Desde la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires (UTN BA) observamos el horizonte con la certeza de que el futuro energético del país se encuentra, literalmente, en nuestras costas. Nuestra institución ha dedicado casi 15 años a la investigación y el desarrollo de la tecnología undimotriz, reconociendo el inmenso potencial que el Mar Argentino ofrece para transformar nuestra matriz energética y asegurar la sostenibilidad. Hoy, más que nunca, es crucial poner el foco en esta fuente renovable, no solo por su capacidad de generar electricidad, sino por lo que representa en términos de innovación nacional y soberanía tecnológica. 

La energía undimotriz, también denominada olamotriz, es el proceso de aprovechamiento del movimiento natural de las olas marinas para la generación de energía eléctrica. A diferencia de la energía mareomotriz, que utiliza el flujo de las mareas, la undimotriz capta la fuerza de las ondas generadas por la fricción del viento sobre la superficie del agua. El sistema ideado por nuestra universidad utiliza boyas que se desplazan verticalmente al ser atravesadas por una ola. Este desplazamiento se convierte, mediante un mecanismo interno, en un movimiento giratorio que alimenta un generador de electricidad.

Para el desarrollo de nuestro país, el impulso de esta tecnología, junto a otras energías renovables, reviste una importancia estratégica. Argentina posee un litoral marítimo extenso, con un potencial undimotriz considerado uno de los mejores a nivel mundial. Ciudades costeras como Mar del Plata y Necochea, donde existen nodos para la conexión al sistema eléctrico, se convierten en puntos de partida ideales para el despliegue de esta innovación. El objetivo final es ambicioso y transformador: pensamos en parques con cientos de boyas que podrían generar una potencia equivalente al consumo de miles de personas.

Es en este punto donde la visión de largo plazo de la academia se encuentra con la necesidad de políticas públicas concretas. La UTN BA ha trabajado sin descanso en el desarrollo de prototipos y pruebas a menor escala. Sin embargo, la materialización de un desarrollo a escala real, como el que se instalará próximamente en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, exige un compromiso institucional sostenido.

Precisamente, el avance actual es un testimonio vivo de la importancia del trabajo mancomunado entre la universidad pública, el sector público y el sector privado. Este convenio fue formalizado entre el Ministerio de Infraestructura bonaerense, a través de la Subsecretaría de Energía, nuestra universidad (UTN BA) y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA). El financiamiento, gestionado mediante programas provinciales, no sólo permitió que el proyecto siguiera adelante, sino que reafirmó la importancia de la inversión en el sector científico-tecnológico. Esta acción conjunta fortalece el vínculo indispensable entre el Estado, la academia y la industria.

Mirando hacia el futuro, la undimotriz no sólo provee energía limpia y disponible, sino que fomenta el desarrollo industrial. La construcción de los equipos convertidores en territorio argentino, un paso esencial en el proyecto, impulsará el trabajo y la producción nacional. Si bien la inversión inicial es comparable a la requerida para los aerogeneradores, el potencial energético que ofrece es significativamente superior, lo que promete una alta competitividad cuando la tecnología alcance su madurez.

Desde la UTN BA, celebramos este hito que pone a Argentina a la vanguardia tecnológica. La energía undimotriz es más que una promesa renovable; es la confirmación de que, con inversión en investigación y una decidida colaboración entre todos los sectores, podemos aprovechar el enorme potencial de nuestros recursos naturales, asegurando un futuro energético sólido, competitivo y soberano.

El autor es ingeniero. Decano de la Facultad Regional Buenos Aires – Universidad Tecnológica Nacional

Durante la última década, las empresas chinas han desempeñado un papel fundamental en la expansión de la infraestructura de energía limpia de Argentina, tanto a través de la financiación como de la participación directa en grandes proyectos.

Sin embargo, recientes cambios geopolíticos y económicos, como el estrecho alineamiento del actual gobierno argentino con Estados Unidos y el alejamiento de China, la falta de inversión pública para el desarrollo de infraestructura en Argentina y las tensiones comerciales a nivel global plantean dudas acerca de en qué medida puede mantenerse el impulso hasta ahora observado.

Esto se da en un contexto de inquietud respecto del futuro de las energías renovables en la Argentina a partir del fin del actual marco regulatorio. La ley 27.191, sancionada en 2015, estableció incentivos y contemplaba que las renovables representen el 16% de la generación eléctrica para finales de 2021, pasando al 18% a finales de 2023 y hasta el 20% a fin de este año.

De acuerdo a datos oficiales, el peso de las renovables en el sector eléctrico se ubicó en el 13% en 2021, ascendió hasta el 14,3% en 2023 y en el primer cuatrimestre del presente año está en un promedio del 17,2%. De la energía renovable generada en 2025, el 70% se explica por el sector eólico, seguido del solar, con el 19%.

“La inversión china en energías renovables en Argentina ha mostrado una evolución sostenida y una diversificación tanto tecnológica como geográfica”, explica Oriana Cherini, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Relaciones Internacionales.

“Empresas como PowerChina y Envision han desarrollado proyectos eólicos y solares en varias provincias, en un marco de cooperación impulsado inicialmente desde el nivel nacional y articulado a través de instrumentos la adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI)”, agrega.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta

Entre los proyectos chinos solares más relevantes, se encuentra el parque solar Cauchari, de 312 MW instalados de potencia que se espera poder ampliar hasta los 500 MW. La planta fue financiada en su mayoría por el Export Import Bank of China y construida por Power China, Shanghai Electric Construction y Talesun. También se destaca el parque solar Cafayate, construido por PowerChina e inaugurado en 2019, de 97,6 MW.

En el sector eólico, China también tiene una participación relevante a partir de los cuatro parques eólicos de Loma Blanca, en Chubut, construidos por PowerChina y operados por la firma china Goldwind, con una potencia instalada eólica de 355 Mw, junto al parque eólico Miramar, al sur de la provincia de Buenos Aires, con 96 MW de potencia, entre otros.

Factores en juego

Para Stella Maris Juste, doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), uno de los principales factores que impactan en el desarrollo de nuevos proyectos es la disponibilidad de fondos de los grandes bancos chinos, como el Eximbank y el China Development Bank, “que son los que normalmente financian inversiones en lo que es renovables”.

De acuerdo a un reciente informe de Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, si bien China destinó US$ 472.000 millones en financiación pública y con garantía pública hacia los países de ingresos bajos y medios de todo el mundo entre 2008 y 2024, actualmente el nivel de préstamos está muy por debajo de los máximos registrados entre 2015 y 2017. Los préstamos de las dos instituciones a América Latina y el Caribe promediaron soloUS$ 1.300 millones al año entre 2019 y 2023.

En cambio, avanza la inversión extranjera directa (IED) de parte de las empresas chinas. “La IED china se ha disparado, tanto en términos absolutos como en relación con la financiación para el desarrollo. Este cambio podría reflejar una maduración de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), a medida que las empresas chinas adquieren experiencia en el extranjero y pueden asumir la gestión de proyectos por sí mismas”, indica el reporte. La tendencia es evidente en otros lugares donde invierte China, como Indonesia.

Para Juste, programas de gobierno de estímulo a las renovables en Argentina, como lo fue el RenovAR en 2016, facilitaron la movilización de recursos en una etapa previa. A ello se suma el factor político. “Cuando la vinculación política pasa por un buen momento, hay más sinergia en la cooperación financiera”, agrega.

Juste y Cherini coinciden en el creciente peso que están tomando los gobiernos subnacionales en las inversiones de China en Argentina en el marco del mayor alineamientodel gobierno del presidente Javier Milei con Estados Unidos.

Mientras que hasta 2023 el gobierno nacional jugó un rol facilitador del vínculo con China, favoreciendo acuerdos estratégicos, eso ya no ocurre y ahora son las provincias las que toman la iniciativa. “A través de agendas subnacionales, muchas de ellas están promoviendo vínculos directos, transformándose en actores fundamentales de la cooperación energética”, sostiene Cherini.

Perspectivas a futuro

Uno de los elementos que impacta sobre las perspectivas a futuro del sector renovable es la finalización, a finales de este año, de la Ley de Energías Renovables de 2015.

Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad de la empresa de energía renovable Genneia, sostiene que se está impulsando una prórroga de la ley, que mantendría la meta del 20% junto con una protección jurídica y fiscal para las inversiones en el sector.

“La demanda de energía se mantendrá en los próximos años, y la energía renovable es muy competitiva hoy, por lo que esperamos que la penetración crecerá fuerte de todos modos”, agrega.

Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostiene que, si bien este año muy probablemente no se alcancen los objetivos de la ley, la misma fue una herramienta importante para el desarrollo del sector. “No tener una actualización de la ley pone barreras y desafíos para la transición en nuestro país. Sobre todo, genera una gran incertidumbre de cómo será la política energética en materia de renovables en los próximos años”, sostiene.

Otro factor clave a la hora de analizar el futuro del sector de las energías renovables en Argentina es la falta de desarrollo de infraestructuras para el transporte de electricidad, necesarias para dar soporte a fuentes como la eólica y la solar. Se han realizado importantes inversiones chinas en proyectos de este tipo en países vecinos como Brasil y Chile, mientras que en 2022, la empresa china State Grid anunció sus planes de invertir US$ 1.000 millones en la mejora de la red eléctrica en los alrededores de Buenos Aires. Sin embargo, estas deficiencias en la red eléctrica argentina han limitado las oportunidades de crecimiento en los últimos años. En mayo, el gobierno presentó un plan para que el sector privado financie 16 proyectos prioritarios de transmisión.

En tanto, para Mercure, de FARN, la limitación en infraestructura de transporte de electricidad del país hace que la generación distribuida —por ejemplo, paneles solares instalados en una vivienda o que alimentan una microrred— sea una opción atractiva. Actualmente, Argentina cuenta con solo 78 MW de capacidad eléctrica distribuida instalada y aproximadamente 2.900 usuarios generadores de electricidad. Casi todos estos usuarios dependen de paneles solares, en su mayoría importados de China, aunque la primera fábrica nacional del país tiene previsto comenzar a producir este año.

Estos retos en torno a la transmisión, según Mercure, son “una invitación para avanzar hacia esquemas de generación distribuida que justamente permitan acercar la generación a los centros de consumo”.

JL

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

Google, subsidiaria de la tecnológica Alphabet, invirtió más de US$3.000 millones en el mayor acuerdo hidroeléctrico de Estados Unidos con la compañía Brookfield Asset Management. Según un comunicado, Google modernizó dos plantas hidroeléctricas en Pensilvania, propiedad de esa empresa, como parte de unos acuerdos iniciales de compra de energía a 20 años, que le proporcionaron hasta 3.000 megavatios de esta energía renovable.

La creciente demanda energética de la inteligencia artificial y los centros de datos puso presión sobre las grandes tecnológicas para garantizar un suministro confiable, estable y sustentable. Empresas como Google, Microsoft y Amazon están acelerando sus inversiones en energías renovables para acompañar el auge del cómputo intensivo, clave para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y servicios en la nube, que consumen una cantidad de electricidad cada vez mayor.

Brookfield Asset Management es una de las gestoras de activos más grandes del mundo y tiene una presencia destacada en el sector energético, especialmente en energías limpias. La compañía controla más de 25.000 megavatios de capacidad renovable instalada a nivel global y fue uno de los socios estratégicos de empresas tecnológicas interesadas en reducir su huella de carbono mediante acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas enelDiario inglés) a largo plazo.

Brookfield y Google se centraron inicialmente en los mercados eléctricos del Atlántico medio (PMJ) y del continente medio (MISO) de Estados Unidos, en estados como Wisconsin, Michigan o Indiana, con flexibilidad para expandirse a otras regiones del país.

La jefa de Energía para Centros de Datos de Google, Amanda Peterson Corio, dijo en la nota que la colaboración “aseguró un suministro de energía limpia en la región PMJ” y consideró que contribuirá a una red eléctrica “más sólida” para el país.

La PJM es la red eléctrica más grande del país y abarca trece estados del Atlántico Medio y partes del Medio Oeste y el Sur, que incluye a Nueva Jersey o Maryland, así como el mercado de centros de datos más grande del mundo, localizado en el norte de Virginia.

El objetivo de este acuerdo fue satisfacer la creciente demanda de energía de los centros de datos y la inteligencia artificial en la región, según el comunicado.

“Será necesario suministrar energía a escala y de diversas fuentes para satisfacer las crecientes demandas de electricidad derivadas de la digitalización y la inteligencia artificial”, aseguró el presidente de Brookfield Asset Management, Connor Teskey, en el comunicado.

JJD, con información de EFE.

Genneia anunció la reciente entrada en operación comercial del Parque Eólico La Elbita, un proyecto que representa un hito significativo en la expansión de la capacidad de generación eólica de la compañía.

Ubicado a 42 kilómetros de la ciudad de Tandil en una extensión de 1.464 hectáreas, La Elbita se destaca como el primer parque eólico a gran escala de la región y el mayor proyecto de Genneia en la provincia de Buenos Aires. Equipado con 36 aerogeneradores de última generación de 120 metros de altura, el parque tiene una capacidad de producción diseñada para abastecer la demanda de grandes usuarios industriales en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

Con una inversión superior a los US$ 240 millones, el desarrollo de La Elbita fue posible gracias a un financiamiento mixto que incluyó tanto fondos internacionales como locales. En el ámbito internacional, Genneia contó con el respaldo de FMO, el banco de desarrollo de los Países Bajos, y FinDev Canadá, el banco de desarrollo canadiense, que otorgaron un préstamo corporativo de 85 millones de dólares a 10 años. A nivel local, los inversores participaron mediante emisiones de bonos verdes.

El proyecto tendrá un impacto directo en la comunidad, ya que generará 705.000 MWh de energía renovable al año, equivalente al consumo anual de 175.000 hogares. Además, se estima que evitará la emisión de más de 370.000 toneladas de dióxido de carbono.

“Nos enorgullece anunciar el inicio de las operaciones en el Parque Eólico La Elbita, un proyecto clave que refuerza nuestro compromiso con la energía renovable y el desarrollo sustentable en Argentina. La puesta en marcha de este parque eólico en la localidad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, representa un nuevo paso en nuestro esfuerzo por reducir las emisiones y fomentar una matriz energética más limpia y sostenible”, expresó Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

A principios de año, la compañía superó los 1.000 MW (1 GW) de capacidad instalada, y actualmente continúa consolidando su liderazgo en el sector de energías renovables con la entrada en operación del nuevo parque eólico en Tandil. A la fecha, Genneia cuenta con una participación de mercado de 20% en términos de potencia instalada solar y eólica.

Entre 2022 y 2023, América Latina fue la segunda región que más energías renovables agregó a sus redes eléctricas después de China, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De hecho, la AIE cree que el potencial sin explotar de la región en energía hidroeléctrica, solar y eólica significa que la ambición colectiva de triplicar la capacidad instalada de renovables para 2030, acordada en la cumbre climática COP28 del año pasado, podría ser mayor. Esto es algo que los países tendrán ocasión de revisar en sus planes actualizados de lucha contra el cambio climático, que deberán presentar a las Naciones Unidas a principios del año que viene. Pero, ¿qué sabemos ya?

Si hablamos exclusivamente de electricidad, América Latina es y ha sido desde hace tiempo una de las zonas más “verdes” del mundo. Tan solo el año pasado, se generó el 64% de la demanda con renovables. La energía hidroeléctrica por sí sola representa el 45% del suministro eléctrico de la región, y ha sido la base de la generación durante décadas en varios países.

Hay más de 8.000 proyectos de energías renovables ―incluido el hidrógeno― en fase inicial de obras en la región con un gasto total previsto de 233.000 millones de dólares, y 703 proyectos en construcción por 20.900 millones de dólares.

Sin embargo, si a esto agregamos las otras partes de la matriz energética como el transporte y la industria, los números son distintos. Según la CEPAL, en 2021 América Latina dependía en un 38% del petróleo y 25% del gas. Aun así, el aumento de renovables toma cada vez más protagonismo.

En conversación con Dialogue Earth, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), afirmó que hoy hay alrededor de 500 gigawats de capacidad instalada en toda la América Latina. También anticipa que para 2050 se contemplan 1000 gigawats más.

