A más de 40 años del retorno democrático en Argentina, el Museo Sitio de Memoria ESMA conmemoró este jueves el décimo aniversario de su apertura como espacio de memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), en un acto atravesado por fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei por los recortes en políticas de derechos humanos.

“Mi identidad recuperada demuestra que la memoria, asumida colectivamente, tiene un poder transformador”, expresó Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de dos militantes desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y nieto número 68 restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Roisinblit calificó al museo como “un espacio donde cada pasillo y cada rincón confrontan el horror del pasado con el legado que decidimos presentar en este edificio” y definió a sus visitantes como “custodios de la democracia”.

Ana María “Rosita” Soffiantini, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA durante la dictadura, habló de un “contexto sumamente difícil” y advirtió sobre la “desfinanciación, los recortes, los despidos y la degradación de la institución”.

“Son claras intenciones para debilitar nuestros logros en derechos humanos”, denunció.

El evento se celebró días después de que el Gobierno argentino anunciara la transformación de la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría, acompañada por un recorte del 40 % de su estructura y un 30 % de su plantilla, como parte de una nueva medida de ajuste estatal.

La exjueza María Roqueta, quien tuvo a su cargo causas por apropiación de bebés en el contexto del terrorismo de Estado, respondió al vocero presidencial Manuel Adorni, que días atrás había dicho que la Secretaría “ahora sí garantizará todos los derechos humanos y no defenderá a un sector ideológico partidario”.

“Fue la sociedad argentina la que decidió recuperar la memoria”, dijo Roqueta.

Durante la dictadura argentina, se calcula que unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por motivos políticos. Muchas de ellas permanecen desaparecidas.

La ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención del país, funcionó como campo de concentración, maternidad clandestina y lugar de exterminio. En 2004 fue señalizada como sitio de memoria, y en 2015, por decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, inauguró su museo, que desde 2023 forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Mayki Gorosito, destacó: “La conquista de la verdad, la memoria y la justicia es un gran activo político-cultural de Argentina y un ejemplo para aquellos países que, por diferentes motivos, conviven con la impunidad”.

“Una memoria que se construyó sobre la justicia y no sobre la venganza es un valor inapreciable”, añadió.

La exdiputada e hija de desaparecidos Victoria Donda, nacida en la ESMA y quien fue también presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), participó del acto y llamó “delincuentes” a quienes, desde el Gobierno, “quieren borrar la escena del crimen”.

Tras las intervenciones, se proyectaron en las paredes del museo los nombres de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. El evento cerró con la lectura de un poema de Loli Ponce —una detenida-desaparecida asesinada en ese centro clandestino— en la voz de la actriz argentina Laura Paredes.

Argentina ha sido reconocida internacionalmente por haber llevado adelante juicios por crímenes de lesa humanidad en su propio sistema judicial ordinario. Desde 1985 hasta diciembre de 2022, se celebraron 316 juicios, que resultaron en 1147 condenas.

EFE.

IG

A horas de recordarse en el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y de una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo encabezada por Abuelas y diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz propuso cerrar el Museo de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y difundió en sus redes sociales el video con el Gobierno reivindicó “la memoria completa” y criticó “la teoría del demonio único”.

Según expresó el legislador santafesino, el Museo Sitio de la Memoria que se encuentra en el predio donde funcionó un centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar “divide a los Argentinos, nos impregna de odio y pasado”. 

En lugar del centro de Memoria y Derechos Humanos, Chumpitaz pidió montar “un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”.

“¿Sabías que el predio de la ex ESMA ocupa más de 17 hectáreas en una de las zonas más estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires? Proponemos que la Legislatura porteña ceda ese espacio a las FFAA y a los Bomberos, con el objetivo de que sea utilizado para la capacitación”, indicó el diputado, que sus redes sociales se describe como “empresario argentino y ex jugador de rugby profesional”.

Para justificar su propuesta, el rosarino señaló que “en lugares como Bahía Blanca, cuando se inundó, las Fuerzas Armadas y los Bomberos fueron fundamentales para rescatar y asistir a los vecinos”. 

“Transporte, logística, estrategias, tácticas operacionales, administración de recursos deberían ser algunas de las especialidades”, puntualizó el diputado del PRO.

En tanto, este martes, en una entrevista con Radio con Vos, el legislador insistió en “no olvidar el pasado pero empezar a mirar el futuro, cosa que no estamos haciendo”. Para Chumpitaz, “tenemos que empezar a ver la memoria completa para que haya una justicia veradera y empezar a cerrar esa grieta profunda, unir a los argentinos y para eso, hay que dejar atrás el pasado”. Y agregó: “La Argentina no niega las atrocidades que hizo el Gobierno militar, pero sí niega lo que sucedió con el terrorismo subversivo. No escucho hablar del ERP y de los Montoneros, es más, escucho que los reivindican y que eran jóvenes idealistas”.

Para Chumpitaz, “tenemos que saber la verdad completa y saber cuántos son los desaparecidos exactos, no son 30.000. Inventaron ese número. Por eso el Gobierno tomó la decisión de desclasificar los archivos. Hay que saber la verdad, sino es un relato”, cerró.

Durante el acto central en Plaza de Mayo en el Día de la Memoria, las organizaciones sociales expresaron, a través de un documento, que el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, “pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel”, señaló el texto cerca de su final.

El Gobierno nacional difundió a las cero horas del 24 de marzo un video institucional por el Día de la Memoria con la voz y el texto del polítologo y referente mileísta Agustín Laje. En el mensaje, la administración de Javier Milei reitera sus argumentos que van en contra las políticas de derechos humanos que permitieron encarcelar a miles de genocidas y postula la fecha del feriado como “24 de Marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia Completa”. Así se titula el video, que aparenta condenar a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar pero los equipara con los actos de violencia de organizaciones armadas.

Con información de agencias.

IG

El 10 de diciembre de 2023 asumió el primer presidente argentino que cuestiona abiertamente el consenso que el país tiene sobre los crímenes de la última dictadura. Como candidato a ocupar el sillón de Rivadavia, Javier Milei negó la cifra de los 30.000 desaparecidos y, tal como el exintegrante de la Junta Militar de la dictadura Emilio Massera en 1985, llamó “excesos” a los delitos de lesa humanidad.

Una vez en la Casa Rosada, Javier Milei comenzó a convertir su discurso en políticas contrarias a las de memoria, verdad y justicia que todos los anteriores gobiernos democráticos iniciaron o mantuvieron. Entre ellas, provocaciones constantes hacia los militantes de derechos humanos y el desfinanciamiento de los sitios de memoria.

El 24 de marzo pasado, el Gobierno lanzó un video de 13 minutos en redes sociales en el que renombraba al Día de la Memoria como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”. En la pieza audiovisual, conducida por el miembro de las SIDE menemista y mileísta Juan Bautista “Tata” Yofre, el exmontonero Luis Labraña se adjudicó haber creado la cifra de los 30.000 desaparecidos. Milei prepara otro video para este 24 de marzo que también bregará por la llamada “memoria completa”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, prominente militante en grupos de militares, fue la artífice de la alianza entre la nueva y la vieja derecha. Hoy está alejada de Milei pero, ya desde el inicio de la gestión, fue completamente corrida del relato sobre la dictadura: según dicen cerca de ella, nunca fue consultada sobre este tema, no participó en la elaboración del primer video de 2024 y tampoco meterá mano en la secuela de este año. Villarruel continúa con su militancia –acaso más sutil– en soledad, enfocándose en “las víctimas del terrorismo” como punta de lanza.

En julio pasado se conoció una visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza hizo a los represores condenados en Ezeiza Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros. El diputado Beltrán Benedit se adjudicó la organización del viaje y lo defendió en un grupo de WhatsApp, afirmando que los cargos contra los genocidas “no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados”. Si bien LLA se despegó del escándalo, quien recibió el escarnio y luego la expulsión del partido no fue Benedit, sino Lourdes Arrieta, diputada que participó de la visita y que luego expuso su organización. Según cuenta, cuando publicó los chats grupales “la bajada de línea [de LLA] era decir que Arrieta está loca”. Afirmó también a elDiarioAR que las operaciones que sufrió le generaron “ataques de pánico y mucha angustia”.

Pero quizás la provocación más importante fue ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia en noviembre del año pasado. Allí, el Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, llamó “proceso de reorganización” a las políticas económicas del gobierno ante las miradas de Estela de Carlotto y Taty Almeida. Battaleme estaba defendiendo la eliminación de los Equipos de Relevamiento y Análisis, que relevaba documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas para colaborar con los requerimientos de información y seguimiento de casos de terrorismo de Estado. Afirmó que se trataba de una “estructura duplicada” y que sus empleados eran un grupo de “vengadores”.

“Hablaron del revanchismo de los organismos, de ‘organismos militantes’... claramente somos militantes, pero militantes de una justicia, de una verdad histórica que estamos reconstruyendo porque nunca nos olvidemos de que el que niega la información es justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas”, dijo a elDiarioAR Miguel “el Tano” Santucho, hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, que continúa desaparecida.

En aquella audiencia, el Estado defendió que en agosto el Ministerio de Justicia cerrara la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado, que dependía la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). La justificación oficial del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue que el organismo no respetaba “la división de poderes”.

El secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández y el nieto número 75 en ser restituido por las Abuelas, Horacio Pietragalla Corti, dijo que ese archivo es valioso. “Se le quitó una facultad que tenía la CONADI para hacer investigaciones dentro de los legajos de militares. Por ejemplo, si un militar tenía un nene apropiado y tenía una obra social, son los papeles que se podían investigar cuando llegaban denuncias”, afirma.

Y agrega: “El ataque a las políticas de derechos humanos es es uno de los lugares donde tanto la vicepresidenta como Milei hacen hincapié para generar un sentido común medio confuso en la sociedad”, afirmó.

Dos altas fuentes de La Libertad Avanza con llegada a Milei negaron ante elDiarioAR que la estrategia sea un error no forzado que pueda alejar a gente que apoyaría al gobierno de no ser por la posición ante la dictadura. “La sociedad es más de derecha que lo que el periodismo piensa”, dijo uno. “La gente quiere la verdad. Y los 30.000 es una mentira”, dijo otro.

