Un fallo de la Justicia laboral le asestó un revés al Gobierno nacional en el conflicto del Hospital Garrahan y reconfiguró el escenario abierto tras la ofensiva oficial contra delegados y activistas sindicales. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32 hizo lugar al amparo presentado por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ordenó suspender los sumarios administrativos impulsados por la conducción del hospital contra 40 trabajadores.

La decisión frena, al menos de manera cautelar, el pedido de desafuero anunciado a comienzos de febrero por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había informado que se avanzaría con el despido de diez gremialistas por su participación en la toma de la dirección del hospital en octubre de 2025, en el marco de un reclamo salarial. En aquella oportunidad, también se anticiparon sanciones para otras 29 personas.

El establecimiento depende del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, y es dirigido por Mariano Pirozzo, señalado por los gremios como un interventor designado por la cartera sanitaria. La medida judicial representa, en ese contexto, un freno a la estrategia disciplinadora que denunciaban los trabajadores.

Desde APyT celebraron el fallo como “una bocanada de impulso para seguir adelante” y subrayaron que la resolución es extensiva a los 40 sumariados, incluidos aquellos que no cuentan con fueros sindicales. “Es para todos”, remarcaron. Según la interpretación gremial, la Justicia reconoció la existencia de “persecución y hostigamiento” contra delegados y activistas en el marco de una medida sindical, y entendió que podría estar afectándose la libertad sindical.

El conflicto se había desatado luego de que la dirección del hospital descontara los días de paro a quienes participaron de la llamada “gran huelga del Garrahan”. Esa decisión derivó en la toma de oficinas el 31 de octubre pasado y fue utilizada como fundamento para iniciar los sumarios administrativos.

Desde el hospital, en declaraciones anónimas al diario La Nación, defendieron la medida al sostener que el descuento respondió a una “necesidad estratégica” para garantizar el funcionamiento de los servicios y a un supuesto reclamo de parte del personal que no adhería a las protestas. También señalaron que hubo episodios de tensión en los pasillos y cuestionaron las modalidades de la protesta.

La versión fue rechazada de plano por los gremios. Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, habló de “persecución del gobierno” y calificó el expediente como un “sumario trucho”, al considerar que estaba “lleno de irregularidades”. Si bien anticipó que podría haber apelaciones para intentar sostener el proceso disciplinario, sostuvo que el fallo es “favorable” y marca un límite a la avanzada oficial.

En paralelo, los trabajadores mantienen la convocatoria a un “abrazo al hospital” para este jueves 26 a las 13. La medida ya había sido anunciada antes de conocerse la resolución judicial, pero ahora cobra un nuevo sentido político. “Debemos redoblar la lucha por el fin de la persecución y criminalización”, plantearon desde APyT y ATE, que invitan a familias y organizaciones sociales a participar.

El conflicto en el Garrahan no se limita a los sumarios. Los gremios denuncian que, pese al aumento salarial del 61% conquistado el año pasado, muchos profesionales que dejaron sus cargos no fueron reemplazados, lo que incrementó la carga laboral. También advierten que no se registraron mejoras presupuestarias acordes y que persisten recortes en medicamentos para pacientes ambulatorios.

El fallo judicial abre ahora una nueva etapa. Mientras el Gobierno evalúa los pasos a seguir, los trabajadores buscan convertir la cautelar en una confirmación definitiva que cierre el capítulo disciplinario.

CRM

La Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan denunció que el Gobierno nacional filtró el contenido de un sumario administrativo reservado para justificar públicamente sanciones contra trabajadores del centro pediátrico. La acusación fue realizada por Alejandro Lipcovich, secretario general del cuerpo de delegados, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informara en redes sociales la existencia de medidas disciplinarias antes de que las personas afectadas fueran notificadas formalmente.

“El jefe de Gabinete anuncia algo que, en teoría, no era público. Ayer lo que nos llega a nuestro correo electrónico es un informe reservado, tiene esa leyenda, que es el pedido que la sumariante hace de sanciones”, explicó Lipcovich en entrevista con AM 530. El dirigente señaló que el expediente plantea la suspensión de casi treinta trabajadores y el despido de once, entre ellos delegados de ATE y representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT).

“Lo que hay es una persecución política, una búsqueda de aleccionar, disciplinar y evitar que se repita una lucha como la del año pasado, a días de que se intenta aprobar una reforma laboral esclavista”, denunció el delegado.

Desde ATE sostienen que la medida apunta a sectores combativos que encabezaron la pelea gremial en 2025 por recomposición salarial, condiciones laborales y dotación de personal. Aunque esa lucha derivó en una mejora extraordinaria del salario de bolsillo, las y los trabajadores advierten que el vaciamiento no se detuvo: siguen los contratos precarios, la falta de ingresos y el recorte de servicios clave como el jardín materno del hospital.

“El hospital no ha cesado. Hemos conquistado un aumento extraordinario, con una lucha muy fuerte durante muchos meses, pero el vaciamiento continúa”, remarcó Lipcovich. También denunció que se intenta reemplazar contratos eventuales por monotributos, profundizando la precarización.

La ofensiva coincide con un proceso más amplio de reestructuración del sistema público de salud. Según los gremios, hay una política deliberada de congelamiento de vacantes, recorte de suplencias y desmantelamiento progresivo de equipos de trabajo en sectores sensibles. A esto se suma la falta de inversión en infraestructura y equipamiento, que impacta en la calidad de atención.

Entre las personas señaladas en el sumario se encuentra Norma Lesana, secretaria general de APyT, quien en 2023 mantuvo un cruce televisivo con el periodista Eduardo Feinmann. Lipcovich afirmó que también están involucrados otros voceros y delegados que participaron activamente del conflicto anterior. “Hay un mensaje político y público claro, no queda duda”, sostuvo.

La denuncia incluye además el uso de canales institucionales del hospital para difundir mensajes alineados con el discurso libertario. “Las redes del hospital se han convertido en una cloaca al servicio de estas operaciones, en una sucursal de los canales de streaming de los libertarios”, apuntó.

El sumario no fue concluido formalmente y aún no se abrió la instancia de descargo. Sin embargo, desde la Junta Interna consideran que la divulgación pública anticipada por parte del Poder Ejecutivo indica que las sanciones ya están definidas de antemano. “Un sumario administrativo es algo que ya tiene una condena antes de que se haga”, denunció Lipcovich.

El conflicto ocurre en paralelo al debate legislativo sobre la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso en diciembre de 2025. El proyecto incluye modificaciones en la jornada de trabajo, el período de prueba, el régimen indemnizatorio y el derecho a huelga. Aunque fue frenado en general en Diputados, el oficialismo anunció que insistirá con su aprobación por capítulos durante febrero.

Desde la Junta Interna de ATE se convocaron asambleas para definir los próximos pasos. No se descarta la presentación de medidas judiciales y la articulación con otros sectores gremiales. “Nos estamos empezando a organizar”, anticipó Lipcovich.

“Están jugando con fuego, porque acá no se trata de un conflicto minoritario o protagonizado solo por un puñado de personas. Acá se movieron fibras en toda la sociedad, se movilizó todo el país en defensa del Garrahan”, advirtió el delegado.

JJD

La escena se repite desde el inicio de la gestión de Javier Milei como Presidente, con la situación del Hospital Garrahan como símbolo, pero las protestas y medidas de fuerza se sostienen en distintos centros de salud cada vez con mayor intensidad, con trabajadores sanitarios reunidos en asambleas improvisadas, carteles que reclaman reincorporaciones y pasillos hospitalarios que funcionan con menos personal del necesario. La última tanda de despidos en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud profundizó un conflicto que ya lleva años, pero que en los últimos meses adquirió un carácter estructural.

