El 19 de mayo es el Día Mundial del Médico de Familia, un homenaje a aquellos especialistas médicos de la familia que les brindan asistencia integral. Esta efeméride, establecida en el año 2010 por la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), pretende destacar su importancia y contribución a los sistemas de salud del mundo.

La WONCA (de las siglas en inglés World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) es una organización internacional afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reúne a universidades, academias y asociaciones interesadas en la práctica de la medicina general o de familia.

En mayo del 2010 en Cancún, México, el Consejo Mundial de la WONCA en su ceremonia de apertura del Congreso Mundial de Medicina Familiar estableció esta fecha. El día mundial se celebró por primera vez en el 2011.

¿Qué es un médico de familia?

El médico de familia es un especialista de la salud que ofrece atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias. La medicina familiar es una especialidad médica, con una formación científica que tiene una duración de estudios de 3 años. Entre sus principales funciones, se destacan:

Lema 2023: “Médicos de familia, el corazón de la atención médica”

Todos los años, la WONCA organiza una campaña para celebrar este Día Mundial. Para el 2023, el tema es “Médicos de familia, el corazón de la atención médica”. Esto es porque los médicos de atención primaria tienen una relación de largo plazo con sus pacientes. No solo tienen en cuenta su bienestar físico, sino también el bienestar emocional, social y psicológico.

LC

A principios de 2020, cuando el confinamiento por la pandemia de Covid-19 se impuso en la Argentina, el aplauso público a los profesionales de la salud se convirtió en parte de una rutina colectiva. Sorteado el momento más álgido de la crisis, el reconocimiento volvió a sus niveles regulares y en 2022 quienes estuvieron en la primera línea de atención durante la emergencia, los y las residentes médicos, debieron incluso salir a la calle para exigir por sus condiciones de trabajo. 

Ahora el Gobierno incluyó en los 72 puntos del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de Ley del Sistema Nacional de Residencias, que busca reemplazar la normativa vigente que habilita situaciones de precarización y es una herencia de la última dictadura militar.  

El nuevo marco pretende mejorar la circunstancia de los residentes y, al mismo tiempo, incentivar a los médicos y médicas recién recibidos a optar por ese camino de formación, que no es obligatorio. Según fuentes del Ministerio de Salud, las residencias configuran el “mejor sistema de posgrado para la formación en competencias vinculadas con diversas disciplinas de la salud, al tiempo que se realiza una práctica intensiva en escenarios de trabajo”.

“Se entiende que hoy nadie quiera hacerla porque sigue siendo de un nivel irrisorio de precarización y vulneración de los derechos laborales”, dice a elDiarioAR Delfina Rimoldi, residente de infectología en el hospital Presidente Perón de Avellaneda. Suelen trabajar jornadas de más de 12 horas diarias, además de cumplir con la obligación de hacer guardias de 24 horas. 

A ese escenario se le sumó en los últimos años el estrés adicional que significó el cambio de modalidad del examen único de residencia, que pasó de ser presencial a virtual, con varias fallas. Ese examen, para el que las personas se preparan durante meses, arroja un puntaje y determina las posibilidades y condiciones de inserción en el sistema.  

La iniciativa de un nuevo régimen fue impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación y debatida en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) con las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones y universidades nacionales. Que se trate o no en el Congreso en las próximas semanas dependerá de que se reanude la posibilidad de diálogo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en el Congreso, paralizada por el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia hecho por el Gobierno. 

“La intención del oficialismo es avanzar con todo el temario de extraordinarias, incluido este punto, pero hay que ver si se llega al número para sesión”, explican en las oficinas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. 

Las residencias médicas estuvieron en la agenda de 2022, sobre todo en la última parte del año, cuando estalló el conflicto entre estos profesionales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó semanas de paro y manifestaciones en la calle. Culminó a mediados de noviembre, con la definición de un aumento salarial, que pasó a ser de $200.000 netos a partir del primer año. En cambio, quedaron pendientes los reclamos de los “concurrentes”: profesionales de la salud que realizan las mismas tareas que los residentes pero que no obtienen ninguna remuneración a cambio y que tampoco están contemplados en este proyecto de ley.  