El protagonista histórico en esta matriz es la energía hidráulica, una fuente que lleva décadas instalada en varios países, especialmente concentrados en el Cono Sur. No obstante, Rebolledo destacó que la mayor parte de las “nuevas energías” instaladas, y las que se proyectan, provienen de un origen eólico y solar.

Este escenario supone un respiro para la región en materia de compromisos internacionales. Sin embargo, un análisis más nítido muestra dos desafíos. Fuentes consultadas por Dialogue Earth sostuvieron, primero, que existe una marcada disparidad entre los países latinoamericanos en cuanto a desarrollo de renovables, y segundo, que incrementar este tipo de fuentes no necesariamente implica dejar atrás a los combustibles fósiles.

América Latina, el mundo y China

Chile y Brasil lideran los esfuerzos de América Latina por impulsar las energías renovables, y ocupan el segundo y el cuarto lugar a nivel mundial en el recientemente publicado Tracker de Energías Renovables 2024 de Climate Action Network. Allí se examinan los resultados de 62 países en siete categorías, como la inversión en energías renovables, los puestos de trabajo en el sector y las ampliaciones previstas. Otros países de la región les siguen por debajo en la clasificación, como Argentina (21º), México (23º) y Uruguay (27º).

La región no camina en sintonía, pero sí da pasos lentos y progresivos hacia algún tipo de transición. Según Rebolledo, las hojas de ruta cambian de forma dinámica y se ven moldeadas por distintos factores políticos, económicos y tecnológicos tanto en la esfera internacional como la nacional.

El sociólogo argentino y especialista en transición energética Esteban Serrani afirmó que el hecho de que la transición se haya vuelto un modelo de desarrollo “mainstream” tiene un peso importante en todo esto. “Europa también está condicionando los créditos con una orientación ‘verde’. Hay un clima de negocios que, en general, se vuelve verde”, añade.

Según él, en especial después de la crisis del gas derivada de la guerra en Ucrania, Europa busca acelerar la transición, “no exclusivamente por una conciencia ecológica, sino por autonomía y seguridad”, razón por la que, explicó Serrani, incluyen el gas como “combustible puente” en su concepto de transición, una definición muy discutida.

Pero Europa no es la única potencia que está promoviendo estos cambios. China ―que alberga la mayor capacidad de energía renovable del mundo y la fuerza dominante en tecnología solar y eólica― aspira a ser el gran conductor de la transición energética en el mundo.

En América Latina, China se ha instalado como proveedor de tecnología manufacturada, importador y socio en la producción de materias primas necesarias para la transición energética e incluso de administrador de empresas eléctricas, como es el reciente caso de Enel en Perú, que fue adquirida por parte de State Grid Corporation, y Pontoon de Brasil, que fue comprada por PowerChina.

El desarrollo solar y eólico

Con la importante caída de precios en el mercado de renovables, varios países latinoamericanos han podido acelerar su desarrollo en energía eólica y solar.

Fuentes consultadas por Dialogue Earth ven necesario poner el foco en cómo estas inversiones externas pueden beneficiar a la región y no convertirse en una dinámica de exportación de materia prima e importación de productos refinados.

Serrani afirmó que los países de América Latina deben de atender el “trilema de la energía”. Este es un concepto que tanto él como distintos científicos y expertos de la región definen en tres variables que moldean las decisiones sobre la transición: la seguridad, la equidad y la sostenibilidad de la energía.

Según un reporte reciente del World Economic Forum que califica a 120 países bajo un análisis de estas tres variables, la región ha sido una de las que menos ha crecido en puntaje. Esto quiere decir que, a pesar de ser una de las zonas con una importante expansión de renovables, son pocos los países que se acercan a un desarrollo energético integral.

México, Argentina, Bolivia y Venezuela son países cuya transición ha dejado mucho que desear, sostuvo Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía en WWF y ex ministro del Ambiente de Perú. Esto se debe a que estos países siguen siendo fuertemente dependientes del petróleo, del gas e incluso del carbón tanto para su consumo, como para su exportación.

Al ser una región que aporta en su conjunto un 10% de las emisiones globales, Pulgar-Vidal considera que la ambición es más laxa y la transición se ve menguada. “Estos gobiernos también se enfrentan a sistemas de concesiones y de contratación bajo reglas de estabilidad que los limitan a la hora de asumir nuevos retos”, agregó.

En el caso de México, Omar Masera Cerutti, investigador en Recursos Bioenergéticos y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que el país pasó de ser uno de los más importantes exportadores de petróleo a ser un importador de alrededor de la mitad de los combustibles refinados y un exportador del 50% de su crudo. 

Sin embargo, el gobierno saliente apostó su política energética casi exclusivamente a la producción hidrocarburífera y detuvo las políticas para la transición energética. “En especial cuando sufrimos un 40% de pobreza energética es más difícil para países petroleros como este hacer una transición”, sostuvo Masera. El experto plantea la dificultad de abrir las puertas a los distintos jugadores del nuevo mercado energético dentro del país y el temor de perder soberanía sin resolver los problemas nacionales.

A pesar de estos límites, Masera confía en que la nueva administración, encabezada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pondrá foco en la transición energética. “Para adelante no se plantea como centro el desarrollo hidrocarburífero, pero sí en la eficiencia energética primero y después en impulsar renovables, especialmente hacia el sector eléctrico”, agregó. Fuentes cercanas al nuevo gobierno sostuvieron a Dialogue Earth que el 80% de los nuevos proyectos propuestos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán renovables.

Colombia, uno de los países de la región con mayor ambición política en materia de transición energética, tampoco ha podido dejar la producción de carbón, sostuvo Giovanni Pabón Restrepo, director de Energía en la ONG Transforma Global. “Es el 50% de las exportaciones y un generador de divisas”, agregó.

Algo similar sucede en Argentina, país en el que distintas administraciones han visto al megayacimiento de gas y petróleo Vaca Muerta como la respuesta a la crisis económica del país y una forma de reducir la importación de energía.

Pabón Restrepo coincide con Pulgar-Vidal sobre la dependencia regional a los hidrocarburos, y plantea que los países que han logrado distanciarse de este modelo, han pasado por una crisis energética en algún u otro momento de su historia. Tal es el caso de Brasil, Chile o Uruguay, que han impulsado importantes políticas de diversificación de sus matrices eléctricas incluyendo a la energía solar y eólica.

A diferencia de otros países productores de hidrocarburos, Brasil tiene una matriz eléctrica mayoritariamente abastecida de fuentes hidráulicas. Aunque desde una sequía histórica que sufrió entre 2000 y 2002, desarrolló un programa de incentivos a fuentes alternativas que dio como resultado un desarrollo de los biocombustibles provenientes de la caña, y de renovables no convencionales. Y recientemente, tanto este país como Colombia empezaron a preparar el terreno para el desarrollo de molinos eólicos offshore.

En el ranking elaborado por el World Economic Forum de transición energética, Brasil es el país que encabeza la lista de la región y el número 12 del mundo. Según datos oficiales, en la matriz eléctrica siguen predominando las fuentes hidráulicas aunque hay una creciente presencia de la energía eólica seguida de la solar, en especial de 2010 en adelante. “Ahora es mucho más caro hacer nuevas plantas hidroeléctricas que desarrollar parques eólicos o solares”, describió Ricardo Fujii, especialista de WWF Brasil.

Pero el mercado es solo una de las variables que influyeron tanto en Brasil como en otros países de la región en incrementar su potencia instalada de renovables. Para Andrés Rebolledo de Olade, una variable de éxito fue la visión de Estado de las políticas energéticas. Él también fue ministro de Energía en Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet y participó del proceso de transición energética que posiciona al país entre los más avanzados de la región. “En Chile, estas políticas permitieron darle continuidad y coherencia a este proceso y que han traspasado distintos ciclos políticos de las más diversas posiciones”, opinó.

En 2025, todos los países de la región deberán presentar sus nuevos planes climáticos, también llamados Contribuciones Nacionales Determinadas, ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Si bien se espera que las ambiciones sean mayores, aún es incierto cuál será la envergadura. La discusión en la región parece no solo centrarse en aumentar las renovables sino también en qué papel jugarán sus países y qué responsabilidad tendrán en esta ola productiva y comercial.

DM

YPF Luz y McEwen Copper, subsidiaria de la minera internacional McEwen Mining, firmaron un memorando de entendimiento (MDE) que permite a las compañías negociar de manera exclusiva para asegurar el abastecimiento de la demanda del proyecto Los Azules, en la provincia de San Juan, con energía de fuente renovable. El acuerdo prevé, además, la conexión del proyecto al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante una línea de alta tensión cuyo diseño, construcción y financiamiento estará a cargo de YPF Luz, mientras que la energía a suministrar provendrá de activos renovables de la compañía conectados al SADI.

Michael Meding, VP de McEwen Copper y gerente general del proyecto Los Azules, manifestó: “Los Azules va a cumplir un rol clave para la Argentina y para el mundo con una contribución importante en la descarbonización. El potencial geológico que tiene posicionará a San Juan en el mapa internacional de los recursos para la transición energética y en ese lugar, YPF Luz es un aliado estratégico para cumplir con nuestro objetivo de ser 100% renovables”.

Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, expresó: “Este acuerdo demuestra nuestro compromiso con brindar soluciones energéticas integrales que se adaptan a las necesidades de cada cliente, en este caso con obras eléctricas que permiten al proyecto abastecerse de energía confiable y renovable.”

El MDE robustece la alianza entre ambas compañías, que comenzó a principios de 2023, con la firma de un acuerdo inicial para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones que garanticen el suministro eléctrico a Los Azules.

Todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el desarrollo del hidrógeno verde (H2V) en Chile desde el gobierno suena prometedor: que el país tiene una de las mejores condiciones naturales en el mundo para el desarrollo de las energías renovables necesarias para esta industria y que sería una vía propicia para la descarbonización. Una lista de ventajas que sus promotores defienden y que despierta preocupación en organizaciones locales, ante la falta de información y la rapidez con la que avanzan los planes de su producción.

En mayo, el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric presentó el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, tras una consulta con un comité de expertos. Este conjunto de 80 medidas está diseñado para establecer salvaguardias sociales y medioambientales a medida que se amplía la industria, basándose en los planes que el ex presidente de Chile Sebastián Piñera estableció durante su segundo mandato (2018-2022).

Chile tiene tres objetivos principales para su industria del hidrógeno: producir el hidrógeno verde más barato del mundo en 2030; situarse entre los tres primeros países exportadores en 2040; y, en 2025, contar con 5 gigavatios de capacidad de energía renovable dedicada a la electrólisis, el proceso de división del agua con electricidad que se utiliza para crear hidrógeno “verde”.

Según un estudio encargado por el gobierno en 2020, el desarrollo del hidrógeno verde debería crear al menos 94.000 puestos de trabajo de aquí a 2050. Durante la presentación del Plan de Acción del Hidrógeno Verde el pasado mayo, el presidente Boric declaró: “Tenemos como meta posicionarnos como uno de los productores más competitivos a nivel mundial, siendo de los principales exportadores de aquí a 2040”.

Para el gobierno y la industria, una parte importante de ese potencial se encuentra en la región austral de Magallanes. Su energía eólica podría aprovecharse para producir hasta el 13% del hidrógeno verde mundial, según un estudio del Ministerio de Energía chileno.

La Asociación de Productores de Hidrógeno Verde de Magallanes (H2V Magallanes) informa que hasta ahora se han establecido inversiones en nueve proyectos en la región.

La carrera por el hidrógeno verde

Actualmente, la economía de Magallanes está impulsada por la ganadería, la industria de los combustibles fósiles, el turismo y la piscicultura. Sin embargo, su ubicación como la región más austral de Chile, y una de las menos pobladas, podría ser ideal para el desarrollo de hidrógeno verde: el último censo, de 2017, registró 166.533 habitantes en su extensión de 132.297 kilómetros cuadrados.

Anahí Urquiza, doctora en ciencias de la naturaleza y parte del Comité Estratégico del Plan de Acción de Hidrógeno Verde, explica que la región elegida para la puesta en marcha de esta industria no es casual. “Son lugares que tienen muy buena calidad de potencial de energía renovable, pero además tienen grandes territorios disponibles para poder hacer instalar parques eólicos o instalar paneles solares”.

En esa ruta, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), una agencia del gobierno, juega un rol particular en su misión de apoyar el desarrollo del hidrógeno. “Los vientos en Magallanes muestran factores de planta –es decir, el porcentaje de tiempo en el que la planta se encuentra generando energía– cercanos al 60%, lo que es incluso superior a los parques del Mar del Norte [en Europa]. Hay disponibilidad de un extenso territorio, la mayoría alejado de los centros urbanos más relevantes”, explica Ana María Ruz, directora ejecutiva del Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde de Corfo.

Parte de la transformación que se hará está concentrada en convertir al Terminal Marítimo Gregorio, la refinería de crudo más austral del mundo, en un complejo industrial para el hidrógeno verde. Es así que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) también ya firmó un acuerdo en 2023 con seis compañías internacionales de energía.

Uno de los proyectos que se encuentra en su etapa piloto es la planta Haru Oni, que podría ser la primera de e-fuels o combustible sintético en el mundo, iniciativa de la empresa Highly Innovative Fuels (HIF). El proceso, que permitiría energía limpia gracias al aprovechamiento de los fuertes y constantes vientos de Magallanes mediante aerogeneradores, lo explican en su web: los electrolizadores usan la energía eólica para dividir el agua en sus componentes, oxígeno e hidrógeno. El siguiente paso consiste en capturar el CO2 del aire y combinarlo con el hidrógeno verde para producir metanol sintético: la base de los e-combustibles como el e-diesel, que se pueden utilizar para automóviles, camiones, barcos o aviones.

Empresas de España, Bélgica, Italia, Estados Unidos y China estarían interesadas en instalar sus plantas de producción en Chile, aseguran desde Corfo. En octubre de 2023, el presidente Gabriel Boric realizó una visita de Estado a China, priorizando el intercambio en materia de tecnología e innovación. María Isabel Muñoz, vicepresidenta de la Asociación de Productores de Hidrógeno Verde de Magallanes, fue parte de la comitiva que sostuvo reuniones con empresarios chinos.

El primer país que logre una producción masiva y cierre un contrato con otro país es quién va a asegurar el mercado. Al final es una competencia

Paulina Ramírez — Investigadora en el Centro de Energía de la Universidad de Chile

Paulina Ramírez, investigadora en el Centro de Energía de la Universidad de Chile, destaca la importancia que tiene el país como pionero en esta materia, pues se trata de “una industria naciente o relativamente nueva. Entonces es para aprovechar la oportunidad porque llegas a algo que realmente no tiene mucha competencia al inicio”.

Parte de los desafíos, explica Ramírez, quien trabaja en proyectos asociados al Plan de Acción de Hidrógeno Verde, es que si bien el H2V se puede ocupar en cualquier industria y su uso puede ser mucho más eficiente, es necesario adecuar la infraestructura y los equipos. “En Chile tenemos la oportunidad de tener toda la cadena de valor al interior”.

Como toda apuesta, este plan supone un riesgo. No solo depende de las inversiones y avances que logre el país, sino también de que la demanda mundial se mantenga con los años. Ramírez cree que si bien nadie puede asegurar que dentro de una década esta fuente de combustible limpio siga siendo igual de valorada, su éxito va a depender de los contratos que se firmen. “El primer país que logre una producción masiva y cierre un contrato con otro país es quién va a asegurar el mercado. Al final es una competencia”.

El riesgo de convertirse en zona de sacrificio

Junto a la velocidad con la que se anuncia el desarrollo de nuevos proyectos, aparecen también las inquietudes respecto al impacto ambiental en la zona.

Allí, en la bahía y humedal de San Gregorio, se encuentran los dos sitios con mayor biodiversidad del lado norte del estrecho de Magallanes. Las características de su marea y los humedales de agua dulce de la zona la hacen rica en algas y atractiva para una variada gama de aves, entre ellas el amenazado canquén colorado, en peligro de extinción.

