La versión oficial de la Administración Trump no cuadra. La tesis de que el hombre asesinado el sábado en Minneapolis (Minnesota) suponía una amenaza contra los agentes federales que se encontraban de redada antimigración por las calles de la ciudad queda cuestionada por imágenes difundidas en las redes sociales.

En efecto, los vídeos del nuevo asesinato de Minneapolis, dos semanas después del de Renée Good desmienten la versión de la Administración Trump sobre la actuación de los agentes federales.

En el vídeo difundido por Drop Site News, se ve cómo la violencia proviene de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP), encapuchados y empujando a personas que protestaban contra su redada contra migrantes.

Al final, un ciudadano que observaba y grababa los hechos ha sido asesinada con varios disparos a quemarropa.

A seis años del crimen que conmocionó a la Argentina, el asesinato de Fernando Báez Sosa continúa interpelando a la sociedad y al sistema judicial. La madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, aquel joven de 18 años que soñaba con ser abogado y que por primera vez se iba de vacaciones con sus amigos, fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers que actuó de manera coordinada y con extrema violencia. Murió minutos después a causa de un para cardiorespiratorio tras un traumatismo craneoencefálico grave.

El juicio oral concluyó en febrero de 2023, poco más de tres años después, con condenas ejemplares que marcaron un precedente en casos de violencia grupal. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores consideró probado que el ataque fue cometido con alevosía y en grupo, sin posibilidad alguna de defensa para la víctima.

Las imágenes mostraron una secuencia brutal: patadas reiteradas, golpes dirigidos a la cabeza y un cuerpo indefenso tendido en el suelo mientras el ataque continuaba. La viralización de esos registros generó una conmoción inmediata y un repudio transversal, difícil de revertir incluso con el paso del tiempo.

Esos videos no solo expusieron la ferocidad del ataque, sino que desarmaron cualquier intento de la defensa de los rugbiers de relativizar lo ocurrido. La crudeza del material audiovisual aceleró el reclamo social de justicia y colocó el caso en el centro de la agenda pública durante tres años. Marchas, homenajes y manifestaciones se multiplicaron en todo el país, con una consigna que se repitió una y otra vez: “Justicia por Fernando”.

Durante el juicio, esas imágenes fueron determinantes. Permitieron reconstruir la dinámica del ataque, identificar roles dentro del grupo agresor y demostrar que la violencia continuó aun cuando la víctima ya no podía defenderse. La sentencia dictada en febrero de 2023, con condenas a prisión perpetua y penas de 15 años, encontró en ese material una de sus bases probatorias más contundentes.

Cinco de los acusados —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Matías Benicelli— fueron condenados a prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente calificado. Para los jueces, tuvieron un rol central en la golpiza fatal: ejecutaron los golpes más violentos, incluidas las patadas en la cabeza que resultaron determinantes para la muerte de Fernando Báez Sosa.

Otros tres imputados —Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli— recibieron penas de 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios. Según la sentencia, su función fue clave para asegurar el ataque: rodearon a la víctima, impidieron la intervención de terceros y colaboraron en el accionar del grupo, aun cuando no propinaron los golpes letales.

El fallo fue respaldado por otras pruebas contundentes, entre ellas peritajes forenses y testimonios que mostraron la secuencia completa del ataque. La sentencia fue leída como una respuesta firme frente a la violencia ejercida en grupo y un mensaje claro sobre la responsabilidad penal individual dentro de acciones colectivas.

Más allá de la condena judicial, el crimen de Fernando Báez Sosa generó un debate profundo sobre la violencia juvenil, el consumo de alcohol, la cultura de la impunidad y la necesidad de políticas de prevención. Sus padres, Graciela y Silvino Báez, transformaron el dolor en una lucha constante por memoria, justicia y conciencia social.

A seis años del asesinato, el caso sigue siendo un símbolo: de una vida truncada, de una sociedad que dijo basta y de una Justicia que, al menos en este caso, logró dar una respuesta acorde a la gravedad del crimen.

El asesinato de Juan Gabriel González, ocurrido en plena Navidad en Villa Lugano, volvió a poner en el centro del debate el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el uso letal de la fuerza en el espacio público. Mientras el Gobierno porteño evita dar explicaciones oficiales, una reconstrucción minuciosa difundida por la cuenta de X Mapa de la Policía desarmó, una vez más, la versión policial y aporta elementos clave para la causa judicial.

Según se supo este sábado un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga el caso y la decisión fue tomada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”. Todavía no se sabe el nombre del asesino.

Juan Gabriel tenía 45 años, era trabajador de la construcción y estaba profundamente ligado a su barrio. Hacía poco había comprado una camioneta para trasladar a los jóvenes que trabajaban con él en las obras: su objetivo era que no faltaran y, sobre todo, alejarlos de los consumos problemáticos. Vecinos y familiares lo recuerdan como alguien solidario, comprometido y generoso, que “daba laburo” y contenía a pibes de Villa Lugano. Ese recorrido vital se interrumpió el jueves 25 de diciembre, pasadas las 13, cuando murió durante un operativo de la Policía de la Ciudad en plena vía pública y ante la mirada de los vecinos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, Juan Gabriel González recibió un disparo a corta distancia. “Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, relató un vecino que intentó auxiliarlo. Junto a su hermana, enfermera, procuraron reanimarlo, pero denunciaron que los efectivos policiales se los impidieron. González fue trasladado al Hospital Piñeiro, donde horas después se constató su fallecimiento por una herida en el tórax.

El hecho quedó registrado en un video casero filmado en el cruce de Chilavert y Araujo, pero con el correr de las horas comenzaron a sumarse otras tomas, desde otros ángulos, que reconstruyeron cómo el uniformado disparó a quemaropas sobre la víctima.

En esas imágenes se ve a Juan Gabriel González con el torso desnudo, en short negro y descalzo, defendiéndose con golpes de puño de los policías que lo rodean. Recibe bastonazos, esquiva otros, hasta que se escuchan dos disparos. Luego cae de espaldas sobre la vereda. En la escena aparecen efectivos con armas largas y refuerzos que descienden de una camioneta policial negra. El despliegue resulta desmedido frente a la explicación extraoficial del operativo: una supuesta pelea vecinal y “disturbios en la zona”, que derivaron en la intervención de la División Unidad Táctica de Pacificación.

El minucioso trabajo de Mapa de la Policía

Sobre ese material, y otros registros aportados por vecinos, trabajó el Mapa de la Policía, una plataforma colectiva que se dedica a reconstruir episodios de represión estatal a partir del cruce sistemático de imágenes. En un hilo publicado en X, el colectivo afirmó: “El 25 de diciembre, la Policía de la Ciudad asesinó a Juan Gabriel González en la Villa 20. Estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza”. En otro tramo, sostuvieron que “a Juan Gabriel le dispararon a quemarropa con un arma letal” y que su esposa, Nelly Portillo, también resultó herida y permanece hospitalizada.

La reconstrucción permitió identificar el tipo de arma utilizada. Según el Mapa de la Policía, el agente que disparó portaba lo que “parece ser una escopeta Mossberg”, un arma letal. Tras el disparo, el efectivo se retiró del lugar. Para el colectivo, el material audiovisual desmiente la versión policial que asegura que no se utilizaron armas de fuego y que solo se empleó material antidisturbios.

El protocolo de uso de la fuerza es claro: las armas letales solo pueden emplearse ante un peligro inminente para la vida. “Nada de eso ocurrió”, afirmaron desde el colectivo, que además aseguraron que el autor material del crimen ya está individualizado y que su identificación es inminente. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, con apoyo de la Policía Federal, y para el colectivo se trata de “un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires”, cuya responsabilidad política recae en el Gobierno de Jorge Macri.

Las denuncias se multiplicaron. El docente Oscar Villaverde sostuvo que González fue “asesinado a quemarropa”. Su hermano Daniel fue contundente: “Mi hermano estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos; la policía vino a matar”. En el barrio, el clima es de temor a represalias. Organismos de derechos humanos, la CORREPI y agrupaciones políticas repudiaron el hecho, mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de Cruz y Escalada.

La violencia policial no terminó con la muerte de González. Su esposa, Nelly Portillo, de 42 años, resultó herida de bala y permanece detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson, acusada de “resistencia a la autoridad”, según denunció el CELS. Dos hombres más, de 21 y 32 años, fueron detenidos y luego liberados.

La Policía de la Ciudad, sin emitir un comunicado oficial, sostuvo a través de una fuente en off que habló con elDiarioAR que los efectivos fueron agredidos con piedras y botellas y que tres policías resultaron heridos. También informó que entregó celulares, cámaras y elementos utilizados para la investigación y que se inició un sumario interno. Sin embargo, negó que se trate de un caso de gatillo fácil, aunque interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad.

Cómo se mueve el colectivo que pone en jaque a las fuerzas de seguridad

En ese escenario, el trabajo del Mapa de la Policía cobra una relevancia central. Se trata de un espacio de coordinación horizontal entre colectivos, medios autogestivos, activistas, fotógrafos y realizadores, que funciona como plataforma de investigación y archivo de la represión estatal. Su metodología prioriza la imagen, pero también la paciencia y la precisión: cada foto o video es geolocalizado, cruzado con metadatos, comparado con otros registros e integrado en una secuencia narrativa inspirada en técnicas de arquitectura forense. Así logran establecer responsabilidades y avanzar en la identificación de los efectivos involucrados.

El corazón de ese trabajo es el archivo A.H.O.R.A. (Archivo Histórico de la Represión en Argentina), alimentado de manera artesanal con material que envían vecinos y testigos. No es la primera vez que sus reconstrucciones llegan a la Justicia: ya ocurrió en otros casos emblemáticos, como el de Pablo Grillo, y sus informes son utilizados como prueba en causas judiciales.

Frente al silencio oficial y a las versiones policiales que buscan diluir responsabilidades, el Mapa se define como un contraarchivo. “No somos un medio de comunicación, pero salimos a disputar la verdad”, sostienen. En el caso de Juan Gabriel González, esa disputa ya dejó en evidencia una escena que contradice al poder: un hombre desarmado, asesinado a quemarropa por la policía, en un operativo que hoy vuelve a interpelar a la Ciudad y a su política de seguridad.

El 16 de junio de 1990, el ingeniero químico Horacio Santos acompañó a su esposa a una zapatería de Villa Devoto. De pronto, se oye la alarma de su coupé Renault Fuego, estacionada en la cuadra. Santos sale y ve que dos personas están robándole el estéreo. Pero, además, se manifiesta un agravante de comedia en el inicio de la tragedia, ese tipo de agravante que le daba el punch al viejo gag de Alberto Olmedo (Borges) y Javier Portales (Álvarez), cuando Olmedo contaba la historia de alguien a quien asaltan mientras está haciendo un asado.

Entran, le roban, violan y matan a la familia y masacran a sus mascotas (para el damnificado, nada que lamentar del todo), hasta que los asesinos, en un pico de perversión, le dan vuelta los chorizos, o le ponen más sal al matambre. Es el momento de la torsión del chiste, en el que Olmedo exclama: “¡Para qué!”. El tipo “se pone como loco”, y liquida a los asesinos, no por haber matado a su familia sino por haber afectado sus formalismos de asador neurótico.

El agravante para Santos fue que los ladrones de su estéreo, además de robárselo, le sonrieron de lejos con aires de superioridad. ¡Para qué! Santos se puso como loco, subió a la Fuego con su esposa y corrió el Chevy de Osvaldo Aguirre y Carlos González, los ladrones reidores desarmados, a lo largo de 14 cuadras, les cruzó el auto y los mató de un tiro por cabeza. ¿Cuál fue su mensaje?: ¿a mí nadie me roba el estéreo?, o ¿nadie se ríe de mí? Sin querer, aparecen definidos los términos de la disputa: por un lado, “mi” (de yo); por el otro, “nadie” (de nada).

Este hecho sucedió hace casi 35 años, y produjo una simpatía generalizada por Santos, el pobre ingeniero que debió soportar que le robaran el estéreo por onceava vez, según la cuenta de Eduardo Gerome, el abogado de Santos egresado con honores de la Facultad de Derecho Troglodita de la Universidad Nacional de Talión, quien le preguntó por qué seguía usando el estéreo si siempre se lo robaban. Y el pobre ingeniero, bajando con sandalias de monje al llano del sentimentalismo luego de los corchazos, lo emocionó con este excelente parlamento: “Siempre tuve derecho a tener”.

Si el derecho a tener da derecho a matar, es lo que discutió la sociedad en 1990, y lo que vuelve a discutirse ahora con ligeras variantes, luego de que Rafael Moreno, el policía retirado del París Saint Garmain matara de un balazo en el abdomen al colectivero Sergio Díaz. Sólo cambia un poco el origen del impulso. Allí donde a Santos se le sale la cadena que venía conteniendo el asesino que llevaba adentro porque no puede escuchar música en su auto, Moreno interrumpe la música del vecindario porque invade la propiedad privada de su silencio navideño.

Aquella simpatía social por Santos reencarna ahora en la simpatía por Moreno. Pasa siempre. El argumento solipsista que lo justifica es el hartazgo. Me cansás: te mato. Me sacás la música, o me ponés la música: te mato. De nada sirve invocar las conductas más elementales de la civilización de cercanías, que se establece por escala de grados, según la cual escuchar música a todo volumen o robar estéreos es muchísimo más civilizado que matar a tiros a personas desarmadas.

Sin embargo, lo que parece estar en juego en estos sucesos es la defensa insular del individuo bajo la modalidad del extremismo exterminador. Y para que brote en alguien la necesidad de exterminar a otros no estando en peligro la vida propia ni la de los amados, sólo hace falta ilusionarse con una misión purificadora: que el mundo sea menos sucio (según el criterio de pureza del exterminador). El que va a matar como Santos y Moreno lo hace porque la combinación que surge del entrenamiento con armas, la manija mental atada a la paranoia racista y la voluntad de purificación busca que aquello a lo que se le apunta deje de existir.

