Este jueves comenzó un juicio oral que puede durar tres años, pero que batirá un récord por la cantidad de empresarios sentados en el banquillo de los acusados. Se trata de la causa cuadernos, sobre la que ha habido polémica porque lo hallado inicialmente eran fotocopias con correcciones manuscritas, pero que derivó en una investigación en la que varios hombres de negocios fueron detenidos de forma preventiva en 2018 y algunos de ellos confesaron haber pagado sobornos. Otros lograron zafar en el camino de las acusaciones y por eso no serán juzgados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya condenada a seis años de arresto domiciliario por la causa Vialidad, está otra vez imputada en este nuevo juicio como presunta jefa de una asociación ilícita para cobrar coimas en los contratos de su gobierno, pero también en el de su marido –esto es entre 2003 y 2015–, con empresas de construcción, energía y transporte. La juzga el Tribunal Oral Federal número 7 que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, mientras que la fiscal es Fabiana León.

En la instrucción participaron dos personajes polémicos: el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Ellos fueron quienes después del hallazgo periodístico de Diego Cabot en el diario La Nación detenían empresarios y les proponían acogerse a la figura del arrepentido.

De los 87 acusados, 19 son exfuncionarios, dos choferes –incluido Oscar Centeno, el que escribió en sus cuadernos cómo llevaba y traía el dinero de los sobornos– y 65 son hombres y mujeres de negocios, de los cuales 18 aceptaron convertirse en colaboradores de la Justicia aportando información a cambio de una reducción de penas. Entre los imputados como organizadores de la supuesta asociación ilícita están el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y de la empresa Esuco, Carlos Wagner.

Como miembro de la asociación también será juzgado José López, el exsecretario de Obras Públicas que ganó fama porque fue descubierto en el gobierno de Mauricio Macri revoleando bolsos con millones de dólares en un convento de monjas para esconderlos. Otro presunto integrante de la banda es uno de los llamados empresarios K, que crecieron con el kirchnerismo, Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, que ya era una pyme de volumen pero se expandió en los 12 años que duró aquella etapa política.

Como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas aparecen 60 empresarios. Los más renombrados son: 

Unos 16 empresarios se acogieron a la figura del arrepentido, que se creó en el gobierno de Macri. Entre ellos están Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Tasselli, De Goycoechea y Sztenberg. También lo hicieron Centeno y López, entre otros exfuncionarios. En cambio, hay hombres de negocios que sostienen su inocencia: “No tenía de qué arrepentirme si no hice nada malo. Varios de los arrepentidos eran chetos sin calle que no soportaron estar una noche presos”, comenta uno de ellos.

Otros empresarios como Eurnekian y Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, quedaron exculpados del juicio por diversos motivos, pese a que reconocieron pagos. En el caso del primero, porque adujo que fueron aportes de campaña. El segundo, porque alegó que abonó para repatriar de Venezuela a ejecutivos del conglomerado cuya siderúrgica local, Sidor, fue nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez, aliado de los Kirchner. Los demás exejecutivos de Techint también se libraron de la acusación.

AR/MG

Son días clave en la previa del juicio oral y público por el caso de los cuadernos, el mayor expediente de presunta corrupción en la obra pública de la era kirchnerista. La causa se encuentra en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Fernando Canero y Germán Castelli. La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo.

A menos de ocho semanas del comienzo del debate, elDiarioAR consultó documentos judiciales, abogados y fuentes oficiales para explicar en qué estado se encuentra el caso, qué pasó la última semana y cómo sigue. Aquí, algunas claves sobre el juicio que deberán afrontar desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro Julio De Vido hasta empresarios como Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

¿Cuál es el estado actual del caso cuadernos?

El expediente se encuentra en la etapa previa al comienzo del juicio oral y público. Además, se encuentra en etapa de producción de prueba complementaria, es decir, aquellas medidas de prueba (pericias, incorporación de documentos, entre otras) que las partes (fiscalía, querella, defensas) proponen incorporar al debate del juicio. Estas son analizadas por el tribunal, que acepta o no su incorporación en el debate. Se trata de prueba complementaria a la que ya formaba parte del expediente cuando llegó del juzgado de instrucción.