Mientras, la situación en los sitios de memoria es precaria. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, aseguró que hubo 1.000 despidos en 2023 en la Secretaría de Derechos Humanos y que no se detuvieron en 2024 y 2025. Solo en enero hubo 600 echados que, para el sindicato, dan cuenta de que el Gobierno quiere “desarmar, desarticular y vaciar” esa dependencia. Parte de la sociedad no lo toleró: miles de personas le dieron un abrazo simbólico a la ESMA contra el vaciamiento. Mientras, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ESMA permanece cerrado y varios sitios de la memoria corren riesgo de correr ese destino ante los despidos.

En uno de los sitios de la memoria más concurridos del país, los guías piden que no los graben por miedo a represalias de la Secretaría. La ESMA, por falta de estos trabajadores, redujo sus días de visita.

Este mes, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llegó a apostar a la Policía Federal frente a ese sitio de memoria para impedir el ingreso de los trabajadores que eran notificados, ahí mismo, que los habían echado.

“Trabajadores que se enteraban por una lista que tiene la policía en la mano que no pueden entrar más en sus puestos de trabajo”, narró a elDiarioAR una trabajadora del predio que habló bajo condición de anonimato. “Trabajadores despedidos que han sido acompañados por la policía a sus puestos de trabajo para vaciarlos”. Además, muchos trabajadores vieron “brutalmente reducidos sus salarios” y se vieron forzados a renunciar.

Sin embargo, los organismos de derechos humanos no ceden ante las provocaciones y llamaron a marchar el 24 en una marcha que, por primera vez en dos décadas, no está dividida. Las Abuelas, las Madres e incluso los HIJOS apuestan a las nuevas generaciones.

“Hace años que vengo planteando que hay una batalla cultural que tenemos que dar, que tenemos que saber actualizar a nuestros tiempos”, dice el “Tano” Santucho. “Hay muchos jóvenes que nacieron en democracia que no vivieron la transición a tener realmente políticas inclusivas de derechos humanos, de reconocimientos y espacios de memoria. Todo ese largo trabajo, quizás una parte de las generación de hoy en día lo desconoce. Nosotros tenemos que estar a la altura de poder hacer ese traspaso generacional”, afirmó.

FI/DTC

Milo J fue el primer músico censurado en la ex-ESMA desde que el centro clandestino de tortura y desaparición emblema de la última dictadura fue declarado Espacio de Memoria y Derechos Humanos hace exactamente veinte años. Aunque el gobierno de Mauricio Macri se había atrevido a bajar, por ejemplo, la obra “María Feminista” –que mostraba una virgen con pañuelo verde– de la exposición en el Centro Cultural Haroldo Conti en 2019, esta vez la gestión de Javier Milei fue más allá en su negacionismo. Con 18 años y oriundo del conurbano (más precisamente de Morón), Camilo Joaquín Villarruel quedó este miércoles en el foco de la miopía libertaria sobre lo que pasó en los setenta. 

El oficialismo parece que no soportó que un artista que integra su votante promedio –hombre, menor de 35– flamee la bandera del Nunca Más. De fuerte compromiso social, Milo J causó revuelo cuando en julio del año pasado visitó la ex-Mansión Seré. “Hoy está de moda estar en contra”, dijo en su momento, luego de reivindicar el legado de las Madres de Plaza de Mayo y mostrarse con un buzo de H.I.J.O.S.

Ayer Milo J se despachó directamente contra Milei porque la Justicia hizo lugar a un amparo presentado a contrarreloj por el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, y que tiene en su órbita la Secretaría de DDHH, que encabeza Alberto Baños: “Juntar 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno no le gusta”. Fue tal vez su freestyle más punzante, a través de un vivo en su cuenta de Instagram, cuando ya le habían bajado el show y un importante cordón policial retenía el paso de sus fans en la puerta del predio de Av. Libertador. Muchos de sus seguidores habían viajado desde otras provincias y algunos hasta hicieron fila en la puerta varias de las últimas noches de lluvia.

El show de Milo J era gratuito (con entradas asignadas previamente) y se iba a realizar en el corazón de la ex-ESMA: en la llamada Plaza de la Declaración Internacional de los DDHH, un gran espacio en el centro del predio, ubicado a las puertas de la sede de la secretaría de Baños. La denuncia judicial revela ahí una curiosidad: el Gobierno se refirió al espacio como “Patio de Armas”, tal cual el nombre que tenía el lugar bajo el mando de los militares, donde en su momento llegó a ser utilizado por helicópteros.

“Ojo, porque esto ya pasó”, advirtió la madre de Milo J, Aldana Ríos –que a su vez es su manager–, en una conferencia de prensa al caer la tarde junto a representantes de organismos de derechos humanos. Denunciaron censura abiertamente. La contraofensiva libertaria no tardó en aparecer, pero solo en el mundo virtual: tuiteros de Milei festejaron la suspensión del show y hasta hubo pedidos de que la ex-ESMA vuelva a ser de la Armada. “En las redes se puede decir cualquier cosa”, fue la defensa del oficialismo que recogió este medio.

La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a la cautelar que presentó el Gobierno porque el evento supuestamente no contaba con “la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Según la denuncia judicial, no había conocimiento del show ni de Nación ni de Ciudad –como partes del ente público que gestiona el espacio de memoria, junto con los organismos–, aunque las actividades en la ex-ESMA son públicas e históricamente se han hecho con un esquema con cierta libertad de acción, según supo elDiarioAR. 

“Básicamente es un lugar público y limitaron el carácter público de la ex-ESMA. Mientras dicen por escrito que los motivos son los papeles, en realidad salen a decir que es un hecho político”, se quejó una fuente que conoce al detalle el funcionamiento del predio. De hecho, en enero hubo un festival a metros de la plaza seca, frente a la sede del Haroldo Conti, en solidaridad con los trabajadores despedidos por la gestión Baños-Cúneo Libarona y no hubo inconvenientes. Pero por Milo J sí. 

“La verdad hasta ayer no lo conocía”, se despachó entre sus interlocutores el secretario Baños, a partir de la sorpresa que se habría encontrado el martes con los movimientos para la instalación del escenario en el predio. “El día 11 de febrero del presente, personal de la custodia, le informó acerca de la realización de algunas obras que se estaban realizando en el mencionado Patio de Armas, que ‘por sus envergaduras llamaron la atención (sic)’, hecho que fue constatado por el titular de la Secretaría referida, en oportunidad de constituirse en el lugar y observar ‘un despliegue de personal, ajeno a esta Secretaría, destinado al armado de andamios, torres y escenario de gran porte que, prácticamente cubren un 50% del mencionado Patio (...) acompañado con equipos de iluminación y sonido que sobrepasan la altura de los edificios circundantes, impidiendo la circulación peatonal y automotriz’”, se lee en el pedido del amparo.

“El cuestionamiento no es al artista sino a la ilegalidad del acto”, fue otro de los comentarios que salieron desde el despacho de Baños. Según la presentación judicial, en la ex-ESMA no se podría hacer el show porque el espacio tiene como finalidad específica “la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país”. “Toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes”, indica el expediente. Contrariamente, las políticas de memoria vienen siendo sistemáticamente atacadas por el Gobierno, que ajustó en las últimas semanas áreas claves al respecto, como el Archivo de la Memoria, o el vaciamiento de otros ex-centros clandestinos, como Virrey Ceballos, también la Capital Federal.

En otro apartado de la cautelar se lee como argumento oficial para impedir el recital: “El lugar no cuenta con las dimensiones necesarias para la circulación eventual de ambulancias, bomberos, vehículos de seguridad y no se conoce cuál podría ser el programa de evacuación ante acontecimiento eventuales que puedan poner en riesgo a las personas”. Y agrega: “Tampoco está garantizada la protección de los bienes del Estado ante una posible vandalización (...) no hay posibilidad de control policial por las características propias del lugar y por la cantidad de gente que puede asistir”.

El recital de Milo J se iba a dar en conjunto a una feria de la UTEP, el gremio de la economía popular vinculada al peronismo-kirchnerismo. El artista tenía pensado presentar su álbum “166 (DELUXE) retirada”, que ayer mismo se publicó en Spotify, donde su perfil verificado tiene más de 15 millones de oyentes mensuales. Anoche exactamente a las 21 Milo J estrenó en YouTube el video de su canción “BUEN DIA PORTACION DE ROSTRO” y en dos horas ya había alcanzado más de 120 mil visualizaciones.

Un alcance que podría amplificarse aún más tras la censura por parte del Gobierno. Y podría volverse un búmeran para Milei, un producto de las redes. El video de Milo J denunciando al Presidente se reprodujo solo en su cuenta de Instagram hasta anoche 168 mil “me gusta”.

MC

El Gobierno nacional suspendió el show gratuito de Milo J en la ex-ESMA, alegando falta de autorización y problemas de seguridad. El artista denunció maniobras falsas y criticó la decisión. La Justicia avaló la medida, generando rechazo en organismos de Derechos Humanos. El evento fue cancelado entre tensión y operativos. Los tuiteros seguidores de Javier Milei celebraron la cancelación.

“AJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJ”, fue el posteo Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, un médico de 32 años de Santiago del Estero que no ejerce su profesión y es un militante de La Libertad Avanza (LLA), además de figura clave para el Gobierno en la difusión de la ideología que profesa. Parisini conduce el programa de streaming *La Misa*, desde donde ataca al kirchnerismo, al feminismo y a cualquier opositor del presidente de la Nación.

El tuit fue una respuesta a un posteo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que dice: “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”.

A continuación, otros tuiteros y trolls mileístas expresando su apoyo a la cancelación del recital de Milo J. Algunos de ellos, inclusive, pidieron que el predio vuelva a pertenecer a la Armada.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Está ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por el terrorismo de Estado.

Actualmente, el predio se llama Espacio Memoria y Derechos Humanos, y es el sitio de memoria más grande de la Argentina, dedicado a la preservación de la verdad y la justicia. Alberga museos, archivos y organismos de derechos humanos, y busca concientizar sobre los crímenes de la dictadura, promoviendo la democracia y los derechos humanos en Argentina.

La tristeza de la madre del artista

La mamá de Milo J apareció en un video pidiendo al borde del llanto a los adolescentes y niños que estaban en la puerta del espacio de memoria que volvieran a sus casas porque el Gobierno había dispuesto camiones hidrantes y motos para reprimirlos.

