El Tribunal Oral Federal de Buenos Aires inició este viernes el juicio por la apropiación y retención ilegal de la hija del trabajador entrerriano Leonardo Fornerón, un caso que en 2012 motivó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino por violar el derecho a la vida familiar, a la identidad y a la protección judicial efectiva. En el banquillo están exfuncionarios judiciales y profesionales acusados de haber avalado la entrega irregular de la niña a un matrimonio porteño, quienes también están acusados al igual que la madre biológica.

Tras veinticinco años de dilaciones, sobreseimientos y reclamos internacionales, comenzó en Buenos Aires el juicio oral y público por la apropiación y retención ilegal de la hija de Fornerón, trabajador de la ciudad entrerriana de Rosario del Tala, un caso con repercusión internacional a partir de la condena de la CIDH al Estado argentino.

La causa investiga la entrega irregular de M, la niña, nacida el 16 de junio de 2000, quien fue entregada por su madre biológica, D. E. E, a un matrimonio de la ciudad de Buenos Aires, B. Z, con la intervención de funcionarios y profesionales judiciales que ahora enfrentan cargos penales.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal con los abogados Margarita Nicoliche y Diego Dousdebes como querellantes en representación de Fornerón. Tanto desde el Ministerio Público Fiscal como desde la querella sostienen que el caso representa “una trama de complicidades institucionales” que permitió la apropiación de una niña y la exclusión deliberada de su padre biológico.

El caso y la sustracción

Fornerón y D. E. E. mantuvieron una breve relación en la localidad entrerriana de Rosario del Tala, donde residían. Tras separarse, Fornerón se enteró por terceros de que la mujer estaba embarazada, aunque ella negó que él fuera el padre. En junio de 2000, cuando cursaba el octavo mes de embarazo, D. E. E. fue trasladada por Paul Reynoso, en un vehículo prestado por Ariel Barreto, a la ciudad de Victoria, donde dio a luz a una niña en un sanatorio privado. Reynoso había colaborado con la mujer durante el embarazo, proveyéndole alimentos e insumos, y luego financiando su estadía en un departamento en Paraná.

El 17 de junio de 2000, un día después del parto, la mujer entregó a la beba al matrimonio porteño B. Z., con la intervención del Defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita, quien redactó un acta de guarda provisoria en abierta violación a la legislación vigente.

En las presentaciones iniciales del juicio, el Ministerio Público Fiscal remarcó que pese a reconocer su paternidad, Fornerón fue excluido del proceso judicial y no pudo ejercer sus derechos sobre su hija a pesar de reclamar insistentemente desde el momento en que se entera del embarazo y posterior nacimiento de su hija. 

Frente a la falta de respuestas en la justicia argentina, llevó su denuncia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en 2012 concluyó que el Estado argentino violó los derechos de Fornerón y de su hija, y ordenó medidas para restablecer el vínculo y garantizar justicia.

La investigación posterior, a cargo del fiscal Carlos Mahiques, derivó en la imputación de los padres adoptivos, la madre biológica y los funcionarios judiciales involucrados, entre ellos Raúl del Valle, Salvador Espona, Marcelo Balbi y Daniela Cairuz, por los delitos de sustracción y retención ilegal de una menor de 10 años.

Irregularidades y dilaciones

En el proceso se investiga el rol que desempeñó el por entonces juez civil de Victoria, Raúl del Valle, quien firmó un acta de guarda provisoria irregular, entregando a la menor a la pareja porteña. Del Valle basó su decisión en argumentos sin perspectiva de derechos: Señaló que no había un noviazgo formal entre Fornerón y Enriquez, que la hija de ambos no había sido fruto del amor, ni del deseo de constituir una familia, se basó en la inexistencia de una familia formal, y en la firme voluntad de la madre biológica de darla en adopción, entre otras premisas, por lo que finalmente entregó en guarda a la menor.