¿Cuándo comienza el juicio oral y público?

La primera audiencia está programada para el 6 de noviembre. La causa se inició en agosto de 2018, por lo que llega a etapa de audiencias orales y públicas siete años más tarde. 

¿Quiénes son los acusados?

En un primer tramo de la investigación, el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, pidió la elevación a juicio de Fernández de Kirchner;el exministro de Planificación, De Vido; los funcionarios Roberto Baratta, Nestor Lazzarte, Claudio Uberti, José Francisco López, José María Olazagasti, Rafael Enrique Llorens y Germán Ariel Nivello. También van a juicio el financista Ernesto Clarens y los empresarios Guillermo Enrique Wagner, Gerardo Luis Ferreyra y Oscar Alberto Thomas, junto al chofer Oscar Centeno. Todos por el delito de asociación ilícita. Además, pidió que fueran a juicio otros empresarios que habrían pagado sobornos para ser beneficiados con contratos estatales.

En una segunda etapa, Stornelli amplió su acusación contra otros empresarios por los delitos de cohecho activo y pasivo, dación y recepción de dádivas, relacionadas con contratos energéticos, de obra pública y transporte. Además, imputó al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte.

De acuerdo al último informe de la fiscalía de juicio, el caso tiene en total 159 imputados acusados por 540 hechos. La fiscal León había solicitado en 2023 casi 900 testigos.

¿Qué pasó esta semana?

El viernes, el tribunal realizó una audiencia previa al juicio para que las partes declaren sus posiciones ante el pedido de más 47 empresarios y cuatro exfuncionarios que ofrecen pagar una recomposición económica para evitar el juicio y la sentencia en su contra bajo la figura de reparación integral. 

La reparación integral está prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, y establece que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio. En este caso, el perjuicio sería el pago de coimas admitidas en sus confesiones por los empresarios. 

Esta disposición legal, luego regulada por la Ley 27.147, permite la resolución de conflictos penales mediante la reparación a la víctima, en este caso, el Estado, de alguna manera. Los empresarios y exfuncionarios suponen que el pago de una suma de dinero puede reparar el daño causado al Estado.

Durante la audiencia, la fiscal León y los querellantes se manifestaron en contra de las propuestas de las defensas y el tribunal fijó una nueva audiencia para el martes próximo, con el objetivo de terminar de escuchar a los empresarios y sus argumentos. 

León opinó que debían rechazarse las propuestas de reparación integral ofrecidas por las defensas de los 47 empresarios y los cuatro exfuncionarios acusados de entregar y recibir sobornos para adjudicar contratos estatales, entre otros actos de corrupción. 

¿Quiénes pidieron la reparación económica?

Durante la audiencia del viernes último, los abogados de 47 empresarios solicitaron acogerse a este beneficio para evitar el juicio. Se trata de Roberto Juan Orazi, Jorge Balán, Miguel Marcelino Aznar, Carlos y Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Pablo José Gutiérrez, Adrián y Mauricio Pascucci, Mario Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Sergio Tasselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángel Jorge Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Guillermo Escolar, Oscar Abel Sansiñena, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Gerardo Cartellone, Aldo Benito Roggio, Daniel Pitón, Ricardo Antonio Repetti, Jorge Neira, Osvaldo Atenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Pescarnona, Francisco Valenti, Juan Carlos y César De Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Alberto Padoan, Armando Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Gómez y Marcelo Marcuzzi.

También lo hicieron las defensas de cuatro exfuncionarios: Abal Medina; su secretario Hugo Martín Larraburu; el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Walter Rodolfo Fagyas; y el ex director de Energías Renovables de esa cartera, Fabián García Ramón.

¿Cómo sigue el trámite del juicio?

