El golpe no fue solo judicial. Fue político, económico y diplomático. Este lunes, la jueza Loretta Preska resolvió que el Estado argentino debe entregar el 51% de sus acciones de YPF como parte de la sentencia por la estatización de 2012, al dar por acreditado que la expropiación fue irregular. El fallo, esperado pero no por eso menos grave, fija un plazo de 14 días para concretar la transferencia de ese paquete accionario en favor del fondo Burford Capital, actual titular de los derechos litigiosos adquiridos al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y ordena además el pago de US$16.000 millones.

Si el Estado no cumple en tiempo y forma, Burford quedará habilitado para avanzar con embargos sobre otros activos argentinos, tanto dentro como fuera del país. La decisión activó de inmediato los resortes del poder libertario: ayer, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con todos sus ministros, la primera en casi dos meses. En el centro de la escena, una amenaza cada vez más difícil de neutralizar: perder el control de la mayor empresa del país.

La resolución de Preska fue el desenlace de un largo proceso judicial. En 2024, la jueza había habilitado el discovery, el mecanismo por el cual el fondo Burford Capital pedía acceder a correos, documentos y evidencia para intentar probar que YPF no es una empresa independiente, sino un alter ego del Estado argentino. Esa figura, clave en el reclamo del fondo litigante, busca demostrar que la petrolera no toma decisiones de forma autónoma, sino que actúa como una extensión operativa del gobierno, sea cual sea su signo político.

En otras palabras: si la jueza acepta ese argumento, Burford podría avanzar directamente contra los activos de la compañía, incluso después de que en 2023 la propia Preska la había exonerado formalmente del juicio. El vínculo entre el poder político y el manejo operativo de YPF es una de las bases de ese razonamiento. Muy lejos del relato de “pauta cero”, el crecimiento de la publicidad oficial durante el gobierno de La Libertad Avanza a través de empresas del Estado sostiene una matriz que el gobierno prometía desmontar.

Los números son contundentes. En 2024, YPF gastó $97.110 millones en publicidad, un 39,9% más que en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Solo en el primer semestre de gestión libertaria, la cifra trepó a $33.000 millones. La cifra fue revelada por el investigador del Conicet Agustín Espada, quien analizó los balances oficiales y advirtió que ese dinero se convirtió en la nueva “caja” del gobierno de Milei para financiar medios afines, una vez cortada la pauta directa desde la Jefatura de Gabinete. “Es un monto muy alto que, en buena medida, reemplaza lo que Milei recortó en gasto publicitario del gobierno central”, explicó. Espada también cuestionó la falta total de transparencia: no hay datos públicos sobre qué medios, periodistas o productoras cobraron esos fondos.

En el corazón de ese esquema aparece Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF y exsocio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move. En ese estudio también figura Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud. Garat, que en 2023 participó del operativo fallido para instalar a Wado de Pedro como candidato presidencial del peronismo, hoy maneja desde la petrolera una estructura de asignación publicitaria que combina auspicios, patrocinios y convenios con fundaciones. Todo por fuera del radar del control público.

Es que mientras el Gobierno insiste en que la pauta oficial fue eliminada, la Justicia empieza a desmentirlo. En marzo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la periodista de PERFIL, Giselle Leclercq, y ordenó a Aerolíneas Argentinas entregar los datos sobre sus gastos en publicidad. La empresa estatal había intentado blindar esa información invocando “secretos comerciales”. Pero tras perder en segunda instancia, se comprometió a publicar los datos en su portal de Transparencia Activa. En total, informó que destinó USD 2,58 millones a pauta durante 2024.

La sentencia marcó un precedente. Hasta entonces, Aerolíneas, YPF y otras empresas con participación estatal se habían negado a informar cómo distribuyen sus fondos de publicidad. La presión judicial forzó un cambio. Y aunque la aerolínea no respondió todas las preguntas, reveló montos y beneficiarios principales, incluyendo cifras millonarias asignadas a plataformas digitales y medios.

Alcance del discovery

La avanzada judicial de Burford Capital tuvo un punto de inflexión en agosto del año pasado, cuando el fondo solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York ampliar el alcance del discovery para acceder a correos electrónicos y mensajes personales de 26 funcionarios argentinos, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presiencial Santiago Caputo y Sergio Massa. El pedido incluyó la revisión de comunicaciones transmitidas a través de cuentas no gubernamentales como Gmail, WhatsApp o Slack, en un intento por probar que entidades como YPF, el Banco Nación y el Banco Central no operan de forma autónoma, sino como instrumentos directos del Poder Ejecutivo. “La República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno”, planteaba el escrito presentado por los demandantes.

En ese mismo documento, Burford argumentó que “el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales”, y que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son esenciales para probar el control estatal sobre esas entidades.

Un mes más tarde, el Estado argentino envió una carta a Preska argumentando que es “imposible” e “ilegal” entregar las conversaciones de funcionarios a través de mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de Gmail, en un nuevo intento por limitar un pedido de acceso a información oficial. Los abogados de la Argentina insistieron además a Preska que deje afuera del proceso a los funcionarios. Y también que limite la divulgación de información solo a “comunicaciones gubernamentales externas”, y deje afuera las deliberaciones internas.

El Gobierno ya anunció que apelará el fallo, luego de que Milei culpó públicamente a Axel Kicillof por la expropiación de YPF en 2012. Pero mientras el Presidente publicaba insultos en redes, en la Casa Rosada se activaba el modo crisis. El mismo lunes, altos funcionarios con llegada a Washington y asesores jurídicos se reunieron en privado para delinear los próximos pasos. El vocero Manuel Adorni sostuvo anoche que el fallo es “jurídicamente inaplicable”: aseguró que contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada, y “desconoce la inmunidad soberana”.

