La situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner regresará al centro de la escena pública este miércoles con un fallo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos el 6 de diciembre de 2022, tras un juicio oral y público de casi cuatro años. 

El caso, conocido como Vialidad, tuvo a CFK como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos. 

A partir de la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de la sentencia. Estas son algunas claves para entender el fallo que se viene y sus implicancias.

ED/MG

Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD

La Policía española concluyó una operación a nivel nacional contra el colectivo Futuro Vegetal con la detención de 22 personas y su puesta a disposición judicial bajo la acusación de pertenecer a una “organización criminal”, entre otros delitos. En una nota de prensa, la Policía asegura que 65 acciones de los activistas contra el cambio climático han provocado daños por un valor superior a los 500.000 euros.

Entre los detenidos figuran tres personas a las que los investigadores otorgan un papel de “máximos responsables” de la coordinación de las acciones de protesta al tiempo que les atribuyen un rol de dirección de la supuesta “organización criminal”. La Policía cifra en 140.000 euros los “donativos” recibidos por Futuro Vegetal y añade que el colectivo tenía vínculos con otras organizaciones que en sus países también son tratadas como “organizaciones criminales”, sin precisar cuáles.

El arranque de las pesquisas se produjo después de que los activistas lanzaran pintura contra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid en enero de 2022. Entre las 65 acciones que la Policía atribuye a los detenidos está el lanzamiento de “pintura” a la fachada del Congreso.

En realidad, los activistas lanzaron agua con remolacha que tiñó la pared de la Cámara Baja hasta que fue limpiada. Ocurre que sobre aquellos quince detenidos ya hay una acusación de la Fiscalía para que respondan por un delito contra el Patrimonio Histórico que, sin embargo, descarta el terrorismo o la organización criminal, como pretendió la Policía ya en su momento.

El pasado mes de diciembre fueron detenidos 15 activistas, lo que arroja la duda de si la Policía, que incluye la acción contra el Congreso como una de las investigadas, los incluye o no en la cifra total de 22 detenidos. La suma de aquellos y otros 15 de diciembre sumaría 30 detenidos, pero fuentes de la defensa aseguran que ninguno de los arrestados en diciembre ha pasado aún por el juzgado.

Otras acciones que los investigadores policiales atribuyen a los arrestados son el corte de la carreteras de circunvalación en Madrid, daños a obras del Museo del Prado y otros bienes privados y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid, con el consiguiente cierre temporal de las mismas.

Delito de organización criminal

La investigación de los activistas climáticos ha sido realizada por la Brigada Provincial de Información de Madrid, estructura antiterrorista de la Policía. La nota de prensa añade que los 22 arrestados han pasado a disposición judicial como presuntos autores de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Las detenciones, añade, se produjeron en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murica, Elda (Alicante, Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Futuro Vegetal y otros grupos de activistas por el clima se hicieron hueco en la última memoria de la Fiscalía General del Estado bajo el epígrafe dedicado al terrorismo, referencia que el Ministerio Público eliminará el año que viene. 

En los últimos meses, distintos comunicados de Futuro Vegetal han denunciado la “criminalización de la protestas irracional y desproporcionada” que, según su criterio, lleva a cabo la Policía con estas detenciones. En pasados comunicados han calificado de “ridícula” la atribución de un delito de organización criminal y defienden que la desobediencia civil “es un derecho reconocido por la propia ONU”.

El gobierno de Venezuela emitió una orden de detención contra el dirigente opositor Juan Guaidó y pidió su captura a la Policía Internacional (INTERPOL) por “traición a la patria”, entre otros delitos. “La orden de aprehensión será solicitada por los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos; legitimación de capitales y asociación ilícita”, explicó el fiscal general Tarek Saab.

Según indicó el funcionario en conferencia de prensa, el Ministerio Público inició “un total de 23 investigaciones” penales por irregularidades en el gobierno interino que presidió Guaidó, al que calificó como “organización delictiva”. Dicha administración funcionó desde enero de 2019 por decisión de la Asamblea Nacional ─equivalente al parlamento─, luego de que la oposición, que era mayoría, desconociera el mandato iniciado pocos días antes por el presidente Nicolás Maduro bajo una elección irregular.

