Opinión

Oficio de tinieblas: Guatemala al lado de sus muertos, sus mujeres y sus migrantes

Protestas en la capital guatemalteca de Guatemala por el Presupuesto 2021.

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Guatemala es un país centroamericano que desde una vista área semeja a “un pájaro de perfil acurrucado sobre el Pacífico, con su ojo ubicado en el lago de Petén, rodeado de las montañas de Honduras y Salvador al este, y las tierras de México al norte y oeste” como lo vio y describió el reconocido ensayista y poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón. En el país de terremotos y frecuentes sismos, la conflictividad social se profundiza cada vez más. Ya antes de la emancipación española- como en los otros países de la región- contó gobiernos que favorecieron el desarrollo primero o la anarquía y después la democracia o la dictadura. Sus fronteras - también en esto se iguala al resto de las naciones de la América Central- son términos antinaturales , de dictadura más seudo feudales que modernas de ‘señores presidentes’ -uno de ellos, Manuel Estrada Cabrera novelizado por el Primer Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias- en la pérdida de una unidad regional que fue parte de  un divisionismo para que reine las potenciales neocoloniales y EEUU la primera.

Que intervino y bien activamente después del derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1952. Una contrarrevolución-intervención de 1954, en este sentido, el momento constitutivo de la segunda mitad del siglo XX en el país. Un trágico ciclo histórico con la guerra civil iniciada en 1960 y que los Acuerdos de Paz firmados en 1996 no finalizaron como lo testimonian las recientes y  laureadas películas de los cineastas guatemaltecos Ana Bustamante La asfixia (2018) -que obtuvo entre otros el  Premio del Público en el BACIFI 2020 de Buenos Aires- y Nuestras madres (2018) de César Díaz.

Cuando, la primera semana de junio, la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris visitó el país, su discurso se centró en dos temas migración y corrupción, causa y consecuencia de la dialéctica Estado e Insurrección permanente en Guatemala. Los conceptos enunciados por la representante de la gestión Biden, no son nada novedosos. En septiembre de 2019, Iván Velázquez, el Comisionado Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respecto a la negativa del entonces presidente Jimmy Morales y el progresivo recorte de ayuda de EEUU que provocó el 3 de septiembre de 2017, después de12 años, la partida de la CICIG del país, sostuvo: “Desde mi punto de vista, esto es un gol en contra, porque el aumento del número de migrantes es una consecuencia directa de la corrupción omnipresente en Guatemala. Solo un ejemplo: en Guatemala casi la mitad de todos los niños están crónicamente desnutridos. Esta realidad lleva inevitablemente a la gente a buscar mejores condiciones de vida y, por lo tanto, muchos emigran. Otro factor que alimenta la migración es el tráfico de drogas. Regiones enteras y sus instituciones están controladas por las bandas de narcotraficantes. Esto se demuestra por el hecho de que de las 1.400 toneladas de cocaína que se introdujeron de contrabando a través de Guatemala en Estados Unidos en 2017, solo 1% fue confiscado por la Policía y el Ejército, según cifras oficiales”.

En noviembre, más de 41.000 guatemaltecos y guatemaltecas que habían huido de la violencia, la pobreza y la desigualdad fueron devueltos al país desde México y EEUU. Los primeros albergues temporales que se instalaron para recibir a las personas retornadas y realizarles pruebas de COVID-19 no siempre cumplían los requisitos mínimos para alojar a personas. Sin embargo, estos migrantes no buscan el sueño americano, sino el guatemalteco. Y para lograrlo, la única vía que encuentran es irse a EEUU: su meta es pagar sus deudas, ayudar a sus familias y ahorrar lo necesario para salir adelante en su país. Un sueñopoco menos que irrealizable en  Guatemala regida por un gobierno corrupto e indiferente y una élite rapaz que se empeña en ver al país como su plantación y a sus agricultores como sus peones.

En esa conferencia de prensa, donde estaba presente el presidente Alejandro Giamattelli, Harris afirmó: “la meta de nuestro trabajo es ayudar a los guatemaltecos a encontrar esperanza en casa”. Ardua sino improbable faena.