La defensa judicial, sin embargo, quedó golpeada. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, tuvo que excusarse del caso por haber integrado previamente el estudio de Alberto Bianchi, uno de los juristas que colaboraron con Burford en la demanda. La salida del funcionario, que fuera nombrado por Santiago Caputo a principio de año, dejó al Estado sin su abogado principal en una causa que podría marcar un hito en el sistema legal internacional.

PL/JJD

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), dio de baja la Dirección de Gestión Administrativa, que gestiona la pauta publicitaria.

“Esta decisión se encuentra en línea con el decreto impulsado por el presidente Milei al asumir y con la resolución que prorroga la suspensión de la pauta publicitaria”, informaron en un comunicado desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello.

“La medida contribuye a una gestión pública más transparente, ágil, eficiente y orientada al bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal, disminuyendo el décit, transparentando el gasto y equilibrando las cuentas públicas”, explicaron.

En diciembre del año pasado, por medio de una resolución, el Poder Ejecutivo prorrogó por un año más la suspensión de las campañas oficiales de publicidad en medios de comunicación que “con carácter oneroso” realice la Administración Pública Nacional y el Banco Nación.

La medida se tomó en línea con las políticas de austeridad fiscal que se trazó la administración de Javier Milei. En los considerados de la resolución 7147/2024, se recordó que el decreto 89/23 suspendía la pauta oficial “con el doble objetivo de adecuar las estructuras y procedimientos de la administración nacional y volver más eficiente criterio de gasto público, dadas las circunstancias del país al momento del dictado del decreto”.

MM

Por medio de una resolución, el Poder Ejecutivo prorrogó por un año más la suspensión de las campañas oficiales de publicidad en medios de comunicación que “con carácter oneroso” realice la Administración Pública Nacional y el Banco Nación.

Con la firma del portavoz Manuel Adorni, el Gobierno prolonga la prohibición de la pauta oficial, una medida que va en línea con las políticas de austeridad fiscal que se trazó la administración de Javier Milei.

En los considerados de la resolución 7147/2024, se recordó que el decreto 89/23 suspendía la pauta oficial “con el doble objetivo de adecuar las estructuras y procedimientos de la administración nacional y volver más eficiente criterio de gasto público, dadas las circunstancias del país al momento del dictado del decreto”.

En ese momento, se habían priorizado “los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes, a efectos de poder asignar los mismos a cuestiones prioritarias”.

El 27 de junio, además, el Congreso sancionó en ambas cámaras la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por medio de la cual se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

En la resolución se aclaró que “las circunstancias actuales obligan a mantener la vigencia de aquellas medidas que garanticen un manejo eficiente del gasto público y un accionar mesurado que no habilite el sobredimensionamiento de la estructura y de las actividades del Estado nacional”.

Con información de agencias.

IG

La prolongada toma de ganancias que se desató en la Bolsa porteña al día siguiente de que Elon Musk recomendara por Twitter invertir en Argentina expuso las limitaciones de la diplomacia selfie de un presidente que acumula más millas por sus viajes al exterior que dentro de su propio país. Pese a su euforia por haberse convertido en vedette de la ultraderecha mundial y de la nueva élite trasnacional de magnates, Javier Milei sabe que el tiempo apremia: para frenar la depresión que desató su política antiinflacionaria hace falta que alguien invierta en serio. 

No alcanza con el sueño de que Tesla haga sus baterías acá. Sobre todo porque no es más que eso: un sueño. La fábrica de autos eléctricos del amigo Elon importa litio catamarqueño que extrae la norteamericana Livent. En 2022, un enviado suyo visitó Antofagasta de la Sierra y le contó al entonces ministro Matías Kulfas sobre su plan de nearshoring post-pandemia, que apuntaba a reemplazar insumos chinos por otros producidos más cerca. Habló de varios componentes que podrían fabricarse en el país pero descartó de plano las baterías. Nadie las produce tan lejos de la terminal por el riesgo de explosión que hay al transportarlas. 

Lo que quiere Tesla es más carbonato de litio. Al menos mientras no lo reemplace el sodio, que los competidores chinos de BYD (que acaban de superarlo en ventas) ya prueban con éxito como combustible alternativo. Es una commodity codiciada pero ya no tanto como un año atrás, cuando valía el triple, o en noviembre de 2022, cuando llegó a su pico y cotizaba casi seis veces lo que hoy. Para avanzar en el procesamiento local de la materia prima haría falta una integración planificada en conjunto con Chile y Brasil. Algo impensable. Se sabe que Milei no negocia con comunistas. 

Los colectivistas brasileños, curiosamente, sí reciben inversiones millonarias de compañías como Stellantis (anunció U$S6.000 millones hasta 2030), General Motors (US$1.400 millones este año), Toyota (US$2.500 millones este año) y Volkswagen (US$3.000 millones hasta 2028). Todo un contraste con la alicaída industria automotriz criolla, que en el primer cuatrimestre del año produjo 23% menos que en el mismo lapso del año pasado y que no tiene perspectivas de incorporar nuevos modelos a su portafolio productivo. En abril, según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales no encontraron consuelo en el mercado interno ni en el externo: las ventas a concesionarios cayeron 25,6% contra marzo y las exportaciones, un 12,2%. 

Taca taca

La apuesta del oficialismo para seducir a ese capital extranjero por ahora reticente es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el capítulo de la ley ómnibus que más resistencia enfrenta en el Senado. Quienes primero lo aprovecharían son los mineros detrás de proyectos avanzados como Taca Taca (Salta), Agua Rica (Catamarca) y Pachón (San Juan). Cerca de ‘Toto’ Caputo también se entusiasman con que empuje la planta de licuefacción de gas de la petrolera malaya Petronas que promocionó en su momento Sergio Massa y que ahora volvió a rankear alto en la wishlist oficial, con el objetivo de algún día exportar GNL de Vaca Muerta al mundo. 