Según datos relevados por organizaciones sindicales, más de 200 trabajadores fueron cesanteados en la órbita del Ministerio de Salud, mientras que al menos 84 empleados del Hospital Posadas —entre enfermeras, médicos, técnicos, personal de laboratorio y vigilancia— fueron desvinculados en los últimos días. Estos hechos no son aislados; entre junio y octubre de 2024 se registraron casi 120 despidos de profesionales de diversas áreas.

Los gremios advierten que se trata de una política sostenida de reducción del Estado nacional en materia sanitaria. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la seccional Posadas de CICOP coinciden en que el objetivo es “naturalizar la precarización y el miedo como forma de disciplinamiento laboral”.

Los afiliados a Fesprosa realizaron una asamblea esta semana con los trabajadores del hospital Posadas, en rechazo “a los 84 despidos arbitrarios e injustificados”.

Jorge Yabkowski, Secretario de Organización de Fesprosa, habló de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública que vienen llevando a cabo Milei y su ministro Mario Lugones”, que “está impactando directamente en los índices de salud colectiva”. 

En ese sentido, el gremialista detalló que, por primera vez en muchos años, la mortalidad infantil subió un 0,5% (de 8 a 8,5%) y subió un 34% la mortalidad materna, “reflejo de la crisis social y del sistema de salud pública”. 

La asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación a la conducción del hospital para reincorporar a los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y participar el miércoles 4 a las 16 horas del Cabildo Abierto que tendrá lugar en el Hospital Garrahan, como parte de la confluencia de todas las luchas de salud.

Asimismo, la conducción de Fesprosa resolvió la participación activa en el plan de lucha nacional que los gremios del Frente de Sindicatos Unidos reunidos en la UOM resolvieron la semana pasada. En tal sentido, una delegación de la Federación, encabezada por su presidenta, María Fernanda Boriotti, participará de las marchas en la ciudad de Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, y ratificó la voluntad de llevar a cabo un paro nacional de salud para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado (sería el miércoles 11), con una gran movilización al Congreso de la Nación.

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Seccional Posadas) denunció la nueva ola de despidos y advirtió que los recortes “no son hechos aislados ni un error administrativo, es una política deliberada. Buscan naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”, apuntaron desde el gremio.

En tanto, advirtieron “el grave impacto que tendrá en la atención de los pacientes, ya que es cuestión de ver cuántas personas han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que las asista durante la internación, debido a la falta crónica de personal”. “No sobra nadie”, remarcaron. 

De acuerdo al sindicato, “a los despidos en el Posadas se sumaron 220 en el Ministerio de Salud y un número aun a determinar en el PAMI, pero que sería de varias decenas”, al tiempo que instaron “a toda la comunidad a que acompañe las medidas de fuerza que se definan para defender la salud pública de todos los argentinos y argentinas”.

Con respecto a la reforma laboral que busca aprobar el gobierno libertario, desde CICOP consideran que “replica y profundiza la Ley Banelco, atacando derechos laborales, convenios colectivos y el poder de negociación sindical. No hay margen para negociaciones parciales de una ley que sólo busca ampliar los beneficios de los grupos económicos más poderosos”, concluyeron.

El Hospital Posadas, un símbolo de la salud

El Hospital Posadas, el mayor centro asistencial nacional, ubicado en el Oeste del conurbano bonaerense, es desde hace años un termómetro del estado del sistema público. Cada ola de despidos repercute de inmediato en la atención: menos personal en áreas críticas, demoras crecientes y servicios que funcionan al límite.

Los trabajadores denuncian que la falta crónica de personal obliga a que pacientes deban pagar de su bolsillo asistencia privada durante internaciones prolongadas, una situación que se agrava con cada nueva cesantía.

El Ministerio de Salud, también en retroceso

La cartera sanitaria nacional atraviesa un proceso de ajuste que incluye 220 despidos en su organigrama, el cierre o desfinanciamiento de programas estratégicos y la reducción de direcciones clave. Entre las áreas afectadas figuran políticas de prevención, provisión de medicamentos y atención de patologías complejas.

En paralelo, se registran cesantías en delegaciones del PAMI y demoras en pagos a farmacias, lo que ya provocó interrupciones en la entrega de medicamentos en algunas provincias.

Los gremios sostienen que este proceso forma parte de un “achicamiento deliberado” del rol del Estado nacional en salud, que en los últimos dos años sufrió una caída presupuestaria cercana al 30% en términos reales.

Un conflicto que se expande

El caso del Posadas no es aislado. Otros hospitales nacionales —como el Garrahan y el Bonaparte— también enfrentan recortes, reestructuraciones y falta de personal. La coordinación entre trabajadores de distintos centros asistenciales empieza a tomar forma, con movilizaciones conjuntas y reclamos unificados.

La pregunta que sobrevuela es qué modelo de sistema sanitario se está configurando. Para los gremios, el ajuste abre la puerta a procesos de privatización, sistemas mixtos (entre público y privado) o transferencia de responsabilidades a las provincias, en un contexto de creciente desigualdad en el acceso a la salud.

El impacto en la vida cotidiana

Más allá de las cifras, el conflicto se traduce en historias concretas: pacientes que esperan meses para un turno, profesionales que encadenan contratos temporales durante años, servicios que funcionan con dotaciones mínimas y familias que deben cubrir gastos que antes asumía el Estado.

En un país donde el sistema público sostiene buena parte de la atención de alta complejidad, cada despido tiene un efecto multiplicador.

Los despidos en el Garrahan que celebró el Gobierno

En las últimas horas, el Gobierno celebró desde redes sociales la decisión de cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó desde su cuenta de X que el Hospital Garrahan “ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, escribió el funcionario para descalificar a los delegados gremiales que desde el inicio de la gestión Milei defienden los derechos de los trabajadores de la salud contra los recortes presupuestarios y salariales.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Ximena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Con infomación de agencias y gremios.

IG

El Gobierno resolvió cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

El conflicto se desató cuando las autoridades del hospital notificaron que no se pagarían los días no trabajados durante los paros. Ese mismo día, delegados sindicales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica y permanecieron allí durante varias horas. Según fuentes oficiales, la ocupación incluyó la interrupción de tareas, la permanencia forzada del personal presente, episodios de agresiones verbales y la negativa a acatar las órdenes de seguridad para desalojar el lugar.

Tras el episodio, el Garrahan abrió 44 sumarios administrativos para individualizar responsabilidades. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó testimonios, registros internos y material audiovisual. Como resultado, el Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas: la mayoría de los trabajadores involucrados recibió sanciones menores, mientras que en once casos se dispuso la cesantía por considerar acreditada una participación activa y organizadora de la toma.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Adorni celebró la medida en sus redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la medida a través de sus redes sociales. “El que las hace, las paga. El motivo del conflicto fue la pretensión de cobrar por días no trabajados. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó.

Desde el hospital, en tanto, difundieron un comunicado en el que sostuvieron que la toma “no fue simplemente un ingreso a una oficina”, sino una acción que afectó el funcionamiento institucional y, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes. “No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes ni que el Garrahan sea utilizado como teatro de operaciones electorales”, afirmaron.

Del lado gremial, las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical, y advirtieron que el conflicto sigue abierto. Señalaron que la ocupación fue una respuesta a los descuentos salariales y a la falta de respuestas a los reclamos presentados por los trabajadores.

El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico del país y recibe pacientes derivados de todas las provincias, por lo que el conflicto adquirió relevancia política y mediática. El desenlace judicial será clave para definir si las cesantías de los delegados gremiales pueden concretarse y cuál será el impacto final del conflicto en la institución.

CRM

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunciará este viernes a las 12 la expulsión anticipada de 45 niños menores de 3 años del Jardín Maternal y el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo por parte de la intervención designada por el Ministerio de Salud.

Lo hará en una conferencia de prensa convocada para a las 12 en el hall de la calle Combate de los Pozos 1881, para exigir la reincorporación “los niños y niñas que fueron expulsados anticipadamente del Jardín Maternal” de la institución, denominado “Quiero Mimos”.