“Ya sabemos todos que se suspendió, no lo suspendimos nosotros, el Gobierno nacional fue a presentar una medida cautelar a la Justicia, la Justicia de estos tiempos le dio la razón por ahora, sin preguntarnos, sin pedir papeles, sin absolutamente nada, y le dio el aval para que se suspenda este show. Así que por favor, a todos los que vinieron, se los agradezco de corazón, a todos los que están viniendo, por favor, no vengan, vuelvan para sus casas la manera más tranquila, trajeron policías, trajeron camiones hidrantes, trajeron motos. Lo que menos queremos es que les pase nada, a ninguno de ustedes, les pido que me ayuden a transmitir esto”, dijo la madre de Milo J en un vivo de Instagram que se viralizó.

JJD

El músico Milo J comunicó hoy en sus redes sociales que el show gratuito que iba a ofrecer en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA para presentar la edición de lujo de su disco 166 se suspendió por decisión del Gobierno nacional.

El artista afirmó a través de un video: “Supongo que juntar a 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno actual no le gusta”. Y pidió a sus seguidores que se habían reunido en la entrada que se fueran a sus casas porque la Casa Rosada desplegó a fuerzas de seguridad para evitar el ingreso. “Tienen policías preparados afuera para que repriman. No quiero que a ningún fan le pase nada”, denunció.

El show, para el que se agotaron las entradas en pocas horas, iba a tener lugar a las 19.30, pero la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, para que se suspendiera la fecha. En medio de un fuerte operativo de seguridad y más de tres cuadras de fila, la actividad con entrada libre y gratuita quedó anulada.

Milo J señaló que “el Gobierno nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergemcia que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento”.

“Estoy muy triste”, añadió y aseguró que de todas maneras la edición deluxe de su álbum va a estar disponible en plataformas desde las 21. “No cobré entradas y lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. No sé qué otra excusa tiene el presidente para cortarnos esto, supongo que no le gusta. Esto no es político, es una hija de remil p*tés. Tengo ganas de llorar, pero no lo voy a hacer. Les pido perdón y me hago responsable de esto porque otra gente no lo va a hacer”, concluyó al respecto.

En tanto, los organismos de Derechos Humanos que acompañaron el recital convocaron a una conferencia de prensa para las 18.

Anteriormente, desde la ex ESMA señalaron que al tomar en cuenta la medida, “se desconoce la autonomía del directorio del Espacio de Memoria, como organismo autárquico constituido por ley”. 

El fallo fue concedido por el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, bajo la firma de la magistrada María Alejandra Biotti. Allí se ordenó suspender el espectáculo y el Ministerio de Justicia apuntó que “carece de la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa instancia, el fallo se avaló “conforme los términos de la Ley N° 26.415 que ratifica el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado 'Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos'”.

Milo J siempre se mostró comprometido con la causa de los derechos humanos. El año pasado recorrió junto a su grupo la Casa de la Memoria y la Vida en la ex Mansión Seré, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura.

CR/MC

Javier Milei deberá garantizar el funcionamiento de la ex-ESMA y de los demás sitios de memoria de Capital Federal que recuerdan los delitos de lesa humanidad cometidos por última dictadura militar. Así lo determinó la Justicia este martes, en una medida que desafía la avanzada negacionista de la gestión libertaria.

Las resoluciones judiciales tiene un condimento político insoslayable: está firmada por el juez federal Ariel Lijo, a quien el Presidente candidatea como futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado, a cargo del Juzgado en la Correccional y Criminal nro. 3, hizo lugar a un reclamo presentado por la diputada porteña por Unión por la Patria Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y actual titular de la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, pudo confirmar elDiarioAR.

Lijo le transmitió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que se garantice el personal para el debido funcionamiento de los ex Centros Clandestinos de Detención y Tortura de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (declarado patrimonio de la Unesco) y también los conocidos como Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Ceballos, todos ubicados en la Capital Federal.

Se trata de Sitios de Memoria muy afectados por el ajuste de personal que provocó la gestión libertaria en el último tiempo. Justamente Virrey Ceballos quedó cerrado virtualmente porque el Gobierno despidió a su único trabajador desde el 1 de enero pasado; este lunes hubo una asamblea en rechazo a esa medida. Y en el predio de la ex-ESMA a inicios de este año se cerró el Centro Cultural Haroldo Conti y se afectó el funcionamiento de Archivo Nacional de la Memoria.

En medidas conocidas este martes, Lijo le exige a Baños “que tenga a bien arbitrar los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentran abiertas al público en dichos sitios”. El magistrado también plantea “que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria -necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”. Por último, exige que se mentengan las tareas de fumigación en dichos sitios para que se preserven los acervos y archivos documentales.

“Venimos de semanas de definiciones del Ejecutivo que ponen en riesgo la memoria. Los sitios son esenciales para la transmision de esta historia y además son importantes como prueba judicial en las causas por delitos de lesa humanidad aún abiertas”, señaló Montenegro en diálogo con elDiarioAR. “El ajuste del Gobierno nos hace retroceder décadas en la construccion de una política de memoria y verdad de Argentina que es reconocida en todo el mundo”, planteó la legisladora.

La medida de Lijo es un nuevo desafío para la avanzada negacionaista libertaria. Este comienzo de año generó un fuerte repudio en los organismos de Derechos Humanos, sindicatos y sectores del peronismo y la izquierda el ajuste que provocó el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, de quien depende la secretaría de Baños, y que derivó en el cierre por ejemplo del Conti y del sitio Virrey Ceballos.

El ajuste de Cúneo Libarona sobre toda su cartera provocó el despido de unos 2000 trabajadores. Puntualmente sobre el área de DDHH, en los sitios de memoria se afectó las tareas de personal muy capacitado como conservadores, técnicos de mantenimiento y pedagogos.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció días atrás que Milei busca “cerrar la ESMA”. Ahora la Justicia le puso un freno contundente a la motosierra libertaria sobre los espacios de memoria.

MC

El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales. “Quedó una sola persona a cargo de la conservación de cinco kilómetros lineales de documentos ubicados en 14 depósitos, lo mismo que para dar respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad. Para la atención de la sala de consultas, no quedó nadie”, afirmaron algunos trabajadores consultados por elDiarioAR que prefirieron no dar sus nombres y apellidos.

A ese panorama se le suma que solo dos personas continúan trabajando en el área de digitalización de documentos y apenas una en la oficina de Recursos Humanos. Además, al frente del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado permanecen solo tres personas, quienes tiene la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones de víctimas y Centros Clandestinos de Detención (CCD), al igual que para la actualización de legajos de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

La Comisión, presidida por el escritor Ernesto Sábato, presentó hace poco más de 40 años ante la Justicia el informe “Nunca Más”, que dio cuenta de las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos de hombres, mujeres y niños, así como también del robo de bebés a mujeres embarazadas secuestradas en centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. Uno de los soportes materiales que permitió ordenar y organizar las declaraciones testimoniales de sobrevivientes y familiares de desaparecidos para el informe fue un fichero metálico que agrupó una gran cantidad de fichas enumeradas con el nombre y apellido de personas desaparecidas y de sobrevivientes y con categorías como “cese arresto”, “liberado”, “expulsado” y “desaparecido” para cada uno de ellos.

Aquel fichero forma parte forma parte del fondo “CONADEP” que resguarda la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del ANM y, sujeto a técnicas de protección y conservación, se encuentra exhibido en el edificio del Archivo.

Allí también se encuentran preservados, entre otros documentos, agendas, afiches, actuaciones judiciales, álbumes fotográficos, anotaciones y recursos de amparos legales presentados para obtener información o conocer el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas por el régimen militar. Una de las anotaciones rescata el recuerdo que relató una detenida ilegal, de nacionalidad española, tras recuperar su libertad: “Menciona que vio a un detenido que cantaba en francés”.

El Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti fue creado en 2008, bajo administración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos abierto a la comunidad. El nombre del Centro rinde homenaje al escritor, docente y periodista Haroldo Conti, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976 por la última dictadura militar cuando tenía 51 años. El Conti, como otras instituciones dedicadas a la preservación de la memoria, se encuentra ubicado en el predio donde funcionó durante el régimen dictatorial uno de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT) más emblemáticos: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estuvieron secuestradas cerca de 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de 200. Desde hace más de 16 años se ofrecen allí obras de teatro, cine, conciertos de música, danza y exposiciones de arte. Además, se llevan a cabo seminarios de políticas de la memoria y encuentros internacionales sobre derechos humanos. Uno de los objetivos del Conti es transformar en un espacio de arte y resignificación de lo que antes fuera un sitio emblemático de privación, exclusión y muerte. 

El cierre, por ahora provisorio, del Conti impidió esta semana, por ejemplo, que los visitantes pudieran recorrer la 35º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que expone más de 140 fotografías registradas en 2023 por unos 85 autores. Organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), la muestra es considerada la más importante de la región.

La primera nieta recuperada, despedida

Como varias decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, Tatiana Sfiligoy llegó este jueves a la puerta del Conti y se encontró con que su nombre estaba en el listado de despedidos. Sfiligoy es la primera nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo y lleva más de 12 años como contratada en la Secretaría. “Veíamos venir los despidos, pero no sabíamos que sería tan ‘motosierra’. La lista de despedidos es enorme y horrible. Nos hace acordar a otras listas siniestras de otras épocas del país”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos. Sfiligoy, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos en 1976 por represores de la última dictadura, consideró que los despidos de trabajadores “no tienen ningún asidero lógico, más allá de la postura del Gobierno de liquidar la política de derechos humanos” vigente en las últimas décadas. “Me llama la atención el coraje que han tenido para hacer semejante salvajada”, sostuvo.

Ante la presunción de que los despidos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos iban a ser anunciados con el nuevo año, los trabajadores se manifestaron el viernes 27 de diciembre en la puerta del predio donde funcionó la ESMA. Ese día, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se llevaron a cabo “tareas ilegales de inteligencia” con motivo del “monitoreo de la represión a la protesta social”.

La CPM registró la “presencia de personal policial de civil sin identificación que deambulaba entre los convocados y luego interactuaba con efectivos de la Policía de la Ciudad” en el predio situado en Avenida Del Libertador al 8100, en el barrio de Núñez. La Comisión advirtió que el mismo día “hubo agentes de fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio” del Conti.

“Me preocupa que la sociedad no tome conciencia de esto porque venimos en un retroceso de derechos”, destacó Sfiligoy. 

