gran exceso de combustibles fósiles en relación con el presupuesto de carbono restante, mientras que la AIE ha demostrado que no se pueden desarrollar nuevos yacimientos y que algunos de los existentes deben ser cerrados antes de tiempo si queremos limitar el calentamiento a 1,5C.  

Sin embargo, los responsables políticos y la sociedad civil carecen de los datos necesarios a nivel de los activos para tomar decisiones sobre cómo gestionar esta disminución de la producción, mientras que los mercados carecen de la información necesaria para predecir qué activos pueden quedar varados. 

El Registro Mundial de Combustibles Fósiles se creó para llenar este vacío de datos. Se trata de la primera base de datos pública sobre la producción y las reservas de combustibles fósiles en todo el mundo que hace un seguimiento de su impacto en el presupuesto de carbono. El Registro es totalmente neutral desde el punto de vista político y totalmente transparente en sus supuestos y cálculos, y se espera que a su debido tiempo se sitúe formalmente en el proceso de elaboración de políticas climáticas internacionales.

En el momento de su lanzamiento, el Registro contiene datos de más de 50.000 yacimientos en 89 países, que abarcan el 75% de la producción mundial. Entre otras cosas, muestra que EE.UU. y Rusia tienen, cada uno, suficientes reservas de combustibles fósiles como para hacer saltar por los aires todo el presupuesto mundial de carbono, incluso si todos los demás países dejaran de producir inmediatamente. De los 50.000 yacimientos incluidos en el registro, la fuente de emisiones más potente es el yacimiento petrolífero de Ghawar, en Arabia Saudí, que produce aproximadamente 525 millones de toneladas de emisiones de carbono al año. 

Por supuesto, los datos sobre las emisiones son sólo un tipo de información que los gobiernos necesitarán para responder a la pregunta de “cómo” reducir la oferta excesiva de combustibles fósiles. Con el tiempo el Registro se ampliará para incluir atributos económicos, incluidos los impuestos y los cánones asociados a activos específicos, que podrían ser un factor en la toma de decisiones sobre la reducción gestionada de la producción de petróleo, gas y carbón. 

Una de las primeras “aplicaciones híbridas” establece un mapa de las emisiones de los combustibles fósiles en función de su rentabilidad y su ubicación en términos de PIB per cápita, como se muestra en el siguiente gráfico. 

De ello se deducen tres ideas. El carbón se agrupa en la parte inferior izquierda, lo que refleja su menor rentabilidad y su concentración en los países con menos ingresos. Los productores de petróleo se agrupan en la parte superior del gráfico, ya que el petróleo sigue proporcionando muchos más beneficios por unidad de energía que el gas o el carbón, mientras que la producción de combustibles fósiles de la OCDE (parte inferior derecha) se caracteriza por una rentabilidad relativamente baja, sobre todo si se toma en cuenta la fortaleza general de las economías de estos países.

Carbon Tracker Initiative también ha colaborado con la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, para sus siglas en inglés) para comparar las emisiones generadas por la producción de combustibles fósiles y los impuestos pagados por las empresas productoras en 20 países miembros de la EITI, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Esto revela una gran discrepancia en los impuestos por tonelada de emisiones, ya que Irak genera casi 100 dólares en impuestos por tonelada de emisiones, frente a poco más de 5 dólares por tonelada en el Reino Unido.  

PP

“El litio y las tierras raras serán pronto más importantes que el petróleo y el gas”, avisaba este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión. Sus referencias a los combustibles fósiles al hablar de los materiales que deben sostener la transición energética fueron constantes. “Debemos evitar volver a ser dependientes, como nos pasó con el petróleo y el gas”, insistió.

Bruselas presentó la semana pasada una Ley Europea de Materias Primas para asegurarse una posición sólida en las cadenas de distribución de estos materiales. Entre ellos, el litio tiene el papel crucial. Es clave en la producción de baterías de multitud de productos electrónicos, pero los coches eléctricos dispararon su demanda como nunca antes.

Mientras que los teléfonos móviles, computadoras o vehículos de combustión usan unos pocos gramos de litio por unidad, un coche eléctrico puede necesitar hasta 7 kilos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, una agencia científica dependiente del Gobierno, apunta a que el 74% del litio mundial se usa ya en la producción de baterías. Hace apenas tres años, los estudios sobre la producción y consumo estimado de litio situaban la cifra en el 39%.

Ese espectacular crecimiento en la demanda de litio tuvo un impacto en su precio. Hoy el kilo de carbonato de litio vale cinco veces más de que hace un año en los mercados de Shanghái, que acumula la mayoría de las transacciones a nivel mundial (China es uno de los mayores productores y consumidores). Algo más de 70.000 euros (casi lo mismo en dólares) la tonelada al cambio, por los 14.000 euros en los que se vendía en agosto de 2021.

El litio es el metal más ligero que existe. Se volvió fundamental en la electrónica porque “tiene una alta densidad energética y, al contrario que otros tipos de baterías, no tiene efecto memoria”, recuerdan las investigadoras Guiomar Calvo y Alicia Medina, del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, en un reciente estudio publicado en la revista Environmental Development.

La transición eléctrica y las medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero dependen en gran medida del litio. El transporte por carretera de personas y mercancías es una de las actividades con una huella de carbono más alta. Según un informe de Statista es de hecho la que más emisiones produce actualmente en la UE (incluyendo a Reino Unido), con un 26% del total.

La geoestrategia de la transición ecológica

A este gran aumento de la demanda de litio se une el hecho de que es un material escaso. Los estudios varían en las décadas que tardará en agotarse. “Los recursos mundiales de litio se estiman en más de 39 millones de toneladas métricas, lo que es suficiente para satisfacer la demanda prevista hasta el año 2100”, dice un informe referenciado por el Servicio Geológico de EEUU.

“En 2018, considerando el ritmo de consumo en ese momento, había suficiente litio para más de 700 años. Sin embargo, a medida que aumenta la tendencia de consumo, en 2050 esta cifra se reduce a sólo 66 años”, recoge el análisis de Calvo y Medina, que tiene en cuenta las variaciones de la demanda más recientes.

