El 27 de marzo se inició la campaña proselitista en Guatemala para las elecciones presidenciales. No fue fácil. Este lanzamiento había estado precedido por una larga, polémica, arbitraria y discrecional primera fase de postulación e inscripción de candidaturas todos los cargos de elección popular.

La segunda fase del proceso electoral que se inició oficialmente en los últimos días hábiles de marzo tiene el declarado propósito de seducir el voto de casi diez millones de votantes que acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 21 candidatos y 2 candidatas definidas por 30 partidos políticos. Además del nuevo Ejecutivo de la República,  Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país:29 partidos están calificados para presentar candidatos.

La prolíferante oferta electoral, en la que no han sido habilitados el binomio presidencial del izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) encabezado por la lideresa indígena Thelma Cabrera, ni el de Roberto Anzú por el partido de derecha Podemos,  refleja de manera simétrica la atomización del electorado cuya confianza en las elecciones y en la institucionalidad en su conjunto es baja, acrecentado por los mecanismos establecidos para impugnaciones y exclusiones de candidaturas que han generado incertidumbre, tensiones, el aumento del descontento de la ciudadanía  y en cierta manera posibilitado las transgresiones de los propios candidatos a la normativa electoral. “Todas las misiones de observación nacionales e internacionales concluyen que el TSE no cumplió con las expectativas debido a su comportamiento errático al bloquear candidaturas”, declaró Manfredo Marroquín fundador de la organización civil Acción Ciudadana comprometida con la participación de la ciudadanía consciente y la transparencia de la gestión pública desde hace 20 años.

A la popular lideresa indígena Thelma Cabrera le fue negada la inscripción de su candidatura para las presidenciales guatemaltecas del 25 de junio.

Tres mujeres, una excluida 

La protesta de miles de indígenas y campesinos guatemaltecos que bloquearon carreteras en varios puntos del país para que la justicia permita la candidatura de la única fórmula presidencial que postulaba a una mujer indígena, Thelma Cabrera no tuvo éxito. Sin embargo, Zury Ríos, hija del ex dictador genocida Efraín Ríos Montt (1982-1983),  candidata de la coalición conservadora Valor ,  consiguió la habilitación que le había sido negada en 2019, esa vez de acuerdo al  artículo 186 de la Constitución que establece que no podrán ser candidatos ni ocupar el cargo de presidente o vicepresidente “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad”.

Ríos viajó al departamento de Jutiapa y luego visitó la Zona 6, uno de las 25 zonas del sistema de espiral contrario a las agujas del reloj en que se divide la ciudad capital de Guatemala.  Durante su recorrido, una simpatizante pistola en mano injurió a Sandra Torres candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) quien compite por tercera vez a la presidencia del país, y disparó varias veces al suelo.

La inmediata respuesta que por redes sociales difundió Ríos dio a conocer su decisión de identificar a la agresora, separarla de sus colaboradores y “aplicarle todo el peso de la ley, apegado a su código de ética”. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para cuestionar las aptitudes de Torres,  ex primera dama durante el mandato del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012) como futura Presidenta, una fuerte agresión verbal.

El episodio que no sería más que una anécdota de ‘riña entre mujeres’ , que son justamente las que encabezan el voto favorable según las encuestas, cobra otro sentido si llegara a ser el primero de una espiral de violencia ante la cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha limitado a difundir un llamado a la tolerancia y condenó los hechos para no tirar por la borda el reciente Acuerdo Nacional en función de “una campaña ética, pacífica y con valores democráticos”. 

La campaña en marcha: regalos, juegos y fuegos artificiales

Marroquín ha vaticinado que “en las condiciones actuales la campaña electoral puede desarrollarse con abundantes recursos provenientes de la corrupción y el narcotráfico que van a propiciar un juego sucio y que seguramente serán solapadas por el TSE si son cometidas por agrupaciones que forman parte de la alianza que gobierna el país. Al final vamos a ver un proceso sin legitimidad a los ojos de la población y la comunidad internacional”.  La advertencia parece cumplirse porque contradiciendo la expectativa de  una campaña con debates y ofrecimientos electorales responsables que atiendan las preocupaciones de la población sobre seguridad, generación de empleo digno y acceso a servicios básicos, se ha podido comprobar  que cada fin de semana, algunos de los candidatos recurren a los regalos o prebendas que la Ley Electoral del país prohíbe de manera explícita:  “otorgar u ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales”. 