La “reestructuración” que el secretario Alberto Baños plantea llevar a cabo en el Conti “es una señal de alarma importante”, dijo a elDiarioAR Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para Torras, la decisión tomada por el Gobierno nacional “manifiesta una voluntad de cierre al menos temporal hasta que se pueda llevar adelante una reestructuración que no queda clara, aparentemente tanto de personal como de programas y de actividades”. Sin embargo, resaltó, es necesario “tener en cuenta que este es un Estado liquidador que no dejará nada en pie salvo que lo considere estrictamente indispensable. Por otro lado –sostuvo–, es evidente que no existe interés de este Gobierno en sostener un proyecto como el del Conti, que está en las antípodas de su perspectiva política e ideológica, y que seguramente asumirán como antieconómico”.

Torras opinó que el Gobierno de Milei “se encuentra por momentos en una posición bifronte, en la que no termina de asumir una hostilidad abierta con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia tal como se estructuraron o incluso tiene una retórica de aprobación, como la que manifestó Baños en la audiencia de noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde reivindicó, por ejemplo, que el Gobierno sostiene la ex ESMA, los sitios de la memoria, el rol como querellante en los juicios. En definitiva, sostuvo un discurso de defensa de estas políticas. El problema –destacó Torras– es que ese discurso no se sostiene en las decisiones que están tomando porque despiden a los trabajadores que llevan adelante las políticas, las dejan sin presupuesto, cierran los programas y los espacios.Y tampoco se sostiene en sus posicionamientos públicos en los que desprecian muchas veces lo que se ha construido en este campo y atacan a quienes han contribuido en ese proceso”, agregó.

Para Marina Franco, doctora en Historia e investigadora principal del Conicet, las políticas de derechos humanos “entran, en dos niveles, al dedillo en la lógica de la extrema derecha. Primero, en la destrucción de lo público y el desmantelamiento del Estado, en general. Y, segundo, en la eliminación de lo que le representa realmente sus enemigos ideológicos, en este caso las políticas de derechos humanos y todo aquello que el Estado ha hecho en las últimas décadas en ese sentido. El cierre provisorio del Conti y el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria forma parte de la destrucción del Estado focalizada en los mayores enemigos ideológicos”, consideró en declaraciones a elDiarioAR.

El Archivo, comentó Franco, es “el lugar de referencia fundamental de toda la documentación sobre derechos humanos después de la dictadura en adelante y, además, de la información que sirve para todos los juicios de lesa humanidad. Es gravísimo porque se trata de la destrucción del patrimonio histórico y de pruebas documentales sobre las violaciones de los derechos humanos en la Argentina”.

Las periodistas y escritoras Silvana Melo y Claudia Rafael encararon hace más de un año una investigación acerca de los padecimientos psiquiátricos que sufrieron los presos políticos en cárceles durante la última dictadura militar. Para obtener historias y testimonios de la época, recurrieron al Archivo de la Memoria; durante enero de 2023 trabajaron allí más de ocho horas diarias y obtuvieron la asistencia de entre seis o siete trabajadores. “Recibimos de ellos una ayuda imprescindible, porque nos guiaron en el camino de búsqueda de información a través de computadoras, documentos y expedientes judiciales. Aquella asistencia representó más de las 2/3 partes de nuestra investigación”, que será publicada en marzo próximo en formato de libro, contó Melo a elDiarioAR. En un sentido similar a Sfiligoy, Melo recordó que por segunda vez consecutiva se llevan a cabo desde el Gobierno de Milei despidos de trabajadores públicos un 31 de diciembre y por mensaje de WhatsApp. “La parálisis de la sociedad ante lo que está ocurriendo es tremenda”, agregó.

Fuentes judiciales recordaron a elDiarioAR que “gracias a un legajo” perteneciente a la documentación que preserva el ANM del trabajo hecho por la CONADEP se pudo descubrir que durante la última dictadura militar había funcionado, entre marzo y mayo de 1976, un Centro de Clandestino de Detención y Torturas en un inmueble ubicado en la calle Bacacay 3570, en el barrio de Floresta. El sitio estaba situado en la misma manzana donde, casi un año después, fue emplazado el Centro Clandestino “Orletti”. El legajo de la CONADEP “sobre el cual se trabajó fue el de Emma Le Bozec”, precisaron las fuentes judiciales consultadas. Le Bozec era maestra y poeta cuando el 30 de abril de 1976 fue secuestrada por un grupo de tareas y llevada al centro clandestino de la calle Bacacay. “Yo estaba preparando todo para festejar los cumpleaños de mis hijos (...) cuando irrumpieron estas bestias. Entraron encapuchados y con armas largas” contó años después acerca de su secuestro.

Los trabajadores del ANM consultados por elDiarioAR destacaron que a los 30 trabajadores despedidos hay que sumarle que otras 19 personas “están sin contrato y recién se están iniciando sus trámites” a tal fin porque les fueron cambiadas las condiciones del vínculo laboral. Además, otros trabajadores que pertenecen a las plantas transitorias y permanentes del Estado y que se desempeñan en el ANM sufrieron recortes en sus salarios que van del 40% al 60% porque se encontraban contratados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en el país y que, en los últimos años, se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia. Mediante ACARA, los trabajadores percibían una buena parte de sus salarios en concepto de incentivos.

Los despidos también alcanzaron a trabajadores a cargo de los sitios de la memoria. Uno de ellos es el Centro de la Memoria Virrey Cevallos, situado en el barrio porteño de Monserrat, donde funcionó durante la última dictadura un CCD. El edificio está ubicado en la calle Virrey Cevallos al 600, a pocas cuadras del Departamento Central de la Policía Federal Argentina, y fue un centro clandestino a cargo del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Se estima que un centenar de detenidos-desaparecidos pasaron por allí. El lugar quedó al borde del desmantelamiento tras el despido de cinco de los siete trabajadores que se desempeñaban.

“¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cerrarlo y poner un shopping? ¿Un Starbucks?”, pregunta, indignada, desesperada, una mujer canosa de ojos claros mientras señala el predio de la ex ESMA como si quisiera abarcarlo todo: los árboles, el Casino de Oficiales donde se torturó y desapareció a alrededor de 5 mil personas, el modelo de avión Skyvan que se utilizaba para los “vuelos de la muerte” y, finalmente, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. El Centro Cultural que el presidente Javier Milei decidió cerrar, con el eufemismo de una “reestructuración”, y cuya defensa motorizó un masivo festival en contra de los despidos y del desmantelamiento de los espacios de Memoria, Verdad y Justicia.

Bajo la consigna “Una memoria que arde”, los trabajadores despedidos del Conti organizaron una fiesta para resistir el cierre de un espacio que, desde 2008, es sinónimo de la vida cultural porteña. Muestras fotográficas, baile, música, teatro, talleres educativos, seminarios: el Conti se estableció hace 16 años como un núcleo nodal de la cultura dentro del predio donde funcionó uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura. Alertados por WhatsApp el 31 de diciembre que el centro cerraba y que el personal quedaba en “guardia pasiva” hasta nuevo aviso, los trabajadores del Conti decidieron organizar un festival.

Horror y vitalidad

Los primeros grupos de personas comenzaron a llegar pasadas las cinco de la tarde. El cielo celeste, el runrún de las primeras de las batucadas y el olor de la comida que venía de los puestos de la feria chocaban contra la solemnidad del más grande centro de exterminio de la dictadura militar. Los caminos por donde antes pasaban los detenidos encapuchados, para después no volver, estaban repletos de puestos de comida vegana y sandwiches de bondiola, de stencils y pins con el rostro de Evita, de artesanías y cosmética cannábica. Y de pañuelos blancos, toda una ingeniería de pañuelos blancos: lisos, con la frase “Nunca Más”, con la cara de Lula y de CFK, con dibujos de Mafalda. 

Era la liturgia del 24 de marzo concentrada en los caminos verdes y soleados de la ESMA. Hasta que el cartel con el rostro aniñado de Franca Jarach, adolescente desaparecida en la ESMA, irrumpe con violencia entre los stands que venden agendas. Y concentra todas las miradas. Elvira, una mujer con remera celeste que luego hará el comentario de Starbucks, suspira mientras lee y niega con la cabeza. Su primo, Roberto Vera Barros, fue desaparecido en el 76’ cuando tenía 22 años. 

“Nunca más supimos de él, no sabemos ni a qué centro clandestino lo mandaron. Pero no estoy acá solo por él, sino por el desguace de este lugar de memoria. Yo entiendo que hay que hacer recortes en el Estado, pero anular la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado me parece una atrosidad”, suspira, seria. Es radical “hasta la médula” y cuenta que le costó asistir (no lo dice, pero los pines de CFK por todos lados funcionan como explicación). “Ningún presidente hizo esto, ni Macri. Este gobierno no tiene ningún reparo en defender el terrorismo de Estado, empezando por la vicepresidenta y siguiendo por el Presidente. Aunque hubiesen puesto bombas tenían derecho a un juicio, no a terminar torturados, secuestrados y tirados en el río. ¿Qué están reivindicando? ¿El nazismo?”, se pregunta, y emociona.

A unos metros, un hombre de 50 años con una remera de un auto policial prendido fuego sostiene un cartel que dice “Los dos demonios son Milei y su vice”. Las referencias a Victoria Villarruel son moneda corriente: el amigo de la familia, el torturador y violador Alberto “Gato” González, condenado a dos prisiones perpetuas por crímenes de lesa humanidad, participaba del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA.

En el escenario ubicado frente al centro cultural, mientras tanto, toca una banda. “El modelo de individuo de este gobierno no tiene nada que hacer con toda esta gente trabajando unida”, sostiene Santiago, uno de los músicos, y se pone a tocar. La gente baila al lado del modelo de avión que se utilizaba para los vuelos de la muerte. 

“Choca el contraste entre el horror y la vitalidad. Yo preferiría el silencio. Pero es importante ver toda esta gente jóven porque el horror no forma parte del pasado, sino del presente”, sostiene Claudia, sonriente debajo de unos anteojos de carey. Una de sus compañeras –son cuatro amigas– disiente: “Más allá del dispositivo, lo importante es mantener encendida la llama de la memoria. Quedan solo tres abuelas vivas, somos nosotras las que tenemos que tomar la posta ahora”.

Cada vez hay más gente y es imposible caminar. “Hay mucha más gente que en el ‘abrazo’. Es la reacción. Porque esto no es contra los derechos humanos, es contra todo el pueblo”, celebra, sobrio, Hernán, mientras hace la fila de los panchos para comprarle uno a su hijo Martino, de nueve años. Hernán se refiere a una de las múltiples actividades que organizaron, la semana pasada, los organismos de Derechos Humanos cuando se empezó a agitar el fantasma de los despidos. Y es que el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos comenzó hace tiempo y viene afectando numerosas áreas que se encargan del sostenimiento de la memoria, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y el Archivo Nacional por la Memoria.