Independientemente de las leyes y reglamentos jurisdiccionales, hoy sigue vigente la Ley 22.127 para el Sistema Nacional de Residencias sancionada por la dictadura en 1979, bajo una realidad, contexto y necesidades socioculturales que –según los argumentos del proyecto– no corresponden a los problemas sanitarios actuales, ni al compromiso democrático alcanzado desde hace casi ya 40 años.

De acuerdo con el ministerio que conduce Carla Vizzotti, la ley actual contiene definiciones que han permitido sostener un funcionamiento coercitivo y despojado de derechos laborales, académicos y sin lugar para denuncias sobre violencias o aspectos relativos a la diversidad, inclusión y género. Además, establece la figura de “beca anual” en lugar del salario, favoreciendo la precarización laboral y el abuso en la cantidad de horas de trabajo. En la misma línea, la antigua normativa permite el acceso a las residencias únicamente a graduados que tengan no más de cinco años de recibidos, mientras que la nueva ley elimina esta limitación.

Los 10 puntos centrales del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Residencia:

DT/MG

La luz roja se encendió el 31 de octubre, pero el gobernador Juan Schiaretti no la vio: ese día, 17 de los 30 médicos del Servicio de Emergencias de Adultos del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto renunciaron a sus trabajos y denunciaron que sus reiterados reclamos por precarización laboral y bajos salarios no habían sido atendidos por las autoridades. 

La situación del hospital de Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia de Córdoba, ubicada a 220 kilómetros al sur de la Capital, no era muy distinta a la de todos los centros asistenciales provinciales.

Este jueves, en las asambleas realizadas en los hospitales provinciales de la Capital e interior se resolvió un paro de 72 desde el próximo lunes 28 y hasta el miércoles 30; con asambleas y cortes de calle y avenidas para visibilizar el conflicto.

Los médicos de Río Cuarto reclamaban sumar más personal al plantel y un aumento salarial, entre otros reclamos, y advirtieron que si estas condiciones no se cumplían estaban “obligados a presentar” sus “renuncias de manera masiva e indeclinable”. Renunciaron.

Una semana después, el 7 de noviembre, miles de trabajadores de la salud de toda la provincia comenzaron un plan de lucha que en los últimos diez días incluyó dos paros generales con acatamiento total en la Capital y el interior –fueron el 16 y 23 de noviembre pasados- y masivas movilizaciones que confluyeron en el Polo Sanitario capitalino, donde funcionan los hospitales De Niños, San Roque y Rawson.

Ministerio en crisis

El Ministerio de Salud de Córdoba atraviesa una crisis general, que su punto más alto fue la renuncia del ministro Diego Cardozo en agosto pasado, derivada de la muerte de cinco bebés sanos nacidos en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo”. Durante su gestión, Cardozo manejó el Ministerio con mano dura, incluso a través de una circular prohibió a los directivos y personal de salud hablar con los periodistas y que toda comunicación con los medios debía hacerse a través de la oficina de Prensa del Ministerio de Salud.

Los reclamos en pandemia y post pandemia sobre las condiciones laborales se multiplicaron en forma horizontal a través de asambleas de trabajadores autoconvocados, y sobrepasaron a los gremios del sector, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS).

La nueva ministra, Gabriela Barbás, una técnica sin roce político no supo dar respuestas a los reclamos del personal de Salud y le apuntó “a la alta inflación en el país” que afecta los ingresos de los trabajadores en general y “a la crisis internacional”. Sobre los reclamos salariales, la ministra Barbás se excusó y dijo que no era competencia de ella. Para lograr una salida a la crisis, Schiaretti puso esta semana al frente de las negociaciones el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Francisco Fortuna, ex ministro de Salud de los gobiernos de Schiaretti y José de la Sota; quien como primera medida convocó a una reunión el pasado jueves a gremios y autoconvocados.