A organizaciones de la sociedad civil, científicos y expertos locales les preocupa que si bien la narrativa en torno al hidrógeno destaca su perfil “verde” y su desplazamiento de los combustibles fósiles, para llegar a producir a mayor escala se deban intervenir grandes extensiones de terreno y, con ello, sacrificar ecosistemas que son parte de la Patagonia.

El temor es que la región se convierta en una nueva zona de sacrificio, como ya ha ocurrido con otros sitios en Chile como la bahía de Quintero-Puchuncaví, en la Región de Valparaíso. Se trata de un área industrial que comenzó a funcionar en la década de 1960 y donde operaban termoeléctricas, petroleras y plantas químicas, cuya contaminación ha afectado directamente la salud de los habitantes y los ecosistemas.

El papel del agua en la producción de hidrógeno verde ha sido otra fuente de preocupación, ya que las regiones de Chile destinadas al desarrollo del hidrógeno verde carecen de los suministros de agua dulce necesarios. Esto ha llevado a planificar estrategias de tratamiento de agua salada para varios proyectos. Según un informe reciente de International PtX Hub, una iniciativa de hidrógeno verde del gobierno de Alemania, la industria del hidrógeno verde de Chile consumirá 107 millones de metros cúbicos de agua desalinizada al año en 2030.

“Las plantas desalinizadoras también tienen un impacto grande. Sobre todo si está pensado a gran escala, como es el caso de Magallanes”, explica Urquiza. “Sin duda tendría un tremendo impacto ambiental y social, porque significa transformar una región en donde hay que construir grandes puertos, aumentar el tráfico, generar una gran migración de población a estos territorios para que efectivamente se pueda llevar a cabo la industria”, asegura.

Urquiza advierte que el hidrógeno verde no puede ser visto como “una bala de plata”, sino como una alternativa que requiere exploración; si la generación de hidrógeno verde no se desarrolla para ser sostenible, esta industria emergente frustrará sus propios objetivos positivos para el medioambiente, afirma.

Intervenciones comunitarias

“La verdad es que la industria del hidrógeno verde ya está instalada en la región de Magallanes”, dice la bióloga marina Gabriela Garrido, que forma parte del Panel Ciudadano H2 Magallanes, compuesto por una red de organizaciones ambientales y científicas de esa región. A Garrido le preocupa que ya haya empresas avanzando con proyectos en el territorio. Asegura que hay compañías que llevan tres años recopilando información y realizando monitoreos, independientemente de que estos proyectos sean finalmente revisados y aprobados por el servicio de evaluación ambiental del Estado.

En diciembre de 2023, un grupo de organizaciones regionales y nacionales firmaron una cartasolicitando al presidente Boric que “no transforme a Magallanes en una zona de sacrificio”. En el texto reiteran su “profundo rechazo a la forma en que el gobierno y privados están impulsando el desarrollo de la industria del hidrógeno ‘verde’ a lo largo en el país, siendo el caso de la Región de Magallanes y de la Antártica chilena de extrema preocupación.”

Para Garrido, “es una industria que ya está haciendo presión sobre el territorio en términos sociales, mediáticos y políticos, e interviniendo también localidades y comunas que son extremadamente vulnerables, donde efectivamente es muy fácil llegar con un maletín lleno de esperanza y dinero”.

Esa presión se traduciría en la presencia de profesionales enviados por las empresas ya instaladas en Magallanes y que estarían encargados de vincularse con la comunidad para influir desde diferentes ámbitos: persuadiendo a las juntas de vecinos, a los comités culturales, ofreciendo invernaderos en las escuelas; además de charlas y otros tipos de servicios. “Intervienen el tejido social”, dice Garrido.

Están interviniendo localidades que son extremadamente vulnerables, donde es muy fácil llegar con un maletín lleno de esperanza y dinero

Gabriela Garrido — Miembro del Panel Ciudadano H2 Magallanes

Tanto a ella como a las organizaciones y los expertos que componen el Panel Ciudadano, les preocupa que se intervengan estas comunas que están aisladas y que, asegura, han sido dejadas de lado por el Estado y por los gobiernos regionales, donde la posibilidad de la creación de puestos de trabajo y de mejorar los servicios públicos locales es inevitablemente bienvenida. “Son comunas que tienen deficiencias en términos de electricidad, de alcantarillado, de conexión a internet, de mala educación y de mala salud. Cuando tú vienes con estas promesas es muy fácil encantar”, dice Garrido.

Las empresas representadas por la Asociación de Productores de Hidrógeno Verde de Magallanes no respondieron a las preguntas formuladas por Dialogue Earth. Ana María Ruiz, de Corfo, señaló que el Plan de Acción Hidrógeno Verde contó con una amplia participación ciudadana en Magallanes y que no todos están en contra de la industria. Dijo que la industria se está desarrollando de manera “planificada y ordenada” y tomando en consideración aspectos sociales y ambientales, agregando valor local.

Urquiza reconoce que la apuesta de H2V ocurre en medio de incertidumbres, ya que se trata de una fuente de energía que recién se está desarrollando, por lo que se necesita generar todavía nuevas tecnologías. “Hay varios problemas que no están resueltos para poder bajar los costos de la producción de energía para que sea viable y que, efectivamente, pueda tener un impacto en la transición energética de diferentes sectores”, dice.

“El problema tiene que ver con que esta forma de atacar la descarbonización de la matriz todavía no es viable tecnológicamente”, agrega Garrido.

Según su Plan de Acción del Hidrógeno Verde, el gobierno chileno establecerá las normas sociales, medioambientales y laborales necesarias para la industria antes de 2026. Antes de que termine su mandato a finales de 2025, el presidente Boric espera haber confirmado entre 10 y 12 proyectos de hidrógeno verde para el país.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/

En su cuenta de X, Cristina Kirchner señaló que el decreto “faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla en Quilmes”.

"No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos", agregó.

La ex presidenta indicó, en cuanto al proyecto de Ley Bases, que el Título III sobre “contratos y acuerdos transaccionales” autoriza al Poder Ejecutivo, “por razones de emergencia”, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023.

No obstante, señaló, que en la norma “quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también)… aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”.

El mesanje completo de CFK

DM con información de agencia NA

El Gobierno de Javier Milei envió el viernes último un documento con las propuestas a modificaciones en el proyecto de Ley Ómnibus que incluyen cinco posibles adaptaciones a los cambios que los libertarios buscan imponer en las leyes ambientales, como la Ley de Bosques, la Ley de Quema y la de Glaciares. Para los diputados de la oposición, no está claro aún cómo quedarían esos cambios plasmados en el texto definitivo de la megaley y esperan mayores definiciones por parte del Ejecutivo. También sostienen que los cambios están muy lejos de las objeciones en materia ambiental que realizaron los diputados a los funcionarios del Gobierno durante el plenario de esta semana, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR.

Las negociaciones encabezadas por diputados de los distintos bloques con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental.

La Fundación Vida Silvestre fue una de las que intentó dialogar con todos los sectores de la Cámara de Diputados y logró reunirse con integrantes de casi todos los bloques e interbloques, menos con quienes no quisieron recibirlos: La Libertad Avanza -nunca respondió el pedido enviado por escrito- y el PRO. Sólo la diputada Marilú Quiroz (PRO) los escuchó, según una publicación en Instagram de la organización ambientalista. La entidad envió este viernes por la tarde una nueva carta a los presidentes de los bloques en la que les solicita no votar la Ley Ómnibus incluso son las nuevas modificaciones, debido a que están muy lejos de lo esperado. Esta nueva propuesta “sigue manteniendo modificaciones inaceptables en las leyes de bosques, quema y pesca y, en el caso de la ley de glaciares, incluso, propone nuevos cambios. Estas propuestas desguazan el funcionamiento estructural de las normas, por lo que, de ser sancionadas harán retroceder al país en materia de protección ambiental”, afirmó.

Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal.

Margarita Stolbizer — Diputada Gen e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

“Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que integra el interbloque Hacemos Coalición Federal. “No se explica la urgencia ni han sido fundamentados sus beneficios para la economía y para morigerar la situación de crisis”, explicó Ferraro sobre las modificaciones que el Gobierno quiere imponer en materia ambiental. “También vemos que algunas propuestas son regresivas y rompen con principios de la ley general de ambiente”, agregó el diputado.

“La concepción política ideológica que tiene este proyecto, que está expresado incluso en los fundamentos del mensaje de envío, es una cuestión muy dirigida a una liberación del mercado, de un capitalismo a ultranza, prácticamente deshumanizado. Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal”, aseguró Margarita Stolbizer a elDiarioAR.

La diputada del GEN e integrante del mismo interbloque. “Tiene que ver con la desprotección, la autorización, habilitar negocios en zonas o en ámbitos que tenían la protección ambiental y ahora no lo tienen. Y por otro lado, con el desfinanciamiento de aquellos ámbitos, fondos o recursos que estaban destinados a la protección ambiental”, afirmó Stolbizer, 

Sobre el documento que circuló este viernes con propuestas de cambios del Gobierno, Ferraro afirmó: “No podemos sacar conclusiones del punteo que circuló ayer en el que no quedan claras las modificaciones que estaría proponiendo el Ejecutivo sobre el capítulo ambiental”. “A priori, parecería que han cedido en algunos aspectos pero seguimos esperando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición, más allá de que creemos que este capítulo no debería bajar al recinto. En todo caso, habría que debatir lo que haya que debatir en sesiones ordinarias”, dijo Ferraro.

“Lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo presente estas propuestas en el período ordinario y se discutan en las comisiones competentes. Al capítulo ambiental solo se le dedicaron unas pocas líneas en los fundamentos de la Ley Ómnibus”, argumentó el diputado de la CC. “La normativa ambiental vigente exige una amplia participación en la toma de decisiones ambientales, por lo que un debate exprés resulta inadmisible. Seguiremos trabajando para que esta sea la postura que prime”, agregó Ferraro.

Incluso con leyes que protegen los bosques y glaciares, el avance sobre el ambiente ha sido un hecho. Las normativas han permitido frenar, ralentizar, exponer y sancionar dicho avance. Por ejemplo, el último informe de Greenpeace sobre desmontes determinó que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas -superior a la del año anterior, con 118.805 hectáreas- y advirtió sobre la ilegalidad de todos los desmontes realizados en Chaco, suspendidos por la Justicia provincial, y de más del 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Un escenario sin estas leyes sería catastrófico y un triunfo de quienes las han violado o intentado violar desde su vigencia, coinciden las organizaciones.

Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus.

Maximiliano Ferraro — Diputado de la Coalición Cívica (CC) e Interbloque Hacemos Coalición Federal.

Ley de Bosques

La modificación que plantea el proyecto original deja a más del 80% de los bosques nativos de la Argentina desprotegidos y a merced de los negocios y desmontes a gran escala. “Implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos”, determinaron un centenar de organizaciones en una carta abierta a los diputados.

La Ley 26.331 clasifica a los bosques en tres categorías: roja (conservación estricta), amarilla (uso sostenible) y verde (posible cambio de uso del suelo previo EIA y audiencia pública), conforme un proceso participativo de ordenamiento territorial liderado por las provincias, con control de la Nación, explicó la FARN en un escrito. 

Tras las negociaciones con la oposición, el Ejecutivo envió este viernes a Diputados una serie de propuestas que modificarían el proyecto original. El Gobierno habría accedido a eliminar la modificación del artículo 26 de la ley, el que establecer que para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de la participación ciudadana y el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.

También habría propuesto agregar un artículo para garantizar los fondos para nutrir el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos para 2024.

Ley de Glaciares

El Gobierno quiere modificar la ley 26.639, que garantiza la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El objetivo explícito del Ejecutivo es habilitar la actividad económica en la zona periglacial, un reclamo histórico de las mineras, que buscan extender sus explotaciones a estas áreas de las montañas. 

“Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada de determinados glaciares: aquellos que se encuentran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares (que es incompleto por excluir a los glaciares menores a 1 hectárea), y que además posean una ‘función hídrica efectiva y relevante’”, explicó FARN en un escrito.

En la propuesta de este viernes, el Ejecutivo sólo habría accedido a modificar el artículo 6 para “dar más claridad a la reforma”. “Nos preocupa, por ejemplo, que habría una modificación al artículo 6° de la Ley de Glaciares que actualmente prohíbe la actividad minera en los glaciares y el ambiente periglacial. Seguiremos aguardando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición”, dijo el diputado Ferraro a elDiarioAR.

Ley de Control de Fuego

Ley 26.562 controla las actividades de quema. Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo agregan a la definición del “aprovechamiento productivo” de la tierra a toda actividad que tenga “una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. 

“Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen”, entre otros usos, explicó Fundación Vida Silvestre. 

El Gobierno habría accedido a eliminar el artículo 497 que modifica esta parte de la ley, de acuerdo al documento que circuló este viernes.

“El 90% de los incendios que ocurren en el país son consecuencia de actividades humanas y las modificaciones que propone hacer la Ley Ómnibus empeorarán esta problemática”, explicó FARN.

El proyecto original mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización pero establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.

En las propuestas del viernes, el Ejecutivo también habría accedido a ampliar ese plazo a 90 días, tras las reiteradas objeciones de distintos sectores de la oposición. 

Ley de pesca

Ley 24.922 garantiza el Régimen Federal de Pesca y las modificaciones propuestas facilitarían una profundización del extractivismo en el mar, sin usos que sigan pautas de conservación ni la consideración de los impactos sobre la biodiversidad marina, explicó Fundación Vida Silvestre en un comunicado.

“El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP)”, explicaron las organizaciones en la carta enviada a los diputados. 

La Ley Ómnibus deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos, lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca. “Existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y estas modificaciones que pretende el Ejecutivo “provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados”, agregaron. 

Ante las quejas de los gobernadores de las provincias que se verían afectadas, el Gobierno aceptaría dar marcha atrás con al menos algunos cambios de esta ley.

Sin renovables y mercados de carbono

La Ley Ómnibus no plantea cómo llevar adelante la transición energética hacia una matriz  más limpia, a través de energías renovables, ni establece el camino para que la Argentina cumpla con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2030 y carbono neutralidad a 2050, que el país se comprometió a cumplir en el marco del Acuerdo de París. 

Lejos de eso, el proyecto de ley establece mercados de derechos de emisión de GEI. “Es un enfoque netamente mercantilizador de la naturaleza y que no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT) son los principales responsables de las emisiones según el Inventario Nacional de GEI”, explicó FARN en un artículo. 

Los mercados de carbono que habilita la nueva ley son “un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden comprar y vender permisos de emisión o créditos de carbono para compensar sus emisiones de una manera costo efectiva”.

“Los mecanismos de mercado de carbono deben estar enmarcados en una estrategia que tenga en cuenta los compromisos internacionales, particularmente el de carbono neutralidad a 2050, pero también que garantice salvaguardas socioambientales y tenga en cuenta a actores fundamentales de la ciudadanía”, afirmó FARN.

El proyecto de ley privilegia al sector hidrocarburífero con medidas como la extensión de las concesiones a 35 años para yacimientos no convencionales y a 30 años en el caso de la explotación de la plataforma continental y el mar territorial, explicó FARN en un documento. Además, la organización afirmó que “la forma de otorgamiento de permisos es flexibilizada y se fija que las regalías constituyen la única suma que pueden recibir las jurisdicciones titulares de dominio de hidrocarburos”.

ED/MG

El “paquete de energía” fue lanzado con bombos, platillos y nombres rimbombantes. Y es que el doctor Sultan Al Jaber, presidente de la COP28, parece empecinado en demostrar que esta será una cumbre para el recuerdo y que los Emiratos Árabes Unidos habrán enmendado el curso de la tan retrasada y anhelada acción climática.

Se comprometieron 2,5 mil millones de dólares para el desarrollo de energías renovables, 1,2 mil millones en reducción de emisiones de metano, más de 50 compañías fósiles se comprometieron a alcanzar cero emisiones y más de 100 países firmaron un compromiso de triplicar la capacidad instalada de energías renovables de aquí a 2030.

Pero a solo días de cerrar la primera semana de la conferencia, la sombra fósil que persigue a esta COP se siente más que nunca. Y es que solo un día después de los compromisos, se conocieron los dichos de Al Jaber argumentando que “no hay ciencia” que vincule el fossil fuel phase-out con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C.