La situación hace que el litio haya entrado en el terreno de la geoestrategia. EEUU lo incluyó en su lista de materiales “críticos” en 2018 y la UE, en 2020. En la preocupación de ambos bloques influye el papel de China como tercer productor mundial de litio y con la séptima reserva de mayor reserva. En el pasado, el gigante asiático impuso bloqueos a la exportación de tierras raras como medida de presión política y Washington y Bruselas temen que lo vuelva a hacer.

China tiene un “cuasi monopolio sobre las tierras raras y los imanes permanentes”, advierte Bruselas. “El suministro de materias primas se convirtió en una verdadera herramienta geopolítica. Lo vimos en 2010, cuando China redujo drásticamente las exportaciones de tierras raras en todo el mundo y aisló por completo a Japón para presionar a Tokio para que liberara a un capitán de un pesquero chino detenido”, recuerda.

Nuestra doble transición ecológica y digital vivirá o morirá gracias al funcionamiento de nuestras cadenas de suministro

Comisión Europea

“Para muchas de estas materias primas esenciales, el mercado mundial no podrá satisfacer el rápido aumento de la demanda”, continúa la Comisión Europea: “Nosotros lo sabemos. Nuestros rivales lo saben. También lo saben nuestros socios. Y, sobre todo, nuestra industria también se ha dado cuenta. Nuestra doble transición ecológica y digital vivirá o morirá gracias al funcionamiento de nuestras cadenas de suministro”.

En su ley de materias primas presentada la semana pasada, Bruselas propone crear agencias especializadas en cada material clave para la transición energética que puedan prevenir riesgos en la cadena de suministro, favorecer las alianzas industriales que generen actores europeos relevantes en su producción y las tecnologías de reciclaje y reducción de la cantidad de mineral utilizado. “Al fin y al cabo, como en el caso de la energía, la materia prima más barata y limpia es la que no se utiliza”, afirma.

El Triángulo del litio

Si los grandes consumidores de litio como China, la UE y EEUU están tomando posiciones, también lo están haciendo los países productores. “¡El litio es nuestro!”, se felicitó el presidente de México Antonio Manuel López Obrador tras nacionalizar las reservas y las minas de este material, creando a su vez una empresa pública para extraerlo y gestionarlo.

México cuenta la undécima reserva mundial de mayor tamaño de litio. Por encima de él destacan las enormes reservas ya localizadas en Bolivia y Argentina, aunque aún no explotadas. Al contrario que las de Chile, que es el segundo productor mundial por detrás de Australia. En la frontera entre los tres países latinoamericanos se encuentra el Triángulo del litio, que concentra el 80% de las reservas mundiales.

López Obrador no fue el único que maniobró para establecer un control público sobre el litio. La Junta de Extremadura acaba de aprobar un decreto-ley que le permite expropiar las minas de litio que sean explotadas por empresas que no lo refinen en la región. La medida se inspira en Portugal, que cuenta con la segunda mayor reserva de litio a nivel europeo y ha dispuesto una regulación similar.

La mina se localizará cerca de Cáceres y será subterránea. Buena parte de las explotaciones de litio lo son. “En la actualidad, el litio se extrae de salmueras que se bombean desde debajo de cuencas sedimentarias áridas y se extraen de minerales pegmatíticos graníticos. El principal productor de litio a partir de salmueras es Chile, y el principal productor de litio a partir de pegmatitas es Australia”, explica el Servicio Geológico de EEUU.

Varias organizaciones ecologistas han protestado por el daño medioambiental que producirán las instalaciones. “La mina generaría graves impactos sobre la vegetación, arrasando un gran número de encinas y otras especies; sobre el suelo y la atmósfera por el uso de tóxicos para el tratamiento del mineral; impactos directos sobre especies en ”peligro de extinción“ debido a la apertura de accesos, molestias y destrucción de hábitats que provocarían una degradación irreversible de todo el entorno natural”, denuncia Ecologistas en Acción.

Falta de reciclaje

La mayoría de proyectos para aumentar la disponibilidad de litio se centran en su extracción, explotando las reservas existentes. El proyecto de ley europea es uno de los pocos que habla de la necesidad de mejorar la capacidad de reciclar el litio.

En la actualidad, se recicla menos del 3% del litio utilizado en las baterías

Guiomar Calvo, Alicia Valero — Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

Según los especialistas, el reciclaje será clave para poder satisfacer la demanda de las próximas décadas. Actualmente es casi nulo. “En la actualidad, se recicla menos del 3% del litio utilizado en las baterías”, destacan los investigadores Calvo y Medina. “La razón principal de estas cifras tan bajas es que el litio se suele utilizar de forma disipativa, sin que haya ninguna tecnología capaz de recuperarlo de los lubricantes, las cerámicas, los vidrios, etc. Por lo tanto, dado que las baterías de iones de litio podrían ser la única fuente de la que la recuperación es rentable, deberían hacerse más esfuerzos en esta dirección”.

“Si la tasa media de reciclaje de litio creciera hasta sólo el 5% en 2050, se podría evitar fácilmente la escasez de suministro en las próximas décadas”, concluyen.

CC/CM

Las gestoras de fondos de inversión y la banca son actores fundamentales en la transición energética por su papel como financiadores de las empresas. Sin embargo, han sido reiteradamente criticados por las asociaciones ecologistas y por los supervisores por actuar despacio en sus desinversiones y el final de la financiación a los sectores más contaminantes. Bancos y gestoras han respondido, en los últimos años, con anuncios calendarios ordenados para salir de actividades basadas en combustibles fósiles. Pero ahora la crítica le viene de la extrema derecha, que acusa al sector financiero de hacer política con sus mensajes de transición ecológica.

Este hecho ha llegado a España. Vox ha presentado este jueves una proposición no de ley en el Congreso que pide cambios legales para que las entidades financieras no puedan utilizar los datos personales y los perfiles de cliente para ofrecer servicios bancarios 'verdes'. La formación de extrema derecha acusó a los bancos españoles de estar haciendo “proselitismo” climático y “acciones de carácter político”. Con ello, aseguran, se está haciendo “adoctrinamiento ideológico o social”.