Según informó el gremio mediante un comunicado, la convocatoria se realiza frente a lo que califican como “una situación grave que afecta directamente a trabajadoras del hospital”, tras “la decisión de la gestión del Garrahan de no contratar docentes”, lo que derivó en “la expulsión anticipada de niños y niñas de la sala de 2 años del Jardín Maternal”, que quedaron fuera del dispositivo de cuidado desde el pasado 30 de diciembre y hasta finales de febrero próximo.

Desde la APyT señalaron que “el Jardín Maternal no es un beneficio, sino un derecho conquistado”, y advirtieron que la expulsión anticipada de los niños y niñas “vulnera la Ley de Contrato de Trabajo”, que en su artículo 179 establece que “los establecimientos con más de 100 trabajadores deben contar con salas maternales y guarderías”.

En el Hospital Garrahan, dependiente en un 80 por ciento del Gobierno nacional y en un 20 por ciento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajan cerca de 5 mil personas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

“El Gobierno quiere disciplinar el Garrahan y el mundo del trabajo”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, en una entrevista con AM 530. Según detalló, el Ejecutivo nacional inició 44 sumarios contra trabajadores que participaron de recientes protestas. El sindicato considera que se trata de una represalia por el aumento del 61% al salario básico que obtuvieron tras meses de lucha.

“Es revanchismo puro. Castigan a quienes se movilizaron”, señaló Lipcovich. Entre los afectados hay delegados de ATE, de APyT (otro sindicato del hospital), y trabajadores sin afiliación. Según el dirigente, los sumarios no responden a faltas concretas sino a la participación en medidas de fuerza. “El único crimen, entre comillas, que cometieron, fue protestar dentro del hospital”, dijo.

El conflicto se da luego de una victoria gremial que obligó al Gobierno a aplicar parcialmente una ley salarial que había rechazado, lo que derivó en el aumento. “Es un ejemplo peligroso para ellos, porque muestra que la lucha da resultados. Por eso ahora intentan descabezarla”, sostuvo Lipcovich.

Además del reclamo por las sanciones, desde ATE alertan sobre una crisis estructural en el Garrahan. “Desde que empezó esta gestión, renunciaron más de 300 trabajadores y no se reemplazaron las jubilaciones. Hay menos personal para las mismas tareas, y la situación es muy seria”, advirtió el dirigente.

En ese contexto, los gremios convocaron a una conferencia de prensa frente al hospital para exigir la anulación de los sumarios, el cese de las sanciones y la apertura de una discusión sobre la situación laboral en el centro de salud.

“El aumento fue un logro colectivo. Ahora quieren imponer sanciones para apagar esa celebración”, concluyó Lipcovich, quien remarcó que la pelea continúa no solo por los salarios, sino por la defensa integral del hospital y de los derechos laborales.

JJD

Los trabajadores del Hospital Garrahan celebraron el aumento salarial del 61% sobre el básico, anunciado por la institución, y calificaron el logro como el resultado de una “causa nacional” que movilizó a buena parte de la sociedad en defensa de la salud pública y de la pediatría.

El incremento, que incluye un retroactivo correspondiente a octubre y mantiene el bono vigente, fue comunicado oficialmente por la dirección del hospital. Desde los sindicatos que impulsaron la lucha –la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Garrahan– interpretaron el anuncio como una aplicación parcial de la Ley de Emergencia en Pediatría, aprobada por el Congreso pero aún no implementada por el Gobierno.

“Es un reconocimiento a un verdadero movimiento social que defendió tanto a la institución como a las infancias que allí se tratan”, señaló Norma Lezana, secretaria general de APyT. “Aunque no se formalice la aplicación de la ley, para nosotros es un reconocimiento al movimiento social que logramos construir junto a familiares, organizaciones sociales, de derechos humanos y un pueblo que defendió junto a nosotros este hospital pediátrico, que es patrimonio nacional”, agregó.

La dirigente recordó que durante los casi dos años de gestión del presidente Javier Milei el Garrahan fue blanco de “campañas de desinformación, fake news e intentos de amedrentamiento”, pero subrayó que la organización colectiva logró revertir esa ofensiva. “Ganamos una causa nacional. Esperamos que se cumpla en todos los términos”, concluyó.

Una lucha que trascendió el hospital

Desde ATE Garrahan calificaron el aumento como un “triunfazo histórico” y un “golpe al techo salarial” que el Gobierno pretendía imponer. En un comunicado, la organización sostuvo que “sin admitirlo, el gobierno empieza a aplicar parcialmente la ley votada en el Congreso. Es un extraordinario triunfo de la lucha del Garrahan, que conmovió a la Argentina durante meses. Es, a la vez, una derrota de Milei, Lugones y la gestión del hospital, que se jugaron a reventarnos sistemáticamente sin lograrlo”.

El texto repasa los meses de conflicto: asambleas generales, paros, movilizaciones, festivales y acciones de visibilización que lograron un amplio respaldo social. “En el país de las paritarias al 1%, la huelga del Garrahan reventó ese techo a fuerza de una pelea incansable”, subraya el comunicado.

La organización también denunció los “salvajes descuentos” aplicados durante las medidas de fuerza y exigió la anulación de las causas judiciales iniciadas contra dirigentes sindicales. “Nadie nos regaló nada: lo arrancamos organizados, peleando, con los métodos propios de nuestra clase trabajadora”, remarcaron los delegados Alejandro Lipcovich y Gerardo Oroz, secretarios general y adjunto de ATE Garrahan.

Un símbolo de la defensa de la salud pública

La lucha del personal del Garrahan —referencia nacional e internacional en pediatría— se convirtió en los últimos meses en un emblema de la resistencia de los trabajadores del sector público frente al ajuste y la falta de presupuesto. El conflicto, que unió a médicos, técnicos, enfermeros y personal de apoyo, fue acompañado por organizaciones sociales, familiares de pacientes y una amplia red de apoyo ciudadano.

“Este hospital es del pueblo y para el pueblo”, sintetizó una de las consignas más repetidas en las marchas. El aumento anunciado no sólo significa una recomposición económica sino también un reconocimiento político y simbólico a esa movilización colectiva.

Con el anuncio oficial, los trabajadores esperan ahora que la medida se efectivice en todos sus términos y que la Ley de Emergencia en Pediatría —que busca garantizar recursos para los hospitales pediátricos del país— sea finalmente aplicada en su totalidad. “Estamos felices por lo que conseguimos con una lucha enorme”, dijo Lezana. “Es justicia que se materializa por el esfuerzo de todos”.

Con información de la agencia NA

Un grupo de trabajadores del hospital Garrahan tomaba este mediodía la dirección médica en reclamo a descuentos de hasta $500.000 en los salarios.

Según la protesta, la medida afectó los ingresos de enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal, lo que motivó a que la representación sindical en el hospital la acción de lucha. Exigen una respuesta por parte de Mariano Pirozzo, director del hospital puesto por el gobierno nacional. Desde la cúpula del Garrahan admitieron el recorte y lo justificaron por ausencias por huelgas en horas de trabajo.

“Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores”, recogió elDiarioAR de una de las trabajadoras.

“Tenemos conocimiento de más de cien descuentos a compañeros que han estado en las distintas acciones de lucha estos meses. Han descontado desde $200.000 a más de $500.000 dependiendo de los salarios. Es un descuento brutal”, precisó Maximiliano Bares, trabajador del hospital.

“Los descuentos son brutales por ejercer el derecho a huelga, sobre todo a trabajadores que no llegan a fin de mes, que son madres solteras y que no pueden pagar el alquiler”, cuestionó Alejandro Lipco, delegado por ATE en el hospital.