El sábado 15 de abril, la candidata Torres de UNE visitó una vecindad en la Zona 18 de la ciudad capital; con su patada inicial inauguró un torneo de futbol y regaló ‘playeras’ –así se dicen a las remeras de maga corta en Guatemala-  bicicletas y televisores a los cientos de asistentes. Entre sus promesas, resaltó restaurar la bolsa solidaria, la entrega a familias un pago anual de Q2 mil para la compra de útiles; la eliminación del IVA a productos de canasta básica y medicinas y archivar la iniciativa de ley 6165, que busca colocar impuestos al comercio informal. “Hace cuatro años yo no me equivoqué. El pueblo se equivocó, porque si me hubiera apoyado, otra situación sería para los guatemaltecos y las guatemaltecas”, dijo Torres en su discurso.

El candidato Hugo Peña del reciente partido Comunidad Elefante, participó en una carrera de 7 kilómetros organizada por esa organización política en la que se entregaron cheques como premio a los ganadores, por cantidades que ascendieron a Q1,500.

El presidenciable Edmond Mulet del partido Cabal, opositor al oficialismo visitó la ciudad de Chimaltenango (‘murallas de escudo’ en náhuatl) donde luego de un mitin político bailó con simpatizantes de su partido y regaló ‘picheles’, nombre de los vasos de plástico en Guatemala.

Sin repartir regalos, el candidato Rudio Lecsan del centroderechista Partido Humanista, realizó una caminata con banderas en la Zona 1, donde visitó el Mercado Central y dialogó con vendedores. En el interior de la república, Bernardo Arévalo del partido socialdemócrata Movimiento Semilla visitó el Departamento de San Marcos, donde encabezó un recorrido con banderas en diferentes municipios y participó de entrevistas en radios locales. El candidato Manuel Villacorta del partido centroizquierdista Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) participó de varias actividades en diferentes departamentos, finalizando en la ciudad de Chimaltenango con un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Otros candidatos a diferentes cargos públicos

Neto Bran, alcalde de la Municipalidad de Mixco del Departamento de Guatemala por el Partido Popular Guatemalteco (PPG) en uno de sus distintos recorridos pidiendo el voto para su reelección, fue disfrazado como un  personaje de los comics, el superhéroe  Iron Man y regaló comida rápida a niños de Mixco. En el Municipio de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero del Partido Unionista de derecha recorrió su municipio y regaló autos de juguete a los niños a la vez compartió documentos con su plan de gobierno municipal.

¿Una voz en el desierto?

El candidato a diputado por el izquierdista Movimiento Político Winaq, el economista Víctor Robledo asume la campaña de su partido con el propósito de “despertar conciencias para el resultado del voto”. En un Transmetro (el transporte más popular entre los guatemaltecos), Robledo explica casi en solitario a las personas que no viene a regalar huacales, ni láminas de techo. Afirma que solo viene “a pedir que despertemos, este país no puede continuar así, si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por nuestros hijos”.

“No puede ser que nuestros niños no tengan jabón para lavarse las manos en las escuelas públicas, no puede ser que lleguen a la escuela no por estudiar, sino por un miserable vaso de atol y una galleta”, cuestiona a los transeúntes. “Hoy estoy tratando de decirle a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, que cambiemos este país, y solo lo vamos a hacer si reaccionamos, dejemos de votar por los mismos de siempre”, es su convocatoria y la de Winaq, por el momento una de las pocas agrupaciones que se asume como de izquierda de cara a las urnas.

AGB

Según el calendario electoral guatemalteco, un electorado de casi diez millones de votantes acudirá a las urnas el 25 de junio para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 23 candidaturas presidenciales definidas por 30 partidos políticos. El escenario político es el de una consistente fragmentación refleja: al electorado atomizado corresponde una oferta electoral parejamente subdividida. Además del nuevo Ejecutivo de la República, Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país. en un escenario de  gran fragmentación electoral: 29 partidos están calificados para presentar candidatos 

El actual presidente es un médico que sufre esclerosis múltiple, un sexagenario que usa marcapasos, un catóiico divorciado en 2014 de su esposa madre de su hija y sus dos hijos, un político neoconservador defensor del autoritarismo pero hoy desprestigiado aun en su idoneidad para abusar del poder. Varias veces derrotado en las elecciones locales como aspirante a la alcaldía capitalina de Ciudad de Guatemala, cuatro veces aspirante a la presidencia de la República (cada vez como candidato de un partido derechista diferente), tres veces vencido antes de ganar en 2019 al frente del binomio de Vamos Guatemala. La victoria de Giammattei se debió al acierto de prometer mano dura contra la inseguridad, la violencia, el delito y el crimen, organizado o no, y el narco también. El ex carcelero del país -la posición más alta en el Estado alcanzada por Giammattei antes de la presidencia había sido la jefatura del Servicio Penitenciario- anuncio que sería el foso donde se hundiría toda iniciativa pára que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos o que personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio.