El discurso de Vox fue incluido en un paquete de peticiones, también al sector de las grandes tecnológicas, para defender “la soberanía nacional y personal” de los datos. Inés Cañizares, portavoz adjunta del partido en el Congreso, fue la encargada de presentar esta propuesta, acusando a los bancos de aprovechar los datos de sus clientes y de los pagos con tarjetas. “Puede desembocar en que los bancos conozcan y controlen todos nuestros movimientos”, apuntó, en contra del mayor uso de la tarjeta. Con estos datos, defendió: “Bombardean a sus clientes sin que estos lo hayan pedido”.

Entre otras medidas, Cañizares criticó que los bancos informen a sus clientes sobre la huella de carbono en su aplicación móvil. Se trata de una idea que no es nueva en el sector bancario, pero que ha ido ganando enteros en los últimos años y que consiste en otorgar información al cliente de qué uso hace el banco de ese dinero y qué impacto tiene sobre el medio ambiente. Para Vox, estas medidas pueden acabar en “listas negras de usuarios que tengan un vehículo de combustión o de viajeros de avión”.

El ataque de la extrema derecha al sector financiero por sus intentos de adaptarse a la transición ecológica no es exclusivo de España. La iniciativa parlamentaria de Vox ha coincidido en unos días en los que la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, Blackrock, sufre una campaña organizada por miembros del partido republicano de Estados Unidos por sus mensajes a las empresas para ampliar sus políticas verdes. Todo empezó hace dos semanas, cuando el Estado de Texas señaló a la gestora y a nueve grupos financieros europeos por “boicotear” a empresas energéticas con sus políticas ESG —siglas en inglés de ambientales, sociales y de gobierno corporativo—.

Blackrock es una gestora que tiene acciones en la mayor parte de las grandes compañías del mundo. Sin embargo, pese a sus acciones en estas empresas, nunca se implica en la gestión directa y no participa en los consejos de administración. Si bien su consejero delegado, Larry Fink, es considerado como uno de los rostros más influyentes de los mercados en todo el mundo. Fink acostumbra periódicamente a publicar cartas al resto de consejeros delegados que marcan en muchos casos la agenda. En los últimos años, ha incorporado mensajes de transición ecológica y ha animado a votar en las juntas de accionistas en contra de directivos y empresas que no se muevan en esa dirección.

El partido republicano, al igual que está haciendo Vox, está instalado en el negacionismo del cambio climático y ha puesto a Blackrock en su punto de mira por estas políticas ESG. Fiscales de 19 estados, todos ellos republicanos, enviaron hace unas semanas una carta a la gestora acusándola de priorizar el “activismo” a su deber fiduciario con sus clientes. Entre los negocios que tiene Blackrock, se encuentra la gestión del dinero de fondos de pensiones de empleados públicos en EEUU y algunos estados como Texas o Arizona están amenazando con retirar el dinero de sus funcionarios de los fondos de esta gestora, según informó Financial Times. En Florida, por ejemplo, se ha prohibido incluir perspectivas ESG en la gestión de planes de pensiones de trabajadores públicos. “El movimiento ESG ha producido un sistema opaco y perverso en el que algunas compañías financieras ya no toman decisiones en el mejor interés de sus accionistas o sus clientes”, señaló Glen Hegar, controlador de las cuentas del Estado de Texas.

La gestora ha tenido que salir al paso de este movimiento en el partido republicano, señalando que es falso que Blackrock esté ejerciendo boicots sobre ningún sector. “El cambio climático está poniendo a prueba la resiliencia de muchas industrias y empresas. Como administradores de riesgos prudentes y administradores de activos de nuestros clientes, es imperativo que busquemos comprender y valorar estos riesgos y oportunidades que afectarán a las empresas en las que invertimos”, apuntó en un comunicado recogido por el citado rotativo económico.

“La politización de los fondos de pensiones estatales, la restricción del acceso a las inversiones y el impacto en los rendimientos financieros de los jubilados no es consistente con ese deber de actuar en el mejor interés de las personas a las que sirven”, añadió Blackrock sobre las amenazas de Texas de retirar el dinero de sus funcionarios.

Críticas de organizaciones ecologistas

Blackrock se sitúa así en un punto intermedio en el que no satisface a la extrema derecha estadounidense, que lo acusa de ir contra los negocios nacionales como el petróleo pero tampoco a los grupos ecologistas, que consideran que no convierte en hechos sus palabras por la transición ecológica. Estos grupos, por ejemplo, han lamentado que Blackrock haya reducido los votos favorables en juntas de accionistas a propuestas frente al cambio climático. Únicamente ha apoyado el 24% de las veces, frente al 43% del pasado año. El fondo consideró que las propuestas que buscaban dictar el calendario en la transición de las empresas no tenían en cuenta la nueva situación abierta por la guerra en Ucrania. Blackrock, al igual que su competidor Vanguard, aumentaron en 2021 sus posiciones en sectores contaminantes pese a sus compromisos.

El 'greenwashing' del sector financiero ha sido advertido no solo por organizaciones ecologistas sino por organismos como el BCE. Los bancos y los fondos han ido estableciendo calendarios para reducir durante esta década su huella de carbono en su actividad y en sus inversiones. Si bien son múltiples los estudios que apuntan que desde la Cumbre de París no se han reducido las inversiones del sector financiero en el sector del carbón, salvo la excepción de 2020 y el freno por la pandemia. Además, han apuntado a la contradicción de que en muchos casos estos compromisos, con alianzas por las emisiones 'cero', contrastan con el hecho de que no se incluyan al petróleo y el gas.

Pese a estas críticas, la extrema derecha ha presentado ya su batalla contra el sector financiero por sus avances hacia políticas que tengan en cuenta al medioambiente.

DL

Hasta hace pocas décadas, la idea de crear una vivienda autónoma, preparada para funcionar con las aportaciones de la naturaleza, sin consumir combustibles fósiles ni contaminar su entorno, era una utopía cuya concreción en la existencia cotidiana parecía muy lejana en el tiempo. Esa casa debería tener un carácter biológico de inspiración vegetal, como una planta capaz de crecer sobre el terreno y alimentarse del sol, el agua y la tierra. Y esa vivienda utópica, diseñada para insertarse en el terreno, autoabastecerse y autogestionarse de la manera más autónoma posible, se ha convertido en realidad. Comienza a estar presente en el mercado y marca el camino que debe tomar la construcción en el futuro.