El caso que tiene como imputados a la madre biológica y al matrimonio adoptante, apunta también por la responsabilidad que tuvo el abogado Salvador Espona; dos hombres que hicieron de intermediarios entre las partes, Paul Reynoso y Ariel Barreto, que proveyeron recursos a la madre biológica; al defensor oficial Marcelo Balbi; y a la psicóloga Daniela Cairuz, quienes, según el Ministerio Público Fiscal, legitimaron un proceso sin sustento legal que vulneró el derecho de Fornerón a ejercer la paternidad.

El defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita, fue otro de los señalados, por ser quien redactó el acta de entrega en guarda provisoria de la niña, aunque su imputación pereció ante su fallecimiento.

Fornerón apenas pudo tener contacto con su hija en dos ocasiones —2005 y 2012—, y la última sólo se concretó por mandato de un tribunal internacional. Durante los primeros tres años, la niña permaneció bajo una guarda irregular y luego fue adoptada, en un proceso que la Corte Interamericana consideró arbitrario y violatorio de derechos humanos. En su fallo, el tribunal internacional concluyó que el Estado argentino había “naturalizado la dilación judicial como estrategia”, consolidando la separación entre padre e hija.

Los argumentos de la defensa y la disputa por los plazos

En la primera audiencia, las defensas de los imputados centraron su estrategia en cuestionar la extensión de los plazos procesales y la vigencia de las acusaciones. Sostuvieron que los funcionarios actuaron conforme a las normas de la época y que la entrega de la niña se realizó con el consentimiento de la madre biológica.

El abogado Francisco D’Albora, representante del matrimonio adoptante, planteó que sus defendidos llevan más de dos décadas sometidos a un proceso judicial interminable y que no puede sostenerse una acusación penal de manera indefinida cuando la Justicia tuvo reiteradas oportunidades de resolverla.

Por su parte, la defensa de la psicóloga Daniela Cairuz afirmó que su intervención se limitó a un informe técnico sobre el vínculo afectivo entre la niña y el matrimonio adoptante, sin influencia en las decisiones judiciales. Desde la querella, sin embargo, cuestionaron la imparcialidad del informe de solo tres carillas y subrayaron que la profesional nunca tomó contacto con Fornerón para completar la evaluación.

En tanto, los abogados de los exfuncionarios judiciales argumentaron que los hechos carecen de relevancia penal y que cualquier irregularidad fue posteriormente “subsanada” por resoluciones judiciales.

El planteo de la fiscalía y la querella: las deudas de la justicia

Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados querellantes rechazaron los planteos de prescripción y cosa juzgada presentados por las defensas. El abogado Diego Dousdebes, representante de Fornerón, sostuvo que el paso del tiempo no puede favorecer a quienes fueron responsables de las demoras judiciales y advirtió que durante años solo se contó una versión parcial de los hechos, mientras se ocultaba la historia de un padre despojado de su derecho a criar a su hija sin una tutela judicial efectiva.

Dousdebes recordó que Fornerón atravesó tres años de una guarda adversa y una adopción que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impidió que se concretara plenamente, debido a las violaciones de las normas constitucionales. Subrayó que, a veinticinco años de los hechos, el debate no pasa por tecnicismos procesales, sino por garantizar que el Estado argentino cumpla con su obligación de investigar y sancionar, tal como lo ordenó el tribunal internacional.

Un juicio con implicancias estructurales

El proceso por la apropiación de la hija de Leonardo Fornerón busca establecer responsabilidades individuales, pero fundamentalmente el caso de debate, expone una estructura judicial que durante años naturalizó las adopciones irregulares, desoyó los reclamos de un padre y vulneró el derecho de una niña a su identidad.

En esa línea, el Ministerio Público Fiscal advirtió que el caso revela cómo la justicia puede funcionar como un dispositivo de exclusión cuando reproduce prejuicios y desigualdades estructurales.

El juicio continuará en las próximas semanas con las declaraciones de testigos y peritos, y se prevé que la sentencia se conozca antes de fin de año.

SM/MG

A pocas semanas de cumplirse treinta años del atentado contra la AMIA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de verdad histórica y justicia para las víctimas y la sociedad. La Corte también ordenó reformas estructurales en el uso de información de inteligencia en causas judiciales y el acceso a la documentación.

