Organizaciones sociales de izquierda, independientes y peronistas realizaron este viernes una jornada nacional de protesta con “al menos 500 cortes en todo el país” en reclamo de alimentos para los pobres, mientras el Ministerio de Capital Humano ratificó que la ayuda “irá directo a los comedores” para “terminar con la extorsión”.

Con epicentro en las oficinas de la cartera de Capital Humano, en Carlos Pellegrini y Juncal, protestas similares se desarrollaron con una importante participación de manifestantes en Mar del Plata, Tucumán, Córdoba y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, como la Panamericana y la Ruta 197 en Tigre; en la rotonda de Lavallol en Esteban Echeverría; en las puertas del shopping Plaza Oeste, en La Plata; y en la intersección de la Ruta 4 y la Ruta 8, entre otros puntos.

En la ciudad de Buenos Aires, la protesta se inició minutos después de las 10, en un clima de tensión en las inmediaciones de las oficinas del ministerio de Capital Humano, con empujones entre manifestantes y efectivos de la policía de la ciudad que arrojaron gas pimienta a los manifestantes.

“No nos dejan manifestarnos, la policía se metió entre la gente con golpes de palos y gas pimienta. Nosotros no vamos a abandonar el derecho a la protesta. Queremos que se abran los comedores populares y que la gente tenga un plato de comida”, dijo a la prensa el dirigente del PO Eduardo Belliboni en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal, a metros del despacho de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

“Nos preguntamos si el Gobierno va a continuar con estas políticas de represión a la protesta social y de no abastecimiento de los comedores populares, más de 40 mil comedores están desabastecidos y millones de familias pobres no tienen para comer desde hace más de dos meses”, añadió.

La jornada nacional de protestas fue convocada para reclamar “asistencia para comedores comunitarios” y en rechazo al “congelamiento de los salarios” y de los montos en los planes Potenciar Trabajo, bajo la consigna “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. Basta de ajuste!”.

Los distintos puntos de concentración contaban con una importante presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional, que buscó en todo momento aplicar el protocolo de orden público implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que impide manifestarse con cortes en las calles.

“A más de dos meses del gobierno de Javier Milei, han demostrado que quieren hambrear al pueblo y llevarse todo lo que puedan de la Argentina. Vivimos la inflación más grande desde los últimos 30 años, con una situación de hambre gravísima en los barrios más pobres, con una fuerte caída del trabajo y del consumo popular”, dijo a Télam Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la CCC.

La delegada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Marianela Navarro, advirtió que en los barrios populares se vive “una situación completamente crítica”, consideró que la posición del Gobierno “es intransigente, abandona a los pobres y excluye a los trabajadores” y dijo que los movimientos sociales “sostienen desde hace dos décadas unos 44 mil comedores” en todo el país.

De la protesta participaron decenas de organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha.

También fueron parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), entre otros.

Para “terminar con la extorsión”

En tanto, el Ministerio de Capital Humano explicó hoy a través de un comunicado que la compra de alimentos que administraban las organizaciones sociales “representa solo el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria” y se decidió que ese porcentaje sea destinado directamente a los comedores para “terminar con la extorsión”.

“Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del estado decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”, indicó la cartera de Capital Humano.

Desde el ministerio advirtieron que “la discrecionalidad en la elección de los beneficiarios era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución”.

“El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo”, afirmaron.

Según precisaron, “respecto a la compra directa de alimentos secos, que solo representa un 4,2 % de lo que el Estado invierte en política alimentaria, el 50% se encuentra en proceso licitatorio, mientras que para el otro 50% se están reasignando los fondos a los otros programas alimentarios que tienen mayor alcance”.

También destacaron que la tarjeta Alimentar es “la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre: llega de forma directa al bolsillo de 3.8 millones de personas sin ningún intermediario”, y permite que “las familias coman juntas en sus casas y que puedan consumir alimentos frescos como carne, pollo y queso que tienen mejor calidad nutricional”.

En esa línea, recordaron que se duplicó la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para “asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”.

Por otra parte, se informó que “el gasto alimentario para 2024 será de un $1.588.000.000.000 para este año. Además, 47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE); 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 74.000 millones de pesos para la compra de alimentos y 14.585 millones a otros programas”.

El secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, aseguró hoy que desde la cartera “duplicaron” la ayuda alimentaria que llega al bolsillo de 3,8 millones de argentinos, mientras que las organizaciones sociales repartían “sin control solo el 4% de la ayuda” que “ahora irá directo a los comedores”.

“(Sandra) Pettovello está en una pelea más importante que la que inventan los diarios. El 90% de la ayuda alimentaria llega al bolsillo de 3,8 millones de argentinos. La duplicamos. Las organizaciones sociales repartían sin control solo el 4% de la ayuda. Ahora irá directo a los comedores”, indicó el funcionario desde su cuenta personal de la plataforma X.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió al tema en declaraciones a la radio online Futurock donde sostuvo que “no habría ninguna razón para dejar de enviar alimentos a comedores” y que, más bien, “la eliminación de intermediarios ayudó a mucha gente a la que le cuesta llevar un plato de comida a la mesa”.

Al ser consultado por el reclamo por falta de asistencia alimentaria de la fundadora de 'Los Piletones', Margarita Barrientos, Adorni aseguró que “no se ha dejado de asistir a ningún comedor que haya cumplido con los requerimientos” del Ministerio de Capital Humano y deslizó que, en todo caso, habría que preguntarle a la dirigente “si cumplió con los requisitos”.

JJD

Con información de Télam.

El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales “se podrían relacionar directamente” con ese delito.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- entre los participantes de la jornada de protesta del pasado miércoles, que confluyó en Plaza de Mayo. En ese marco, Adorni reveló que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada en la vía pública ese día ascendió a 60 millones de pesos: “Esa será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”, dijo.

Y detalló que se trata del “Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa , el Movimiento Evita, la J William Cooke, el Movimiento MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, Frente de Organizaciones en Lucha, Torrres, el MTE, el Movimiento Patria Justa”.

Esto sucede a 12 días de la asunción de Javier Milei como presidente y tras el anuncio de un mega DNU con fuerte impacto económico y social que desencadenó piquetes, que tuvieron momentos de tensión con la policía, y cacerolazos espontáneos en el Congreso durante dos noches consecutivas, la del miércoles y la del juves. También en medio de la implementación de un protocolo de orden público que contempla la potestad de las fuerzas de seguridad de actuar en marchas si se ve interrumpida la circulación. Pero ni la decisión del Gobierno de avanzar contra los que protestan, ni la caricatura con una referencia a encarcelar a los que cacerolean que compartió Javier Milei en su Instagram ni la multa que informó Adorni se cobrará por el despliegue de la semana amedrentan a los manifestantes que hoy volvieron a las calles por una “Navidad sin hambre” a pedir “una audiencia urgente” a la titular del ministerio de Desarrollo Social, Sandra Pettovello.

Esto tuvo lugar en la intersección de Lima y Moreno, uno de los ingresos a Capital Humano. El lugar fue custodiado en todo momento por un importante operativo integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y del cuerpo de Infantería local.

Tras un encuentro con funcionarios de esa cartera, el dirigente bonaerense del Polo Obrero (PO) y referente de la Unidad Piquetera (UP), Eduardo Belliboni, aseguró que en el Gobierno Nacional “no tienen un kilo de comida para la gente que tiene hambre” y agregó: “Acá parece que acá nadie tiene un peso o perdieron la billetera”.

“La reunión en si misma fue buena porque nos recibieron, pero nos dijeron que no tienen un kilo de comida para darle a la gente que está hambrienta en los barrios. Esta es una mala señal del Gobierno”, dijo Belliboni, quien encabezó la delegación de militantes de la UP hacia la ex cartera de Desarrollo Social, portando varias ollas vacías de alimentos.

“Por una navidad sin hambre en los comedores populares” fue la consigna de la movilización piquetera, cuyos manifestantes interrumpieron parcialmente el tránsito en la intersección de la avenida 9 de Julio y Moreno.

La protesta contó además con la presencia de referentes de organizaciones sociales de zona norte de la provincia de Buenos Aires y del Movimiento de Organizaciones de Tierra y Vivienda, entre otros.

“Nos pidieron un plazo razonable, pero acá parece que se acabó la plata o perdieron la billetera. Nos dijeron que no hay un peso para los comedores comunitarios”, contó Belliboni tras la reunión.

El dirigente dijo además que la Unidad Piquetera se sumará el miércoles próximo a la marcha convocada por la CGT a los Tribunales contra el DNU dictado esta semana por el presidente Javier Milei.

“Seguramente discutiremos en asamblea con qué características participar el miércoles”, dijo y adelantó que “movilizando la CGT y los movimientos sociales, va a ser muy difícil marchar por las veredas” como establece el protocolo implementado por el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

MM

Con información de agencias.

El miércoles a última hora, luego de que el presidente Javier Milei presentara su mega DNU, se escucharon protestas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano: caceroleos. Además, este viernes desde las 9, un grupo de organizaciones sociales protagonizó una protesta en la vereda del ex Ministerio de Desarrollo Social, donde funciona la flamante cartera de Capital Humano.

La acción, que consistía en mostrarse con ollas vacías, respalda el pedido de los movimientos sociales a una reunión urgente con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con intención de abordar la crítica situación que se vive en los comedores populares. El Obelisco también es sede de asambleas y ollas populares por parte de sectores liderados por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en rechazo al DNU y a las primeras medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno.

