En un claro de la selva amazónica brasileña, un gángster venezolano con cicatrices de bala fuma marihuana colombiana.

“Todo el mundo sabe que esta vida sólo conduce a dos cosas: a la cárcel o a la muerte”, dice el narcotraficante mientras relata sus quince años de trayectoria delictiva, desde adolescente contrabandista de ron hasta miembro de uno de los grupos de delincuencia organizada más temibles del mundo.

Mientras sus colegas se mezclan bajo el árbol de guama donde venden crack, cocaína y hierba, el hombre proclama el lema de su facción.

“Todos para uno y uno para todos. Juntos venceremos”, dice en una mezcla fronteriza de español y portugués. “¡Quince, tres, tres!”

“Quince, tres, tres” es el nombre en clave alfabético del principal sindicato del crimen de Brasil, el Primer Comando Capital (PCC), fundado hace tres décadas en una cárcel de San Pablo. Pero el traficante venezolano da su discurso en las afueras rurales de una ciudad del Amazonas, a más de 3.000 kilómetros de la penitenciaría donde nació el PCC.

“Predican la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la unión para todos”, dice el venezolano sobre la facción en la que fue “bautizado” una década atrás, tras huir por la frontera para escapar de ser asesinado.

Durante gran parte de sus treinta años de existencia, el PCC ha sido considerado una fraternidad carcelaria, que reclutaba a “hermanos” encarcelados como el venezolano ofreciéndoles protección dentro de las violentas y abarrotadas prisiones brasileñas. Creada en agosto de 1993, se convirtió en la facción criminal más temida de Brasil, conquistando mercados de droga, rutas de contrabando, barrios marginales y prisiones de todo el país, incluidos los rincones más remotos de la Amazonia. También se convirtió en un actor importante en otros países sudamericanos, como el vecino Paraguay, donde se le atribuyen multimillonarios robos a mano armada, atentados con explosivos y asesinatos selectivos.

Pero en los últimos cinco años, los investigadores afirman que el PCC —al que Estados Unidos califica ahora como uno de los grupos de delincuencia organizada más poderosos del mundo— se ha transformado en una fuerza aún más formidable tras forjar lucrativas alianzas con socios que van desde productores de cocaína bolivianos hasta mafiosos italianos. En la actualidad, el grupo cuenta con decenas de miles de miembros y una cartera de intereses cada vez mayor, que incluye minas de oro ilegales en el Amazonas. Controla una de las rutas de tráfico más importantes de Sudamérica, que une Bolivia y Brasil con Europa y África, y es en parte responsable de un tsunami de cocaína que ha provocado atentados con coche bomba, asesinatos y tiroteos en partes de Europa.

“Si alguien consume cocaína en Francia, Inglaterra o España, es muy probable que haya llegado allí a través del PCC”, afirma Lincoln Gakiya, fiscal del GAECO, el grupo de lucha contra el crimen organizado de San Pablo, que calcula que el grupo obtiene US$ 1.000 millones al año, casi en su totalidad del tráfico internacional.

La historia de la mutación del PCC de banda carcelaria regional a behemoth mafioso comienza a principios de los años ‘90 en el estado de San Pablo, entonces hogar de unos 50.000 presos sometidos a condiciones infrahumanas en cárceles de condiciones muy precarias.

“La cárcel era una pesadilla hobbesiana”, afirma Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, en referencia al filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes, que consideraba que los seres humanos perseguían implacablemente su propio interés. Lessing, cuyo próximo libro, Criminal Leviathans, trata sobre el PCC, añadió: “Peleas, asesinatos y violaciones de todos contra todos. Era una situación infernal”.

Ese infierno oculto acaparó la atención mundial en 1992, cuando 111 reclusos murieron después de que la policía irrumpiera en la mayor prisión de San Pablo, Carandiru, para sofocar un motín. Algunas víctimas murieron por disparos; otras fueron fueron mutiladas por perros policía. Los supervivientes se escondieron bajo los cadáveres de sus compañeros de celda mientras la policía clavaba bayonetas en los cuerpos para asegurarse de que estuvieran muertos.

Diez meses después, los presos de otra cárcel de San Pablo, Taubaté, formaron una asociación criminal con la esperanza de que les protegiera de un derramamiento de sangre similar. “El PCC se fundó porque no había ningún lugar al que huir”, declaró posteriormente el actual líder del grupo, Marcos Willians Herbas Camacho.

Lessing dijo que la idea del PCC era tomar con mano de hierro el control de Taubaté y otras prisiones para proteger los derechos de los reclusos y sus propios intereses delictivos.

“Empiezan en esta situación de pesadilla y reúnen suficiente poder para someter a todos los rivales. Se convierten en una especie de leviatán, toman el poder y luego instauran una especie de orden social, una paz, que hace que todo el mundo esté mejor”.

“Por supuesto, a algunos no les gusta”, añade Lessing. “Pero el preso medio está contento de ser gobernado, igual que el ciudadano medio está contento de que haya un Estado”.

Control y ofensiva

Durante la década de 1990, el PCC estrechó su control sobre el sistema penitenciario de San Pablo, pero pasó desapercibido hasta que miles de guardias y visitantes fueron capturados durante un alzamiento masivo en 2001. Cinco años más tarde, el grupo volvió a acaparar los titulares al paralizar prácticamente San Pablo con una oleada de ataques coordinados contra la policía que causaron centenares de muertos.

Gakiya, que por aquel entonces estaba empezando su carrera como fiscal antimafia, afirmó que la ofensiva del PCC encontró a las autoridades totalmente desprevenidas. “No teníamos ni idea de quién nos estaba atacando ni de cuántos eran”, admitió Gakiya. “Estábamos a oscuras”.

Casi dos décadas después, el poder del PCC es clarísimo. “El PCC se ha convertido en un cártel sudamericano”, afirma Marcio Sérgio Christino, fiscal y escritor, uno de los mayores expertos brasileños en sus actividades.

Tras haber dominado gran parte del mercado nacional de drogas de Brasil —y haber establecido un monopolio sobre la escena criminal de San Pablo—, Gakiya dijo que el PCC comenzó a mirar hacia el extranjero a finales de 2016. Se cerraron acuerdos con el grupo mafioso más poderoso de Italia, la 'Ndrangheta, así como con mafias serbias y albanesas, y el PCC comenzó a enviar toneladas de cocaína desde puertos brasileños a Europa.

“Compran [la cocaína en Bolivia y Perú] por entre US$ 1.200 y US$ 1.800 el kilo y la venden [en Europa] por una media de € 35.000. En Francia este año alcanzó los € 80.000. Esto genera unos beneficios extraordinarios”, afirma Gakiya.

Christino atribuyó gran parte del éxito del PCC a su carismático líder, Marcola, un antiguo chico de la calle y asaltante de bancos que se hizo con el poder a principios de la década de 2000, durante una mortífera lucha por el poder en la que participaron los dos fundadores de la organización, Cesinha y Geleião.

“Es un tipo muy inteligente”, afirma Christino sobre Marcola, un “ávido lector” entre cuyas preferencias literarias se encuentran Tom Clancy, Sun Tzu y Machado de Assis. Cuando se le pidió que nombrara a sus cinco escritores favoritos mientras prestaba declaración en 2006, Marcola citó a Friedrich Nietzsche, San Agustín, Victor Hugo y Voltaire, y afirmó haber leído la Biblia cinco veces.

Un informe de un psicólogo de la prisión calificó al jefe del PCC de “hombre lúcido, decidido, audaz y valiente, que habría disfrutado de un gran éxito profesional si hubiera tenido la oportunidad”.

Marcola, de 55 años, que cumple una condena de 342 años de prisión por asesinato, robo y tráfico de drogas, tampoco es un hombre con el que se pueda cruzar. A finales de 2018, Gakiya decidió trasladarlo a una prisión federal de máxima seguridad, tras el descubrimiento de un audaz complot multimillonario para liberarlo con la ayuda de mercenarios extranjeros, helicópteros y cañones antiaéreos. “Sabía que podría cambiar mi vida, pero también me di cuenta de que era necesario hacerlo”, declaró el fiscal, admitiendo que no consultó primero con su familia.

Gakiya no era ajeno a las amenazas de muerte, pero el traslado de Marcola alteró radicalmente su vida. Los dirigentes del PCC emitieron un “decreto” pidiendo el asesinato del fiscal, condenando a Gakiya a una existencia recluida que comparó con la vida de Giovanni Falcone, el cruzado antimafia asesinado en 1992. “Espero, por supuesto, no compartir el mismo destino que Falcone”, añadió Gakiya, un amante del rock que recibe protección las 24 horas del día y que no se ha sentido lo suficientemente seguro como para asistir a un concierto en directo desde que vio la gira Joshua Tree de U2 en 2017.

Otra persona cuyo destino Gakiya espera evitar es Marcelo Pecci, un fiscal antimafia paraguayo que fue asesinado por sicarios en motos acuáticas el año pasado mientras estaba de luna de miel en una playa del Caribe. “No fue obra del PCC, sino del crimen organizado, y eso demuestra que pueden encontrarte fácilmente, igual que yo puedo encontrarlos a ellos”, dijo Gakiya, que conocía a la víctima y no ha estado de vacaciones desde hace cinco años.

“Mi gran preocupación es el futuro. ¿Cómo será mi futuro cuando me jubile? ¿Tendré que exiliarme fuera de Brasil para estar seguro?”, se preguntó.

El traficante venezolano expresa una incertidumbre similar sobre su futuro mientras está sentado en su guarida al aire libre describiendo el complejo proceso de bautismo del PCC, que le exigía proporcionar a los superiores una serie de “referencias” y seis “padrinos”.

Una vez admitido, “sólo hay una salida: la Gracia de Dios”, dijo, refiriéndose a los predicadores del hampa que a veces rescatan a los miembros que buscan un nuevo comienzo.

El venezolano se mostró orgulloso de ser “hermano” del PCC, un estatus que le salvó el pellejo durante una purga entre facciones rivales en su antigua prisión. “Fue un día terrible”, dijo sobre la matanza. “Había corazones y cabezas por el suelo (...) tipos corriendo con cuchillos y machetes. Fue una auténtica locura”.

Preguntado por sus sueños, el venezolano expresa su deseo de visitar San Pablo, no para peregrinar a la cuna del PCC, sino para ver una vasta réplica del Primer Templo de Jerusalén construida por una megaiglesia pentecostal.

“Si he sobrevivido tanto tiempo, es por algo”, dice, describiendo sus tres roces con la muerte. “Soy un milagro”.

Traducción de Santiago Armando

Más de 106.000 personas se cruzaron con el anuncio, publicado el pasado dos de octubre. “La mejor coka de Barcelona, pago después de envío, solo en metálico”. La publicidad aparece en Facebook y también en Instagram, plataformas en las que se cuelan estos anuncios para que su reclamo se muestre en las pantallas de los usuarios. 

El enlace lleva a un grupo de Telegram en el que es posible comprar cualquier droga ilegal: pastillas de éxtasis, ketamina, anfetamina, viagra, LSD, mefedrona… También se pueden adquirir ahí medicamentos contra la disfunción eréctil como Viagra o Cialis. 

Tras clicar en el anuncio de Facebook, las sustancias se piden por la app de mensajería y un repartidor las lleva a domicilio en un servicio que funciona las 24 horas del día. Los traficantes muestran en el canal imágenes de todas las drogas ofertadas, recuerdan que hablan todos los idiomas y regalan una pastilla de éxtasis con cada pedido. También hay rebajas de precio en función de la cantidad de droga que se compre. 

El anuncio fue desactivado dos días después de que elDiario.es preguntara a Facebook por él. Apenas 72 horas más tarde, no obstante, la misma publicidad volvía a estar activa en Instagram impulsada desde otra cuenta.