Tras la audiencia del próximo martes -si es que no se extienden las exposiciones de las defensas en audiencias subsiguientes-, los jueces deberán decidir si aceptan o no las propuestas de recomposición económica. Si no las aceptan, los empresarios seguirán camino al juicio oral y público. Los empresarios ofrecieron distintos montos para “saldar” sus situaciones procesales. 

ED/MG

Por primera vez, el caso Odebrecht tendrá un juicio oral y público en Argentina que comenzará el próximo 7 de abril y pondrá a algunos de los empresarios más importantes de la obra pública en el banquillo de los acusados junto a exfuncionarios como Julio De Vido y José López. El camino al juicio avanza mientras parte de la prueba corre peligro de nulidad por una maniobra de las defensas en Brasil.

El caso gira en torno de la construcción de dos plantas de Aysa, adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa junto a socios locales durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los empresarios Aldo Benito Roggio (Roggio Hermanos), Carlos Wagner (Esuco) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros, están acusados junto a De Vido, López y Roberto Baratta por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública y cohecho.

Roggio y Wagner declararon como arrepentidos y admitieron el pago de sobornos a Baratta en el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, otro expediente que debe afrontar un eventual juicio oral y público. Sin embargo, en el caso de Aysa, ambos empresarios niegan la comisión de delitos, al igual que el resto de los imputados.

El Tribunal Oral Federal número 7 fijó fecha de juicio para el 7 de abril de 2025 a las 9:30. El debate oral y público se realizará una vez por semana, los lunes, y a través de la plataforma zoom. Ambas decisiones generaron quejas de la fiscal a cargo del juicio, Fabiana León, y del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acompaña a León en la preparación y desarrollo del juicio. 

A pedido de parte de las defensas, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Herminio Fernando Canero ordenaron la producción de una nueva pericia, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública y que dentro de los próximos cuatro meses deberá determinar si existió perjuicio al Estado.

El juicio contará con más de 290 testigos, entre quienes se citará al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada Margarita Stolbizer; la legisladora porteña Graciela Ocaña; el sindicalista José Luis Lingeri; y los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico. También se solicitó las declaraciones testimoniales del empresario Marcelo Odebrecht y los ex ejecutivos de su constructora Luis Antonio Mameri, Marcio Faria y Rodney Rodrígues de Carvalho. Mameri y Faria declararon ante la Justicia de Brasil como arrepentidos y confesaron el pago de coimas por la obra de Aysa.

Sin embargo, el caso se encuentra en un punto de inflexión en Brasil. Un fallo del Tribunal Supremo Federal de Justicia de ese país anuló pruebas centrales para favorecer al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 

El máximo órgano judicial de Brasil dijo en un comunicado que esta nulidad, dictada por el juez supremo José Antonio Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, aunque el tribunal mantuvo firme el acuerdo de delación firmado por el empresario, en el que se declaró culpable y aceptó colaborar con la Justicia.

La nulidad brasileña

Los fiscales del juicio de Aysa se preparan para una batalla eventual con las defensas por la validez de parte de las pruebas aportadas por la Justicia de Brasil. Basado en la nulidad de Dias Toffoli, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en el caso como supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina, logró que la Justicia brasileña bloquee el uso de prueba obtenida por los fiscales de Curitiba durante la investigación del Lava Jato, como se conoce a este caso en Brasil. El juez Dias Toffoli comunicó su sentencia de nulidad de las pruebas a la Argentina en las últimas semanas, informó La Nación. 

Dias Toffoli sostiene que parte de las evidencias contra Rodríguez son inadmisibles porque fueron extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht a los que le atribuye “falta de fiabilidad” debido a una “grave violación de la cadena de custodia” que garantice que las pruebas no fueron alteradas tras su secuestro por parte de las autoridades.

Las pruebas cuestionadas son los contenidos de “Drousys” y “MyWebDay”, dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos. Su autenticidad fue reconocida por Odebrecht y sus ejecutivos cuando declararon como arrepentidos ante Brasil y Estados Unidos. 