Los privilegios impositivos y cambiarios para las compañías que entren al RIGI son excesivos para economistas de todo pelaje, incluso los que defienden los regímenes especiales para grandes proyectos. La Unión Industrial Argentina (UIA) salió esta semana a cuestionar otro aspecto, nodal: el RIGI habilita a las empresas a importar sin arancel cualquier bien de capital, repuestos y otros insumos nuevos o usados. También les permite revenderlos en Argentina una vez que no los necesiten más. Es decir, en vez de estimular que florezcan proveedores locales para esos grandes proyectos extractivos, puede abrir un gigantesco negocio importador a costa de la castigada industria local. 

La central fabril apuesta a modificarlo en el Senado. Hubo reproches contra Daniel Funes de Rioja por el fracaso del lobby indirecto que desplegó en Diputados. Los demás directivos lamentan haber perdido el tiempo con Maximiliano Pullaro, gobernador de una de las provincias donde las fábricas empiezan a despedir obreros de a cientos, que les prometió involucrarse y después ordenó a sus diputados aprobar el paquete sin más. Confían en que Martín Lousteau sea más consecuente que esos correligionarios. 

A Funes de Rioja también le reclaman que quien redactó el proyecto tras bambalinas fue un abogado del estudio que él fundó, Sergio Arbeleche, que sonó en diciembre como posible secretario de Minería de Milei. “¿No era tuyo, éste?”, le preguntó socarrón otro miembro del Comité Ejecutivo. Los popes fabriles también discutieron una polémica que se viene en torno al blanqueo: el artículo 47 del proyecto habilita a exteriorizar bienes y dinero sin declarar a los hermanos y hermanas de funcionarios, a quienes no excluye como a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, descendientes y ascendientes. 

Quitas y liquidaciones

Son temas cruciales del reseteo económico que propone La Libertad Avanza. Igual que la reforma laboral, eje del paro general con el que la CGT volvió a exhibir su músculo el jueves, pese a haber transado antes la remoción de los artículos que ponían en riesgo la existencia misma de los sindicatos. Es el dilema que cruza a un peronismo todavía catatónico tras la derrota en el balotaje: golpear o negociar. Algunos gobernadores ya optaron por lo segundo, como Raúl Jalil, que se autopercibe lo suficiente diestro como para convencer a las megamineras de que no reediten lo que hacían los dueños de Bajo La Alumbrera en los 90: traer de Australia el papel higiénico que usaban sus mineros y de Canadá parte del catering con que los alimentaba. 

¿Cruza el mismo dilema a las grandes firmas que se relamen con el RIGI y la flexibilización de las leyes laborales pero que no quieren cargar con la parte del ajuste fiscal que pretende endosarles Caputo? Hubo dos episodios esta semana que parecen indicar que sí. Uno fue durante la presentación de resultados de Pampa Energía ante sus inversores. Alguien consultó al CEO, Gustavo Mariani, si estudiaba la vía judicial para rechazar que Economía salde con bonos a 14 años (y quita implícita del 50%) la deuda que acumuló en el primer cuatrimestre CAMMESA por la electricidad que no le pagó. Mariani dijo que confiaba en llegar a un acuerdo pero respondió que sí. Esa vía judicial podría llegar hasta el CIADI del Banco Mundial y convertirse en un fuerte dolor de cabeza a futuro. 

Otra que mostró los dientes fue la estadounidense AES, cuya filial en Argentina controla diez plantas de energía hidroeléctrica, térmica y eólica que representan cerca del 10% de la potencia instalada en generación. Su CEO, Martín Genesio, sorprendió a todos por su crudeza en un foro sectorial el mismo jueves del paro. “Ayer yo recibí llamados del Fondo Monetario, del Departamento de Estados, del Departamento de Energía de los Estados Unidos y de la Embajada. Y la pregunta era sólo una: ¿Qué pasó? ¿Por qué el Gobierno hizo esto? Pongo el ejemplo este concreto para que nos demos cuenta que cuando un contrato no se respeta, el impacto es gigantesco”, advirtió. Es un monto que amerita la amenaza implícita en el mensaje: a todas las generadoras, Caputo les dejó debiendo unos U$S1.200 millones.

Disciplinar a los medios de comunicación es mucho más sencillo. Con la pauta publicitaria provincial restringida al mínimo y un mercado privado famélico, a Karina Milei le alcanza con administrar el pago de las deudas que dejó el gobierno anterior para garantizarle a su hermano la continuidad de un blindaje que volvió a brillar esta semana en la cobertura del paro general. El sesgo antisindical de las crónicas de un par de presentadores televisivos coincidió temporalmente con el saldo de deudas que acumulaba la agencia Télam (todavía en la nebulosa) con las productoras de sus programas.   

Dr. Jekyll y Mr. Galperin

El capital siempre le exige más a la Argentina. Incluso aunque sea capital local, que es la mayor parte del que se blanqueará y se invertirá en los proyectos bajo el paraguas del RIGI, en caso de que la ley Bases prospere. El miércoles, en el Alvear Palace, Milei volverá a rogarles en persona a los más poderosos potentados del país lo mismo que ya les pidió en el Llao Llao y desde el foro Milken de Los Angeles: que inviertan de una vez, no solo en los rentables bonos de la deuda sino en la economía real. Falta ver a qué parte del cuerpo aludirá, siempre creativo para las metáforas. 

El más rico de todos esos magnates (y entusiasta libertario como Musk), Marcos Galperin, quedó del lado de los rebeldes. Sigue sin acatar la orden del Banco Central de abrir sus códigos a la competencia y habilitar la interoperabilidad de los QR que generan sus terminales de MercadoPago. Les dijo a sus interlocutores en los bancos que quiere cobrar el 0,18% de cada transacción que pase por esos dispositivos, lo cual rechazaron de plano. Por eso MODO lo denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia. 