El gobierno de Guaidó llegó a reunir el apoyo de 60 países y continuó en funcionamiento incluso luego de que la Asamblea General se renovara en 2021 y el chavismo recuperara su hegemonía parlamentaria. Recién se disolvió a finales el año pasado.

A pesar del apoyo que logró a nivel internacional, este gobierno interino nunca consiguió ejercer poder de decisión real dentro de Venezuela. Sin embargo, sí accedió a la administración de activos venezolanos en países que lo respaldaban como Estados Unidos y Colombia, lo que derivo en la paralización de Mónomeros ─una empresa petroquímica radicada en su país vecino─ y el embargo de Citgo, una de las mayores petroleras norteamericanas.

Para Saab, la actuación del gobierno de Guaidó en esas compañías estatales generó un costo para el país de 20.000 millones de dólares que “ha resultado en la pérdida casi definitiva de Citgo”. Por este motivo, “se han acordado 288 órdenes de aprehensión, han sido detenidas 129 personas las cuales ya han sido acusadas y hay 13 personas con solicitud de extradición”, según especificó el fiscal. A esto se suman 63 personas ya condenadas, 137 allanamientos concretados y 149 incautaciones.

ACM con información de agencias.

En una escalada que vuelve a profundizar la tensión entre el kirchnerismo y el poder Judicial, la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto peculado -malversación de fondos- mientras el presidente del tribunal, Mariano Llorens, a quien la expresidenta criticó hace cuatro semanas por su participación en los partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri, planteó la “necesidad” iniciar el juicio político contra la funcionario y detenerla para salvaguardar la investigación.

La causa, que había sido instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, tiene dos capítulos: una investigación por la utilización de la flota presidencial para trasladar muebles y otros elementos a los hoteles de la familia Kirchner, en El Calafate; y el transporte de diarios y partes de prensa a través de los mismos aviones a Río Gallegos y El Calafate. 

Por este caso, Fernández de Kirchner enfrenta una posible pena de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los camaristas de la Sala I, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmaron parcialmente el procesamiento de Fernández de Kirchner, ya que revocaron la medida en su contra por el uso de la flota presidencial para el traslado de diarios y reportes de prensa a Santa Cruz entre 2007 y 2015, al entender que estar informada era parte de sus funciones como mandataria. 

Los jueces también dictaron la falta de mérito del senador Oscar Parrilli, entonces secretario general de la Presidencia, por considerar que no hay pruebas suficientes para mantenerlo procesado como partícipe necesario del delito.

Cada juez del tribunal de apelaciones escribió su fallo. El de Llorens sobresalió por el tono extremadamente crítico hacia Fernández de Kirchner y porque instó al juez de primera instancia, Sebastián Casanello -quien quedó a cargo del expediente-, a notificar al Senado sobre el fallo de la Cámara para que se analice un juicio político contra la vicepresidenta y que considere su prisión preventiva. 

La vicepresidenta y el presidente cuentan con fueros por los que sólo pueden ser detenidos si se encuentra cometiendo un delito (in fraganti) o tras su destitución por juicio político. 

Al mismo tiempo, revocó otro procesamiento por el traslado de diarios en la flota 

Dardos cruzados

A principios de agosto, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaban con el alegato de acusación en el juicio oral y público del caso Vialidad, Fernández de Kirchner recusó a Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal número 2 que lleva adelante el proceso.

“Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”, publicó Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, luego de que Página/12 publicara fotos en las que se veía a ambos magistrados integrando el equipo de fútbol “La Liverpool” en un torneo en la propiedad de la familia Macri. En una de las imágenes se veía también a Llorens, quien fue nombrado por Macri en la Cámara Federal porteña luego de un concurso.

“A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, escribió entonces la vicepresidenta.