Por su parte, desde las 10, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, realizaron una conferencia de prensa en la sede del sindicato (Bartolomé Mitre 744) para anunciar las medidas que adoptará el gremio en los próximos días. A posterior, participaban de la jornada con asambleas y ollas populares en el Obelisco.

En este contexto, Milei compartió en su cuenta de Instagram una caricatura en la que se lo ve con la llave de una celda y a un manifestante con una cacerola detrás de los barrotes. Es ambigua: puede interpretarse como una amenaza de encarcelar a quienes se manifiesten en su contra, pero también puede como un gesto de “liberación”. El Presidente había dicho que quienes hicieron sonar sus ollas en repudio a las nuevas medidas oficiales “sufren el síndrome de Estocolmo”. “Básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece”, interpretó.

A su vez, hoy el Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales “se podrían relacionar directamente” con ese delito.

Así lo informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que “será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”.

MM

Con información de agencias.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró el operativo de seguridad que se llevó adelante este miércoles en el centro porteño para contener y controlar la movilización del Partido Obrero, el Movimiento Socialistas de los Trabajadores (MST) y demás organizaciones sociales. “Lo importante hoy es que cambió la lógica de quién controla la calle. Veníamos de un país y una Ciudad donde los piqueteros hacían lo que querían”, escribió en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El ex intendente de Vicente López siguió la jornada desde el Centro de Monitoreo ubicado en el barrio porteño de La Chacarita y agradeció al presidente Javier Milei por el despliegue de las fuerzas federales para evitar el corte de calles. “El orden llegó para quedarse”, sentenció.

Según especificó Macri, las vías de circulación no se vieron afectadas durante la jornada y los manifestantes se concentraron en un extremo de la Plaza de Mayo. “Más del 70% de la plaza está liberada. Ha sido un éxito el operativo”, sostuvo. Aseguró, además, que con el operativo de hoy se inaugura un período de cambio cultural.

“El éxito va más allá del operativo, tiene que ver con un cambio cultural en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires donde vuelve a ser el Gobierno el que decide qué se puede hacer y qué no en el espacio público. Hay una toma de conciencia de la gente de que no es con violencia ni prepotencia”, publicó en redes sociales.

ACM

El líder del Polo Obrero y el izquierdista Gabriel Solano llegaron a la ciudad de Buenos Aires y ya se trasladan desde Constitución hacia las inmediaciones de la Plaza de Mayo. “Vamos a movilizarnos por la calle”, lanzó Belliboni ante la prensa y en claro desafío a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

“Estamos representando a los dirigentes políticos reales y sanos, certificando que la gente pueda pasar sin ningún tipo de molestia por parte de la policía. Hemos tenido un intercambio operativo digno de una guerra, de un estado de sitio en la Argentina, contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana, aterrorizando a la población, que, sin embargo, está viniendo masivamente. Vamos a hacer una gran movilización por la libertad democrática”, dijo Belliboni.

El líder piquetero, además, aseguró: “No le vamos a permitir a la ministra que declare el estado de sitio de hecho. Si quiere cambiar la Constitución, que mande la Reforma Constitucional. Hoy marchamos a la Plaza de Mayo, desde distintos puntos”.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, que estaba al lado de Belliboni, explicó: “Hemos cambiado el lugar de la movilización. Quiero que lo sepan todos. Estaba convocada en Congreso, y ahora vamos a convocar en Diagonal Norte y Florida, una cabecera, y la cabecera principal, en Diagonal Sur y Belgrano. Porque queríamos evitar que se nos impidiera la movilización. Vamos a llegar a Plaza de Mayo y de tal manera que Patricia Bullrich no se salga hasta la suya”.

Además, Solano denunció abusos de las fuerzas de seguridad. “Lo que estamos viendo es lo siguiente. Sube la policía a un colectivo, en cualquier lugar. La policía no puede subir el colectivo contra quien va a la marcha. Tenemos acá, parando a la gente, les abren la mochila. Por eso venimos acá con Eduardo [Belliboni], con los abogados, para que la policía se retire, que deje de buscar a los participantes, y que la movilización se realice tranquilamente. Va a ser pacífica, va a ser masiva”, señaló.

MM

Agrupaciones políticas y sociales nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) marcharán esta tarde a Plaza de Mayo contra las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que implementa el Ministerio de Seguridad y que ya fue desplegado.

El mismo prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial”, cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas. Está establecido a través de la resolución 943/2023, que fue publicada el 15 de diciembre pasado en el Boletín Oficial y que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El protocolo entiende por impedimentos al tránsito “cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas” e indica que serán “las fuerzas policiales y de seguridad federales” las que “intervendrán frente a impedimentos al tránsito”

Según el documento, el accionar de las fuerzas de seguridad “estará orientada a despejar los accesos y las vías de tránsito ”hasta dejar liberado el espacio destinado a la circulación“. En otro de sus artículos, asegura que los efectivos ”emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente“ y que tendrán ”especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos“. También se{ala que la fuerza que utilicen los agentes ”será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales“.

Además, el protocolo antipiquetes fija que, “en la medida de lo posible, deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores” de la protesta “mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales”, y abre la posibilidad de que puedan ser detenidos “cuando corresponda legalmente”. Como parte de esto también se habilitó una línea telefónica a través de la que se pueden hacer denuncias sobre convocatorias a marchar o amenazas a quienes no quieran hacerlo. Según declaraciones de la ministra Bullrich esta mañana, “la línea se saturó”.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó posición al respecto y ayer emitió una nota con la explicación de cómo procederán hoy, en sintonía con el ejecutivo nacional. “Con el objetivo de mantener el orden en el espacio público” dispuso que “no se podrá interrumpir el tránsito vehicular”, “no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria”, “tampoco estará permitido el uso de palos o elementos contundentes” y “no podrá haber niños en las marchas”.

En principio la movilización de hoy estaba prevista que saliera del Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 16, pero este mediodía se cambió el punto de partida: se fijaron dos cabeceras, la central se ubicará en Diagonal Sur y Belgrano y una segunda en Florida y Diagonal Norte. Ambas a las 16. “Con el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich, suspendemos la salida de congreso y la movilización saldrá de dos puntos”, comunicó el Polo Obrero.

Por su lado, el referente del frente Patria Grande y excandidato presidencial Juan Grabois anunció hoy la conformación de una “guardia comunicacional y legal de protección de los derechos humanos” que funcionará durante la protesta y movilización. La iniciativa oficiará “como veedora de los derechos humanos” durante la movilización, y estará ubicada en la intersección de la avenida 9 de Julio y Alsina desde las 15, según anunció Grabois en un posteo en su cuenta de la plataforma X.

“Ante el protocolo de Bullrich, nos organizamos”, dice la publicación y se adjuntó un flyer con la leyenda: “Si ves alguna situación que requiera nuestra intervención, buscanos en la marcha o comunicate al mail: colectivolapoderosa@gmail,com o al mail argentinasinmiedo@gmail.com”.

Para Grabois, el protocolo de orden público que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, implementará en la movilización convocada para esta tarde está “fuera de la ley” y afirmó que “marchar no es delito, pero el abuso de poder, sí”.

“Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, está tu protocolo. Marchar no es delito, pero el abuso de poder sí”, publicó Grabois en su cuenta de la red social.

Además, en referencia a los dichos de varios funcionarios del Gobierno sobre que “el que corta no cobra”, el dirigente sostuvo que “no cobren los ladrones de Edesur y Edenor entonces”.

Grabois destacó que, en esta oportunidad no convocará a la movilización, pero que “como abogado comprometido con los derechos humanos y la justicia social”, estará junto a Nacho Levy, comunicador del colectivo La Garganta Poderosa, realizando una guardia comunicacional y legal durante la marcha para “cuidarnos entre todos” y “defender el derecho inalienable a la disidencia y las garantías sociales de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución”.

“La ostentación de fuerza y la represión nunca fue el camino. Ábranse al diálogo y a la empatía. Y si no pueden, por lo menos respeten la ley”, le respondió Grabois a la titular de la cartera nacional de Seguridad.

MM

Con información de agencias Télam y NA

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, descartó hoy la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminaliza la protesta”, aseguró el funcionario del gabinete de Axel Kicillof.

Si bien reconoció la necesidad de movilizarse bajo cierto orden ─como ya había advertido en 2014, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al plantear una ley de convivencia urbana─, Bianco rechazó las medidas de la gestión de Javier Milei. “Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar”, sostuvo.

Y agregó: “Ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes”.

Mañana, organizaciones sociales se movilizarán en el centro porteño para protestar contra las medidas de ajuste económico anunciadas por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. La semana pasada, en conferencia de prensa, desde el Polo Obrero calificaron al programa de estabilización ─que incluye quita de subsidios, “tarifazos” y la reducción de las dependencias estatales─ como un “plan de guerra contra el pueblo”. “Cuando hay semejante agresión, es inevitable la protesta social”, sostuvo el legislador porteño Gabriel Solano.

De igual modo, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, también rechazó las medidas económicas y el protocolo anunciado por Bullrich por considerar antidemocrático. “Vemos como el plan económico de Milei y Caputo se va asemejando a aquel de Krieger Vasena. Recordamos una de las claves por la cual pudieron avanzar en su momento con esa implementación: estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática”, había denunciado el dirigente social y exfuncionario de Alberto Fernández cuando se conocieron las nuevas medidas de Seguridad.