Lo llamativo es que hace un año y medio, MercadoLibre denunció a Apple ante los organismos antimonopolios de México y Brasil por lo mismo que le cuestionan acá a Galperin los dueños de las demás billeteras electrónicas: obligar a los desarrolladores que ofrecen bienes o servicios digitales dentro de apps a usar el propio sistema de pago de Apple e impedirles redirigir a los compradores a sus páginas web. También reprochó que el pulpo californiano hubiera impuesto varias restricciones a la distribución de productos digitales y compras dentro de las aplicaciones, incluida la prohibición de que las aplicaciones distribuyan productos y servicios digitales de terceros, como películas, música, videojuegos, libros y contenidos escritos. “Esto perjudica claramente a sus competidores, a menos que ellos mismos sean gigantes digitales integrados, que pueden incluso beneficiarse de esta inclinación artificial hacia los ecosistemas integrados”, dijo en esa ocasión el vicepresidente de MeLi para asuntos legales y públicos, Jacobo Cohen Imach.

Decir “gigantes digitales integrados” en Argentina es hablar exclusivamente de MeLi, que concentra el 80% del e-commerce y más del 70% del mercado de pagos digitales, agregación, adquirencia, crédito, delivery, envíos y streaming. En pocas semanas también va a empezar a vender dólar MEP. Todo un prócer monopolista como los que reivindica Murray Rothbard. Lástima que siga invirtiendo más en Brasil y en México que en la cuna de las fuerzas del cielo.  

AB/DTC

El gobierno de Alberto Fernández gastó $40.244 millones en publicidad oficial en los diez meses finales de gestión. El último informe publicado incluye lo contratado entre enero y octubre de 2023 y marca una reducción del gasto en relación a lo realizado en 2022, ya que en los últimos ocho meses del año pasado (mayo-diciembre), el gasto en pesos constantes (actualizados por inflación) fue de $48.301 millones. De todas formas, comparar el gasto resulta una verdadera dificultad para la administración saliente porque la información presentada es incompleta, no da cuenta de períodos equivalentes ni discrimina la inversión mensual. Este es uno de los rasgos destacables del modo en que administró la publicidad oficial Alberto Fernández: empeoró la transparencia de la información en relación a lo realizado por Mauricio Macri.

Si se comparan las gestiones en términos de gastos totales durante los cuatro años de ejecución de presupuestos publicitarios, se encuentra que la gestión Fernández redujo un 20% el gasto en relación a la de Mauricio Macri medida en dólares corrientes. Pasó de US$ 486 millones entre 2016 y 2019 a US$ 402 millones entre 2020 y 2023. Si se contemplase la inflación en dólares, la diferencia sería mayor. Otro rasgo que diferencia las gestiones es la cantidad (y diversidad) de medios alcanzados por la distribución de la publicidad: de 1400 en el último año de gestión de Macri a 3800 en 2023.

En el decálogo de ajuste anunciado el martes pasado por el ministro Luis Caputo el aviso de la suspensión de la pauta de publicidad oficial ocupó un lugar central. Más allá de los argumentos a favor y en contra, los pesos destinados a este rubro en 2023 podrían ser los últimos durante un tiempo. Su análisis habilita a identificar el impacto que podría tener su suspensión.

Los números que dicen cosas

El ranking de grupos y empresas que recibieron dinero de publicidad nacional en 2023 es encabezado por el Grupo Clarín, que con más de $4.100 millones de pesos casi duplica al segundo (Indalo) y al tercero (Octubre) y lo logra con el cuarto de la lista (América). Sólo si se suma lo que facturaron Indalo y Octubre se supera -por poco- al líder, Clarín. Entre los primeros 10 grupos siguen Crónica, La Nación, Paramount (el de capitales extranjeros que más dinero recibió), Perfil, Google y El Destape (la empresa más pequeña dentro del top ten). Casi todas ellas percibieron en el año más de $1.000 millones. Es decir, los grupos y empresas de medios más beneficiados por este reparto son los más grandes y los más importantes. A un lado y otro de las definiciones de oficialismo y oposición.

En términos individuales, 2023 presenta una novedad: por primera vez el destinatario que más publicidad recibió no es un medio tradicional. YouTube con $1.079 millones es individualmente el más pautado. El podio lo completan Telefe de Buenos Aires ($907 millones) e Infobae ($876 millones).

Al evaluar los rankings de los medios más pautados en gráfica, radio, web y televisión se encuentra que el criterio de rating/circulación -uno de los establecidos en la resolución todavía vigente- pareció guiar las decisiones. Los grupos y medios de línea editorial afín al gobierno (los del Grupo Octubre y los de Indalo, entre otros) recibieron mucho dinero también.

Esto se combina con la centralización de un porcentaje muy significativo en medios de CABA, que por característica del mercado tienen un alcance “nacional”: se quedan con el 67% del presupuesto (sin contar vía pública). Los medios de la Provincia de Buenos Aires capturaron el 9,28%. Tanto los de Santa Fe (3,79%), Córdoba (3,47%) y Mendoza (2,55%) se quedan con porciones marginales. Los actores sin fines de lucro (medios cooperativos o comunitarios) fueron incluidos en la distribución con montos superiores a los de 2022 pero aún lejos de los gastos en medios privados con relativa cantidad de audiencia.

En relación a los soportes que más se usaron como destino de los fondos, el año 2023 constató para los dineros del Ejecutivo el crecimiento de Internet, algo que todo el mercado publicitario consolida. Si bien la Televisión permanece en primer lugar (araña el 26% del total de lo pautado), la suma de los portales web (24,06%) más lo destinado a redes (5,94%) da como resultado que el 30% del total tuvo a Internet como el soporte dominante. La radio en general mantiene un significativo 21,80% que la ubica en el segundo lugar por tipo de medio. Mientras que la prensa gráfica consolida su caída: apenas se queda con el 10% del total de la pauta y es superada por “vía pública”.