Un electorado fragmentado, una oferta electoral atomizada

El número de partidos competitivos no deja de llamar la atención, pero sobre todo fuera de: Guatemala. En los 38 años de recuperada democracia tras el fin de la guerra civil, la República ha registrado el número de 100 partidos políticos activos, cuya permanencia promedio era de una década. La baja institucionalidad y la fragmentación del sistema de partidos queda probado por el hecho de que en cada elección surgen entre cuatro y siete partidos y desaparecen entre tres y seis. 

De manera paradójica con esa alta fragmentación del sistema de partidos, coexisten  estructuras político-territoriales en departamentos, regiones, municipios que han logrado mantenerse vigentes y que permiten a algunos diputados y alcaldes continuar en el cargo compitiendo por partidos distintos. Por esta razón, en la elección de 2019 cambió el 60% de los diputados, pero no cambió la dinámica de asociación y alianzas, debido a que la  estabilidad no la confieren los partidos políticos sino las estructuras políticas en el territorio. No se trata de un caso aislado; por el contrario es muy característico de América Latina  que registra una tendencia de fragmentación de los sistemas de partidos, excepto en Uruguay.

Una singularidad de Guatemala radica en que ningún partido que ha ejercido el gobierno durante el período de la llamada “época democrática” iniciada en 1985 después de dos golpes de estado ha ganado la reelección. Varios  han disminuido notablemente o se han disuelto. El primer presidente de esta época Vinicio Cerezo (1986-1991) pertenecía a la Democracia Cristiana Guatemalteca fundada en 1955 y cancelada en 2008.

El Señor Presidente miente

A despecho de este dato empírico, el partido oficialista de derecha Vamos  ha iniciado la campaña para lograr sostenerse en el poder.  El presidente Alejandro Giammattei, quien aseguró el 14 de enero pasado  que el país centroamericano ha “avanzado mucho” durante su gestión,  cuenta con un índice muy bajo de popularidad. “Ha sido un camino lleno de orgullo, porque hemos avanzado mucho. Porque hemos logrado mucho. Porque hoy somos más y mejores de lo que éramos hace tres años”, declaró Giammattei durante la presentación de informe de Gobierno, el tercero después de asumir  el cargo el 14 de enero de 2020. Un informe “lleno de  mentiras”. Si  el primer mandatario sobre la seguridad enfatizó durante 2022, no hubo asesinatos en 122 municipios de los 340 que componen el territorio y  según datos oficiales, en 2022 se contabilizaron 4.263 asesinatos, 4,5 % más que en 2021. Lo mismo respecto a un “sólido” crecimiento económico y la devolución del crédito fiscal a exportadores, la duplicación de las exportaciones en tres años y que las remesas familiares han crecido desde el extranjero. Según cálculos oficiales- alrededor del 59 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños sufre de desnutrición.  

El primer mandatario ha articulado una alianza legislativa bastante estable donde se  encuentran los partidos de las dos candidatas presidenciales que encabezan las encuestas: Zury Ríos del partido derechista Valor y Sandra Torres del social demócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Si  las encuestas son veraces y se confirman el 25 de junio, las dos mujeres que competirían en segunda vuelta han tenido mayor o menor cercanía con el partido en el poder. 

El hecho tiene su lógica: la presidencia para convivir con un Poder Legislativo crecientemente poderoso se ha visto obligada al establecimiento de alianzas. Si bien el Poder Ejecutivo es el que tiene control del presupuesto, el Congreso tiene capacidad para y para modificarlo en uno de sus componentes clave, como el listado geográfico de obras  para el siguiente período fiscal, año con año. La clave de la implementación de esta estrategia se asocia  más a la debilidad institucional que a un concierto democrático.