En el pasado, antes de la Revolución Industrial, la arquitectura popular ya había escrito a lo largo de todos los paisajes del planeta un tratado de las estrategias más inteligentes de adaptación de las viviendas al clima, utilizando los materiales locales y optimizando el uso de los recursos naturales. Era un tiempo en el que la biosfera proporcionaba fuentes de energía renovables para un mundo prácticamente deshabitado en relación con las cifras actuales. Rodeadas por la nieve o los desiertos, las casas eran autónomas y podían permanecer muchos meses resistiendo frente a las condiciones climáticas extremas.

También existían entonces las casas portátiles. Los indígenas norteamericanos desmontaban los tipis para moverse tras los rebaños de búfalos en sus migraciones sobre las praderas, las yurtas viajaban con sus habitantes por las estepas de Asia Central, y los vaqueiros de alzada asturianos transportaban en el carro los hórreos desmontables en sus desplazamientos junto al ganado entre los pastos de invierno y los de verano. En su versión moderna, las autocaravanas repiten el esquema de independencia móvil. Aunque unas y otros dependan de aportes de energías externas, son autónomas intermitentes, sin traicionar la validez de la comparación vegetal, escogiendo en este caso a las epífitas que no necesitan tierra para crecer.

Cumplidos los desastres a los que ha llevado la combinación de la Revolución Industrial y el sueño del crecimiento ilimitado, ya hace más de medio siglo que se empezó a tener conciencia de la necesidad de racionalizar el uso de los recursos y de aplicar criterios de ligereza y economía a la producción de viviendas. En el origen, el acto de imaginar una casa autónoma moderna fue un desafío mixto de ingeniería y arquitectura, en el que ha quedado como un hito la larga colaboración de dos excelentes profesionales: el visionario Richard Buckminster Fuller y un joven Norman Foster, que cuajó en 1982 en el diseño de un prototipo de residencia experimental y sostenible a la que llamaron Autonomous House.

Su proyecto situaba la parte habitable en el interior de una cúpula geodésica fulleriana, rodeada por otra cúpula concéntrica, que giraban de modo independiente, controlando la entrada de luz y la exposición al sol, así como el cerramiento durante el tiempo de oscuridad. La muerte de Fuller en 1983 paralizó la iniciativa, que ha sido recuperada recientemente a través de la Norman Foster Foundation, autora de una propuesta de Casa Autónoma en Château La Coste, en Aix-en-Provence, Francia.

Viviendas para la Luna y para la Tierra

Norman Foster firmaría en 2013 un estudio sobre asentamientos humanos en el Polo Sur de la Luna, más centrado en la técnica constructiva, que evidencia la radical oposición entre dos tipos de viviendas autónomas: la creada para el planeta Tierra, que debería fundirse con la naturaleza de nuestro ecosistema, y las de colonización de otros cuerpos celestes, en medios físicos de extrema hostilidad.

En el cúmulo de ideas y conceptos que se han incorporado últimamente al tronco genérico de la arquitectura, calificándola de sostenible, verde, descarbonizada o ecológica, se incluye también una etiqueta integradora: la de la autonomía. Ahora podemos hablar de viviendas autónomas, individuales o colectivas. La palabra refiere el anhelo de que la casa pueda desconectarse de los sistemas colectivos de distribución y recogida de energía, agua y residuos. La autonomía de un elemento residencial implica que éste se diseñe como un mecanismo capaz de generar al menos toda la energía que consume, y debe hacerlo de manera pasiva, sin utilizar combustibles fósiles ni producir gases de efecto invernadero.

La buena noticia es que aquellas viviendas autónomas, que eran un sueño hace cincuenta años, se están haciendo realidad. Aparecen con frecuencia en nuestro entorno, alejadas de las fantasías radicales, sustentadas en la comprensión de los fenómenos naturales, en la tecnología y en una apuesta inteligente contra el despilfarro y la contaminación. Y se construyen sin renunciar a los valores que la buena arquitectura aporta a la suma de necesidades de la vida humana.

Aprovechar cada gota del agua de lluvia

El medio directo de un edificio para generar la energía que necesita procede de la captación de las energías renovables del sol y el viento, y de su transformación, principalmente, en electricidad, mediante paneles solares y aerogeneradores. Otro factor importante es el control sostenible del consumo de agua, aprovechar la que procede de la lluvia, acumularla en depósitos, a la manera de los antiguos aljibes, y emplearla sucesivamente para beber y cocinar, más tarde en los aparatos sanitarios y finalmente para el riego del huerto, reduciendo el consumo drásticamente. En este proceso de máximo aprovechamiento no debería faltar la reutilización de los residuos orgánicos mediante su tratamiento en biodigestores, con objeto de producir gas combustible y fertilizantes, completando un ciclo de autosuficiencia.

Al diseño racional, destinado a lograr el mejor comportamiento bioclimático del edificio, un tema clásico de la buena arquitectura, se ha unido últimamente la domótica, la herramienta ideal para optimizar el funcionamiento de la máquina de habitar que es la casa frente a los cambios del entorno. Permite dosificar la entrada de luz y calor solar moviendo persianas y toldos, regular la renovación medida del aire, apagar los sistemas durante la ausencia del usuario y manejar todos los componentes regulables para que se adapten a las necesidades del momento o al compromiso energético.

Los elementos tecnológicos necesarios para lograr estos propósitos han llegado al mercado y sus precios resultan asumibles por quienes quieran vivir siguiendo principios de sostenibilidad y economía. Los sobrecostes respecto a la construcción tradicional suponen entre un cinco y un quince por ciento, y son amortizables en un plazo que oscila de cinco y diez años gracias a la reducción de los consumos. La independencia total respecto a las redes de suministro reduciría las facturas a cero, pero ya hay a nuestro alrededor casas llamadas pasivas que logran reducciones del 90% en el consumo, manteniéndose conectadas.