Giamattelli, candidato del partido Vamos que ganó con el 60% de abstención, a dos meses de su mandato enfrentó la pandemia de corona virus. El dilema entre la salud y la economía fue resuelto a favor de los grupos económicos a costo de los trabajadores y las medidas políticas adoptadas para mitigar la crisis económica y social reprodujeron las ya elevadas desigualdades sociales, la opacidad y la corrupción. A los diez meses de gestión, por primera vez desde el inicio de la pandemia, miles de personas manifestaron en las calles su inconformidad con las decisiones gubernamentales y un grupo de encapuchados quemó el Congreso. A diferencia de las movilizaciones de 2015 que culminaron con la renuncia y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina, en esta los policías lanzaron gas lacrimógeno, hirieron a varias personas incluidos dos jóvenes que perdieron un ojo y realizaron decenas de detenciones. Los motivos de la protesta de noviembre era el repudio al presupuesto 2021 donde se identificaban el aumento del endeudamiento, la existencia de “bolsones de corrupción” y la ausencia de financiamiento de las políticas sociales para atender la desnutrición crónica y pobreza extrema. Pero, la razón fundamental era el hastío y repudio ante la dirigencia política. Regida por un oficialismo que por medio de una Junta directiva del Congreso, con el apoyo de los partidos Unión del Cambio Nacionalista (UCN), con su ex candidato presidencial, Mario Estrada cumpliendo condena en EEUU por vínculos con el narcotráfico; Todos, central en el llamado  “·pacto de corruptos” (la coalición política, empresarial y criminal que impulsó la salida de CICIG), grupos minoritarios y un grupo de diputados de UNE que, de acuerdo con denuncias de sus correligionarios, fueron sobornados para lograr su adhesión. Para completar los idus de noviembre, los huracanes Eta e Iota causaron estragos y destrucción a su paso por Centroamérica, incluida Guatemala, durante los primeros 15 días de noviembre. La respuesta del gobierno fue penosamente insuficiente;  la respuesta de Giammattei en el interior del país a un periodista que lo cuestionó por la falta de ayuda a un poblado aislado, sin comunicación y con carencia de alimentos en el norte del territorio resultó ilustrativa: “Que me la pidan. Adivino no soy. Que nos lo pidan. Esta es la primera vez que me la están diciendo. Si están incomunicados, tal vez no están tan incomunicados porque lo sabe usted”.

En este contexto, la organización local de derechos humanos Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), denunció que los ataques contra quienes defendían los derechos humanos aumentaron en 2020 con respecto a años anteriores y ascendieron a un total de 1.004 ataques registrados hasta el 15 de diciembre. Las personas que defendían la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro. En el colectivo, de las mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y quienes luchaban contra la impunidad y la corrupción también fueron objeto de acciones y procedimientos penales infundados como parte del uso indebido del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a estas personas por su labor. El mes pasado, las Organizaciones Internacionales demandaron el cese de la criminalización contra personas funcionarias de justicia y defensoras de los derechos humanos. Aun así, un tribunal de apelaciones endureció la condena impuesta al preso de conciencia Bernardo Caal Xol, que llevaba privado de libertad desde enero de 2018 por defender los derechos de los pueblos indígenas afectados por el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica OXEC. “Soy Bernado Caal Xol, maya Q’ eqchi’, Estoy encarcelado a 4 años y 7 meses de prisión por delitos que me fabricaron por defender el #Río Cahabón en Gutemala” escribió hace el 13 de julio en su Twitter.

Entre las muchas voces de protestas y manifestaciones en las calles, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, rechazó, condenó y mostró su indignación "por esta nueva ilegalidad y violación a la Constitución" del gobierno de Gimmattei que espera el cumplimiento del presidente de EEUU, Joe Biden, que se ha comprometido a invertir 4000 millones de dólares en Centroamérica para hacer frente a la inseguridad económica, la violencia, las crisis medioambientales y la corrupción gubernamental

SS

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