Los vericuetos del proceso electoral guatemalteco

Las normativas  de requisitos y prohibiciones para participar en la contienda electoral las define la Constitución de la República y la ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada en 2016 y aplicada en 2019. La formulación de las normas es difusa y, genera posibilidades de una aplicación diferenciada o discrecional de la Ley, o al menos la percepción de que pueda haberla en cuatro áreas que comprenden  las reglas para el registro de las contribuciones privadas a las campañas electorales; la división del tiempo en los medios entre todos los partidos que presenten candidatos a elecciones presidenciales o legislativas, la definición de las diferencias entre la precampaña y la campaña, (cómo se diferencia el proselitismo de la propaganda electoral), y los criterios para calificar las candidaturas. El último tema origina el mayor debate de este momento en Guatemala, dado  que existe en un conjunto de actores políticos y de la sociedad civil la fuerte sospecha de que no se han aplicado criterios estandarizados para calificar las candidaturas presidenciales.

A la fecha, el rechazo y la confirmación de candidaturas por Tribunal Electoral ha generado descontento social y la presentación de recursos ante la Justicia. El Registrador de Ciudadanos, José Ramiro Muñoz, quien  recibe y decide sobre los pedidos de inscripción, ha sido denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, cohecho pasivo y denegación de justicia.

Estrepitosos rechazos y ruidosas admisiones de candidaturas discutidas

Muñoz Jordán ha negado la inscripción de Rodas de Andrade  ‘número dos’ de la fórmula del  partido izquierdista fundado por indígenas y campesinos que aboga por un estado plurinacional, Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP) encabezada por  Thelma Cabrera, la única mujer indígena postulada para la presidencia. La razón alegada es que Rodas de Andrade  no cuenta con ‘finiquito’,  que es el  documento que da fe de que no tener  cuentas pendientes con el Estado.  Rodas Andrade, acérrimo crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, defiende que la negativa recibida es una venganza en su contra por denuncias hechas y asegura que tiene un finiquito válido.  El denunciante,  Alejandro Córdoba candidato del  oficialismo y aliados. La apelación de MLP se encuentra  en la Corte de Constitucionalidad (CC), que tendrá la última palabra. De negarse la inscripción del vicepresidente, automáticamente queda fuera la candidata a presidenta.

Respecto a la inscripción del candidato Roberto Arzú García Granados, postulado a la presidencia por el partido político de derecha populista Podemos, inicialmente admitida por el Registro de Ciudadanos o Tribunal Supremo (TSE)  luego cayó. Arzú,  hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000),aboga por reactivar la pena de muerte, prohibida por el Pacto de San José firmado en 1969 del que Guatemala es signataria. El partido Frente de Convergencia Nacional del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), impugnó la inscripción de Arzú aduciendo que había hecho campaña electoral anticipada. La decisión depende de la Corte de Constitucionalidad.

Dos candidatos presidenciales contra los que se generaron advertencias de campaña anticipada conservan su inscripción. La candidata presidencial por la coalición de partidos Valor-Unionista de derecha radical, Zury Mayté Ríos Sosa,  hija de exdictador procesado por genocidio, José Efraín Ríos Montt (1982-1983). En el partido de Ríos Sosa, hay exfuncionarios de gobierno y particulares que hicieron campaña para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de las  Naciones Unidas que desarticuló grupos del crimen organizado, corrupción e impunidad durante 12 años hasta 2019, saliera del país.

El artículo 186 de la Constitución guatemalteca impide optar al cargo de presidente y vicepresidente a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus parientes. Con base en esa restricción, se le prohibió a Ríos Sosa en anteriores ocasiones la participación electoral. Sin embargo, para la contienda del 25 de junio, la hija de Ríos Montt fue una de las primeras candidaturas inscriptas. Aunque la decisión fue impugnada por el partido de centroderecha CABAL, expresión coloquial guatemalteca que significa “exacto”, tanto el TSE como la Corte Suprema ratificaron su admisión como candidata.

Las postulaciones de Sandra Torres Casanova, ex primera dama, divorciada del fallecido expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), y de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, también fueron impugnadas. Ambos concurren por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro derecha. Torres Casanova estuvo detenida y fue procesada en un caso de corrupción durante el gobierno de su exesposo, pero las cortes de justicia fallaron en su momento a su favor. Guerra es un pastor evangélico que participa por primera vez en política. El partido de conservador de ultraderecha TODOS pidió anular la participación de ambos pues la Constitución también prohíbe a los ministros de cualquier religión o culto ser candidatos a presidente y vicepresidente. Guerra renunció públicamente a su ministerio de culto unos días antes de inscribirse como candidato. El Registro aceptó y el Tribunal Electoral ratificó la decisión a favor de ambos.