ACM con información de agencias.

Sandra Pettovello hizo su debut mediático con un brevísimo video grabado en la Casa Rosada porque el súper-ministerio de Capital Humano no tiene sede propia. Desde ese no-lugar de su cartera, que abarca toda la política social del gobierno de Javier Milei, hizo tres anuncios principales: que aquellas personas que marchen este miércoles a Plaza de Mayo perderán el “plan” –el estigma que carga el salario social complementario del Potenciar Trabajo–, que se eliminarán las certificaciones de asistencia del programa, y que se hará una auditoría –otra más– sobre las organizaciones. Fueron tres anuncios que generan polémica porque cuando se escarba en ellos se encuentra que tienen más que ver con lo discursivo que con lo fáctico. 

Nada dijo Pettovello sobre el futuro concreto del Potenciar, que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que no se va a actualizar pese al salto inflacionario de su devaluación: hoy el programa paga unos $78.000 a 1,2 millones de beneficiarios a cambio de cuatro horas de contraprestación diaria, que van desde trabajo en cooperativas –puede ser un comedor o una panadería barrial, por ejemplo– o estudiar y capacitarse. 

El dedo del Gobierno carga contra “los piqueteros” pero del total de beneficiarios unos 700 mil pertenecen a las llamadas “unidades de gestión” (UG) que dependen de las organizaciones sociales –de todos los colores políticos, kirchneristas como de izquierda (los famosos piqueteros)– pero también de la Iglesia, federaciones de clubes y ONG. El resto, unas 500 mil personas, dependen de las provincias, los municipios y hasta del propio Estado nacional a través de un sinfín de dependencias o entidades, como pueden ser secretarías u organismos descentralizados.

Anoche mismo los beneficiarios del plan podían ver en sus cuentas en Mi Argentina la amenaza latente del Gobierno: “El que corta, no cobra”, reza un mensaje al abrir la app. Y cierra muy sugerentemente: “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: Si sos beneficario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134. Que tengas una Navidad y un fin de año en paz”.

¿Cómo identificarán a los manifestantes?

El anuncio de Pettovello se da en el marco de cierta criminalización de la protesta social que activó el Gobierno desde que el jueves pasado se anunció un “protocolo antipiquete” a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ayer la titular de Capital Humano insistió con el latiguillo libertario: “El que corta no cobra”. ¿Pero cómo haría efectiva esa amenaza?

elDiarioAR consultó en Capital Humano esa operatividad para identificar a los supuestos beneficiarios que vayan a la movilización y la respuesta lanzó la pelota afuera: “Eso preguntárselo a Seguridad”. Para hoy está agendada una reunión clave entre la cartera de Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff, con el objetivo de terminar de delinear el operativo antipiquete. Como ya contó este medio el domingo, la idea es que las fuerzas federales se ocupen de intentar evitar que los manifestantes crucen desde el conurbano a la Capital Federal por los distintos accesos, como el puente Pueyrredón o las líneas de trenes. También habría apoyo logístico en las calles de la ciudad, que estarán fuertemente custodiadas por la policía local. 

“¿Cómo identificás a la gente que se movilice? ¿Con identificación biométrica?”, se preguntó ante elDiarioAR un exfuncionario del ministerio de Desarrollo Social que acaba de renunciar a su cargo. “Es una barbaridad, totalmente inconstitucional. Porque si vos te movilizas y te sacan el programa, lo judicializás”, completó la fuente. 

Hay un antecedente: en el ahora exministerio hubo un fuerte revuelo interno cuando se identificó que parte del reducido grupo de manifestantes que había agredido el año pasado los ventanales del despacho en el Senado de Cristina Fernández de Kirchner cobraban el Potenciar. Otro punto de conflicto es que el sistema del Potenciar no permite la “baja directa”, sino que penaliza al beneficiario recién cuando incumple su contraprestación tres meses consecutivos.

“Son amenazas para que la gente se quede en la casa”, denunció a elDiarioAR Eduardo “Chiquito” Belliboni, referente del Polo Obrero y cabecilla de la movilización de mañana. Ratificó la marcha y la estimó, como mínimo, en 25 mil personas. Ante la advertencia de que perdería todo diálogo con el ministerio, planteó: “Veremos. Lo mismo dijo Macri en su momento”. 

Hasta ahora las organizaciones venían teniendo conversaciones con funcionarios del equipo del flamante secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, compuesto por bullrichistas y larretistas: Héctor Calvente, exsecretario general de San Miguel; Rodrigo Aybar, exconcejal de Tres de Febrero; Guillermo Viñuales, que fue candidato en Lomas de Zamora por JxC, y Facundo Durán, exsubsecretario de Mantenimiento del Espacio Público también en Tres de Febrero. 

Eliminación o descontrol de la certificación de asistencia

Con la intención de quitar la “intermediación de los piqueteros”, la eliminación de la certificación de asistencia al Potenciar fue quizás la única medida concreta que anunció la ministra Pettovello. Pero su aplicación también es brumosa. Es que el plan social lo cobra el beneficiario directamente desde el Estado, luego de que en su UG certifican su contraprestación de 4 horas diarias. 

Esa función se realiza mensualmente a través de un sistema interno del ministerio que le asigna a cada UG un código único, supo elDiarioAR. Por ejemplo, si el beneficiario trabaja en un comedor perteneciente a una organización social, su responsable debe tomarle “asistencia” diaria para, luego, una vez al mes, “marcarlo” en el sistema digital. Si el beneficiario no contrapresta, automáticamente al mes siguiente cobra la mitad del programa. También puede pasar que el beneficiario tenga un problema con su referente, por lo que el sistema contempla una vía de reclamos –presencial o incluso digital, a través de Mi Argentina– con el que podrían derivarlo a otra UG.

Lo que anunció Pettovello ahora quita todo control al programa o, viéndolo de otra manera, se lo da al Estado, cuando es un mantra libertario que el Estado deje de intervenir en la vida cotidiana. “Ahora se puede especular en que si no me van a pasar el presentismo, no voy a ir. Fomenta que no haya prestación porque ya no hay nadie controlando. El Estado no tiene capacidad para hacer esa tarea sobre 1,2 millones de personas”, denunció un dirigente territorial de experiencia en la administración del programa. “Genera descontrol y confusión. Ese poder que ahora se arroja el Estado hace que haya mucha más discreción y arbitrariedad”, comentó otro referente de una agrupación kirchnerista. “Es algo que reclama el ministerio; si no lo reclaman más, no lo presentamos más”, dijeron en el PO. 

La ministra se limitó a argumentar su medida políticamente: “Sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan”, señaló. El exfuncionario lo entendió así: “El planteo es cínico: te dice que no te pueden obligar a marchar pero ella está obligando a no marchar. Hay miedo de la gente a que la caguen a palos en la marcha o que le saquen la única manera que les queda para sobrevivir. Es una pulseada que está abierta”. 

“Hay un desconocimiento importante sobre la organización popular en el territorio, que va mucho más allá del salario complementario. En las organizaciones hay un sentido de pertenencia, muchísimos momentos de asambleas. No es que un dirigente toma una decisión y la gente sale corriendo”, señaló Alejandro “Peluca” Gramajo, dirigente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico –exsecretario de Economía Social– y secretario general de la UTEP.

También Pettovelo dijo que “quienes sufran la extorsión de participar en las marchas, podrán denunciarlo a través de la línea 134”. Es una línea que depende en realidad del Ministerio de Seguridad para denunciar hechos o alguna situación sospechosa “de violencia institucional”. Y, como se dijo, ya hay una vía de reclamos a través de Mi Argentina.

La auditoría que ya fue

Tampoco hay mucha información sobre la auditoría que anunció Pettovello. En su momento Victoria Tolosa Paz realizó una de manera digital. Su gestión redujo cien mil planes, luego de la polémica por irregularidades que detectó la AFIP en más de 250.000 beneficiarios. Ese informe de la oficina recaudadora siempre se sospechó que tuvo que ver con la guerra interna entre el cristinismo y el albertismo.

“Comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales”, dijo Pettovello al realizar ese anuncio. El yerro parece voluntario: los planes los entrega el ministerio, no las organizaciones o, siendo más preciso, las UG. Además, supo este medio, ya hay auditorías permanentes porque el Estado hace controles desde el momento en que financia, por ejemplo, proyectos productivos como una panadería, cuyos empleados cobraría el Potenciar. 

Más allá del anuncio grabado de Pettovello, el Potenciar seguirá existiendo, al menos hasta que se pulverice su poder de compra por la inflación creciente. No se anunció un cambio sustancial en el tema central del manejo de los planes sociales, que es la discrecionalidad para su otorgamiento, mientras no sea una política universal como la AUH o la Tarjeta Alimentar. “Si hay unas 7 millones de personas que tienen los requisitos para acceder, porque son trabajadores informales, pero hay 1,2 millón de planes, ¿quién decide quién ingresa y quién no?”, se preguntó el exfuncionario. 

Algo que no dijo Pettovello ayer es que una idea es traspasar todo el Potenciar a las provincias y los municipios. Esa sí sería una medida política que podría generar una “guerra” con los movimientos sociales. Por ahora, según la ministra, su deseo es que “todos los argentinos tengan una Navidad y un fin de año en paz”, como cerró el video grabado ayer. Fue una frase que roza la ingenuidad en medio de semejante ajuste de Milei, similar a la que soltó la semana pasada cuando en una reunión con curas villeros recibió la pregunta de cómo pensaba pasar la Navidad, en alusión a cuáles serían las medidas sociales del Gobierno, y la ministra respondió: “Con mi mamá”.