El caso

En 2016, Odebrecht confesó el pagó de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Los pagos ilegales se realizaron para obtener o mantener tres grandes contratos de la constructora brasileña en el país, según las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de la compañía. El capítulo Aysa es uno de esos grandes contratos, dividido, en realidad, en dos licitaciones que se realizaron en paralelo. La segunda empresa brasileña bajo investigación es Camargo Correa.

El expediente nació en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó también a los entonces directivos de Aysa, Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

ED/JJD

La Corte Suprema rechazó esta semana nueve recursos legales presentados en causas por presunto lavado de activos y supuesta corrupción que habían sido presentados en su mayoría por las defensas de acusados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Carlos Wagner y Aldo Roggio, el exministro Julio De Vido y el sacerdote Julio César Grassi, informaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz ​ tenían pendiente analizar una serie de recursos de queja presentados por abogados defensores en expedientes que datan de 2002 a 2020.

Además, la Corte aún tiene pendiente resolver siete recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Los planteos de la defensa de CFK buscan lograr la nulidad del juicio oral en trámite contra la expresidenta.

Desde mayo de 2019, la vicepresidenta es juzgada por el Tribunal Oral Federal número 2 junto a Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados acusados de integrar una supuesta asociación ilícita para favorecer a la constructora Austral Construcciones, entre otras empresas de Báez, con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Las acusaciones incluyen supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra. 

Este es el detalle de los recursos que rechazó la Corte

 LÁZARO BÁEZ 1

En el marco de la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se investiga el lavado de dinero en la financiera SGI (“La Rosadita”), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez. Ello, por haberlo encontrado coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

Llegado en queja ante la CSJN, fue desestimada por unanimidad por incumplir los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la acordada 4/07 del Máximo Tribunal.

 LÁZARO BÁEZ 2

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 no había hecho lugar a las solitudes de excarcelación y de arresto domiciliario de Lázaro Báez, en el marco de una causa en la que se lo acusa de poner en circulación dinero proveniente de hechos ilícitos mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre diciembre de 2015 y julio de 2016, con el objeto de integrar esos fondos al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación contra esas resoluciones, y luego su Sala IV declaró inadmisibles los extraordinarios.

La defensa de Báez presentó sendos recursos de queja ante la CSJN que, por unanimidad, los desestimó por inoficiosos (inconducentes o no pertinentes).

 JULIO DE VIDO 1

La Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa conocida como “Sueños compartidos”, había rechazado in limine la recusación del juez Borinsky efectuada por la defensa de Julio de Vido.

La defensa llegó en queja ante la Corte Suprema y el recurso fue rechazado con la firma de todos los ministros por falta de sentencia definitiva (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En esta causa se investiga el presunto desvío de más de $206.000.000 de su fin específico (viviendas sociales). Dicho dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación –a cargo de De Vido-, a las jurisdicciones locales, y luego canalizado a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

 JULIO DE VIDO 2

En el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido -entre otros- por una maniobra fraudulenta en la importación de gas natural licuado realizada entre 2008 y 2015 por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que generó un perjuicio al Estado de u$s 6.995.926.798, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el planteo de excepción de cosa juzgada.

La defensa de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi llegó en queja ante la Corte que, por unanimidad, lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 JULIO DE VIDO 3

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había apartado a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante que le fue otorgado en el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido (entre otros) por haber entregado presuntamente en forma sistemática a empresas de transporte público automotor subsidios superiores a los que correspondían, ocasionado un perjuicio al Estado Nacional estimado en $609.326.186,25 entre julio de 2003 y marzo de 2014.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso contra esa decisión. La UIF presentó un recurso de queja contra lo resuelto, el cual la CSJN, por mayoría, consideró inadmisible en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del CPCC.