El plan, siempre trágico, es también un poco irrisorio debido a que hay en el acto de exterminio una carga pesada de abstracción. Lo que se quiere matar es, en el fondo, una idea. La idea del ladrón sobrador de estéreos en el caso de Santos; o la idea del chofer de bondi cumbiero, en el caso de Moreno. El esfuerzo de ambos, cae bajo las luces del ridículo. Si a Santos le robaron el estéreo once veces, ¿qué soluciona matando solamente a los que se lo robaron una vez? Es evidente que lo que se mata, vuelve a crecer, o directamente no muere.

¿Y Moreno? Si como se está diciendo, una vez que le den la prisión domiciliaria va a ir a vivir a un barrio cerrado, ¿cómo va a reaccionar cuando en ese barrio haya una fiesta, como las hay todos los fines de semana? Y si le toca mudarse frente al Hipódromo de San Isidro, ¿qué va hacer con el Lollapallooza? ¿Va a ir a cagar a cohetazos a Justin Timberlike, a Alanis Morissette, a Chano Charpentier?          

La calidad humana de las personas que matan como mataron Santos y Moreno está a la vista. Ni vale la pena esforzarse en precisar el desprecio que les cabe. Pero, ¿y la calidad de quienes los apoyan en nombre de una legítima defensa alucinógena, sean personas anónimas o caricaturas públicas como la nerviosísima Florencia Arietto, siempre agarrada a una liana diferente a cambio de que cuelgue del presupuesto público?

Mientras los médicos forenses trabajaban en el cadáver de Sergio Díaz, se hizo oír en tono de “voz de la experiencia” un ser humano que responde al nombre de Agustín Rodríguez y al sobrenombre de Otto Dog. Es un charlatán indignista-ignorantista, o sea un sabelotodista, que vocifera posiciones inamovibles, como de clavo sin cabeza clavado en las cabreadas de los lugares comunes, siempre que estos sean prueba fehaciente de intolerancia.

Lo recibe, lo apaña y quizás le pague bien Alejandro Fantino en Neura, donde el ser humano Dog es columnista, o más bien la columna en la que Fantino se rasca y se apoya para ofrecernos simulacros de posiciones moderadas, de contención del Dog, allí donde el Dog quiere salir a matar gente.

Así es el negocio del entretenimiento sórdido: reproducir y amplificar exponencialmente las discusiones y las diferencias de la vida cotidiana. En el caso de Fantino, gratis, ¿qué duda hay? Sólo lo hace para honrar, como siempre, al pueblo en el que nació, a los amigos de toda la vida, a los “gringos” santafesinos que son el techo de la especie, a los códigos de varones con calle y barrio, y -últimamente- a la querida Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de Nietzsche y de Newton.    

Otto Dog le expresa sus “pensamientos” sobre el asesinato de Díaz: “Te tienen que respetar, Ale”, en alusión a lo bien que se hizo respetar Moreno, revólver en mano. Fantino, ya embutido en el personaje ideado para simular la contención de Dog pero permitiéndole que destile hasta la última gota de su salvajismo, que también parece simulado, le contesta: “Respetame vos, que estoy poniendo música”. Y ahí ya comienza el show, en el que pasan de una discusión sobre un tema trágico a una farsa de discusión entre ellos. Fantino de un lado, Otto Dog del otro y, en el medio, la sensación nauseabunda de que no les importa aquello de lo que están hablando, sino que las posiciones que simulan mantener estén lo suficientemente distanciadas para que nada pueda acercarlas. Están captando visualizaciones.

Otto Dog cuenta que una vez salió de su casa de San Isidro a romperle el parlante con un palo a un vecino que escuchaba música con el volumen alto. Fantino, que una vez que entra en al personaje le cuesta salir, sigue encarnando al que escucha música: “Venís a apagarme el parlante con un palo. Pero ¿quién sos, boludo?”. Otto Dog, replica: “Y vos, ¿quién sos, que me ponés el parlante y no me dejás hablar?”. Finalmente, Fantino, volviendo en sí, digamos en la realidad de Neura, le dice a Otto Dog sonriendo, su manera de aprobar la performance: “Estás mal, boludo”. La obra termina. Los dos “bandos”, el de los que mueren y el de los que matan, han sido equitativamente defendidos.

JJB/MF

Una voz angustiada se escucha del otro lado del teléfono. La llamada llega desde un territorio nativo de la Amazonía peruana. “Están queriendo nuevamente levantar vuelo, comunícate por favor con la Dirandro. Por favor, no quiero tener problemas en mi comunidad”, se arriesga a contar un poblador indígena, cuya identidad se mantendrá en anonimato. Pide la presencia de oficiales de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, mientras ve a lo lejos una avioneta desconocida oculta en el bosque. En medio de la oscuridad, sin que nadie lo pueda ver y con la respiración agitada, narra cómo un grupo de hombres alista un cargamento de droga en una pista de aterrizaje ilegal abierta en el territorio de su comunidad. La desesperación es evidente, sobre todo porque sabe que se enfrenta a un monstruo gigante enquistado en Ucayali, región que se ha convertido en un nuevo foco del narcotráfico en el país.

Este pedido de auxilio es uno de los tantos que llegan desde distintas localidades indígenas de la selva peruana que viven cercadas por la ilegalidad. El líder que se arriesga a llamar es una de las más de 50 fuentes periodísticas entrevistadas por Mongabay Latam, como parte de una investigación de un año que logró rastrear en total 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. El trabajo de verificación posterior permitió confirmar la existencia y los episodios de violencia detrás de 76 de ellas.

Cada uno de esos trazos ilegales en el bosque fue detectado o corroborado por Earth Genome, una organización basada en California, Estados Unidos, especializada en el análisis satelital del territorio con la que Mongabay Latam se unió para trabajar esta investigación, y que cuenta con el apoyo del Pulitzer Center. Los expertos desarrollaron una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar pistas de aterrizaje clandestinas en tres regiones de la Amazonía peruana.

Para que el análisis funcione, los equipos trabajaron con información de Open Street Map, con datos de pistas oficiales reportadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y con muestras de narcopistas identificadas por la Dirandro y el Gobierno Regional de Ucayali. Con toda esta información, la inteligencia artificial pudo rastrear patrones similares en el territorio.

Se le “pide a la inteligencia artificial que busque características similares en las imágenes de satélite”, explican los especialistas, quienes se lanzaron a la tarea de detectar nuevos trazos ilegales ocultos en el bosque. La dificultad de esta búsqueda la describen así los expertos: “Imagina localizar un aeródromo desde el espacio en la Amazonía peruana, es como encontrar un palillo escondido en un campo irregular de fútbol, como ubicarlo entre la hierba, la maleza y la tierra desnuda”.

Una vez hecho el análisis satelital, cada pista detectada fue verificada con fuentes locales y oficiales por un equipo periodístico de Mongabay Latam, que confirmó la ubicación, extensión, uso, fecha de apertura, presencia dentro de espacios prohibidos —como áreas protegidas, reservas indígenas y concesiones forestales—, así como la cercanía a vías y ríos.

Las imágenes satelitales, que toman fotografías frecuentemente del planeta, permiten establecer con claridad detalles como cuándo fueron abiertas las pistas clandestinas, pues sólo basta comparar el trazo detectado por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA con la fotografía previa del mismo lugar cuando el bosque aún estaba en pie. Los hallazgos se resumen en esta visualización.

Hay grupos de crimen organizado instalados en el país que actúan en todas las economías ilegales al mismo tiempo. Lo que se debe tener en cuenta, es que estas personas tienen conocimiento del territorio y saben cómo abordar a la autoridad

Noam López — Profesor de la Escuela de Gobierno y del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica del Perú (PUCP).

El análisis satelital de las pistas clandestinas detectadas confirma la existencia de rutas del narcotráfico sólidas que están fuera del control de las autoridades. La facilidad con la que las pistas destruidas se vuelven a abrir es prueba de ello. Según el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Pucallpa, a los narcotraficantes apenas les toma una semana volver a operar si sus pistas son inhabilitadas. “Las organizaciones que trafican drogas —añade Tanchiva— tienen una buena logística, tienen su brazo armado y tienen dinero. Esa es la realidad”.

La realidad también indica que la ilegalidad va más allá del narcotráfico. “Estamos en una época de confluencia de delitos en Perú, porque ya no se trata sólo de un tema de tráfico de drogas, sino de varios delitos que se están gestionando y manejando conjuntamente”, señala Luisa Sterponi, especialista en sensores remotos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un informe de junio de 2024, del cual Sterponi es autora, señala que en los últimos tres años se ha incrementado la pérdida anual de bosques, los decomisos de madera ilegal y se ha registrado una fuerte expansión de cultivos ilícitos de coca. “La cantidad de laboratorios de procesamiento de derivados cocaínicos destruidos por la Policía Antidrogas ha sido el más alto en el país, acompañado por un aumento exponencial de pistas clandestinas”.

Sobrevivir en el triángulo de la muerte

El crudo panorama que dibujan las narcopistas se puede ver con claridad en el triángulo que conforman las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. De hecho, la herramienta de búsqueda con inteligencia artificial generada por Earth Genome puso en evidencia la alta concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en un espacio que bien podría llamarse el “triángulo de la muerte”. Las pistas y los cultivos ilícitos de coca son la escena del crimen de al menos 11 líderes y pobladores indígenas, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aunque la cifra sube a 15 en el conteo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Fuentes en territorio señalan, sin embargo, que no se están considerando aquellas muertes que no son reportadas por temor a represalias.

“Yo sé de dos hermanos indígenas asesinados en 2023 y de uno que ha desaparecido este año”, dice un dirigente de una importante federación indígena de la zona, que pidió la protección de su nombre. Las matanzas y desapariciones son parte de la violencia con las que les toca convivir a 28 líderes indígenas que están bajo amenaza en las tres regiones, según el mapeo realizado por la o.

Los trazos ilegales no sólo cortan el territorio y deforestan los bosques, sino que siembran dinámicas de terror. Las imágenes satelitales aportan evidencia concreta de esa realidad. De las 67 narcopistas detectadas por el Earth Genome y Mongabay Latam en Huánuco, Pasco y Ucayali, 30 están dentro y 26 alrededor de comunidades indígenas. Siete territorios en particular no sólo están invadidos por pistas, sino que a la vez están cercados por ellas. Un dato relevante más: los cultivos de coca en las tres regiones suman 18.742 hectáreas: 12.221 en Ucayali, 4.960 en Huánuco y 1.561 en Pasco, según el último monitoreo de coca de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). En el caso de Ucayali, la producción se triplicó desde 2020 y en Huánuco se duplicó.

Para tener una idea más clara, se trata de una extensión comparable con 76 veces el Centro Histórico del Cusco.

La investigación permitió confirmar también que las 67 pistas de aterrizaje clandestinas sirven al narcotráfico. Al menos 60 entrevistados, entre fuentes locales y oficiales, además de dirigentes importantes de tres federaciones indígenas de la Amazonía peruana fueron clave para determinar con precisión su uso.

En medio de esas rutas del narcotráfico, viven comunidades indígenas que describen afligidas el cambio cultural abrupto que ha traído a sus tierras.

Algunas comunidades se han visto obligadas a compartir su territorio con colonos que trabajan en los cultivos ilegales, que tienen a su cargo el traslado de los cargamentos de droga, que vigilan los laboratorios o habilitan nuevas pistas. El silencio es la única forma de sobrevivir cuando se es testigo de esas escenas. Mientras tanto, deben acostumbrarse a que su rutina se detenga en cada vuelo. “Cuando va a aterrizar una avioneta para ser cargada de droga, todo el tránsito se paraliza. La población también. No pasa muy seguido, pero así vivimos”, narra un dirigente amazónico que vivía en una comunidad de la provincia de Atalaya y que tuvo que abandonar su territorio por seguridad.

Un cálculo hecho por Mongabay Latam, en base a datos de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, muestra que para abrir las 67 pistas se tuvo que deforestar al menos 109 hectáreas de selva, alrededor de tres veces el Campo de Marte de Lima o el equivalente en kilómetros a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia. Sin embargo, Luisa Sterponi, de UNODC Perú, explica que las consecuencias de la presencia de pistas clandestinas en las comunidades amazónicas van más allá del impacto ambiental del desbosque. “La apertura de una pista clandestina es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Tienen un impacto directo sobre la deforestación, pero el impacto real es más amplio e involucra también dimensiones sociales”.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, está convencido de que el combate a la ilegalidad no puede estar basado sólo en la represión. “No solo se trata de hacer correr a las personas que trabajan en la actividad ilegal, sino que para que ese sitio no sea invadido nuevamente y no regresen, se deben realizar acciones sociales y civiles concretas”, explica. De lo contrario, añade el dirigente, “es muy fácil abrir nuevamente las pistas clandestinas que fueron destruidas, porque en esa zona (Ucayali), en los próximos cinco años, no van a ingresar nuevamente las autoridades”.

Dos comunidades ubicadas entre Huánuco y Pasco conviven con 15 narcopistas dentro y alrededor de sus territorios. La más antigua de las pistas fue abierta en diciembre de 2015 y la más reciente en febrero de 2023.

“Sí hay pistas de aterrizaje, no en la comunidad, pero si en los alrededores. El Estado sabe cuántas pistas hay y dónde están. En Constitución hay más de 100”, dice un líder indígena de la zona.

Las dos comunidades, visitadas por un equipo periodístico de Mongabay Latam, tienen la mala suerte de vivir en medio de una de las rutas del tráfico de drogas que se articula a partir de ciudad Constitución, un eje del narcotráfico donde confluyen “todos los males” y la “violencia, extorsión y asesinatos” son parte de la rutina, como lo describe Florencio Carrillo, ejecutivo de la Oficina Zonal La Merced de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Las comunidades están asentadas, además, en un sector de la selva central en el que convergen las subcuencas de los ríos Pichis, Palcazu, Santa Isabel y parte del río Pachitea.