El Garrahan atraviesa una crisis económica y de funcionamiento desde que el Gobierno dejó de actualizar el presupuesto pese a la inflación. El conflicto recrudeció en los últimos meses con paros y movilizaciones, que derivaron en la sanción de una ley de emergencia por parte del Congreso.

La norma, vetada por Javier Milei pero aprobada en insistencia por dos tercios de ambas cámaras parlamentarias, estipula la actualización de los salarios así como presupuesto para infraestructura. El Gobierno la promulgó la semana pasada pero decidió no aplicarla por entender que afecta el déficit cero y quedó a tiro de denuncias judiciales por no cumplir con la Constitución Nacional.

“Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible en un hospital público y de referencia pediátrica nacional y regional”, consideraron las autoridades Garrahan en un comunicado publicado en sus redes sociales donde acusaron a los gremios de ATE y APyT. “El accionar violento surge porque el Consejo de Administración aplicó descuentos por días no trabajados durante los paros recientes, cumpliendo la normativa vigente y la política de presentismo que rige para todo el personal”, señala el texto de los directivos.

Según el Consejo de Administración, “el presupuesto del hospital está garantizado, los bonos remunerativos para el personal se mantienen y todas las obras anunciadas por más de 30 mil millones de pesos, adquisiciones de equipamiento y tecnología avanzan con financiamiento propio, resultado de una administración moderna, eficiente y transparente”.

MC

Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento para las universidades públicas, pero decidió no aplicarlas. Con el argumento de que ambas normas “generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, el Gobierno las publicó este martes en el Boletín Oficial y, al mismo tiempo, suspendió su ejecución, pese a que habían sido aprobadas por el Congreso por insistencia, con mayorías abrumadoras de 2/3 de los votos, tras un veto presidencial.

La maniobra del Ejecutivo desató un repudio generalizado entre los sectores involucrados y derivó en una convocatoria a Plaza de Mayo para este martes por la tarde. Este martes por la tarde trabajadores del hospital Garrahan y docentes y no docentes universitarios se manifestaron frente a la Casa Rosada. También se sumaron agrupaciones de personas con discapacidad, ya que Milei postergó semanas atrás la aplicación de la ley de emergencia que las ampara.

El argumento oficial fue el mismo para patear las tres normas: que el Congreso no designó las partidas presupuestarias correspondientes para su aplicación por supuesta falta de financiamiento y que está en riesgo el modelo libertario de déficit cero. 

“Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”, se lee en uno de los apartados de los decretos firmados por Milei. “Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar”, se agrega.

El Gobierno quedó a tiro de que el caso vaya a la Justicia. El Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Y la oposición en la Cámara de Diputados tiene a tiro la aprobación de una inminente interpelación al ministro coordinador en el recinto. “Esto genera consecuencias penales. No puede no acatar bajo ningún punto de vista”, opinó al respecto esta mañana el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

El rechazo a la medida del Gobierno se vio en las calles. Hubo una reunión de coordinación entre sectores del Garrahan, las universidades y las personas con discapacidad para la marcha a Plaza de Mayo. En ese marco, trabajadores del hospital pediátrico y de la UBA declararon un cese de actividades. 

“Se confirmó lo esperado: Milei ‘suspende’ indefinidamente la aplicación de las leyes de universidad y Garrahan. Estamos de paro y a las 16 horas vamos a Plaza de Mayo a exigir la aplicación ya de las tres leyes (también discapacidad) ¡No dejemos pasar este atropello!”, anunció Alejandro Lipco, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general en la Junta Interna por ATE. “Vamos al paro y a movilizarnos porque sabemos que el Gobierno va a intentar dilatar la implementación lo máximo que sea posible. Lo hizo bajo el mismo formato que discapacidad. Esto hay que ponerle un freno. La necesidad de implementar la ley es urgente. necesitamos más para evitar las renuncias, pedidos de reducción horario para trabajar afuera”, agregó a elDiarioAR.

“Vamos a seguir peleando porque efectivamente se reconozcan los derechos. No vamos a bajar los brazos hasta que efectivamente podamos conseguir lo necesario para nuestros tratamientos y trabajos”, completó por su parte Natt Rodríguez, miembro de la Red en Discapacidad.

“La lucha continúa hasta lograr un aumento salarial que frene la sangría de docentes e investigadores que abandonan el sistema universitario nacional frente a la asfixia salarial provocada por Milei”, declaró Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA). Según estimaciones de las autoridades universitarias, más de 10.000 docentes renunciaron desde el inicio del actual gobierno.

Qué estipulan las leyes votadas por el Congreso

MC

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigirle al Senado que rechace los vetos que firmó el presidente Javier Milei sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

En el marco de la sesión donde la Cámara alta debatirá ambos vetos, con la posibilidad de rechazarlos de forma definitiva, APyT marchó hacia el parlamento para, además, realizar un “Abrazo al Garrahan y la Universidad” junto con la comunidad universitaria.

Esta medida de fuerza abarca “a todos los sectores de este centro de salud pediátrica de alta complejidad” y tiene como objetivo exigir que, una vez rechazados los vetos, “se garantice la aplicación inmediata, efectiva y real” de ambas leyes, “sin demoras ni maniobras dilatorias”.

La secretaria general del gremio, Norma Lezana, sostuvo que esperan “una verdadera fiesta popular” junto a los universitarios, los trabajadores de la salud y los familiares de pacientes y ex pacientes del hospital.

“No vamos a aceptar maniobras dilatorias en la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que debe implementarse de forma inmediata tras la votación en el Senado”, sentenció.

En la misma línea, ratificó que, en el caso de repetirse los intentos de frenar la aplicación de estas leyes, “será necesario un paro nacional”, y se dirigió a la CGT: “Hay vetar como pueblo a este Gobierno autoritario y enemigo de los derechos que la mayoría defendemos”.

Participan, también, de esta jornada de lucha organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y culturales.

Con información de la agencia NA

La suerte está echada en ambas iniciativas, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para Balcarce 50 como otra derrota.

El Senado sesiona desde las 10 para rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas la “rosca política” con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y pese a que sumó múltiples fotos con dialoguistas que acompañaron al oficialismo durante 2024, no le alcanzará para detener el rechazo de los vetos.

La suerte está echada en ambas iniciativas, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para Balcarce 50 como otra derrota.

A finales de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos por abrumadora mayoría: el que actualiza fondos para las universidades nacionales cosechó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia en pediatría obtuvo 62 votos afirmativos y ocho negativos.

El temario, que se definió en una reunión de Labor Parlamentaria, incluirá la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.

También, el cuerpo intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

Los trabajadores del hospital Garrahan iniciaron este martes una medida de fuerza que será por 48 horas, a pesar del anuncio del Gobierno nacional sobre el bono destinado a los profesionales, los trabajadores insistieron con la medida de fuerza.

Al respecto, el secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, se refirió a la decisión del directorio de la Institución médica como “una evidente conquista de la lucha del Garrahan, una primera conquista que no resuelve todo el problema”. A su vez, ratificó el paro que se extenderá hasta el jueves, como parte de un plan de lucha más amplio, y valoró que el bono representa “un cambio” respecto de posturas pasadas, ya que hasta el momento se había rechazado la entrega de sumas extraordinarias por cuestiones administrativas.

El avance de la protesta se da unos días antes de que el Senado trate el veto que anulaba la ley de Emergencia Pediátrica, luego de que Diputados rechazara la decisión del Gobierno.

“No vamos a esperar el tratamiento en el Senado (el próximo 2 de octubre) porque la urgencia ya se ha descubierto”, aseguró días atrás el secretario.

“La concesión es fruto de una movilización firme, no del diálogo entre la dirigencia sindical y las autoridades. Cuando el diálogo no fue acompañado de lucha, las paritarias se acordaron por uno por ciento anual. Ahora, una lucha extendida logra estas sumas extras que para las categorías más bajas representan un alivio, aunque transitorio”, expuso el dirigente, quien advirtió que debido al carácter no remunerativo de la suma se genera una incertidumbre respecto del mes de enero. “El problema que sea transitorio y que no vaya al básico es fundamental”, añadió.