El Registrador Muñoz Jordán inscribió como candidato a alcalde por el departamento de Jutiapa, al este del país, a Jaime Martínez Lohayza, exdiputado que postula por el partido de Ríos Sosa y que fue investigado, procesado y cumplió condena por tráfico de influencias. En el ordenamiento jurídico guatemalteco, solo con condena firme y ejecutada -agotados todos los recursos posibles- se pierden los derechos de participación política mientras se cumple la pena. A la vez, la Ley de Probidad exige a los aspirantes requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para optar a cargos públicos.

También se aceptó la inscripción como candidato a diputado de Esduín Jerson Javier Javier, alcalde del municipio de Ipala del departamento de Chiquimula, al este de la capital. En 2021, la Fiscalía solicitó que se le retirara la inmunidad de alcalde, pero el caso no tiene avances. Se postula por el partido CAMBIO, del ex presidenciable Manuel Baldizón, sentenciado y deportado a EEUU por lavado de dinero del narcotráfico.

A los políticos Felipe Alejos Lorenzana, del partido TODOS, y Allan Rodríguez del oficialista VAMOS les fue retirada la visa de entrada a EEUU por vínculos con corrupción. Al primero, además, le aplicaron la Ley Magnitsky sobre responsabilidad de DDHH, que prohíbe a empresas que tengan nexos con EEUU establecer relaciones comerciales con él y la Fiscalía intentó cuatro veces que se le retirara la inmunidad para investigarlo por corrupción, sin que la Corte Suprema avanzara el caso y diera paso. Ambos son diputados y candidatos a diputados para la próxima legislatura, con inscripción aceptada por el Registrador.

AGB

Un mes atrás, el 15 de septiembre, la República de Guatemala pudo conmemorar el Bicentenario de su Independencia y ostentar las más altas cifras de muertes confirmadas por Covid-19 en Centroamérica. Porque en la misma fecha se cumplían doscientos años de emancipación del dominio colonial español y dieciocho meses de prisión en el calabozo global del coronavirus cuyo primer contagio local había sido detectado un año y medio atrás. La pandemia fue una ordalía personal para las carreras político administrativas y técnicas de los cuadros altos de los ministerios de Salud, donde la gestión propiamente médica y epidemiológica era sólo uno de los aspectos, y no necesariamente el primero principal, que decidirían su supervivencia en los cargos y su futuro en el gobierno o en el funcionariado, si alguno les quedaba una vez renunciantes.

Celeste y colorado 

Ante cualquier agravamiento de la crisis sanitaria, cada jefe de gobierno sabía cuán redituables para aplacar o dilatar el frenesí de furor de la opinión pública son los sacrificios humanos con víctimas propiciatorias elegidas entre el personal de las carteras sanitarias. En los países gobernados por la derecha, como EEUU, Brasil o Guatemala, les serían atribuidos resultados negativos debidos al negacionismo de los gobernantes, a la cicatería del Estado para disponer de manera sostenida y consistente de recursos nacionales, y a la renuencia a coordinar desde lo más alto una política nacional unitaria de cuarentenas, cierres programados de comunicaciones y actividades, y medidas comunes de profilaxis estricta y obligatoria. En países o provincias gobernados por la izquierda, como Argentina y Perú, o Nueva York y Amazonas, de hechos  que revelaban corrupción o uso discrecional de recursos escasos como los medicamentos, las camas y salas de terapia intensiva, o los tubos de oxígeno en los hospitales podían verse responsabilizados los ministros, aun cuando fueran decisiones emanadas de otras autoridades, y sólo toleradas cuando no ignoradas o conocidas a medias por su despacho. La pandemia permitió un alineamiento de derechas e izquierdas americanas según un eje de oposiciones que determinaba cuarteles de antagonismo y cromatismo nítido: unas y otras parecieron sentirse de inmediato cómodas con la polarización entre celeste y colorado, y ambos espacios la estimaron lucrativa para fortalecerse ante sus electorados. La izquierda declamaba su convicción científica y civilizada, y bárbaros eran los Bolsonaros y Trumps (y aun Johnson y Merkel y Lacalle Pou en sus primerizas y más espontáneas iniciativas y directrices); para la derecha, la infectadura de epidemiólogos con sus interdicciones sistemáticas a la circulación y el derecho a ganarse el pan era otra prueba más, como si hicieran falta demostraciones suplementarias, de la indiferencia cruel de la ‘casta’ ante las pequeñas gentes sin privilegios y sin más futuro que el de la prepotencia de su trabajo, que les coartaban. En todo caso, quienes ponían toda su fe en las vacunas, redentoras de la enfermedad y salvadoras de los oficialismos, y sus rivales renuentes a cantar en coro el himno a las farmacéuticas, sólo lograron en total, hasta ahora, vacunar al 39% de la población latinoamericana. Y en dos países de la América continental, Guatemala o Nicaragua, sólo el 20% está vacunado.   