Estos anuncios pagado por traficantes no son una excepción. Las redes sociales de Meta (la empresa matriz que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp) están llenas de publicidad de sustancias prohibidas, sujetas a regulación especial o productos de inversión fraudulentos, según ha podido comprobar elDiario.es, en un mercado negro del que la compañía se lucra directamente al cobrar a sus anunciantes. 

Las políticas de comercio de Meta son claras: no se pueden poner anuncios de medicamentos con recetas o drogas ilegales o para uso recreativo. Tampoco se puede vender tabaco o productos relacionados ni complementos alimenticios no seguros, entre otras restricciones.

La compañía, de hecho, asegura que los anuncios publicados en Facebook pasan por un “proceso de revisión” en el que se verifica que cumplen las normas publicitarias. “El proceso de revisión se inicia de forma automática antes de que los anuncios se publiquen y suele completarse en 24 horas, aunque podría tardar más en algunos casos”, sostiene la empresa en su página web. 

En la práctica, sin embargo, miles de anuncios que no cumplen con la normativa acaban publicados en la plataforma, sin que la empresa los haya filtrado previa o posteriormente a su publicación. 

La mayoría de ellos son de medicamentos para adelgazar o contra la disfunción eréctil que solo pueden comprarse con receta en las farmacias, pero también es posible encontrar drogas ilegales, productos de contrabando y anuncios de estafas piramidales. 

El MIT Technology Review detectó en junio de 2022 que la plataforma también “bombardeaba” a los pacientes de cáncer con anuncios de tratamientos supuestamente milagrosos que no contaban con ningún respaldo científico. 

La publicación Consumer Reports, por su parte, identificó en septiembre de 2022 que los vendedores de suplementos alimenticios ilegales utilizaban la publicidad en la plataforma para mostrar falsos tratamientos contra la diabetes en los feeds de personas que sufrían la enfermedad.

No resulta sencillo determinar cuánto percibe Meta por estos anuncios ilegales. La empresa no ha querido aclararlo y los factores que determinan el precio de la publicidad varían en función del anunciante, del país, la fecha, la ubicación del anuncio y de otros elementos.

Desde Meta aseguran que dedican “importantes recursos” a atajar el problema y admiten que su sistema, altamente automatizado, puede tener grietas. Insisten, no obstante, en que siguen invirtiendo en nuevas tecnologías y métodos para proteger a los usuarios de la plataforma. 

También Facebook Marketplace, una especie de Wallapop o Ebay dentro de esta red social, cuenta con miles de anuncios de sustancias prohibidas: drogas, medicamentos sin receta ni control médico o productos de contrabando. En este caso, sin embargo, Meta no se lucra directamente de la publicación de estas ofertas.

A través de estos de Facebook es sencillo comprar tabaco de contrabando. Las ofertas aparecen en la plataforma y, una vez contactado el vendedor, este facilita al potencial cliente un número de teléfono para continuar la conversación por WhatsApp.

Rápidamente se pueden comprar hasta 10 kilos de tabaco por sólo 285 euros, un precio que incluye también el transporte. “Los envíos se hacen los lunes y lo tienes en casa para martes o miércoles”, precisa el contrabandista. “El precio es con el envío incluido y se paga contrareembolso”.

Viagra, medicamentos para adelgazar y estafas piramidales

Una búsqueda con la palabra “Viagra” o “pastillas azules” lleva a miles de resultados de anuncios pagados a Facebook para publicitar la venta ilegal de medicamentos contra la disfunción eréctil. También hay decenas de ofertas similares en el Marketplace de esta red social.

Buena parte de los productos ofertados, como el propio Viagra, solo se pueden comprar con receta médica en España. Estos anuncios, sin embargo, llevan a páginas en los que se pueden adquirir supuestamente pastillas de Sildenafilo (el principio activo de este medicamento) por apenas 0,28 céntimos la cápsula. 

Otros medicamentos contra la disfunción sexual directamente prohibidos en España, como el Kamagra, también se han anunciado en la plataforma, si bien la publicidad fue desactivada por Facebook al cabo de poco tiempo.

En Facebook también se puede encontrar decenas de sitios donde comprar sin receta Ozempic, un medicamento contra la diabetes que se vende exclusivamente en farmacias y que también se utiliza para perder peso.

Solo en España se han publicado hasta 29 anuncios ofreciendo este producto. Algunos se desactivaron a las pocas horas, mientras que otros estuvieron activos durante casi un mes. 

Los productos de inversión fraudulentos o las estafas piramidales también han pagado miles de euros a Facebook para anunciarse en esta red social y aparecer en los muros de potenciales inversores. 

El esquema piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields, destapado por este periódico en mayo de 2022, también se nutrió de los anuncios en Facebook para captar a miles de inversores por todo el mundo. A día de hoy, más de un año después de que sus responsables desaparecieran con miles de millones de euros y con causas abiertas en juzgados de distintos países, todavía hay cinco anuncios activos que promueven la inversión en este fraude piramidal. 

Un abogado sueco que representa a más de un millar de inversores que perdieron sus ahorros en Juicy Fields ha demandado a Meta ante la justicia de Suecia, donde la empresa tiene buena parte de sus servidores, porque considera que Facebook fue uno de los “facilitadores” de la estafa y se lucró con ella. El proceso está todavía en curso y no se ha abierto juicio oral.

Noralba Galvis suele regresar a su aldea en la selva colombiana con provisiones frescas de arroz, carne, sal y otros alimentos metidos en bolsas. Sin embargo, hoy, cuando esta mujer de 40 años se sube a una barca para emprender el viaje de dos horas por el río Putumayo, sólo lleva una caja de cartón.

“Mi madre me dio estos pollitos”, explica: “Los pollos son un excelente recurso en momentos de emergencia como éste, cuando ya no queda nada más que comer”. Como la mayoría de los campesinos del Putumayo -un extenso departamento del sur donde los Andes se unen con el Amazonas y donde Colombia limita con Ecuador y Perú-, Galvis depende de la venta de coca para ganarse la vida.

A pesar de los esfuerzos realizados durante décadas por los sucesivos gobiernos colombianos para erradicar la planta verde con la que se elabora la cocaína, desde la década de los noventa se cultiva en las zonas más remotas del país.

Si las familias de la región no cultivan coca, es muy probable que trabajen en los campos deshojando la planta o en laboratorios rudimentarios que la transforman a través de un proceso químico en polvo blanco. Muchos han abandonado por completo el cultivo de alimentos para centrarse en este pequeño arbusto verde y dependen de los compradores de coca para obtener ingresos.

Desde hace tres meses no llega ningún comprador a la aldea de Galvis, lo que hunde aún más en la pobreza a su familia y a casi medio millón de hogares más.

“Para la mayoría de nosotros, la coca es nuestro único ingreso”, cuenta Galvis, que es la representante de la comunidad de una aldea remota en la que viven 50 familias. “En estos momentos, nadie compra coca y muchas madres estamos pasando hambre”.

Tras tres años de precios al alza, en los últimos doce meses el mercado de la coca en Colombia se ha desplomado inexplicablemente. Esta situación ha propiciado que funcionarios gubernamentales y expertos en crimen organizado especulen sobre los motivos que han llevado a los cárteles a dejar de comprar.

La producción se disparó en 2022

Mientras los expertos se preguntan si el colapso del mercado ha sido provocado por el auge del fentanilo en Estados Unidos, por la intromisión de los cárteles mexicanos en el tráfico de drogas en Colombia o por un simple exceso de oferta en el mercado, muchas familias colombianas se preguntan si serán capaces de pagar la próxima bolsa de arroz.

La caída de los precios ha sido tan drástica y repentina que ha suscitado la preocupación del Gobierno colombiano y de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que temen que pueda provocar una hambruna generalizada.

“La coca es el sustento de muchas familias. Durante varias décadas ha sido el recurso al que la gente ha recurrido en tiempos de crisis, como cuando fallan otros cultivos. Así que la pregunta es: ¿A qué pueden recurrir ahora?”, dice Elizabeth Dickinson, analista principal para Colombia del International Crisis Group, una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que contribuyan a la construcción de la paz.

Unos 400.000 hogares dependen del cultivo de coca para subsistir, pero en departamentos como Cauca, en el centro de Colombia, el precio de la base de coca, que representa el primer paso en la elaboración de la cocaína, se ha reducido casi a la mitad, pasando de 0,70 euros el gramo a la mitad.

Como el valor de mercado de la coca se ha desplomado, el coste de los pesticidas, la gasolina y los productos químicos utilizados para fabricar la base de cocaína se ha disparado. También lo han hecho los precios de los alimentos.

En comunidades como la de Galvis, el comprador de coca que venía todas las semanas empezó a venir solo una vez al mes y luego desapareció por completo. Ahora las familias se preguntan ansiosas cuándo volverá. “Aquí las cosas nunca son fáciles. La coca es una forma incómoda de sobrevivir, pero ahora ni siquiera tenemos esta posibilidad”, lamenta Galvis, madre de tres hijos, mientras sirve una ración de pollo con arroz en un plato de metal a su hijo de cuatro años.

Según cálculos de la ONU, la producción de coca en la región del Putumayo se disparó un 77% el año pasado, contribuyendo a aumentar la producción nacional de cocaína un 24%, hasta 1.738 toneladas, el nivel más alto en más de 20 años.

Crisis de la coca

El tráfico ilícito de cocaína genera miles de millones de dólares, que en Colombia han perpetuado seis décadas de conflicto entre guerrillas armadas, escuadrones de la muerte paramilitares y el Ejército nacional. Lo cierto es que apenas una pequeña parte de esa riqueza ha llegado a los asentamientos de la selva donde comienza la ruta de la droga.

En la aldea de Galvis, donde los habitantes viven a horas de distancia del pueblo más cercano en desvencijadas chozas de madera, hay poca presencia del Estado. Sacan el agua de un pozo y construyen sus propios puentes de hormigón y tablones de madera.

Meily Calderón, de 50 años, explica que los cocaleros viven con el miedo constante a la violencia, pero siguen adelante con este negocio, ya que es la única forma de ganarse la vida dignamente.

Un kilo de plátano cuesta unos 15.000 pesos (3,5 euros) en el mercado más cercano, pero cuando el agricultor ha pagado para que lo arrastren por la selva en una mula y para que un barco lo transporte río arriba, sólo le quedan unos 6.000 pesos (1,3 euros). “¿Qué se supone que vas a hacer con 6.000 pesos?”, se pregunta Calderón mientras camina por un claro del bosque lleno de hileras e hileras de plantas de coca listas para ser cosechadas.

Las plantaciones alcanzaron la madurez para la cosecha hace semanas pero, al no tener compradores, las familias no han cortado las plantas.

Los efectos de la crisis de la coca también se han extendido más allá de los campos y han afectado a las capitales regionales. Tras tres años de subida de los precios de la coca, la ciudad de Puerto Asís se ha llenado de nuevos restaurantes y bares. Los propietarios de pequeños negocios indican que, a medida que el dinero de la coca se va agotando, la economía local se ralentiza.

“Muchos de mis amigos que estudian en Puerto Asís han dejado de venir a clase de repente”, señala Neider Cortes, estudiante universitario de 20 años. “Sin el dinero que aporta la coca, no pueden pagar este semestre y han tenido que dejar de estudiar”.

El Gobierno colombiano es consciente de la crisis, pero hasta ahora su respuesta ha sido limitada. Abordar el problema es complicado por la falta de claridad sobre las razones exactas por las que los grupos armados han dejado de comprar coca repentinamente.

Auge del fentanilo

Un informe publicado recientemente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos enumera 12 teorías principales sobre el desplome del precio de la coca, entre ellas el auge del letal fentanilo en Estados Unidos, que afecta a la demanda de cocaína, y la fragmentación de los cárteles de la droga colombianos en pequeñas empresas que compiten entre sí.