 MARCELO BALCEDO

Un caso en el que se investiga al Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo (entre otros) por el delito de lavado de activos, llegó en queja ante la Corte por no haberse hecho lugar al pedido de recusación del juez Kreplak.

La Corte, por unanimidad, desestimó el recurso por “falta de sentencia definitiva” (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En la misma causa se desestimó, por igual motivo, un recurso de queja similar presentado por la defensa de Myriam Reene Chávez, madre de Balcedo.

 JULIO CÉSAR GRASSI

En el caso en el que se investiga al cura Julio César Grassi por el delito de peculado de caudales públicos por haber, presuntamente, utilizado los fondos de la Fundación Felices los Niños para el alquiler de dos quintas, su defensa había pedido la nulidad de las filmaciones incorporadas como prueba en la investigación y el sobreseimiento de Grassi.

Una resolución judicial rechazó esos pedidos y dispuso la elevación a juicio, contra lo cual se presentó un recurso de queja por extraordinario denegado. La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó el recurso, y la defensa interpuso un extraordinario, que el máximo tribunal provincial declaró inadmisible.

Contra esta decisión, la defensa de Grassi acudió en queja a la CSJN, desestimada en forma unánime por incumplimiento de los términos establecidos en la acordada 4/07.

 CARLOS BEN – ALDO ROGGIO – CARLOS WAGNER

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de Carlos Ben, en la causa en la que se investiga el direccionamiento en los procesos licitatorios de dos proyectos de infraestructura que se inscribieron en el marco del denominado “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima” (AySA). Estos proyectos habrían comenzado incluso antes de su publicación.

En el caso se investiga también el pago de dádivas por parte de las empresas ganadoras a las autoridades del organismo para asegurarse las adjudicaciones de las obras u otras ventajas, habiéndose abonado en sendos casos una suma considerablemente mayor a la originariamente prevista por las obras que, a su vez, sufrieron demoras en su desarrollo que excedieron holgadamente los plazos previstos.

La defensa de Ben llegó en queja ante la CSJN, que en fallo unánime desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva.

En la misma causa, Aldo Benito Roggio interpuso una queja similar, desestimada en los mismos términos que la anterior (CFP 1614/2016/141/1/RH36 ROGGIO). Y lo mismo con relación a Carlos Enrique Wagner (CFP 1614/2016/140/1/RH37 WAGNER).

 ALEJANDRO COLOMBO

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 había rechazado un planteo de excepción de falta de acción en el marco de la causa en la que se investiga al ex Director de Publicaciones del Senado Alejandro Colombo –entre otros–, por un posible fraude en la Imprenta del Congreso entre 1993 y 1999, que habría generado un perjuicio a la Tesorería del Senado por $2.111.720.

Contra esa resolución, la defensa de Colombo llegó en queja ante la CSJN, que lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 IG

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

El empresario Aldo Benito Roggio y sus tres hijos -actualmente accionistas de su grupo empresario y proveedor estatal- constituyeron tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, entre julio y noviembre de 2016, para abrir cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos, según surge de los documentos de Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con el equipo argentino que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

“La constitución de las compañías responde a objetivos de planificación familiar y son de carácter personal y familiar. Aldo Roggio y sus hijos las incluyen en sus declaraciones juradas impositivas y a todos los efectos fiscales pertinentes”, respondió la familia Roggio ante la consulta del equipo argentino de ICIJ a través de un vocero, que también dio acceso a la información declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para corroborar los dichos de los empresarios. 

De los documentos de la filtración también surge que la familia recibió una herencia de dos tíos de Aldo Roggio que estuvo estructurada a través de un fideicomiso por más de US$5,5 millones en el mismo paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, y cuyas ganancias los empresarios han tributado en Argentina, según informaron ante la consulta. Con respecto a las cuentas bancarias, los documentos analizados no hablan de cifras monetarias.