¿A qué se debe el incremento de pistas clandestinas en esta zona? Frente a la presión policial y militar en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) —lugar que concentra más de 38 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, la mayor cantidad a nivel nacional —, los grupos criminales se ven obligados a trasladar el transporte de la droga a otro punto. Esos nuevos espacios de comercio son a los que hemos llamado “el triángulo de la muerte” y donde se observa el llamado “efecto globo”, es decir, presionas en un sector del territorio y la actividad se mueve inmediatamente a otro.

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, explica que la zona proporciona dos ventajas. La primera tiene que ver con la facilidad logística y operativa para los traslados de la droga desde Perú hacia Bolivia, debido a la cercanía de esta zona con este país limítrofe. Y, la segunda, la posibilidad de evadir el control policial y militar.

“Operar dentro del VRAEM, que produce mucha más cocaína que el resto de toda la región, es casi imposible en términos de vuelos y movilizaciones, por lo tanto, resulta más sencillo moverse dos o tres distritos más arriba y colocar en las zonas de Atalaya, Pichis-Palcazu-Pachitea y Aguaytía las pistas de aterrizaje disponibles”, indica Zevallos.

Es por esta razón que las mafias buscan los lugares más remotos y menos accesibles, como las comunidades indígenas y las reservas para pueblos indígenas en aislamiento.

En las comunidades nativas que rodean a la Reserva Indígena Kakataibo, la inteligencia artificial detectó tres pistas de aterrizaje clandestinas: una dentro de la misma reserva y otra alrededor, ambas situadas en la zona norte, y una muy cerca a la zona sur del territorio protegido. Esto lo constató el equipo periodístico que llegó al lugar.

Otras tres pistas de aterrizaje fueron confirmadas en dos reservas indígenas: una dentro y otra alrededor de la Reserva Indígena Murunahua; y una tercera alrededor de la Reserva Territorial Kugapacori, Nahua, Nanti. En estos casos, se observa claramente los surcos abiertos muy cerca de ríos y en medio de un bosque tupido.

Es muy fácil abrir nuevamente las pistas clandestinas que fueron destruidas, porque en esa zona (Ucayali), en los próximos cinco años, no van a ingresar nuevamente las autoridades

Miguel Guimaraes — Vicepresidente de la Aidesep.

“Es tremendo que haya pistas clandestinas en tantas reservas indígenas, eso significa que el Estado no puede garantizar la protección efectiva de ninguna de ellas”, dice Vladimir Pinto, responsable de la organización ambiental Amazon Watch en Perú.

En una comunidad cercana a la reserva Kakataibo Norte y Sur, un líder indígena le dijo a Mongabay Latam que “su territorio está acorralado” y que las autoridades locales y regionales no atienden sus denuncias. Solo la guardia indígena se esfuerza por liberar su territorio comunal de la presencia del narcotráfico y otras economías ilegales. Esto se repite en cada una de las comunidades que colindan con las reservas de los PIACI.

“La guardia indígena hace controles, destruye pozas de maceración y quema cultivos, pero son muchos”, narra una fuente en territorio.

El negocio de las ‘canchas’

Quienes viven en la provincia de Atalaya, en Ucayali, conocen muy bien cómo opera el narcotráfico. Los testimonios lo describen como un negocio planificado y bien articulado, en el que las narcopistas juegan un papel fundamental. De hecho, Atalaya es considerada por Devida una de las áreas de mayor concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en todo el país, y uno de los territorios donde la herramienta de búsqueda desarrollada con IA detectó una de las más altas concentraciones de trazos ilegales.

A Atalaya solo se ingresa con advertencias. No hablar con extraños, entrar acompañado, permanecer poco tiempo en los lugares y tratar siempre de pasar desapercibido. La premisa es clara: no confiar en nadie. Una vez en la zona, los avisos dejan de ser una exageración y dan paso a la dificultad de conseguir fuentes que estén dispuestas a hablar. La mayoría de ellas piden la protección de sus nombres.

El equipo periodístico pudo llegar hasta una pista de aterrizaje clandestina recién abierta y despejada. “Son 985 metros, una gran ‘cancha’ ”, como se llaman a las narcopistas en esta parte de la Amazonía peruana.

Quienes se encargan de ‘facilitar’ la llegada y salida de las avionetas cargadas con droga son muchas veces personas que viven en el área y que han logrado instalarse dentro de las mismas comunidades nativas, narra un motorista de la zona. El trabajo consiste en asegurar que los narcotraficantes tengan a su disposición una pista de aterrizaje clandestina para que la operación se realice sin contratiempo.

“Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga, otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína”, le dijo una fuente local al reportero que visitó la zona.

Las 31 narcopistas detectadas en la provincia de Atalaya por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA son sólo el correlato de la situación que se vive. La peor parte se la llevan las comunidades indígenas, pues cuando resisten o se oponen a la operación ilegal se convierten en un obstáculo para las mafias. Más aún si 13 de los 31 aeródromos ilegales de Atalaya están dentro de sus territorios y 13 alrededor. Las guardias comunales son, en muchos casos, la primera línea de defensa.

Sin embargo, combatir a un enemigo tan poderoso sin ayuda es imposible. Las organizaciones criminales, explican los expertos, se reestructuran todo el tiempo y cambian de estrategias. Ahora, por ejemplo, tercerizan algunas de las tareas de la cadena de ilegalidad, lo que vuelve más difícil para la policía y el ejército dar con los responsables.

Una primera transformación ocurrió con la llegada de los cárteles mexicanos que dieron paso a un sistema de tercerización, explica Nicolás Zevallos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. “Ahora eso es aún más fragmentado al punto que básicamente son brokers los que controlan el transporte de drogas de un punto a otro, pero no tienen el control absoluto de toda la cadena, sino que se sirven de varios proveedores”, asegura. Zevallos añade que en Perú, si bien hay algunos grandes laboratorios que producen cocaína, la gran mayoría son pequeños laboratorios que producen volúmenes de droga reducidos que se van acopiando hasta obtener un cargamento “más o menos importante”.

Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga, otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína

Fuente anónima de Atalaya, Ucayali.

El especialista explica que para que funcione este sistema fragmentado, las organizaciones criminales transnacionales envían a una persona que sirve de conexión con los países productores de droga, como es Perú. Este sujeto contrata y coordina con quienes se encargan del acopio y del transporte de la droga, y luego se va.

Luisa Sterponi, de UNODC, coincide en que se están observando diferentes fenómenos alrededor de las drogas, desde la aparición de grupos criminales especializados más pequeños que brindan servicios directamente al narcotráfico, hasta grupos criminales transfronterizos como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital que desde Brasil están ingresando al territorio peruano. “Esos grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de droga también se están dedicando a otros crímenes. La confluencia de delitos dentro de los grupos de crimen organizado está aumentando muchísimo”.

Noam López, profesor de la Escuela de Gobierno y del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica del Perú (PUCP), e investigador principal en seguridad de PULSO PUCP, intenta resumirlo. “Hay grupos de crimen organizado instalados en el país que actúan en todas las economías ilegales al mismo tiempo. Lo que se debe tener en cuenta, es que estas personas tienen conocimiento del territorio y saben cómo abordar a la autoridad”. Explica que suele haber un líder que desarrolla una estrategia y que de ser exitosa, la replica una y otra vez: “Un líder organiza todas estas actividades. Entonces, imagina que tiene un batallón de 30 a 50 jóvenes que tienen el conocimiento del territorio. Cuando le va bien en un lugar y tiene todo organizado, se va a otra zona. Eso es lo que está pasando”.

El especialista indica que la transferencia de conocimiento es rápida y que si alguien muere, es reemplazado de inmediato, porque ya hay otras personas que conocen el sistema. “Por eso si destruyes pistas, vuelven a construirse y a operar avionetas muy rápidamente”. La estrategia, precisa López, incluye la creación de empresas para lavar dinero. “Nuestra mirada debe ser al crimen organizado, al lavado de activos y a todo lo que tiene que ver con los flujos ilícitos porque es un negocio internacional y multiproductos”, concluye Luisa Sterponi de UNODC Perú.

¿Hacia dónde va la droga que sale de esta zona de Perú? Un agente del área de Operaciones Tácticas de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas–Pucallpa le dijo a Mongabay Latam que avionetas Cessna de bandera boliviana aterrizan en Atalaya para llevar cargamentos de entre 300 y 350 kilos de clorhidrato de cocaína. Suelen tener como destino el departamento del Beni y, en algunos casos, luego de parar en esa región del norte de Bolivia, continúan vuelo hacia Brasil. A veces también se dirigen a Colombia, como lo menciona el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa.

En respuesta a un pedido de información, la oficina central de Dirandro señaló que entre 2013 y 2022 destruyeron 705 pistas de aterrizaje clandestinas en las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. Las intervenciones se incrementaron sobre todo entre 2019 y 2020, los años más críticos de la pandemia y violencia en esos territorios. Además, se destruyeron 12 avionetas destinadas al tráfico de drogas en las tres regiones y 19 aeronaves fueron reportadas como siniestradas entre el 2012 y 2022.

Concesiones de alto vuelo

“Deberían hacer un centro de operaciones tipo VRAEM en Ucayali porque ya es insostenible lo del narcotráfico. Hemos aprendido a convivir, mientras no nos metamos con ellos”, cuenta a Mongabay Latam el representante de una concesión forestal en la que se detectó una pista de aterrizaje clandestina. A pesar de las denuncias presentadas por el concesionario, asegura que las autoridades no han actuado.

Si se observan las imágenes satelitales de las narcopistas detectadas dentro de las concesiones forestales de Ucayali, se nota que sobre ellas se superponen los parches de cultivos ilícitos de coca. Seis de las 10 pistas ilegales de las provincias de Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad están en medio de sembríos de coca.

“Los concesionarios son custodios del bosque y tienen la responsabilidad de informar a las autoridades y hacer una denuncia cuando ocurre una invasión y cuando encuentran cultivos ilícitos o pistas clandestinas”, señala Navarro. Al menos 6 de los 9 concesionarios reportaron los hallazgos y señalaron que las autoridades no atendieron sus denuncias, como se lee en los informes del Osinfor. Cabe mencionar, que hoy solo cuatro de las nueve concesiones se encuentran activas, los títulos habilitantes del resto han caducado.

Franco Navarro, del Gobierno Regional de Ucayali, le dijo a Mongabay Latam que en sobrevuelos realizados en el 2023 detectaron hasta 21 pistas de aterrizaje clandestinas dentro de concesiones forestales y que toda la información fue enviada al concesionario y a las autoridades correspondientes, entre ellas la Dirandro y la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ucayali. Sin embargo, un agente antidrogas de Pucallpa señaló que no le ha llegado “ningún documento de alguna empresa con concesión forestal que dé cuenta de alguna pista en esos terrenos”. Mientras las responsabilidades pasan de un lado a otro, más pistas se siguen abriendo.

De todas las pistas abiertas dentro de concesiones forestales, cinco de ellas se construyeron entre los años 2020 y 2021, en plena pandemia del Covid 19, época en que se redujeron significativamente las fiscalizaciones forestales debido a las restricciones para los trabajos en campo.

“Hay 36 líderes indígenas asesinados (desde el 2013) y este número va aumentar mientras no se resuelvan los problemas de raíz. Esto va a continuar”, señala Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, quien aporta una cifra mayor a los crímenes identificados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

*Los nombres de algunas personas que fueron entrevistadas y que participaron en la realización del reportaje, además de todas las comunidades indígenas, fueron cambiados u omitidos por su seguridad. Esto fue conversado con la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).

Esta investigación fue realizada por Mongabay Latam en alianza con el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) en América Latina.

La familia Montoya-Albareda está atravesada por la tragedia desde hace 45 años, cuando el subcomisario Ricardo Fermín Albareda (37), un ingeniero electrónico egresado de la UTN que prestaba servicios en la Central de Comunicación de la Casa de Gobierno de Córdoba fue secuestrado la noche del 25 de septiembre de 1979 en la capital provincial por un grupo de tareas del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) que lo llevó hasta el centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, en las afueras de Villa Carlos Paz, lo torturó y asesinó.

Los integrantes del grupo de tareas responsables de la desaparición de Albareda habrían descubierto que la víctima militaba clandestinamente en la guerrilla del PRT-ERP y, desde su puesto en la Policía, le pasaba información al grupo guerrillero, pese a que a mediados de 1977 ya había sido prácticamente diezmado.

Tras la trágica muerte de su padre, a los nueve años de edad, Fernando Albareda comenzó un derrotero de desgracias que tuvo un hito desgarrador este jueves, cuando fue detenido y acusado de haber asesinado a su propia madre.

Tras la desaparición de su esposo, Susana Montoya -madre de los niños Mónica y Fernando y del bebé Ricardo- se puso en pareja con un policía: el ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; quién en diciembre de 2009 fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba por, precisamente, el secuestro, asesinato y desaparición del subcomisario Albareda.

En ese mismo juicio, junto a Campos fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.

Quienes conocen a la familia Albareda confiaron que el hijo del medio de la familia, pasó a un segundo plano. La turbulencia de la preadolescencia y el desprecio de Campos hicieron que Fernando viviera entre los nueve y los 12 años de edad en institutos de menores, donde sufrió diversos abusos. Al regresar a su casa, gracias a la gestión de una maestra, pasó un corto tiempo allí y luego transitó una vida en pensiones y literalmente en la calle.

El pasado viernes 2 de agosto, cerca de las 18, un llamado ingresó al número policial 911 dando cuenta de la muerte de una mujer en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4800 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Su hijo Fernando Albareda fue quién dio aviso. Las aberturas de la vivienda estaban cerradas. El cadáver, con una herida en el cuello estaba tirado en el patio y semicubierto de hojas. Ese mismo día, a las 20, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros llegó al lugar y se entrevistó con el hijo de la mujer asesinada. El funcionario le avisó al gobernador Martín Llaryora que se trataba de la viuda del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda.