“Muchas de estas teorías no tienen sentido, ya que el mercado de la cocaína en Estados Unidos es relativamente estable y sigue creciendo en Europa y Asia”, afirma Gloria Miranda Espitia, directora de Política de Drogas de Colombia, durante una visita para dialogar con productores de coca en Putumayo. “Por eso pensamos que este es un problema sólo en Colombia y sólo en ciertas regiones, que está asociado a la dinámica de los grupos armados. Hay algunos grupos armados que están logrando vender al mercado internacional y hay otros que no”.

El Gobierno ve esta crisis como una oportunidad para alejar a los campesinos de la economía ilícita de la coca y de la órbita de los grupos armados. En la aldea de Galvis, los campesinos están retomando cultivos legales como el plátano, la yuca y la caña de azúcar, que fueron sembrados por generaciones anteriores antes de que la coca arrasara la región.

Sin embargo, los cocaleros también podrían cambiar fácilmente de una economía ilícita a otra: en las zonas con yacimientos minerales, los campesinos en apuros están abandonando el cultivo de coca por la minería ilegal.

Los sucesivos Gobiernos han intentado frenar la producción de coca y acabar con el tráfico de cocaína, pero ni la fumigación con herbicidas desde el cielo ni el pago de dinero a los campesinos para que cultiven alternativas legales han impedido la incesante expansión del cultivo. Ahora que las familias campesinas ya no pueden garantizar que el cultivo de coca les lleve comida a la mesa, Galvis espera que por fin puedan dejar atrás el cultivo y, con él, el conflicto armado.

“Aunque ahora estemos jodidos, quizá esto pueda ayudar a los campesinos a encontrar de nuevo el camino de vuelta a sus raíces”, afirma. “Tal vez esta sea la llamada de atención que necesitábamos”.

Traducido por Emma Reverter.

La casa del barrio porteño de Balvanera donde este miércoles un periodista de un canal de noticias compró en vivo una dosis de cocaína fue allanada ocho horas después de esa transacción, pero en el sitio no se secuestró nada de droga ni se detuvo a ninguna persona, informaron hoy fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 20 de anoche - la compra de la droga se había transmitido en vivo por el canal América minutos antes de las 11.30- en el edificio ubicado en la calle Sarmiento al 3100.

El allanamiento fue llevado a cabo por personal de la División Antidrogas Norte y agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la ciudad que, según las fuentes, ya venían investigando ese sitio hace cinco meses en el marco de una causa en la que se intentaba “dar con la trazabilidad de la banda”.

La emisión periodística de ayer, cuando Fabián Rubino, del programa “Desayuno Americano” del canal América, compró en vivo una dosis de cocaína a través de una puerta por 1.500 pesos, originó actuaciones de oficio de la Comisaría Vecinal 3 A, cuyo efectivos incluso llegaron al lugar para llevarse a declarar al periodista en patrullero.

Intervino judicialmente la Unidad Fiscal de Flagrancia Este y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 27, que delegó la realización del allanamiento en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) y en división específica policial que ya venía haciendo la investigación.

Los voceros confirmaron que en el lugar no se realizaron detenciones, ni se secuestró droga.

Los efectivos identificaron a los residentes de los distintos departamentos del edificio de tres pisos -había 11 mayores y 12 menores de edad-, ninguno de los cuales estaba relacionado a la actividad de narcomenudeo, según las fuentes.

Asimismo, por orden de la Fiscalía personal de la Guardia de Auxilio de la Ciudad, utilizando sopletes, se sacó la puerta que utilizaban los narcos para la venta de drogas.

Además de para hacer la transacción, los dealers utilizaban el agujero que tenía la puerta para controlar el ingreso y egreso de los residentes de ese edificio.

Las fuentes reiteraron que desde febrero la División Antidrogas Norte lleva adelante una investigación en torno al comercio de drogas en ese lugar y también la trazabilidad, con la intervención de la Ufeide, por la cual se había elevado a principios de mes un pedido de allanamiento.

El video de la compra de droga en vivo

Con información de agencias.

IG

En las semanas previas a las elecciones legislativas de medio término de EEUU, en artículos de fondo, y en el editorial principal de un número sobre superpotencias, enThe Economist felicitaron a Joe Biden por el sorpresivo indulto presidencial que firmó para condenas federales a prisión por tenencia de cannabis. Favorece a seis millares y medio de personas en el país, y a unos miles más en la capital Washington D.C. Sugirieron tomar nota de la capitalización electoral de medidas directas progresistas. Que a juicio de la revista británica son a la vez económicamente e internacionalmente sensatas, o redituables. La administración actual podría mostrar, en los hechos, compromiso con el cambio. Un gesto de lucidez y determinación, sin más riesgo ni costo que el de la audacia, ante la campaña más cara de la historia de las elecciones de medio término, con un gasto total para demócratas y republicanos estimado en 167 mil millones de dólares.

La penalización de la tenencia de drogas “no hace sentido” se pronunció Biden en octubre, un mes antes de la jornada electoral del martes que la revista anticipa que será una gran victoria republicana. Así, por el absurdo, refutaba la política represiva el presidente demócrata al anunciar su perdón. Y en buena lógica los sinsentidos represivos valen asimismo para la cocaína, explicaba The Economist. Tanto el perdón presidencial como la campaña de The Economist recurren solamente a argumentos de salud y seguridad públicas, nacionales, regionales y globales.

Un cambio de política represiva significaría al menos una pronta disminución del total de violaciones de DDHH internas por la discrecionalidad racista en la persecución y de violencias regionales que reformularían la crisis migratoria, según The Economist. Rara vez se omite el epíteto 'influyente' al mencionar a este semanario fundado en Londres en 1843, una publicación que sigue igualitaria en su práctica de publicar sus artículos, editoriales e investigaciones sin firma. De estricta observancia liberal en política, economía, y comercio, el conservadurismo social le es ajeno a The Economist. Que recomienda a Biden “perder cuanto antes pudor y timidez” para hacer avanzar con las drogas en general y la cocaína en especial una agenda progresista cuya aceptación y cuyos beneficios “superan varias veces todos los costos” que se pagan por la actual política prohibicionista.

Si Joe Biden llegó en 1972 a ser votado el senador más joven de la historia de EEUU, fue en buena medida gracias a su campaña de mano dura con las drogas. Hoy The Economist lo ve paladín de una reforma que ganará votos por sus réditos y no por los mitos.

La primera medida a tomar es una hacia la cual la administración ha dado ya un paso adelante, más allá de la decisión personal de indultar, facultad constitucional del titular del Ejecutivo. Es anterior toda la despenalización, incluso, este movimiento técnico. Es hacia la re-clasificación oficial de las drogas, que están categorizadas en rangos según su peligrosidad. La recategorización técnica ya por si sola conllevará, para el cannabis, el pasaje a una escala menor del rango de las penas posibles. “Es absurdo”, es lo que dice Biden, que el cannabis comparta el renglón que ocupan la heroína y el fentanilo. En 2021 murieron 100 mil personas en EEUU por sobredosis de opioides, un récord que superó al récord anual de 2020, el año que en plena pandemia había superado a 2019 en un 52 por ciento.

La influencia progresista atribuida a una publicación liberal influyente

Según el polemista inglés G.K.Chesterton, fanática es la persona que nunca cambia de idea y nunca cambia de tema. El novelista policial cambió de ideas porque se convirtió al catolicismo de su detective el candoroso padre Brown; el semanario británico no cambió de idea pero sí algunos temas predilectos favoritos de su liberalismo. En el siglo XXI, los artículos editoriales de The Economist predican contra el racismo sistémico y la desigualdad social, y a favor de acciones urgentes que aseguren la vigencia global de la paridad de género, el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos y la legalización reglamentada del uso irrestricto de marihuana y cocaína. “Que se puedan casar” había sido el editorial de The Economist antes de que una ley del Parlamento pusiera fin en Gran Bretaña al apartheid matrimonial. (Cuesta recordar la fecha, hace tan poco, fue menos de diez años atrás). “Legalízenla” se titula también imperativo, o exhortativo, el editorial dirigido esta vez al Ejecutivo norteamericano antes de la renovación del Legislativo. Según la revista, es una oportunidad para EEUU de diferenciarse de Bélgica, donde Bruselas es la capital burocrática de la Unión Europea y el puerto de Amberes en el Atlántico Norte la capital europea del tráfico de cocaína.

Esa renovación que cada electorado joven votó cada vez que en el discurso de Bill Clinton, de Barack Obama, y del propio presidente Biden oyó, o creyó oír, un mensaje democrático que iba más allá del reclamo demócrata de dejar atrás a Reagan, a los Bush padre e hijo, a Donald Trump. Los cierres de la Guerra Fría y de la Guerra contra el Terror, y la política de Washington, mermaron el saldo final de los antecesores de Biden, y el propio. El martes enfrentará una derrota en las mayorías de ambas cámaras, y las gobernaciones de 36 estados. En las elecciones no-presidenciales más caras, más onerosas para las dos campañas rivales, de la historia norteamericanas. Según The Economist, Biden tiene la oportunidad histórica de ser quien cierre el capítulo final, el más sangriento de la Guerra contra las Drogas. Una decisión política que además del aplauso progresista significaría un buen negocio, un blindaje frustrante para la ofensiva ideológica.

Según The Economist, la legalización de la cocaína reduciría la principal fuente de los altos ingresos de los narcotraficantes disminuyendo su capacidad para reclutar nuevos miembros, comprar armas  y obtener la voluntad de los funcionarios corruptos. El producto sería más seguro y bajarían los índices de violencia. En el modelo de negocios que propone The Economist, la cocaína después del fin de la Ley Seca actual, sería una sustancia producida como las bebidas alcohólicas blancas o los cigarrillos, por empresas autorizadas y controladas, que pagarían altos impuestos. También habría impuestos a las ventas. Se vendería a mayores de edad, la publicidad estaría prohibida, los ingresos estatales y privados de las ventas se dirigirían a investigar la adicción, y a desalentarla, como también a investigar los efectos y los daños sobre la salud, poco conocidos todavía en detalle. No se le escapa a The Economist que Biden no quiere parecer blando en el tema drogas, porque calcula que esa imagen puede ser fatal en elecciones peligrosas.

Del fin de la Guerra al Terror al fin de la Guerra a la Drogas

Desde que el republicano Richard Nixon declaró la Guerra contra las Drogas el 18 de junio de 1971 ante las cámaras de televisión, el flujo de cocaína hacia EEUU  ha aumentado. La producción global alcanzó un récord de 1.982 toneladas en 2020, según los últimos datos de Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC), posiblemente conservadores.

La cocaína sigue siendo parte tan importante de los ingresos narcos no por sus cualidades adictivas sino por su alta rentabilidad. Las estimaciones del costo de las drogas, cálculo bien complicado de precisar debido a su ilegalidad, varían según los lugares. Sin embargo, las estimaciones publicadas por la UNODC muestran cuán grandes pueden ser los márgenes de ganancias. En 2019, el último año para el que hay datos disponibles, un kilo de cocaína en Colombia generalmente costaba  1491 dólares a precios mayoristas. En México, la misma cantidad valía 12433 a precios mayoristas; en El Salvador,   28873.

Las ganancias reales quedan fuera de América Latina. Cuánto más lejos llegue, más cara vale la cocaína. En 2019, un kilo a precios mayoristas en EEUU generalmente costaba 69000. En la China continental, donde narcos colombianos esperan aumentar sus márgenes de ganancia aún más en la próxima década, un kilo costaba 69380  dólares y 72510 en el territorio autónomo de Hong Kong. En Australia, un kilo –según los datos de 2017 que son los últimos disponibles- tenía un costo de 152207 dólares.