Verónica Castelli, hija de dos militantes peronistas desaparecidos por la dictadura y trabajadora despedida de la Secretaría de Derechos Humanos, es quien mejor narra la cronología del desmantelamiento. Primero se dejaron de dar tareas y se prohibieron algunos de los seminarios. En junio empezaron los primeros despidos de las personas que no habían sido ya desafectadas en marzo, cuando cayeron muchos de los contratos precarios. Castelli, entonces, terminó quedando sola manejando el espacio de memoria que se estaba construyendo en el “Vesubio”, uno de los centros de exterminio de La Matanza. En agosto fueron por los de planta transitoria. Y en septiembre comenzaron con los planes de retiro voluntario forzosos y en cuotas. Los pocos que no adhirieron, como Verónica, fueron echados por WhatsApp el 31 de diciembre. 

“El ataque es contra la Secretaría de Derechos Humanos, porque no quieren que exista. El ataque es contra el Ministerio de Justicia, porque están dejando el 30 por ciento de su planta. Lo que buscan es destruir al Estado”, explica Castelli, con el mismo tono de voz angustiado que se repetirá en varios de los trabajadores despedidos. 

Al día de hoy, en ATE calculan cerca de 600 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Ya hay espacios de memoria, como el de Virrey Ceballos, que se quedaron sin un trabajador que pueda abrir la puerta.

La llama encendida de la memoria

No hay casi dirigentes políticos. Solo algunos escondidos en la multitud, como los funcionarios bonaerenses Gabriel Katopodis o Daniel Menéndez. Tampoco documentos, aunque Taty Almeida, cuando llega, es recibida como una estrella de rock. En el escenario suben y bajan colectivos sociales y artistas. El bachillerato trans Mocha Cellis toma la palabra: “Las trabas somos herederas de las Madres y Abuelas porque sabemos lo que es luchar para que se respete nuestra identidad. En tiempos oscuros hay que mirar a las Abuelas que, ante la adversidad, saben encontrar el camino”, afirma la directora, Virginia Silveira.

Es el clima de un Día de la Memoria, con grupos de viejos y jóvenes, familias y amigos, gente suelta con remeras de La Renga o Charly. Hay, incluso, parejas con galgos, como María y Horacio. Elegantes, sobrios, viven a unas cuadras de la ESMA, en el barrio de Belgrano. Ella es una reconocida militante contra la violencia obstétrica, pero también es artista y expuso varias obras en el Conti. Él recuerda cuando los jeeps pasaban, hace casi cincuenta años, por las puertas de la ESMA. “No sabíamos que había un centro de detención y tortura. Hay que conservar este espacio de memoria”, sostiene, pero su mujer lo corrige: “Sí, sí sabíamos. Es mentira cuando la gente dice que no sabe nada”. Se enojan, se ríen. Y María se pone seria: “Están eliminando 50 años de cultura. ¿Para qué?”.

De fondo, en el escenario se escucha una voz: “El arte es revulsivo. Es revolucionario. Y por eso lo quieren cerrar. Pero no lo van a lograr. El Conti no se cierra”.

MC/MG

Por el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti anunciado por el Gobierno nacional, sus trabajadores realizaron hoy un misa fuera de la institución a cargo del Padre Lorenzo Toto de Vedia, párroco de Caacupé de la Villa 21-24.

Según informó el gremio ATE, el martes pasado el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, decidió cerrar la institución Conti por el mes de enero y notificó a los empleados que no debían concurrir a su lugar de trabajo hasta nuevo aviso por una “reestructuración”.

Asimismo, detalló que los empleados recibieron mensajes de WhatsApp en sus teléfonos que además del cierre de su lugar de trabajo, les anunciaba que quedaban en guardia pasiva y que no debían presentarse a trabajar a partir del 2 de enero.

En este contexto, ATE denunció que a lo largo de 2024 el Centro Cultural Haroldo Conti funcionó sin presupuesto, y que la programación de actividades fue realizada por los propios trabajadores sin una dirección por parte de la Secretaría.  

Con motivo de protesta a la decisión de la cartera dependiente del gobierno del presidente Javier Milei, los trabajadores decidieron luego de una asamblea convocar a la misa para este viernes y para mañana sábado a las 18:00 un festival que se realizará en la puerta del Centro Cultural.

A su vez, se esperaban nuevas acciones de cara a otra asamblea que prevista para el próximo lunes seis de enero. 

Ayer, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Melisa Hobert, delegada de ATE en la secretaría de Derechos Humanos, dijo que se enteraron de la decisión en la puerta y que la cifra de despidos ascendería a 600 trabajadores. 

Con información de la agencia NA

Javier Milei avanzó con su motosierra sobre el Centro Cultural Haroldo Conti. Las listas en manos de la policía con los pocos autorizados para ingresar y las puertas cerradas reflejaron la peor cara libertaria en el comienzo del año nuevo. Pero mientras los trabajadores denuncian que no solo están en riesgo cientos de fuentes de ingreso, sino también el acervo cultural e histórico que existe en el edificio ubicado dentro del predio de la ex-ESMA, en el Gobierno negaron con un insólito argumento que el espacio se cierre por completo.

Desde el área que conduce Alberto Baños rechazaron ante elDiarioAR que la reestructuración de personal y de actividades que comenzó este 2 de enero implique un cambio rotundo en la política de los últimos años, pero los efectos ya están a la vista: la falta de personal pone en riesgo la difusión cultural de la memoria histórica, así como el resguardo de su documentación.

El argumento del Gobierno –que una alta fuente libertaria comentó a este diario a cambio de que se resguarde su nombre– es que ahora la Secretaría de Derechos Humanos impondrá “una visión transversal de los derechos fundamentales” a todas sus acciones. Aunque la fuente no abundó en detalles, esa línea es la que motivó el cierre durante todo enero del Haroldo Conti: “Es mentira que se cerró. En febrero arranca con esa visión”, se limitó a explicar el funcionario de alto rango consultado. 

No es la explicación que se leyó en el WhatsApp que llegó a los trabajadores el 31 de diciembre, a poco del brindis por el Año Nuevo: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”. El oficialismo promete reabrirlo en febrero, posibilidad que ponen en duda los trabajadores. 

“Nos dicen que van a revisar la programacion para que no sea solo del terrorismo de Estado. Pero en el Conti no trabajamos solo con terrorismo de Estado. También sobre migrantes, urbanismo, infancias, hasta hicimos festivales de jazz. Pero no pueden soslayar que el Conti está en la ex-ESMA, es imposible escindir eso. Por ese motivo el Conti es una obra en situación”, explicó a elDiarioAR Nana González, trabajadora del centro cultural y delegada de ATE en la Secretaría de DDHH. Y amplió: “La pregunta es porque la reestructuración no es con los trabajadores dentro. Hoy no tenemos información. El Conti tiene una gran cantidad de técnicos y trabajadores muy formados en las áreas de desempeño y seguramente nos reemplazarán por administrativos que no están preparados”.

Pese a que el centro cultural funciona en el mismo predio de la ex-ESMA donde está la sede de la Secretaría y el despacho de Baños, el funcionario de Milei nunca lo visitó. Los trabajadores le pidieron una reunión por primera vez en enero pasado, hace ya un año.

Una extrabajadora ya despedida a mitad del 2024 aseguró que el gobierno de Milei quiere impregnarle a la política de derechos humanos una visión ultraconservadora, afín al negacionismo sobre la dictadura que el propio presidente desplegó en la campaña y que permanentemente alienta Victoria Villarruel. “Hay un intento de reestructurar toda la Secretaría de Derechos Humanos para adecuarlo a esa visión de familia y propiedad privada; esa idea de los derechos humanos para todos”, comentó quien pidió resguardar su nombre por estar muy involucrada en las acciones de protesta de estos últimos días. “Que hoy cierren el Conti significa que cuando abra ya no será como antes”, apuntó.

La propia web del Conti, que aún funciona, revela la variada programación de los últimos meses, más allá de la temática propia de la memoria y los derechos humanos. En diciembre, por ejemplo, hubo un club de bordado junto con una feria y mesa de trueque; estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA presentaron fanzines de poesía, y hubo proyecciones de ficciones y documentales, además de danza y teatro. En su acervo además cuenta con exposiciones de pinturas y fotografías, muchas que suelen usarse para muestras itinerantes en escuelas de todo el país. Este sábado a las 18 habrá un festival en las inmediaciones para reclamar contra la decisión del Gobierno de cerrar sus puertas.

MC

Delegados del gremio de estatales ATE denunciaron a un custodio del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, al que acusan de intentar desenfundar un arma de fuego en el marco de una protesta.

De acuerdo con la presentación, el episodio sucedió en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en el marco de una jornada de lucha que llevaron adelante los trabajadores por los despidos y la falta de certezas por la renovación de casi 100 contratos en el área, y no pasó a mayores dado que una de las trabajadores intercedió y logró que el seguridad guardara el arma.

Según se indicó, mientras los empleados intentaban subir al primer piso, donde se encuentra la oficina del secretario, el custodio abrió la cartuchera donde guardaba la pistola e inmediatamente fue frenado por una de las trabajadoras.

“En el primer piso está la oficina del secretario, pero no es la única. Nuestra idea era subir unos minutos con el ruidazo y después bajar. En la escalera, estaba la custodia personal, armada, y se armó un forcejeo al intentar subir. Inmediatamente, uno de los dos custodios desenfundó el arma, no llega a sacarla, y se produce otra parte del forcejeo”, relató la delegada Paula Donadío.

En la misma línea, remarcó: “Nunca nos había pasado, no éramos más que trabajadores adentro de un edificio público, en una actividad dentro del marco gremial”.

Los trabajadores de ATE le enviaron a Baños una nota para notificar el suceso que hasta ahora no fue respondida. “Avisamos para que quede el registro de lo que sucedió, también avisamos a la seccional y estamos viendo otras medidas para tomar”, contó la delegada, y agregó: “No salimos del asombro. Nunca nos había pasado algo así y menos dentro de un espacio de memoria”.

“Vemos con extrema preocupación que en nuestro espacio de trabajo sucedan hechos de esta índole. Somos trabajadores y estamos reclamando por los despidos de nuestrxs compañerxs. De ninguna manera vamos a permitir hechos de amedrentamiento contra lxs trabajadores”, expresaron a través de un comunicado de prensa.