Muy temprano en la mañana del lunes 5, horas antes de que comenzara el velorio de Susana Montoya, Fernando Albareda le envió un mensaje a través de WhatsApp a sus “queridos y queridas compañeros y compañeras”; donde relata que estaba recomponiendo relaciones con su madre: “Me destruyeron la esperanza de poder seguir en esa construcción y lazo familiar que tan bien me estaba haciendo, no solo a mí, sino a S. y F., que sabían que existía la Susana, después la abuela Susana, para finalmente reencontrar afecto y momentos compartidos con ‘la Chueca’.”

“Toda esa imagen costó años de reconstrucción y de tratar de entender cosas que estaban en gris y que después del suicidio de mi hermana, decidí poner fin y hacer un punto y aparte, lo cual resultó porque empezamos con mi mamá una hermosa relación de simbiosis que lo que yo hacía por ella me volvía y lo ella hacía por mí también le volvía. Tomamos mates, jugamos cartas, buraco, comíamos juntos, etc. Era todo ganar... hasta el viernes”; escribió Fernando Albareda. En 2021, Mónica, la hermana mayor, falleció en Bariloche.

Familia y deportes

En 1994, Fernando Albareda se casó con C. y producto de ese matrimonio nació N., un varón:

“C. es una de mis mejores amigas del club. Fue testigo de mi casamiento y hemos ido al casamiento de ellos. Ellos están obviamente divorciados hace veintipico de años, pero lo veo de vez en cuando en el club”, confió a elDiarioAR un amigo de la juventud de Fernando Albareda y su ex esposa. “Estoy sorprendido absolutamente, pero bueno, espero que verdaderamente que no sea lo que está diciendo la Policía. Francamente me asusta pensar que ha hecho una locura así”, afirma.

Luego del divorcio con C.; Fernando rehízo su vida con M.P.; y tuvieron una hija y un hijo, S. y F. La hija estaba en el departamento familiar de barrio Villa Cabrera cuando su padre fue detenido el pasado jueves 8.

“Realmente, elegí fingir fortaleza, que se que me va a romper en mil pedazos cuando esto vaya pasando y solo estoy pensando en N., S. y F. y obviamente M.P. No soy nada si ellos, no soy nada sin ustedes, no sirvo solo, es un estado que muchas veces uno usa para disfrutar, bueno, esta soledad así, es una mierda, sin ellos y ustedes no podría dar un paso más. Estoy paralizado, estoy roto, estoy triste, angustiado y desesperado. Solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no se qué más. Solo me sale decirles que no me dejen, sé que no va a ser el caso, que los amo profundamente. Que los necesito cerca y que no voy a parar”, escribió Albareda en otro de los párrafos a sus amigos, antes de que los investigadores de la policía reunieran las evidencias suficientes para acusarlo del asesinato de Susana Montoya.

Este amigo que habló con elDiarioAR recordó que Fernando “incurría en todo lo que es las cuestiones políticas, y sé que no es un tipo fácil. ¿Pero quién es fácil? ¿Vos sos fácil? ¿Yo soy fácil? Obviamente, con todas las situaciones del padre y, obviamente, de una casa destrozada a causa de la muerte prematura. No voy a juzgarlo, sí voy a ponerme a pensar que si es por dinero eso sí es juzgable y cuestionable, así que bueno, esperemos verdaderamente que Dios pueda reparar todo este desastre que los seres humanos hacemos y que lamentablemente aquellos que más van a sufrir van a ser los hijos”.

Fernando y su hermano Ricardo siempre estuvieron ligados al deporte en clubes como Palermo Bajo, Tablada y Universitario. Fernando, el mayor, entrenó las inferiores de hockey, fue árbitro y también entrenó fútbol en el Club Atlético Talleres; del cuál su papá, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda era fanático. El menor de los hermanos, Ricardo, actualmente es entrenador de rugby en Universitario.

Su vínculo con la militancia

“No lo conozco a Fernando, yo ya hacía muchísimo tiempo que me había ido de HIJOS y creo que Fernando se vincula ya cuando empiezan los juicios de lesa humanidad, que desde que se formó HIJOS hasta los juicios, pasaron un montón de años”, señala Mariquita Llorens, integrante del grupo fundacional de HIJOS, que se reunió en la Semana Santa de 1995 en la localidad cordobesa de Río Ceballos.

Los referentes que aparecían entonces en la nueva agrupación eran los cordobeses Silvia Di Toffino y Martín Fresneda.

En octubre de 2009, cuando recién había comenzado el juicio por la desaparición de su padre, Fernando le dio una entrevista al periodista Alexis Oliva. Allí recordaba su incorporación a HIJOS en el año 2000: “Un día, Iván Ferreyra, el que edita la revista Recovecos, me escucha discutir por teléfono con el abogado que nos llevaba la causa por la indemnización de mi viejo. Era un abogado que trabaja en la Policía y lo habían puesto mi hermana y mi vieja. Se demoró tanto que me empezó a pudrir y cuando lo empecé a apretar, el tipo se escudaba en que no le habíamos entregado todos los papeles".

Albareda recuerda: “Cuando Iván escucha esa charla apareció y me dijo: ”Yo tengo el nombre de las personas que te van a solucionar el problema“. Y me anotó en un papelito: ”Agustín Di Toffino y Martín Fresneda“. Me dio los números y me dice: ”Llamales, estos tipos te van a solucionar el problema. ¿Nunca fuiste a HIJOS?“ Y le cuento que una vez crucé por la plaza San Martín, donde había un escrache a (Antonio Domingo) Bussi, y me puse a charlar con ellos. Con el que hablé era Emiliano Fessia, y él me dio su número de teléfono. Ese fue mi primer acercamiento a HIJOS”.

En esa entrevista de 2009, Fernando Albareda explica que “Martín (Fresneda) me citó a su estudio para que le diera los datos y pudiéramos hablar a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior, para saber dónde estaba parado el trámite. Hablamos, en definitiva, de quién había sido mi padre. Les conté el caso e inmediatamente lo agarraron como propio, porque no tenían denuncias de policías desaparecidos”.

La estrecha relación de Fernando Albareda con los dirigentes de HIJOS, principalmente con Agustín Di Toffino -secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández-; y Martín Fresneda –secretario de DDHH de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- le posibilitó ingresar como asesor de Fresneda en su paso como legislador cordobés (2015-2019) y luego en la Secretaría de DDHH nacional, donde estaba a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH nacional y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

La caída

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa la investigó, sin resultados, el fiscal Juan Pablo Klinger, el mismo que ordenó detener a Albareda por el asesinato de su madre.

El propio intendente Martín Llaryora, que dos días después iba a sumir como gobernador de Córdoba, se solidarizó en las redes sociales con el hijo del subcomisario desaparecido: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba”.

Ese mismo día, Juan Pablo Quinteros, que estaba a punto de asumir como ministro de Seguridad se solidarizó con Albareda y en ese encuentro, la presunta víctima de las amenazas se acercó y le solicitó que le resolviera la reparación histórica de su padre.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970”.

Segun declaró a los investigadores y periodistas, alertado porque no le respondía el teléfono, el viernes 2 de agosto pasado, cerca de las seis de la tarde, Fernando Albareda llegó a la casa de su madre Susana Montoya, en Miguel Andrés Caminos 4.880 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Al no poder entrar a la vivienda le pidió a una vecina que lo deje subir al techo para ver hacia el interior de la casa materna. Allí vio el cuerpo de su mamá, tirado en el patio. Llamó a la Policía y allí Fernando y los agentes encontraron una nueva amenaza presuntamente de elementos ligados a la dictadura cívico-militar: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, escrito presuntamente con lápiz labial rojo en una de las paredes de la casa de la víctima.

En el mensaje de Whatsapp enviado el lunes, Albareda le confiaba a sus más cercanos: “Me río de los nervios, lloré mucho, me abrazo con todo lo que se me cruza y voy buscando la manera de ponerle palabras al espanto. Esta vez, cruzaron un límite que yo no imaginaba”; “Ahí se me derrumbó el mundo entero. No tengo una sola palabra que pueda describir lo espantoso del momento que estoy viviendo. Temo por mí. Temo por mi familia, mi hermano. Por cada uno/a de nosotros/as”, ratificando su sospecha hacia elementos policiales.

Tras su detención, trascendieron algunos detalles, por ejemplo, que la noche del viernes, cuando Fernando y Ricardo se encontraron en la vivienda de Susana, el hermano mayor le reclamó al menor “¿por qué hiciste esto?, si todos íbamos a cobrar la reparación de papá”; tratando de desviar la investigación hacia Ricardo, que vivía con la madre. Los investigadores de Homicidios, comenzaron a investigar al menor, pero esa línea quedó descartada cuando se comprobó que el jueves a la hora del asesinato estaba en Villa Carlos Paz con sus hijos.

Las filmaciones, las pericias grafológicas, los cruces de teléfonos, las huellas dactilares y la presencia de ADN, además de testimonios de testigos situaron a Fernando Albareda en la casa de su madre, en el mismo momento en que era asesinada.

El viernes, el defensor de Albareda, Claudio Juárez Centeno había insistido con la sospecha de elementos de la Policía cordobesa ligados a viejos elementos de la dictadura, que podrían haber armado una escena para inculpar a su cliente. Ayer, en cambio, le dijo a elDiarioAR: “Fernando es una víctima del terrorismo de Estado. Hace 45 años mataron a su padre y lo hicieron desaparecer. Después, Susana comienza una relación sentimental con uno de los policías que es condenado por las torturas y desaparición de su padre; pero en el medio, Fernando es internado en institutos de menores donde sufre todo tipo de abusos. Evidentemente, es un producto de esta sociedad que lo sometió a esta tragedia”.

DM/GM

Esta tarde, cerca de las cuatro y media, una comisión de la Policía de Córdoba al mando del fiscal Juan Pablo Klinger llegó al departamento de Fernando Albareda (53) en barrio Villa Cabrera y lo detuvo en las inmediaciones por el homicidio de su madre, Susana Montoya (74), ocurrido en su casa de Ampliación Poeta Lugones, la tarde-noche del jueves 1 de agosto.

El propio Albareda, ex militante de la agrupación HIJOS, y empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, había sembrado sospechas que el crimen de su madre había sido cometido por elementos ligados a fuerzas de seguridad y a condenados por delitos de Lesa Humanidad, en el marco de la ola de reivindicación del genocidio por parte del oficialismo de la Casa Rosada. En una de las paredes de la casa donde vivían la víctima y su hijo menor Ricardo, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

El informe de la autopsia a cargo del Instituto de Medicina Forense concluyó que en la muerte de Susana Montoya “han confluido traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulamiento”. El cuerpo estaba en el patio, semi tapado con hojas y excrementos de perros. Las aberturas de la vivienda no habían sido forzadas. Fernando Albareda denunció el viernes 2, cerca de las 19, que había visto a través de una casa vecina, a su madre tirada en el patio de su casa.

Según reconstruyeron los investigadores de Homicidios en base a las pericias, la noche del jueves 1, Susana Montoya cenó con su hijo Fernando. Y tras cenar, la mujer salió al patio a alimentar a los perros, cuando fue sorprendida por atrás por su asesino, quién la habría ahorcado con un lazo fino. La mujer quedó tirada moribunda y con vida, por lo que inmediatamente el asesino la habría golpeado con una loseta hasta matarla. Y luego le clavó el cuchillo de cocina. No hay huellas en ese cuchillo, y la soga aún no fue hallada. Las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona muestran al sospechoso cuando entraba y cuando salía de la vivienda de Miguel Andrés Caminos 4880 de barrio Ampliación Poeta Lugones.

El pasado domingo 4 a la noche, los investigadores de Homicidios le dijeron al fiscal Klinger: “El cúmulo de prueba objetiva y de indicios sitúan a Fernando Albareda como el autor material del hecho”. El fiscal les respondió que solo imputaría al sospechoso cuando tuviera pruebas concluyentes.

Ese mismo domingo, Albareda había declarado en la Unidad Judicial de Homicidios entre las 9 de la mañana y las cinco de la tarde. Una alta fuente del Gobierno de Córdoba, que monitoreó el caso permanentemente confió a elDiarioAR que “en todas las declaraciones presenta contradicciones”.

La otra hipótesis que seguían ponía como sospechoso a Ricardo Albareda, el hijo menor de la mujer, pero el hombre declaró en la Unidad Judicial de Homicidios que el jueves 1 había estado en Villa Carlos Paz en la casa de su ex esposa, con los dos hijos de la pareja, uno de ella anterior y uno hijo de él. Los detectives comandados por el comisario mayor Claudio Bustamante –jefe del Departamento Homicidios- confirmaron la versión y quedó descartado como sospechoso.

Entre las pruebas colectadas para imputar y detener al mayor de los hermanos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba resaltó, a través de un comunicado: “Se ha llegado a la decisión comunicada, a partir de la incorporación de profusos y contundentes elementos probatorios que permitieron reconstruir de manera forense, las circunstancias que nos llevan a sostener que existen motivos bastantes para sospechar la participación del nombrado Fernando Armando Albareda en el hecho que nos ocupa.

A su vez, cabe destacar que el informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las Amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda“.

El MPF señaló además: “Se trata de Fernando Armando Albareda de 53 años –hijo de la víctima- quien fue imputado y detenido en el día de la fecha como supuesto autor del suceso encuadrado legalmente como Homicidio calificado por el vínculo. Se prevé que en los próximos días sea trasladado a la sede de la Fiscalía a efecto de recibirle declaración con la debida asistencia legal, asegurándole el pleno goce de las garantías constitucionales y procesales correspondientes”.