MC/JJD

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió hoy a la Justicia que declare la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la denuncia presentada por la legisladora porteña Celeste Fierro y la abogada del partido Mariana Chiacchio, reclamaron, además, por una medida cautelar para suspender su aplicación “hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”.

En la denuncia presentada ante el Juzgado Federal de María Servini, el MST pidió una “acción declarativa de inconstitucionalidad (...) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” ya que es una iniciativa que “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.

Según especificaron, el protocolo que se buscará aplicar en la próxima movilización prevista para el 20 de diciembre viola derechos políticos ya conquistados. “Penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”, detallaron.

Advirtieron también que la aplicación del protocolo implicaría “la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión”. “Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son fundamentales para que los individuos y los grupos de individuos participen en los asuntos públicos”, plantearon desde el MST.

Como ya habían señalado otras organizaciones sociales como el Polo Obrero y Barrios de Pie, este intento de “criminalizar la protesta” constituye un “grave peligro democrático”. “La represión, criminalización, espionaje y persecución a las personas y organizaciones que se movilicen en el espacio público, sean partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, centros de estudiantes o vecinos/as por parte del PEN (...) contraría el núcleo del sistema democrático vigente”, argumentaron.

Fierro y el dirigente Alejandro Bodart rechazaron el protocolo y lo calificaron de engendro represivo e inconstitucional. “La ministra de Seguridad dice 'fuera de la ley nada', pero con su resolución pretende atropellar la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que garantizan los derechos democráticos de reunión, petición a las autoridades y libertad de expresión”, expresaron.

ACM con información de agencias.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció hoy que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado” de cortes de calles “perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano” y los planes sociales.

En su primera aparición como funcionaria del gobierno de Javier Milei, Pettovello habló en un video emitido por Youtube de poco más de dos minutos de duración en el que afirmó: “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente: el que corta no cobra”.

De cara a la marcha del próximo miércoles, del Congreso a Plaza de Mayo, que fue convocada inicialmente por el Polo Obrero y a la que se sumaron el último viernes más de 100 organizaciones, la ministra de Capital Humano insistió en la idea planteada días atrás por su par de Seguridad, Patricia Bullrich, que presentó un “protocolo de orden público” o antipiquete. “Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación”, dijo y agregó: “A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales. Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 134 si le cortan el plan por no asistir a una marcha”.

“Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales” a los manifestantes, explicó.

“Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado a una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”, señaló.

Para la ministra, la “preocupación” del Gobierno son “las madres que concurren con sus hijos a las marchas, es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones”.

“Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y cortan la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra ”, advirtió.

Pettovello remarcó que “la misión de Milei y todo el Gobierno es defender a las madres, niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles” que atraviesa el país.

MM

“Aserrín aserrán / Los maderos de San Juan / Piden pan, no les dan / Piden queso, les dan hueso / Y les cortan el pescuezo”...

Antes que nada, quiero decir que quien escribe esto vive en Capital Federal. Esto implica que, con alarmante frecuencia, debo enfrentar las dificultades de transitar por una ciudad que, de a ratos, parece virtualmente sitiada. A ello debo sumarle que hasta hace dos semanas trabajaba en el Senado de la Nación, razón por la cual conocí en primera persona la lotería infernal de no poder siquiera acceder al lugar en el que trabajás. Y como todos, imagino, en cada ocasión puteo y protesto por la multiplicidad de protestas, cortes, piquetes, marchas y manifestaciones que entorpecen hasta el escozor, el moverse y trabajar en esta loca y también bella ciudad.

Por ello, comparto que es urgente encontrar una solución a este estado de situación. Pero señalo, “una” solución, no “cualquier” solución. Y mucho menos una solución violenta, que además de doler y no servir, multiplicaría y daría razones hasta el infinito para nuevas protestas y reclamos. Esto ya lo vimos con muertes causadas por la represión policial, como las de los militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Hecho trágico en el que quedó evidenciado que la crisis no causó dos nuevos muertos, sino ambos los jóvenes fueron asesinados por la policía.

Me senté a leer el protocolo, que en forma farragosa anunció la reincidente ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Déjenme decirles que me parece una cosa horrorosa ese protocolo para el “Mantenimiento del Orden Público ante Cortes de Vías de Circulación”. Ni siquiera el entusiasta remate de “el que las hace las paga” que enunció la ministra puede cambiar el hecho de que el protocolo en cuestión no solo vulnera nuestro ordenamiento jurídico interno y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sino que además se pasa por partes pudendas los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de protesta social. Leo los fundamentos de la Resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad y me rio triste de la frase “que el Servicio Jurídico de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia, sin objeciones que oponer al progreso de la medida” mientras pienso en lo que expresó el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación respecto a que el protocolo en cuestión “criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”.

Veamos un poco, escucho a comunicadores y opinólogos invocar como si fuese un sacramento “la libertad de circulación” y, entonces, mi alma de abogada se va derechito a la Constitución Nacional, al artículo 14 que textualmente señala que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”

De nuestra propia Constitución se desprende clarito que los derechos no son absolutos, sino que se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. La primera conclusión entonces es que valida una reglamentación del ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades, como son válidas las normas de seguridad vial para transitar en el territorio argentino.

Mi almita de boga incorregible se acuerda entonces del artículo 28 de la misma Constitución, que dice: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”  Y los ojitos se me van solitos un par de líneas abajo, al artículo 33, que dice: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”

Para nuestra Constitución es válida la reglamentación de los derechos. Pero ¿en qué condiciones o con qué limites? Para responder debemos ir a ver que dicen los tratados de Derechos Humanos respecto al derecho de protesta

Sigamos. Habiendo establecido el primer marco jurídico para abordar el tema, no podemos omitir considerar que por imperio del artículo 75, inciso 22 que establece que “ Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” y da rango constitucional a una serie de tratados internacionales de Derechos Humanos que enuncia prolijamente y sobre los que dice “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.” Este artículo es el que establece la necesariedad de lo que los abogados llamamos control de convencionalidad, que es básicamente que las leyes de la Nación no solo deben ajustarse a las normas de la Constitución Nacional, sino también a las normas de los tratados internacionales que la República Argentina haya suscripto. En particular los que poseen rango constitucional

Y añado, a partir de fallos como “Arancibia Clavel”, “Mazzeo” o “Simón” ha sido la propia Corte de Justicia de la Nacion la que ha establecido que los precedentes de la Corte IDH ya no son meras guías interpretativas, sino que resultan de aplicación obligatoria para los tribunales de nuestro país.  Y, por si quedaran dudas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso  “Almonacid Arellano” (2006) estableció que los jueces y tribunales internos no solo están obligados a aplicar las normas vigentes de su ordenamiento jurídico, sino también están sometidos a las disposiciones consagradas en la CADH y a las interpretaciones que haya hecho la Corte IDH de estas disposiciones.

Verán ustedes conmigo que, para que una norma determinada sea válida, tiene que ajustarse a nuestra Constitución, a los tratados internacionales y la interpretación de dichos tratados hechas por los organismos competentes y a las leyes del Congreso de la Nación.

Volvamos al principio, entonces. Para nuestra Constitución es válida la reglamentación de los derechos. Pero ¿en qué condiciones o con qué limites? Para responder debemos ir a ver que dicen los tratados de Derechos Humanos respecto al derecho de protesta. Y dicen algunas cosas interesantes y rigurosamente omitidas por el famoso protocolo de la ministra.

Voy a enunciar algunas de esas cosas, como lo hizo mi querido colega Andrés Gil Domínguez en redes sociales. La primera de ellas es que “existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal.” Fuera de discusión, lo que se permite y protege es la protesta pacífica. La segunda explica porque se protege y la razón es que “el derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros).” Es decir, al proteger el derecho a protesta se están custodiando varios derechos. Luego, que “el ejercicio pleno del derecho a la protesta pacífica debe ser la regla general y las limitaciones a este derecho la excepción”. Esto implica que en caso de duda, la protesta se presume legítima y debe permitirse. Que “la limitación del derecho a la protesta pacífica deber ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar en la prohibición de su ejercicio” y claro que debe ser así, porque al prohibirla se estarían violentando muchos derechos involucrados. Y que, “ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta entre el derecho de tránsito y el derecho de reunión corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”. Para ser claros, la libertad de expresión es lo que llamamos una libertad sistémica de la democracia, de modo tal que si no está garantizada la libertad de expresión, no estamos frente a un “sistema” democrático.

Y en particular señalo que “la regulación del derecho a la protesta pacífica debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso” y añado yo NO de una entusiasta -en palabras de Roberto Gargarella-, pero inconstitucional resolución ministerial.

La resolución arranca mal desde el vamos, cuando en el artículo 1° establece que el protocolo de actuación se aplicará ante “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales…” Porque a priori, si el corte es parcial, muy razonable y proporcional no parecería ser necesaria la actuación policial. A esto se suma la disposición del artículo 3 que dispone que “por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación.” Verán que el protocolo se da de cabeza con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que exige la CIDH.

Ni que hablar de la posibilidad de actuación en el territorio de las provincias, supeditada a la verificación de “los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059” , lo cual implica que “el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación…” (conforme artículo 24, Ley 24.059).