En la misma línea, precisaron: “Nosotrxs no recurrimos a la violencia para ejercer nuestro derecho a manifestar nuestra disconformidad y esperamos que los funcionarios estén a la altura de las circunstancias y arbitren las medidas necesarias para que nunca más personal de seguridad intente desenfundar su arma frente a trabajadores”.

“Nuestros reclamos son dos: contar con información sobre la continuidad de lxs trabajadores despedidos y quienes están a la espera de la firma de contratos ya que detrás de cada trabajador/a hay una familia que padece y hay una política pública que se desmantela”, reclamaron además.

CRM con información de la agencia NA

La Unesco, la organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, oficializó este martes la declaración del Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad, al considerarlo un “un lugar con un valor universal excepcional” y felicitó a la delegación argentina por presentar la nominación y “buscar justicia por los hechos cometidos” en ese ámbito “durante la última dictadura militar”.

“La Argentina debe ser felicitada por traer esta nominación y buscar justicia por los hechos cometidos por la dictadura contra oponentes armados y no armados y entender la influencia global y la resonancia de estos eventos en el Museo ESMA”, indicó el organismo al anunciar la declaración.

La Unesco aprobó la propuesta de la Argentina en la sesión de la 45° de su Comité del Patrimonio Mundial celebrado en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, donde se examinaron un total de 50 nuevas nominaciones, de las cuales 34 son de orden cultural, nueve natural, dos mixtas y cinco son modificaciones significativas en los límites, se informó oficialmente.

La comitiva argentina en Riad estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; la directora ejecutiva del Museo ESMA, María Marcela 'Mayki' Gorosito y el coordinador general del Plan de Trabajo para la candidatura del Sitio de Memoria ESMA, Mauricio Cohen Salama.

El Museo ESMA integró la lista de 16 candidaturas de bienes culturales a ser examinados por el organismo en la Convención de este año junto con La Maison Carrée de Nimes en Francia; la antigua ciudad de Si Thep en Tailandia; los Conjuntos Sagrados de los Hoysalas en India y los Sitios conmemorativos del Genocidio Nyamata, Murambi, Gisozi y Bisesero en Ruanda, entre otros.

La expectativa era que la ESMA recibiera el reconocimiento de Patrimonio Mundial, de la misma forma en que ya fueron reconocidos otros lugares de memoria como el centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau (Polonia); la Isla Robben en Sudáfrica, símbolo de la segregación racial; y el Memorial de la Paz de Hiroshima (Japón). Algo que sucedió antes del mediodía de este martes.

El mensaje del Presidente

Al conocerse la aprobación por parte del comité de la UNESCO, el presidente Alberto Fernández agradeció al organismo a través de un mensaje grabado y publicó en redes sociales: “El Museo Sitio ESMA se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina se expresó allí: detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos. Seguimos manteniendo viva la memoria. Nunca más”.

Y agregó: “Con la fuerza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo buscando con desesperación a sus hijos y nietos, un país entero aprendió a nunca claudicar su lucha. Este año cumplimos 40 años de democracia y seguimos exigiendo justicia para que nadie pueda negar u olvidar el horror”.

“Por la lucha histórica de esas Abuelas y de esas Madres, de las organizaciones de derechos humanos y de todo un pueblo, quiero agradecer esta decisión, especialmente a la embajadora argentina ante la Unesco Marcela Losardo, que ha trabajado mucho para que se concrete”, concluyó el mandatario.

Este lunes, la embajadora de la Delegación Permanente de la Argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, subrayó el “trabajo profundo” llevado a cabo para la nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA como patrimonio mundial de ese organismo internacional.

“La nominación es resultado de un trabajo profundo en el que el país se involucró activamente en el Grupo de Trabajo de Composición abierta de los Estados Parte de la Convención, que derivó en las recomendaciones para incorporar por primera vez los Sitios de Memoria al ámbito de consideración del Comité y abrió las puertas para la presentación de la nominación de mi país en ese contexto”, indicó Losardo sobre el proceso que llevó al Museo ESMA hasta esta instancia.

El Museo

El Museo Sitio de Memoria ESMA fue inaugurado el 19 de mayo de 2015, luego de una larga lucha de los organismos de derechos humanos por preservar el espacio en tanto prueba judicial de los crímenes allí cometidos por la última dictadura cívico militar.

Hasta 2004 siguió funcionando allí la escuela de oficiales de la Armada y llevaría tres años terminar de desalojar todas las instituciones navales, sumado a los trabajos de recuperación y puesta en valor necesarios para que finalmente en 2015 se concretara su inauguración en el edificio conocido como “Casino de Oficiales”.

En la ESMA, el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio del país, estuvieron detenidos-desaparecidos cerca de cinco mil hombres y mujeres que fueron recluidos en condiciones inhumanas, muchos de ellos inyectados con sedantes para ser arrojadas al mar mediante los llamados “vuelos de la muerte”.

En este mismo lugar, nacieron bebés en cautiverio que fueron separados de sus madres y en su mayoría fueron ilegalmente apropiados. Gracias a la enorme labor de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ya fueron encontrados 133 nietos pero la búsqueda incansable continúa por los cientos que aún se estima que faltan.

A través de visitas guiadas o autoguiadas, los visitantes pueden recorrer la exhibición permanente del Museo ESMA que consta de 17 salas abiertas al público, las cuales contienen dispositivos museográficos tradicionales y contemporáneos, más dos espacios destinados a muestras temporarias.

Sólo durante 2022, el Museo Sitio de Memoria ESMA recibió un total de 44.443 visitantes nacionales e internacionales, con un alto porcentaje (63%) de estudiantes y docentes de nivel medio y superior.

En el predio donde se encuentra el Museo de la ESMA, ubicado en Avenida del Libertador 8.151, en el límite noreste de la ciudad de Buenos Aires, funcionan también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las Casas de los organismos de derechos humanos y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, entre otros espacios.

El largo camino recorrido desde 2015 cuando el estado argentino inició las gestiones ante la Unesco y en 2017 informó al Centro de Patrimonio Mundial que el Museo ESMA había sido inscripto en su lista tentativa, pudo tener este martes la resolución en la 45° Sesión Ampliada del organismo internacional.

A fines de febrero de este año, se produjo la visita del inspector del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), quien efectuó una “visualización del bien”, que consistió en una revisión exhaustiva del estado de conservación, integridad, autenticidad y gestión del Museo, a partir de la cual elaboró un informe que fue tenido en cuenta para la definición final del Comité.

La Argentina ya contaba con once bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, cinco de ellos de carácter natural -como los Parques Nacionales Iguazú y Los Glaciares- y los otros seis de índole cultural como la Quebrada de Humahuaca, las Misiones Jesuíticas de los Guaraníes o La Cueva de las Manos, entre otros.

Las sesiones pueden seguirse en vivo a través de la página web de la 45° Sesión del Comité del Patrimonio Mundial: https://whc.unesco.org/en/sessions/45COM.

Con información de agencias.

IG

“Es inminente el final. Todo está dicho”, rubricó el diario La Razón en su edición vespertina del 23 de marzo de 1976. Aún no se había consumado el golpe de Estado, pero los vasos comunicantes con las redacciones de los principales medios del país ya funcionaban perfectamente.

La tapa en blanco y negro de aquel ejemplar martilla la pared sobre la que se proyecta el video que abre el recorrido por el ex Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más de 700 espacios denunciados como lugares clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura.

Son las seis de la tarde del 29 de abril de 2017 y el salón donde solían pasar su tiempo los integrantes del GT 3.3.2, encargado de la represión en la zona, está repleto de personas que vienen a participar de una visita al Museo Sitio de Memoria que hace dos años fue inaugurado allí. La pintura descascarada y las manchas de humedad exponen el paso del tiempo y la imposibilidad de intervenir mayormente un espacio que continúa siendo prueba judicial. La barra de un bar que permanece en una esquina permite imaginar la perversión de aquellos hombres que pasaban del trago a la picana y de la camaradería entre represores a la imposición más sórdida del terror.

“Respuesta a una carta”, tituló el matutino español El País a una columna que escribió Julio Cortázar el 21 de agosto de 1979. Allí dedicaba sus líneas a contar que un argentino exiliado en México llamado Daniel Cabezas le había pedido que denunciara públicamente lo que sucedía en el país y le pedía ayuda para esclarecer el paradero de su madre, secuestrada mientras buscaba información sobre su hijo, desaparecido desde 1976. Para Daniel era la forma de saltar la censura argentina. Para la dictadura, era parte de la “campaña antiargentina”.

Veinte días después, la primera plana de la revista Para Ti vendería como una de sus notas principales la entrevista a Thelma Jara de Cabezas. “Habla la madre de un subversivo muerto”, mintió el emblema de la editorial Atlántida. En las cuatro páginas que dedica al presunto reportaje dice que la madre de Daniel estaba “radicada en Uruguay”, que “denunciaba a las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos”, que su hijo Gustavo “murió en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” y que los “mecanismos internacionales la comprometieron y usaron para sus propios fines”.

“Me imagino a mi mamá, que nunca midió más de un metro sesenta, sola frente a toda esa gente y ese aparato”, dice con la voz entrecortada Daniel Cabezas, el hombre de la carta a Cortázar. Apenas pasaron las cinco de la tarde y está parado de espaldas a la puerta del Sitio de Memoria, frente a unas 50 personas distribuidas por el parque de ingreso en silencio. “Ella decidió seguirles el juego para que yo me entere de que estaba viva”.

“Fue una nota planificada entre el Grupo de Tareas de la ESMA y algunos periodistas de la revista Para Ti que pertenecía a la familia Vigil”, precisa Pablo Llonto que sucede a Daniel en el uso de la palabra. Además de trabajador de prensa, Llonto es abogado y representa a la familia en la causa judicial iniciada por la nota. “Logramos individualizar al responsable editorial que vive y se llama Agustín Botinelli. La Cámara Federal lo confirmó y finalmente Casación revocó ese procesamiento. Por eso estamos llevando pruebas de nuevo para que por primera vez podamos tener un juicio en Argentina contra un miembro del periodismo de la dictadura por hechos cometidos como periodista. Esta nota es una de las miles que se hicieron en esa época”, expone.

Un aplauso cierra las intervenciones. Los mosquitos, extraños visitantes en esta época del año, son los únicos que se mueven y rompen la quietud de la conmovida audiencia que siente de lejos el paso de los autos por la avenida Libertador. Alejandra Naftal, directora del Sitio, agradece la presencia e invita a pasar.