En su sentencia, según publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, que patrocinó la denuncia presentada por la agrupación Memoria Activa) la Corte destacó que “continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento”. Señaló que la propia actuación estatal ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos.

La condena incluyó la responsabilidad del Estado argentino en todas las violaciones alegadas por la organización Memoria Activa: violación del derecho a la vida por falta de prevención del atentado, falta de investigación adecuada del atentado y su encubrimiento, violación del derecho a la verdad histórica y a la información, y responsabilidades en el encubrimiento.

Entre las medidas ordenadas, la Corte demandó que el Estado argentino remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y su encubrimiento en un plazo razonable. Además, ordenó una reforma normativa para regular el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales. Afirmó que “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información para evitar aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas”.

El tribunal internacional también dispuso que se regulen los procesos de desclasificación y se garantice el acceso pleno de las víctimas a la información ya desclasificada, que deberá ser conservada adecuadamente para su consulta por toda la sociedad. Asimismo, se ordenó la construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.

La sentencia de la Corte Interamericana representa un hito en la lucha por la justicia que Memoria Activa ha llevado adelante desde el atentado, ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem. La organización denunció desde un principio el encubrimiento y el desvío de la investigación por parte del poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía.

Hace dos meses, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el encubrimiento del atentado fue una maniobra deliberada, ejecutada en las altas esferas del poder político. Sin embargo, las condenas impuestas fueron consideradas extremadamente bajas y desproporcionadas al daño causado. La decisión de revertir estas condenas recae ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El rol de los servicios de inteligencia y su influencia en el sistema político argentino fueron cruciales en la perpetuación de la impunidad. Desde los primeros momentos posteriores a la explosión y a lo largo de las décadas siguientes, la causa estuvo controlada por operadores políticos y agentes de inteligencia, protegidos por el secreto y la discrecionalidad en el manejo del dinero público.

“Treinta años después de la mañana del 18 de julio de 1994, todavía no hubo justicia en la Argentina, todavía no sabemos quién y por qué cometió el atentado. Todavía los archivos que muestran maniobras de encubrimiento y corrupción son secretos para la sociedad argentina. Todavía nadie descansa en paz. Hoy un tribunal internacional ratificó que el Estado argentino violó los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación. Los invitamos a todos a acompañarnos en esta lucha, para que finalmente, el Estado argentino cumpla con sus obligaciones y la justicia, aunque tardía, sea posible”, señaló el CELS.

JJD

Este jueves, la Corte Suprema decidió otorgarle prioridad y tratamiento especial a un caso testigo que deja en evidencia al Congreso ante la falta de una ley que afecta los derechos de las personas, el Congreso en donde actualmente se lleva adelante un proceso para juzgar e intentar destituir -sin chances, en el escenario actual- a los cuatro jueces del máximo tribunal.

Los magistrados Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron la primera reunión de acuerdo del año; dictaron 207 sentencias, incluyendo un fallo a favor del propietario de tierras en Bariloche, Río Negro, que debía entregar tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, del Pueblo Mapuche, por una resolución oficial.

Los jueces también enviaron a través de sus voceros un mensaje de unidad interna a pesar del profundo enfrentamiento que los divide desde 2018 y decidieron que durante los próximos meses la Corte realizará una audiencia pública para tratar el vacío legal en un tema de alta sensibilidad, informó a elDiarioAR una fuente directa del máximo tribunal.

La Corte decidió que se meterá de lleno en el debate sobre embriones criocongelados y llamará a una audiencia pública para que distintos sectores de la sociedad, el Estado y el ámbito médico y privado expongan argumentos en pro y en contra de los derechos y límites de los derechos de los procreadores; sobre si los embriones tienen o no derechos; si pueden ser destruidos por pedido de los progenitores o deben ser conservados a pesar de que las personas que los crearon quieran que sean extinguidos. En resumen: cuándo empieza la vida y a partir de cuándo se es persona.