Llorens, quien ya había firmado fallos duros contra la exmandataria, escribió en el fallo de este jueves que “tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”, en referencia a la utilización de la flota presidencial para trasladar mobiliario a los hoteles de El Calafate.

Estos hechos, dijo el juez, “evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.

Llorens sostuvo: “Tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes, pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”. Por este motivo, dijo, “habré de encomendar un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba que, recabados en el marco de otras actuaciones- tales como aquellas en las que se investiga el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo (Vialidad, José López y Cuadernos)-, permitan corroborar comportamientos jurídico-penalmente relevantes que tengan alguna clase de gravitación y vinculación con las conductas analizadas en el presente expediente”.

Estas circunstancias “imponen la obligación de examinar” los posibles “riesgos procesales” para considerar si Fernández de Kirchner debe conservar los fueros que le da su función, afirmó Llorens. Consideró que los hechos investigados forman parte de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada” y por ese motivo encomendó al juez Casanello “analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

“Corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados”, en referencia también al senador Parrilli.

Tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional.

Mariano Llorens — Presidente de la Cámara Federal porteña.

Mobiliario

Llorens citó a los testigos que declararon durante la investigación. Resaltó que el Tango 01 “se utilizó para trasladar muebles para equipar el hotel que la familia presidencial había construido en la localidad de El Calafate”.

Uno de los citados fue José Alberto Luna, mecánico del avión presidencial Tango 01, quien declaró recordar “un solo vuelo en el que llevamos muebles, televisores y rollos de cables violetas que se usan para enterrar, subterráneos, y equipamientos varios, todo eso fue al Calafate y creo que eran para el hotel de la Presidenta”. 

Gabriel Omar Falaschi,  otro mecánico del Tango 01, sostuvo que “en una oportunidad solo llevamos cosas de mueblería, mesas de vidrio y muebles, que creo que fue para El Calafate”. 

Ángel Alejandro Heitt, comisario a bordo de la misma aeronave oficial, declaró cómo era el procedimiento de carga y descarga del equipaje, refiriendo que “a veces era equipaje y a veces eran muebles, por ejemplo, hacia El Calafate, que estimo que eran para un hotel por la cantidad”.

Otros testigos dijeron haber visto el traslados de “aparatos para gimnasios, como cintas o bicicletas fijas”. 

Nota: este artículo se corrigió a las 20:51 del 20 de septiembre. El juez que está actualmente a cargo del expediente en primera instancia es Sebastián Casanello y no Julián Ercolini, como se había consignado.

ED

El fiscal del distrito bonaerense de Berazategui, Daniel Ichazo, indagó a Marcelo "Teto" Medina, y a los otros 16 involucrados en la causa abierta por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", mientras que su director Néstor Zelaya se negó a declarar y permanecerá detenido al igual que el resto de los investigados, confirmó su abogado defensor Marcelo Biondi.

El exhumorista y animador del programa VideoMatch fue arrestado este viernes en su domicilio de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización “La Razón de Vivir”, para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país que luego supuestamente eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.

Los imputados habían sido detenidos en una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba. El viernes temprano, todos ellos fueron trasladados a la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming dependiente de los Tribunales de Quilmes, donde permanecieron hasta cerca de las 18 y fueron alojados nuevamente a la Comisaría Primera de Berazategui.

Los abogados de los imputados, por su parte, se quejaron de que no se les permitía “ver el expediente” e incluso se retiraron del lugar tras adelantar que irían a hablar con el Procurador General de la provincia “para hacerle saber lo que sucede”.

“(Medina) recién terminó de declarar por dos horas, contestó todas las preguntas del fiscal, presenté el pedido de excarcelación y ahora hay que esperar cinco días para que el juez de Garantías resuelva su situación procesal”, dijo uno de sus abogados defensores Adrián Tenca. Y agregó: “Él fue absolutamente claro, iba una sola vez por semana, trabajaba de once de la mañana a las cinco de la tarde, cumplía un rol de dar charlas a los chicos y no tiene absolutamente nada que ver con el rol de esta organización”.