El gobierno de Fernández continuó la línea de Macri y profundizó el recorte en los gastos en publicidad oficial. Incluyó mayor cantidad de medios y una gran cantidad sin fines de lucro. Pero concentró la inversión en los grupos más grandes y en medios con mayor audiencia, con gran crecimiento para plataformas digitales. Además, la divulgación de la información fue opaca y el dinero se centralizó en medios de CABA. Premió a medios de grupos cercanos como Indalo, Octubre y El Destape. En su gran mayoría, los mensajes publicitados tuvieron un fin propagandístico de la gestión. Situación sólo exceptuada durante la pandemia de COVID-19 cuanto las campañas resultaron de gran utilidad pública.

Como plantea el investigador Martín Becerra, “no existe un ”derecho“ de los medios de comunicación a recibir publicidad oficial. Sí hay un derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que el gobierno hace. Y sí hay jurisprudencia que condena al Estado por ser discrecional en el uso de la pauta”. Resta ver el comportamiento del mercado en la gestión que se inicia y tras el anuncio de suspender la pauta por un año.

AE/SM/CRM

Una de las principales definiciones de Javier Milei en materia de políticas de comunicación, sino la única, durante su campaña presidencial fue el corte de la publicidad oficial. A pocas horas de su asunción, el ministro Luis Caputo lo confirmó: se suspenderá la pauta pública durante un año tanto para la gestión de Presidencia de la Nación como para los ministerios (resta saber si también para los organismos descentralizados como PAMI, Anses o Banco Nación y las empresas públicas como YPF, gran avisador). Así dicho, pareciera que la materia sólo involucra al gobierno y a las empresas de medios de comunicación, pero no. 

Por supuesto que la decisión tiene un impacto directo sobre la economía y el financiamiento del sistema de medios de comunicación. En 2023, la inversión del gobierno de Alberto Fernández fue de $40.244.937.740,37. Es decir, unos US$103 millones. Esto explica algo así como el 8% de todo el mercado publicitario argentino según los datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. El gobierno nacional es uno de los principales anunciantes del mercado de medios.

Esta quita o suspensión afecta a todo el sistema de medios: a los grupos más fuertes (Clarín, Indalo, La Nación, Octubre, Cadena 3) y particularmente a los medianos y chicos. La lógica que subyace esta quita es que el mercado publicitario privado premiará y financiará a las empresas que generen contenidos atractivos para las audiencias y de calidad. En la jungla del mercado, el más apto sobrevive. Y no es así. Las marcas no sólo apoyan a quienes tienen más audiencia sino a quienes elaboran y transmiten los mensajes que les son convenientes y amigables. El mercado tiene línea editorial.

En la jungla del mercado, el más apto sobrevive. Y no es así. Las marcas no sólo apoyan a quienes tienen más audiencia sino a quienes elaboran y transmiten los mensajes que les son convenientes y amigables. El mercado tiene línea editorial

Por otro lado, esta lógica supone que la única función que cumple la publicidad oficial es la de aceitar los vínculos entre el Gobierno y los medios a través de una transacción económica que premia y castiga a amigos y enemigos respectivamente. Lo cierto es que los medios y el Gobierno no son los únicos metidos en este baile. Hay un gran elefante en la sala: los ciudadanos.

El principal sujeto de derecho en una política de publicidad oficial es el ciudadano. Los gobiernos deben dar a conocer sus actos y también las áreas, políticas y mecanismos que el Gobierno genera para satisfacer demandas y derechos de esos ciudadanos. Es decir, la publicidad oficial es uno de los mecanismos de los que dispone (y debe utilizar) el Gobierno para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión (en su costado social) de los integrantes de una sociedad democrática. 

La publicidad oficial es uno de los mecanismos de los que dispone (y debe utilizar) el Gobierno para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión (en su costado social) de los integrantes de una sociedad democrática

El Gobierno también desconoce que el Estado (acá no solo el Gobierno) debe diseñar e implementar activamente políticas que promuevan la diversidad de voces, la pluralidad informativa y la profesionalización de las producciones. En nuestro país, no existen mecanismos generales que fomenten la actividad de los medios. Por tanto, la publicidad oficial se constituye en una ventanilla central a través de la cual los distintos niveles del Estado y de los gobiernos actúan sobre la sostenibilidad del sistema y afectan la diversidad y la pluralidad de voces como consecuencia secundaria. 

La decisión de Javier Milei de recortar a cero la publicidad afectará la sostenibilidad de medios y la diversidad del sistema. Además, implicará menos ingresos para todas (todas) las empresas y por ende un corte por lo más delgado: los trabajadores. Esto tendrá consecuencias directas sobre la calidad del empleo en medios y también sobre la calidad de los contenidos (contrario al objetivo que respondería a la lógica imperante). Así, asistiremos a una sociedad con menor diversidad de voces, trabajadores más precarizados, menor calidad de noticias y entretenimiento, reducción de la transparencia de la gestión gubernamental y, por ende, menor calidad del debate público.

AE/JJD

El dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial Juan Grabois celebró hoy la suspensión de la pauta publicitaria oficial a los medios de comunicación por un año que fue anunciada esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y lamentó que esa medida no se haya implementado durante gestiones anteriores para esos fondos destinarlos a medios comunitarios.

“Ojala hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con REPRO los puestos de trabajo en PyME ¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo”, escribió Grabois en su cuenta de X.

En su mensaje, también recordó que en agosto de este año se había manifestado en favor de eliminar la pauta junto con las exenciones impositivas de los medios hegemónicos, al compartir declaraciones que realizó a Barricada TV.

Anoche, en declaraciones al canal C5N, Grabois también destacó que le dio “envidia” la forma en que Javier Milei decidió dar su primer discurso como presidente en las escalinatas del Congreso nacional, tras jurar ante la Asamblea Legislativa frente a la cual no pronunció ningún mensaje.

“Me cagué de envidia, hermano. Eso lo quería hacer yo a eso. Llega un tipo, da su discurso inaugural de cara al pueblo. Mira al Congreso, se toma el palo, quiere decir 'a esta casta, que por lo menos hace ocho años llevó a este fracaso, yo le doy la espalda. Yo le hablo al pueblo'”, sostuvo anoche en una entrevista a C5N.