Nótese la colisión de este artículo 1° con lo dispuesto con el segundo articulo del protocolo en cuanto dispone que “la intervención a la que se refiere el artículo anterior se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal competente.” Hago acá una advertencia a los gobernadores de provincias que, de no solicitar la intervención de las fuerzas federales, podrían estar incurriendo en un delito, y, para colmo ¡en flagrancia! Y por cierto, enorme factor de disuasión es declarar que se trata de un delito en flagrancia, lo cual habilita la detención del presunto delincuente sin control judicial. Pero, además de ello, y quiero resaltar especialmente: este artículo 2° criminaliza la protesta social de modo intolerable para un estado democrático. Considera a quien protesta un delincuente lisa y llanamente. Y eso está mal y más que mal, ¡es por completo ilegal, inconstitucional y viola garantías básicas!

El respeto a los derechos y garantías no nace de un repollo, sino que su reconocimiento por parte del Estado es fruto de largas luchas sociales. Me da una profunda tristeza ver que tanta lucha pretenda ser borrada por una resolución ministerial

Vamos al artículo 4° que dispone que “la acción de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ante tales situaciones delictivas, estará orientada a despejar los accesos y las vías de comunicación o de transporte, en el marco de la ley y en cumplimiento de sus fines hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulación.” Y de nuevo, se prohíbe la protesta sin diferenciar si la misma es pacifica o no. Algo que no puede hacerse, por cierto, al menos no sin vulnerar la totalidad de los derechos involucrados en el derecho de protesta.

Y si, amo fuerte el presuntamente razonable articulo 5° que dice “En los procedimientos destinados a alcanzar los objetivos previstos en el artículo anterior, los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.” Avísenle de eso a los familiares de Kosteki y Santillan…

Y alguien le avisa a la ministra -y a su deplorable servicio jurídico- que “el Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de las protestas pacíficas.” Porque claramente los artículos 6º, 7º, 8º, 10º y 11º se olvidan de eso. Derechos Humanos ¿Quién te conoce?... En particular me saca una sonrisa amarga la parte final del artículo11º donde se establece la responsabilidad patrimonial por los daños de la protesta y los gastos del operativo… Tal como paso con la toma de los colegios en la Ciudad, donde se pretendió cobrarles a los padres de los menores involucrados en las tomas. Tiembla el régimen chino ante sus muy ocultos admiradores, que están a un tris de emitir “factura por bala”, es decir cobrarte la bala con la que te fusilan.

Verán por qué digo que el protocolo es un desastre, no ha sido dictado por autoridad competente, no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos respecto a la protesta social, no es razonable ni proporcional, criminaliza la protesta y pretende prohibirla, habilitando y dando instrucciones para el uso de la fuerza policial contra ciudadanos que en muchos casos puede que no tengan otra forma de visibilizar sus problemas más que con el ejercicio del derecho a protesta.

Quisiera concluir esta columna con algo de optimismo, pero me cuesta horrores. Soy plenamente consciente de que el respeto a los derechos y garantías no nace de un repollo, sino que su reconocimiento por parte del Estado es fruto de largas luchas sociales. Me da una profunda tristeza ver que años después, tanta lucha pretenda ser borrada por una resolución ministerial. Me resulta inadmisible que permanezcamos indiferentes antes el menú de ajuste y violencia que viene a proponernos el actual gobierno. Porque gobernar es una cosa, y violar libertades y derechos es otra bien distinta. Las calles y las plazas son el espacio público por excelencia. Y los derechos, que no nacieron de un repollo, reitero, se basan en la condición humana de las personas. No hay crisis económica o social que justifique que el hombre actúe como lobo del hombre o que le niegue a sus congéneres el respeto a dichos derechos. Menos aún por resolución ministerial.

GP

El miércoles próximo será un día clave para el gobierno de Javier Milei. Se pondrá a prueba por primera vez el alcance del flamante “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich ante una multitudinaria movilización a la Plaza de Mayo que convocan organizaciones de izquierda, de derechos humanos, estudiantiles y sindicatos en memoria del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Qué escenario se verá en la calles del microcentro porteño esa jornada? A priori, habrá máxima tensión. 

La ministra de Seguridad ya avisó que se reprimirá cualquier corte o piquete en la vía pública mientras las agrupaciones esperan convocar a por lo menos unas 25 mil personas. Desde el Polo Obrero ratificaron la realización de la marcha y afirmaron su intención de que sea “pacífica” y sin buscar “entrar en la provocación del Gobierno”: “No vamos a una guerra el 20 de diciembre”, dijo el legislador Gabriel Solano a este medio.

Las últimas horas fueron frenéticas entre la Nación y la Ciudad para lograr un plan conjunto, ya que el protocolo de Bullrich alcanza a las vías públicas federales, pero deja abierta la posibilidad de dar apoyo en los territorios siempre y cuando las provincias o la Capital Federal lo demanden. Es lo que ocurriría el miércoles: se desplegarán agentes federales en puntos estratégicos para reforzar el operativo del gobierno porteño de Jorge Macri, que sólo cuenta con unos 26 mil efectivos propios.

“Cerco federal”

Como gran parte de los manifestantes que nutren los piquetes porteños provienen del conurbano bonaerense –sobre todo del llamado primer cordón–, lo que planean Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff, es que las fuerzas federales impidan el acceso a la ciudad por las vías habituales –sobre todo las que conectan el sur–, como son el puente Pueyrredón, la autopista Ricchieri y las estaciones y terminales de trenes Roca, Belgrano Sur y Sarmiento. Una especie de “cerco federal” para evitar que los manifestantes lleguen siquiera a pisar las calles porteñas. 

“Ellos van a cubrir esos accesos”, aseguraron desde el gobierno porteño sobre el accionar de la Nación. Se espera un control exhaustivo: habrá hasta requisa de los micros escolares y combis, que suelen usarse para movilizar manifestantes. Queda en el aire la contradicción de que sea el propio operativo policial el que demore o interrumpa el tránsito. También hay duda sobre cuál será el rol de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya que no trascendió aún que Axel Kicillof se adhiera al protocolo de Bullrich. elDiarioAR no tuvo respuesta a reiteradas consultas a La Plata. 

Se espera un control exhaustivo: habrá hasta requisa de los micros escolares y combis, que suelen usarse para movilizar manifestantes. Queda en el aire la contradicción de que sea el propio operativo policial el que demore o interrumpa el tránsito

La “frontera” más visible entre ambas jurisdicciones es en la avenida General Paz, que es de custodia porteña, pero la colectora del lado bonaerense depende de la Provincia. A cargo de la fuerza bonaerense ya no está Sergio Berni, sino un funcionario de menor perfil mediático: Javier Alonso, que en su primera medida cambió la jefatura de la policía.

En las estaciones de trenes –que son nacionales– habrá controles “por si hay desmanes”, apuntó una importante fuente oficial, aunque aclaró que no habrá “inteligencia” para “marcar” a los pasajeros: “En el tren no se puede hacer nada. Las personas podrán viajar normalmente”, dijo el funcionario nacional. Bullrich había advirtido que podría haber detenciones si se encuentran “palos o encapuchados”.

“Balas de goma, gases y camiones hidrantes”

El territorio capitalino estará custodiado por la policía de la Ciudad, pero ante cualquier eventualidad o necesidad de reforzar el número de agentes pedirá la asistencia de los federales –el protocolo de Bullrich involucra a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y hasta el Servicio Penitenciario Federal–. “Si necesitamos ayuda obviamente vamos a pedirle a las fuerzas federales”, recogió este medio de una de las fuentes consultadas. “No hay un efectivo por manifestante”, reconoció otro vocero porteño ante la superioridad numérica en la que se encontraría la fuerza porteña.

La policía quedó días atrás encabezada por Diego Kravetz, a la vez segundo de Wolff. Y su defensa de los agentes es cerrada. Mañana habrá un “homenaje” a agentes porteños que fueron heridos en 2017 cuando una importante manifestación impidió que el macrismo avance con su reforma previsional en el Congreso. Fue el famoso día de “las 14 toneladas de piedra”.

“Hay un número más que suficiente de agentes federales para ayudar a la Ciudad”, afirmó un encumbrado funcionario de Seguridad nacional en off a elDiarioAR. La fuente aclaró que el protocolo impide que los agentes utilicen armas de fuego letales, pero detalló los pertrechos que se podrán a disposición el miércoles para lo que sería una eventual represión: “Los agentes podrán utilizar balas de goma, gases lacrimógenos, cachiporras, camiones hidrantes; todo lo que sirva para disuadir colectivamente al piquete”, enumeró el funcionario que tiene contacto directo y permanente con Bullrich. Aclaró también que las fuerzas federales pondrán en marcha a “todas sus unidades especiales con experiencia antitumulto”, como es la Infantería. 

El protocolo de Seguridad contempla la detención de los manifestantes que estén “en flagrancia”, amparándose en el artículo 194 del Código Penal, que reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. 

“Corte una vía pública es delito. Al que corta se lo detiene y se lo pone a disposición de un juez, que eventualmente luego podría liberarlo o no”, señaló el funcionario nacional consultado. Pero más allá de su detención, el protocolo habilita a Seguridad a coaccionar contra el apresado trasladando su información personal al resto de las demás dependencias del Estado: así, por ejemplo, si es beneficiario de un plan social, el ministerio de Capital Humano podría quitárselo; si está quemando una cubierta, podría ser acusado de “contaminar el ambiente”; si es conductor de un transporte escolar pero lleva manifestantes, la secretaría de Transporte podría quitarle la licencia.