He aquí el porqué del inglés. Las traducciones se vuelven complejas, pero el debate –desde hace unos años– se suele quedar entre dos términos: phase-out o phase-down. Parece sutil, pero la diferencia es abismal. El primero significa reducir hasta dejar de usar. El segundo, reducción gradual sin que necesariamente se acabe.

Lo que Al Jaber dice en el fondo es que la acción contra el cambio climático puede ir de la mano con los combustibles fósiles. Reducir las emisiones, pero no eliminar su fuente. 

Esto llevó a una conferencia de prensa donde Jim Skea, cabeza del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), respaldó los dichos de Al Jaber y lo calificó como un hombre que “entiende la ciencia”, lo que ha iniciado un debate en el propio mundo científico.

Solo hace unos días atrás, el secretario general de Naciones Unidas había sido mucho más categórico al respecto, hablando precisamente del paquete de energía de la COP: “La ciencia es clara: el límite de 1,5°C sólo es posible si finalmente dejamos de quemar todos los combustibles fósiles. No reducir, no disminuir. Eliminarlos gradualmente, con un calendario claro”.

Hablando sobre alcanzar las emisiones netas cero con ministros y presidentes, Antònio Guterres, secretario General de Naciones Unidas, deslizó algunos aspectos claves del debate de esta cumbre: cualquier plan de transición debe “abarcar todas las actividades, en todos los eslabones de las cadenas de valor. La auténtica descarbonización no puede sustituirse por dudosas compensaciones o créditos de carbono, en ningún ámbito de emisiones. Y los planes deben detallar los objetivos para 2025, 2030 y 2035. Y estos planes deben estar en consonancia con las vías basadas en la ciencia para limitar el calentamiento a 1,5°C”.

El tira y afloja fósil en la COP28 

Todo este ambiente es reflejo de lo que ocurre también dentro del predio en Expo City Dubai, donde más de 2400 lobistas de combustibles fósiles están registrados como participantes. Aunque fuera de los focos, cámaras y anuncios, representantes de todos los países buscan llegar a acuerdos claves para el futuro del Acuerdo de París.

El “paquete de energía” tiene un símil dentro de las salas de negociación, particularmente en las discusiones sobre el Balance Mundial o Global Stocktake. Es la instancia que el propio Acuerdo de París determina para evaluar los avances y corregir el rumbo. La expectativa para muchos es que de esta negociación aparezca un resultado ambicioso en los dos ámbitos relacionados a energía: promoción de renovables y disminución de fósiles.

“El cambio climático no es causado por la ausencia de energía renovable, es causado por la quema de combustibles fósiles. Entonces la función de las renovables es proveer la energía para que podamos eliminar los fósiles. Si todo lo que haces es agregar energía renovable, pero mantienes lo fósil, seguimos con emisiones de gases de efecto invernadero y seguimos con el cambio climático, ambas deben ir de la mano”, afirma Greg Muttit, investigador del IISD y autor del Informe sobre Brecha de Emisiones.

El último borrador disponible del Balance Mundial -hasta el cierre de esta ediciónno deja contento a nadie y tiene más puntos por resolver que acuerdos logrados. El texto -que será uno de los grandes resultados de esta cumbre- habla de “una eliminación ordenada y justa de los combustibles fósiles”; de “acelerar los esfuerzos para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles no reducidos”; o de “poner fin inmediatamente a la producción de nuevas centrales de carbón no reducidas”.

“No reducidos” –o en inglés unabated– se refiere a un complejo e importante debate de esta cumbre. Tal como hay que distinguir entre “reducción” y “dejar de usar”, existe otra categoría en el mundo climático, que se refiere a aquellas emisiones que se pueden someter a tecnologías de “gestión del carbono” y las que no. 

Esto es una práctica muy defendida por la misma industria fósil, ya que se refiere al manejo de las emisiones sin un cierre definitivo. Por ejemplo, cuando se habla de “unabated coal”, se refiere a que la acción está dirigida a la reducción de las emisiones del carbón que no se pueden someter a dichas tecnologías. 

¿El problema? Son tecnologías caras y poco efectivas. Solo el 0,1% del total de las emisiones anuales del sector se capturan con esta vía. Pero aún así, están en el centro del debate de la COP.

“La industria fósil viene diciendo que esta es la manera para enfrentar el cambio climático desde 1990. La razón por la que no ha pasado en 30 años es porque es algo muy caro de realizar, especialmente ahora donde las acciones más efectivas y baratas son las energías renovables. La única razón para hacer esto es para mantener viva a la industria, no para evitar emisiones”, afirma Muttit, quien espera que todo el lenguaje de “unabated” no esté en los textos de negociación.

Para Enrique Maurtua, analista de políticas climáticas, y quien ha seguido de cerca las decisiones del Balance Global, la esperanza del sector es ese “espaldarazo” político de la COP: “Esa es la señal que busca el sector privado para conseguir las inversiones e incluir estas tecnologías por todos lados, para poder decir que venden petróleo carbono neutral”.

Desde el grupo de países latinoamericanos presentes en la cumbre, aseguran a Comunidad Planeta que el debate se ha visto todo el año y preocupa cómo el lenguaje puede terminar menoscabando lo que hay que hacer. Y es que si bien existe el uso de la palabra “unabated” en la literatura científica, en el marco de la cumbre se utiliza sin especificar a qué se refiere. Por eso, parte de la discusión también está en establecer condiciones: que todos entiendan lo mismo por el concepto, que se establezca un marco temporal para el desuso de estas tecnologías, que abarque todos los combustibles fósiles y que sea en línea con lo que el IPCC ha dicho, de no permitir nueva infraestructura de combustibles fósiles.

La agenda latinoamericana, eso sí, no es una sola: Brasil ganó el premio al “fósil del día” después de anunciar su suscripción a la alianza de países petroleros, y según reportó Pública, la estatal brasileña Petrobras pretende ser una de las últimas en dejar de explorar petróleo. 

Y es que hablar de todos los combustibles fósiles complica a varios de la región, que tienen en las rentas del gas un porcentaje del PIB por encima del promedio mundial (Argentina, Bolivia y Trinidad y Tobago). La operación continua de la capacidad de combustibles fósiles existente en América Latina y el Caribe durante su vida útil restante podría generar 6.9 gigatoneladas de CO2 de emisiones, de las cuales el 52% provendría del gas.

Precisamente, uno de los debates energéticos -donde no hay consenso- es si la acción debería apuntar a sectores y fuentes de las emisiones. 

“Tener buenos resultados en Balance Mundial es fundamental para el éxito de la COP30 donde las nuevas NDC [compromisos climáticos] serán presentadas. Entonces no es solo la evaluación hacia atrás, sino también a cómo vamos a llegar al camino que tenemos que llegar y orientar las NDC”, afirmó esta tarde Ana Toni, secretaria nacional de Cambio Climático de Brasil. “El texto actual tiene elementos positivos, pero no refleja la urgencia en la que estamos”, agregó André Correa do Lago, jefe negociador del país.

En paralelo, en la cumbre se discute también en un grupo de trabajo sobre Transición Justa, el que fue creado el año pasado en la COP27 y que se espera que este año entregue ciertos lineamientos para la definición de qué es - precisamente - una transición justa. Mientras los países desarrollados prefieren limitar la discusión al sector del trabajo, desde el Sur global pretenden llegar a una conceptualización más holística que considere la responsabilidad histórica del Norte global. 

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa “Comunidad Planeta en la COP28”.

Octubre de 2023 fue el mes de mayor aumento de temperatura de la historia. Y con altísima probabilidad, 2023 será el año más cálido en la historia. Tomando lo que va del año, tenemos 1,43 °C por encima de la media preindustrial. 

Toda la evidencia científica demuestra que no hay espacio para aumentar la producción de combustibles fósiles si se quieren cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Solo este año lo han dicho el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Si el mundo sigue expandiendo los fósiles, la ventana de los 1,5° se cerrará definitivamente.

Con esas evidencias en la mano llegaron este 30 de noviembre los países a encontrarse en una nueva Cumbre del Clima, la COP28 que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La ciudad –desarrollada gracias a las “bonanzas” del petróleo– recibe a representantes de todos los países para discutir el futuro del clima del planeta, ante la crisis originada -–en gran medida– por el mismo petróleo, junto al carbón y gas.

Las contradicciones y tensiones marcarán las dos semanas que durará la Cumbre. Aquí presentamos las claves para entender una discusión compleja, técnica y sumamente política, que puede ser fundamental para el futuro del planeta.

Los nudos de la discusión energética

La COP28 es única en muchos sentidos, pero tal vez el mayor de todos es el llamado Balance Mundial o Global Stocktake. Es la instancia que el propio Acuerdo de París determina para evaluar los avances y corregir el rumbo. Una respuesta ambiciosa de los países al Balance puede sentar el paso para lo que implica el cumplimiento del tratado: una transformación de los actuales sistemas energéticos, financieros y alimentarios para garantizar un planeta habitable para todos y todas.

En lo energético, aparece un resultado sobre el que todos parecen estar de acuerdo: triplicar la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables (solar y eólica, principalmente) para 2030.

Triplicar la capacidad de renovables en el mundo es la acción más grande que requiere el clima en esta década“, afirmó tajante Katye Altieri, analista de transición eléctrica global en Ember, think thank que presentó un detallado análisis sobre cómo lograrlo.

La Agencia Internacional de Energías Renovables, la Agencia Internacional de Energía y la propia presidencia de la COP28 están alineadas en esto: se requiere triplicar la capacidad instalada hasta 11,000 gigawatts para 2030, con el fin de mantener vivo el objetivo de 1,5°C.

El análisis de Ember muestra que la meta, aunque muy importante para la acción climática, no es tan inalcanzable como puede sonar. Las actuales promesas y compromisos proyectan que la capacidad instalada de renovables se duplicará para comienzos de la próxima década. Lo que se necesita es el último empuje.

Junto a esto, la presidencia de la COP también impulsa un compromiso para duplicar la eficiencia energética para 2030. En palabras simples, la mejora de procesos que permitan usar menos energía por el mismo o mejor servicio final. En su proyección de escenarios para la carbono neutralidad, la IEA asegura que dicho objetivo “ahorra el equivalente energético de todo el consumo de petróleo en el transporte por carretera hoy, reduce las emisiones, aumenta la seguridad energética y mejora la asequibilidad”.

Probablemente ambos sean uno de los resultados más ruidoso de la COP, ya sea con una mención en el Balance Mundial o como un anuncio paralelo liderado por la presidencia. 

Pero las cosas no suelen ser tan simples en las COP. Y es que la teoría dice que, de la mano de aumentar la capacidad renovable, debiese ir la disminución del uso y producción de combustibles fósiles. Y es que la construcción de mayores energías renovables no va a reducir por sí sola la dependencia de los combustibles fósiles. El actual boom solar y eólico lo demuestra: la industria fósil sigue expandiéndose. El problema es que no todos están de acuerdo en que eso se detenga.

Partiendo por los propios Emiratos Árabes Unidos (EUA), que según documentos revelados por Center for Climate Reporting, ha estado usando su posición en la COP28 para buscar negocios de nuevos proyectos de petróleo y gas fósil.

A esto se suma una preocupación creciente en el mundo en desarrollo: el despliegue, cada vez más creciente, de las llamadas tecnologías de “gestión del carbono” que pueden terminar perpetuando la explotación de petróleo, gas y carbón, retrasando así la mitigación.

Esta es una postura muy defendida por la misma industria, ya que en la práctica significa que pueden seguir existiendo. Estas tecnologías se dividen en tres: captura y secuestro de carbono (CCS), captura y utilización de carbono (CCU) y remoción de dióxido de carbono (CDR).

En una carta enviada a las partes en octubre, manifestando sus visiones y prioridades para la cita, el presidente de la COP, Sultan Al Jaber – CEO de la compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi- apuntó claramente a triplicar las renovables acompañado del “desarrollo acelerado de todas las soluciones y tecnologías disponibles”.

Aunque estas tecnologías -sobre todo el CCS- pueden tener un rol fundamental en industrias difíciles de descarbonizar, como el cemento y el acero, lo cierto es que tienen un rol muy limitado en el sector energético. El IPCC identifica estos mecanismos como el método de mitigación más costoso y con menor potencial en el sector energético. La propia cabeza del organismo, Hoesung Lee, advirtió que depender de estas tecnologías podría llevar a cambios climáticos irreversibles. 

Para la IEA, el desarrollo de CCS “ha sido en gran medida uno de expectativas no cumplidas”. Las cifras lo dicen todo: solo el 0,1% del total de las emisiones anuales del sector se capturan con esta vía. Las soluciones, establecidas en su Roadmap to Net Zero, son claras: el desarrollo de renovables, la salida de todos los combustibles fósiles y la reducción de la demanda energética. 

Esta discusión viene ocurriendo en las últimas cumbres, con la inclusión de la palabra “unabated”, que dirige la atención del problema solo a los combustibles fósiles que no se pueden someter a estas tecnologías. 

La posición latinoamericana

América Latina y el Caribe es una región que puede liderar la transición energética global. Eso han dicho sendos estudios lanzados este año.

Para el Global Energy Monitor, tan solo implementando los proyectos prospectivos de energía solar y eólica, la región puede aumentar su capacidad en más del 460% para 2030.

Por su parte, el Latin America Energy Outlook de la IEA dice que la región, por su alto potencial renovable y minerales críticos, “podrían contribuir de forma importante a la seguridad energética mundial y a la transición hacia energías limpias con los paquetes de políticas adecuados, además de impulsar la propia transición de la región y generar importantes beneficios para las economías locales tras una década de lento crecimiento”.

La iniciativa Renovables América Latina y el Caribe (RELAC) busca la cooperación de países de la región y lograr que el 70% del consumo de electricidad provenga de fuentes renovables para 2030. Pero el problema es que los tres más grandes emisores de gases de efecto invernadero de la región – México, Brasil y Argentina– no son firmantes.

Y es que pese a la evidencia de que no hay lugar para más proyectos de hidrocarburos a nivel global, los tres países –junto a otros como Guyana– tienen planes para expandir sus ritmos productivos fósiles a gran escala.

“La evidencia científica sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles es abrumadora. Sin embargo, actores financieros como Bancos Multilaterales de Desarrollo, Bancos de Desarrollo de los países del norte global y Agencias de Crédito a la Exportación continúan financiando los fósiles en el sur global. Y en connivencia, gobiernos de la región otorgan subsidios directos a las empresas hidrocarburíferas”, afirma Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“En Argentina, por ejemplo, gran parte de la nueva infraestructura para evacuar el gas de Vaca Muerta y que el gas adicional se destine a exportar podría ser financiado por el BNDES de Brasil y la CAF. La nueva infraestructura permite acelerar la cantidad de fracturas, lo que se traduce en más agua inyectada, más demanda de arenas silíceas, más emisiones fugitivas de metano y más sismos inducidos por los sets de fractura”, agrega.

Brasil, por su parte, aunque viene con el ímpetu de liderar la cita con vistas a la COP30 en Belém, pone toda su narrativa en la deforestación y protección del Amazonas, sin entrar en los planes de expansión petrolífera en el mismo río Amazonas. Un programa del gobierno, que involucra más de 100 mil millones de dólares para la transición energética, destina el 62% de los recursos para petróleo y gas.

¿Dónde queda la equidad?

Una discusión clave en todo esto es la equidad y la justicia climática. En el marco de las negociaciones climáticas, se les llama “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que apunta a países desarrollados como los que deben liderar la reducción de emisiones y financiar la transición en países no desarrollados.

Para muchos países latinoamericanos, esto también está en el corazón de las decisiones energéticas. Y es que si el presupuesto de carbono -el “espacio” de emisiones que existe sin cerrar la ventana a los 1,5°C- es limitado, debería corresponder al mundo en desarrollo, y no a los grandes emisores, ocuparlo.

Bolivia, a nombre del grupo de países en desarrollo, quiso llevar este tema a la agenda oficial de la COP28, con la intención de operacionalizar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en todas las decisiones que se toman bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Aunque no se adoptó, se aseguró que el tema será incorporado a otras negociaciones durante las próximas dos semanas de la Cumbre.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa “Comunidad Planeta en la COP28”.