El cruce de comunicaciones del teléfono del detenido, del teléfono de su madre; además de filmaciones de cámaras de seguridad de la Municipalidad, la Policía y las domiciliarias en más de 25 manzanas de la zona norte de esta Capital, ubicaron a Albareda en el lugar del crimen al momento de cometerse el hecho.

Amenazas no investigadas

 En los ’90 Fernando Albareda militó en HIJOS Córdoba, siempre muy ligado a Martín Fresneda, secretario de DDHH del último gobierno de Cristina Fernández y a cargo del área de DDHH del Senado durante el Gobierno de Alberto Fernández. Incluso, el propio imputado declaró a principios de esta semana, después del homicidio de su madre, que iba “a solicitar una audiencia con el gobernador (Martín) Llaryora, porque yo conozco a sus funcionarios, a sus ministros los conozco, porque fueron legisladores cuando yo fui asesor ocho años de Fresneda cuando era legislador”.

Actualmente, el mayor de los hermanos Albareda trabajaba como empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en calle Gato y Mancha de barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”.

Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa había sido investigada por el fiscal Klinger -el mismo que ahora lo detuvo por haber asesinado a su madre-; pero nunca se resolvió. “Si hubieran investigado bien esas amenazas a través de los expertos grafólogos de Policía Judicial, Susana estaría con vida”, se lamentó un dirigente de uno de los organismos de DDHH que a esta hora participa en la plaza San Martín de la ronda de los jueves de Madres de Plaza de mayo, donde se pidió “Justicia por Susana Montoya”.

La detención

Cerca de las 14.30 del día de hoy, Fernando Albareda le dijo al policía uniformado de consigna apostado de custodia en su departamento de Gato y Mancha 1750 de barrio Villa Cabrera, que salía hacia el médico, que ya regresaba. En la vivienda quedaba su hija mayor, una estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Policías de civil le hicieron un discreto seguimiento. Pasadas las 16, cuando estaba en la cuadra de su vivienda, los agentes de Homicidios se acercaron y le informaron acerca de la orden de detención. Y para evitar escándalos acordaron ingresar al departamento de Albareda para formalizar la detención y allanar el lugar en busca de elementos probatorios.

Cuando los policías llegaron al departamento de Albareda le informaron que tenían una orden de allanamiento y que quedaba detenido: “Esto es una injusticia, la verdad va a salir a la luz”, se quejó el detenido, según una fuente que participó del operativo. 

El hijo de Susana Montoya pidió hablar con su abogado y tras comunicarse telefónicamente con el abogado Claudio Juárez Centeno, a los pocos minutos su defensor llegó al lugar y supervisó el operativo comandado por el propio fiscal Klinger.

“Lo tenemos acá en Jefatura, tras ser revisado por el cuerpo médico forense va a ser derivado a Bouwer, esta noche ya va a estar alojado en Bouwer”, detallaron desde la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía provincial, en referencia al complejo carcelario “Padre Luchesse”, ubicado en la vecina localidad de Bouwer, en las afueras de esta Capital.

Una reparación de $ 76 millones

El mismo día de las amenazas, el 8 de diciembre, cuando faltaban horas para que Juan Pablo Quinteros asumiera como ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Fernando Albareda se acercó y le dijo que le resolviera la reparación histórica de su padre, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado, torturado y desaparecido por un grupo de tareas el 25 de septiembre de 1979. Además de ser policía, el subcomisario Albareda militaba en el PRT-ERP.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021.

Y el 8 de mayo, el Ministerio de Seguridad publicó la resolución que otorgaba “el ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior del extinto Subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba Ricardo Fermín”. 

La decisión administrativa era retroactiva al 7 de marzo de 2024 y autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970.

Se investiga si el homicidio se debió a que Susana Montoya quería dejarle su parte de la indemnización a sus nietos –los hijos de Fernando, Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021-; algo a lo que el mayor de sus hijos se oponía.

DM/GM

Una mujer de 74 años fue asesinada en Córdoba, la encontró su hijo mayor el pasado viernes 2. A priori, la noticia aparecía como un caso más de inseguridad.

Con el paso de las horas se supo que Susana Beatriz Montoya, la mujer encontrada en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4.800 de barrio Ampliación Poeta Lugones –en el norte de esta Capital cordobesa-, había sido esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba que militaba clandestinamente en el PRT-ERP y que el 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) y llevado al centro clandestino conocido Casa de Hidráulica en cercanías del dique San Roque y Villa Carlos Paz. Allí, Albareda fue torturado y asesinado. Hasta hoy continúa desaparecido.

La investigación del crimen, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger, se mueve con cautela: en una de las paredes de la casa de la víctima, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

Fernando Albareda, el hombre que encontró asesinada a su madre Susana Montoya, militó en los ’90 la agrupación HIJOS y actualmente es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como empleado de la Secretaría, dirige en Córdoba el Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

Sospechosamente, en diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa es investigada por el fiscal Klinger, el mismo que ahora está a cargo del homicidio de Susana Montoya. Todavía no hay responsables identificados por las amenazas a Albareda ni por el crimen de su madre.

Tras las amenazas de diciembre, el intendente capitalino, Daniel Passerini las repudió a través de sus redes sociales: “Expreso enérgicamente mi repudio a las amenazas sufridas por un referente de @hijoscba. La vida democrática no es compatible con amenazas y expresiones de violencia y odio. Estas manifestaciones no deben ocurrir”.

Y el gobernador Martín Llaryora hizo lo mismo, pero además, repudió un ataque contra la sede de Radio Nacional Córdoba: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba. Del mismo modo, repudio la agresión hacia la sede de Radio Nacional Córdoba. La Justicia debe esclarecer estos hechos que tanto daño provocan a la convivencia democrática”.

 “Los vamos a matar a todos”

Ocho meses después de las amenazas sufridas por Fernando Albareda; el asesinato de su madre junto a la amenaza “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”; hizo que el fiscal Klinger investigara el crimen de Susana Montoya como un caso de inseguridad; pero además, no descartara la posibilidad de que se trate de un crimen a manos de mano de obra desocupada como durante el regreso de la democracia a principios de 1984; hipótesis sostenida por los familiares de la víctima.

“Nosotros le vamos a pedir una audiencia al gobernador (Martín) Llaryora; queremos que este caso sea investigado y resuelto. Debe haber una decisión política del gobernador de depurar a la Policía de elementos ligados o que reivindiquen el terrorismo de Estado. Nunca Más es Nunca Más”, le dijo a elDiarioAR, el abogado Claudio Juárez Centeno, representante de Fernando Albareda.

En la familia relacionan ambos hechos: “Las amenazas a Fernando y ahora el homicidio de Susana tendrían directa relación”, señalaron desde el entorno familiar. Y apuntan a “elementos ligados a la patota de la Policía” que estarían relacionados con el terrorismo de Estado. Por caso, el hijo de un represor condenado por delitos de lesa Humanidad, ocupa un alto cargo en la Policía de esta Capital. Incluso, Fernando Albareda, habría tenido años atrás algún entredicho o disputa con un familiar de este policía en actividad y del represor condenado.

En esa línea, los organismos defensores de los DDHH emitieron un comunicado donde señalan: “Nos encontramos consternados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S. Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ”#Policía“. Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex Centro Clandestino de detención conocido como ”Casa de Hidráulica“. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la ”Causa Albareda“)”, detalla el texto que firman HIJOS Córdoba, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y Mesa Provincial de Trabajo de DDHH de Córdoba.

Los organismos también expresaron: “Exigimos a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad; la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”. El comunicado cierra: “Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. ¡Ya dijimos Nunca Más!”.

Otra hipótesis

Pese a que los organismos de DDHH y sectores de la política cordobesa como el cristinismo, el Frente Renovador y la izquierda se mostraron consternados por la noticia de la trágica muerte de la viuda del policía Albareda, y la ligaron a los discursos de odio de la ultraderecha; los investigadores de la División Homicidios, trabajan en la hipótesis de un sospechoso en el círculo íntimo de la víctima y centran sus entrevistas con los vecinos de barrio Ampliación Poeta Lugones, acerca de cómo era la relación entre Susana y sus familiares y conocidos.

El propio Fernando había declarado al diario cordobés La Voz del Interior que los accesos a la casa materna no habían sido violentados: “Sólo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”. El mayor de los hermanos Albareda declaró ayer entre las 9 y las 17 en sede judicial, donde señaló que las aberturas de la casa donde vivía su madre no fueron violentadas; por lo que el o los asesinos podrían haberla sorprendido cuando entraba al domicilio o les abrió la puerta confiada.

El sábado, Ricardo Albareda, su hermano menor había declarado durante varias horas en la fiscalía de Klinger.

Los investigadores de Homicidios, además de entrevistar a los vecinos, analizan los teléfonos celulares de los integrantes de la familia y las cámaras de seguridad de las siete cuadras de Miguel Andrés Caminos desde el 4.300 hasta el 5.100, que van desde Benito Quinquela Martín hasta la colectora de la avenida de Circunvalación.

Un dato que no escapa al fiscal Klinger ni a los vecinos, es que a pocos metros de la vivienda donde fue asesinada Susana Montoya, desde el jueves 1 de agosto -el día anterior al homicidio-, hay una consigna policial de vigilancia porque allí está alojada con prisión domiciliaria una mujer que está atravesando una disputa judicial internacional con su ex marido, un ciudadano alemán que pretende llevarse los hijos de la pareja a vivir a Alemania.

Algunos militantes de organismos de DDHH se mostraron cautelosos y deslizaron que “este crimen, ya sea que sus autores se traten de sectores de lúmpenes ligados a la extrema derecha como el caso de Los Copitos; o de la hipótesis que trabaja la Policía de un delito en el marco del círculo de confianza; nos golpea a todos como sociedad”.

Condena y reparación histórica

El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF 1) de Córdoba condenó a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; al ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.

En el caso de Menéndez y Campos, los querellantes y el fiscal Carlos Gonella apelaron al principio de la “responsabilidad mediata”: la teoría del alemán Claus Roxin, que ya había sentado jurisprudencia en el Juicio a las Juntas. Además, el TOF 1 condenó a 16 años al ex agente del D2, Miguel Angel “Gato” Gómez –el fiscal Gonella había pedido 23 años-; y absolvió a Luis Calixto Flores.

La condena a prisión perpetua en cárcel común para el ex jefe policial Rodolfo Campos fue la sorpresa de la jornada, ya que no se esperaba que se le revocara la prisión domiciliaria de la que gozó hasta el día de la condena, que había sido dispuesta por la entonces jueza del Juzgado Federal Nº3, Cristina Garzón de Lascano.

Durante 15 años, Fernando Albareda batalló casi en soledad por la reparación histórica de su papá: “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, dijo el hijo del policía Ricardo Fermín Alvareda, cuando en el marco de la Semana de la Memoria, en marzo pasado, el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y una hija fallecida en 2021.

Anoche, pasadas las 22, Fernando Albareda envió un mensaje a través de whatsapp, informando sobre el velorio y sepelio de su madre: “Hola, mis compañeras y compañeros.

Les quería contar que el velatorio de mi madre se realizará mañana Lunes 05/08 a partir de las 13 a 21 hs. Y el Martes 06/08 de 9 a 11 hs. en la empresa Caruso de la calle Juan B. Justo 2306, en la sala “A”. Luego serán trasladados sus restos al Cementerio Parque del Sol.

Gracias por todos sus mensajes. Se siente el acompañamiento y el cariño. Fernando Albareda y familia“.

DM/GM

La ex diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman se refirió acerca del asesinato de Susana Montoya, la madre de un integrante de la agrupación H-I.J.O.S. ocurrido en Córdoba y sostuvo que “lo ocurrido es muy grave” y exigió “el urgente esclarecimiento del crimen”.

Desde su cuenta personal de red social X, la dirigente se solidarizó con la familia de la víctima y con su hijo Fernando Albareda, al mismo tiempo que remarcó alcanzar “verdad y justicia” para el caso.

La mujer asesinada tenía 74 años y fue encontrada muerta en su domicilio del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Su hijo Fernando, es fruto de la relación con el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura; desde diciembre Susana había recibido varias amenazas de muerte.

“Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, se leía en una de las paredes de la casa de la familia de Montoya, además de otras amenazas escritas en papel, y dirigidas a Fernando, que decían “se te terminaron los amigos en la Policía”, “te vamos a juntar con tu papito”, “vas a morir”, junto a balas de calibre 22 largo y esvásticas nazis.

Albareda fue quien encontró a su mamá, ya fallecida, tirada en el piso del patio de su casa y, según sus propias declaraciones, “sólo atinó a llamar a la Policía”.

Organismos de Derechos Humanos de la provincia difundieron un comunicado en el que exigieron a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo “la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho”. Asimismo, pidieron la seguridad para Fernando Albareda y a toda su familia.

“Los discursos odiantes que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. Ya dijimos nunca más”, concluyeron.

DM con información de agencia NA

Tomás Tello Ferreyra murió a causa de una una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón. Así lo determinó la autopsia cuyos datos fueron revelados este martes. El motivo: una venganza. Esa fue la explicación que dio el fiscal sobre las razones que llevaron a matar al joven de 18 años. Al asesinato lo perpetró una patota, el 1 de enero a la madrugada en la localidad bonaerense de Santa Teresita, durante los festejos de Año Nuevo.

Por el homicidio hay siete detenidos, además de dos menores de edad aprehendidos, quienes iban a ser indagados este martes en una sede del fuero de Responsabilidad Juvenil de la localidad bonaerense de Dolores. Según confirmó el fiscal general de la jurisdicción, Pablo Gamaleri, el móvil del crimen fue una “venganza”.

Este martes también se conocieron dos videos caseros donde se puede ver como fue el ataque.

El fiscal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, decidió posponer para este miércoles la declaración indagatoria de los detenidos mayores de edad.