“Va a haber rocanrol”, anticiparon sobre la expectativa de la semana en el entorno de Bullrich, que se rodeó de caras conocidas en su regreso a Seguridad: como jefe de Gabinete ungió a Carlos Manfroni, con quien tiene relación de años y comparte un vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel; mientras el secretario de Seguridad –virtual viceministro– es Vicente “Tito” Ventura, del riñón de Cristian Ritondo. También nombró a Sebastián García de Luca, que fue responsable de sus fiscales durante la campaña, a cargo del relacionamiento político del ministerio, y a Martín Siracusa, un incondicional suyo, como secretario administrativo, consignó Perfil.

La marcha, del Congreso a Plaza de Mayo

La izquierda también se prepara para la movilización del miércoles, que estiman multitudinaria. En el PO esperan entre 25 mil y 50 mil personas, sobre todo por la adhesión de unas cien organizaciones luego de que Bullrich oficializara su protocolo represivo. La concentración recorrería en el horario de la tarde la traza de la avenida de Mayo, del Congreso a la Plaza de Mayo, para confluir en la Casa Rosada. Tiene el simbolismo de conmemorar a las víctimas de la feroz represión del 2001, pero también cuestionarán el ajuste económico de Milei. 

La izquierda en cada movilización pone en marcha una aceitada organización, que abarca desde el transporte de los manifestantes hasta su propia seguridad, la comida, los encargados de llevar las banderas y una lista con los participantes

Pese a su convocatoria, el bloque piquetero no contará con el apoyo de la CGT o la UTEP, el gremio de la economía popular que abarca a las organizaciones kirchneristas. “Chocar de frente no tiene ningún sentido; profundiza la estigmatización. Hoy no hay consenso para cortar la calle. Te pones en un rincón social para que la sociedad te putee. Esto pronto va a empeorar, pero ahora no hay que forzar de más el malestar”, comentó una importante dirigente del Movimiento Evita a elDiarioAR. La agrupación que conduce Emilio Pérsico sí tiene en agenda realizar pronto una gran feria popular en la Plaza de Mayo o frente al Congreso, como los conocidos “verdurazos”. El MTE de Juan Grabois –como ya es habitual– va a organizar una “celebración” de Navidad el sábado próximo frente a la Casa Rosada con cartoneros y personas en situación de calle.

Para contrarrestar el operativo de “cerco” a la Capital, los organizadores de la marcha dispondrán que haya abogados en las estaciones de trenes para evitar “detenciones arbitrarias”. También esperan que la Justicia se expida en las próximas horas avalando el derecho constitucional de la protesta. 

Eduardo “Chiquito” Belliboni, uno de los máximos referente del PO, supo detallar a elDiarioAR que para cada movilización se pone en marcha una aceitada organización para evitar cualquier incidente: abarca desde el transporte de los manifestantes –el miércoles será en tren– hasta su propia seguridad, la comida, los encargados de llevar las banderas y una lista con los participantes “para que nadie se pierda”. También hay reglas claras en sus marchas: no se puede beber alcohol, fumar ni mucho menos drogarse. Incluso hay un sistema de rondas internas de control y recomiendan no mirar a los automovilistas a la cara para evitar escenas de tensión. 

“Bullrich busca intimidarnos, tratando de que la gente no marche”, denunció a su vez Solano, que entiende que el miércoles tendrán el desafío de no “hacerle el juego” a la policía. “Nosotros tomaremos las precauciones del caso, como es estar bien organizado y evitar que entren provocadores a la manifestación”, afirmó el ex precandidato presidencial del PO y actual legislador. Y anticipó el carácter que tendría la manifestación: “La nuestra es una marcha pacífica”. 

MC/JJD

La Asociación Madres de Plaza de Mayo manifestó este sábado su repudio al protocolo sobre las protestas que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerarlo “violento, inconstitucional y fascista” y advirtió que son un conjunto de directivas que violan “las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura”.

En un comunicado titulado “Pará la mano, Milei”, la entidad repudió el protocolo anunciado por la ministra y aseguró que recuerda al “comunicado N°1 de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976”. “Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública”, expresaron las Madres.

En el documento reclamaron que “la única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso hiperinflacionario que estas han desatado” y que la resistencia popular “será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles”.

“Las Madres llevamos 2383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás!”, cierra el comunicado que también lleva la firma de las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

De esta forma, manifestaron su rechazo al protocolo “para el mantenimiento del orden público” que fue presentado el pasado jueves por Bullrich.

MB con información de agencia de noticias Télam

“Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, con esta frase terminó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich la conferencia en la que anunció un nuevo marco a la actuación de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales, que abre múltiples vías para suprimirlas y reprimirlas, a la vez que ofreció protección e incondicionalidad para los policías que tengan que rendir cuentas por su accionar. 

Así, Bullrich busca dar por cerrado un ciclo en el que la violencia de la respuesta estatal a las protestas sociales se transformó en un problema político central, luego de muchos asesinatos de manifestantes en los 90, y una escalada represiva que tuvo momentos máximos el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el 26 de junio de 2002, con los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Estas represiones quedaron directamente vinculadas con el final abrupto del gobierno de la Alianza en 2001 y el acortamiento del mandato interino de Eduardo Duhalde. El asesinato de manifestantes había marcado también el final de una serie de gobernaciones durante los noventa, por lo que la clase política tomó nota de que este era un escenario que se debía prevenir por aspectos éticos, sociales y políticos.

 A partir de 2002, se intensificaron los debates acerca de qué debe y qué no puede hacer el Estado en los diferentes formatos de protesta: intervenir, dejar hacer, “reprimir sin sangre”, saturar, negociar. El llamado principio de no-represión tuvo variaciones. Pueden, sin embargo, reconocerse algunas constantes: la prohibición de portar armas letales y la habilitación de canales de negociación, como mínimo para acordar los tiempos y formas de la protesta y en los mejores para tratar los reclamos y demandas. No matar y dialogar.

La orden de Néstor Kirchner de prohibir la portación de armas de fuego en 2004 fue, sin dudas, un hito fundacional de enorme valor operativo y simbólico. Construir regulaciones para intervenciones estatales respetuosas de los derechos humanos en el marco de manifestaciones públicas fue un largo proceso que incluyó varias regulaciones internas de las fuerzas de seguridad y que atravesó gestiones e involucró incontables intercambios entre movimientos sociales, organismos de derechos humanos, funcionarios de seguridad, policías federales, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria y la participación de sindicatos, en un sostenido proceso multisectorial. En este marco, entre 2003 y 2009, no se registraron casos de manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad federales. En 2007, el homicidio de Carlos Fuentealba, docente y activista sindical asesinado en una manifestación por la policía de la provincia de Neuquén, fue un caso que mostró la extrema disparidad de la violencia utilizada en esos años entre el gobierno nacional y algunas provincias. El período de mayor cantidad de protestas en democracia fue el que tuvo un menor nivel de confrontación y violencia en las calles y rutas.

En 2010, “la política de no represión” mostró serias inconsistencias políticas, especialmente frente a conflictos con otros actores, contextos y lógicas. La represión se dirigió contra pueblos originarios, grupos que demandaban vivienda y protestas sindicales. En 2010 hubo diferentes operativos de extrema violencia y homicidios, como la represión contra las comunidades Qom en Formosa y la toma del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires. Ese año, el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra por parte de una patota sindical en presencia y con la protección de la Policía Federal también expuso el desgaste que había alcanzado esta política.

Esta puesta en crisis de la política de no represión fue el marco en el que se creó el Ministerio de Seguridad de la Nación (hasta entonces, era una secretaría del Ministerio del Interior) que tomó la actuación policial en las protestas sociales como una cuestión central. En la resolución 210/2011, más conocida como “los 21 puntos” el ministerio sistematizó y mejoró las regulaciones que se venían debatiendo desde 2002. Se nutrió del análisis de las causas en las que se investigaban represiones, de sus peritajes, del diálogo con los jefes de las unidades policiales y de gendarmería con experiencia de trabajo ante multitudes, de la experiencia internacional, de principios de regulación del uso de la fuerza. No era un marco idealista, sino un producto concreto del análisis situacional en el marco de una elaboración multisectorial. Establecía pautas para el uso de la fuerza, para la negociación, sobre las responsabilidades operativas y de control; consideraba la integridad de los manifestantes, efectivos policiales y terceros; regulaciones muy estrictas respecto de armas de fuego, munición letal y pistola lanza gases, así como sobre los agresivos químicos y municiones anti tumulto; establecía la obligación de identificación de agentes y vehículos, y disponía garantías para la actividad periodística y el registro de imágenes.

El desgaste de este abordaje se arrastra al menos hace 10 años ya. A pesar de algunos intentos y proyectos, nunca logramos una ley de no represión. La implementación de los criterios fue dispar y se fue debilitando desde entonces, con enorme intensidad durante el gobierno de Cambiemos.

El 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado desapareció luego de un operativo represivo completamente ilegal en el que la Gendarmería respondió a la orden de avanzar contra los manifestantes a como diera lugar: ingresó en el territorio habitado por la Pu Lof, persiguió a quienes cortaban la ruta, quemó las pertenencias de las familias, las amenazó. Setenta y siete días después, Santiago fue encontrado muerto en el río Chubut. Las responsabilidades por el operativo violento en el marco del cual Santiago Maldonado perdió la vida quedaron en segundo plano. El 25 de noviembre de ese mismo año, la Prefectura Nacional participó de un operativo con otras fuerzas federales, para reprimir la resistencia a un desalojo en tierras cercanas al Lago Mascardi. Dispararon armas de fuego y Rafael Nahuel fue asesinado por el impacto de esos disparos.