Qué es y qué no es una casa autónoma

¿Cómo se puede garantizar que un edificio nuevo, o rehabilitado, cumple con criterios de gran autonomía? Con el respaldo de un título encargado de certificar la obra como modélica. Si en el ámbito anglosajón fue pionero el BREEAM británico y después logró un alto prestigio el LEED norteamericano, en el continente europeo se puso en marcha en los años ochenta del pasado siglo la idea de identificar el valor del comportamiento energético, una iniciativa nombrada Passivhaus, que ha demostrado una creciente utilidad. El movimiento surgió en Alemania, capital mundial de la traducción de los preceptos del buen diseño en normas, y hoy la certificación Passivhaus avala los mejores ejemplos de arquitectura sostenible. En España, solo dos inmuebles contaban con la certificación en 2009, en 2019 superaban el centenar, y ya suman 219.

El avance hacia la vivienda autónoma tiene los prototipos más radicales e independientes en las residencias unifamiliares. Hubo trabajos pioneros como la Casa Martina de José Vaquero, a 40 kilómetros de Madrid, habitada desde 2012, que ya incorporaba hace una década los métodos que ahora son habituales en las construcciones autónomas. La madrileña Casa Titania, en 2017, fue la primera edificación pasiva española en obtener el distintivo Passivhaus Plus, diseñada en DMDV, un estudio que cuenta con varias obras y proyectos certificados. La Casa Pilar PH, en Madrid, y la Casa Aranjuez, responden al trabajo de RC arquitectura, que se ha especializado en este campo profesional. Recientemente, la Casa Apolonia, en Soto del Real (Madrid), desarrollada por José Francisco Sánchez Fuentes, ha logrado la exclusiva calificación Passivhaus Premium.

La moderación climática que proporciona la cercanía del Mediterráneo facilita el buen funcionamiento de los desafío realizados en Cataluña y Baleares, como Can Tanca (Ibiza) de Álvaro Martínez Gil, que produce más energía de la que consume, o los trabajos del estudio OHLAB en Mallorca, la Casa MM, la Casa Palerm o la semienterrada Casa Xaloc. En Cataluña hay varios ejemplos interesantes en Barcelona: la Casa Bioclimática GG de Alventosa Morell Arquitectes en Santa María de Palautordera o la brillante Casa BE o Casa Desenchufada de SUMO arquitectes en Argentona, además del proyecto experimental de una Casa refugio en Collserola para autoconfinamiento, The Voxel: a Quarantine Cabin, realizada por un equipo de estudiantes, profesionales y expertos, con materiales obtenidos a menos de un kilómetro de su ubicación. En Girona, destaca la atractiva Casa-P, una vivienda unifamiliar de Tigges Architect & Energiehaus.

Todos los territorios del país participan en la nueva tendencia. Buenos ejemplos son la Casa Re en Lérruz (Navarra) de Lecumberri & Cidoncha, o la Casa Pasiva de la empresa Sunthalpy en Villamejil, Asturias, que es capaz de capturar la energía del sol incluso en días nublados. En Robledo del Buey (Toledo), la vivienda Pasiva Positiva está abierta a las visitas de quienes quieran conocer un modelo valioso que cumple con este tipo de estándar. También tiene función didáctica el Learnlife Eco Hub, de la arquitecta Solange Espoille, en Castelldefels (Barcelona) que responde a los requisitos Passivhaus.

El logro de altos estándares de eficiencia energética influye en el diseño, potenciando las formas prismáticas compactas que facilitan el aislamiento del edificio, evitan puentes térmicos y favorecen la hermeticidad. Afortunadamente, la creatividad logra evitar el aire de familia cúbica de muchos de los inmuebles, al igual que el empleo de materiales locales, cercanos y diversos. La proximidad del abastecimiento y la prefabricación en taller de los componentes para ser montados en obra contribuyen a reducir la huella de carbono y el impacto ambiental.

Diseñar para antes de la destrucción del planeta, no para después

El bajo coste de la tecnología ha resultado útil en el desarrollo de mecanismos de control de los elementos móviles de la construcción y ha contribuido a que la domótica, cuya etimología se refiere específicamente a los conceptos de casa y de autonomía, gane terreno rápidamente. En sí misma, la domótica no supone una noción arquitectónica, tan solo una herramienta de gestión inteligente, que integra el edificio en las redes de comunicación. Facilita, a través de internet, la seguridad, el control de los accesos, y permite integrar en el funcionamiento de la residencia el estilo de vida del usuario, gestionado por programas de software de alimentación, entrenamiento, salud y ocio. Así nace la casa digital, por la que están apostando diversas multinacionales tecnológicas, Apple, Microsoft, Sony o Hewlett-Packard, pero sería un error considerar este tipo de vivienda como autónoma, puesto que confiar en gestores opacos, ajenos a nuestro control, parece lo más opuesto a la independencia.

La fusión entre casa autónoma y domótica ha generado en algunos casos productos mediáticos que parecen diseñados para el marketing. Es el caso del Cyberhut de la compañía cántabra Astrolab, un habitáculo elevado sobre cuatro patas con aspecto de módulo lunar. Además de cumplir pautas de autosuficiencia, centra su interés en potenciar un modo de vida digitalizado, dirigido a “millennials y miembros de la Generación Z”. Alude a su producto como la Casa de Marte, y propone formar con ellas comunidades cyberpunk. El símbolo estampado en la vivienda resulta casi idéntico al que aparecía en las falsas fotos de platillos volantes que algunos atribuyeron a los habitantes de Ummo, presuntos viajeros intergalácticos que habían llegado a la Tierra y se comunicaban con interlocutores ibéricos en los años 60. El símbolo de aquella civilización fake identifica ahora esta propuesta que se caracteriza por la escasez de valores arquitectónicos.

La manera de vivir en casas digitales presididas por pantallas conectadas a las redes sociales propone la autonomía de la vivienda desconectada del medio natural y del lugar, aludiendo a metáforas astronáuticas y a la estética de la colonización de paisajes como Marte, hostiles e inhóspitos. Parece más razonable pensar que no hay que diseñar nuestras residencias para después de la destrucción del ecosistema, sino para evitar esa destrucción. La casa autónoma deseable es aquella que no daña el emplazamiento, que lo realza y protege, que se incorpora con respeto, para disfrutarlo sin causarle perjuicio. Y lo hace desde espacios gratos y confortables, abiertos al paisaje y que permitan encontrar un modo personal de ocupar el lugar, de sentirlo y hacerlo propio. Esos son ideales que puede satisfacer la mejor arquitectura, por los que apuestan muchos profesionales y las instituciones comprometidas con el futuro del planeta.