De acuerdo con la autopsia, Tello murió a causa de una “una laceración en la aurícula derecha del corazón” luego de sufrir una “herida punzocortante en la línea media de tórax”, lo que derivó “en un taponamiento cardíaco y el posterior fallecimiento de la víctima”.

Los investigadores todavía no pudieron encontrar el arma homicida. El fiscal Gamaleri decidió modificar la carátula del hecho, de “homicidio en riña” a “homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía”, la misma calificación que se le aplicó a los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en enero del 2020.

Fuentes de la investigación señalaron los sospechosos tienen 16, 17, 21, 22, 27, 29, 33 y 57 años, y aseguraron que uno de ellos es el padre de Damián Kopelian (21), señalado como autor material del crimen.

Por otro lado, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, manifestó que los asesinos de Tello obraron con “un plan de antemano”, que se originó el 23 de diciembre a raíz de una disputa anterior con la víctima, quien trabajaba como albañil.

“No sabemos muy bien qué pasó el 23 de diciembre. Varios testigos señalan que pasó eso. Esto se aprovechó como una venganza o represalia por ese hecho anterior”, aportó Escoda en declaraciones a Radio Mitre. 

En referencia a los nueve detenidos, el fiscal general comentó que “algunos de los capturados son autores y otros son partícipes”. “A los detenidos no se les extrajo muestras para saber si estaban alcoholizados. Igualmente eso no influiría en la causa”, expresó.

Para el abogado, hay una “gran cantidad de evidencia” que prueba la alevosía

Esta mañana, el abogado Miguel Ángel Pierri asumió la representación legal de los familiares de la víctima y adelantó que existe “una gran cantidad de evidencia” para probar la alevosía y premeditación del hecho.

“Es una postal que lamentablemente se repite. Hemos aprendido muy poco como sociedad. Estos hechos los estamos naturalizando, hechos como los de Fernando Báez Sosa y Tomás suceden regularmente. Una vez más vemos a la juventud en el peor de los escenarios”, comentó Pierri en diálogo con el canal de noticias C5N.

Sobre los atacantes, la mamá de la víctima, Samanta, dijo que no los conoce, aunque recordó que Tomás le había comentado que, dos días antes de Navidad, él había hecho una fiesta en la que tres personas de Buenos Aires se pelearon con un amigo de su hijo y que perdieron sus documentos.

“Aparentemente de tres de los atacantes Tomi tenía el documento pero no sé quiénes son”, agregó la mujer, quien recordó que su hijo le había pedido ayuda para localizar a esas personas y devolvérselos, aunque nunca llegó a entregárselos.

Daniel Tello, padre del joven asesinado, criticó la labor policial durante el hecho y pidió “que se haga justicia”. “Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo”, advirtió.

Los investigadores pudieron determinar que la secuencias comenzó minutos antes de las 7 de la mañana, cuando Tomás Valentín Tello Ferreyra (18) festejaba con sus amigos el Año Nuevo en la playa, a la altura de la calle 38 y la avenida Costanera, en Santa Teresita. En ese lugar empezaron a ser golpeado y perseguido por una decena de personas, por lo que trató de escapar corriendo alrededor de 600 metros.

El joven intentó refugiarse en un domicilio ubicado en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera, pero fue interceptado otra vez por la patota. Allí volvieron a atacarlo con pedradas, botellazos, puntapiés, golpes de puño y al menos un arma blanca. Tras el ataque fue trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.

Las detenciones se produjeron poco después del hecho gracias a que hubo varios testigos del crimen y a las cámaras de seguridad donde los agresores aparecen caminando por la playa, intentando escapar de la zona. Cerca de las 9 de la mañana, otros dos sospechosos fueron detenidos a unas diez cuadras del lugar del ataque y, uno de ellos, identificado como Damián Kopelian (21), fue señalado por los pesquisas como el autor de la puñalada mortal que recibió la víctima.

Un joven de 18 años fue asesinado a puñaladas esta madrugada por una patota en la costanera de la localidad balnearia de Santa Teresita durante los festejos por el Año Nuevo y por el crimen hay nueve detenidos, dos de ellos menores de edad, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho tuvo lugar minutos antes de las 7 de la mañana en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera de esa localidad del Partido de la Costa.

A unos metros de ese lugar, Tomás Valentín Tello Ferreyra (18) festejaba con sus amigos el Año Nuevo en la playa hasta que comenzó a ser perseguido -por motivos que son investigados- por una decena de personas.

Ante esa situación, Tello trató de escapar corriendo, pero fue interceptado en el mencionado cruce de calles, a metros del mar. En ese lugar, el grupo de personas comenzó a atacar al joven de 18 años mediante golpes de puño y al menos un arma blanca.

Como consecuencia del ataque, Tello, oriundo de la localidad vecina de Mar del Tuyú, sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.

Al respecto, los investigadores señalaron que hubo varios testigos del crimen y que, producto de la investigación, pudieron detener a nueve personas, dos de ellas menores de edad.

Además, indicaron que los detenidos tienen entre 16 y 57 años de edad, mientras que destacaron el hallazgo de un cuchillo que será peritado por especialistas para conocer si fue el arma empleada en el homicidio.

Sobre las detenciones, una fuente de la investigación afirmó que la captura de siete de los agresores ocurrieron minutos después al hecho tras ser visualizados por cámaras de seguridad, donde los podían ver caminando por la playa cuando intentaban escapar de la zona.

Cerca de las 9 de la mañana, otros dos sospechosos fueron detenidos a unas diez cuadras de lo ocurrido, donde uno de ellos, identificado como Damián Copelian (21), fue señalado como el autor material de la puñalada mortal que recibió la víctima.

Alejandro, empleado de un hotel ubicado a media cuadra de donde ocurrió el asesinato, señaló que en la escena del crimen había una gran cantidad de botellas de vidrio rotas y dio algunos detalles de lo sucedido.

“Era un grupo grande de jóvenes que lo insultaban y le tiraban botellazos. Había una persona que acá creen que era el hermano, que estaba desesperado cuando lo veía desangrarse porque le habían pegado una puñalada”, contó en diálogo con TN.

En ese sentido, agregó: “Por lo que dicen venían del Galeon, un barco que está en la Costanera. En esa zona hubo fuegos artificiales anoche y siempre se juntan y ponen música. Desde esa zona venían persiguiéndolos”.

Respecto al móvil detrás del asesinato, expresó que la principal sospecha de quienes residen en la zona es que fue por “una rivalidad de fútbol, así empezó”. “El chico que falleció aparentemente es de la zona. Vive acá creo que con el padre y la abuela. No sé si el grupo y el chico fallecido ya se conocían de antes. Era una cantidad importante y todos contra él”, remarcó.

En ese sentido, una vecina -que prefirió no revelar su identidad- señaló a C5N que se escucharon “gritos violentos” a lo largo de madrugada provenientes de “chicos muy jóvenes”.

“Llegué a ver un grupo de más o menos quince chicos. Todos eran chicos muy jóvenes. En ese contexto, vi a alguien guardándose algo en un bolsillo, similar a un cuchillo”, señaló la mujer.

La testigo señaló: “El chico asesinado intentó entrar al jardín de una casa para pedir ayuda. No me imaginé tremenda violencia”.

Voceros judiciales indicaron que en las próximas horas esperaban los resultados preliminares de la autopsia de la víctima para determinar las causas de su deceso.

Los siete mayores de edad detenidos están a disposición del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, quien los indagará con el correr de la jornada por el delito de “homicidio en riña”.

Los dos menores de edad serán investigados por el Fuero de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción.

Si bien aún restan conocerse algunos detalles, este asesinato guarda similitudes con el del estudiante Fernando Báez Sosa, ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Gesell el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique”.

La madrugada de ese día Báez Sosa fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes rugbiers que acababan de ser expulsados de la disco.

Horas después del homicidio, fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y quedaron alojados primero en el penal de Dolores y luego en Melchor Romero.

CRM/MB

Familiares y amigos de Ivana Garcilazo Bellón, la joven que fue asesinada de un piedrazo en la cabeza después de ver el clásico rosarino (Newell's Old Boys-Rosario Central) se manifestaron este lunes al mediodía en el Centro de Justicia Penal de Rosario para pedir el esclarecimiento del caso. Silvina, hermana de Ivana, pidió a los testigos y a los vecinos que tengan cámaras de presentarse a la Justicia o comunicarse con la familia. “Confió en la justicia y en que los testigos nos van ayudar y que van a caer. Esto no puede quedar así”, sostuvo Silvina en Radio Dos.

Durante la manifestación, a la que asistieron gran cantidad de cadetes en moto que compartían la misma profesión que Ivana en Pedidos Ya, se reclamó Justicia por la joven. Hasta este lunes, no había pista sobre los agresores. Los tres hinchas de Newll's detenidos este domingo no habrían tenido participación en el crimen.

Silvina contó que su hermana era feliz y estaba enamorado de Rosario Central. Aclaró que cuando atacaron a su hermana, su cuñado Daniel bajó de la moto para asistirla y en ese momento fue atacado también por los agresores. En tanto, el fiscal Gastón Ávila confirmó que buscan en las imágenes de las cámaras de la zona, ya que no hay cámaras en el lugar del crimen. Y destacó la importancia de los testimonios. Dijo además que las tres personas detenidas por tirar piedras y el hombre que se viralizó en redes con un cascote, no participaron del crimen, pero se mostró confiado en dar con el o los culpables.

En tanto, Daniel, la pareja de Ivana publicó en sus redes: “Mí gordi , mí chancho, lo que te voy a extrañar. Espero que se haga justicia por qué esto no puede quedar así. Te ame desde el primer día que te vi y te voy a seguir amando hasta el día que me muera, me enseñaste muchas cosas de esa vida que las había dado por perdidos. Te amo mí amor y espero que esté festejando como a vos te gustaba ”

El episodio ocurrió el sábado a las 19 sobre la calle Ovidio Lagos, entre Montevideo y avenida Pellegrini, cuando Ivana Paula Garcilazo Bellón (32) conducía una motocicleta de baja cilindrada mientras la acompañaba su novio en el asiento trasero, vistiendo ambos ropa ligada al club Rosario Central.

En esas circunstancias y luego del clásico rosarino en el que Central ganó por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, hinchas de Newell’s comenzaron a lanzarles piedras, una de las cuales impactó en la cabeza de Garcilazo, quien perdió el control de la moto, cayó al asfalto y murió.

Dos ambulancias del Sistema de Emergencias Sanitarias de traslados (SIES) llegaron ante un llamado al 911 y los equipos médicos intentaron reanimar a la víctima, que yacía sobre la calzada sin signos vitales, mientras que su pareja resultó ileso del ataque.

A partir de ello, efectivos de la Policía Motorizada detuvieron a tres hinchas de Newell’s a tres cuadras y media del lugar del crimen, mientras que el fiscal Ávila acudió al lugar del crimen, donde comisionó al gabinete criminalístico para el relevamiento de la escena del hecho, levantamiento de rastros, toma de testimonios a familiares y a vecinos de la zona.

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni, también concurrió al lugar del crimen y declaró: “Es todo muy reciente, tenemos a una mujer que habría recibido un golpe en la cabeza que le produjo su deceso, en circunstancias que todavía no podemos determinar”.

Sobre el resultado del operativo de seguridad del clásico rosarino, el funcionario opinó que el balance “fue muy bueno”, aunque destacó la existencia de incidentes protagonizados por dirigentes de Newell’s y Rosario Central.

“Por ahí, hubo algún que otro hincha, de estos malos hinchas que tenemos en el fútbol argentino, pero por ahora todo se desarrolló con total normalidad”, agregó.

Por su parte, Central publicó un comunicado en su cuenta oficial de las redes sociales en el que sostiene que “el Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de nuestra hincha Ivana Paula Garcilazo Bellón y repudia categóricamente todo acto de violencia”.

En este sentido, Newell’s también se solidarizó con la hincha asesinada y publicó en las redes un comunicado: “El Club Atlético Newell’s Old Boys lamenta el fallecimiento de Ivana Garcilazo Bellón y extiende condolencias a sus familiares. La institución condena enérgicamente cualquier manifestación de violencia”.

El homicidio de Garcilazo coincidió con la circulación de un video en Twitter, donde un hincha de Newell’s amenaza con atacar con una piedra de gran tamaño a los vehículos que festejaran la victoria de Central por la avenida Pellegrini, a unas tres cuadras del lugar del crimen. En el video, el simpatizante “rojinegro”, de unos 40 años, con un cigarrillo ladeado en la comisura del labio y enfundado en una campera de Newell’s, que camina junto al cantero central de la avenida Pellegrini con una enorme piedra en su mano izquierda, advierte: “¿O no, bolima (sic)? Te lo desarticulo, boludo, eh. Ay, ay, ay; ay, ay, ay, tengo un par de adoquines… te lo desarticulo al primero que pasa tocando una bocinita, boludo, eh”. De todos modos, el fiscal Ávila dijo que ni él, ni las personas que había demorado tienen vinculacion con el crimen.

El clásico rosarino registra otros antecedentes trágicos, como los dos hinchas “canallas” asesinados cuando festejaban el triunfo en octubre de 2014 y el de uno de Newell’s asesinado de un balazo por uno de Central en la previa de un clásico jugado en 1989 en el Gigante de Arroyito, cuando el fútbol argentino tenía visitantes.

En tanto, la noche del lunes 29 de agosto de 2005, varios automovilistas fueron atacados a pedradas en inmediaciones del estadio Coloso Bielsa, luego del clásico que Central le ganó a Newell’s por la Copa Sudamericana.

Este artículo se publicó originalmente en El Ciudadano Web https://www.elciudadanoweb.com/

Un turista argentino fue asesinado de al menos una puñalada en Bolivia, aparentemente por un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra prófugo. La pareja de la víctima denunció que por ser extranjeros les negaron el traslado en ambulancia para que pudieran atenderlo en el hospital de la zona. La madre aseguró que hubo “abandono de persona”.