Luego dijo que Medina “cobraba diez mil pesos por charla, que se los transferían a su CBU”, y que lo que su cliente hacía en esta fundación lo hacía en otras quince. “A través de las redes sociales, mucha gente le pedía ayuda y demás, entonces él, conforme al lugar donde vivían esas personas, los iba derivando a distintas comunidades”, explicó. “Medina era un empleado de cada una de las instituciones con las que trabajaba”, concluyó Tenca.

También el abogado de Néstor Zelaya, que se negó a declarar ante el fiscal, dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes con consumo problemático “es absolutamente descabellada”.

El letrado anticipó la posibilidad de que Zelaya declare “la semana que viene”, una vez que estudie la estrategia de defensa. “Lo que sí les puedo asegurar es que las personas que se han comunicado conmigo, que son más de 80 o 90, refieren todo lo contrario a lo que se dio a conocer desde la investigación en forma pública con respecto a que no hubo ningún tipo de acción que los haga trabajar en estado forzoso ni en condiciones deplorables”, afirmó.

Sobre el origen de la denuncia, el abogado remarcó que “tiene que ver un cura que formó parte de esta granja, que después se fue”. Y detalló: “En el momento en que formó parte no vio nunca ningún hecho presuntamente delictivo. Raro es que después de que se fue y abrió su propia granja a los mismos fines comenzó a denunciar distintos hechos”.

La denuncia contra Zelaya y Medina

La madre de un joven que estuvo internado en un predio de La razón de Vivir, denunciante en la causa abierta contra esa comunidad terapéutica, en tanto, aseguró que hay familias que defienden el lugar “porque no tienen dónde dejar a los chicos”, que “es mentira que tenían 14 profesionales” en servicio y sostuvo que los jóvenes “no tenían comida, agua para bañarse, ni asistencia médica”.

“Las familias no saben dónde llevar a los chicos, es entendible. Pero también tienen que darse cuenta de que los chicos no tienen que vivir en la situación que viven. Son chicos que están enfermos y necesitan una vida digna”, dijo en declaraciones radiales la mujer, que se presentó como Marcela, pero cuyo nombre fue modificado para resguardar su identidad.

El centro “es todo una mentira”, aseguró la mujer, que la nominó irónicamente en varias oportunidades como “la razón de morir”. “Decían que tenían 14 profesionales y era todo mentira. Todos se ponían títulos, el señor director decía que era contador y era una mentira”, agregó en referencia a Zelaya.

En cuanto a la situación en la que vivían los jóvenes allí, la denunciante refirió que “no tenían comida, no tenían agua para bañarse, no tenían asistencia médica, no tenían asistencia psicológica”.

Consultada sobre si vio un progreso en su hijo a lo largo de la internación, contestó: “Cero, nada”. “En un año lo vio dos veces al psicólogo. Era una psicóloga en ese momento”, apuntó.

Sobre la modalidad de pago, explicó: “Me hacían depositar dinero a un kiosco que Rubén Durán era el encargado. Resulta que depositaba, depositaba y nunca alcanzaba. Mi hijo no tenía ni un jabón para bañarse”.

Sobre el sacerdote “Quique”, a quien nombraron familiares de personas internadas en el lugar, sostuvo que “es una persona de bien” y que “muchos chicos no se murieron gracias a él”. Pidió a las autoridades que “por favor tomen cartas en el asunto. A las familias las entiendo. No les crean todo lo que les dicen los señores directivos por eso hay 17 detenidos. Que realmente se haga justicia”.

La situación en las comunidades terapéuticas

A su turno, uno de los jóvenes rehabilitados que se hizo cargo provisoriamente de la comunidad terapéutica tras las detenciones de este viernes de los responsables del centro, aseguró que “los chicos están tranquilos, cumpliendo sus actividades como corresponde”, y señaló que “ya pasó lo peor”.