Roggio es un referente de la construcción y el transporte, exaccionista de Benito Roggio e Hijos SA. Su grupo tiene a través de Metrovías-Roggio la explotación del servicio del subterráneo de Buenos Aires y Cliba, que tiene parte de la recolección de residuos de la Ciudad. En agosto de 2018, Aldo Roggio admitió ante la Justicia que para mantener sus contratos con el Estado Nación realizó aportes ilegales para campañas electorales y pagó al exsecretario de Transporte de los Kirchner (2003-2009) el retorno mensual del 5% de los subsidios del transporte que recibía del Estado Nacional. 

Tras su declaración como imputado colaborador en la causa de los cuadernos, Roggio renunció a la dirección de sus compañías y dio un paso al costado, que terminó con la transferencia de esas acciones a sus hijos en 2020, según informaron ante la Comisión Nacional de Valores.

Roggio también deberá afrontar un juicio oral y público por el caso Odebrecht. En julio de 2019, el juez Sebastián Casanello envió a los tribunales orales la causa por supuestos sobornos y defraudación a la administración pública, pero la causa comenzó con una denuncia en febrero de 2016 y para diciembre de ese año, se oficializó que los ejecutivos de Odebrecht habían admitido el pago de sobornos en Argentina. Las constructoras locales que eran socias de la brasileña sostienen que no participaron del pago de sobornos, mientras que los ex funcionarios kirchneristas niegan haber recibido pagos indebidos o haber direccionado las licitaciones.

Aldo Roggio y sus hijos las incluyen en sus declaraciones juradas impositivas y a todos los efectos fiscales pertinentes.

Dos años antes de la crisis desatada en el grupo por el caso cuadernos, los Roggio acudieron al estudio panameño Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee) para que su división de fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas organizara la estructura offshore de la familia, según surge de los documentos de Pandora Papers.

Las sociedades

La primera de las compañías de esta estructura es Gotland International Limited, inscripta el 5 de julio de 2016 en las Islas Vírgenes Británicas. Es una compañía limitada por acciones. Sus beneficiarios finales son Aldo Roggio y sus tres hijos: Lucía Inés, Martín Benito y Rodolfo Roggio Picot. También son los apoderados, según los documentos.

El 7 de marzo de 2017, Aldo y sus tres hijos firmaron un acta en el que autorizan a abrir una cuenta bancaria a nombre de Gotland International Limited en el EFG Bank, de Suiza, y en EFG Capital, de Miami. A su vez, los cuatro son autorizados por los directores de la sociedad (que responden al estudio Alcogal) a operar y disponer de los fondos de esas cuentas como apoderados de las mismas.

Ocho días después de la inscripción de la primera offshore, se creó la segunda compañía, Graymark International Limited, incorporada el 13 de julio de 2016 en el mismo archipiélago del Caribe, conocido como una jurisdicción opaca y de baja o nula tributación. En los documentos no aparecen datos extra de esta sociedad, pero la familia Roggio explicó que se utiliza para administrar un fideicomiso ciego para los hijos de Aldo Roggio.  

La tercera compañía se inscribió unos tres meses más tarde. Linhill International Limited fue incorporada el 25 de octubre de 2016 en Islas Vírgenes Británicas, con los mismos beneficiarios finales y apoderados. Los directores son empleados de Alcogal. Roggio y sus tres hijos figuran como accionistas.

Los Roggio también abrieron cuentas en el JP Morgan de Nueva York a nombre de al menos dos de las sociedades. Entre septiembre y diciembre de 2016, solicitaron la apertura de cuenta en el JP Morgan de Nueva York a nombre de Gotland International Limited, según una carta que consta en los registro de Alcogal; y el 14 de diciembre de 2016, presentaron formularios ante el banco para la apertura de cuenta de ahorros e inversiones a nombre de Linhill International Limited.

La constitución de las compañías responde a objetivos de planificación familiar y son de carácter personal y familiar.