Leyendas de Guatemala

Guatemala deriva de la voz Cuauhtēmallān, que en nahua, el idioma que hablaban los aztecas, significa “lugar de muchos árboles” en el vocablo nahua que la designa, que cuenta también con volcanes y antiguos centros mayas. 

,Hugo Monroy – fundador del partido  Vamos por una Guatemala Diferente, cuyo nombre evoca sin demora al de la coalición derechista Chile Vamos liderada por el presidente Sebastián Piñera- fue nombrado ministro de Salud por su amigo el presidente de derecha Alejandro Giammattei el 14 de enero de 2000, el mismo día que inició su mandato al frente del gobierno de la República.

En abril del 2020, el procurador Jordán Rodas pidió la destitución de Monroy por adquisiciones anómalas y desabastecimiento de equipo de protección personal para los médicos que atendían a pacientes de Covid-19; en mayo, la Comisión de Salud del Congreso de la República “sugirió” a Giammattei la exoneración del ministro de Salud por deficiencias en el manejo de la emergencia y la baja ejecución presupuestaria en la misma; y en junio, la ONG Acción Ciudadana pidió al ministerio Público que presente una solicitud de desafuero, después de inculparlo por ocultar información.  

Monroy fue destituido el 19 de junio del mismo año acusado -con todo su equipo de trabajo- de ocultamiento de cifras y la falta de pruebas de detección de coronavirus en el país. En su reemplazo, María Amelia Flores González fue designada como la nueva ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Estos cambios en Salud sólo demoraron lo que en verdad tampoco tardó en llegar. En noviembre pasado, miles de personas salieron a la calle para pedir la renuncia del presidente conservador, a quien interpelaron por desatender la educación y salud pública en tiempos de pandemia, que en ese momento registraba más  de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios. Un centenar de manifestantes (entre miles) incendió una parte del edificio del Congreso. Con mayoría oficialista, el Poder Legislativo había aprobado el presupuesto 2021 de U$S 12.8000 millones, que se desentendía de gatos y programas para combatir a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes. El estallido dramatizó el hastío de la población ante un “sistema estructural de corrupción”, como calificó a la gestión Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Pro Justicia, y la poca transparencia en el manejo de la pandemia a la que se suma el desastre provocado por los ciclones Eta e Iota.

Las líneas de su mano dura 

En vísperas del Bicentenario nacional,  Giammattei pronunció un discurso desde el Palacio Nacional de la Cultura donde apeló a “darle vuelta a la página y tomar una hoja en blanco, donde podamos reescribir la historia”. La oratoria del Presidente endomingando provocó indignación y fueron vistas -entre otros, por el politólogo guatemalteco  Renzo Rosal - como una elocuente muestra de característico autismo e irresponsabilidad en quienes mandan. “Los números no mienten” resaltó Stephanie Rodríguez, abogada del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).

La invitación presidencial a mirar hacia un conveniente porvenir generoso en olvidos y en perdón para el poder se oyó como desubicado, desacompasado mensaje de respuesta a semanas de protestas de los  pueblos indígenas y de  organizaciones sociales y estudiantiles pidiendo la renuncia del Presidente y la Fiscal General. En julio, Consuelo Porras, la jefa del ministerio público guatemalteca, había destituido  al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, sospechándolo de oportunismo por aproximarse demasiado, en investigaciones entonces en curso, al entorno del Presidente.