EDU

Vladimir Putin desea poner otro clavo en el ataúd de la transición energética europea. Apenas un año después de que la UE exhibiera su Fit for 55, el programa de descarbonización con el que el club comunitario pretende instaurar en todo el mercado interior una reconversión del modelo productivo para ser el primer territorio libre de emisiones de CO2 en 2050. Pero todas sus ambiciosas metas intermedias pueden verse alteradas por la amenaza del Kremlin.

De hecho, Rusia se jacta de haber forzado a varios socios de la Unión a extraer o quemar de nuevo carbón, el combustible fósil más demonizado por sus altos niveles de polución, y a incluir al gas dentro del elenco de fuentes limpias, así como a impulsar nuevas instalaciones gasísticas para acumular, vender y redistribuir sus flujos entre estados miembros. Es un botón de muestra más de la eficacia de la energía como arma arrojadiza de la diplomacia rusa contra Europa. Los objetivos para liberar de CO2 al club comunitario en el ecuador del siglo se vieron alterados: los europeos queman más carbón, planean nuevas terminales de gas natural licuado (GNL) y planifican gaseoductos por el mercado interior.

Putin volvió a activar el detonador de la división colectiva europea. “Comprendo a gobiernos que tomaron la difícil decisión de asegurar el suministro energético de sus ciudadanos y sus empresas retornando a las fuentes fósiles clásicas”, admitía hace unos días el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en alusión a la compleja medida tomada por Berlín escasamente tres meses después de señalar al resto de la Unión y del mundo su intención de alcanzar la neutralidad energética en su mix eléctrico en 2035. “Las actuales restricciones del mercado de la energía son especialmente dolorosas para todos”, apuntaba Birol. De exhibir el músculo ecologista en Alemania se dio paso a un temblequeo de la locomotora europea. 

No es el único. La Comisión Europea propuso el 14 de julio de 2021 la renovación del mercado de comercialización de emisiones de CO2 y una rampante hoja de ruta hacia las renovables, con un plan para apostar decididamente por el vehículo eléctrico en detrimento de los motores de combustión. Todo para alcanzar un recorte del 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Casi de un plumazo, la contienda bélica en Ucrania restableció el valor del gas, que se unió a la taxonomía de Bruselas como energía limpia y que se convirtió en la fuente esencial en el cálculo del recibo de la luz y en el elemento neurálgico sobre el que se configuran ya los planes de inversión corporativos de la industria y de otros sectores estratégicos para la actividad de la UE.  

Europa adquiere el 40% del gas ruso y la tercera parte de su petróleo pese a que Putin hizo de la energía el arma favorita de su política exterior, enfocada a impedir pasos armonizadores y consensos de intereses mutuos entre sus vecinos occidentales. Y esa dependencia acarrea una serie de lastres. Por ejemplo, desde febrero las emisiones de CO2 procedentes del carbón aumentaron en más de un 6% respecto a los niveles de 2019, según la firma de análisis de mercados Kayrros SAS. Mientras, Moscú redujo sus envíos en metaneros y a través de los gasoductos que unen sus yacimientos siberianos con Europa a menos de la tercera parte desde el máximo flujo registrado en marzo, según la AIE.  

La excesiva dependencia de Rusia se fue asentando desde comienzos de siglo, un claro vestigio de la eficiencia de la diplomacia energética de Putin, explica Martin Bradley, de la firma de activos Macquarie. Y ahora “llevará entre cinco y diez años desacoplar la tupida red de conexiones con el Kremlin”. Así lo atestigua Alemania, que acaba de retrasar el cierre de plantas de generación eléctrica mediante carbón y combustibles fósiles para añadir a su mix energético nacional 10 gigawatios de capacidad, lo que elevará en un 20% las emisiones de su sector eléctrico el próximo año y otro 17% en 2024, calculan los expertos del Independent Commodities Intelligence Services (ICIS), centro de análisis que defiende métodos de economía circular y sostenibilidad.

Los analistas de Bloomberg NEF, unidad de investigación energética de la agencia informativa, ya avanzan que Europa tendrá difícil alcanzar su meta climática de 2030, teniendo en cuenta que Países Bajos dejó sin efecto el límite productivo eléctrico por carbón. Austria ordenó a sus compañías estatales utilizar esta fuente contaminante y Francia prepara sus plantas como reservas estratégicas para afrontar los rigores del próximo invierno. “Acondicionar de nuevo centrales térmicas requiere rápidas inversiones para la obtención de energía a corto plazo; aunque, por supuesto, provocará retardos en el control de emisiones que van a tener que posponerse necesariamente”, admite Peter Vis, antiguo alto funcionario de política climática de Bruselas y ahora en la consultora Rud Pedersen Public Affairs.

Más gas licuado

Algunos socios, además, están invirtiendo en terminales para importar GNL y garantizar el abastecimiento a través de las infraestructuras gasísticas desplegadas en toda la UE. Y esta fuente energética, considerada de manera generalizada como más limpia que el carbón, no deja de tener sus detractores. La Comisión la incluyó en su taxonomía verde junto a la nuclear, pese a estar excluida expresamente en el Pacto Verde Europeo con el que se configuró la ambiciosa agenda climática de la Unión.

Aunque las emisiones de metano son, para no pocos científicos, mucho más dañinas que las expulsiones de CO2 a la atmósfera, hay una veintena de proyectos de plantas LNG en curso que se propusieron gestionar más de 120.000 millones de metros cúbicos de combustible al año o el 80% del volumen exportado por Rusia a la UE en 2021, según FTI Consulting.

El armazón inversor de la UE, con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la cabeza, admite haber redirigido sus líneas crediticias preferenciales hacia proyectos de combustión fósil después de tener prácticamente en el limbo las solicitudes de préstamos a este tipo de centrales. El presidente del BEI, Werner Hoyer, admitía a finales de junio la necesidad de “adquirir mayores cotas de flexibilidad”, sin renunciar a “desplegar los mayores fondos en energías renovables y, muy en particular, en el hidrógeno”. De todas maneras, el club comunitario sigue teniendo como objetivo duplicar su capacidad solar desde los 320 gigawatios en 2025 hasta superar los 600 GW a finales de la década.