Ante el banco, los Roggio se presentaron como los beneficiarios finales de Gotland y se comprometieron a certificar “la debida información a las autoridades fiscales argentinas de todos los activos mantenidos en JPMorgan y en cualquier Morgan Afiliados”. Los tres hijos de Aldo Roggio declararon en un formulario ante el JP Morgan que cada uno de ellos tenía el 33,33% de las acciones de Gotland por lo que se entiende que Aldo Roggio dejó de ser accionista de la offshore para septiembre de 2016.

“Las sociedades realizan inversiones en activos financieros a través de carteras de inversión en diferentes entidades y no han adquirido otro tipo de bienes, muebles o inmuebles”, respondió la familia ante la consulta del equipo argentino. “Las sociedades se encuentran actualmente activas”, agregaron.

Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Aldo Roggio surge en la base de datos de Pandora Papers a partir de un documento de los archivos internos de Alcogal, en el que la empleada Aura González fichó al empresario como uno de los Beneficiarios finales de “alto riesgo” (“nivel 6”) que son clientes del estudio panameño. Fue por su cargo como vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, un cargo que desempeñaba al momento de la apertura de las offshore, en 2016. 

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Graciela Roggio e hijos

Las acciones de Roggio SA estaban hasta 2020 a nombre de Aldo y su hermana, Graciela Roggio, además de una financiera (Doya SA, con el 14,77%), que también era propiedad de los hermanos. El grupo también tiene negocios en Perú, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Se destaca en la construcción (Benito Roggio e Hijos, Sehos y Haug), transporte (Metrovías, Benito Roggio Transporte y Benito Roggio Ferroindustrial), servicios ambientales (Benito Roggio Ambiental, Cliba, Tecsan y Envairo), provisión de agua (Aguas Cordobesas) y tecnología de la información (Prominente, que estaba a cargo de Graciela Roggio). También tienen hoteles y casinos (19 salas de Slots, 1 casino de Paño en 17 ciudades de Córdoba y gerencia 4 Hoteles-Casinos de la cadena Howard-Johnson), según informa el grupo en su sitio web oficial.

De perfil mucho más bajo que su hermano, Graciela también cedió sus acciones a sus hijos. La empresaria también tuvo una sociedad offshore. Junto a sus hijos Fernando, Florencia y María Lejarza, figura en los documentos de Pandora Papers como accionista, apoderada y directora de la compañía Signature Summer Adventures Ltd., inscripta en Islas Vírgenes Británicas, el 7 de febrero de 2014. “La sociedad creada por Graciela Roggio y sus hijos nunca operó, ya que fue constituida para una actividad en el exterior que nunca se desarrolló”, respondió la familia.

Fideicomiso y una herencia

La familia también figura en los documentos de un fideicomiso offshore, constituido en Islas Vírgenes Británicas en 2004 y administrado por el estudio Trident Trust Company. Los activos fueron transferidos al fideicomiso por dos tíos de Aldo y Graciela, Iride Rosa Verzini De Conti y Américo Humberto Conti. 

Tras el fallecimiento de ambos, en 2009, Aldo Roggio y otro familiar solicitaron en una carta a Trident “la distribución de los activos existentes entre los beneficiarios designados por el matrimonio Conti en un todo de acuerdo a las instrucciones que ellos impartieran a la firma del Contrato y posteriores modificaciones introducidas”.

“Estas participaciones o dinero en efectivo serán transferidas por parte del fideicomiso o Trust a las cuentas bancarias estipuladas por cada uno de los beneficiarios”, agregaron. “Esta notificación se la hacemos llegar en nuestra calidad de Protectores del Fideicomiso tal cual fuéramos designados por el matrimonio Conti al constituir el mismo”.

El fideicomiso superaba entonces los US$5,5 millones. Aldo Benito Roggio recibió poco más del 5%, al igual que su hermana. “Aldo Roggio y Graciela Roggio declaran en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a los bienes personales los bienes recibidos en calidad de herederos”, respondieron en la familia al equipo de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR). En Uruguay, Guillermo Draper (Búsqueda) integra Pandora Papers.

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