El anuncio sobre los montos fue comunicado este lunes por la tarde por el Consejo de Administración del hospital, que remarcó el objetivo de priorizar al personal médico y administrativo en medio del escenario inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo.

De acuerdo con la información oficial, el bono será entregado durante septiembre y alcanzará los 450.000 pesos para el personal asistencial, un grupo conformado por médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, radiólogos, ecógrafos, nutricionistas, kinesiólogos y otros profesionales vinculados al funcionamiento diario de la institución pediátrica. El personal administrativo, en tanto, percibirá un bono de 350.000 pesos.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, también resaltó la medida a través de sus redes sociales en donde sostuvo: “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.

“Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde. Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes”, escribió Lugones en su cuenta de X bajo el título: “Logramos aumentos para el personal del Garrahan”.

“Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”, completó.

NB

Durante más de tres décadas, la salud de los niños del país estuvo asegurada por un hospital: El Garrahan, que abarca cuatro manzanas, realiza 15.000 cirugías, atiende el 40% del cáncer infantil y da respuesta a 600.000 consultas anuales, es reconocido en el mundo de la pediatría por realizar la primera operación en un hospital público de una bebé dentro del útero de su madre –algo que sólo se hacía en centros privados–, separar a las siamesas Ámbar y Pilar y ser pionero en trasplantes de órganos. Es visto por los países de la región como un ejemplo de eficiencia y calidad de la salud pública.

Pero el hospital, inaugurado en 1987 y dotado hoy de 20 quirófanos, un banco de sangre, células y tejidos, un banco de cordón umbilical, 14 laboratorios y un área de imágenes que realiza 180.000 estudios al año, atraviesa una crisis sin precedentes. Con una caída superior al 50% en su presupuesto, que se traduce en sueldos congelados y sobrecarga laboral, desde agosto de 2024 –cuando se declaró en emergencia– renunciaron 246 profesionales, 50 de ellos en los últimos tres meses.

“Si renuncian 50 especialistas más, el hospital no va a poder seguir atendiendo”, advierte la pediatra Rita Fernández. La enfermera Teresa Alfaro, que ingresó en 1988, coincide: “No falta mucho para que el servicio se paralice. Si esto sigue así, de este año no pasa”.

“Me fui porque no aguanté más, se empezó a sufrir en el hospital. Mucha tristeza. Mis proyectos de vida se empezaron a evaporar. Así que tomé la decisión de irme. No fue fácil”, dice Matías Comune, técnico de farmacia que trabajaba en la elaboración de nutrición parenteral. Ingresó en febrero de 2014 y renunció el 25 de agosto pasado.

El desgaste y la acumulación de conflictos provocan una fuga cada vez más acelerada de profesionales que desarticula equipos interdisciplinarios formados durante años. Las áreas más afectadas son Cardiología, Neurocirugía, Trasplantes, Cirugía Pediátrica y Oncología, donde de cinco puestos disponibles solo se cubrió uno. La crisis se extiende a las residencias médicas: cambios en la remuneración y condiciones laborales precarias generan protestas y desincentivan la incorporación de nuevos especialistas.

“El hospital se va a quedar sin profesionales. Ahora mismo la atención está perjudicada. Se hacen cirugías pero muchas se posponen. Faltan insumos. Algunos servicios no incorporan pacientes nuevos, y es muy grave porque hay casos que no pueden esperar”, alerta Fernández. 

Familias desesperadas

“No sé si el cáncer de mi nena va a avanzar o si seguirá llegando la medicación oncológica. Tenemos mucho dolor, estamos desesperados”, dice Karina Nieto, madre de Amorina, de 6 años, paciente oncológica. Por su enfermedad metastásica pulmonar, Amorina ya atravesó dos operaciones y le esperan al menos cinco años más de tratamiento.

¿Cómo es posible que el Presidente se meta con nuestros hijos? Los trabajadores están haciendo algo heroico, no se merecen lo que están pasando

Karina Nieto — Madre de Amorina, de 6 años

“Mi nena es autista y no habla, y los médicos tuvieron que conocerla antes de operarla del tumor. Se comunicaban con ella a través de los ojos, con una niña que ingresó con cuatro años. Fue increíble: desde el personal de limpieza hasta el cirujano. Mi hija ama el Garrahan”, relata Karina.

“Esto no lo podemos permitir como pueblo. ¿Cómo es posible que el Presidente se meta con nuestros hijos?”, se pregunta, y agrega: “Los trabajadores están haciendo algo heroico, no se merecen lo que están pasando”.

El ritmo enloquecedor

Atrás quedaron las aspiraciones de quienes ingresaban al Garrahan buscando de atender las patologías más complejas de los hijos de familias postergadas del país.

“Entré al hospital en 1988, un año después de su inauguración, por la formación, la buena docencia y la calidad del conocimiento. Siempre quise trabajar en la salud pública, atendiendo a los chicos que más lo necesitan. No me arrepiento: realmente fue increíble”, recuerda la pediatra Rita Fernández.

Hoy, gran parte de las abreviadas energías del personal se destina a gestionar estrategias gremiales y mediáticas, además de trabajar en otras actividades para compensar salarios que, denuncian, no alcanzan la línea de pobreza. Según recibos de agosto de 2025, una enfermera de cuidados intermedios percibió $943.111 netos; un enfermero técnico A-4, $996.925; un administrativo, $958.372; una auxiliar de jardín maternal, $849.678; y un trabajador de farmacia, el caso más alto, $1.224.361. Los becarios médicos reciben estipendios de alrededor de $1.140.000, sin aportes jubilatorios ni relación de dependencia.

 “Enfocados en lo científico y asistencial, el Garrahan era un sueño donde se cumplían los objetivos y nos capacitamos permanentemente, daba gusto trabajar. Ahora el desgaste es infernal, todos tienen pluriempleo, están mal y dispersos, porque nos dedicamos a discusiones gremiales, hablar con la prensa, realizar contenido para redes, para concientizar”, explica la médica. 

Enfocados en lo científico y asistencial, el Garrahan era un sueño donde se cumplían los objetivos y nos capacitamos permanentemente, daba gusto trabajar. Ahora el desgaste es infernal, todos tienen pluriempleo, están mal y dispersos, porque nos dedicamos a discusiones gremiales, hablar con la prensa, realizar contenido para redes, para concientizar

Rita Fernández — Pediatra

Muchos no soportan el ritmo enloquecedor, mezcla de hostigamiento y persecución con explotación laboral en un ambiente donde se convive con el dolor y la muerte, y renuncian. “Te aprietan con el ausentismo, te quieren manipular; y para los que no están en planta es peor, porque tienen sueldos magros y encima los amenazan con no renovar el contrato”, agrega la enfermera Alfaro. 

“Yo también pensé en renunciar”, admite Ivone Malla, pediatra y hepatóloga, coordinadora del staff de Trasplante Hepático. “Por las condiciones que son agobiantes y por la persecución que ejercen. El maltrato y hostigamiento es otro problema que se suma a los bajos salarios. Después uno piensa en los pacientes y sigue, pero no sé hasta cuándo”. 

A la sangría de recursos humanos se suma un aumento sostenido de pacientes: muchos dejaron de tener prepagas, otros perdieron su obra social por despidos y acuden por primera vez al sistema público, que paradójicamente se desfinancia a medida que crece su demanda. Según fuentes gremiales, la atención en centros de salud pública habría aumentado entre un 30% y un 40%.

 “No tenemos un número exacto, pero cada vez hay más pacientes que concurren al hospital. Más allá de que en el Garrahan se atienden patologías que no podrían tratarse en otros centros, cada vez hay más porque muchos dejaron de tener obra social”, dice Malla.