Muy lejos de la rosca política pero íntimamente ligado a la ciudadanía y a instituciones con poder propio, como la Iglesia y las clínicas privadas de fertilidad, o la comunidad científica, la Corte optó por un caso que puede regular un aspecto de la vida de los argentinos ante la ausencia de una ley que cumpla ese rol, es decir, llenando el vacío que dejan los diputados y senadores. 

Después del debate por la ley que legalizó el aborto, la problemática de los embriones y la eutanasia son dos cuestiones que atraviesan la vida de las personas y que en Argentina no tienen leyes que regulen los derechos o los límites de los derechos.

El máximo tribunal elige intervenir en este caso haciendo hincapié en la ausencia de una ley que el Congreso debería haber tratado hace más de siete años, cuando se sancionó en el Parlamento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que tanto diputados como senadores nunca discutieron, explicó una fuente directa del Palacio de Justicia. En 2022, la Corte realizó audiencias públicas en otros casos que evidencian un vacío legal, como la despenalización del autocultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos y el “derecho al olvido”.

El caso

La audiencia pública surgió a partir de un caso que llegó a la Corte hace al menos dos años. Se trata de una pareja que en 2015 realizó un tratamiento buscando donantes y obtuvo cinco embriones. Realizó la transferencia de dos de los embriones originados bajo tal procedimiento. Los otros tres embriones fueron criopreservados a la espera de que los dos trasplantados dieran resultado positivo. Finalmente, la pareja tuvo una hija.

Años más tarde, la pareja se separó y solicitó a la clínica privada que había realizado el tratamiento que interrumpa la criopreservación de los tres embriones, explicó a elDiarioAR una fuente directa de la Corte. Es decir, que se destruyan. 

Sin embargo, la clínica privada les respondió que no podía destruirlos sin una autorización judicial ante la ausencia de un marco legal. De acuerdo al contrato firmado por las partes, la relación contractual se termina sólo por muerte de algunos de los progenitores o falta de pago, y en ambos casos, los embriones son donados a un banco de embriones. 

La pareja acudió a un juzgado civil para que le exija a la clínica privada que interrumpa la criopreservación de los tres embriones y ponga fin a la relación contractual con la clínica privada, ya que la clínica se negaba a interrumpir el vínculo comercial.

La jueza civil de primera instancia rechazó el pedido de la pareja y se negó a autorizar la interrupción de la preservación de los embriones. La magistrada interpretó que los embriones cuentan con la misma protección de cualquier vida humana, en base al artículo 16 de la Constitución Nacional y del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo que los embriones “no son personas”.

La mujer apeló el fallo de primera instancia y llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que le dio la razón y revocó la decisión de la jueza, otorgando prioridad a los derechos reproductivos de la pareja. Además, los jueces determinaron que no requería autorización judicial para solicitar la interrupción de la criopreservación.

Entonces, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces llevó el caso ante la Corte Suprema y solicitó que el máximo tribunal zanje la cuestión ante la ausencia de una ley.

El caso de esta pareja no es aislado. Una búsqueda rápida por sitios de abogados y estudios jurídicos de familia y derecho civil demuestra la existencias de demandas y conflictos muy similares en varios puntos del país, donde los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones fallan de acuerdo a sus criterios en lugar de regirse por la ley, determinando soluciones completamente disímiles de acuerdo al juez que toque.

La Procuración General de la Nación ya está trabajando también en el caso. El procurador fiscal ante la Corte que se especializa en derecho privado, Víctor Abramovich se encuentra estudiando un dictamen para presentar la posición del Ministerio Público Fiscal sobre el conflicto, confirmó a elDiarioAR una fuente directa de ese organismo. 