Esta semana, la protesta social cambió de líderes y comparsas en las calles. El giro de protagonismo es amenazante para el Gobierno. Hasta el viernes, militares veteranos de las guerras civiles que ensangrentaron a Guatemala en las últimas décadas del siglo XX, organizaron, en diferentes puntos del país, eficaces  bloqueos y disciplinados cortes de ruta en reclamo por la efectivización de beneficios previamente acordados por el Ejecutivo, aun antes de ser gobierno, como indemnización por servicios primero demandados y después discontinuados por el Estado nacional. Las exigencias del grupo de exmilitares son simples: que se les otorgue un pago de 120 mil quetzales a cada uno y que se reglamente el acceso a la propiedad de la tierra y al goce de un seguro médico. El fundamento de sus pedidos es el compromiso político con el presidente Giammattei, que les prometió en campaña, a cambio de votos, ese beneficio. Promesa que renovó el diputado Felipe Alejos, legislador de Todos, al presentar en febrero al Congreso una iniciativa formal para que la compensación económica se convierta en Ley.

Resulta natural que a estos veteranos, entrenados en sus tiempos bélicos bajo la benigna supervisión de EEUU, les haya reconocido públicamente el derecho a manifestarse la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. Resulta esperable que de inmediato, como lo dicta el ritual, la misma asociación haya deplorado todo intento de obstruir el libre tránsito de las personas. Los veteranos no van a desistir. El dirigente Mario López Espinoza dijo a la Red Noticias :“ Nosotros no nos movemos”.  

La presencia del grupo de ex combatientes del Ejército nacional, armado con palos, machetes y, según ellos mismos, bombas Molotov, coincide este año con episodios políticos convulsos y riesgosos para el Gobierno. Llegan a la capital guatemalteca, a las puertas del Poder Legislativo rezagado con la pobreza y con la herencia de la guerra civil (que el joven Alejos llama púdicamente en su proyecto “enfrentamiento interno”), cuando en el interior del Congreso se negocia la composición de la Junta Directiva para 2022. Por primera vez, el peligro de que no sea del oficialismo y de los pocos aliados que conserva es muy real.

Guatepeor también existe 

El paralelismo de Vamos Guatemala con su modelo Chile Vamos no podría ser más flagrante. En estos mismos días, el presidente Piñera confrontó doblemente a las Fuerzas Armadas, convocándolas para militarizar las regiones australes de Bío Bío y de Araucanía y derrotar allí al narcotráfico y el crimen organizado (y el violento reivindicacionismo mapuche)  del sur chileno pero desatendiéndolas en sus reclamos de reconocimiento por su profesionalismo (y víctimas y sufrimientos y daños emergentes) en la contención del estallido social de 2019 que cumple dos años el 18 de octubre. Ya morigeradas las restricciones al derecho de reunión decretadas cuando el clímax contagioso de la pandemia,  para este lunes se prevé una concentración popular única. Ejército y carabineros piden al ministerio público el acompañamiento continuado de fiscales, que les permitan operar para detener la consumación de delitos de flagrancia comprobada y registrada.

Piñera tiene con qué distraerse de los planteos militares. El miércoles en Valparaíso, todas las fuerzas de la oposición representadas en el Congreso presentaron en conjunto unánime ante la Cámara de Diputados y Diputadas  una acusación constitucional contra el Presidente. A partir de las revelaciones de los Pandora Papers, piden un impeachment, un juicio político, un proceso en el cual el Senado dictamine la destitución de Piñera por la falta de ética pública y el descrédito acarreado para Chile con su obrar. Sobre todo, en negocios provechosamente concluidos por la familia del Presidente al tiempo que este político que ha sido también exitoso empresario (con fortuna calculada en 2.500 millones de dólares) ejercía la primera magistratura. Muy en especial, por la compra de la minera Dominga, un negocio ganancioso que la administración habría favorecido con un entorno de medidas despreciativas del medio ambiente.

La coalición de derecha en el gobierno ha perdido en Chile todas las elecciones para escoger representantes de los poderes constituyentes y constituidos votadas durante este mandato. Si la acusación prospera, Piñera y la Moneda podrían sufrir el tiro de gracia del final. Sería removido antes de las elecciones presidenciales del 22 de noviembre. Con vacunas o sin vacunas, con retórica dilatoria o ya sin más dilaciones, la página que se da vuelta en Chile y en Guatemala ni olvidará ni perdonará. Pero esto es casi lo único que a ciencia cierta podemos saber que estará escrito en un nuevo libro que, si empieza así, deberá renunciar a la metáfora de borrón y cuenta nueva. 

AGB