América Latina podría desempeñar un papel cada vez más influyente en la transición mundial hacia las energías limpias, según un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El reporte Perspectivas Energéticas de América Latina de la AIE destaca cómo los exitosos proyectos de energías renovables de Latinoamérica y sus abundantes recursos naturales podrían posicionarla como una región clave para acelerar las transiciones sostenibles dentro y fuera de sus fronteras.

Según Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE, los combustibles fósiles representan actualmente dos tercios de la combinación energética de América Latina, muy por debajo de la media mundial del 80%, y el 60% de su electricidad procede de energías renovables, por lo que la región parte con ventaja en la transición hacia un sistema energético más limpio.

Como productora de más de un tercio del cobre y el litio del mundo, fundamentales para la transición energética mundial, y con un potencial “enorme” para el despliegue de energía solar y eólica, América Latina “puede desempeñar un papel protagónico en la nueva economía energética mundial”, afirmó Birol.

Sin embargo, el informe también revela el rol destacado que los combustibles fósiles siguen teniendo en las combinaciones energéticas y las economías latinoamericanas. La AIE advierte que deben resolverse las lagunas políticas y los importantes déficits de inversión para que América Latina aproveche su potencial de energía limpia y garantice transiciones justas y equitativas en los países dependientes de los combustibles fósiles.

Las energías renovables impulsan el cambio

El reporte de la AIE es la primera evaluación en profundidad del sector energético latinoamericano y también establece tres escenarios para su futura dirección: uno que refleja las políticas actuales, asociadas con un aumento de la temperatura global de 2,4 ºC por encima de los niveles preindustriales en 2100; un segundo escenario que asume que los gobiernos cumplirán sus compromisos anunciados en materia de clima y energía, incluidos los objetivos del Acuerdo de París y los de cero emisiones netas asumidos por 16 de los 33 países de la región; y un escenario con grandes ambiciones de cero emisiones netas para 2050, coherente con un aumento de la temperatura global de 1,5°C en 2100.

Como destaca el informe, América Latina ya cuenta con uno de los sectores eléctricos más limpios del mundo, en el que la energía hidroeléctrica (45%) constituye la mayor parte de la generación. Se prevé que la región registre un crecimiento significativo de la producción de electricidad renovable en los tres escenarios, pasando del 60% actual al 80% en 2050 solo con las políticas actuales.

La energía hidroeléctrica ha sido durante mucho tiempo la base del suministro de muchos países latinoamericanos, pero la AIE afirma que es probable que su expansión se vea limitada por los riesgos de conflictos y las preocupaciones medioambientales, sobre todo porque las zonas potenciales para su crecimiento se concentran en la sensible cuenca del Amazonas. La agencia también destaca los riesgos que suponen para su producción las sequías y los cambios en los regímenes de precipitaciones a causa del cambio climático.

En cambio, el desarrollo de la energía solar y eólica, tanto terrestre como marina, presenta enormes oportunidades para la región, según la AIE, con países como Brasil y Chile a la cabeza. Según la agencia, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú han añadido en los últimos años más capacidad de energía solar que África, Oriente Medio, Rusia y Asia Central juntos. Sólo Brasil ha añadido 1 gigavatio de capacidad solar cada mes desde julio de 2022.

Según la AIE, este potencial de energías renovables podría permitir a América Latina producir hidrógeno de bajas emisiones a un costo inferior al de la mayoría de las demás regiones del mundo, lo que podría utilizarse para contribuir a la descarbonización de sectores industriales y de transporte.

Varios países latinoamericanos ya han movido fichas en el incipiente mercado del hidrógeno verde. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay han publicado estrategias, y ya se han anunciaron proyectos de producción basados en la electrólisis del agua. Sin embargo, algunos se han topado con la oposición de comunidades y grupos ecologistas debido a la preocupación por su demanda de agua en zonas propensas al estrés hídrico.

El papel de los combustibles fósiles perdura

A pesar de los avances y promesas de América Latina en materia de energías renovables, los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de energía en la región, y el petróleo sigue siendo el combustible dominante en muchos países, principalmente por su uso en el transporte y la industria.

Según la AIE, la región posee alrededor del 15% de los recursos mundiales de petróleo y gas natural, y menos del 1% de los recursos mundiales de carbón. Entre ellos hay grandes reservas de gas de esquisto, algunas de las cuales se están explotando activamente en Argentina, que se está posicionando como exportador de gas.

Brasil, Venezuela y Colombia se encuentran entre los principales exportadores de petróleo de América Latina, mientras que Chile, República Dominicana y Panamá se encuentran entre los países altamente dependientes de las importaciones de petróleo y gas para satisfacer las demandas energéticas nacionales. La AIE señala que la producción de petróleo y gas en la región aumentó alrededor de un 5% en 2022 y se espera que crezca este año. Además, se prevé que la producción de petróleo de la región supere el crecimiento de la demanda en 2030 y que el aumento productivo se destine a la exportación.

Aunque la demanda total de energía en América Latina aumenta en cada uno de los escenarios de la AIE, la forma en que se satisfará varía ampliamente. Con las políticas actuales, la agencia prevé que los combustibles fósiles seguirán satisfaciendo la mayor parte de la demanda energética de la región, pero que su cuota en el mix energético caiga del 67% en 2022 al 63% en 2030. Si se cumplen los compromisos anunciados, el consumo de todos los combustibles fósiles alcanzará su punto máximo a mediados de esta década y su cuota en la combinación energética descenderá al 57%. En el ambicioso escenario de “cero emisiones netas”, una adopción más rápida de las energías renovables y una mayor eficiencia energética reducirían la cuota de los combustibles fósiles hasta el 50% en 2030.

Minerales latinoamericanos, cambio global

Las perspectivas de la AIE subrayan el importante papel que América Latina puede desempeñar en la transición energética mundial a través de la producción de materiales que son componentes esenciales en muchas de las tecnologías de energía limpia de rápido crecimiento de la actualidad, con alrededor de la mitad de las reservas mundiales de litio y más de un tercio de las reservas de cobre y plata.

Además, señala la agencia, la región tiene potencial para suministrar cantidades significativas de grafito, níquel, manganeso y elementos de tierras raras fundamentales para la transición energética. Sólo Brasil posee alrededor de una quinta parte de las reservas mundiales de cada uno de estos recursos, aunque su producción es actualmente relativamente baja. Brasil también posee importantes reservas de bauxita, material utilizado en la producción de aluminio y un componente clave en las líneas eléctricas.

La AIE afirmó que los gobiernos deben garantizar que las empresas cumplan las normas medioambientales y sociales, reconociendo que existe un “sentimiento antiminero” generalizado entre las comunidades locales tras los graves desastres ambientales de la última década, como el colapso de la represa de residuos de Brumadinho en Brasil en 2019. Asimismo, la agencia pidió un mayor diálogo entre las partes interesadas, los inversores y las comunidades.

La AIE recomienda que la región redoble sus esfuerzos para ir más allá de la extracción y avanzar en la cadena de suministro, ya que las actividades de refinado pueden generar más empleo y valor añadido que la minería. Algunos países ya están explorando estas vías en relación con la industrialización del litio, aumentando la financiación para investigación y desarrollo y construyendo nuevas instalaciones, como la nueva planta de baterías de litioen La Plata, la capital de Buenos Aires, en Argentina.

Stephanie Bouckaert, autora principal del informe de perspectivas de la AIE, declaró en su presentación el 8 de noviembre que la expansión hacia los niveles superiores de la cadena de suministro es “una oportunidad para el mundo”, ya que el procesamiento y refinado en una región con una elevada cuota de electricidad de bajas emisiones significa que “los minerales críticos serán más ecológicos”.

Retos para la transición

A pesar del importante potencial, la AIE advirtió que América Latina aún se enfrenta a muchos desafíos para hacer realidad su transición energética, sobre todo por la falta de inversión. La agencia informa que la región ha registrado uno de los niveles más bajos de inversión en energía en relación a sus PIB, por debajo del 3% entre 2014 y 2022, detrás de Rusia y Asia Central (5%) y África subsahariana (4%) durante el mismo período.

Para cumplir los compromisos anunciados en materia de clima y energía, la AIE prevé que la financiación de las energías renovables en América Latina tendría que duplicarse para 2030 hasta alcanzar los 150.000 millones de dólares y quintuplicarse para 2050. El informe hace especial mención a los bancos de desarrollo chinos como fuente notable de financiación en el sector energético para algunos gobiernos de la región, pero señala el rápido descensode estos préstamos desde 2016.

La AIE subraya la necesidad de llevar a cabo transiciones energéticas “centradas en las personas e integradoras” que ofrezcan oportunidades de empleo y acceso en una región que sigue siendo una de las más desiguales del mundo.

Al menos 17 millones de personas, en torno al 3% de la población de la región, siguen sin tener acceso a la electricidad, mientras que 74 millones carecen de medios para cocinar de forma limpia, un factor de contaminación y mala salud. “Hay que hacer más para lograr el acceso universal en ambos frentes”, afirma la AIE. Destaca como “preocupación clave” el suministro de energía asequible y el apoyo a los grupos de ingresos más bajos.

El informe también se centra en las implicaciones de las transformaciones de las energías limpias para el empleo regional, un aspecto vital de las transiciones justas. La AIE señala que el sector energético representa actualmente alrededor del 2% de la mano de obra de América Latina y el Caribe, unos 6 millones de puestos de trabajo. Si se cumplen los compromisos anunciados, esta cifra podría aumentar en un 15% para 2030, con hasta 4 millones de personas trabajando en energías limpias.

Sin embargo, el sector energético de la región puede enfrentarse a nuevos retos debido a los efectos del cambio climático. Según la AIE, se prevé que para 2050 más del 70% de la capacidad hidroeléctrica instalada en la región se enfrente a climas más secos, con países que ya han experimentado graves caídas de la producción durante las recientes sequías, exacerbadas por el cambio climático. También preocupa el aumento de las temperaturas, que podría mermar la eficiencia de la energía solar y eólica, a menos que se hagan esfuerzos para aumentar su resistencia.

Esto podría solucionarse en parte con una mayor integración energética regional, que actualmente sigue siendo limitada en América Latina, según la AIE. “Vincular la demanda y el suministro de electricidad de diferentes zonas climáticas proporciona una mayor resistencia a las condiciones cambiantes”, escribe la agencia, señalando que esto también podría ayudar a los países a hacer frente a la intermitencia de la generación de energía renovable.

Del informe se desprende un mensaje claro: América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad al alcance de la mano

Fatih Birol — Director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energóa

El informe identifica cuatro acciones clave para reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía: acelerar la adopción de energías renovables; avanzar en la electrificación de la industria y el transporte; aumentar la eficiencia energética; e impulsar el acceso a soluciones limpias para cocinar. Si se cumplen los compromisos anunciados por los países, las energías renovables cubrirán toda la nueva demanda energética de la región en esta década.

La transición energética, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, en la presentación del informe, podría ser una “triple solución verde” para la región, para mejorar el bienestar, construir economías sostenibles y resilientes e impulsar la descarbonización para proteger el medioambiente.

“Del informe se desprende un mensaje claro: América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad al alcance de la mano”, afirmó Birol. “Sin embargo, la transición hacia las energías limpias tiene que ser ordenada. No se puede pasar de un día para el otro de economías basadas en el petróleo y el gas a basadas en energías limpias. Todos los segmentos de la población tienen que beneficiarse de la transición, especialmente los económicamente desfavorecidos”.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

El presidente Alberto Fernández mantuvo este domingo en Shanghái una serie de reuniones con directivos de empresas chinas, con el propósito de potenciar el desarrollo de la electromovilidad, la industrialización del litio y las energías renovables, entre otros servicios productivos.

Se trata de las actividades que Fernández cumple en esta ciudad, la más populosa y pujante de la nación asiática, antes de lo que será su participación en el III Foro de la Franja y la Ruta, una cumbre de mandatarios que tendrá lugar desde el martes en Beijing, y a la cual el jefe de Estado fue invitado por su par chino, Xi Jinping.

La comitiva que encabeza Fernández, y que también integran el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, mantuvo encuentros con representantes de las firmas CST Mining Group, ProwerChina, CEMEC, China Energy, el grupo Gezhouba, Hawei y Tsingshan.

La mayoría de los intercambios tuvieron lugar en el hotel Jin Jiang, donde está alojado el Presidente, excepto con los directivos de Huawei y Tsingshan, que recibieron a las autoridades argentinas en sus sedes de Shanghái.

Proyectos en Argentina

Powerchina es el mayor contratista de energías renovables en Argentina y una de las mayores empresas constructoras de la región. Comenzó en 2011 a operar en el país, según indicaron voceros oficiales.

En la actualidad, la firma lleva suscriptos contratos por más de 30 proyectos en Argentina, que tienen un valor total de más de 5.500 millones de dólares. Con ese volumen de inversiones, Power China creó, hasta el momento, 200 puestos de trabajo directos y más de 15.000 indirectos en el país, de acuerdo a la información suministrada por la Embajada argentina en la República Popular China.

Entre los proyectos destacados de la empresa en Argentina estaban los parques fotovoltaicos de Caucharí I, II y III, ubicados en Jujuy, que entraron en operación comercial en septiembre de 2020 y, a la fecha, generaron más de 2 millones de megavatios de electricidad y casi 120 millones de dólares para la provincia.

También estaban los Parques Eólicos Helios Loma Blanca I, II, III, IV y Miramar, considerados entre los proyectos de este tipo “más eficientes de Argentina”, según consignaron.

Además, la empresa tiene en operación otras iniciativas similares; construye otras cinco; y tiene proyectadas siete obras de parques fotovoltaicos, solares, eólicos y sistemas de gasoductos en varios puntos del país.

El Presidente también mantuvo encuentros con directores ejecutivos del CST Mining Group para analizar los proyectos de fabricación de baterías de litio en el país y del Memorándum de Cooperación que la empresa negocia con YPF. En noviembre de 2022, el grupo se asoció con REMSa. S.A., empresa estatal de energía y recursos de la ciudad de Salta para explotar el proyecto Salinas Grandes.

Fernández también conversó con los directivos de la empresa CEMEC, que tiene a su cargo el proyecto del Ferrocarril Belgrano Cargas, que incluye la rehabilitación y renovación de vías con una longitud total de más de 1.500 kilómetros.

Ese proyecto incluye la reconstrucción de cruces de desvíos, el suministro y reemplazo de 165.000 toneladas de rieles de acero y 2,32 millones unidades de durmientes, entre otros materiales para la construcción y el mantenimiento de las vías.

Luego la comitiva viajó a la sede del Centro de Investigación y Desarrollo de Huawei en Shanghái, que se estableció en 1996 y funciona en las actuales instalaciones desde mayo de 2010, cubriendo un área de aproximadamente 270.000 metros cuadrados.

La base es la sede de I+D de Huawei para redes inalámbricas, teléfonos inteligentes de alta gama, chips de redes inalámbricas y terminales.

En la Argentina, Huawei tiene los proyectos de Parque Caucharí, Red Nacional de Datos Centralizada - Data Centre y de Huawei Network Academy.

Según consignaron las fuentes, el Parque Caucharí en la provincia de Jujuy utiliza actualmente paneles inteligentes provistos por Huawei, que han estado funcionando de manera estable y eficiente durante algunos años.

Por esta tecnología y a su posición geográfica, el parque Caucharí puede generar alrededor de 200 millones de kWh de electricidad por cada 100 MW instalados, mucha más energía que otros parques de similares características.

Fernández también mantuvo reuniones con directivos de la corporación Tsingshan, una empresa en 1988, y que actualmente tiene presencia en China, Indonesia, Zimbabue, Argentina, Estados Unidos e India.

En Argentina, Tsingshan desarrolla el proyecto de litio de Salar Centenario-Ratones en la provincia de Salta, que es propiedad en un 49,9% de Tsingshan y en un 50,1% de Eramet (Francia), y tiene una capacidad diseñada de 24.000 toneladas carbonato de litio por año.