“Lo peor fue vivir el allanamiento, tener patrulleros adentro como si los chicos hubieran cometido algún delito”, dijo a Télam el joven, llamado Catriel, quien subrayó que “hoy está normal la situación” en la sede de la comunidad de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

Catriel, que junto a otros cinco jóvenes rehabilitados decidieron hacerse cargo de ese centro, dijo que están “todos los chicos rehabilitados unidos y vamos a tratar de sacarlo adelante”. “La causa mía de estar acá es luchar por la recuperación de mis compañeros”, agregó.

MB con información de agencia de noticias Télam

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitarán este lunes penas de cárcel y posibles decomisos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una supuesta asociación ilícita organizada para defraudar al Estado Nacional entre 2003 y 2015, según adelantaron durante la audiencia del viernes en el juicio oral y público. Durante el petitorio final de su alegato, también solicitarán penas y decomisos para los otros imputados y denunciarán a empresarios que aún no habían sido investigados como presuntos partícipes de la maniobra. 

Además, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta y quien no ha sido acusado en la causa Vialidad, fue señalado por los fiscales por haber dado supuestas órdenes y haber tomado decisiones que podrían ubicarlo como presunto partícipe de la organización delictiva. Esto podría abrir un nuevo capítulo judicial para él si los fiscales consideran que hay indicios suficientes para solicitar que se lo investigue. Durante el alegato, también hicieron hincapié en presuntos beneficios que el empresario Lázaro Báez habría recibido de autoridades del Banco Nación, como el expresidente de la entidad Juan Carlos Fábrega, sobre quien Luciani dijo que “se comportaba como (si fuera) contador” del exsocio de los Kirchner “a costas del erario” público.

Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada”.

El delito de asociación ilícita tiene una pena máxima de diez años de prisión y la figura de “jefa” implica agravantes que acercan a ese máximo impuesto por la ley. Las penas por el delito de defraudación a la Administración pública pueden alcanzar los seis años de prisión.

Al finalizar el alegato de la fiscalía, será el turno de las defensas para responder los argumentos de la acusación expuestos durante las últimas tres semanas. Cada abogado tendrá dos audiencias para defender a sus clientes. Los alegatos se extenderán por 36 audiencias más, unas diez semanas, por lo que se estima que finalizarán a mediados de noviembre. 

Uno de los primeros abogados que alegará frente al Tribunal Oral Federal número 2 es Juan Villanueva, defensor de Báez, supuesto beneficiario de la maniobra montada por la asociación ilícita: el direccionamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz para desviar más de 8.000 millones de pesos del Tesoro Nacional hacia sus empresas, segun la acusación de los fiscales de instrucción, Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques. ¿Por qué razón? Porque según la fiscalía, “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y su grupo empresarial fue montado deliberadamente en 2003  como vehículo del delito, es decir, para captar los fondos desviados. Báez es sindicado como uno de los organizadores de la asociación ilícita.

Tras los alegatos, los acusados tendrán la posibilidad de dirigir sus últimas palabras ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Se espera un veredicto para diciembre.

Cristina

El juicio tiene trece imputados, acusados por los mismos delitos pero a quienes la fiscalía les adjudica, de acuerdo a sus supuestos roles en la asociación ilícita, distintos grados de responsabilidad. La mayoría de ellos son considerados “muertos políticos”, no forman parte  del gobierno de Alberto Fernández y ya nadie mueve fichas por ellos. Saben, también, que una condena en su contra no pesa lo mismo que una sentencia contra Fernández de Kirchner. “Es la única que importa”, dijo una de las defensas en los últimos días.

Una eventual pena de prisión en Vialidad sólo será efectiva una vez que la condena quede firme, generalmente por la Corte Suprema, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal.

Para cuando el caso Vialidad llegue a esas instancias, si Fernández de Kirchner llegara a ser condenada a una pena mayor a los tres años -una condena inferior sería excarcelable- ya habrá cumplido los 70 años, que celebrará el próximo 19 de febrero. Podrá, entonces, gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Si aún mantuviera fueros como vicepresidenta, gozará de inmunidad de arresto y para ser detenida deberá ser sometida a juicio político. Si entonces tuviera fueros parlamentarios como senadora o diputada, la cámara que integre deberá decidir sobre su desafuero.