Barroquismos atlantistas

Si Joe Biden llegó en 1972 a ser votado el senador más joven de la historia de EEUU, fue en buena medida gracias a su campaña de mano dura con las drogas. El candidato demócrata por Delaware que a sus 30 años prometía más condenas y más policías en la calle, y que decía que los músicos negros tomaban droga para aguantar tocando toda la noche, es hoy visto por The Economist como el posible paladín de una reforma que ganará votos por sus réditos y no por los mitos. El pánico moral ha decrecido, o eso estima la revista, cuando en 32 estados sobre los 50 de EEUU el uso recreativo de la marihuana es legal, y las arcas estaduales engordan con una recaudación impositiva sin altibajo ni default.

Acaso asombre advertir, aunque sea en un aspecto parcial, que sólo por análisis pueda desvincularse del resto, que The Economist coincide con el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera cuando en “Barroquismos europeos” recomienda a gobernantes del Norte el buscar, para hallar la estabilidad y aceptación que se le escapan, un modelo en el Sur global, en los rutinariamente menospreciados patios traseros. The Economist señala que toca a la Casa Blanca seguir un camino que marca la Casa de Nariño. Pero que el líder de izquierda y ex guerrillero que la ocupa no puede extender más allá de Colombia. Pero América cambiaría si Joe Biden hiciera lo que propone Gustavo Petro, “apartar a la policía de todo control de los cultivadores de hoja de coca” y “permitir que los colombianos consuman cocaína con libertad y seguridad”. Estas “buenas ideas”, sin embargo, es un corolario firme de la recomendación de la revista británica, poco debilitarán al narcotráfico “mientras la cocaína siga siendo ilegal en los países ricos que son sus mayores consumidores, como EEUU”.

AGB

Seis hombres fueron detenidos y 485 kilos de cocaína secuestrados en seis allanamientos realizados en los partidos bonaerenses de General Rodríguez, Merlo y Cañuelas, tras una investigación de la Justicia Federal en la que se interceptó un cargamento de una banda de origen peruano que, en parte, ocultaba la droga en un tanque cisterna subterráneo, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

La denominada banda de “Yayo” y “Manteco” fue desbaratada tras una investigación llevada adelante por el fiscal federal de Hurlingham, Santiago Marquevich, y el Juzgado Federal 3 de Morón, subrogado por el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

En la pesquisa y los allanamientos trabajaron detectives del Departamento Casos Especiales, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín y de la SubDDI de José C. Paz, todas áreas de la policía bonaerense dependientes de la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza provincial.

En un primer operativo realizado en General Rodríguez, tras el seguimiento de una camioneta, se secuestraron más de 325 kilos de cocaína, pero en uno de los allanamientos posteriores se encontraron otros 160 kilos de la misma droga que estaban escondidos bajo tierra, en un tanque cisterna, en la casa del presunto cabecilla, en el partido de Merlo.

La investigación se inició el 15 de julio pasado con un informante que reportó la existencia de una organización narcocriminal que se dedicaba a la comercialización y distribución de cocaína de un cartel peruano, en distintos puntos del conurbano bonaerense como así también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según las fuentes, la información indicaba que la cocaína era traída en camiones desde Perú, para luego fraccionarla en cargas de menores dimensiones para su distribución y que la banda tenía su base operacional en el partido bonaerense de Merlo.

El presunto jefe de la organización local es un hombre de nacionalidad peruana apodado Yayo, domiciliado en Merlo y cuñado de uno de los líderes del cartel peruano, que aún hoy continuaba prófugo.

Pero quien sí fue detenido fue uno de los lugartenientes, identificado como Manuel Arturo Mendoza Herrera, alias Manteco, de doble nacionalidad, peruana y argentina.

Los sospechosos y frecuentes viajes a Perú de ambos sospechosos hicieron que se iniciaran una serie de tareas de inteligencia que ayer dieron su fruto y precipitaron los allanamientos, dijo una fuente judicial.

El dato era que Mendoza Herrera había regresado de Perú y ayer se ordenó su seguimiento y el de una camioneta Ford Ranchera, desde la localidad de Cañuelas, hasta su destino en una quinta de General Rodríguez, ante la sospecha de que moviera una importante cantidad de cocaína.

Este hombre se encargó de seguir la camioneta donde finalmente trasladaban la droga. Cuando arribaron a General Rodríguez, se ordenó interceptar los vehículos y a los sospechosos, explicó la fuente consultada.

El procedimiento fue en una quinta ubicada en la esquina de las calles España y San Martín de la mencionada localidad, donde hubo corridas y hasta un lesionado que cayó de un paredón en su intento de fuga, cuando los sospechosos notaron la presencia policial.

En total, en el lugar fueron detenidos seis hombres: Manteco Mendoza Herrera, su custodio Luis Ángel Navarro Barboza, alias Naifas”, y otros cuatro imputados.

La camioneta Ford Ranchera, patente XIP347, ocultaba en un doble fondo de su caja trasera, unos 300 panes de cocaína, envueltos en papel aluminio y nylon transparente, que tuvieron un peso total de 325,672 kilogramos, según precisaron voceros policiales.

También se secuestraron un auto Ford Fiesta, otro Volkswagen Vento, teléfonos celulares, una pistola Bersa calibre .380 con dos municiones y un cargador y la documentación personal de los detenidos.

Este procedimiento hizo que a pedido de la Fiscalía Federal de Hurlingham, el juzgado ordenara otros cinco allanamientos.

El más relevante, fue el realizado en la casa del principal investigado, Mendoza Herrera, en la calle Formosa 3161 de Merlo, donde se hallaron 147 panes de cocaína que paseaban 160 kilos y otros dos kilos de marihuana, dentro de un tanque del tipo cisterna subterráneo, que estaba bajo tierra.

Otro allanamiento se hizo en la calle Altube al 4200 de José C. Paz y en Merlo hubo otros dos procedimientos en domicilios de las calles Remedios de Escalada al 700 e Hipólito Yrigoyen al 200, donde se incautaron una pistola, 30.000 pesos, celulares y una serie de electrodomésticos de alta gama que se cree fueron comprados con dinero proveniente de la comercialización de drogas.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal 3 de Morón, quien en las próximas horas indagará a los detenidos.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, brindará mañana una conferencia de prensa para dar detalles sobre esta investigación que, según sus voceros, vincula a esta banda con un cartel narco de origen peruano que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a nivel nacional y transnacional.

La misma se realizará a las 8 en el Hangar del Centro de Coordinación Estratégico de la policía bonaerense, ubicado en Autopista Richieri y Ruta 4 (Camino de Cintura), en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

DA con información de Télam

Más de 1.600 kilos de cocaína valuados en unos 65 millones de dólares y que iban a ser exportados a España a través de la hidrovía del Paraná, infiltrados en un cargamento de alimento balanceado para ser luego enviados a Dubai, fueron secuestrados en un galpón de la ciudad de Rosario, en el marco de 29 allanamientos ordenados por la Justicia federal para desbaratar a una banda narco con conexiones internacionales, informaron fuentes judiciales y policiales.

Durante el operativo fueron detenidas 12 personas, entre ellas el sindicado ideólogo de la maniobra, identificado por las fuentes como José Damián Sofía, apodado “Tano”, mencionado en varias causas por narcotráfico en Buenos Aires e investigado como presunto autor de amenazas contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado años atrás, agregaron las fuentes.

De la pesquisa, que surgió de una causa por drogas iniciada en junio de 2021 y que se reactivó en abril de este año, se desprende que la cocaína iba a ser exportada a España mediante una empresa conformada hace poco más de un año con el fin de realizar envíos de estupefaciente a Europa en cargamentos de “Expelet”, un alimento balanceado realizado a base de maíz y fabricado por una cerealera cercana a Bahía Blanca, cuyos dueños son poseedores de un depósito de grandes dimensiones en la ciudad cordobesa de Villa María.

Según lo establecido hasta el momento, a través de tareas de inteligencia y documentación incautada, la cocaína -que estaba empaquetada con un papel con el logo de la marca Louis Vuitton- procedía de Colombia y fue ingresada al país por alguna provincia del norte.

Voceros de la investigación dijeron que la carga fue trasladada hasta el galpón de Rosario en vehículos especialmente acondicionados con dobles paredes para ocultarla, los cuales tenían capacidad para transportar unos 500 kilos por viaje.

Lo que aún no se determinó es si toda la carga fue llevada vía terrestre desde la frontera norte o si fue lanzada desde alguna aeronave en zonas de campo.

En total, en un galpón de Génova al 2400, del barrio rosarino Empalme Graneros, se encontraron 1.658 kilos de cocaína fraccionados en 1.535 panes, ya ocultos en 19 bolsones de 1.250 kilos de alimento balanceado.

Esos bolsones iban a ser intercalados en el cargamento total de 150 toneladas de alimento balanceado que ya había sido comprado por una empresa de España implicada en la maniobra y que tenía previsto enviar la cocaína a Dubai, añadieron los voceros.

Allanamientos y detenciones

Los procedimientos se hicieron este viernes por orden del juez federal de Campana Adrián González Charvay y estuvieron a cargo de efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Dirección General de Hidrovías Paraná, con apoyo del área de Narcocriminalidad de la AFIP/Aduana. La operación denominada “Rosario-Dubai” logró también la detención de 12 sindicados integrantes de la organización.

Además del “Tano” Sofía, fueron apresados su hijo, Gastón Sofía; Fabio Crucianelli, un hombre con antecedentes penales en Bahía Blanca; Luciano Argüello, Héctor Pérez, Rodrigo Páez, Lucas Hitters, Gabriel Nicolau, Oscar Rossi, Néstor Lombardi, Juan Manuel Coresa y Miguel Ángel Manzur, detallaron los informantes.

Las fuentes dijeron que en los allanamientos realizados por cerca de 200 federales -uno en Capital Federal, cuatro en Rosario, uno en Santa Fe capital, cuatro en Funes, Sata Fe; uno en Victoria, Entre Ríos, otro en la ciudad de Santiago del Estero, uno en Villa María, Córdoba y 17 en la provincia de Buenos Aires- se secuestraron 16 vehículos, dinero en pesos, dólares, euros, reales y guaraníes y documentación para avalar las conformaciones de las empresas y las operaciones de exportación.

En el galpón de Rosario, la policía encontró en un rodado un paquete con otros 50 kilos de cocaína que, se presume, iban a ser comercializados al menudeo en esa ciudad santafesina probablemente mediante intermediarios con contactos con los cabecillas de bandas narcos locales.

Cómo planeaban exportar la droga

El comisario mayor de la Superintendencia de Drogas de la PFA Mariano Giuffra, quien comandó la ejecución de los operativos, precisó en una conferencia de prensa que la droga aparentemente “iba a ser sacada del país en contenedores con cargamento de granos desde el puerto de Rosario”, ubicado a unas 30 cuadras del galpón.

“Especulamos con que pensaban sacarlas del país a principios de septiembre”, añadió Giuffra.

Los voceros consultados dijeron que todo indica que la empresa exportadora -creada aproximadamente hace un año- fue conformada con fines de narcotráfico y revelaron que meses atrás la misma hizo una operación del mismo alimento balanceado pero sin drogas con el propósito de darle una entidad de legalidad a su operatoria.

“Hay sospechas firmes de que también los cerealeros que fabrican el producto participaban de la maniobra narcocriminal”, añadió un investigador.

La investigación

Debido a que se trata de una operación de narcotráfico internacional, que involucra también a proveedores colombianos y compradores europeos, en la investigación intervienen fuerzas antidrogas de esos países y la DEA estadounidense.

Las fuentes revelaron que existen antecedentes de cargamentos de cocaína empaquetada con el logo de Louis Vuitton, por lo que de ese análisis y del que será realizado químicamente sobre la sustancia se podrán obtener más datos que revelen conexiones entre bandas narcos.

Sobre el inicio de la pesquisa que derivó en este megaoperativo, fuentes judiciales dijeron que en junio del 2021, a raíz de datos aportados por un informante, se verificó la existencia de una organización criminal internacional compuesta por argentinos y extranjeros de distintas nacionalidades, que tenía por objetivo el envío estupefacientes hacia Europa.