Tsingshan también tiene la planta de procesamiento cloro alcalino, que estará ubicada en el Parque Industrial Perico en Jujuy. Con una inversión estimada de 120 millones de dólares, tendrá una capacidad de producción anual en la primera fase de 35.000 toneladas de hidróxido de sodio y 100.000 toneladas de cloruro de hidrógeno.

La iniciativa generará más de 500 puestos de trabajo durante la construcción y más de 200 durante operación.

¿Se acuerdan de cuando el petróleo valió menos que cero porque no había lugar físico dónde meterlo en la pandemia? Con la penetración exponencial de los autos eléctricos en el mercado de los países desarrollados, se plantea una situación que tiene un aire de familia. Habrá mucho hidrocarburo dando vuelta. Demasiada oferta y poca demanda, lo que llevaría a los precios a menos de la mitad de lo que son hoy en 2030.

Esta es una de las conclusiones del nuevo escenario energético de Net Zero publicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), que curiosamente, pasó muy por debajo del radar de los medios de nuestro país. No debería haber sucedido esto: el informe es un orientador de decisiones de inversión en lo que se refiere a esta materia. Y está indicando que las medidas estratégicas que se toman en la Argentina son las equivocadas.

Según la AIE, el precio del barril del petróleo caería dentro de poco más que un lustro a los 42 dólares porque la electricidad reemplazará al viejo y viscoso combustible. Una década más tarde a 30 y después a 25. ¿Con esos precios se va a poder pagar la deuda externa?¿Dónde deja a proyectos como el puerto petrolero que YPF quiere construir en el Golfo San Matías, que estaría operativos cuando la demanda se disuelva? ¿Es sensata una obra con tanto impacto en la vida marina y terrestre con ese horizonte?

La política de las petroleras y del Estado argentino es fingir demencia y pretender que no pasa nada. Que no hay crisis climática, que vivimos en 1950. Y mientras el clima, inflado por los hidrocarburos, se convierte en un arma de destrucción masiva más poderosa, trabajan para que la opinión pública crea que no hay otra alternativa que el fracking en Vaca Muerta, cuando en diez años no ha resuelto la pobreza en ningún lado. La electricidad es el nuevo petróleo y la generación solar la forma más barata de energía, nos guste o hiera en el orgullo nacional que ahora parece enquistado en el subsuelo.

Hay que preguntarse, entonces, por qué seguimos apostando a combustubles contaminantes y caros con los recursos renovables que existen en este país. ¿Es una cuestión de poder? Lo lógico sería dejar de expandir nuevos emprendimientos hidrocarburíferos que tienen un impacto brutal en el ambiente, el agua, la atmósfera y la vida entera, establecer una fecha de cierre definitivo de estos proyectos extractivos, duplicar la eficiencia energética, redireccionar la inversión a renovables y exigirle a los organismos financieros internacionales una política para que todo esto sea posible.

El papel del FMI y compañía no es menor. Un sesudo trabajo llamado Nafta al Fuego, deuda y cambio climático, publicado la semana pasada por ACIJ, señala correctamente los organismos de crédito multilaterales empujan a la Argentina a profundizar una matriz productiva que agrava la crisis climática, mientras los efectos del aumento de la temperatura global la dejan cada vez más lejos de los objetivos fiscales. Al mismo tiempo, el fondo y el Banco Mundial se rasgan las vestiduras hablando del clima y no te perdonan ni un pago cuando tu economía cruje porque el clima está caliente.

Es necesario invertir mentalmente la ponderación de nuestros recursos: que haya petróleo en el subsuelo de la Argentina no significa que hay lugar para meter a los subproductos de su quema. Nuestro país figura entre los 20 “Destructores del Planeta”, una lista confeccionada por Oil Change International, en la que estamos, incluso, por encima de terribles contaminadores como Arabia Saudita. Tan intensivo en metano y carbono es explotar Vaca Muerta. Ya no sólo importa quién emitió más sino también quién sigue moviendo las fichitas para que el mundo deje de ser habitable porque la ventana es chica. Lo que se haga en esta década es lo que determinará el futuro inmediato y el que habrá durante miles de años por venir. Si esto suena un poco terrible, es porque lo es. Argentina es un contaminador histórico importante y está hoy número 19 en la lista de los mayores del mundo del World Resaurces Institute.

En ese contexto, llega el barco de Equinor a Mar del Plata a explorar el lecho marino ante la impotencia de los habitantes de la costa, que temen no sólo por derrames sino por el ruido aturdidor de las exploraciones, que causan daños terribles en la fauna marina. La empresa noruega es otro de los villanos climáticos mundiales y tiene juicios por todas partes. Por la resistencia popular y las demandas legales, tuvo que suspender, por ejemplo, proyectos en Australia y en el Artico, entre otros. No sólo aquí son malvenidos, no es una cuestión del obstinación de unos cuantos tontos argentinos.

Ya entramos en una era en la que están floreciendo los juicios contra las petroleras y los estados que promueven sus actividades. En Montana, un lugar petrolero y carbonífero, acaba de triunfar una demanda planteada por un grupo de jóvenes contra el Estado, por violar el derecho constitucional de vivir un ambiente sano. Nuestra Constitución también nos garantiza ese derecho, que nos se viola abiertamente. Ante la Corte Europea, se está cocinando un juicio similar presentado por seis jóvenes portugueses contra 32 países, que de prosperar, podría tener más fuerza legal de cumplimiento que el propio Acuerdo de París. California, otro sitio con bastante petróleo en su subsuelo, acaba de demandar a cinco petroleras (Chevron, Exxon, Connoco Phillips, Shell y BP) por haber sabido que sus productos provocaban daños irreparables en el clima y haber mentido y manipulado a la opinión pública por décadas. Esta acción repite más o menos el libreto que se usaron en los 90 contra las tabacaleras y pide la creación de un fondo de compensación multi millonario por los daños ya sufridos y para adaptarse a un mundo de mayores tragedias.

Una masiva marcha acaba de desfilar por las calles de Nueva York pidiendo el fin de los combustibles fósiles. Esta es la primera vez que una consigna así aglutina el pedido de toda la sociedad civil y eso es lo que dominará sus discursos en la COP 28, las negociaciones internacionales del clima, que se harán en Abu Dabhi, bajo la comandancia de un jeque petrolero. Va a ser descarnado ese proceso. Ya no se trata de hablar de ambiente y clima de manera abstracta y buena. Necesitamos defender nuestros cuerpos. Hay todavía una pequeña ventana de esperanza en este mundo dado vuelta. Pero para que sea viable hay que dejar de emitir gases que calientan el clima. Son los hidrocarburos o nosotros.

MA/MG

La Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), dependiente de Poder Ejecutivo Nacional, presentó este martes la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno. Es considerada la hoja de ruta para el sector, resultado de un trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno con la participación de las provincias y actores del sector privado.

A través de este plan, la Argentina se propone “impulsar el desarrollo de la economía del hidrógeno a través de sus capacidades industriales y tecnológicas, que son su diferencial competitivo”. Según se explicó en la presentación desde Casa de Gobierno, se promoverá un proceso de planificación de políticas públicas orientado a alcanzar objetivos de sostenibilidad ambiental desarrollo productivo y económico.

Mercedes Marcó del Pont, secretaria de Asuntos Estratégicos, dijo que “la transición energética nos abre una oportunidad, pero es necesario torcer el curso natural que limita la participación de los países con abundancia y calidad de recursos al rol de meros exportadores de materias primas”.

“Debemos saber aprovechar las capacidades industriales y tecnológicas del país, que son nuestro diferencial competitivo”, agregó la funcionaria.

Por su parte, la secretaria de Energía Flavia Royón expresó que “las peculiaridades geográficas, industriales y científicas de la Argentina la posicionan en un lugar de privilegio a la hora de poder encarar la industrialización del hidrógeno y convertirse en un proveedor internacional de esta nueva fuente de energía”.

El desarrollo de una Economía del Hidrógeno estima que permitirá impulsar la creación de más de 80 mil empleos calificados y desarrollar la infraestructura necesaria para el despliegue de la actividad, como es la creación de polos productivos y puertos con capacidad para exportar hidrógeno.

La estrategia planteada es una herramienta de política pública, la cual traza “líneas de acción y metas” a largo plazo para generar certidumbre en torno al desarrollo de la economía del hidrógeno de bajas emisiones, vector clave de energías limpias y como insumo industrial.

En ese marco, se proyecta el desarrollo de la economía del hidrógeno y sus eslabones asociados, punto definido como “una oportunidad tanto para la reducción de emisiones como para la industrialización”.

Se explicó desde la SAE que el sendero consensuado permite expandir las exportaciones, descarbonizar actividades económicas domésticas, generar empleos de calidad y fortalecer el entramado industrial en las localizaciones con recursos para la producción de hidrógeno de forma sostenible y competitiva, contribuyendo al desarrollo territorial armónico.

Entre las metas y objetivos establecidos para 2050 en la Estrategia Nacional, se planteó “desarrollar localmente toda la cadena del valor de la economía del hidrógeno, desde la fabricación de bienes de capital hasta la prestación de servicios especializados”.

En esa línea, se establecieron dos pilares fundamentales: el desarrollo del mercado interno, clave para generar condiciones iniciales, evaluar prototipos y desarrollar tecnología nacional; y el desarrollo de los mercados de exportación, orientado a la producción en escala altamente competitiva.

El evento realizado en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada contó con la participación de más de 130 representantes de gobiernos provinciales, cámaras empresarias, organismos gubernamentales de ciencia y tecnología, compañías del sector y universidades. Estuvo encabezado por la titular de la SAE junto con los gobernadores de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Río Negro, Arabella Carreras, además de la secretaria de Energía y la de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

LC con información de agencia Télam

La Unión Europea (UE) presenta un renovado interés económico y estratégico en América Latina, en medio de una oleada de nuevas inversiones que podrían impulsar las transiciones hacia energías limpias en ambas regiones, al mismo tiempo que el bloque europeo busca reforzar sus relaciones y cadenas de suministro en un contexto geopolítico cambiante.

En junio, la UE anunció inversiones de 45.000 millones de euros (48.700 millones de dólares) durante la cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un bloque regional que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe. Bajo el lema del Global Gateway, la estrategia global de inversión en infraestructuras de la UE, se llevarán a cabo más de 130 proyectos en los próximos cuatro años, centrados en los sectores del litio, energías renovables, hidrógeno verde, conectividad, transporte y salud, entre otros. Algunas iniciativas se centrarán también en la mitigación del cambio climático.

“La asociación estratégica entre ambas regiones es más importante que nunca”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de la cumbre UE-CELAC. Por su parte, Lula Da Silva, presidente de Brasil, dijo que “pocas veces he visto tanto interés político y económico en nuestra región por parte de los países europeos”.

Este renovado interés en estrechar lazos e invertir se produce cuando Europa busca impulsar su propia transición hacia fuentes de energía limpias y reordenar sus lazos internacionales y su seguridad energética luego de la invasión rusa de Ucrania en 2022. También llega en el contexto del objetivo del bloque de “bajar el riesgo” de sus relaciones con China, diversificando los proveedores y reduciendo su dependencia del país para materiales críticos.

Pero desde su lanzamiento en 2021, la iniciativa Global Gateway también se ha visto ampliamente como la respuesta de la UE a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China. En el marco de la BRI, miles de millones de dólares en inversiones en infraestructuras han llegado a países de América Latina y el Caribe en la última década. Mientras la región busca avanzar en energías limpias y desarrollo sostenible, la nueva iniciativa europea puede suponer tanto un impulso como un complemento y competencia a la inversión china.

Global Gateway: ¿Una puerta de entrada a la transición energética?

La UE es el principal inversor en América Latina y es el tercer socio comercialde la región, detrás de Estados Unidos y China, al tiempo que América Latina es el quinto socio para la UE, por debajo de China, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.

Ha habido cierto optimismo en torno a la iniciativa Global Gateway y la perspectiva de profundizar las relaciones entre las regiones, dado su foco en la inversión y en la promoción de una transición “verde y justa”. La UE busca posicionarse como líder en desarrollo industrial y tecnológico de la transición energética en favor de la descarbonización. “Nosotros podemos aportar el know how del desarrollo ambiental”, resumió el primer mandatario español, Pedro Sánchez, en la cumbre UE-CELAC.

En el caso de Brasil, el programa de la UE co-financiará proyectos de energía solar y eólica con el apoyo del Banco de Inversiones Europeo y la participación individual de Dinamarca, Alemania, España, Países Bajos, Francia y Portugal.

En México, la intención es desarrollar capacidad doméstica para la construcción de plantas de energía solar, vehículos eléctricos y producción de baterías en el estado de Sonora, en el norte del país, con el apoyo del Banco de Inversiones Europeo y la participación de Dinamarca, España y Francia.

En Argentina, la UE se comprometió a apoyar proyectos de energía renovable y ampliar y modernizar la red eléctrica del país, con financiamiento del Banco Inter-Americano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la International Finance Corporation (IFC) y la participación de España, Francia e Italia.

Otro de los ejes del interés europeo es el desarrollo del hidrógeno verde. Chile recibirá el apoyo de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Desarrollo y el Banco Alemán de Desarrollo, con el objetivo de que el país abastezca el 15% del mercado global de hidrógeno para 2050, mientras que Brasil apunta a producir 500 mil toneladas de hidrógeno verde para 2030.

En el memorando de entendimiento firmado con la UE durante la cumbre de junio, Uruguay también llegó a un acuerdo para cooperar en la producción de hidrógeno a partir de energías renovables, una industria de la que el actual gobierno prevé obtener el 2% del PIB del país en 2040.

“Europa tiene una enorme necesidad de diversificar su matriz energética y está mirando dónde conseguir fuentes de energías renovables. En particular, hay gran interés en el desarrollo del sector del hidrógeno verde. Tal como hacen EE.UU. y China, la UE busca asegurar relaciones especiales con mercados estratégicos”, analiza Gustavo Castagnino, director de asuntos corporativos de la firma Genneia, principal generadora de energías renovables en Argentina.

Europa tiene una enorme necesidad de diversificar su matriz energética

Gustavo Castagnino — Director de asuntos corporativos de Genneia

La iniciativa Global Gateway no solo supone un avance inversor en términos cuantitativos sino también un giro cualitativo en la cooperación. Es que, hasta ahora, los proyectos existentes se han apoyado en el financiamiento de instituciones europeas para que los países de la región implementen proyectos en el ámbito de, por ejemplo, la gestión de residuos, protección de la biodiversidad o tareas de saneamiento cloacal.

Luca Pierantoni, jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la UE en Argentina, declaró a Diálogo Chino que “ahora lo que se busca es que el sector privado tenga una participación central”.

“La intención es que las empresas europeas inviertan en la región ayudadas por un sistema de garantías y seguros que ofrecería la UE, además de los créditos a los Estados de la región y los aportes no reembolsables, en el caso de que haya proyectos con participación estatal”, explicó.

Recursos estratégicos

El otro gran punto de interés de la UE además del hidrógeno verde, es el acceso al litio, mineral clave en la transición energética dado su uso en vehículos eléctricos, paneles solares y almacenamiento de baterías.

Los salares del “triángulo del litio” latinoamericano, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, concentran cerca del 60% de las reservas mundiales del metal.

El memorándum de entendimiento firmadocon Chile se enfoca sobre la cooperación en esta materia. En la misma línea, la UE selló acuerdos con otros polos mineros como Argentina (junio 2023), Namibia y Kazajistán (noviembre de 2022), Ucrania (julio de 2021) y Canadá (junio de 2021).

Se calcula que la demanda de litio, a causa de la electrificación del transporte,se multiplicará por cinco desde aquí a 2035. En virtud de esta perspectiva y a partir de inversiones movilizadas por empresas norteamericanas, europeas y chinas, la producción de litio viene escalando. En Argentina, las exportaciones de litio se multiplicarían por ocho en los próximos tres años.

Sin embargo, la producción de litio se ha enfrentado al cuestionamiento de las comunidades que viven cerca de las explotaciones mineras y de organizaciones de la sociedad civil que advierten sobre la falta de controles medioambientales. Además, también está abierto un debate acerca de la contribución del litio, como sector principalmente extractivo, al resto de la economía, algo que Chile busca saldar a partir de su nueva estrategia del litio.