Yo también pensé en renunciar. Por las condiciones que son agobiantes y por la persecución que ejercen. El maltrato y hostigamiento es otro problema que se suma a los bajos salarios. Después uno piensa en los pacientes y sigue, pero no sé hasta cuándo

Ivone Malla — Coordinadora del staff de Trasplante Hepático

La mitad del personal está bajo tratamiento psiquiátrico

El personal que permanece en el hospital, ya sea por convicción o por antigüedad, enfrenta condiciones que afectan gravemente su salud mental que se manifiesta en estrés, insomnio, ataques de pánico y depresión. Según un relevamiento de la Comisión de Insalubridad del Garrahan, el 50 % de los trabajadores se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

“La mitad de nosotros toma medicación psiquiátrica. No llegamos a fin de mes, trabajamos el doble y vemos cómo los compañeros renuncian. Nos tenemos que organizar y contener a todos mientras nos tratan de ñoquis. Esto lleva más de un año y nuestro sistema inmune está destrozado, nos brotan hipertensión, diabetes y otras enfermedades”, alerta Verónica Pietropablo, administrativa y delegada de ATE.

Sin embargo, los trabajadores -ahora obligados a fichar con un sistema biométrico facial que no detectó ningún “ñoqui”- alertan sobre una consecuencia grave del estrés laboral crónico: el síndrome de Burnout, que provoca desmotivación, insensibilidad y deshumanización.

La mitad de nosotros toma medicación psiquiátrica. No llegamos a fin de mes, trabajamos el doble y vemos cómo los compañeros renuncian. Nos tenemos que organizar y contener a todos mientras nos tratan de ñoquis

Verónica Pietropablo — Administrativa y delegada de ATE.

 “Nos están deshumanizando. Llegás a tu casa y no querés ni jugar con tu hija, vivimos con apatía, como despersonificados, nos quitan hasta la posibilidad de maternar”, dice Pietropablo.

La hepatóloga Malla suma otro dato alarmante: “Se suicida un compañero por año en el Garrahan. Desde hace seis años, que comenzamos a registrar los números, una persona de la planta permanente –que cuenta con 4.300 trabajadores– se quita la vida cada año. Es más del doble del promedio nacional, que es de uno cada 12.000 por año. Nuestra situación psíquica en el hospital se vuelve cada vez más crítica”.

LN/MG

El Congreso hizo “demagogia”, votó “un horro” y quiere “que la Argentina estalle”. Con esos calificativos el vocero presidencial Manuel Adorni marcó la contraofensiva narrativa del Gobierno hacia la doble insistencia contundente de ayer de la Cámara de Diputados a la ley de emergencia del hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

El funcionario brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada un día después de la fuerte derrota oficialista en la Cámara baja, acompañada por una importante movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Este jueves La Libertad Avanza se acerca a otra dura derrota: el Senado sesiona sobre el veto de Javier Milei a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Quieren poner cuanto palo en la rueda para que la Argentina estalle”, dijo Adorni, sin contemplar que las insistencias a las leyes que promocionó la oposición recogieron más de dos tercios de los votos, incluyendo a supuestos aliados del Gobierno, como diputados del PRO y de la UCR.

“Se alinearon todos los enemigos del progreso. El 26 de octubre tenemos una oportunidad para evitar que el partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kichneristas disfrazados de republicanos, dilapide el futuro de los argentinos”, planteó el vocero.

Adorni dijo que el Congreso “respondió con demagogia” durante la votación y habló de “un horror” sobre las insistencias. Con 181 votos a favor y 60 en contra, la oposición logró la insistencia de la ley de emergencia pediátrica. Y, luego, logró la insistencia de la ley de financiamiento universitario con 174 votos a favor y 62 votos en contra.

“El financiamiento universitario significa un diferencial de 1,9 billones de pesos. ¿Queremos financiarlo con otras partidas? Deberíamos suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”, comparó el vocero, que luego agregó: “Equivale a suspender todos los planes sociales por tres meses a cinco años de presupuesto total del Poder Judicial”.

MC

El presidente Javier Milei se expidió este jueves tras la derrota legislativa luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.

A través de su cuenta de X, y en la previa al tratamiento de la Cámara de Senadores, el mandatario expresó: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ”antikukas“ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.

En la misma línea, remató: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”. 

Caputo pidió “usar el voto” en octubre

Ante la inminencia del rechazo a un nuevo veto presidencial, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que el Congreso Nacional “quiere voltear al presidente”.

“El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló Caputo en X.

El ministro afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Horas antes, el ministro había usado también su cuenta de X para responderle a Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, quien había tildado a Caputo de ser “mala persona” y de no tener “empatía”.

“Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”, escribió Caputo en sus redes sociales.

Con información de agencias.

IG

Será la primera prueba de fuego de Javier Milei desde que perdió las elecciones bonaerenses. Este miércoles, a partir de las 13, la Cámara de Diputados sesionará para voltear los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

Afuera, en las calles, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales movilizarán junto a las columnas del peronismo, el radicalismo y la izquierda en una tercera edición de la marcha federal universitaria con un solo objetivo: ejercer presión social para torcer la voluntad de los diputados indecisos que el presidente logró convencer a base de ATN y alianzas electorales.

La sesión en vivo

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto a la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, solicitó y el informe de la auditoría de los bienes administra el Consejo de Administración y, según Norma Lezana, secretaria general del gremio, parte de la recaudación está destinada a un “fondo de inversión de (Luis) Caputo”.

De acuerdo a Lezana, esto es un “escándalo” y todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. Paralelamente, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio”, contó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

“Se están guardando 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de (Luis) Caputo”, planteó.

Así lo explican desde ATE-Garrahan

“Plata hay, pero se la lleva Caputo”

En tanto, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), explicó en un posteo en redes sociales el pedido de acceso a la información pública que presentó este martes en la Comisión de Salud:

“¿𝐐uerés saber dónde está la plata del Garrahan? Hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno tuvo que mostrar los números: 𝟒𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 los pusieron en una cuenta de 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧. Es decir, en lugar de utilizarlos para el funcionamiento del Hospital, 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐨́𝐥𝐚𝐫 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨. En el último año, las colocaciones financieras del hospital crecieron un 63% mientras que los medicamentos oncológicos tuvieron una caída de más del 30% Gracias al enorme esfuerzo de médicos y trabajadores de la salud que sostienen al Hospital que es emblema y orgullo de todo el país, 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝟒𝟓𝟑%”.

“Plata hay, pero se la lleva Caputo. La voracidad del ministro de economía, que necesita pesos y no le importa a quién se los saca, logró que: Se 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐣𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨𝐬 en más de un 30% Se 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐦𝐮𝐞𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 por ciudadanos que tuvieron esa enorme generosidad con el Hospital. Se haya 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥de residentes y becarios”, explicó la exfuncionaria del Gobierno de Alberto Fernández.

“El Gobierno Nacional le haya planchado el presupuesto en estos últimos dos años. Milei, la decisión no es difícil. Reasigne prioridades. ¿𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐧𝐢𝐧̃𝐨𝐬?”, concluyó Tolosa Paz.

El comunicado completo de APyT

El equipo de salud del Hospital Garrahan, que abarca al conjunto de sus trabajadores y trabajadoras, está realizando en el día de hoy miércoles 17 de septiembre un paro de 24 horas desde las 7 de la mañana. Y es parte, junto a la universidad, de la convocatoria a la jornada nacional contra los vetos presidenciales que se tratarán hoy en el Congreso Nacional. Las y los trabajadores del Garrahan concentrarán a partir del mediodía en la puerta del hospital para marchar al Congreso y realizar allí a las 14.30 horas el acto central.