Alemania, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos anunciaron en mayo desembolsos conjuntos para convertir el Mar del Norte en una megagranja eólica capaz de proveer electricidad a 230 millones de hogares europeos en 2050. Una luz en medio del túnel del tiempo en el que parecen haber sumido a Europa las acciones del Kremlin. “Siempre es un riesgo elevar la cuota de emisiones, pero solo debería ser asumible si sirve para duplicar los esfuerzos en la transición energética hacia la eólica, la solar y el hidrógeno”, afirma Charles Moore, responsable de análisis en Ember, firma de investigación del mercado eléctrico, para quien la estrategia europea resulta inevitable porque, a su juicio, “no hay alternativa” a la táctica energética rusa.

Sobre todo, porque el invierno que se avecina creará un clima de sumo desconcierto. Y en estas aguas turbulentas, las medidas impulsadas por Putin suelen ser más efectivas. Algunas señales apuntan a que cualquier cierre de suministro ruso, sin los inventarios a rebosar y sin muchas opciones paralelas a las que acudir, sería especialmente pernicioso para la economía de la Unión. 

El consenso del mercado, avisan en The Economist, apunta a restricciones deliberadas por parte de Putin en, al menos, dos momentos del próximo invierno, tendencia que intensificará durante 2023. El embargo occidental provocó un efecto búmeran, con la llave del veto energético en manos del Kremlin y Europa acelerando una transición energética en la que tendrá que dar varios pasos marcha atrás para coger impulso. El Instituto Ifo alemán cifra en un recorte de 3,4 puntos del PIB y en un aumento del IPC de 2,7 puntos el efecto de la interrupción del gas y crudo ruso a la UE. El FMI evalúa en un cálculo predictivo más agresivo por parte de Moscú unos números rojos del 2,5% al PIB de la UE en los próximos doce meses, con recesiones superiores al 5,6% en Eslovaquia, República Checa e Italia y del 6,4% en el caso de Hungría, el país peor parado por la táctica divisoria de Putin.

IJI

El Vaticano pidió un tratado internacional que aborde la crisis climática en su origen: los combustibles fósiles. El pedido concreto es a la desinversión en combustibles fósiles y a implementar nuevas políticas de inversión para “un mundo más justo y sostenible”. 

La toma de decisión del Papa Francisco es para reforzar el impulso mundial en torno a la propuesta de Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Los tres pilares de la propuesta política cuentan ya con el apoyo de 101 premios Nobel, 3.000 académicos, un creciente grupo interconfesional de líderes religiosos, 320 parlamentarios, miles de activistas juveniles, más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil y más de 60 ciudades como Londres, París, Ámsterdam, Sydney, Los Ángeles, Barcelona, Toronto y Ginebra. 

El Cardenal Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, dijo: “Con respecto a la COP27, el Papa Francisco se une de nuevo a los científicos para mantener el objetivo de aumento de la temperatura del Acuerdo de París de 1,5°C. El planeta ya está 1,2°C más caliente, pero cada día nuevos proyectos de combustibles fósiles aceleran nuestra carrera hacia el precipicio. Ya es suficiente suficiente. Toda nueva exploración y producción de carbón, petróleo y gas debe terminar inmediatamente, y la producción existente de combustibles fósiles debe ser eliminada urgentemente. Esto debe ser una justa transición para los trabajadores afectados hacia alternativas ecológicas. La propuesta de Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es muy prometedora para complementar y mejorar el Acuerdo de París”. 

El mensaje del cardenal se basa en el Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, en la que el Papa “pide a las grandes industrias extractivas... que dejen de destruir los bosques, los humedales y las montañas, que dejen de contaminar los ríos y los mares, que dejen de envenenar los alimentos y las personas” y pide una “cooperación responsable entre todas las naciones” para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 

Tzeporah Berman, Presidenta de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, dijo: “Lo que se necesita ahora es valor moral. Damos la bienvenida al cardenal Czerny como parte de este creciente coro de voces, no sólo de comunidades religiosas, sino también de profesionales de la salud, parlamentarios, líderes juveniles, comunidades indígenas, premios Nobel, científicos y académicos. Todos ellos reconocen que la expansión de la producción de combustibles fósiles magnifica la crisis climática, pero también socava todos los sistemas vivos que son fundamentales para nuestra supervivencia. Esto no es un simulacro. Necesitamos una acción urgente y audaz para frenar los daños y situarnos en una senda más sostenible y justa.” 

La ciencia respalda esta necesidad de acción urgente, ya que los combustibles fósiles han contribuido al 86% de las emisiones de CO2 sólo en la última década. A pesar de ello, los gobiernos siguen planeando producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles consistente con una trayectoria de 1,5 grados para 2030, y un 10% más que sus propias promesas climáticas. 

Mark Campanale, fundador de la Carbon Tracker Initiative, añadió: “No hay duda de que la ciencia y la economía llevan mucho tiempo señalando la producción de combustibles fósiles como el talón de Aquiles de la crisis climática. Existe un presupuesto de carbono finito basado en la ciencia para mantener el calentamiento a no más de 1,5C, lo que significa que la mayoría de los combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra. Esta vulnerabilidad del sistema energético basado en los combustibles fósiles no puede seguir siendo ignorada. Este último respaldo del Vaticano hace aún más difícil que los líderes mundiales ignoren el papel central de los combustibles fósiles en la catástrofe climática que se está desarrollando a nuestro alrededor. También es la razón por la que el próximo Registro Mundial de Combustibles Fósiles, que enumera toda la producción de combustibles fósiles actual y prevista, país por país, proyecto por proyecto, para que los gobiernos rindan cuentas de sus planes de combustibles fósiles, es tan crítico.” 