Según Pierantoni, la UE tratará de responder a estas preocupaciones y buscará establecer asociaciones respetuosas: “El litio es uno de los grandes ejes de trabajo de la agenda entre la UE y los países de la región. El objetivo es tener mayor presencia en el sector y queremos hacerlo a la manera europea, es decir, con estricto apego a las normas ambientales y mediante un proceso de adecuado diálogo con los diferentes actores involucrados”.

Dentro del cuadro de los recursos estratégicos también aparece el gas natural, combustible que la UE considera de transición para llevar adelante la descarbonización total para 2050. Como Rusia dejó de ser proveedor de gas natural a causa de la invasión a Ucrania, la UE multiplicó su presencia en el mercado del Gas Natural Licuado (GNL) y busca sellar nuevos acuerdos previsibles con nuevos proveedores de “confianza”.

En este punto, sobresale el conveniofirmado con Argentina, país sudamericano que tiene previsto suministrar GNL a Europa. Este acuerdo se basa en la perspectiva de aumentar la producción del yacimiento de Vaca Muerta que alberga unas de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional del mundo.

Sin embargo, desarrollar la capacidad de Argentina para exportar GNL requerirá una enorme inversión, por ejemplo en plantas de licuefacción. Para la UE no está claro si invertir en el gas del país será rentable a largo plazo, dado el horizonte de abandono de los combustibles fósiles y el riesgo de los activos varados. El acuerdo ha sido criticado por algunos analistas, que afirman que la UE debería centrar sus inversiones en apoyar el desarrollo de las energías renovables en Argentina.

¿Una alternativa a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China?

Para Margaret Myers, directora del programa Asia y América latina de Diálogo Interamericano, “el Global Gateway es, en muchos sentidos, una reacción a la presencia expansiva de China en el Sur Global”.

A diez años de su lanzamiento, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés),el programa insignia de China para el desarrollo global de infraestructuras, acumula un total de mil billones de dólares comprometidosen inversiones financieras y contratos de construcción en todo el mundo.

Entre los 148 países que son parte de la Franja y la Ruta se encuentran 21 naciones latinoamericanas y caribeñas. China también tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, y acuerdos de asociación estratégica con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Esos avances diplomáticos acompañaron un crecimiento de la presencia económica de China en la región, ya que el comercio entre el país asiático y América Latina se multiplicó por 26 en los últimos veinte años, alcanzando un valor de 450.000 millones de dólares en 2022.

Entre 2005 y 2022, las dos principales instituciones financieras de desarrollo de China, su Banco de Exportación e Importación y el Banco de Desarrollo de China, también emitieron más de 136.000 millones de dólares en préstamos a gobiernos y empresas estatales de América Latina y el Caribe para proyectos en la región.

El sector energético ha sido uno de los focos de la inversión china en América Latina y el Caribe, con proyectos en energía hidroeléctrica, solar y eólica, petróleo y gas, así como inversiones en redes eléctricas y sus operadores. La minería, especialmente de cobre y litio, también ha sido un área clave de cooperación e inversión.

Según Myers, es difícil evaluar el compromiso de China en el apoyo la transición energética de la región, dados los variados intereses de los inversores chinos, tanto en sectores con una elevada huella de emisiones como el petróleo y el gas, como en energías renovables y minerales críticos, aunque las inversiones de la BRI se han vuelto notablemente más ecológicasen los últimos tiempos.

“Ciertamente, las empresas chinas seguirán buscando el acceso a minerales, como el litio y el cobalto, que son fundamentales para las cadenas de suministro”, agregó Myers.

Queda por ver si la UE puede mantener inversiones a largo plazo similares a la de la BRI. También está por verse si China seguirá haciéndolo, ya que los préstamos han disminuido en los últimos años y los problemas económicos internos empiezan a sentirse. Para la propia América Latina, sin embargo, en un momento en que la región busca afrontar desafíos y en medio de sus propias dificultades económicas, la iniciativa Global Gateway puede presentar un nuevo complemento, más que un obstáculo, a la BRI.

“Puede haber tensiones entre el proyecto europeo y el chino. Pero los gobiernos de la región deben poder gestionar el interés inversor externo en beneficio de la promoción del desarrollo y la mejora de la calidad de vida”, apunta Sergio Cesarín, investigador sobre China en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Argentina aspira a generar el 57% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables para finales de la década, según un plan oficial de transición energética presentado a finales de junio. El país también se propone construir 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, reducir en un 8% la demanda total de energía y generar un gigavatio (GW) de energía distribuida. El Gobierno calcula que el costo del plan asciende a 86.600 millones de dólares.

Estos objetivos representan un cambio potencialmente significativo para la combinación energética de Argentina. Los combustibles fósiles representan hoy aproximadamente el 60% de la generación de electricidad, porcentaje que se pretende reducir al 35% para 2030 mediante la expansión de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y en particular la eólica y la solar. De los 14 GW de capacidad adicional previstos en el plan de transición, casi 10 GW corresponden a fuentes limpias, y el resto a gas natural, energía nuclear e hidrógeno.

“Es la primera vez que Argentina pone en cifras la transformación necesaria en su sector energético para cumplir los compromisos climáticos del país”, dijo a Diálogo Chino Juan Carlos Villalonga, consultor en energías renovables y ex diputado nacional. Agregó que lo ideal sería que el plan se discutiera “al más alto nivel, pero la atención está centrada en la campaña electoral presidencial” antes de las primarias de agosto y la votación general del 22 de octubre.

En su compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático, conocido como contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), Argentina se comprometió a limitar sus emisiones netas en 2030 a 349 millones de toneladas equivalentes de CO2. Gestionar el papel del sector energético será un desafío clave para cumplir este objetivo, al ser responsable del 53% de las emisiones del país, según la última actualización de su inventario de gases de efecto invernadero en 2019.

Sin embargo, hasta la fecha, la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles ha sido un objetivo difícil de alcanzar para Argentina. El Gobierno tiene grandes esperanzas de explotar Vaca Muerta, una formación geológica que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas y petróleo de esquisto del mundo, mientras que la expansión de las energías renovables se ha estancado en gran medida desde la crisis económica del país entre 2018 y 2019.

El nuevo plan pretende abordar esto al darle prioridad a las renovables frente a los fósiles, aunque éstos seguirán desempeñando un papel importante. Está previsto que la producción de gas aumente de los 133 millones de metros cúbicos diarios actuales a 174 millones de metros cúbicos diarios en 2030, un aumento del 30% que le permitiría a Argentina prescindir de las importaciones de gas y aumentar las exportaciones mediante una serie de proyectos de infraestructura, como plantas de gas natural licuado (GNL) y gasoductos.

“Es un plan realista basado en las dificultades sociales y económicas de Argentina”, dijo a Diálogo Chino Ignacio Sabatella, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Llegó al final del mandato del gobierno porque llevó tiempo alinear todas las áreas gubernamentales, como los ministerios de ambiente y energía”.

Baches en el camino

El nuevo plan reconoce que Argentina se enfrentará a numerosos obstáculos para cumplir sus objetivos. La transición energética “no debe aislarse de la realidad macroeconómica y del complejo escenario externo comprometido por la deuda en moneda extranjera”, dice el documento, destacando la necesidad de acceder a créditos a tasas bajas y mejorar la economía en general.

Para Juan Ignacio Arroyo, economista y consultor energético independiente, una cosa es que el plan sea ambicioso y otra muy distinta es ser capaz de cumplir esa ambición. “En ciertas ocasiones, hay tensiones entre la velocidad y la sostenibilidad de una transición energética”, dijo a Diálogo Chino. “Cuanto más ambicioso seas, más necesitás invertir en la red de transporte de electricidad y en las importaciones para instalar los parques solares y eólicos”.

Argentina lleva años teniendo un acceso limitado o nulo a los mercados financieros internacionales, una situación que probablemente perdure, debido a su elevado nivel de deuda externa. El país está renegociando actualmentesus acuerdos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, y recientemente firmó un acuerdo para renovar su swap de divisas con China y duplicar la cantidad a la que puede acceder hasta casi 10.000 millones de dólares.

Según el plan, el aumento de las exportaciones de gas permitiría destinar más fondos a proyectos de energías renovables. Sin embargo, no propone la creación de un mecanismo específico a través del cual esos ingresos se canalizarían directamente hacia las renovables. El año pasado se escucharon propuestas similares durante los debates sobre la ampliación de las perforaciones petrolíferas en alta mar, pero los planes de reinvertir parte de los ingresos en renovables finalmente se archivaron.

Para Arroyo, una preocupación clave es: “¿Cómo nos aseguramos de que la transición energética no profundice las restricciones económicas del país?”. En esta línea, el plan subraya la importancia de que la transición sirva de catalizador para las capacidades tecnológicas, industriales y científicas de Argentina, y para desarrollar cadenas de valor nacionales. Sin embargo, esto parece contradecirse con la última licitación del país para proyectos de energías renovables, que no exigía ni incentivaba la integración de suministros locales por parte de las empresas solicitantes.

La construcción de los 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión también será una tarea complicada. Argentina no ha realizado inversiones significativas en su red de transporte de electricidad en los últimos 25 años, lo que está afectando a su capacidad para construir y conectar nuevos parques solares y eólicos. Las empresas también han advertido de que la infraestructura existente tiene problemas por falta de mantenimiento.

El pasado mes de octubre, el gobierno relanzó un plan para invertir 1.400 millones de dólares en seis líneas de transmisión de energía, un plan que se anunció por primera vez hace seis años pero que no se llevó a cabo. China Electric Power Equipment and Technology (CET) también acordó el año pasado invertir 1.100 millones de dólares en la red energética del área metropolitana de Buenos Aires.

No solo grandes proyectos de energías renovables

Al mismo tiempo que propone instalar parques eólicos y solares a escala comercial, el plan también destaca el potencial de la generación distribuida: sistemas locales y a pequeña escala que permiten producir electricidad a partir de fuentes cercanas al punto de uso, en lugar de fuentes más centralizadas como las centrales eléctricas. Esto permite que los compradores tradicionales de electricidad, desde los propietarios de viviendas hasta las plantas industriales, se conviertan en productores.

El último informe sobre generación distribuida en Argentina, publicado en mayo, mostraba 23,2 megavatios de capacidad instalada. El plan de transición energética fija como objetivo que esta cifra alcance el gigavatio. Sabatella dijo que el objetivo puede alcanzarse, destacando que los proyectos distribuidos de menor escala no dependen tanto de la importación de equipos como los grandes parques solares y eólicos. “Es especialmente relevante para quienes no pueden acceder a la red de gas”, añadió.

El plan también destaca el papel del hidrógeno verde, frecuentemente llamado el “combustible del futuro” y fabricado con energías renovables. El objetivo es generar 20.000 toneladas anuales de aquí a 2030, una meta modesta, según Villalonga.

“En la actualidad, la demanda local de hidrógeno, en su mayor parte ‘gris’ [producido a partir de combustibles fósiles], es de 400.000 toneladas anuales”, escribió Villalonga en un posteo en su blog en el que analizaba el plan. “Se puede suponer que a 2030 esa demanda crecerá a 500.000 toneladas anuales. Es decir que la demanda de hidrógeno bajo en emisiones representaría el 4% del total”.

En mayo, el Gobierno sometió a consideración del Congreso un proyecto de ley destinado a regular e incentivar el crecimiento de la incipiente industria del hidrógeno verde, pero es probable que sus avances sean lentos a corto plazo, ya que la atención se centra en las elecciones.

El plan de transición energética también establece el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 2% del parque total a finales de la década.

La “transición justa” -concepto que se refiere a garantizar que la transición a una economía neutra en carbono sea justa e inclusiva para todos- también se menciona como objetivo clave. Para el Gobierno, esto significa equilibrar los aspectos económicos, sociales y medioambientales de una transición que abandone los combustibles fósiles, y prestar atención a la velocidad a la que se produce.

Una transición energética “justa” también implica abordar las desigualdades previas en el sector energético, crear empleos dignos, garantizar que toda la población tenga un acceso razonable a la energía a un precio asequible, que los costos de la transición sean competitivos y que se incluya a los grupos vulnerables, según el plan.

Para Arroyo, la mención de estos conceptos es un paso adelante: “Aunque no es la más moderna de las definiciones de transición justa, ya que no habla mucho de conceptos como gobernanza o democratización del sector energético, sí incorpora otros elementos importantes como la reducción de la pobreza energética, la creación de empleos verdes en todo el país y la descentralización de las cadenas de valor.”

Además de lanzar el plan, el Gobierno también publicó un documento con lineamientos para el sector energético a 2050. Incluye tres escenarios, del menos ambicioso al más ambicioso. En 2050, las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, podrían representar al menos el 80% de la generación de electricidad, mientras que los vehículos eléctricos podrían constituir al menos el 29% del parque automotor, pero incluso este escenario menos ambicioso requeriría una inversión de al menos 264.000 millones de dólares, según las previsiones del propio documento.

FK/MG

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Juan Cabandié recibe en su despacho con remera blanca. Uniforme para enfrentar la ola de calor agravada por la crisis climática, más allá de que le funciona el aire acondicionado. Llegó a su cargo de ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace tres años y medio sin conocimientos de la materia pero con dotes para la conciliación, necesarias en una área que divide aguas. Venía de unir a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Una alianza malherida. Ahora Cabandié domina el tema de su cartera, pero el calentamiento global y local exige medidas urgentes.

Como ministro de Ambiente, ¿cómo evalúa la ola de calor?

La ola de calor prolongada es un síntoma de de varios factores. Hay un factor que tiene que ver con un fenómeno natural, que es La Niña, que es la sequía, que junto a la ola de calor es el período prolongado más extenso que haya habido. Que haya sido tan extendido es un síntoma de calentamiento global. En los últimos 20 años se registran aumentos consecutivos de la temperatura promedio en Argentina. A eso se le llama calentamiento global, crisis climática, donde los registros que se toman dentro de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas indican que hemos alcanzado el 1,15 grados por arriba del promedio. El objetivo que tenemos los países y que hemos acordado dentro del Acuerdo de París, que fue en 2015, es no superar el 1,5 en 2030 y estamos cada vez más cerca. De hecho, los registros locales del Servicio Nacional Meteorológico indican que estamos en 1,3 en los últimos 20 años.

Ante esta situación, ¿qué hace Argentina?

Tenemos que hacer lo que estamos haciendo y acelerarlo. Pero nuestro aporte de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global es menor al 0,9%. Estados Unidos es el 15%. Europa es el 12. China, el 25. Siempre reclamamos que se cumpla lo que se estableció en 2009 en Estocolmo, en un encuentro internacional de cambio climático, donde los países centrales se comprometieron a financiar a los países en desarrollo y a los de renta baja, es decir, África, Latinoamérica y países del sudeste asiático en desarrollo, unos 100.000 millones de dólares por año, asumiendo la responsabilidad diferenciada.

Por eso en la última COP (sigla en inglés de Conferencia de las Partes), la COP 27, en Egipto, se discutió eso.

En la anteúltima COP en Glasgow, los países centrales y la ONU nos pidieron a varios países que firmemos un acuerdo de carbono y cuidado de bosques. Hace un año hubo otra reunión, en Egipto. Nos dijeron que ese acuerdo ya no estaba más. “Ahora tenemos un nuevo acuerdo para que firmen.” Entonces es un nunca acabar. Es una tomada de pelo. Ante esa situación, uno se pregunta si los países centrales quieren realmente solucionar los problemas. ¿Están dispuestos a modificar los métodos productivos? Porque si Europa, Estados Unidos, China tienen aspiraciones de seguir creciendo a tasas de 5%, entonces es en vano. Argentina crea más parques nacionales, ya tenemos tres en esta gestión. En el Congreso hay dos con media sanción a punto de ser tratados. Aumentamos la cantidad de recursos para combatir los incendios forestales y triplicamos la cantidad de bases, duplicamos la cantidad de gente, nuevos aviones, alquilamos aviones como nunca antes habíamos alquilado, compramos ropa con equipamiento, transferimos a las provincias y construimos plantas de tratamiento de residuos para que los plásticos no lleguen al mar, para tratar bien los residuos, porque los basurales a cielo abierto también son emisores de los gases de efecto invernadero. Tiene que tener un rol la matriz energética, su modificación, los beneficios para que los países en desarrollo que tenemos dificultades en el acceso a las divisas tengamos una vía accesible para modificar matriz energética.