En ese contexto, la y el referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana y Maximiliano Bares, analizaron cómo esperan la jornada y también se refirieron a los datos que se conocieron sobre los recursos propios que administra el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, y que se genera a partir de la atención a pacientes con obras sociales y prepagas mediante la ley SAMIC*, sigla correspondiente a 'Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad', que se refiere a una red de hospitales públicos de alta complejidad, como el Hospital de Pediatría Garrahan (muchos patologías solo son atendidas por el Garrahan entre todos los hospitales privados y públicos del país, por eso llegan muchos pacientes con obras sociales y prepagas, además de las familias que eligen al Garrahan directamente debido a la máxima calidad de atención en medicina de alta complejidad pediátrica).

Al respecto, Lezana analizó: “El año pasado reclamamos durante meses. Llevamos adelante innumerables protestas para visibilizar nuestro reclamo. Este año llevamos ya cuatro meses de conflicto, reclamando aumento presupuestario y en particular una recomposición salarial que impida que se sigan multiplicando las renuncias de profesionales, técnicos y trabajadores valiosísimos de nuestros equipos y el hospital pueda funcionar prestando el servicio de calidad universal y accesible a toda la comunidad que lo caracteriza.

Durante estos meses, fuimos blanco de ataques y campañas metirosas, que somos 'ñoquis', que señalaba intereses ideológicos en nuestro reclamo. O se difundía información falsa sobre la composición del personal.

Finalmente, conocidos algunos de los datos fundamentales de la administración financiera del Hospital, supimos que el año pasado, en uno de los peores años desde el punto de vista económico y salarial de los trabajadores de este hospital, el Garrahan aumentó 453% el ingreso por recursos propios. Es decir, por los servicios que los trabajadores prestamos a pacientes con hora social y prepagas.

Supimos además que el Consejo de Administración vendió inmuebles, donaciones, por 1.370 millones de pesos, que tuvo un superávit de 18.700 millones de pesos. Y lo más escandaloso de todo, conocimos la existencia de un plazo fijo invertido en un fondo de inversión, el fondo de inversión Pellegrini, por 40.000 millones de pesos.

Lo dramático, cruel e inmoral es que los trabajadores cobramos, por todo concepto, 200.000 pesos por mes de los recursos propios del hospital que genera nuestro trabajo, mientras el Consejo de Administración se desprendía de inmuebles e invertía esos recursos en especulación financiera.

Con esa cantidad de dinero se podría aumentar de 200.000 pesos a un millón el ítem de recursos propios que percibimos los trabajadores. Y sería un paliativo imprescindible sumado a la recomposición derivada de la aplicación de la Emergencia Pediátrica que se aprobó en el Congreso.

Hay solución para el Garrahan, hay fondos para solucionar el conflicto y este reclamo de 24 horas que estamos cumpliendo hoy, pero el gobierno nacional tiene otras prioridades“.

Por su parte, Maximiliano Bares, completó: “Hoy esperamos una jornada histórica, no solo frente al Congreso, sino en todo el país, con decenas de miles de personas acompañando nuestro reclamo y el de la comunidad universitaria, con organizaciones gremiales diversas, estudiantiles, sociales, fuerzas políticas y hasta incluso la CGT, que venía sin decir una palabra sobre nuestro reclamo. Pero finalmente, ante nuestro insistente emplazamiento, no le quedó más chance que convocar a movilizarse hoy. Por eso, llamamos a todo nuestro pueblo a seguir hasta el final esta pelea. La universidad pública, el Garrahan, se abrazan, se financian, se cuidan. Y por supuesto, no se vetan”.

Trabajadores del Garrahan comenzaron un nuevo paro

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), comenzaron un nuevo paro en rechazo al veto llevado adelante por el presidente Javier Milei, sobre la ley de Emergencia Pediátrica y hacen un acto central frente al Congreso de la Nación.

Asimismo, se sumaron al reclamo de la comunidad universitaria que también se pronunció en contra de la anulación de la Ley de Financiamiento Universitario visibilizado en la Tercera Marcha Federal que se realiza este miércoles a partir de las 17.

El equipo de salud del Hospital Garrahan, que abarca al conjunto de sus trabajadores, está cumpliendo un nuevo paro que se levantará el viernes 18 a las 7 de la mañana.

Con información de agencias y APyT.

IG

“El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”. La frase no proviene de un opositor partidario, sino de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), y resume el espíritu con el que miles de trabajadores y trabajadoras marcharán este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. En la antesala de una jornada clave en la Cámara de Diputados, que tratará los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, los salarios son uno de los ejes de un conflicto que crece.

Según los recibos de sueldo correspondientes a agosto, un enfermero del Garrahan con 35 horas semanales de tareas cobró entre $849.678 y $1.243.283, dependiendo de su categoría y antigüedad. Un técnico del hospital especializado en hemodiálisis, con 42 horas semanales, recibió $1.039.101 de salario neto. Un auxiliar administrativo cobró $958.372, mientras que un auxiliar de jardín obtuvo $849.678. El caso de Gerardo Oroz, delegado de ATE y auxiliar de farmacia, es ilustrativo: “Mi salario es de $960.000 y el inicial en mi categoría es de $800.000. La diferencia, incluso con años de antigüedad, es muy baja”, dijo a elDiarioAR.

No se trata de trabajadores precarizados o contratos temporarios, es personal altamente calificado, profesionales con mucho más de diez años de servicio en un hospital pediátrico de referencia internacional. ¿Cómo llegó a este punto un emblema de la salud pública como el Garrahan?

La respuesta está en el ajuste. Como denunció la APyT, el Gobierno mantiene congelado desde hace un año el ítem de recursos genuinos, que debería actualizarse con la recaudación de prepagas y obras sociales. Actualmente representa $200.000 por trabajador, pero según los gremios debería rondar los $540.000 para equipararse con la inflación del último año. Se trata de un componente clave del salario en el hospital, financiado por el propio sistema y no por el Tesoro Nacional, que el Ejecutivo decidió no actualizar.

La situación de los docentes universitarios no es distinta. De acuerdo con las escalas salariales de febrero de 2025, un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad cobra $1.034.507 brutos. Tras los descuentos, el salario neto queda en aproximadamente $837.950. Para alcanzar los $2 millones, un titular debe contar con más de 20 años de antigüedad, un posgrado de doctorado y dedicación exclusiva. En la mayoría de los casos, los docentes con máxima jerarquía y formación apenas rozan los $1.500.000 de bolsillo.

Un profesor adjunto, con más de diez años en el cargo, percibe entre $1.200.000 y $1.400.000 brutos. Los cargos más bajos, como los auxiliares de primera, apenas superan los $579.000 netos al iniciar su carrera. Además, el Gobierno eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba una ayuda complementaria de $16.450 por cargo. Esta decisión redujo aún más el poder adquisitivo de miles de docentes preuniversitarios.

Los datos muestran que la diferencia entre el salario inicial y el alcanzado con años de antigüedad no supera, en promedio, el 20 o 30%. Esto implica una carrera congelada en términos reales. En palabras de Oroz: “La diferencia entre un ingreso inicial y uno con 10 años en el hospital es mínima. El reconocimiento a la trayectoria desapareció”.

Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei defiende su decisión de vetar las leyes votadas en el Congreso con el argumento de que implicarían un aumento insostenible del gasto. En el texto oficial, se afirma que “una expansión del gasto sin respaldo real derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. Sin embargo, los salarios actuales ya se encuentran erosionados, sin necesidad de emisión alguna.

Se trata de dos sectores clave para el funcionamiento del Estado. La salud pediátrica de alta complejidad y la educación superior gratuita son pilares de la democracia argentina. Ningún gobierno anterior, desde 1983, se había atrevido a desfinanciarlos de manera tan brutal. La gestión Milei achica el Estado cada día, pero sigue cobrando a los ciudadanos los mismos impuestos que prometió bajar.

Los trabajadores que hoy marchan no reclaman privilegios, sino salarios acordes a su formación, experiencia y responsabilidad. Mientras atienden a niños con enfermedades críticas o forman a las futuras generaciones, cobran sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Qué puede esperarse de un país que desoye las demandas de quienes lo sostienen desde sus hospitales y sus aulas?