La víctima fue identificada por la policía como Walter Matías Rosales de 30 años, oriundo de Neuquén, quien se encontraba con su pareja Florencia Morales (27) en la ciudad boliviana de Oruro, del partido homónimo ubicado al oeste del país.

Según expresó el coronel Lionel Valenzuela Pelaes, director de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen de Oruro, el crimen ocurrió el pasado martes cerca de las 23 en el cruce del Pasaje Brasil y Bakovic. Detalló que, según el relato de testigos, la pareja estaba vendiendo bijouterie cuando conoció a un mochilero colombiano, con quien comenzaron a charlar.

En un momento, Rosales le pidió a su pareja 10 pesos bolivianos para ir a comprar a un supermercado cercano, aunque a los pocos minutos regresó con una herida en la zona del tórax. En una filmación, se observa a la pareja de la víctima que le relata a un periodista de la zona cómo Rosales fue agredido.

“Fue un colombiano, se nos sentó a hablar con nosotros. No discutieron en ningún momento. Fueron a comprar una gaseosa porque teníamos que entrar al hotel dónde estábamos y volvió así”, sostuvo la mujer. El coronel afirmó que el sospechoso huyó rápidamente del lugar con el arma homicida, que se cree que es un cuchillo tipo “tramontina”.

“Es lo que nosotros denominamos un 'mochilero'. En las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona se lo ve con gorra y capucha, por lo que es difícil su identificación. Sabemos que tiene un tatuaje en la mano derecha, de una palabra, de aproximadamente cinco centímetros de largo”, explicó el pesquisa.

Si bien la búsqueda se centró en la ciudad de Oruro, los investigadores también trabajan en la zona de la Laguna de Cal Cala, donde se realiza una festividad masiva turística, y en las ciudades de La Paz o Cochabamba.

El policía indicó que la pareja de la víctima se encuentra contenida por los agentes y que su testimonio “es de gran importancia”, ya que es una de las pocas personas que vio al sospechoso y pudo describirlo.

El Consulado General argentino en La Paz está en contacto con la pareja de Rosales y su familia -actualmente en viaje hacía Bolivia-, y con las autoridades policiales que siguen con la búsqueda del sospechoso. En las próximas horas, el cónsul se trasladará hacia Oruro para acompañar a los familiares en los trámites para la repatriación del cuerpo.

En tanto, la pareja de Rosales denunció que “por ser extranjeros”, les negaron un teléfono para comunicarse con una ambulancia para trasladar al hombre a un hospital. “Más de 40 minutos para ir a buscarlo; nos negaron un teléfono, nos trataron de drogadictos cuando no habíamos consumido nada. La gente nos negó un teléfono para llamar a emergencias porque somos extranjeros. Nos negaron la atención, nos dijeron que no había ambulancias y cuando llegábamos hay más de tres estacionadas”, expresó.

Por último, la mujer reclamó: “Cuando a él lo subieron a la camioneta tenía signos vitales, ¿Quién se hace cargo de ésta vida ahora? Somos argentinos, ¿por eso nos niegan la atención? Le negaron el derecho a la vida”.

Por su parte, Carina, madre del hombre asesinado, denunció este jueves que hubo “abandono de persona”, tras asegurar que su hijo “llegó con signos vitales” al hospital local. “Lo dejan en la vereda, lo dejó morir en la vereda, mi hijo llegó con signos vitales y murió en la vereda del hospital en una camilla”, dijo en diálogo con Canal 7 de Neuquén.

Carina aseguró que “le hicieron un abandono de persona, lo abandonaron, no lo atendieron, es terrible, mi hijo queda tirado en la puerta del hospital. Viene un doctor y dos enfermeras que le dicen a la novia que no lo van a atender”.

Sobre ese punto, el coronel Valenzuela Pelaes negó que una ambulancia no haya querido trasladar a la víctima herida, y resaltó que la misma fue llevada por personal de bomberos de la policía hasta el Hospital Oruro Corea.

La mujer señaló que su hijo y su nuera habían comentado al mochilero colombiano que tenían dinero para viajar a Chile y de ahí volver a Neuquén, y agregó que “vuelve a las dos horas nervioso y lo invita a mi hijo a comprar”. “Este colombiano aparentemente pensó que mi hijo tenía la plata y en realidad la tenía su novia. Eran alrededor de 60-65 mil pesos”, contó.

Por último, la madre de la víctima describió a su hijo como “una persona muy sociable, muy bondadosa”, y dijo que “él tiene un hijo de 11 años al que todavía su mamá no le puede decir que su papá falleció, que lo mataron”.

La causa quedó a cargo del fiscal Aldo Morales de la Fiscalía de Oruro, quien aguarda el resultado de la autopsia, aunque las fuentes indicaron que el argentino sufrió “una puñalada letal en el tórax que le perforó el pulmón”.

LC con información de agencia Télam

Las cámaras de seguridad de la zona más exclusiva de Palermo son y serán la clave para dar con el asesino de Mariano Barbieri de 42 años, el ingeniero civil al que el miércoles por la noche apuñalaron para robarle el celular en la plaza Sicilia del parque Tres de Febrero. Así, en base al registro fílmico, se conocieron los últimos minutos con vida de la víctima.

A las 22.30, por el cruce de Lafinur y la avenida Del Libertador, la víctima ingresó al parque, por la zona que está frente a la heladería “Cremolatti” donde más tarde se desplomó. “Se ve en las imágenes que antes de entrar chequeó el celular, se lo guardó en el bolsillo y siguió camino”, contaron testigos a Infobae sobre los movimientos del ingeniero antes de adentrarse en la plaza Sicilia.

Según los dichos a la prensa del jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, desde que el ingeniero entró al parque hasta que salió “no pasaron más de cinco minutos”. Una vez en el parque, fue “asaltado y apuñalado”.

Le robaron el celular y le dieron una puntazo que le afectó la aurícula del corazón, una herida mortal. Un vecino que observó lo sucedido en el parque fue quien dio aviso al 911 a las 22.45 y contó que, tras la agresión, “uno se fue para un lado y el otro para el opuesto”.

El ingeniero, herido, volvió sobre sus pasos. Hizo al menos 300 metros para escapar del delincuente que lo hirió para robarle su celular. Así se determinó gracias a la tarea de un can de la Policía de la Ciudad que recorrió la Plaza Sicilia para hallar la escena primaria del crimen, es decir, el sitio exacto en el que ocurrió el ataque. Mariano llegó hasta la heladería “Cremolatti”, donde pidió auxilio. Hasta allí se dirigió personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, que a su llegada encontró al ingeniero que estaba recostado en el piso del comercio y con una herida sangrante en el pecho.

A pesar del dolor, el hombre llegó a contarle a los agentes que momentos antes una persona le había robado el teléfono celular y luego lo hirió con un cuchillo. Así, fue llevado por el SAME con un cordón sanitario al Hospital Fernández. “El hombre entró en paro en la ambulancia, el equipo lo empezó a masajear y alertó al hospital Fernández. Lo recibieron rápidamente en el shock room, donde intentaron compensarlo. Después de masajearlo durante casi 30 o 40 minutos, este hombre falleció”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con radio La Red.

Buscan al asesino

En tanto, los investigadores analizaban ahora otras cámaras de seguridad para intentar identificar a una persona a la que se ve salir del parque momentos después del ataque a Barbieri.

“Se tiene a alguien que se retira del lugar cuando ocurre el suceso y que no se ofrece como testigo, entiendo que es una persona que cuando se retira del parque se dirige a su domicilio. No creo que sea una persona en situación de calle”, dijo el jefe policial.

“Estamos trabajando sobre el material de prueba que se obtuvo esta mañana, llámese un cuchillo, una mochila, una manta, a la que llegaron los canes de la División Perros. Incluso hay otras cosas, un barbijo, pero estamos viendo si está vinculado con la investigación”, comentó Fornaro.

Interviene en el caso, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°36, a cargo del fiscal Marcelo Munilla La Casa, quien dispuso la realización de pericias tendientes a determinar la presencia de rastros papilares.

Qué indicó la autopsia

La autopsia realizada confirmó que Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado el miércoles por la noche en un asalto en los bosques del barrio porteño de Palermo, murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó el corazón, informaron hoy fuentes judiciales.

La necropsia fue realizada ayer en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y estuvo a cargo de la médica legista Cristina Bustos.

Fuentes judiciales revelaron a Télam que la médica forense le informó al fiscal de la causa, Marcelo Munilla Lacasa, que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio producto de una “hemorragia interna”, provocada por una “lesión de arma blanca en el tórax”.

Según las fuentes, el informe detalla que esa puñalada tiene “entre seis y siete centímetros de profundidad” y que afectó “la pleura, el pericardio y la aurícula derecha” del corazón de la víctima.

El último adiós a Mariano Barbieri

Los restos de Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años asesinado de una puñalada en el tórax por un delincuente que le robó el teléfono celular cuando caminaba por el parque Tres de Febrero, en el barrio porteño de Palermo, comenzarán a ser velados esta tarde en una sala funeraria del partido bonaerense de San Fernando.

El velatorio se realizará a partir de las 15 en la cochería Casa Lestrade, situada en 3 de Febrero 737, de San Fernando, del que participarán familiares, allegados y amigos.

Anoche, un hermano de la víctima, Fernando, dijo que no puede creer lo sucedido y manifestó su “tristeza inmensa”.

“No puedo creer, es una tristeza inmensa, había sido papá hace poco, poquito menos de dos meses, me había elegido para padrino, estamos sin palabras, no puedo creer lo que pasó”, expresó Fernando en declaraciones a Telenoche. “Él se estaba quedando unos días en la casa de un amigo a vivir ahí por cuestiones de trabajo o, a veces, por cercanía a sus cosas diarias. Nos enteramos a la madrugada, llamar a cada familiar para avisar fue terrible”, agregó.

NB con información de agencias.

Un dirigente de Revolución Ciudadana (RC), partido liderado por el ex presidente Rafael Correa, fue asesinado hoy a balazos en Ecuador en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales del domingo 20 de agosto y a pocas horas de que los postulantes debatieran por televisión con la seguridad como eje principal. Se trata de Pedro Briones, quien recibió disparos en el pecho y la cabeza de parte de dos hombres que arribaron en moto, cerca del mediodía, a su casa en la parroquia San Mateo en las afueras de Esmeralda.

La nueva víctima fue asistida inicialmente por su esposa, pero tal ayuda no fue suficiente dada la gravedad de las heridas. Actualmente, la Unidad de Muertes Violentas (DINASED) recopiló imágenes de las cámaras de seguridad de la zona e investiga el crimen.

“Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia. ¡El cambio es urgente!”, escribió Luisa González en redes sociales. En la misma línea, Correa llamó al cese de los ataques contra miembros de su espacio político.

Briones se suma al grupo de políticos ecuatorianos recientemente atacados. El miércoles pasado, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado por un grupo comando a la salida de un acto en el norte de Quito. Al día siguiente, una candidata a asambleísta también fue baleada en Los Ríos, pero logró salir ilesa.

En este marco de violencia, siete aspirante al Palacio de Carondelet ─Luis González, Jean Topic, Otto Sonnenholzner, Bolívar Armijos, Yaku Pérez, Xavier Hervas y Daniel Noboa─ discutieron por televisión sus propuestas, con especial énfasis en la seguridad. La candidata afín a Correa sugirió la creación de una “nueva Penitenciaría del Litoral con seguridad fuera del centro urbano de Guayaquil”, una de las ciudades más violentas de la nación latinoamericana.

El ex vicepresidente de derecha, Sonnenholzner, por su lado, planteó la posibilidad de restringir el ingreso de extranjeros “con un pasado judicial” a Ecuador. Topic, ex integrante de la Legión Francesa, se inclinó por otra alternativa cimentada en el personal de seguridad: “equipar y entrenar” a las fuerzas del orden e “integrar todas las fuentes de inteligencia para saber cómo se mueve el dinero sucio de los narcos y los corruptos”. Hervas también se refirió al narcotráfico y propuso “militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales” dado que el país es utilizado como puente para los envíos de droga a Estados Unidos y Europa.

Pérez tomó una posición similar a la de Topic, guiada por una consigna de “mano firme” contra el crimen. Tal estrategia se basa, según su criterio, en la realización de patrullajes de la fuerza pública y la llegada de maestros y médicos a las poblaciones más afectadas por la violencia.

El crimen de Fernando Villavicencio: qué avances hay

El candidato opositor fue asesinado el miércoles pasado a la salida de un acto en Quito y ya hay seis colombianos detenidos por el crimen. Este lunes, en la sede de la Fiscalía General de Estado, el ministro del Interior, Juan Zapata, se reunió con los agentes del FBI enviados especialmente por Estados Unidos luego de que el presidente Guillermo Lasso solicitara asistencia. También estuvo presente la esposa de la víctima.

Luego del encuentro, Zapata explicó que los seis agresores arrestados ingresaron al país hace menos de un año con la intención de unirse a bandas delictivas locales. Al momento de su arribo, presentaron cédulas falsas. Se esperan más avances en la investigación del crimen, mientras continúa desarrollándose la campaña electoral para los comicios de este domingo.

Con información de agencias.

La madre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye, encabezó esta noche una marcha para pedir por justicia, tras la inhumación de los restos del adolescente. “Que investiguen qué está pasando ahí: porque detrás de donde encontraron a Joaquín hay algo más”, aseguró.

Los vecinos, amigos y familiares que participaron se movilizaron con velas encendidas y pancartas con imágenes de la víctima y la leyenda “justicia” hasta la comisaría local. En ese contexto, Mariela, madre de Joaquín, sostuvo que no siente el apoyo de la municipalidad y exigió que la escuela a la que asistía su hijo y el presunto asesino se hagan responsables.

“Mi hijo fue a la escuela y me lo entregaron en un cajón. Me parece que puede haber más (involucrados) y quiero ver imágenes desde que Joaquín salió de casa, fue a la escuela y todo el recorrido”, expresó.