CRM con información de la agencia Télam

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó este martes la segunda conferencia de prensa de la era Milei y confirmó que el ministro Luis Caputo dará a conocer después de las 17 un paquete de medidas económicas con el objetivo de “hacer lo imposible en el corto plazo para evitar la catástrofe, ya que estamos en la crisis más profunda de la Argentina y nos encaminamos a una hiperinflación, que por definición es el rechazo absoluto por la moneda y la espirilización en el incremento de los precios. La decisión es evitar la hiperinflación. Por eso la urgencia en las medidas”, explicó, sin dar mayores detalles.

De acuerdo al portavoz, “la situación es crítica, con problemas de empleo, de salario, de comercio exterior, con una inflación anualizada del 200%, además de los inconvenientes en el sistema educativo y en el de salud”.

Con respecto a los primeros pasos dados por el Gobierno de Milei en cuanto a la reestructuración del Estado, Adorni reiteró uno de los “leimotivs” de la campaña libertaria: “No hay plata, por eso la reducción de cargos y estructura política, y pasamos de 18 a 9 ministerios, de 106 secretarías a 54, y de 182 subsecretarías a 140. Por lo tanto, la reducción de diferentes niveles de funcionarios fue de 34% en promedio. Falta la reducción en otras áreas, que será en una magnitud similar. El Estado tamaño elefante no puede existir más. Porque de otro lado hay gente que paga los impuestos y no puede poner un plato de comida en la mesa”, sostuvo el funcionario frente a los periodistas acreditados en Casa Rosada, donde ya estaba el Presidente para encabezar la segunda reunión de Gabinete de su gestión.

En el mismo sentido, Adorni contó que el Gobierno “inició la revisión de los contratos y de cada nombramiento del Estado del último año. Todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros solicitan, serán sancionados”, advirtió, además de confirmar un punto sensible para los medios de comunicación: “Queda suspendida la pauta oficial por el término de un año”, en referencia a la publicidad que hace el Estado de sus actos de Gobierno a través de diarios, portales, redes sociales, televisión, streaming o radio.

Para Adorni, “siempre el objetivo es hacer lo imposible en el corto plazo para evitar la catástrofe, ya que estamos en la crisis más profunda de la Argentina y nos encaminamos a una hiperinflación, que es el desprecio de la moneda y la suba de precios. Por eso la urgencia en las medidas”.

“El día de hoy estará marcado por el anuncio que hará el ministro Luis Caputo, con un paquete de medidas para atacar la urgencia económica y evitar una catástrofe mayor. Somos conscientes de que la situación puede ser muchísimo peor y haremos lo imposible por evitarlo”, remarcó, y reveló que el mensaje del ministro “va a ser grabado”.

Asimismo, el vocero sostuvo que todo “lo que efectivamente se anuncie va a estar en línea con lo prometido en campaña y con lo que estamos convencidos, que es evitar que Argentina termine en una catástrofe, y eso se hace desactivando cada una de las bombas que este Gobierno recibió en materia fiscal y monetaria”.

Además, Adorni aclaró a qué se refirió cunado horas atrás habló de “empleo militante”: “Es lo que entendemos todos los argentinos, que es el empleo que no queremos ver en el Estado, que nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña. No vamos a ceder, vamos a revalorizar el empleo público y el que no trabaja dejará de pertenecer a la planta estatal, como pasa en el sector privado, al que no trabaja se lo despide”.

De acuerdo al diagnóstico del Gobierno, Argentina “tiene 45% de pobres, hay 4.500.000 que no come, que son indigentes. El empleo político no puede existir más porque somos una Argentina empobrecida y por respeto a la gente que no come”, remarcó, aunque aclaró, tal como hizo este lunes, que el ajuste fiscal “va a tener como contrapartida la expansión en la contención social”.

Al ser consultado sobre la posible escalada de “conflictividad en las calles, marchas o piquetes” como consecuencia de medidas de ajuste, el funcionario reiteró en varias oportunidades que “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada. No va a haber excepciones. La ley se tiene que respetar. Es increíble aclarar esto”.

Por último, con respecto a la dinámica que tenía Javier Milei cuando era diputado nacional y sorteaba por redes sociales su salario, Adorni dio a entender que el Presidente cobrará su sueldo, porque tiene que vivir“.

IG

En los últimos ocho meses, entre septiembre del 2021 y abril del 2022, el gasto en pauta publicitaria oficial fue de $8.679 millones de pesos, según los números publicados por la Secretaria de Medios y Comunicación Pública estos últimos días. La publicidad oficial se redujo algunos puntos porcentuales con respecto al periodo anterior en términos reales, lo cual desentona con la tendencia al aumento en el gasto en pauta que venía caracterizando a la gestión de Alberto Fernández. Pese a esta reducción, se produjeron aumentos significativos en la pauta distribuida para la web, para las redes, y para el cine, que pasó de recibir $5 millones de pesos a obtener $30 millones de la torta publicitaria. 

Entre el 1º de diciembre del 2020 y el 31 de agosto del 2021, último periodo registrado, el gasto en publicidad oficial había sido de $7.563 millones. Para un periodo temporal muy similar (ocho y nueve meses, respectivamente), el gasto en pauta oficial aumentó un 14% en términos nominales. Sin embargo, en valores reales, la inflación acumulada entre septiembre del 2021 y abril del 2022 fue de casi el 35%, por lo cual la caída sería de aproximadamente el 15% en la pauta oficial de este último periodo con respecto al anterior (aunque faltaría contar el mes de mayo último). 