En esa causa, se ordenó la intervención de dos agentes encubiertos a fin desentramar la maniobra delictiva, lo que derivó en la detención de ocho acusados y el secuestro de más de 170 kilos de cocaína y 300 mil dólares.

En marzo pasado, se dispuso formar un legajo de investigación relacionado a las sospechosas actividades de “Tano” Sofía y, en ese marco, en julio se incorporó al mismo una pesquisa de la Procunar, cargo del fiscal Diego Iglesias, sobre una organización liderada por colombianos que arribarían al país a contactar personas asociadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Se pudo corroborar que esos colombianos hicieron contacto con gente vinculada al “Tano” Soria, quienes conformaban una parte esencial para llevar a cabo el transporte ilegal de estupefacientes al continente europeo, añadieron los informantes.

Finalmente, se estableció que habrían movilizado un cargamento de cocaína a un galpón ubicado en Rosario, para que pueda ser exportado desde el puerto de dicha ciudad hacia el continente europeo, lo que llevó a que hoy, a pedido del fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, el juez Charvay dispusiera los allanamientos.

DA con información de Télam

La campaña para legalizar la marihuana en Colombia une a senadores de izquierda con organizaciones de la sociedad civil e inversionistas extranjeros.  y consigue un fuerte impulso debido a los cambios políticos del país tras el histórico Pacto Histórico de la izquierdas que venció con limpia mayoría en las últimas elecciones. Y que dejó al sexagenario ex guerrillero y economista Gustavo Petro en la Presidencia  y a un arco de de partidos progresistas con presencia gravitante en el Congreso

En su discurso de asunción del 7 de agosto, Petro había presentado los lineamientos de su política de gobierno. Entre ellos, el tema y problema de las drogas que involucra muy fuertemente a su país.

La República de Colombia – que muchos la ven como sinónimo de producción, consumo y tráfico de droga-  es uno de los mayores productores de narcóticos del mundo. En 2021, el gobierno de EEUU estimó que producía más de un millón de kilogramos de cocaína, la mayor cantidad del mundo y más que la suma de la producida por los países más cercanos de Perú y Bolivia.

En la alocución inaugural, Petro declaró, sin ambages,  el “fracaso” global de la “guerra contra las drogas”, que recordó “ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados” durante los últimos 40 años, así como también 70 mil norteamericanos fallecidos “por sobredosis cada año”. Reclamó con vehemencia la necesidad de reemplazar el enfoque guerrerista de la lucha antinarcóticos por “una política de prevención fuerte en las sociedades desarrolladas”. Las  drogas enfatizó el nuevo mandatario,  “han llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia”

Territorios en disputa

El narcotráfico constituye una poderosa fuente de ingresos para actores criminales -desde ex guerrilleros de izquierda y paramilitares hasta narco carteles y sindicatos del crimen organizado- cuya disputa por el territorio es uno de los grandes desafío del estado que  durante los últimos 50 años ha impulsado una agenda prohibicionista, restringiendo el comercio y el consumo de drogas para golpear las arcas de los criminales.  Con muy poco o ningún éxito porque el  flujo de drogas ilegales nunca cesó. Actualmente, Colombia produce más droga que cuando vivía Pablo Escobar, el fundador y máximo líder del cartel de Medellín, llevado a la ficción en la exitosa telenovela  colombiana El patrón del mal.

Un informe histórico de la Comisión de la Verdad, creada en 2017, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y conformada por 12 comisionados nombrados por un jurado internacional, para investigar los más de 50 años de conflicto civil en Colombia, encontró que el narcotráfico ayudó a prolongar el conflicto a pesar de los casi 8.000 millones de dólares de  ayuda militar provenientes de EEUU. Al menos 260 mil colombianos, la gran mayoría civiles, murieron en la violencia.

El narcotráfico es la principal causa de detención en Colombia y, según el Ministerio de Justicia colombiano, el 13% de los detenidos del país cumplen una condena relacionada con el tráfico de drogas.

La legalización de la marihuana

El presidente Petro propuso el 11 de agosto ampliar la legalización del cannabis. “Hablemos: ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa”, dijo el primer mandatario durante un encuentro con alcaldes del suroeste del país, donde abundan las plantaciones ilegales de marihuana.

“Si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinada o llegó el momento de soltar mucha gente?”,  planteó Petro, agregando que “se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal”. 

En los últimos años, países como Canadá, Sudáfrica, México  y Uruguay han legalizado la marihuana, al igual que algunos estados de EEUU.

La ley de Colombia  desde 2016 permite la producción de cannabis con fines médicos, principalmente para exportar a mercados extranjeros como EEUU y Canadá; sin embargo, los partidarios de una nueva legislación creen que legalizar el cannabis recreativo puede alejar a miles de agricultores del narcotráfico y llevarlos al mercado y comercio lícito.

“Nunca lograremos la paz en Colombia hasta que regulemos el narcotráfico”, aseguró el senador Gustavo Bolívar, uno de los firmantes del nuevo proyecto de ley y aliado cercano del nuevo presidente.  “Ni siquiera Estados Unidos, con todo su poderío y dinero, pudo ganar la guerra contra las drogas” señala Bolívar en alusión  a  Washington  que envía millones de dólares cada año para armar y entrenar a las fuerzas colombianas en su lucha contra los carteles.

Los activistas que han exigido este cambio durante años también acuerdan. “Creemos que ahora es el momento oportuno para hacerlo”, opinó Luis Felipe Ruiz, investigador de la ONG colombiana Dejusticia, que apoya la despenalización de las drogas y ha documentado la guerra contra las mismas durante años. Ruiz argumenta que uno de los beneficios de legalizar la marihuana sería también disminuir la población carcelaria en el país.

Los que se oponen a la legalización provienen de la derecha conservadora y creen que el cambio simplemente facilitaría el abuso de drogas. El expresidente Álvaro Uribe, mentor político del último ex presidente Iván Duque y principal exponente del conservadurismo en el país, tuiteó en 2020 que “la marihuana recreativa escala a otras drogas, afecta las neuronas, el consumidor llega a estados de alienación, pierde el control de sus decisiones que es la pérdida de su libertad”,  celebrando que un proyecto anterior para legalizar la marihuana fue bloqueado en el Congreso.

Fin de la erradicación forzosa de cultivos en Colombia

La posible  legalización de sustancias como la marihuana para uso recreativo ha sido antecedida por  el abandono de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, entre ellos la coca cuya hoja tiene un secular uso en  las culturas andinas, por sus propiedades, entre otras la estimulante. También se utiliza para la producción de  cocaína, cuyo consumo puede llegar a ser extremadamente adictivo.

Colombia es el primer productor mundial de cocaína delante de Perú, según la ONU. Dos tercios de cultivo de coca se encuentran en Colombia. En 2020, el país registraba 143.000 hectáreas de coca sembrada;  1.228 toneladas  producidas  fueron enviadas en gran parte a EEUU y Europa.  

El Gobierno colombiano decidió este mismo martes suspender la erradicación de los campos de coca  en las zonas remotas del país y centrarse en interceptar los envíos de cocaína. Al mismo tiempo alentará  los agricultores a trabajar en cultivos legales como lo confirmó el  nuevo director de la Policía Nacional de Colombia, Henry Sanabria.

Las nuevas estrategias contrastan con las de anteriores gobiernos colombianos cuyos objetivos anuales de erradicación de cultivos de coca, utilizando al Ejército para llevar a cabo estas tareas, provocaban  muy a menudo violentos enfrentamientos entre las FFAA y los campesinos locales quienes defendían sus cultivos, única alternativa debido a la falta de infraestructuras en esas zonas. A pesar de que muchos de ellos vieron la oportunidad de salir de la ilegalidad gracias a los Acuerdos de Paz de 2016,  cinco años más tarde, la ruralidad colombiana ha seguido  sumida en un fuerte abandono estatal y, pese a erradicar voluntariamente sus cultivos ilícitos, la mayoría de ellos nunca recibieron la ayuda prometida. A la vez, decenas de agentes de policía que participaban en estos programas de erradicación forzosa -apoyados por EEUU-, también murieron a manos de francotiradores o resultaron heridos por minas terrestres.

Históricamente, la marihuana en Colombia es cultivada por pequeños agricultores quienes no pueden pagar las licencias farmacéuticas requeridas para producir cannabis medicinal, y se ven obligados a vender sus producciones a los cárteles de la droga.

El proyecto de ley presentado al Congreso podría permitir que estos pequeños agricultores, la mayoría de ellos asentados en regiones rurales crónicamente subdesarrolladas de Colombia, ingresen al mercado legal.

COCCAM, la confederación de cultivadores de coca, marihuana y amapola que funciona como un grupo de cabildeo para los cultivadores ilícitos, estima que hasta 3.000 familias dependen de la marihuana ilegal como principal fuente de ingresos, generalmente en el suroeste del departamento de Cauca. En la mayoría de los casos, estos agricultores viven en áreas rurales aisladas  a horas de distancia de la carretera pavimentada más cercana.

En comparación con los productos agrícolas legales como frutas y verduras, la marihuana y las hojas de coca que no son estacionales no se estropean durante días y se venden a un precio más alto por kilogramo.

¿Cocaína legal?

La legalización de la marihuana eventualmente podrá conducir a proceder de la misma manera respecto a la cocaína, la fuente de ingresos más lucrativa para los cárteles.

Si bien la determinación de cifras en un mercado ilegal nunca dista de la verificación atribuida a  una ciencia exacta, un estudio de 2016 del gobierno colombiano estimó que el narcotráfico  principalmente de cocaína, que se produce en Colombia y se vende en los mercados internacionales de Europa, EEUU y Asia equivalía al  3,8% del PIB colombiano en ese momento. En comparación, el consumo de drogas ilegales -las que se consumen ilegalmente en Colombia y donde la marihuana juega un papel más importante- valió el 0,75% del PBI colombiano.

Los mayores productores de cocaína del mundo 

Bolivia, Colombia y Perú- están actualmente gobernados por líderes de izquierda alineados ideológicamente. Bolivia tiene un próspero mercado legal de derivados de la coca, en su mayoría hojas secas que mastica la población indígena. En 2012, los gobiernos de Bolivia y Colombia impulsaron un replanteamiento regional de las políticas de drogas en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, en la que por primera vez se incluyó en la agenda el tema de alternativas al prohibicionismo.

La propuesta novedosa de Petro llega hasta el incluir la conveniencia de negociar un  eficaz tratado entre Colombia y países sudamericanos para modificar de común acuerdo y con fines comunes la Convención de Estupefacientes de 1961. Esto permitiría que la bandera de legalización fuera eventualmente seguida por otros países. Sin embargo,  la Constitución colombiana prohíbe explícitamente el uso de estupefacientes sin prescripción médica; e  incluso si el Congreso aprobara una ley que legalice la marihuana recreativa, la Corte Suprema puede considerarla inconstitucional, salvo que se elimine el artículo 49 como han propuesto los legisladores Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri.

AGB

Según la Primera Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis, los usuarios de cannabis consumen otras sustancias psicoactivas, fundamentalmente, el alcohol (80%) y el tabaco (46%), y quedan muy atrás el LSD (8%), los psicofármacos (5%), el éxtasis (5%), la cocaína (2,5%) y los hongos (2,38%). Con esto, creen que se “derriba el mito de la marihuana como puerta de entrada” a drogas más duras.

El relevamiento realizado por la revista especializada THC y el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica Argentina (Cecca) con la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), mostró además que las flores o cogollos son el principal formato de uso de cannabis (93%), seguido por el prensado (27%), el aceite (20%), alimentos (11.4%), cremas (9,6%) y extracciones (6.4%).

Para el sociólogo Emiliano Flores, director del estudio e investigador de Cecca, “estos resultados marcan que el uso de cogollos ya no es algo extraño, que hoy la gran mayoría (de los usuarios) al menos interactúa con ellos, algo que hace 10 años era mucho menos común y hace 15 años prácticamente excepcional”.