En el comedor los espera Marcia, que oficiará de guía durante esta nueva Visita de las Cinco, el convite mensual que se organiza para reflexionar sobre lo ocurrido en uno de los lugares donde el terrorismo de Estado ejerció su poder más oscuro. El video de la sala de descanso avanza sobre los primeros días del golpe y expone registros de época que demandan interpretación. En los muros contrastan las cifras de la economía y las imágenes de violencia con notas de diarios y revistas argentinas que parecen hablar de otro país: “Fueron abatidos extremistas”, “Qué hace usted para que su hijo no sea guerrillero”.

La sala queda a oscuras y una frase ocupa todo el salón. “El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. El párrafo que cerraba los cables de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) creada por Rodolfo Walsh se graba transitoriamente en las paredes, aquellas que el mismo periodista definió alguna vez como “la imprenta de los pueblos”. Su mensaje se lee justamente a metros del lugar por donde ingresó su cuerpo acribillado a balazos hace poco más de 40 años.

El video parece llegar al final, queda sin sonido, pero sobre la pared todavía alternan cifras que dan cuenta de la represión: 30 mil desaparecidos, 30% obreros, 21% estudiantes. Mientras el público fija su vista en los números, las luces se encienden. Marcia rompe el respetuoso silencio e invita a continuar el recorrido.

– ¿Y cuál es tu situación personal, mamá? A vos te secuestraron el 30 de abril.

– Sí.

-¿Cómo fue? ¿Cuando saliste del Hospital?

– Sí.

– ¿Y a partir de ahí? ¿Qué fue pasando? Contame un poco eso, para saber.

– Lo que ocurre es que era por mí, por la representatividad que yo tenía en la Comisión. Entonces, el problema era la acción psicológica que yo desempeñaba.

– ¿Cómo? ¿La acción psicológica?

– Claro, era el hecho de que… que todas las cosas que se hagan, que se hagan dentro del país, que no se hagan fuera del país.

Las voces nerviosas de Daniel y Thelma se escuchan claras por los parlantes de la sala de los tribunales. En la grabación es 2 de diciembre de 1979, Daniel está en México y Thelma en Buenos Aires. Él está exiliado y ella, desaparecida. En Tribunales es 16 de septiembre de 2010. Daniel la escucha en el marco de su declaración testimonial por la causa 1270 que investiga el secuestro y desaparición de su madre. Thelma tiene contraindicación médica para pasar por la instancia de declaración testimonial por enésima vez.

– Escuchame una cosa. Lo de la revista Para Ti. Todo lo que vos decís ahí ¿es cierto?

– Eso está acomodado.

– Porque ahí hay muchas contradicciones.

– Claro, porque el periodista lo arregló así.

– ¿Existe Américo Cerruti?

– ¿Eh?

– ¿Existe con ese nombre?

– No, yo pienso que es un seudónimo, yo no sé quién es.

– Pero ese reportaje, ¿existió el reportaje en sí? ¿A vos te hicieron preguntas o lo armaron ellos?

– No, me hicieron preguntas, y realmente, lo que dije, no todo está ahí, lo dieron vuelta.

A Gustavo Cabezas lo desaparecieron en mayo de 1976, a los 17 años. Era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y cuando fue secuestrado pegaba afiches por el Día del Trabajador cerca de la plaza central de Martínez, en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

A Thelma Jara la desaparecieron casi tres años después, a los 52. Era su madre y salía del Hospital Español, adonde cuidaba de su marido internado por un cáncer de pulmón. Thelma ya había recorrido todas las comisarías e iglesias. Había presentado hábeas corpus. Había participado de la conformación de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos y había viajado a México y España. Había conseguido incluso reunirse con la esposa del presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, a quien le había pedido ayuda en su búsqueda.

“A mi madre le dicen: ‘Te vamos a llevar a hacer un reportaje con gente amiga. Vos tenés que decir esto, esto y esto. Que ellos de alguna manera ya lo saben’”, narró Daniel en su testimonio judicial. “Unos días antes la llevan a una oficina vacía donde había una persona que le dijeron que era una periodista, pero que en realidad era una secuestrada, creo que de apellido García. Y la probaron a ver si decía lo que ellos decían que tenía que decir. Después, antes del reportaje, ese mismo día, la llevaron a una peluquería y le compraron ropa para adecentarla un poco, para presentarla como que tuviera una vida normal”.

La nota ocurrió finalmente en la confitería Selquet, la sentaron en una mesa apartada y le empezaron a hacer las preguntas arregladas previamente con sus captores. Las respuestas no fueron las que esperaban, pero en la publicación no se reflejó. “¿Ves lo que podemos hacer? Nosotros ponemos lo que queremos en la revista”, le dijeron.

Thelma vive, pero no declaró en la causa 1270 (**). Lo había hecho cientos de veces ante organismos, periodistas y en todas las instancias de sede judicial que pudo, entre ellas el Juicio a las Juntas. Incluso testimonió ante el juez español Baltazar Garzón cuando Ricardo Miguel Cavallo fue detenido en México. Entonces la prensa local ya podía contar las cosas, pero la justicia no podía investigar por la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final. Nuevamente había que recurrir al exterior para garantizar que se respetaran los derechos de los argentinos.

En medio de tanta exposición y revictimización, aparecieron problemas cardíacos y de presión que llevaron a Thelma al hospital varias veces. El médico recomendó no exponerla tanto a situaciones de estrés. Hoy, con 90 años, tiene demencia senil. Quizás su memoria, maldita paradoja, pueda fallar a veces. Pero nada más. “Aún en el hogar de ancianos donde vive arma reuniones con la gente que allí trabaja para que no se peleen entre ellos.

Deben seguir estudiando esta enfermedad que tiene porque no ha logrado cambiar su esencia“, relata ahora Daniel a los visitantes de la Visita de las Cinco. ”Creo que esta petisita les ganó“, agrega con la voz casi inaudible por la emoción.

Daniel pide permiso entonces para contar una última anécdota. Quiere leer una carta que le escribieron sus compañeros de cautiverio por un Día de la Madre. “En tu día mamá, felicidades. Mamá Thelma es ternura y dulzura, es susurro solidario al pasar, es la mano solidaria, es la palabra de aliento, es ayuda sincera, es el calor del hogar, es la madre lejana, es la madre perdida, es abuela de nuestros hijos, es puro corazón, y, aun en todo su dolor, siempre es apoyo. Por eso y mucho más, es nuestra Mamá Thelma”.

Los visitantes caminan por la planta baja del Casino de Oficiales siguiendo la guía. Recorren la historia de la vieja Escuela de Mecánica de la Armada y se informan sobre la causa judicial por los crímenes de lesa humanidad allí cometidos. Daniel queda retrasado con una persona del grupo. Es Hugo Segura, se presenta, integrante de un grupo de abogados que colaboraba con los militantes peronistas de la zona norte en los ‘70. “Nosotros reconstruimos la caída de tu hermano y presentamos el primer hábeas corpus para averiguar su paradero”, cuenta. Daniel le agradece haberse acercado después de tanto tiempo e intercambian teléfonos.

El grupo sube por las escaleras centrales, donde algunos escalones aún conservan las marcas de los grilletes que el Grupo de Tareas obligaba a usar a los detenidos.

En el primer y segundo piso apenas se puede acceder al pasillo desde donde se alcanzan a ver decenas de habitaciones. Los visitantes lo percibirán poco después: la ubicación es estratégica. En el tercer piso y el altillo alojaban a los secuestrados; en el sótano estaba el principal espacio de tortura; y en el medio dormían los militares que venían de otras provincias y represores. Total normalidad.

En el tercer piso, el grupo se dispersa. Algunos van para la izquierda y entran en Capucha. El principal espacio donde depositaban a los detenidos después de la primera sesión de tortura. Su nombre, cuenta la guía, estaba relacionado con el hecho de que los desaparecidos eran forzados a permanecer con una capucha las 24 horas del día para evitar la identificación de sus captores y el contacto con otros secuestrados.

En un extremo del tercer piso, unos paneles con información recrean pequeños habitáculos. Dentro, se resume la historia de Pecera, el espacio donde los represores obligaban a los detenidos a trabajar como mano de obra esclava. Allí se les pedía que lean medios de todo el mundo y armen resúmenes de prensa para la Marina. Allí también se cuentan las distintas acciones de prensa que realizó la dictadura para encubrir sus actos, como el caso de la falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas.

Llonto se encuentra precisamente dentro del box donde se narra la historia de Thelma. Lo rodean algunos visitantes que preguntan detalles de aquella tarde. La sensación es de intimidad e incomodidad. El abogado de la familia cuenta que al fotógrafo Tito La Penna, que declaró en el juicio contra la editorial Atlántida, le habían pedido que haga “planos cortos” de la entrevistada para que no se vea el contexto ni salga ninguno de los militares que la vigilaban a toda hora.

En el panel vecino, una imagen del diario La Nación revela que no siempre los integrantes del Grupo de Tareas fueron tan cuidadosos. En la foto de la conferencia de prensa de César Luis Menotti publicada en el matutino poco antes del inicio del Mundial ‘78, se ve a Lisandro Raúl Cubas, entonces desaparecido en la ESMA. A Cubas lo habían llevado forzado al predio donde concentraba la Selección argentina para montar una falsa entrevista con el técnico. Al lado de esa nota, también prueba judicial, se exhiben imágenes de los carnet de prensa apócrifos que se fabricaron en la ESMA.

La Visita se detiene ahora en el sótano. Un espacio opresivo, al que se accede desde el playón de autos. Era el primero y último lugar por el que pasaban los secuestrados.

Allí se los torturaba al llegar y se les daba una inyección de pentotal antes de subirlos al avión que los arrojaría al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

Allí también, con tabiques de madera, se conformó un laboratorio fotográfico, una imprenta y un espacio para la falsificación de documentos. Unos paneles en el centro del sótano muestran los cambios que fueron introducidos con el correr de los años. También muestra el lugar donde estaba la escalera que comunicaba con el interior del Casino de Oficiales, pero que fue tapada antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1979. El objetivo era desacreditar los testimonios de sobrevivientes que hablaran sobre ese espacio.