Sin embargo, ese acercamiento comenzó mal: en la reunión del jueves no estuvieron Barbás ni Fortuna y los delegados de la Intersectorial de la Salud se fueron de la reunión sin respuestas a sus exigencias para levantar el conflicto, que en algunos lugares, como el Hospital Córdoba, está de paro por tiempo indeterminado desde el pasado 7 de noviembre. Entre los reclamos, están una recomposición salarial de 200% del básico, ajustable al proceso inflacionario y un bono de $ 150 mil a cobrar en diciembre, además del pase a planta de todos los monotributistas y el blanqueo de todas las sumas no remunerativas.

“El Gobierno no entiende que la apuesta que hizo durante todo el mes de dividirnos y desgastarnos no dio resultado. Ahora, con lo que pasó ayer (por el jueves), busca estirar el conflicto para desgastarlo. El Gobierno subestimó al conflicto y no puede resolverlo. Por eso los compañeros votaron ir al paro de 72 horas”, le dijo a elDiarioAR la enfermera Estela Giménez, secretaria adjunta de la UTS y delegada del Hospital de Niños, donde ayer a la mañana se realizó una asamblea de más de 350 trabajadores entre residentes, médicos, enfermeras y personal de otras especialidades. 

Giménez agregó que “la participación del personal de salud de la Capital y el interior y de todas las ramas, desde choferes de ambulancias hasta médicos, no se veía desde principios de 2014, cuando tuvimos el otro gran conflicto”. En la marcha del miércoles pasado, participó Natalia Luna, esposa del ex ministro Cardozo. Y el mismo jueves a la noche y ayer hubo asambleas en todos los hospitales de la provincia, avalando el plan de lucha.

Por caso, en el Hospital Córdoba –uno de los más importantes y de alta complejidad-, ayer en una masiva asamblea conducida por el médico Pablo Igarzábal resolvió seguir adelante con el paro por tiempo indeterminado que se inició hace 18 días: “Entendemos que de parte de las máximas autoridades del Ministerio de Salud hubo una falta de consideración para con los equipos de salud al no recibirnos la ministra Barbás a la comisión designada, y no dar ninguna propuesta, por lo que se ratificó la medida de fuerza, con lo cuál seguimos con el paro por tiempo indeterminado hasta tanto tengamos una respuesta por parte de las autoridades de la Provincia. Entendemos que llevar esto a una reunión de acá a cinco días, no sólo hace dilatar el diálogo, sino dificultar la situación y empeorar el conflicto; por eso le solicitamos al Gobierno que asuma su responsabilidad como garante de la salud pública en la provincia de Córdoba”, señaló Igarzábal a elDiarioAR.

En la línea de pobreza

En las asambleas la queja fue la misma: los salarios están en muchos casos al borde de la línea de pobreza y los trabajadores deben realizar multiempleo, algo que ya habían denunciado en plena cuarentena, cuando los contagios de Covid-19 se daban en el personal de la salud y los pacientes, por esta rotación laboral.

En “Cuando de salud se trata”, un documento elaborado la semana pasada por los médicos Eduardo Maturano y Moisés Dib –son docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)- señala que el personal de salud. tanto de centros públicos como privados, atraviesa una crisis marcada por “una sobrecarga laboral, contratos basura, maltrato y, sobre todo, pésimos salarios. Y aunque el problema pareciera acotado a la dificultad de garantizar la asistencia de enfermos”.

Maturano y Dib advierten que “los trabajadores de los equipos de salud deberán asumir que el incremento de la demanda asistencial por parte de la población con un estilo de vida no saludable, es decir, empobrecida, implica un mayor caudal de sectores medios de la sociedad devenidos en nuevos pobres, y que esta situación es inclusiva de los propios trabajadores de la salud en proceso de transmutación a la pobreza, al igual que el resto de los sectores medios de la sociedad, y que tal situación, de ser acertado el diagnóstico, no se revertirá con una mera mejora salarial e, incluso, con la inclusión de todos y todas en la merecida categoría de trabajadores esenciales y, por ende, de recursos humanos críticos”. 