“Por otro lado, si bien el peso de las flores y los cogollos sigue siendo importante en términos generales, cuando desagregás los datos según tipo de uso, entre los usuarios de cannabis medicinal el prensado queda en el cuarto lugar, debajo de las cremas y el aceite”, agregó.

En cuanto a las enfermedades diagnosticadas para las que se usa el cannabis medicinal, se destacan ansiedad (26%), depresión (14.6%), migrañas (10%), artrosis (6%), hipertensión (5.5%), artritis (4.5%) y fibromialgia (3.8%).

Por otro lado, 9 de cada 10 personas que usan cannabis -ya sea con fines recreativos o medicinales- empiezan a hacerlo antes de los 25 años, y 4 de cada 10, antes de los 18.

“En general, es una edad de inicio temprana pero la encuesta demuestra que esto no llega a ser un problema para el policonsumo porque el consumo de otras sustancias (en simultáneo al cannabis), al menos las ilegales, da muy bajo, pero sí dan alto el tabaco y el alcohol”, dijo Flores.

Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis en Argentina

El informe está basado en una encuesta online respondida por 64.646 personas de entre 16 y 92 años de todas las provincias que usaron cannabis al menos una vez en el año anterior a la encuesta (en 2020) y los resultados preliminares ya habían sido presentados en octubre pasado en el marco de la última Expo Cannabis.

Esas primeras conclusiones mostraron que el 75,5% de las personas que tratan algún problema de salud con cannabis medicinal logró reducir el consumo de fármacos y casi la totalidad (el 98%) aseguró haber mejorado de este modo su calidad de vida, aunque sólo dos de cada diez tuvo un médico que lo acompañara en este proceso.

Otro aspecto para destacar es que una cuarta parte de los usuarios de cannabis acceden a este producto a partir del autocultivo y en casi el 90% de los casos lo hicieron sintiendo miedo a ser perseguidos judicialmente al menos alguna vez.

Entre otros datos, el estudio mostró que a pesar de que el 75% de los usuarios accede al cannabis de formas diferentes al autocultivo (48,2% lo compra, 17,2% por regalo y 8% por cultivo colectivo), a 9 de cada 10 le gustaría tener sus propias plantas.

En cuanto a los motivos que los lleva a desistir de esta idea, el 72.9% apuntó el temor a conflictos legales, con vecinos o con familiares.

“Los que hacen uso medicinal son los que más autocultivan pero a su vez el autocultivo está más masculinizado y es más frecuente entre la generación X, mientras que la compra en el mercado gris es más común entre los centennials y adultos mayores”, detalló el sociólogo.

LC con información de Agencia Télam

La estupefacción generada en muchas personas ante la aparición del folleto en el Municipio de Morón, informando acerca del uso de dos de las drogas ilegalizadas más consumidas en Argentina, merece ser puesta en crisis. Primero, porque venimos de un febrero en el que, al menos, 24 personas murieron por consumir cocaína adulterada, segundo, porque ninguna de las críticas fue propositiva, pidiendo endurecer más las políticas prohibicionistas y abstencionistas que nos trajeron hasta aquí y, tercero, porque tenemos una Ley Nacional que avala este tipo de campañas.

Las políticas de reducción de riesgos y daños de los problemas asociados al uso de drogas iniciaron en los primeros años del siglo XX y se aplicaron para hacer frente a distintas problemáticas en todo el mundo. Desde derogar una ley prohibitiva, que habilitó el crecimiento de las mafias y la ceguera de los consumidores de alcohol fabricado artesanalmente en los Estados Unidos -Ley Seca de 1920-, hasta la entrega de jeringas para el uso de heroína debido a la propagación inminente del HIV en países como Suiza, Holanda y España.

Estamos de acuerdo en que el Estado debiera ser el garante del derecho al acceso a la salud pública, pero los efectos del prohibicionismo -la persecución, la criminalización, la discriminación y la estigmatización- generaron que las personas usuarias de drogas se encuentren cada vez más cerca de los márgenes y, por temor a las represalias, acudan a los centros de salud cuando el riesgo de su vida ya es inminente. Entonces, cuando las oportunidades que debe garantizar el Estado fallan -salud, trabajo, vivienda, educación, etc.-, sumado a la situación particular en la que se encuentra la persona a la hora de consumir y según la sustancia utilizada -más o menos peligrosa-, el riesgo de tener un consumo problemático aumenta (contexto + persona + sustancia, son los tres pilares a la hora de abordar y comprender el consumo de una persona). Aquí lo fácil es enfocarnos en un solo objeto dentro de ese todo, al punto de demonizarlo y desatar una guerra contra las drogas que llevó a la militarización de los barrios, al empoderamiento del narcotráfico que genera rédito moviéndose en un mercado clandestino, y al acrecentamiento de riesgos para la salud de las personas consumidoras que no tienen ningún tipo de información acerca de qué es lo que efectivamente consumen ni tampoco cómo hacerlo para disminuir los daños. Por este motivo, y ante la aparición de nuevos riesgos, nuevas drogas y nuevos consumidores que, pese a toda recomendación, indicación o alerta sobre el uso de drogas, deciden consumir, las políticas informativas que ofrece la reducción de riesgos y daños se vuelven un elemento fundamental en una sociedad de consumo como la presente. 

Distintos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otros, reconocieron en las últimas décadas el fracaso del prohibicionismo y del abstencionismo como único método para abordar el consumo de drogas, y avalaron la implementación de nuevos abordajes enfocados en la reducción de riesgos y daños. Reconocer el fracaso y aceptar que el uso de drogas aumentó y se diversificó pese a las políticas restrictivas, es el primer paso para la implementación de políticas efectivas basadas en una realidad concreta y en evidencia científica. Hoy, en nuestro país, nos encontramos en ese limbo, entre el reconocimiento del fracaso y la aplicación de nuevas políticas para el abordaje de los consumos. ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, lleva más de 25 años trabajando con esta temática, por lo que la publicación del folleto en Morón no fue realizada sin argumentos, por el contrario, sus integrantes, especializados en el tema, se nutren de campañas usadas efectivamente en otras partes del mundo y, como si fuera poco, en la prueba evidente de que las medidas que se vienen utilizando nunca sirvieron para nada.

Necesitamos empezar a hablar de drogas, sin vueltas, con información fehaciente y abordando respetuosamente a quienes decidan hacer uso de estas. Los medios de comunicación se empecinan con relacionar cualquier uso con adicción, banalizando por completo la problemática. ¿Todas las personas a nuestro alrededor consumidoras de alcohol, cigarrillo u otras sustancias son adictas? Para los medios, ¿consumir una droga ilegalizada nos vuelve indefectiblemente adictos? Debemos romper de una vez por todas con estos discursos para abordar de manera efectiva todos los condicionamientos que atraviesan a este fenómeno y debemos recordar también que todas las personas son sujetos de derecho, que pueden elegir y decidir sobre su vida.

Finalmente, para graficar “el flagelo de las drogas” como titulan incansablemente los medios hegemónicos de comunicación, recupero un dato de la UNODC: la prevalencia del consumo de sustancias alcanza a 300 millones de personas, siendo el total de la humanidad de casi 6000 millones. De esas 300, 15 millones generan algún tipo de dependencia, esto es, el 0,25% de la población. Si las sustancias no tuvieran tanta mala prensa, la constitución como problema real de nuestras poblaciones sería marginal. Los argumentos aquí expuestos, no sólo surgen de militar por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, sino que también se sustentan en el Art. 4 del Decreto Reglamentario n°603/13 de la Ley 26.657 de Salud Mental y Adicciones, el cual establece que “las políticas públicas en la materia tendrán como objetivo favorecer el acceso a la atención de las personas desde una perspectiva de salud integral, garantizando todos los derechos establecidos en la Ley Nº 26.657. El eje deberá estar puesto en la persona en su singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca. Entiéndese por ”servicios de salud“ en un sentido no restrictivo, a toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados.

Dalila Tealdi, integrante de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos. Licenciada en Comunicación Social (UNLP). Diplomada en Género, Raza e Injusticias (UNSAM). Drogas, políticas públicas y Derechos Humanos (COaD). Cátedra Libre e interdisciplinaria para la adecuada atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas (UNSAM). 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) determinó que la cocaína adulterada que provocó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones en el noroeste del conurbano bonaerense estaba combinada con “carfentanilo”, informó en las últimas horas el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Al igual que otros estudios que habían sido realizados a pedido del Ministerio Público Fiscal bonaerense, los expertos de la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a la Química Orgánica (Umymfor) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, liderados por el doctor en Química Gerardo Burton, lograron identificar al opioide.

Según el informe oficial, el carfentanilo no se fabrica ni se utiliza en el país, por lo que en función del pedido del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, los científicos se aplicaron a descubrir la sustancia introducida en la droga.

Para identificar el compuesto utilizado en la adulteración de la cocaína, los investigadores del Conicet que se desempeñan en la Umymfor, ubicada en el Pabellón II de la Ciudad Universitaria, utilizaron un método conocido como cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas.

“Esta es la sustancia más dañina que hemos detectado en un caso como este”, señaló Burton, quien relató que la hipótesis de base apuntaba a identificar un compuesto de tipo opioide similar al fentanilo, en base al relato de los médicos que trataron a las personas intoxicadas.

A través de equipos de alta tecnología, los especialistas trabajaron “de la forma en la que se procede cuando se hace investigación”, dijo el doctor en química.

Es decir, en lugar de confiar el resultado a un software que investiga en una base de datos buscando resultados similares en sustancias ya identificadas, cruzaron los datos obtenidos con la bibliografía existente, lo que les posibilitó identificarlo.

“Este espectrómetro ofrece el dato de masa con mucha precisión, lo que permite determinar la fórmula molecular más probable de aquello que se está buscando”, explicó Burton.

Según el experto, el equipo en cuestión no requiere de una base de datos para contrastar, así que luego de este resultado los investigadores rompieron la molécula obtenida y caracterizaron así sus fragmentos “como si fuera un rompecabezas”, identificando así al carfentanilo.

Adicionalmente, el grupo del Conicet se encuentra trabajando en el análisis de las impurezas de las muestras enviadas para determinar elementos que puedan servir de apoyo a la causa judicial en curso, tales como la identificación de los métodos de síntesis ya conocidos que son indicativos del país de procedencia de la cocaína.

La semana pasada, la Procuración de la provincia de Buenos Aires había confirmado que la droga contenía “Carfentanilo”, un derivado del fentanilo que es 10 mil veces más potente que este y la heroína.

Según el informe oficial, los estudios fueron llevados a cabo “por un lado en el laboratorio de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires y por otro en la Procuración General Bonaerense que han recibido la colaboración del Laboratorio de la cátedra de química orgánica y del instituto Unyform de la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA, donde se llevaron a cabo estudios de gran complejidad, todos los cuales actuaron con gran profesionalismo y premura”.

El mapa del narcotráfico en Argentina tiene actualmente tres focos principales, una casta de narcos que está siempre un paso adelante de las autoridades y un Estado incapacitado para coordinar políticas que contengan la problemática, según funcionarios, magistrados y especialistas consultados por elDiarioAR este semana.

Si bien el narcotráfico se extienden en todo el país desde hace décadas, la fotografía que hoy tiene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestra tres focos más calientes por el nivel de actividad localizada: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. 

Otros años, la región noroeste, especialmente Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, eran uno de los puntos geográficos más problemáticos, y si bien, el narco sigue activo en la zona, distintas investigaciones judiciales pusieron demasiados ojos en la región y habrían aplacado un poco la actividad, confió a este medio uno de los fiscales que trabaja en el territorio. 

En estos tres puntos geográficos (Buenos Aires, Rosario y Misiones), el narco no sólo tiene presencia local sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país. Rutas entre las provincias y desde países limítrofes. Formosa se suma a la red de rutas, entre otras provincias, según el último informe de gestión de Procunar (2020). Argentina es también ruta hacia Europa para la exportación ilegal.