La reducción en términos reales resulta llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que en el periodo señalado tuvieron lugar los últimos dos meses de la campaña electoral previa a las elecciones generales de 2021 y todos los meses de difusión del Censo 2022, dos acontecimientos que requirieron mucha movilización de publicidad. Según los datos otorgados a eldiarioAR por el INDEC, para fines de abril solo el gasto en pauta publicitaria oficial del Censo nacional había costado $1.500 millones aproximadamente. Del gasto destinado a los dos últimos dos meses de campaña electoral no hay datos disponibles, pero se estima que significaron otro tanto más. Con esas dos cifras incluidas dentro de los $8.679 millones, eso dejaría un monto reducido para la pauta publicitaria oficial “de rutina”. 

Esta caída en términos reales desentona y contrasta con el aumento considerable y sostenido en la publicidad oficial que hubo durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández -pese a sus declaraciones en su discurso inaugural, donde aseguró que reduciría la pauta estatal-, cuando aumentó en los primeros meses de 2021 un 60% en términos nominales con respecto a todo el 2020.  

A pesar de los reclamos para “federalizar” la pauta, la centralización de la torta publicitaria en los medios que operan desde la Ciudad de Buenos Aires sigue caracterizando la distribución de la publicidad oficial: por solo nombrar un ejemplo, los trece canales de TV por cable que más recursos reciben tienen central en la Ciudad de Buenos Aires (el canal de TV por cable que más pauta oficial recibe es C5N, con $78.650 millones otorgados a lo largo de estos ocho meses). Recién el catorceavo, Canal 9 Televida, pertenece a la ciudad de Mendoza y el quinceavo, Canal 3, a la ciudad de Rosario. Este patrón se repite en la gráfica: los ocho medios que más dinero para pauta obtienen tienen su base en CABA. Recién el noveno, la Voz del Interior, es originario de Córdoba.  

A pesar de la caída en términos reales en la pauta publicitaria, el gasto en pauta oficial aumentó comparativamente en algunos canales con respecto al periodo anterior. Entre diciembre del 2020 y agosto del 2021, $1.740 millones de distribuyeron a plataformas digitales para pauta oficial; entre septiembre y abril de este año, hubo una inversión de $1.868 millones para “web”, más los $628 millones para “redes”, concentrando ambos un 29% de la torta publicitaria. Para este último periodo, la pauta oficial destinada a la Radio FM fue de $1.112, mientras que los meses anteriores había sido de $774 millones. 

Cine

El mayor aumento lo obtuvo el cine, aunque no sin ciertas particularidades en las partidas: para los primeros meses del 2021, $5,2 millones fueron otorgados para pauta oficial a la empresa Film Suez. Entre septiembre y abril de este año, Film Suez recibió $10 millones, casi el doble en términos nominales, y dos empresas nuevas recibieron fondos: Aries Producciones S.R.L y Tistal Group S.A, con exactamente $10.481.000 cada una. Sin embargo, aunque esté etiquetada bajo la categoría “cine”, desde el sitio web de Aries Producciones se destacan por sus emisoras radiales locales en diferentes ciudades patagónicas (no hay ninguna referencia a actividades relacionadas con el cine). Tistal Group, por su parte, se dedica a la planificación de campañas publicitarias en medios también de la Patagonia y su relación con el cine es ser la encargada de la comercialización del Cinemark de la ciudad de Neuquén. Estas dos empresas poseen un mismo presidente, Julián Liyo, y ambas realizan operaciones en el sur de la Argentina. 

La pauta destinada a la TV abierta disminuyó considerablemente aún en términos nominales (pasando de ser de $1.035 millones en los primeros meses del 2021 a ser de $618 millones en el último periodo analizado) y la pauta para el resto de los medios de comunicación se mantuvo más o menos igual en términos nominales. 

Esto ocurre en el contexto de sucesivos cambios en el mando de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, organismo que administra la pauta publicitaria oficial. Francisco Meritello estuvo en control del área desde fines del 2019 hasta septiembre del 2021 cuando renunció a su cargo, tras el recambio ministerial luego de las PASO. Tras la renuncia, tomó el mando de la Secretaría Valeria Zapesochny, muy cercana a Juan Manzur. A fines de abril de este año, el Jefe de Gabinete le solicitó a Alberto Fernández que Zapesochny lo acompañe en la jefatura, por lo cual abandonó su cargo. Tras su salida, la dirección de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública la tomó Juan Ross, quien antes había reemplazado a Juan Pablo Biondi en la Secretaría de Comunicación de Presidencia. 

La decisión de tomar el periodo que va de septiembre del 2021 a abril del 2022 responde justamente a esta lógica: este periodo abarca únicamente y en su totalidad la gestión de Zapesochny. “La Resolución establece que debemos publicar los números dos veces por año, no establece periodos formales. Así que decidimos darle este ordenamiento”, aseguró Juan Ross en diálogo con eldiarioAR semanas atrás, ante la consulta por la disponibilidad de las cifras oficiales del gasto en pauta. 

CC

El gobierno nacional volvió a informar sus gastos sobre Publicidad Oficial. A horas de consumarse la renuncia de Francisco Meritello como Secretario de Medios y Comunicación Pública, su ex oficina publicó un listado con lo gastado en el período que va desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021. La divulgación incluye varios pasos atrás en la transparencia para la difusión de un recurso público tan sensibles para la libertad de expresión.

La lista, divulgada en un documento en PDF de 64 páginas con tablas, incluye los nombres de los medios que percibieron publicidad. Pero no es posible identificar cuánto corresponde a cada mes. Esto es clave en un año con elecciones y en tanto se informan montos correspondientes a dos presupuestos distintos. Tampoco se identifican las empresas que facturaron, no se distinguen las campañas pautadas ni los organismos que pautan. 

La nueva responsable del área es Valeria Zapeschonny, designada por Juan Manzur, nuevo hombre fuerte del gobierno. Tendrá a su cargo, entre otras, la gestión del recurso clave en la relación con los medios. Y el desafío de trabajar para recuperar la transparencia perdida. 