El documento “Cuando de salud se trata” se basó en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Septiembre pasado, pertenecientes al segundo trimestre de 2022, donde destaca que en el Gran Córdoba hay 40% de pobres: 632 mil personas cuyos ingresos no llegan a cubrir la canasta básica total (alimento, vivienda, abrigo, transporte); de los cuáles el 8,8% son indigentes, 156 mil personas.

El INDEC también informó en Septiembre que el Gran Córdoba presenta la tasa de desocupación más alta del país, con el 8,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), casi dos puntos porcentuales más que el promedio de los 31 aglomerados que releva el INDEC (6,9%) y 2,1 puntos más que el dato de la región pampeana (6,5%). 

Allí las mediciones del INDEC mostraron que el Gran Córdoba tiene el doble de desocupados que Rosario (4,3%) y el 50% más que CABA (5,4%) y que el Gran Mendoza (5,6%). Incluso hay más desocupados que el conurbano bonaerense (8,5%).

Maturano, quién es delegado de ATE en el hospital de la ciudad de Jesús María, explicó a elDiarioAR que “el incremento de la desocupación, el aumento del trabajado no registrado, es decir de trabajadores sin obra social y, en general, la pérdida del poder adquisitivo de la población, han generado un aumento de la demanda de atención médica en el sistema de salud público, el cual fue puesto de manifiesto de manera notoria, por ejemplo, durante la pandemia, cuando el número de camas y de recursos del equipo de salud se evidenciaron insuficientes, implicando enfermos desatendidos y un exceso de muertes”. 

El autor de “Cuando de salud se trata” agregó que “esa sobrecarga del sistema de salud implica una sobrecarga en el trabajo de cada profesional y el agotamiento del recurso humano, lo que desencadenó la protesta en Río Cuarto y reveló lo que pasa en toda la provincia”.

GM/MG

Trabajadores profesionales y técnicos de la salud, agrupados en la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (Fesintras), realizan este jueves un paro nacional con “jornada de lucha y manifestaciones en todo el país”, reclamando “mayor presupuesto para la salud pública, salarios dignos y reconocimiento”.

Las diversas agrupaciones que conforman la Federación, entre ellas la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), realizan movilizaciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en la Ciudad Autónoma, la Patagonia y el Noroeste argentino, con acciones centrales en la provincia de Jujuy.

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (Apuap) se movilizó hoy en la capital provincial en reclamo por el blanqueo de módulos por desempeño, salarios dignos y en defensa de la salud y el hospital público, ante el reiterado incumplimiento del Ejecutivo provincial y en adhesión al paro nacional.

“El blanqueo de módulos por desempeño forma parte de demanda por las que venimos luchando hace más de tres años junto con la necesidad de una recomposición acorde con la inflación pero el Ejecutivo no termina de resolver”, dijo a Télam la secretaria gremial Verónica Aramayo.

Esta mañana en Buenos Aires, los trabajadores del sector cortaron el tránsito frente al Ministerio de Salud sobre la avenida 9 de Julio en dirección al sur, en el marco de un plan de lucha con una movilización que confluyó hacia la Plaza de Mayo. Participaron profesionales de la salud de los hospitales Posadas, Garrahan, y del Durán, quienes se manifestaban en rechazo a “los recortes presupuestarios” que denuncian que se implementan en estos establecimientos sanitarios.

Entre sus demandas, se incluían también pedidos de “aumento de salarios” y “mantenimiento económico del sistema de salud”. La medida de fuerza y la movilización del personal del Hospital Garrahan fue dispuesta por la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud y participaba también un sector de trabajadores “autoconvocados” de la institución.