El análisis de la fiscalía surge de 312 investigaciones en las que la Procunar intervino en 2020, pero también de otras decenas de causas en las que viene interviniendo desde años anteriores. En total, entre 2013 y 2020, participó en 1.794 causas de narcocriminalidad en todo el país.

Lo que más les cuesta a las autoridades es ponerse de acuerdo, según quedó en evidencia en las consultas realizadas. Coordinar políticas entre el Estado Nacional y las provincias, y entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parece una odisea y la consecuencia es el pase de facturas y responsabilidades entre unos y otros.

Las maniobras fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Informe de la Procuración General de la Nación.

En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, de acuerdo con el documento publicado en la web oficial.

El informe, en el que participaron cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procunar, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal fue elevado por el procurador Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, sostienen que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional” y que las restricciones en las cárceles tocaron techo. 

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, sostuvo el informe. Los 19 casos fueron identificados en el informe.

La actividad identificada por los fiscales en cárceles como Ezeiza o Marcos Paz; la Unidad 6 de Rawson; unidades de Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Misiones; así como complejos de Salta, Santa Fe y La Matanza, entre otros, no sólo incluye el manejo del negocio narco sino también de “lavado de activos, homicidios, secuestras extorsivos, amenazas coactivas o la tenencia y  tráfico de armas de guerra y municiones”. Los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los investigados, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas. 

“El problema es el territorio”, responden desde el Ejecutivo ante la consulta. “Se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, agregó la fuente oficial.

Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo.

Postura del Ejecutivo ante la consulta sobre el informe de la Procuración.

En el Ejecutivo, contaron el ejemplo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, uno de los 19 líderes señalados en el informe. “Está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondió la fuente. 

Comunicaciones

Para concretar las maniobras desde las cárceles, los jefes de las bandas, como Los Monos (Rosario), los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), “utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones)” o lo hacían “a través de personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares, indicó el informe de la Procuración.

“En algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”, sostuvieron los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

“Después de encontrarle a Cantero el celular, se puso el teléfono del pabellón en el patio, donde tiene escaso acceso porque lo usaba permanentemente al ser el único en el pabellón. Quitarle acceso total al teléfono del pabellón y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada. 

En los próximos días, el Servicio Penitenciario Federal recibirá también a un hijo de 19 años de Cantero y a su esposa, a quienes alojará en distintas dependencias, confirmó la persona consultada.

El Conurbano

El partido de San Martín, en el norte del Gran Buenos Aires, tiene su propio esquema narco: bandas propias, división y disputa del territorio, según distintas investigaciones fiscales y judiciales. La semana última, fue el centro de las alarmas por el caso de la cocaína adulterada, que le costó la vida a 24 personas y afectó a decenas de consumidores, según actualizó este sábado la agencia Télam. 

Necesitamos reformar la ley de drogas.

Fuente oficial gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La primera hipótesis del caso apuntó a un supuesto boicot entre grupos por el control del negocio. Con los días, las autoridades lo descartaron, como publicó elDiarioAR. Surgió la teoría de un error del “cocinero” al cortar la droga con una sustancia que no supo manejar -supuestamente el fentanilo, según las autoridades- y una presunta prueba para introducir este opiáceo que hace estragos en los Estados Unidos y se cobra la vida de decenas de miles de personas.

“No se puede entender la situación actual en la provincia sin explicar primero el quiebre que generó el cambio de la legislación en 2005”, sostuvo una fuente oficial ante la consulta de elDiarioAR. “Fue cuando se desfederalizó la tenencia simple de estupefacientes, y la policía y la Justicia locales pasaron a ocuparse sólo del narcomenudeo, es decir, del narco a baja escala”. 

Entonces, el narcotráfico a gran escala quedó a cargo de los tribunales federales en territorio provincial (Lomas de Zamora, San Martín, Morón, etc. etc.) con intervención de las fuerzas de seguridad federales. “Eso se interpretó como un paso adelante pero hoy creemos que fue un error: se cortaron los grandes procedimientos de drogas”, agregó la fuente, quien asegura que Sergio Berni apuesta a tender nuevamente los puentes entre el ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia federal.

“El resultado fue una enorme caja para la Bonaerense, con control del territorio, y se rompió la cadena de información. En otras provincias, como Córdoba, sucedió algo similar. Necesitamos reformar la ley de drogas”, aseguró la fuente. 

En la Procuración, una fuente respondió: “En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, la coordinación entre Justicia provincial y federal funciona; en otros, no. Se hicieron nueve mesas de intercambio de información desde 2019 entre fiscales provinciales y federales. Los efectos negativos de la desfederización se neutralizan con coordinación. Lo mismo se está haciendo en Salta”, agregó.

Una década caliente

En Rosario, concuerdan con el informe de Procelac: los capos siguen manejando desde las cárceles, reconocieron fuentes consultadas con acceso a las investigaciones.

El narco en Rosario adquirió magnitud hace más de una década, pero comenzó a gestarse a finales de los años 90, explicaron a elDiarioAR fuentes que trabajan diariamente en contacto con la problemática y cuyas identidades se reservan por razones de seguridad. Fue cuando la comunidad internacional estableció restricciones en la importación y comercialización de los precursores químicos en países productores de hoja de coca  (Colombia, Perú y Bolivia) y el narcotráfico buscó la flexibilidad argentina para conseguir estas sustancias clave en la elaboración de la cocaína.

Algunos precursores se utilizaban, por ejemplo, para la industria frigorífica y en Argentina se importaban y comercializaban sin control. Así que el narco trajo las cocinas al sur de Sudamérica: traían la pasta base y la refinaban en el país, donde conseguían con facilidad las otras materias primas.

Rosario ofreció un combo de atracción, profundizó otra fuente consultada en la provincia de Santa Fe: se presupone que primó la posibilidad de entrar y sacar la droga por el puerto, la hidrovía, aviones o tierra; los servicios de profesionales como abogados, contadores y un centro financiero presente por el mercado de cereales; la pobreza; y otra particularidad de la ciudad: es un importante centro urbano pero no es capital de la provincia y por ende no tiene al centro del poder en el territorio.

El narco en la ciudad santafesina no sólo implicaría la comercialización de cocaína y marihuana, tanto para la exportación y, en menor medida, para el consumo interno e interprovincial. Implicaría lavado de dinero dentro del sistema financiero y económico local -comenzó a haber más dinero circulando-; conlleva complicidad en sectores de la policía, la justicia y la política; el desarrollo de otras actividades ilegales como juego clandestino -justamente para el blanqueo de capitales de la droga y la diversificación de los negocios-, la extorsión -impuesto a la protección a comerciantes, por ejemplo-; y sicariato.

Utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones) personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales.

Informe de la Procuración sobre narcocriminalidad en las cárceles.

La pobreza y la posibilidad de hacer dinero rápido convirtieron a Rosario en el foco más caliente de la narcocriminalidad: a muchos jóvenes no les importa si los asesinan antes de los 30 si la alternativa es vivir sumidos en la pobreza otros 50 años. 

Las bandas se distribuyen el territorio pero la gestión de ese territorio es sumamente compleja. El resultado: en 2021, se registraron 241 homicidios en la ciudad, el 67,3% de los asesinatos cometidos en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Pública provincial. La cifra es similar en años anteriores.

Ese número gigante está geográficamente concentrado. Alrededor del 80% de los homicidios se concentraría en un 10% o 15% del territorio de la ciudad: el más pobre, donde controlan las bandas, afirmó una fuente consultada en la provincia. Sin embargo, el lavado de activos se realizaría en las zonas más pudientes, donde hay dinero y donde operan los financistas, abogados y contadores del narco.

Eldorado

La principal preocupación sobre el territorio de Misiones en el Ministerio Público Fiscal surgió por una investigación desarrollada entre septiembre y diciembre de 2020. La Procunar se enfocó en el Primer Comando de Frontera (PCF), una organización narcocriminal transnacional que mantiene vínculos con las facciones de crimen organizado brasileras conocidas como Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y Bala Na Cara, según el último informe de gestión de la fiscalía especializada.  

“La investigación permitió establecer que esta estructura ilícita era comandada por una persona desde el interior del Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, donde se encontraba detenido por tres casos de  homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas, provincia de Misiones, que lo investiga por uno de esos hechos”, informó Procunar. 

Las intervenciones telefónicas permitieron incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en dos meses. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, en la gobernación de Misiones declinaron dar su versión y sostuvieron que lo que ocurre en las fronteras es responsabilidad de las fuerzas federales.

ED

Yo tomo, tú tomas, él toma. No es literal, pero si querés es literal.

Si la retiramos por un momento de las narrativas policiales y del tejido urgente de causas, narcos, muertos y breaking news; y la examinamos más serenamente con perspectiva de sociedad y cultura, de la cocaína se pueden extraer dos primeros anuncios: uno, que ha triunfado culturalmente y su expansión nos habita. Y dos, que su victoria es del orden de lo innombrable.

Que nos habita significa que ha desarrollado un formidable radio de presencia social y que ha alcanzado un cierto tipo de omnisciencia: está todo el tiempo en todos lados, no ella sino su relato, el ladrillo de su representación. Tiene circulación de meme, que es la circulación que define a la época. Fantino arriba de la bicicleta fija ¿Tomó? El Bebe Contepomi mandibuleando las entrevistas ¿Tomó? Montaner en lo de Susana, Jorge Rial en su mesa de trabajo ¿Tomaron?

No lo sabemos ni tenemos porqué saberlo, toda vez que un artículo, el bellísmo artículo 19 de la Constitución Nacional, consagra la privacidad de sus actos. Ahora, pareciera que los que tomamos somos nosotros, las audiencias, las plateas, somos plateas que toman y nuestra cocaína es la ansiedad de la pesquisa. 

Somos un cuerpo adicto, un cuerpo social sacaficha.

Ahora, pareciera que los que tomamos somos nosotros, las audiencias, las plateas, somos plateas que toman y nuestra cocaína es la ansiedad de la pesquisa. Somos un cuerpo adicto, un cuerpo social sacaficha.

Al que nos parece que tomó le asignamos la acción de haber tomado sin tomarnos nosotros la molestia de comprobarlo porque la sola asignación asegura la excitación del hallazgo. Ellos, propietarios del santo grial de la celebridad, son descubiertos -en el sentido de sorprendidos- por sus audiencias, la multitud de nadies. Y no hay cómo contradecir a los nadies.

Escena: una puerta de latón permanece cerrada a mitad de cuadra sobre una avenida de Constitución que puede ser Garay, Brasil, Caseros, o ninguna de ellas. La puerta se abre si tocás el timbre y decís hola parce. Te abre un pibe que esnifa con violencia un resto de mocos antes de ordenarte que te saques la gorra y el barbijo. Quiere tu cara limpia porque si no te ve no te vende. Después cierra. De ahí mismo sale una escalera apretada que dura ocho escalones porque una puerta de hierro encastrada de pared a pared la hace llegar hasta ahí: te hace a vos llegar hasta ahí. Tres lucas el gramo. Metés la plata en una mirilla. Se cierra la mirilla. Una chica corte Palermo, remera de rock y hebillitas, entra y espera. No se la escucha decir hola parce. Ocho escalones abajo, espera. Se abre la mirilla. Bajás con tu teje. La chica sube, los ojos en las zapatillas, el barbijo en la mano. Salís. Listo. ¿Podés volver en cualquier momento del día o de la noche? Podés. El dato de dónde comprar cocaína en Buenos Aires es asombrosamente fácil de obtener. Lleva conseguirlo lo que lleva preguntar por él.

Innombrable, está en todos lados pero permanece innombrable.