Allí toma la voz Carlos Muñoz, un sobreviviente que estuvo detenido con Thelma Jara de Cabezas y acompañaba el recorrido en silencio desde el inicio de la visita. “Yo estaba detenido acá a mi derecha”, cuenta señalando un espacio ahora vacío. “Era mano de obra esclava falsificando documentos”, precisa. “Tenía 22 años entonces y a ella le decíamos la vieja. Era como la madre de todos nosotros”, añade antes de recordar el día que en el laboratorio fotográfico se topó con los negativos de aquella operación de prensa que le hicieron protagonizar. “La vieja fue siempre un símbolo. La síntesis de la lucha y un ejemplo de solidaridad”, evoca ante la emoción de Daniel, que lo escucha a un lado y luego se funde en un abrazo.

Daniel se recupera y comenta a los visitantes que, a pesar de su militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia, esa misma tarde aún sigue enterándose de detalles que no conocía sobre el cautiverio de su madre.

Por eso convoca a los presentes a asistir a los juicios y seguir preguntándose por lo que pasó. “Aún no pudimos llegar hasta los civiles que participaron del terrorismo de Estado. Quizás si hubiéramos podido avanzar, hoy no tendríamos a este presidente, porque muchos de los apellidos que apoyaron y se beneficiaron de la dictadura siguen hoy emparentados con el Gobierno”, exclama.

Los visitantes dan una vuelta más por el sótano antes de volver a la planta baja del Casino de Oficiales y entrar al Dorado, el salón principal del edificio desde donde se planificaban los operativos. Allí una instalación de cuadros apoyados contra las paredes evocan el acto fundacional de la política gubernamental de memoria del kirchnerismo: la remoción de la imagen de Jorge Rafael Videla de la galería de Comandantes de las Fuerzas Armadas.

Una serie de proyecciones en las paredes y sobre esos cuadros pone nombre a los represores identificados y procesados judicialmente por perpetrar crímenes de lesa humanidad. Uno a uno se superponen sus rostros en funciones del legajo militar y una imagen actual del juicio en el que son o fueron juzgados. Luego se proyecta la sentencia. Finalmente, una serie de estadísticas marcan los avances logrados en materia de justicia.

La proyección acaba y nuevamente el silencio gana la sala. Quedan las palabras de cierre de Daniel Cabezas, Pablo Llonto y Alejandra Naftal. La mirada va hacia el futuro y la importancia de cuidar estos espacios en momentos en que la memoria deja de ser una política de Estado y desde el Gobierno se busca deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos que tanto hicieron por la democracia argentina.

Un aplauso pone fin a la visita. Pero las emociones siguen en el ambiente. Tres jóvenes se acercan a Daniel y le piden una foto. Invitan a Pablo Llonto y a los integrantes del Sitio de Memoria. La consigna es levantar el puño y abrir la boca dando un grito. Los chicos pertenecen a La Garganta Poderosa, una revista realizada por integrantes de las villas y asentamientos de todo el país que prometieron no callarse más y hacerse oír en todas partes. Desde sus remeras rojas hablan de Rodolfo Walsh, el periodista que denunció a la dictadura cuando ningún otro se animaba y que fue acribillado a balazos por un Grupo de Tareas. Con su mensaje no pudieron: hacer periodismo verdadero para romper el terror.

* Esta nota es parte de las crónicas de las “Visitas de las cinco” al Museo Espacio de la Memoria ESMA, que reconstruye el rol del centro clandestino de detención y tortura. Para más información sobre las actividades se puede consultar el sitio web.

** NdR: Thelma Jara de Cabezas falleció el 21/10/2021 después de la escritura de esta crónica

JB

El acto de nominación se llevó a cabo ayer, lunes 27 de diciembre, en la sede de la Ex Escuela Mecánica de la Armada, ahora transformada en un museo ubicado en el barrio porteño de Núñez, en Av. Libertador 8151. En el acto, el ex centro clandestino de detención de la dictadura -y ahora convertido en un espacio dedicado a la memoria- quedó en la lista para transformarse en Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La Escuela Mecánica de la Armada fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio de personas durante la última dictadura militar en Argentina, entre 1976 y 1983. En 2004, el edificio se convirtió en un monumento histórico, así como una “evidencia del accionar del terrorismo de Estado y prueba judicial en las causas por crímenes de lesa humanidad”.

Hoy en día, el Museo funciona como un espacio dedicado a la memoria y a la promoción de los derechos humanos, y se dedica a “conocer, vivenciar y comprender las violencias a los derechos humanos cometidas por el Estado Argentino”. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación empezó la iniciativa para nominar al Museo a la lista de Patrimonio Mundial en 2015. Recién ahora, en diciembre de 2021, se formalizó su inscripción. 

El espacio está abierto al público de martes a domingo, entre las 10 y las 17, con entrada gratuita. Hay visitas guiadas de martes a viernes, entre 11 y 14:30, y sábados y domingos a las 14 y 16.

Actualmente, solo hay seis espacios dedicados a la memoria que figuran en el Patrimonio Mundial de la UNESCO (Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Estos espacios son el Memorial de la Paz en Hiroshima, la cárcel de Roben Island en Sudáfrica, el campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau en Polonia, la Isla de Gorée en Senegal, el Muelle de Valongo en Brasil, y el Puente Viejo en Bosnia y Herzegovina.

MGF

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, destacó este martes la “importancia” que reviste la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco por el “simbolismo” que representa para la Argentina.

“Para nosotros es de suma importancia poder estar presentando esta candidatura, ya que entendemos que este espacio tiene un simbolismo muy importante por lo que representa en nuestro país, donde se secuestró, se torturó y se planificó el exterminio de militantes”, afirmó Pietragalla Corti.

El funcionario hizo estas declaraciones durante un acto que se realizó en simultáneo, en forma virtual, desde la exEsma, en Buenos Aires, y la Casa América, en Madrid, en la que fue presentada públicamente la postulación.

Acompañaban a Ojeda en Madrid el secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez López; el expresidente de España (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, y el embajador argentino en ese país, Ricardo Alfonsín, entre otros.

“Espero que Unesco apoye esta declaración como un reconocimiento a todos los desaparecidos, asesinados, torturados, no solo en la Argentina sino no en toda Latinoamérica, en esas décadas terribles”, destacó Rodríguez Zapatero en apoyo a la postulación.

El director general de Casa América, Enrique Ojeda, fue quien abrió el acto en Madrid, al señalar que “el argentino es un modelo de reflexión en torno a la memoria que pasa por los elementos de recuperación, de reconocimiento y de reparación, que van dirigidos a construir un futuro de nación consciente y segura para todos”.

Acompañaban a Ojeda en Madrid el secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez López; el expresidente de España (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, y el embajador argentino en ese país, Ricardo Alfonsín, entre otros.

Pietragalla Corti destacó la importancia que tienen en la Argentina “las políticas” en materia de Memoria, Verdad y Justicia“ llevadas adelantes, que hoy hacen posible que el país pueda postular a este sitio emblemático que es la exEsma como ”patrimonio de la humanidad“.

“Más allá del lugar y del espacio, las políticas que se llevaron adelante en materia de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina hacen que hoy se pueda estar intentando llevar adelante el reconocimiento de este predio por la Unesco”, dijo.

En ese marco, recordó que “el expresidente Raúl Alfonsín dio el puntapié inicial” para que la Argentina pudiera tener “un proceso de Memoria, Verdad y Justicia distinto”.

“El expresidente Alfonsín llevó adelante el juicio a las juntas militares, lo que marcó un precedente histórico a nivel regional, ya que fue el primer país que pudo condenar a la cúpula de ese genocidio, de esa dictadura militar con todas las garantías y con tribunales civiles que llevaron adelante un proceso de investigación ejemplar”, completó.

Asimismo, aseguró que parte de ese proceso también fue “la presión ejercida por el poder real sobre los sectores políticos para generar leyes de impunidad y de amnistía”.

“El poder real que vino a disputarle al poder político de la democracia, y llevaron una presión muy grande a los sectores políticos para generar leyes de impunidad y de amnistía”, afirmó.

Según el funcionario, la resistencia de los organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de exdetenidos, sobrevivientes y trabajadores organizados durante la dictadura, que “en democracia exigieron Memoria, Verdad y Justicia”.

Las denominadas “leyes del olvido” -en referencia a las de Obediencia Debida, Punto Final, y, luego, los indultos- no permitieron que se juzgara a los genocidas durante los 20 años en los que estuvieron en vigencia.

“A partir de 2003, con la llegada del expresidente Néstor Kirchner y con la caída de las leyes de impunidad y de Obediencia Debida, pudimos llevar adelante un proceso de juzgamiento que hoy nos da orgullo en el mundo”, dijo y resaltó que “al día de hoy, hay 1.044 condenados por delitos de lesa humanidad”.

El funcionario expresó su orgullo por esta “política de Estado” y por las condenas firmes que ha dejado el Poder Judicial y la Corte Suprema.

“Acá hubo un genocidio, acá hubo delitos de lesa humanidad y estos sitios y estos espacios de memoria son fiel prueba de eso”, remarcó Pietragalla Corti.

Y agregó que “estos espacios están custodiados hasta el día de hoy porque son prueba para los juicios que se llevan adelante”.

“Los argentinos estamos orgullosos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, completó el funcionario argentino.

A su turno, Rodríguez Zapatero describió que “la historia de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, con golpes militares, dictaduras horrendas, como la argentina, está aún por escribir en la conciencia y en la memoria de muchos ciudadanos del mundo, y lo que es más decisivo, de muchos responsables políticos ”.

“Es por eso que mi apoyo y solidaridad con Argentina, que casi al mismo tiempo que España salía ansiosa a la democracia, después de 40 años de ser un túnel oscuro, sufría la embestida de una dictadura militar, grotesca, sanguinaria, como fue la dictadura argentina”, expresó el político español.

En ese marco, aseguró su “apoyo a la declaración de Patrimonio Mundial para la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA)” y dijo que se trata de “un apoyo consciente y auténtico, que va más allá de mi querida Argentina”.

Al justificar su idea, Zapatero subrayó que “la comunidad internacional le debe a Latinoamérica y a sus períodos de dictaduras una restitución histórica y política, pero también moral ante la humanidad”.

“Creo que es imprescindible y que se puede lograr con este proyecto, y desde aquí deseo recordar la dignidad vibrante del presidente Raúl Alfonsín, como al presidente Néstor Kirchner, que tanto batalló por la recuperación de los derechos humanos”.

En ese punto, rememoró que “el presidente Kirchner y Cristina (Fernández de Kirchner)”, en sus viajes a la Argentina, “siempre” le hacían “compartir algún acto” y apuntó que recordaba “emotivamente un homenaje en el río de la Plata a todas las Madres de la Plaza de Mayo”.

Con información de Télam.

IG