En la misma línea, Juan López, un vecino que participó de la búsqueda del adolescente asesinado, afirmó que cree que hubo más de una persona involucrada en el crimen. “De lo que vimos, se me ocurre que no debe haber sido solo una criatura”, indicó esta tarde a C5N.

López había recibido el domingo por la mañana una convocatoria de Mariela para participar de la búsqueda de Joaquín. “Nos presentamos en la plaza, enfrente de la comisaría porque supuestamente íbamos a ayudar a la policía y colaborar. Nos fuimos caminando hasta la escuela, el patrullero nos acompaña, se quedan ahí los policías y salimos caminando y después lo encontramos”, contó.

El joven fue hallado en una casa abandonada y, según la autopsia realizada en la localidad de Río Cuarto, habría muerto a causa de un traumatismo de cráneo que le generó daño encefálico tras recibir 10 golpes en la cabeza.

Los restos de Joaquín fueron sepultados esta noche, luego de una jornada entera de sepelio. Compañeros de la escuela y del barrio del adolescente asesinado asistieron al traslado del féretro desde la sala velatoria hasta el cementerio.

Con información de agencias

Joaquín Sperani tenia 14 años. Estuvo desaparecido durante tres días hasta que ayer, domingo, dieron con su cuerpo. Estaba a solo cien metros de la escuela a la que asistía en vida, Ipem Nº 278 Malvinas Argentinas, en Laboulaye. Por su muerte detuvieron a un chico que, según los padres de la víctima, era su mejor amigo. Por ser menor de edad, de ser autor del crimen, es inimputable.

Las cámaras de seguridad muestran a Joaquín llegando a la escuela en su bicicleta. Tuvo que haber entrado al colegio porque su bicicleta quedó en el patio. No tiene, sin embargo, asistencia ese día, con la cual creen que dejó la bici y salió antes de entrar en el aula. Otra cámara de seguridad lo muestra caminando junto a otro chico. No está claro todavía por qué salió de la escuela, pero los padres de Joaquín conocen al chico: es amigo de su hijo y ellos, amigos de los padres.

La causa pasó del Ministerio Público Fiscal al Fuero Penal Juvenil cordobés cuando detuvieron al amigo. Fue inmediatamente después de que dieran con el cadáver. Del detenido solo se sabe que tendría 13 años. Enrique Carreras, jefe de la Departamental Roque Sáenz Peña, brindó una conferencia de prensa en la que habló de “crimen” y contó que hay un solo detenido hasta el momento. “Por lo que hemos investigado, creemos que sería la única persona que estaría involucrada”, informa el sitio Laboulaye Info.

Joaquín habría recibido golpes en la cabeza, quizás con un fierro. “Hay un elemento contundente secuestrado, y el chico presenta evidencias físicas de que ha sido golpeado con este elemento”, afirmó el jefe Departamental Carreras. Por lo que confirmó que se trata de un homicidio y que hay una persona demorada, como “presunto autor material del hecho”. El comisario mayor señaló que se trataría de un adolescente que tenía en su poder el teléfono de Joaquín, y quien pertenecía a su entorno.

En las últimas horas, la forense Ana Laura Peiovich realizó una autopsia en la localidad de Río Cuarto, morgue elegida por su proximidad con Laboulaye al sur de la provincia. El resultado preliminar, ya entregado a la Justicia, indica que Joaquín murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

Derivan al chico investigado a un instituto de menores

El menor de edad que estaría involucrado en la muerte de Joaquín fue ingresado al Complejo Esperanza. Fue luego de que el juez que entiende en la causa, Sebastián Moro, tomara contacto con el chico y sus padres. Moro estableció que su participación en el crimen de Joaquín.

En las próximas horas se llevarán a cabo una serie de estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales, de él y su entorno. Por su parte, el Poder Judicial provincial informó este mediodía en un comunicado que el traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó “para su resguardo”.

Joaquín era intensamente buscado desde el pasado jueves a la tarde se ausentó del colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”, de la mencionada localidad cordobesa, donde cursaba sus estudios secundarios.

Su cuerpo apareció ayer en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a apenas 100 metros de la establecimiento educativo y con signos del ataque a golpes.

AS/NB

El padre de Marcelo Marcel, un reconocido periodista de Mar del Plata, fue asesinado en la noche de este viernes cuando ingresaba a su casa del barrio Las Lilas de esa ciudad balnearia. Daniel Marcel, de 78 años fue asesinado de un balazo al forcejear con dos delincuentes que intentaban asaltar a su hijo en la entrada del domicilio.

Eran cerca de las 20 cuando Marcelo Marcel ingresaba con su auto al garaje de la casa. Fue en ese momento en que dos delincuentes armados intentaron también entrar a la vivienda. Su papá, quien se encontraba en la segunda planta, bajó para intentar defender al periodista y en ese momento se produjeron los disparos.

De acuerdo a fuentes policiales, Daniel Marcel quedó tendido en el piso mientras los delincuentes escaparon. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital Interzonal de Mar del Plata donde murió a causa de las heridas sufridas.

La investigación policial intenta determinar la identidad de los delincuentes a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

La muerte de Marcel causó conmoción en la ciudad donde su hijo es un reconocido periodista.

“Quiero enviar mis condolencias a Marcelo Marcel y su familia. Fuerte abrazo en este momento tan doloroso”, publicó Fernanda Raverta, directora de Anses y precandidata a intendenta de Mar del Plata. 

Eva Ayala, vicepresidenta del partido Acción Marplatense, afirmó: “Gran dolor por la injusta pérdida de Marcelo Marcel. Mis condolencias para vos y tu familia en este difícil momento

Mariano Suárez, director del portal de noticias locales 0223, señaló: “El corazón se estruja en momentos así: asesinaron al papá del periodista Marcelo Marcel durante un asalto en Mar del Plata. Un abrazo enorme para él y toda su familia. Y mucha fuerza en un momento tan duro como este”.

Gustavo Pulti, intendente de la ciudad balnearia entre 2007 y 2015, expresó: “Lamentamos otra vida marplatense injustamente perdida. Nuestras condolencias a Marcelo Marcel y su familia”. 

Mientras que Rodolfo Marino Iriart, director de Correo Argentino, publicó: “Asesinaron en Mar del Plata al padre del periodista Marcelo Marcel. Muy triste. Fuerte abrazo para él y su familia”. 

Por último, Juan Manuel Cheppi, secretario de Economía del Conocimiento, dijo: “Quiero enviar mis condolencias a Marcelo Marcel quien hoy ha perdido a su padre en un terrible hecho de inseguridad. Saludo a toda su familia en este momento tan doloroso”.

Con más de 30 años de trayectoria, Marcelo Marcel escribe en el portal de noticias El Marplatense, y todos las tardes participa en el programa “Un problema menos” por Radio Mitre Mar del Plata.

El último detenido por el crimen de la periodista Griselda Blanco en Corrientes fue imputado esta noche por homicidio simple después de negarse a declarar ante la Justicia; mientras el primer hombre acusado por el asesinato difundió un mensaje en el que pidió “recuperar su vida” que tras ser liberado.

Fuentes judiciales confirmaron esta noche que el empresario Darío Alfredo Ricardo Holzweissig (46), acusado del crimen de la periodista Griselda Blanco, fue imputado por el delito de “homicidio simple”, que prevé una pena de prisión de entre 8 y 25 años.

En primera de las dos audiencias de la jornada, el acusado compareció ante la fiscal de Curuzú Cuatiá, María José Barrero Sahagún, pero se negó a brindar declaración indagatoria.

Holzweissing y su defensa técnica fueron comunicados de la imputación y permanecían esta noche a la espera de una resolución que podría llegar a ser de prisión preventiva, dictamen a cargo del juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, Martín Vega. “Entendemos que está mal direccionada la investigación”, dijo el abogado defensor, Alejandro Exequiel Gómez.

Y agregó: “Realizar o planificar una declaración sin haber siquiera examinado el cúmulo de evidencias, y estimó que será un gran cúmulo de evidencias, sería muy imprudente”.

Al ser consultado sobre si el empresario detenido fue requerido para una toma de muestras de sangre, el letrado indicó que “se realizó una extracción sin informarle, pero no puedo dar mayor precisión porque no tengo acceso al legajo”.

De acuerdo con el Código Procesal Penal de Corrientes, que luego de la imputación, el abogado podrá acceder al expediente.

Holzweissing, quien explota un local bailable llamado Punto Sur en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, fue detenido por la Policía Federal durante el último jueves a la noche en un allanamiento a su domicilio, en el que también fue reducida su pareja y, según el abogado defensor, “se hizo un uso excesivo de la fuerza”.

“Realizaron un allanamiento en su domicilio previo a su detención y siempre aportó toda la evidencia que se le requirió, no hubo una actitud procesal hostil de su parte”, contrastó. Y se manifestó contra lo que consideró una “filtración” de datos e imágenes desde la instrucción de la causa, al señalar que su “defendido fue detenido a las 20.57 y a las 21.30 su imagen esposado ya estaba viralizada hasta en canales nacionales”.

“Se filtraron datos de, supuestamente, el auto de él en inmediaciones del domicilio de la víctima, evidencia que se filtraba y se filtraba en canales nacionales, evidentemente - y sin hacer conjeturas- para mí lo filtraba la Policía Federal, con lo cual esos datos, además de una conferencia de prensa en la que se emitieron conclusiones con respecto a cómo se llega a la detención de mi defendido, considero que interfieren y lesionan mi derecho a ejercer la defensa”, sostuvo Gómez.

Por otra parte, después de ser liberado el viernes, la expareja de Griselda Blanco, Armando Jara, distribuyó este sábado un video publicado en las redes sociales en el que agradece a quienes confiaron en su inocencia, reclama la incorporación al expediente de imágenes de videovigilancia de cámaras linderas a su domicilio particular, así como la devolución de un teléfono y llaves.

“Estoy cayendo de muchas cosas, me estoy enterando de muchas cosas; (…) necesito volver con mi vida, necesito intentar nuevamente tener mi vida cotidiana porque vivo el día a día, no gano fortunas y si no trabajo no tengo sustento”, precisó Jara en sus declaraciones.

Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado.

La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.

Si bien al principio se barajó la posibilidad de un suicidio, la autopsia lo descartó y uno de sus hijos, Lautaro Cesani, manifestó en redes sociales: “Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron. Justicia por Griselda Blanco”.

Es que la periodista curuzucuateña realizó diversas denuncias públicas, entre ellas, contra un comisario de la policía provincial por abuso sexual y también por un caso de mala praxis en el hospital “Dr. Fernando Irastorza”, donde murió una amiga, entre otras, y sus allegados aseguraron que “recibía amenazas”.

MB con información de agencias de noticias Télam

La Justicia santafesina investiga el homicidio de un histórico dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Aldo Viscovich, quien fue asesinado con un arma blanca en su casa de la localidad de Chovet, informaron este sábado fuentes policiales y judiciales.

El cuerpo de Viscovich (68) fue encontrado por su hermano Tomás en su domicilio de España, a media cuadra de la subcomisaría de la localidad de Chovet, una pequeña comuna de 2.500 habitantes ubicada en el Departamento General López del sudoeste de esta provincia.

Si bien aún no dieron a conocer el resultado de la autopsia, el primer informe del médico forense detectó un corte de arma blanca a la altura del cuello de la víctima, indicaron fuentes del caso.

La fiscal que investiga el hecho, Vanina Servidio Pozzi, ordenó que realicen la autopsia para determinar si Viscovich sufrió otros cortes en el cuerpo, agregaron los voceros.

El cuerpo del exdirigente de la Federación Agraria fue hallado el jueves al mediodía en su domicilio de Chovet, en el centro de ese pequeño poblado, que se vio conmocionado por la noticia.

Fuentes policiales explicaron que la persona que atacó al productor rural habría ingresado por el fondo de la vivienda, en la que hay un patio.

Cuando los efectivos llegaron a la propiedad, alertada por el hermano de la víctima, el cuerpo estaba tendido en el piso detrás de un mueble divisor sobre un charco de sangre.

El hombre estaba vestido con una remera, en calzoncillos y con una sola zapatilla, por lo que los investigadores creen que el ataque ocurrió ese día a primera hora de la mañana. Como detalle, indicaron que había quitado la hoja del almanaque correspondiente al día jueves, 18 de mayo.

La principal hipótesis del Ministerio Público Fiscal consiste en que pudo tratarse de un intento de robo, aunque las fuentes aclararon que “no se descarta ninguna”.

Quién era el dirigente asesinado

Viscovich era conocido más allá de Chovet por su participación gremial como pequeño y mediano productor en la Federación Agraria Argentina (FAA) y mantenía vinculación con Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Estudioso de la cuestión agrícola y de la realidad de los pequeños y medianos productores rurales, el dirigente solía colaborar con medios de comunicación de la zona y ser consultado respecto de esa temática.

Al respecto, Pedro Peretti, exdirector titular de la FAA, dijo esta tarde al canal C5N que Viscovich era un “experto y especialista en el tema uso y tenencia de la tierra”. “Un permanente difusor de las políticas en contra de la concentración de la tierra, con estudios muy detallados y muy minuciosos, que publicaba con bastante habitualidad en el diario La Capital de rosario”, señaló Peretti.

En ese sentido, añadió que Viscovich “era un tipo muy estudioso de la problemática agropecuaria”, motivo por el que lo incitaban “a que publicara o que juntara todos los artículos en un libro, porque eran realmente esclarecedores y muy científicos”.

Peretti contó que la víctima “hacía 'veintipico' de años que arrastraba un problema neurológico, que se movilizaba con bastón, tenía muchas dificultades para movilizarse, no estaba en una buena situación física, era un hombre que aparentemente no tenía problemas económicos y carecía de enemigos”.

MB con información de agencia de noticias Télam