No tenía porqué hacer ningún descargo, Fantino, pero se le dio por hacerlo y en cinco minutos y medio de grabación selfie lo más cerca que estuvo de decir la palabra cocaína, o de referirla, fue “algunas interpretaciones boludas”. La distancia que hay entre el fonema cocaína y el grupo de fonemas “algunas interpretaciones boludas” es la distancia que mide la escala de lo socialmente indecible.

En 2016 un cronista del diario La Nación se pasó la noche en Mamita Bar para darle narración al “nuevo reducto de la inmortal bohemia porteña”. No están en discusión los capitales de aquel texto sino más bien la fuerte traza que compone el silencio de lo que el autor no dice o no se permite decir, y el cuidado proverbial que tiene para pasarle de cerca al borde de las cosas sin tumbarlas: “seguramente algunos personajes y sustancias se repiten” dice buscando darle silueta a un lugar que, él entiende, revive la farándula rockera de los ochenta. Sustancias, hasta ahí llega.

Podría tratarse de Mamita, de Makena, de cualquier eje que destripe la noche de Colegiales. Mamita quedó a la cabeza de una fenomenología urbana y eso llevó a Joaquín Levinton, hoy más desnatado, más ATP, integrante familiar del elenco de MasterChef, a componer Disconocidos, primer track de Odisea, disco de Turf de 2017, una canción de tempo nervioso que narra el valor de la noche como cueva que nos iguala en la piedad sus sombras, que de algún modo nos esconde, hasta que llega el día y nos vemos tal cual somos: impresentables. El pasaje de la oscuridad a la luz, Levinton lo resuelve con las siguientes líneas:

Se hizo de día y fuimos a una casa / De una persona de total confianza / Alguien que nunca había visto en mi vida / O tal vez alguna noche en “Mamita”. Pusimos plata para una vaquita / Para comprarle a Chiche una bolsita / Pero como esos no eran mis amigos / Termino hablando con desconocidos.

El problema de las intelligentzias (de redes, de medios, esas derivadas de la opinión pública presunta) con Levinton no fue que usara drogas, fue que lo explicitara. Que a las drogas las dijera, las enunciara. Y cuando un enunciado es imposible de absorber el que debe pagar es el mensajero.

Mi hijo, a los seis años, evitaba decir “sexo” porque le resultaba una palabra-monstruo, una unidad léxica en demasía con el estatuto de una hipérbole. Lo saturaba, era devorado por ella. Entonces, cuando necesitaba referir el tema, decía ese-e-equis-o. Descomponer la voz le permitía adquirir su sentido y, entonces, transferirlo. Pasa en el cuerpo de un chico, pasa en el cuerpo del colectivo que somos. Palabras-monstruo, palabra con colmillos, palabras que mejor no.

Fafafa, milonga, saque, raquetazo, falopa, farlopa, gilada, pala, merka, talco, blanca, frula, mandanga, lagarto, perico, tiro, tirito, papel, bolsa, tiza, raviol, papota, papusa, el diablo, virulazo, ricarda, teje, vicio, gira, alita de mosca, merluza, camerusa, merequetengue. Ella.  

Ñam fi frufi es del rock, cocó es del tango.

En un hilo tirado sin mucho esmero podés contar treinta formas de llamar a la cocaína. Llegás a las cuarenta si te ponés fino y regional. Una sociedad que necesita esta cantidad de palabras para decir una única palabra es una sociedad que tiene un asunto con esa palabra. La satura: es devorada por ella.

Una sociedad que necesita esta cantidad de palabras para decir una única palabra es una sociedad que tiene un asunto con esa palabra. La satura: es devorada por ella.

Escena: un tipo que anda en los cuarenta llega de trabajar, saluda a su esposa, le da una beso a la más chiquita, otro a la grande y se abre una lata de cerveza. Fue un día duro en la oficina. El tipo alquila un tres ambientes sobre Bulnes, sobre Vidt, sobre Julián Álvarez o sobre ninguna de ellas.  No es un adicto, y sería sobregirado llamarlo cocainómano. Simplemente se toma un tiro, dos, para estirar un poco la noche en el fresco del balcón. No lo hace a escondidas en el baño ni tiene que caretearla porque las hijas ya duermen y la esposa sabe que no va a pasar de eso: un tiro, dos. No todas las dosis encontradas en los allanamientos son dosis de un gramo: hay de cero ocho, de cero cinco, porque hay, también, gente que la toma así, dándole anchura a los tipos de ingesta, estableciendo ritos de consumo menos asociados al largo de la gira y el reviente, más cerca de la toma doméstica, caserita. No los ves porque tampoco hay nada que ver. No los ves pero ahí están, viven en la puerta de al lado, capaz sos vos, capaz soy yo.

Nosotros tomamos, ustedes toman, ellos toman. Aclarar que esta no es una afirmación estadística sino conceptual seguramente atajará al lector apresurado por exhibir con orgullo la virginidad de sus narinas.

Sí, claro, hay gente que nunca ha tomado cocaína ni nunca la tomará.

¿Pero hay gente que no participe del cuerpo social en cuyo tracto la cocaína ha triunfado? ¿Y qué significa exactamente que ha triunfado? Arriesgo: su condición transclase, he ahí el más confiable verificador. 

Lo que vimos en Puerta Ocho es borra social y lumpenaje, con 24 muertos en el fondo de la olla del menudeo. Hoy 5 de febrero del 2022 se cumplen exactos diez años de la muerte de la modelo Jazmín de Grazia, hallada sin vida en la bañera de su departamento de Las Heras y Rodríguez Peña el 5 de febrero del 2012. La causa que siguió a esta muerte se conoció como Droga VIP y el detenido estelar fue Rodolfo Bomparola, hermano de la diseñadora Evangelina Bomparola, que fue denunciado en la justicia y en los medios por su ex pareja, Viviana Vitali. Según Vitali, Bomparola se jactaba de haberle vendido cocaína a De Grazia, se reía de que hubiera muerto con “la de él”, y que Roger Waters hubiera elegido “la de él” cuando vino a montar The Wall en el estadio de River para llenarlo nueve veces. Era Marzo de 2012.

La curva que va de Puerta Ocho a Jazmín de Grazia y Roger Waters es la expresión de una totalidad, no deja a nadie afuera. Ese todos es el que toma, no vos. 

Ni yo.

Lo innombrable, lo nombrado, cómo es nombrado. Droga VIP se cuenta sola, en el título queda dicha la película completa. El enunciado periodístico funciona por reducción drástica, todo título que corta grueso corta bien.

¿Y Droga Envenenada? ¿Qué película se deja presumir en la acción de ese compuesto?

#DrogaEnvenenada es un tag que parte al medio la historia del enunciado narco argentino porque #DrogaEnvenenada supone el fin de una tautología: si la droga ha sido envenenada es que la droga ha dejado de ser veneno, porque si no estaríamos hablando de veneno envenenado y eso no tiene sentido. 

“Envenenada” le baja el precio al daño que, podemos suponer, es transferido en el concepto “droga”. “Envenenada” convierte a “droga” en un sustantivo puro y sin mal.

No hay sino Lenguaje, no hay sino semiosis, dice Sandino Núñez, nuestro Zizek de Tacuarembó.

Escena: en un departamento venido a menos de la avenida Nazca, o del Once, o del microcentro, una tribu de morviciantes se juntan a morviciar. Son tipos que no toman jamás, hasta que el cuerpo les pide -les exige- hacer el viaje al lado oscuro de sus sexualidades secretas. Como no son capaces de llegar solos sino arriba del cohete que despega desde el fondo de un bolsa, se colocan y, por un rato que se estira toda la noche, se desaparecen de sí mismos y juegan a lo que no son o no se permiten ser. Se encuentran entre ellos en las profundidades de la internet, en los sótanos de las páginas de contactos, justo antes de la deep web. Se preguntan mutuamente si son del palo. Se pasan líneas, tu transa, mi transa, y se dicen “cero vueltas” cuando quieren concretar. El juego se termina cuando se termina la cocaína, porque el juego es la cocaína.

En diez años el narco se volvió remera, artefacto pop, romantización del mal, patrón de Netflix. Y la idea de combatirlo a punta de allanamientos sólo ha ganado obsolescencia. Es asombroso el empobrecimiento flagrante de las perspectivas prohibicionistas cuyos aportes al problema del mercado de estupefacientes consiste en hacer que los traficantes dejen de traficar y los consumidores dejen de consumir. 

En diez años el narco se volvió remera, artefacto pop, romantización del mal, patrón de Netflix. Y la idea de combatirlo a punta de allanamientos sólo ha ganado obsolescencia.

Del otro lado, las progresías de la despenalización saben qué hacer con el cannabis, pero la cocaína todavía es un indecible para el cuerpo social que somos, incapaz de madurar una comprensión acerca de un concepto crucial como el de reducción de daños, mucho menos de reclamarle al Estado que lo implemente. 

Mientras tanto, ya hay unos tipos preparando la Puerta Nueve.

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El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, anunció que informará a la policía para que investigue sobre trazas de cocaína encontradas en diversos baños del palacio legislativo victoriano, a orillas del londinense río Támesis, donde sesiona el Parlamento británico. Ha señalado, además, que estudia utilizar perros adiestrados para detectar sustancias ilegales en las instalaciones.

Hoyle declaró que espera que se aplique la ley de manera “completa y efectiva”. Respondía a una información periodística publicada por The Sunday Times. Según una investigación periodística de este semanario, en once de los doce baños del palacio de Westminster había restos de cocaína. “Las informaciones sobre consumo ilícito de drogas en el Parlamento son profundamente preocupantes y las elevaré con urgencia a la Policía Metropolitana”, ha declarado el presidente de la Cámara Baja a la BBC. Las áreas donde se han encontrado rastros de cocaína están repartidas por todo el Parlamento. O en otras palabras, no han encontrado áreas sin rastros. Incluyen tanto áreas semipúblicas -así, los baños mixtos en una de las zonas de prensa- como aquellas de estricta restricción -así, las cercanas al despacho del primer ministro tory Boris Johnson-.

Nueva estrategia antidrogas del gobierno conservador

Por otro lado, este lunes se ha conocido la nueva estrategia antidrogas del Gobierno británico para los próximos diez años. El Ejecutivo proporcionará rehabilitación a los adictos al crack y la heroína para evitar posibles delitos y reforzará la persecución de las redes de menudeo de drogas, que implican muchas veces a menores.

En una visita a la sede de la policía de Merseyside (norte del país), el primer ministro, Boris Johnson, explicó que la operación contra 2.000 bandas de distribución callejera, valorada en 300 millones de libras, irá acompañada por “la mayor inversión jamás hecha en tratamiento” para adictos.

Según el Ministerio británico del Interior, hay unos 300 mil adictos al crack y la heroína en Inglaterra que son “responsables de casi la mitad de delitos como robos y hurtos”, mientras que las drogas están detrás de casi la mitad de todos los homicidios cometidos en el país.

Los datos de Interior apuntan a que el gasto en consumo en el país asciende a 20 mil millones de libras al año. Otra medida anunciada será enviar mensajes desde teléfonos incautados a traficantes de drogas a sus clientes para desalentarles de consumir estupefacientes.

Según dijo el Primer Ministro, las operaciones puestas en marcha para desmantelar las bandas de narcomenudeo que distribuyen su producto a clientes en otros condados con quienes contactan a través del teléfono (conocidas en Gran Bretaña como county lines) han logrado el cierre de 1.500 redes y se han efectuado más de 7.400 arrestos.

Desde la oposición laborista se ha lamentado que las reformas son necesarias desde hace mucho tiempo y se considera que los recortes en los presupuestos de la policía han permitido que crezcan organizaciones de tráfico de drogas.

Según datos oficiales, las muertes relacionadas con las drogas registradas en Inglaterra y Gales figuran ahora en su máximo nivel desde 1993 -cuando comenzaron a contabilizarse estos datos-, y solo en 2020 4.561 personas fallecieron por esta causa.

AGB