Luciani afirmó este viernes que “una estructura de la naturaleza descripta” no hubiese podido operar sin la aprobación de los expresidentes. La fiscalía dedicó varios tramos del alegato a desterrar la teoría de que los negocios con Báez era cuestiones manejadas por Néstor Kirchner y a las que Cristina Fernández era ajena. Por ejemplo, Luciani mostró registros de visitas de Báez a la Quinta de Olivos, reveló mensajes de texto y chats del teléfono de José López que acreditarían reuniones entre el empresario y la entonces presidenta, y que demostrarían que a finales de 2015 Fernández de Kirchner “coordinó el plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral para borrar todo rastro de la presunta maniobra.

Los fiscales también expusieron decretos y nombramientos que llevan la firma de la entonces presidenta para ubicar personas en el gobierno que identificaron como centrales en la ejecución de la maniobra a lo largo de los años.

Además, ahondaron en los estrechos vínculos entre Cristina, su familia y Báez, tanto comerciales como co-propiedad de inmuebles mientras el empresario era proveedor de obra pública, cobraba adelantos millonarios del Estado nacional pero abandonaba muchas de esas obras.

Los otros 

La fiscalía también pedirá penas y posibles decomisos para otros acusados de participar en la organización de la presunta asociación ilícita que buscó instaurar la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR en las últimas semanas. Se trata del empresario Lázaro Baéz; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti. Todos ellos, junto a los expresidentes Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner “instauraron una matriz de corrupción en la Administración pública”, dijo Luciani en la audiencia del viernes.

Luciani afirmó que desde 2003, “se montó un ministerio de Planificación (para ejecutar la maniobra) y se lo dotó de funcionarios de confianza que no cambiaron durante las dos presidencias de Fernández de Kirchner”.

Sus funciones eran “omitir los controles legalmente establecidos sin perjuicio de que sí se encargaron de controlar el éxito de la maniobra para la adjudicación de manera direccionada con mecanismos arbitrarios a una misma persona”: Báez.

Los otros ocho imputados en el juicio son funcionarios de menor rango que de acuerdo a la fiscalía participaron en la defraudación al Estado nacional al acatar y consentir las órdenes impartidas por los jefes y organizadores de la maniobra. Están acusados de presunta defraudación a la Administración pública. 

Son el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala; quienes se desempeñaban como directores general de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro; y Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, ex jefes de distrito de Vialidad Nacional.

Las obras

Estas son las características de esas obras viales que se reiteraron tanto en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como durante ambas gestiones de la expresidenta (2007-2015), de acuerdo con los fiscales:

Habrá denuncias

En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

ED

El expresidente Mauricio Macri recusó al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad” en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria prevista para hoy, en tanto la querella mayoritaria pidió la detención del exmandatario para garantizar su comparecencia.

En dos presentaciones al juzgado, el abogado Pablo Lanusse, que representa al expresidente, recusó por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad” al magistrado, que citó a Macri a indagatoria y le solicitó que deje sin efecto la indagatoria hasta que ese planteo este resuelto y quede firme, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.

Allí se sostuvo que Bava mostró “prejuzgamiento” en el escrito del 1 de octubre último en el que citó a declaración indagatoria a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje ilegal que se efectuaron desde una base de la AFI en Mar del Plata a los familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.

En esa resolución, sostuvo la defensa, Bava dejó “plasmado su prejuzgamiento” y además “exhibe su carencia de mesura, prudencia, imparcialidad y serenidad”, argumentó Lanusse.

En tanto, la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó hoy a detención de Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes del submarino, luego de que se conociera que el expresidente no se presentará en la declaración indagatoria prevista esta mañana.

“Deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención” contra el expresidente Mauricio Macri “en forma inmediata”, reclamó Carreras en el escrito entregado al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, según el texto al que tuvo acceso Télam.