Como anticipó elDiarioAR, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública informa una inversión total para los nueve meses de $ 7.563.377.783. Esto implica un aumento del 60% en relación al período anterior. Aunque es necesario insistir en el dato de que uno de los meses informados es diciembre 2020, que corresponde a otro presupuesto. También establece un aumento real en el gasto en relación a los últimos dos años de gestión de Mauricio Macri. 

El presupuesto invertido en el último mes de 2020 y ocho meses de 2021 se desglosa en $ 2.889.223.140 por organismos “centralizados” y $ 4.034.274.663 por “descentralizados”. A los que debe sumarse unos $ 639.879.980 que fueron operados por canje de deuda, lo que implica un 8,46% del total. 

Tal como ocurrió en 2020, el grupo de medios más grande del país y con mayor cantidad de audiencia lidera el listado. El Grupo Clarín recibió el 12,5% de todo el dinero invertido. El podio lo completan el Grupo América y el Grupo Indalo, con el 7,5% para cada uno. Es relevante destacar que el Grupo de Vila-Manzano-Belocopitt pegó un salto en el ranking de preferencias. Y concentra más de un tercio de todo el dinero pautado a través de canjes por deudas con el Estado.

Por su parte, el Grupo Octubre -anterior lugar de trabajo del ahora exSecretario de Medios- bajó un lugar en el ranking. Pero su crecimiento en el mapa de medios (con compras y lanzamientos) le aseguraron mantener un lugar encumbrado. El poker se completa con el Grupo Olmos. Y entre los 10 primeros receptores el primer extranjero es Viacom (Telefé), que está sexto. El digital mejor posicionado es Facebook (también extranjero) que ocupa el puesto ocho. Y el más encumbrado de los de provincias es El Litoral, décimo en la lista general. 

La TV (sumada la abierta y de pago) mantiene el dominio del sistema con los más de $2.700 millones recibidos. En lo que resulta una novedad histórica, el segundo subsector fue el Digital con más de $1.700 millones. El podio lo completa la radio con algo más de $1.200 millones. La pauta en vía pública se ubica cuarta con poco más de $1.000 millones. Más abajo quedó la prensa gráfica con más de $850 millones. 

En el período informado, “vía pública” e “internet” fueron los que más crecieron. A su vez, la inversión en papel se redujo un 40% en términos reales entre 2020 y 2021. Es legítimo preguntarse sobre la necesidad comunicacional de pautar un dinero tan significativo en un soporte que mermó en gran manera su circulación durante la pandemia. Esta política publicitaria se sostiene más como una ayuda al sostenimiento de la fuerza laboral que como una decisión estratégica de comunicación. 

Los medios del AMBA recibieron el 63% del total de la inversión. Esto refleja una mejora en el federalismo en relación al 2020, cuando habían alcanzado el 74%. Pero resta mucho camino por aumentar las inversiones en otros puntos del país y equilibrar esa balanza.

Por otra parte, como rasgo general se identifica que para aquellos soportes que cuentan con el indicador de rating o algún tipo de medición de audiencia, es posible identificar cierta relación entre los medios más vistos/oídos/leídos y los que más dinero por pauta recibieron en el período. 

Sin embargo, al enfocar en quienes encabezaron los listados en el particular período informado, en cada tipo de soporte se encuentran algunas irregularidades o discrecionalidades en relación al criterio de asignar más pauta a los de más audiencia. 

En gráfica, por ejemplo, algunos medios porteños con tirada menor como Página 12, Ámbito Financiero o El Cronista, recibieron más dinero que diarios de provincias con mayor tirada como La Voz del Interior (Córdoba) o Los Andes (Mendoza). Es cierto que esto no implica necesariamente más anuncios, por la diferencia sustancial en el valor del espacio publicitario. Pero la centralidad de los medios de Buenos Aires en el reparto se repite sistemáticamente en todos los soportes. 

En el mercado de la radiodifusión (TV y radio) se encuentran algunos favoritismos para medios del Grupo Indalo y el Grupo Octubre: reciben más dinero pese a tener menos audiencia que otros competidores. En televisión, por ejemplo, América recibió más publicidad que Canal 13 y Canal 9 cuando es ampliamente superado por ambos en audiencia. Y la señal de noticias de La Nación –con la línea editorial más opositora de todo el mercado mediático y un crecimiento relevante en rating durante 2021- fue claramente desplazada de los mayores beneficiados.

Por último, en internet se destaca que las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram se llevaron los mayores beneficios. Es posible sumar a la publicidad display comercializada por Google. En materia de medios, el portal ElDestape.com se coloca bien arriba: es el octavo sitio entre los que más pauta reciben y el tercero entre los medios (superado por Clarín.com y LaNación.com) por encima de competidores con más audiencia (Página12.com o ElCronista.com). 

Otro dato relevante es que algunos medios dominantes (como Clarín y La Nación) comienzan a percibir montos similares para el papel y el online. Es probable que pronto el digital desplace al mercado tradicional. 

Otro rasgo que se mantiene es el de la segregación a los medios gestionados sin fines de lucro. En todo el período, se incluyeron unos 45 medios cooperativos y/o comunitarios de todo el país. En total, se repartieron cerca de $52 millones, una cifra muy menor sobre el total. Sin embargo, se destacan dos excepciones: FM La Patriada está 12° en la lista de radios con algo más de $16 millones (por encima de FM Metro y Urbana Play, entre otras) y Tiempo Argentino está en el 15° puesto en gráfica con $12,9 millones.

De esta manera, la gestión de la Publicidad Oficial durante el segundo año de gestión de Alberto Fernández se caracteriza porque: el gasto aumenta; los más grandes se llevan la parte más grande; sobrevive la centralización en Buenos Aires de la distribución; crece la inversión en internet; empeoró la calidad de la información publicada y, en general, las líneas editoriales amigas son premiadas con ingresos que no se corresponden con sus niveles de audiencia.

AE/SM