En agosto de este año, el militante y fotorreportero Facundo Molares murió como consecuencia de la represión de la policía de la Ciudad a una manifestación en el Obelisco. Estaba en la explanada de la Plaza de la República, los policías comenzaron a golpearlo junto a otros manifestantes, los aprisionaron contra el suelo. Molares se descompuso, no recibió asistencia aunque otros lo pidieron a gritos y murió. Sin embargo, este hecho ocurrido en el punto neurálgico del país fue ignorado como noticia en general y como muerte en una represión, en particular.

Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política. Las campañas de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza colocaron a la circulación como un derecho absoluto que no admite restricciones y es incompatible con el orden que proponen. Ayer Bullrich habilitó la represión, garantizó cobertura a los policías, amenazó a las organizaciones. La derogación de la resolución 210 de 2011 termina de arrasar el principio de no represión. Quita una ficha fundamental en un jenga ya muy fragilizado.

Marcela Perelman es Directora del Área de Investigación del CELS

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió hoy que las organizaciones sociales que se movilicen el próximo miércoles 20 en la ciudad de Buenos Aires lo tendrán que hacer “por la vereda”, dijo que en el ámbito porteño “se va a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas” y afirmó que el protocolo de orden público anunciado ayer está en “vigencia en todas las áreas federales del país”.

“El nuevo protocolo está en vigencia en todas las áreas federales del país, es un protocolo que instruye a las fuerzas federales a hacerse cargo de garantizar el orden público y lograr que tanto piquetes como bloqueos se terminen”, afirmó Bullrich esta mañana en declaraciones a Radio Rivadavia.

En esta línea, la ministra indicó que quienes participen de la movilización prevista para el próximo miércoles -en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- deberán hacerlo “por la vereda” y remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires “van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas”.

“Tienen toda la posibilidad de hacer la marcha del 20 de diciembre, la tienen que hacer por la vereda. Las fuerzas federales van a estar en los lugares federales, y la Ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir el protocolo, como lo dijo (el ministro de Seguridad porteño) Waldo Wolf, que van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas”.

Para Bullrich, la jornada del miércoles “va a ser una prueba de trabajo” y sostuvo: “Queremos que haya una convivencia y nada se va a conseguir marchando. Las cosas se van a conseguir por otras vías”.

Al ser consultada sobre cuáles serían los mecanismos utilizados para frenar la protesta social, Bullrich indicó que “no van a dar información del operativo”.

“No queremos que se discuta públicamente el operativo, está bajo planificación y nuestro objetivo es que sea contundente”, aseveró la ministra. Además, informó que conversará con los 24 ministros de Seguridad del resto de las provincias para que “las policías provinciales estén en la misma línea y logremos una paz para los argentinos”.

En cuanto a los planes sociales, ratificó que “el que corta y tiene un plan no cobra” e insistió: “Vamos a actuar para que se erradique al piquete como forma de marcha o extorsión”.

Bullrich aseguró que espera trabajar en conjunto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y dijo que, entre sus propuestas, están analizando “modificar el código de menores, el régimen penal juvenil” y anticipó que impulsará “la reforma en el mes de enero”

Finalmente, ante una consulta, la ministra aseguró que viene “muy bien” su relación con el presidente Milei y también con el expresidente Mauricio Macri. “Para mi esta bien (la relación con Macri), no estoy enojada con él, ¿porqué me voy a enojar?”, concluyó.

MM

Información de Agencia Télam

Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara el nuevo protocolo oficial para reprimir las manifestaciones callejeras, dirigentes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza salieron a respaldarla, mientras que líderes de la oposición rechazaron la iniciativa por considerarla “ilegal”. En este marco, el diputado nacional liberal José Luis Espert amenazó con “cárcel o bala” a los dirigentes de izquierda que manifestaron su repudio al nuevo “protocolo para el orden público”.

“Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”, escribió en X (ex Twitter), la diputada nacional y excandidata presidencial, Myriam Bregman.

Espert compartió el tweet de Bregman y escribió: “cárcel o bala”. Se explayó más en sus agravios a la hora de dirigirse al legislador Nicolás del Caño luego de que defendiera a su excompañera de fórmula. “Esta cobarde amenaza de Espert hacia mi compañera Myriam Bregman es gravísima. Todxs aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo”, había expresado del Caño. “Para vos también parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley”, sentenció.

Espert también cruzó a la dirigente del Partido Obrero, Romina Del Plá, por sus dichos: “Repudio total a este nuevo intento de acallar la protesta social, en med (sic) de plan de guerra contra el pueblo. Si no fuera tan grave el tema, José Luis Espert te recordaría que habiendo un nuevo gobierno de ultraderecha, no sos ni aguatero suplente”, publicó en redes la diputada. El legislador de Avanza Libertad contestó: “Che cacatúa ensamblada en La Salada, ¿quién te abrió la jaula a vos?”.

Por los sucesivos agravios, Bregman sostuvo en X que los dichos de su opositor son “graves y peligrosos” por lo que realizará una denuncia judicial correspondiente. Espert no se mostró en lo absoluto intimidado: “A todos ustedes, delincuentes, ya les gané 6 denuncias de 6 que me hicieron. Sigan participando ladris”, remató.

ACM

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la presentación del “Protocolo para el orden público” que autoriza la intervención de las fuerzas federales de Seguridad para dispersar piquetes que bloqueen la vía pública. “Vamos a garantizar el orden en el espacio público”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

“En nuestra Ciudad todos merecen movilizarse y circular en libertad. Desde el Gobierno de la Ciudad celebramos las medidas anunciadas por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y trabajaremos en forma conjunta para que se cumplan”, agregó.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, también apoyó a la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio. “Nosotros celebramos que hay una concepción de trabajo mancomunado con el gobierno nacional para que no se viole la ley”, afirmó el funcionario porteño en el canal Todo Noticias.

La protesta social había sido uno de los ejes centrales de la campaña de Jorge Macri en los últimos comicios. Puso el foco, fundamentalmente, en la importancia de terminar con las marchas con menores de edad dado que “el derecho a protestar es un derecho de adultos”. Esta noche, Wolff ratificó esa decisión. “Vamos a utilizar todos los instrumentos que nos da la ley para ir contra las organizaciones que lleven niños”, expresó.

“Es con la ley y es con el orden”, concluyó.

ACM

El Partido Obrero y su brazo social, el Polo Obrero, cruzaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su protocolo antipiquetes: “Su propuesta es una amenaza ilegal”, aseguró el líder de Izquierda, Gabriel Solano durante la conferencia de prensa de la que también participaron la excandidata a jefa de gobierno porteño, Vanina Biasi, y el dirigente Eduardo Belliboni.

El legislador porteño planteó que el derecho a la protesta está avalado por la Constitución Nacional por lo que la medida del gobierno de Javier Milei es un “atropello” a la legislación vigente. En este sentido, los dirigentes allí presentes coincidieron en que las únicas maneras en que se podrían limitar las manifestaciones populares es reformar la Constitución o declarar el estado de sitio, pero advirtieron sobre los riesgos que supone esta última alternativa con la memoria del gestión de De La Rúa en 2001.

Solano, además, cuestionó las medidas de ajuste anunciadas este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las calificó de “plan de guerra contra el pueblo”. En este marco, denunció despidos masivos en la administración pública y reclamó contra los “tarifazos” y la eliminación de la actual fórmula de movilidad jubilatoria para reemplazarla por incrementos pautados discrecionalmente del presidente de la Nación. “Dar aumentos por decreto del gobierno de la motosierra es suicida”, sentenció.

Y agregó: “Cuando hay semejante agresión, es inevitable la protesta social” porque “lo peor que podemos tener es un pueblo muerto”. En esta misma línea se expresó el dirigente social, Eduardo Belliboni. “Tenemos amenazas después de que anunciaran un plan de guerra contra los trabajadores”, indicó antes de ratificar que no hay manera de impedir las próximas movilizaciones.

Durante la conferencia, también confirmaron que se llevará adelante la manifestación prevista para los días 19 y 20 de diciembre en rechazo a las políticas de estabilización del gobierno libertario.

Esta tarde, Patricia Bullrich autorizó la intervención de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal frente a manifestaciones y piquetes que bloqueen de manera total o parcial la circulación. “No vamos a tener en cuenta la existencia de otras vías alternativas al tránsito o la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, que se permite que esa vía siga cortada”, explicó y agregó: “Para llevar a cabo esas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”.

El presidente de la Nación ya había adelantado la tolerancia cero con los piquetes en su administración durante el discurso que brindó en la escalinatas del Congreso el día de su asunción. “El que corta, no cobra”, había sentenciado en aquella oportunidad frente a la multitud que se había acercado al Palacio Legislativo para brindarle su apoyo.

Antes de la conferencia de prensa, el diputado porteño y dirigente del PO Gabriel Solano anticipó la postura en X: “Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución”.

Otras organizaciones también cruzaron a Bullrich por las medidas antipiquetes

Además del Partido Obrero, esta tarde, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie también repudió el “Protocolo para el orden público” presentado por Bullrich y comparó la iniciativa del gobierno de Milei con las dictaduras del siglo XX.