Sin ese financiamiento, ¿qué puede hacer Argentina hoy para reducir emisiones? Porque el país está tratando de explorar en el mar petróleo, que es uno de los causantes del calentamiento global, está haciendo el oleoducto de Vaca Muerta. Además Greenpeace acusa al gobierno de Chaco de permitir deforestar lugares donde antes no estaba permitido. Y en paralelo hay escuelas y casas que se quedan sin luz ante la ola de calor. ¿Habría que reforzar el sistema energético para que no colapse ante una demanda que aumenta? ¿O habría que mejorar las escuelas para que haya ventiladores o aire acondicionado?

Hoy el desarrollo humano no ha logrado reemplazar en un 100% ni el gas ni el petróleo. Ahora el gas y petróleo reemplazan al carbón sin reemplazar el carbono. Para que los países que utilizan carbón para producir energía dejen de usarlo, se necesitan inversiones. ¿Cuáles son los países que usan carbón? Alemania y China, entre otros. Hoy, Alemania usa más carbón que hace cinco años. China intenta ir reduciendo el uso del carbón y por eso sale a comprar todo el hidrocarburo que se produce en Rusia. Ahora, si nosotros tenemos gas, que es un combustible de transición, según está determinado por la Unión Europea, y con ese gas no solamente nos evitamos importar energía y utilizar dólares, sino que, al contrario, reemplazamos 7.000 millones de dólares anuales, y al mismo tiempo el excedente de nuestro gas se exporta a Alemania o China para que dejen de usar carbón, la verdad es que no veo nada contrario a tener ese gas y utilizarlo en el marco de la transición ecológica. Ahora, si el mundo no desarrolla y no innova con el hidrógeno verde y no reemplaza ese gas con molinos eólicos, paneles solares, estamos en la misma.

El gas es energía de transición, pero el petróleo no. Sin embargo, el Gobierno le pone fichas al petróleo. ¿No es contradictorio seguir apostando por ampliar la producción petrolera cuando en realidad deberías recortarla?

Vos tenés una ventana de diez años donde todavía vas a seguir utilizándolo. A vos eso te permite, en vez de utilizar dólares para importarlo, producirlo vos y además tener un excedente exportable. Va a llegar un momento en que Naciones Unidas va a decir “hasta acá, señores”.

¿Usar ese petróleo no va a dificultar que la Argentina llegue a los objetivos que se comprometió en el Acuerdo de París?

No, no, no. Hay diez años de margen.

¿Qué pasa con los bosques?

La Argentina tiene diversas estrategias. En estos tres años hemos incrementado 15% la cantidad de áreas protegidas. Por otro lado, en el 2009 se votó una ley de bosques. Esa ley ha bajado la curva de desmontes, pero no sin dudas que es perfectible. Hay una presión hacia el desmonte del lado de la ganadería y de la agricultura, en menor medida de la industria forestal. Es más, la industria forestal planificada es algo que incluso genera renovación. Existen tres categorías, tres zonas: una es la roja, que no se toca, otra es la amarilla y otra, la verde. Yo estoy del lado de pensar que que con lo que tenemos, no podemos avanzar un kilómetro más sobre la frontera agropecuaria. Hay que darle valor al bosque nativo para que la presión productiva no se lo lleve puesto. Hace falta financiamiento. Ahí existen varias estrategias. Una que es muy incipiente y que estamos conversando incluso con varios países, entidades, incluso empresas, es la de crear un mercado de servicios ecosistémicos, que sería un tokenización de territorio, sin poner en duda la soberanía. De tal manera, el dueño de la tierra puede tener un incentivo para no desmontar. Nosotros tuvimos una iniciativa en el ministerio de intentar modificar la ley de bosques para eliminar la categoría verde y muchas ONG que son prestigiosas estaban en contra.

¿Con qué argumento?

Que la ley de bosques no se toca.

¿Y de lo que hizo la provincia del Chaco tiene alguna opinión?

No estoy al tanto de la reglamentación. Sí puedo decir que que yo veo un compromiso. En los últimos seis años, Chaco otorgó tierras para los nuevos parques nacionales, tanto El Impenetrable como Laguna del Palmar, que es el que tiene media sanción. Chaco tiene un 20% de su territorio protegido. Un 40% de la provincia del Chaco es bosque nativo.

¿Entonces qué está haciendo hoy la Argentina contra la crisis climática que agrava la ola de calor?

¿Qué puede hacer Argentina hoy? Argentina no puede permitir más deforestación. Número uno. Tenemos que terminar con los basurales a cielo abierto y tratar mejor los residuos. Número dos. Tenemos que modificar nuestra matriz energética. Número tres. Seguir modificándola. Tenemos que modificar el combustible de medios de transporte público. Esas son las cuatro principales tareas.

Y de esas cuatro, ¿en qué está avanzada y en qué está más atrasada?

En la que más estamos atrasados es en modificar el combustible de medios de transporte público. Hay proyectos piloto. Hay entidades avanzando mucho en camiones con GNC, Hay muchos municipios que tiene condonación de algunos impuestos ante el caso particular de comprar vehículos eléctricos o híbridos. Nosotros hemos incrementado sustancialmente el presupuesto de bosques para las provincias. No obstante, el fondo de bosques está establecido en la ley 27, pero no se cumple. Nunca se cumplió. Cuando más nos acercamos fue en este período.

Hay una ley que dice que en 2025 el 20% de la matriz eléctrica debe ser con energías renovables y está difícil que se cumpla. Hoy son el 14%...

Estamos junto a la Secretaría de Energía y otro ministerio trabajando en pos de la generación distribuida. ¿Esto que significa? Si vos ponés parque solares en las regiones de consumo de máximo consumo, evitás la inversión de la línea y de las subestaciones para traer la energía de zonas alejadas y ahí ahorras un montón de dinero. Así emplazás más rápido el parque solar y con eso te ahorrás varios problemas, como, por ejemplo, cortes.

¿Y sobre basurales que se están haciendo?

Ya tenemos inauguradas dos plantas de tratamiento en Formosa y Concordia, pero no lo hicimos formalmente. Vamos a ir seguramente con el Presidente en los próximos días a Concordia. Ahí eliminamos un basural que tenía 25 años. Este año vamos a inaugurar seis plantas más. Son inversiones de entre 8 y 12 millones de dólares cada planta.

¿Cuántos basurales quedan todavía en la Argentina?

Tenés estimaciones de que hay 5.000 basurales. Un municipio de los más complicados en términos de basurales y falta de tratamiento es Quilmes. En mayo inauguramos la planta. En Moreno, en junio. Luján, que tiene el basural a cielo abierto más grande del país, en noviembre. Este año también, Chascomús, Villa María y Valle de Uco. Vamos este año a licitar ocho o nueve plantas más.

AR

Cada 5 de marzo es celebrado el Día Mundial de la  Eficiencia Energética, con el objetivo de reflexionar sobre el cuidado de la energía y promover nuevas formas de obtener ese recurso, lo que permitirá combatir el cambio climático y garantizar sociedades sostenibles.

Así lo propuso la primera conferencia internacional sobre el tema que fue realizada en Austria en 1998.

La eficiencia energética refiere a consumir menos energía, sin disminuir sus prestaciones, ni el confort humano que su uso brinda. Esta reducción de consumo contribuye no tan solo a pagar menos por servicios energéticos, sino también a preservar los recursos naturales y contribuir a la mitigación del cambio climático.

Los ciudadanos pueden celebrar este día al adoptar algunas prácticas para convertir a sus hogares en sitios más sustentables. Algunos ejemplos son regular la cantidad de agua para bañarse, desenchufar electrodomésticos o dispositivos cuando no estén en uso, entre otros.

Otros hechos que ocurrieron un 5 de marzo

MB

En este contexto de riesgos latentes, 2022 dejó dos hitos de especial calado y una invitación a un relativo optimismo. El primero, que las inversiones en energías limpias rebasaron el billón de dólares -en concreto, 1,1 billones-, una cota sin parangón. Y, el segundo, que esta inversión se equiparó al volumen de los desembolsos dirigidos a la industria de los combustibles fósiles. “El primer billón de dólares es el más difícil”, enfatiza Nathaniel Bullard, analista en Bloomberg NEF, división de estudios estratégicos del grupo de información.

Bullard, que también es socio de Voyager, firma de capital de riesgo que asegura invertir en valores digitales y disruptivos con un mix energético dominado aún por fuentes fósiles, destaca que este colchón financiero se destinó, entre otras medidas, a electrificar redes de transporte y de calefacción, así como a incrementar el estocaje de energías limpias. “El salto interanual fue de más de 250.000 millones, el de mayor intensidad hasta la fecha”, lo que permitió incrementar en más de 350 gigavatios la capacidad eólica y solar y vender más de 10 millones de vehículos eléctricos en el mundo.

En su opinión, las inversiones bajo criterios ESG (Environmental, Social y Governance, es decir, con compromiso social, ambiental y de buen gobierno) y la mayor precisión en la identificación de firmas con tecnología adaptada o con líneas de innovación digital enfocadas a la contención del cambio climático han contribuido decididamente a este boom inversor.

2022 impulsó las infraestructuras para la electrificación del transporte con más de 380.000 millones de dólares. Aunque también se constataron aumentos de inversiones en otros seis segmentos, el menor de ellos, el de la industria nuclear. Las inversiones en nuevos mecanismos de captura de carbono, en el impulso al hidrógeno, en materiales sostenibles, electrificación de las canalizaciones de calefacción o en el almacenaje de energías limpias crecieron el año pasado en todo el mundo.

Aunque -advierte Bullard- el juego no hizo más que empezar y debe acelerar sus ritmos de inversión. “La descarbonización lleva décadas en un Risk global, en cuyo tablero se ha puesto en liza, desde 2004, recursos por valor de 6,7 billones de dólares para la conquista de la transición energética”. Se necesitaron -dice- ocho años para lograr el primero de ellos, menos de cuatro el segundo y casi uno para registrar el último de ellos. “Uno dólar de cada seis empleados en los últimos 18 años se concretó en 2022”.

El juego de las renovables entra en su fase decisiva

La amenaza climática, sin embargo, no da tregua. Los diez mayores desastres naturales del año pasado supusieron costes superiores, cada uno de ellos, a los 3.000 millones de dólares. El más virulento y destructivo, el Huracán Ian, que se precipitó especialmente sobre la costa atlántica estadounidense y Cuba, rebasó los 100.000 millones en su contabilización de daños, según asegura la ONG y think tank británico Christian Aid.

El triste pódium de esta lista negra lo completan la persistente sequía en Europa (con más de 20.000 millones) y las riadas en China (12.300 millones). También hay que contar con otro periodo sin lluvia por el que se registraron pérdidas de 8.400 millones y otros episodios de inundaciones en el Este de Australia (7.500) y en Pakistán (5.600 millones), entre otros. Todo ello sin contar con la tragedia humana. Sólo en Pakistán fallecieron, según cálculos facilitados por The Guardian, 1.739 personas y hubo siete millones de desplazados.

Las aseguradoras cifraron en 120.000 millones de dólares sus indemnizaciones por impactos del clima entre sus clientes en 2020, una cantidad similar al PIB de Kenia y un 50% más que el promedio de la década pasada. “El cambio climático se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza del sector” dice Nina Seega, directora de investigación en el Instituto para el Liderazgo Sostenible de la Universidad de Cambridge. Mientras Moody’s apunta a que las reaseguradoras elevarán sus coberturas y sus primas de riesgo climático para amortizar sus previsiones de gastos en los próximos años.

Estos nuevos toques de atención por inclemencias meteorológicas y la dependencia energética surgida de tensiones geopolíticas como la invasión de Ucrania convirtieron el objetivo de emisiones netas cero de CO₂ en otra lucha por la hegemonía sostenible entre EEUU y Europa. Se trata de una disputa a la que tampoco renuncian naciones emergentes como Brasil, ni las más recientes potencias industrializadas, como Australia, Corea del Sur o Nueva Zelanda, o superpotencias como China o India.

EEUU lidera un nuevo concepto de política industrial que cuenta con la reconversión de la globalización y que anticipa un uso masivo de recursos. La Administración Biden desembolsó 465.000 millones de dólares en una amplia batería de subsidios que se destinarán a proyectos empresariales de energía verde, a vehículos eléctricos o a los sectores de fabricación de chips, semiconductores o tecnología made in USA.

Esta estrategia proteccionista también se aprecia en India, donde el Gobierno de Narendra Modi costea hasta la mitad de los costes de instalación de fábricas de componentes, o en Corea del Sur, que ha enfocado el señuelo al capital foráneo y doméstico con rebajas fiscales destinadas a la innovación. En estos y otros siete países se han anunciado ayudas por 1,1 billones de dólares desde el inicio de la Gran Pandemia.

La rivalidad industrial cruza el Atlántico

La generosa Inflation Reduction Act, que entró en vigor el 1 de enero, distribuirá 4.300 millones de dólares para aclimatar la electrificación de calefacciones en hogares estadounidenses, junto a desgravaciones del 30% por créditos destinados a instalar placas solares en residencias familiares. Es solo un botón de muestra de los masivos recursos de una norma destinada a “abordar el mayor desembolso en inversiones de la historia del país”, asegura Ari Matusiak, CEO de Rewiring America, asociación sin ánimo de lucro que promueve la electrificación verde. Pero que, al mismo tiempo, es compleja porque tendrá que esperar hasta 2024 para ver sus recetas reguladas en los 50 estados de la Unión.

La norma, inserta en el Plan de Rescate Americano de 1,9 billones de dólares aprobado en marzo de 2021, asegura que liberará inversiones por valor de 300.000 millones de dólares para reducir el déficit crónico en materia energética del país y otros 369.000 millones para garantizar el flujo de suministro a través de redes de infraestructuras con fuentes renovables.

Europa se fijó en esta reacción de la Casa Blanca. También mira con desconfianza a los límites a las exportaciones de níquel en Indonesia, por considerarlo bien estratégico para su economía, o las conversaciones entre Argentina, Bolivia y Chile para crear una especie de OPEP del litio, un cártel que ejerza un control de precios y de la producción y el suministro de un material clave para la fabricación de baterías para el coche eléctrico.

El Gobierno español está instando a Bruselas a promover el Green Deal Industrial con inversiones tecnológicas claves para rivalizar con EEUU y Asia. La propuesta fue bien recibida por Ursula Von der Leyen, partidaria de que el marco regulatorio agilice trámites burocráticos, incluya formación laboral y establezca nuevas normas sobre libre competencia internacional para “transformar la capacidad industrial europea con ayuda oficial y facilitar la reconversión”.

Von der Leyen apuesta por impulsar fondos de tecnología verde para “rivalizar” con EEUU, “ganar atractivo competitivo y evitar la ruptura del mercado interior”. mientras que el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, defiende movilizar 350.000 millones para la “industria energética limpia”.

“Europa necesita un plan tecnológico para combatir el cambio climático, capaz de competir con EEUU y que catapulte su deseo de liderar la transición energética”. Así de contundente se revela Ion Yadigaroglu, uno de los primeros inversores en Tesla desde Capricorn, firma de la que es uno de sus fundadores. La iniciativa legal de Biden es un “auténtico catalizador” de empresas tecnológicas con vocación sostenible. A su juicio, “hemos entrado en una era de competitividad digital, en un nuevo paradigma que nos debe conducir a la neutralidad energética”.

Alemania y Francia copan el 77% de las ayudas a empresas europeas por la crisis de Ucrania. Así lo reflejan los datos presupuestarios facilitados por sus socios a la Comisión en sus apartados de ayudas que, en total, suman 672.000 millones de euros. El 53% de estos fondos se destinaron al sector privado alemán, el 24% al francés, el 7,6% al italiano y apenas el 1,7% al español.

IJD