La abogada le pidió al juez tener por “acreditada la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri” y ordenar su detención con el fin de garantizar su declaración indagatoria en el caso.

Además, planteó que las víctimas del espionaje “saben que, en caso de dejar sin conducirlo por la fuerza pública a prestar declaración a Macri o al menos que cumpla como cualquier ciudadano, quedará impune por siempre”.

Por su parte, en el escrito de recusación presentado por la defensa de Macri, el letrado interpretó que “el temor fundado de parcialidad surge cabalmente del análisis de todo lo ya expuesto, que acredita fundada y objetivamente el compromiso personal, cognitivo y emocional del Sr. Juez recusado, y su prejuzgamiento sobre los hechos materia de investigación, de los que se coloca en una situación próxima de víctima potencial”.

“Solicito para hacer operativa la garantía de ser oído por un juez imparcial, que se suspenda la audiencia convocada para el día

de la fecha a tenor del artículo 294 del ordenamiento ritual, y se inhiba hasta tanto este planteo encuentre resolución definitiva“, agregó.

“Por cuestiones de decoro, economía procesal, recta administración de justicia, debido proceso y defensa en juicio que se encuentran involucradas y

afectadas, solicito que se suspenda la audiencia dispuesta para el día de la fecha para recibir declaración indagatoria al Sr. Mauricio Macri hasta que el planteo de recusación sea resuelta“, pidió el abogado.

Lanusse sostuvo que Bava debe “inhibirse” de seguir en el caso hasta que se resuelva si se aparta o no de la pesquisa, algo que si es rechazado por el magistrado será dirimido en la Cámara Federal de Mar del Plata y podría llegar a Casación Penal.

De manera paralela Lanusse planteó la “incompetencia manifiesta” del juzgado federal de Dolores para seguir en el caso “ sin que esto signifique reconocer hechos ni responsabilidad alguna”, ante lo cual se reclamó el pase a los tribunales federales porteños, con sede en Comodoro Py 2002.

Macri anticipó ayer en redes sociales su decisión de no presentarse a la segunda citación a indagatoria, luego de una primera postergación de la cita del 7 de octubre, por encontrarse en el exterior.

“No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”, afirmó el exmandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó en su cuenta personal en la red social Twitter.

“Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”, aseguró el expresidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Bava, quien lo citó a indagatoria.

Macri acusó a Bava de actuar en la causa a pesar de ser supuestamente “incompetente”, lo cuestionó por citarlo a indagaría en medio de la campaña electoral y le achacó que le impidiera viajar con una prohibición de salida del país, una medida que fue apelada.

Macri está imputado por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.

Con información de agencia Télam.

AB

La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó este miércoles la detención de Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes del submarino, luego de que se conociera que el expresidente no se presentará en la declaración indagatoria prevista esta mañana.

“Hice la presentación esta madrugada y el juez (Martin Bava) tomará vista cuando empiece el horario de tribunales”, precisó la abogada esta mañana en declaraciones a C5N.

Luego de que el expresidente Macri anunciara este martes a través de Twitter que no se presentará a la declaración indagatoria prevista para esa mañana por la justicia federal de Dolores, la querella realizó la presentación y pidió orden de detención contra el exmandatario “a fin de que comparezca” ante el juez.

“Los fundamentos tienen que ver con todos los incumplimientos y el perfil reticente que tuvo el expresidente todo este tiempo”, explicó la abogada esta mañana en sus declaraciones y agregó: “Está jugando a las escondidas”.

“Realizamos una presentación espontánea a fin de poner blanco sobre negro. Estamos frente a un ciudadano con privilegios que no cumplió su deber de presentarse ante el juez”, agregó la abogada.

En la presentación, a la que accedió Télam, se sostiene que “la burla nuevamente afectando a las víctimas que represento, es también una muestra evidente del desprecio por las instituciones; en este caso Poder Judicial y especialmente el destrato y maltrato al juez subrogante doctor Bava”.

Con información de agencia Télam.

AB