“Vemos como el plan económico de Milei y Caputo se va asemejando a aquel de Krieger Vasena. Recordamos una de las claves por la cual pudieron avanzar en su momento con esa implementación: estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática”, denunció.

Al igual que Solano y Belliboni, el ex funcionario de Alberto Fernández cuestionó el plan de ajuste de Caputo, el cual, consideró, tiene un carácter “criminal” porque generará una “enorme licuación de ingresos”. “Con el paquete de medidas económicas tomaron la decisión de afectar a más de veinte millones de argentinos y argentinas llevándolos a la miseria. Ya ni siquiera estamos discutiendo si se va a poder conseguir alquiler sino que prácticamente un sector importante de nuestro país va a tener problemas para comer. Acá la sociedad no lo va a tolerar”, agregó Menéndez.

Según indicó, el gobierno de Milei busca “con el poder de la represión hacer que la sociedad a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable”, una situación que es insostenible en democracia.

ACM/JJD

“Sepan que la calle no se corta. Si se toma la calle, va a haber consecuencias”. Con esa advertencia, Patricia Bullrich anunció este jueves por la tarde desde el Ministerio de Seguridad la política de mano dura, represión y criminalización de la protesta social que tendrá el gobierno de Javier Milei. La medida parece complementaria al fuerte ajuste económico que lanzó Luis Caputo el martes pasado. 

Con el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, la gestión libertaria habilitará a las fuerzas de seguridad nacionales a impedir cualquier intento de piquete en la vía pública. Alcanza a las jurisdicciones federales –por ejemplo autopistas y rutas nacionales–, pero el Gobierno trabajará en coordinación con las provincias para que también se aplique en sus territorios. 

De hecho, luego de su conferencia, Bullrich tenía en agenda recibir a su par de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, para “coordinar” un operativo conjunto ante la jornada de piquete del 20 de diciembre próximo. Organizaciones sociales opositoras harán una movilización por el microcentro porteño en coincidencia al estallido del 2001. En aquella oportunidad la combinación de ajuste económico –se había impuesto el “corralito”– y represión policial terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. El saldo había sido trágico: casi 40 personas murieron en todo el país.

La decisión de aplicar tal protocolo no tiene precedentes en estos 40 años de democracia y podría chocar de frente con el derecho a huelga contemplado en la Constitución Nacional y amparado en tratados internacionales. La izquierda, que organiza la movilización de la semana próxima, hizo un enérgico repudio al protocolo. “Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución”, cuestionó Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero, en una conferencia junto a Eduardo “Chiquito” Belliboni, máximo referente del PO.

El protocolo represivo

El protocolo de Bullrich contempla desde penas para los manifestantes que corten calles –detención a las personas y multas administrativas a las organizaciones que estén detrás– hasta operativos de inteligencia en la previa a cada corte.

“Si hay un delito en flagrancia, las fuerzas van a poder intervenir”, anunció la ministra al detallar punto a punto su política. “Se va a trabajar en las estaciones de tren para detener a aquellas personas que vayan con algún tipo de material como palos, con caras tapadas o distintas formas de participar en manifestaciones”, anticipó.

La política alcanza a la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval, y llamativamente incorpora al Servicio Penitenciario Federal, dedicado a la custodia de las cárceles. La ministra evitó mencionar la palabra “represión” ante una consulta de elDiarioAR luego de la conferencia, pero antes había afirmado: “Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, y será graduada en proporción a la resistencia”, apuntó. Solo respondió cuatro preguntas de la prensa que participó en su anuncio.

En su exposición Bullrich dejó una frase polémica: “No se actúa de la misma manera frente a niños, embarazadas y ancianos. No queremos que usen a los niños como escudos. Habrá consecuencias fuertes”. En muchos de los piquetes de las organizaciones de izquierda, en reclamo de mejoras en los planes sociales y de alimentos para los comedores populares, participan mujeres con sus hijos y hasta familias enteras: “Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos. Habrá consecuencias para aquellos que vayan con niños. El primer responsable del niño es quien lo lleva”, abundó la ministra.

No se actúa de la misma manera frente a niños, embarazadas y ancianos. No queremos que usen a los niños como escudos. Habrá consecuencias fuertes

Patricia Bullrich

Bullrich dijo también que su protocolo contempla un afinado operativo para “marcar” a los manifestantes. Adelantó que serán “identificados” los instigadores de los piquetes, también los vehículos en los que se movilicen los manifestantes que puedan estar cometiendo infracciones de tránsito –serán “incautados”– y las organizaciones sociales que estén participando.

“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a los individuos u organizaciones implicados”, remarcó la ministra. “Se les va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental”, agregó, con un ejemplo llamativo: “La quema de cubiertas genera una situación muy dañina al ambiente”.

La política de criminalización de la protesta social alcanzará también a los extranjeros que puedan estar manifestántandose. Dijo que si son detenidos, su información será remitida a Migraciones.

“El corte se termina”, reiteró Bullrich en otro pasaje de su conferencia. Avisó que las manifestaciones podrían ocupar sólo las veredas, como fue la de Raúl Castells el martes pasado, que intentó realizar un piquete próximo a la Casa Rosada pero su columna quedó acorralada por la policía porteña. Fue la primera manifestación de la era Milei. 

Bullrich buscará que hasta la provincia de Buenos Aires, gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof, adopte el protocolo. Su línea de comunicación es el flamante ministro de Seguridad bonaerense, José Alonso, que reemplazó a Sergio Berni. La idea de la ministra es que, por ejemplo para la manifestación del miércoles próximo, la Provincia controle los accesos a la Capital Federal y las estaciones de trenes. 

“Si no actúan ellos, lo vamos a hacer nosotros. Este no es un problema de ideología, sino de orden y paz”, ratificó Bullrich, que incluso dejó trascender que podría hasta denunciar a las fuerzas provinciales. “Seguro habrá fuerzas que no querrán actuar. Veremos qué consecuencias hay porque no actúan frente a un delito” en flagrancia, dijo Bullrich. También adelantó que buscará que el protocolo se constituya en ley votada por el Congreso.

“Sin orden no hay libertad”, se justificó la ministra. Dejó en claro que las movilizaciones “autorizadas” estarán permitidas y no sufrirán las consecuencias de la mano dura antipiquetes. Y cerró: “No vamos a cortar la manifestación de Luján”.

MM/JJD

La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo hoy que espera que la CGT sea “lo suficientemente prudente para esperar que se tomen las medidas y no adelantarse” con protestas, luego de que ayer la central obrera asegurara que “no se quedará de brazos cruzados” tras los anuncios económicos realizados esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“El gobierno es un gobierno de cuatro días así que la CGT espero que sea lo suficiente prudente para esperar que se tomen las medidas y además no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o de conflictividad social sobre algo que todavía no se explicitó en los hechos”, dijo Villarruel en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno tras la reunión de gabinete.

Ayer, el consejo directivo de la CGT aseguró que las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei “no ajustan a la denominada casta, como prometió en la campaña, sino que recaen en el pueblo” y “dinamitarán el poder adquisitivo salarial y jubilatorio”, por lo que adelantó que el movimiento obrero “no se quedará de brazos cruzados”.

“La sociedad argentina no está ante un plan económico sino ante medidas desordenadas de ajuste”, sostuvo la central obrera en un encuentro de urgencia convocado ayer ante las medidas y anuncios de Caputo.

Al justificar las medidas económicas, la Vicepresidenta afirmó hoy que se está “arrastrando una herencia sumamente dura” y señaló que son “20 años de una situación profundamente difícil para el pueblo argentino”, al tiempo que advirtió que “magia no podemos hacer en cuatro días”.

“Son 20 años de una situación que ha sido profundamente difícil para el pueblo argentino así que no sé qué otra herencia esperaban que recibiéramos. Magia no podemos hacer en cuatro días”, dijo Villarruel, en declaraciones en la Casa Rosada.

Y agregó: “Estamos arrastrando una herencia sumamente dura y es lo usual para cualquier gobierno que recibe una herencia como la que estamos recibiendo nosotros, que son 16 años de desmadre, así que es lógico que eso impacte y los cuatro años del macrismo”.

En cuanto a la reunión de gabinete, dijo que “se habló de salud, del tema seguridad y de lo que ocurrió ayer en el Senado que se les pasó un informe”.

Ayer, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo en el Senado el respaldo de la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción del Frente de Todos (FdT) que denunció como inconstitucional la sesión especial, para quedarse con la Presidencia Provisional de la Cámara alta, así como con las secretarías Parlamentaria y Administrativa y la mayoría de los lugares en las 46 comisiones que conforman el cuerpo.

“Estamos muy contentos de que el Senado se ponga en funcionamiento y que por supuesto todos los espacios políticos hayan ayudado para que podamos normalizar la casa. Sin secretario parlamentario, sin secretario administrativo, sin presidente provisional no se podía funcionar”, apuntó Villarruel.

En tanto, anticipó que “la semana que viene nos harían llegar obviamente las leyes que tenemos que tratar tanto dentro del espacio como en el Senado, en nuestro caso, así que hoy simplemente nos pusimos al tanto de diferentes áreas”.

Finalmente, ante una consulta de Télam sobre la posible eliminación de las elecciones primarias, la Vicepresidenta sostuvo: “Vamos a trabajar en eso también” y ante la pregunta si las van a impulsar, manifestó: “Si, si, por supuesto”.

MM

Con información de Agencia Télam