El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles propuesto complementaría el Acuerdo de París establece un mecanismo internacional específico para gestionar una eliminación justa y rápida del carbón, el petróleo y el gas que permita a los países reducir su dependencia de los combustibles fósiles, apoyar a los trabajadores y a las comunidades, hacer una transición rápida a las energías renovables y construir economías más diversas. Para apoyar estos objetivos, a finales de este año se lanzará un Registro Global de Combustibles Fósiles, desarrollado por Carbon Tracker Initiative y Global Energy Monitor, que será la primera base de datos de código abierto sobre la producción y las reservas de petróleo, gas y carbón a nivel mundial. 

PP

Los proyectos de extracción de litio en actividad son apenas dos puntos en el mapa de la Argentina: uno en Jujuy –Salar de Olaroz, donde son socios la australiana Orocobre Limited, la automotriz japonesa Toyota y el Estado jujeño– y otro en Catamarca –Fénix, donde opera la estadounidense Livent en asociación con BMW–. Si, en cambio, se suman los proyectos en construcción o exploración avanzada el mapa toma otro color: son 26 círculos ubicados en Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan. Con el agregado de las iniciativas en las etapas iniciales el número asciende a 38. 

“Yo creo que viene un boom de litio en la Argentina, que hoy es el cuarto productor a nivel mundial. Es probable que en los próximos cinco años salte al segundo lugar, que hoy ocupa Chile”, apunta Nadav Rajzman, exdirector nacional de Promoción y Economía Minera y asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo. Desde finales de 2020 hubo 13 anuncios de inversión en proyectos vinculados a litio en el país, por más de US$4.000 millones.

No es casualidad que los proyectos sean llevados adelante por multinacionales mineras en asociación con empresas automotrices o de tecnología. Unas aportan el expertise, otras el interés por garantizarse la provisión del insumo. Hoy la adquisición de baterías de litio es uno de los cuellos de botella que demoran la expansión de algunas tecnologías, como la de los vehículos híbridos. Estos autos combinan un motor de combustión interna tradicional con otro eléctrico, que se asisten mutuamente para reducir hasta un 50% el consumo de combustibles fósiles. La misma energía que genera el motor carga las baterías y por eso no es necesario enchufarlo a un cargador externo. 

Toyota es la firma que más autos híbridos vende en la Argentina. Cerca del 10% de sus ventas totales son híbridos –una de cada tres autos modelo Corolla que salen de la concesionaria funcionan con esa tecnología, por ejemplo–, pero su director de Asuntos Corporativos, Diego Prado, asegura que podrían ser más. 

“Nosotros quisiéramos ampliar esa participación, y la demanda está, pero el principal obstáculo es que no tenemos las partes para producirlos. Hoy la principal restricción es la capacidad global de producción de baterías, que está colapsada”, dijo a elDiarioAR desde una oficina en la planta que tiene la empresa en Zárate. El año pasado la empresa anunció una inversión a nivel global de US$13.600 millones hasta 2030 para aumentar la capacidad de producción de baterías. Incluye una nueva planta en Estados Unidos y un joint venture con Panasonic, que produce en Japón.

Con el litio sucede lo mismo que con el hidrógeno: no es un elemento escaso, más bien todo lo contrario, pero lo complejo es obtenerlo de una manera rentable. Hay litio en el océano, por ejemplo, pero no en grandes concentraciones como sí lo hay en las rocas de espodumena que exporta Australia (principal productor global) o en los salares que la Argentina comparte con Bolivia y Chile en el “triángulo del litio”. Este área geográfica contiene cerca del 67% de las reservas probadas de litio, la mitad de la oferta global, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En su visita reciente al país, el expresidente Evo Morales le sugirió a Alberto Fernández nacionalizar el recurso. Es el camino por el que se inclinó Bolivia y es también lo que intenta hacer Manuel López Obrador en México. En el Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy a cargo de Daniel Scioli, en cambio, no consideran que sea la estrategia adecuada para esta etapa de desarrollo en la Argentina. 

“México no tiene una gran cantidad de litio y el que tiene es de roca, que es más fácil de extraer, con tecnología que ya son más conocidas en el mundo”, dice Rajzman. Es decir, no tiene tanta necesidad de aliarse con empresas privadas a la vanguardia de los desarrollos en el área. “Bolivia no es un buen ejemplo de gestión de recursos; es la principal reserva mundial pero hasta ahora no ha logrado producir prácticamente nada”, suma. 

La Argentina se inclinó por un modelo en el que la iniciativa privada marca el ritmo y los estados provinciales, en todo caso, participan como aliados. Las principales inversiones son chinas –esta semana Ganfeng anunció que invertirá US$960 millones para comprar el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes, en Salta, que estaba en manos de Lítica Resources, una subsidiaria de la petrolera Pluspetrol– de otros países asiáticos, australianas, europeas. 

A diferencia de otros países como Australia, la Argentina no solo extrae sino que también procesa el litio; se exporta carbonato, cloruro y hay proyectos para producir hidróxido. La producción de baterías, sin embargo, todavía queda muy lejos. Según los especialistas, el costo es muy elevado y es un negocio solo rentable cuando se produce cerca de los principales mercados. En el orden de cosas actual: China y Estados Unidos. 

Hay objeciones de sectores ambientalistas que advierten sobre la gran utilización de agua que implica la minería de litio, la alteración de los ecosistemas y el residuo que puede generar el descarte masivo de baterías en el futuro. Sin embargo, el litio parece tener la “licencia social” que no tienen, en la Argentina, otras explotaciones mineras. La principal explicación es que este mineral se considera fundamental para la transición energética: es lo que hace posible que se pueda almacenar la energía generada por fuentes limpias.

“La transición que hace falta para que el mundo no se recaliente y muramos todos va a necesitar muchísimos minerales: litio, cobre, manganeso, zinc, aluminio, plata, silicio. Vamos a pasar de un mundo con una matriz intensiva en petróleo e hidrocarburos a una matriz intensiva en minerales”, dice Rajzman. Por eso ya hay empresas (y países) interesados en empezar a extraer minerales del fondo del mar: la minería de aguas profundas. Algo que, según informó a fines de junio desde la Conferencia de los Océanos de la ONU en Lisboa el periodista especializado Fermín Koop, países como Palau, un archipiélago de Micronesia, piden demorar hasta que haya mayor evidencia científica sobre sus posibles riesgos. 

DT