Desde el gremio, aseguraron que realizaron “un análisis comparativo del presupuesto de los últimos años” y en función de la inflación de este año el hospital “debería recibir 40 mil millones de pesos más, pero se le asignaron 30 mil, y están previstos otros 33 mil millones para 2023”. El Consejo de Administración del Garrahan respondió que “se está trabajando en la recomposición progresiva del salario, que se deterioró fuertemente entre 2017 y 2018, con aumentos otorgados con recursos genuinos que permiten mantener los salarios acordes a la inflación”.

Para el año que viene, el proyecto de ley de Presupuesto contempla para el Garrahan “27 mil millones de pesos”. De esos fondos, “el 80% corresponde a financiamiento de la Nación” y el 20% restante a la Ciudad de Buenos Aires, indicaron las autoridades. La Ciudad aporta entonces 5 mil millones de pesos, y de esta forma el presupuesto total del Garrahan para el 2023 llegará a los 32 mil millones de pesos, “sin contemplar los sueldos de la paritaria que se definirán recién en abril”, según explicaron desde la entidad sanitaria.

Por su parte, la CICOP se movilizará en la ciudad de La Plata, desde el Ministerio de Economía a la Legislatura bonaerense, exigiendo “el tratamiento del proyecto de ley para que más de 3.000 profesionales de la salud -en su mayoría licenciados de enfermería- sean reconocidos como profesionales”, según indicó en un comunicado el presidente del gremio, Pablo Maciel.

Asimismo, los trabajadores de la Asamblea de la Salud, Residentes y Concurrentes de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires acompañarán la jornada en las marchas del centro porteño. “Muchos trabajadores de la salud supieron acompañarnos en nuestra lucha, por eso desde Asamblea CABA nos sumamos a estos reclamos para seguir peleando por los derechos para los concurrentes y plantarnos en defensa de la salud pública”, expresaron.

El pasado martes, los residentes y concurrentes porteños levantaron el paro que mantenían hace 21 días, luego de que se confirmara una propuesta de aumento salarial formulada por el Gobierno porteño al Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales (AMM). Desde la Asamblea, confirmaron cesarán sus actividades a partir de las 12 en solidaridad con los trabajadores del Hospital Garrahan.

LC con información de agencia Télam

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó hoy que la pandemia de la Covid-19 ocasionó la muerte de entre 80.000 a 180.000 trabajadores sanitarios e instó a priorizar la vacunación de estos profesiones que se encuentran en la primera línea de combate contra el virus.

Los datos de vigilancia sobre las defunciones por coronavirus indican que desde que comenzó la pandemia hasta mayo de 2021 murieron entre 80.000 y 180.000 empleados de la salud.

“Por eso, es fundamental que la vacunación de los profesionales sanitarios sea una prioridad”, dijo en conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pese a que la OMS pidió que todos los países inoculen con la pauta completa a todo su personal de salud, este objetivo no está cerca.

“Los datos de 119 países sugieren que, en promedio, dos de cada cinco profesionales de la salud en todo el mundo están completamente inmunizados”, precisó Ghebreyesus.

“Más de 10 meses después de la aprobación de las primeras vacunas, el hecho de que millones de trabajadores sanitarios aún no hayan sido vacunados es en sí mismo una condena a los países y empresas que controlan el suministro mundial de vacunas”, afirmó el jefe de la agencia sanitaria.

Sobre la brecha en las regiones más atrasadas en sus campañas de inoculación, Ghebreyesus dijo que “en África, menos de 1 de cada 10 profesionales de la salud ha sido completamente inmunizado, mientras que, en la mayoría de los países con ingresos altos, más del 80% están vacunados”.

La presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Annette Kennedy, tildó a los gobiernos de ser “incapaces” de proteger a los sanitarios.

“Los gobiernos tienen la obligación de cuidar y salvaguardar la vida de los profesionales. Son el recurso más valido que hay. El mundo sin ellos no está preparado para la pandemia”, dijo Kennedy, según la agencia de noticias Europa Press.

DA