JJD

Será la primera prueba de fuego de Javier Milei desde que perdió las elecciones bonaerenses. Este miércoles, desde las 13, la Cámara de Diputados sesiona para voltear los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario: hubo quórum con 132 legisladores sentados en sus bancas. Afuera, en las calles, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales movilizan junto a las columnas del peronismo, el radicalismo y la izquierda en una tercera edición de la marcha federal universitaria con un solo objetivo: ejercer presión social para torcer la voluntad de los diputados indecisos que el presidente logró convencer a base de ATN y alianzas electorales.

El malestar comenzó a escurrir por la Cámara de Diputados con el correr de la tarde de ayer. “No están los votos, no están asegurados”, empezaron a repetir las espadas de la oposición a cargo del poroteo, preocupados ante la falta de respuesta de algunos aliados del Gobierno que habían comprometido su apoyo. Lo que parecía ser una partida sencilla, ya que ambas leyes habían conseguido los dos tercios en el recinto cuando se aprobaron en agosto, había comenzado a empantanarse.

¿El motivo? Los $12.500 millones que el Gobierno había distribuido, durante el fin de semana, entre cuatro provincias: Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. Las dos últimas provincias no habían movido el amperímetro: gobernadas por Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, eran territorios en los que La Libertad Avanza había cerrado acuerdos electorales y, en la oposición, anticipaban desde un comienzo que ayudarían a blindar sus vetos. 

Era el caso de los mendocinos radicales, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y los chaqueños, Marilú Quiroz y Gerardo Cipolini: todos se habían ausentado en agosto y especulaban, ahora, con ayudar a Milei a vetar la emergencia en el Hospital Garrahan y la actualización del presupuesto universitario. 

El problema, sin embargo, era el caso de los cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira. Ausentes durante la votación de agosto, los diputados amagaban con votar en contra: un resultado que, con la elección finita de agosto -159 a favor y 67 en contra, en el caso Garrahan, y 158 a favor y 75 en contra, en el caso de las universidades- podía hacer tambalear el tablero en favor del Gobierno. 

Tarde a la noche, sin embargo, empezó a circular entre los chats opositores un video: era Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y primer candidato de Rovira en las elecciones nacionales, llamando a los diputados nacionales a “votar a favor de las universidades públicas”. El tablero había vuelto a cambiar. “Están ratificando su rechazo al veto”, se entusiasmaba una diputada peronista, que ya había ayudado a asegurarse que tanto Gustavo Sáenz (Salta) como Osvaldo Jaldo (Tucumán) acompañarían las leyes. 

Solo quedaba Misiones, y el operativo presión había comenzado: las últimas 12 horas serían las más intensas. 

Juega el Gobierno

Después de dos meses de recibir golpes en el Congreso, Milei aceptó que Luis Caputo le habilitara la billetera al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para poder negociar. Un pedido de Catalán como condición para aceptar el cargo. Los ATN fueron la puerta de entrada para conseguir la atención de los gobernadores, pero el golpe final fue la presentación del Presupuesto 2026. Con su cadena nacional, Milei había conseguido lo más importante: una excusa para los aliados. 

Milei prometió varias cosas en la presentación del Presupuesto: un aumento a las universidades nacionales -que los rectores denunciaron, inmediatamente después, que no alcanzaba para cubrir más de la mitad de los gastos de funcionamientos y recomposiciones salariales adeudadas-; un aumento para la Educación y las jubilaciones; y un aumento para el área de Discapacidad. Los gobernadores aliados salieron a celebrarlo, pero no solo ellos: hasta el PRO sacó un comunicado festejando “la madurez institucional” del presidente. 

El Gobierno necesitaba convencer a los aliados de atar la negociación al Presupuesto 2026. Era un mensaje a los gobernadores, pero fundamentalmente a los radicales violetas y PRO díscolos, como Mariano Campero y Martín Arjol (UCR) o Germana Figueroa Casas y María Eugenia Vidal (PRO). Era, a su vez, un mensaje a los libertarios enojados con Martín Menem, como Oscar Zago, que se habían ausentado en la votación de agosto y mantenían suspenso respecto a su voto.

Milei pretendía ofrecerles, esta vez, lo que se había negado a darles cuando se debatió la emergencia en Discapacidad: la promesa de una contrapropuesta. Aunque fuera lejana. Y, para varios diputados que ya firmaron el pase a las fuerzas del cielo, esa promesa era suficiente. 

Juega la oposición

Mientras que los alfiles políticos del Ejecutivo movían los hilos y presionaban, la oposición respondía con contraoperaciones. Llamaban a los diputados del MID y a los radicales violetas. Los peronistas presionaban a los gobernadores del Norte y los pichettistas intentaban negociar con Ignacio Torres (Chubut) y Frigerio. Intentaban convencerlos para que, al menos, habilitaran a que algunos de los diputados nacionales que les repondían, como Ana Clara Romero, pudieran manifestar su rechazo al veto absteniéndose. 

Era un juego de pesos y contrapesos, y la oposición contaba con dos ventajas. La primera, el arranque favorecedor de la primera votación de agosto. La base de votos afirmativos superaba los 158 votos, por lo que la posibilidad de asegurarse los dos tercios del recinto no quedaba lejos. El escenario político y aritmético era muy distinto al del año pasado, cuando Milei logró blindar su primer veto al incremento del presupuesto universitario.

La segunda ventaja era el espaldarazo del bloque Coherencia, integrado por los ex libertarios que habían abandonado el bloque oficialista debido a su enemistad con Menem. Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González habían prometido su apoyo. No solo a los diputados de la oposición, sino a los mismos profesionales de Salud del Garrahan, que también jugaban en esta partida.

Las listas de indecisos circulaban en los chats opositores. También sus cuentas personales de Twitter y de Instagram. La oposición tenía una sola herramienta, la presión social, y pensaba utilizarla. No solo ellos: también las familias del Garrahan y los rectores universitarios comenzaron a levantar el teléfono. Todos estaban a la pesca de los mismos votos.

MC

Un empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, deberá realizar donaciones al Hospital Garrahan, a un merendero, llevar adelante trabajos comunitarios y pedir disculpas públicas por amenazar de muerte, desde sus redes sociales, a Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero y Hugo Moyano, entre otros dirigentes políticos, en diciembre de 2023.

Esta resolución se dio luego de que Grabois y Baradel presentaran una denuncia ante el juzgado de Daniel Rafecas; la investigación se inició en enero del año siguiente y concluyó en que el demandado había “excedido ampliamente la libertad de expresión”.

Chediek les advertía que “si salían a la calle a protestar” contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas” y, debido a esas reiteradas amenazas, los dirigentes, iniciaron una causa “por incitación a la violencia colectiva y amenazas”, que fue elevada a juicio.

El acusado reconoció su responsabilidad y el Tribunal Oral Federal Nro. 5 dispuso que deberá pagar “dos millones de pesos al Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de la localidad de Benavídez y cumplir con tareas en una institución que determine Cáritas”, durante un año. Además, deberá grabar un nuevo mensaje en la red social Tik Tok “pidiendo disculpas por la intimidación” contra dichos dirigentes.

Cuando estas amenazas se hicieron públicas, el equipo jurídico de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) lo denunciaron ante la Justicia Federal.

Los videos que publicó Chediek manifestaban mensajes violentos como, por ejemplo, que esos referentes opositores “podrían recibir disparos” si mantenían la convocatoria en una de las primeras manifestaciones sociales en contra de Milei.

“Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”, aseguró Chediek en redes.

En su resolución, Rafecas también aseveró que el imputado buscó generar “temor en las personas señaladas” y, por ese motivo, con esta determinación “se busca poner un límite” a los discursos de odio.

Con información de agencias.

IG