La Corte aún no fijó fecha para la audiencia pública que se celebrará previo al fallo del máximo tribunal, pero será en los próximos meses, aseguró la fuente consultada en el Palacio de Justicia. ¿Por qué eligió esta causa, en medio de la avanzada del oficialismo que buscará exponer a los jueces por supuesto mal desempeño? La respuesta a la fuente consultada es que cuando la Corte elige un tema y le da prioridad y tratamiento especial por sobre otro busca sentar jurisprudencia para tribunales superiores de la Región, frenar un daño inminente, definir posición en un tema de interés jurídico o zanjar una controversia ante la falta de una ley, es decir, ante la inacción del Congreso. “Es como el caso de la coparticipación -la que originó la pelea con el Gobierno y el pedido de juicio político contra los jueces-. La Corte se mete porque la política tiene pendiente desde hace casi dos décadas sancionar una nueva normativa y no lo hace”, responde una fuente directa del tribunal. 

ED

Milagro Sala lleva unos seis años presa, ya atravesó seis juicios orales y públicos y tiene dos condenas en sus espaldas y aunque el presidente Alberto Fernández solicitó a la Corte Suprema de Justicia que “imprima urgencia” al tratamiento de su situación, en el máximo tribunal dicen no tener “en agenda” de corto plazo el caso de la dirigente de la Agrupación Túpac Amaru, informó una fuente de la Corte a elDiarioAR. “La feria judicial está cerca -comienza la segunda quincena de julio- y ese tema sólo está en la agenda política”, agregó la fuente consultada en el Palacio de Justicia.

La Corte podría devolverle la libertad a Sala -actualmente, con prisión domiciliaria-, detenida por una condena que recibió en 2019 a trece años de prisión por los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. El máximo tribunal está en condiciones de fallar. La queja de la defensa se presentó en marzo de 2020 y el expediente ya circuló por las cuatro vocalías durante varias oportunidades en los últimos dos años. 

El caso ya tiene dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien presentó su posición en febrero último: dictaminó contra el pedido de la defensa de Sala. Los abogados de la dirigente plantean que la Corte debe revisar la condena confirmada por la Justicia de Jujuy por la valoración arbitraria de la prueba, por la indeterminación de los hechos por los que Sala y sus coacusados fueron llevados a juicio y por la modificación de esos hechos a lo largo del proceso, entre otras supuestas irregularidades que habrían afectado el derecho de defensa de Sala.

Con el dictamen de Casal contra Sala, el expediente regresó a la Corte en marzo último y desde entonces permanece en la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, según el registro público del tribunal. 

La causa nació en 2016 con la denuncia espontánea de nueve cooperativistas que refirieron haber sido obligados a facturar obras al Estado que generalmente no hacían y desviar los cobros a Sala y otros dirigentes de la Túpac. Se conoce como el caso “Pibes Villeros”.

Sala fue juzgada junto a otras doce personas y las defraudaciones habrían sido cometidas entre 2013 y 2015 con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la financiación de mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, entre otros.

La sentencia en esta causa fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial. 

Notificación

Además de la sentencia a trece años por el caso de los fondos de cooperativas conocido como “Pibes Villeros”, Sala tiene una condena a dos años de prisión efectiva por el delito de amenazas simples en la causa de “las bombachas”.

La líder de la Túpac Amaru fue acusada de amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento contra la hija de una compañera de la agrupación, quien alegaba haber sido víctima de un robo. Las pruebas fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados, explicó la defensa ante la consulta. 

En esta causa, Sala fue absuelta por el tribunal oral en diciembre de 2017, pero el Ministerio Público Fiscal de la provincia recurrió la sentencia y la Cámara de Casación Penal revocó esa sentencia. Condenó a Milagro a tres años y dos meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples.

Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas.

Gerardo Morales — Gobernador de Jujuy.

En 2021, la Corte Suprema dejó firme la condena pero fue reducida a dos años de prisión. Entonces comenzó una discusión legal sobre el cómputo de la pena y si la sentencia estaba o no cumplida. Para Sala, esta discusión es central. Si la Corte Suprema falla a su favor en la causa “Pibes Villeros” y anula la sentencia de trece años, podría recuperar su libertad

Esa posibilidad futura tambaleó esta semana, al día siguiente de la visita que le hizo el Presidente al sanatorio donde permanece internada por una trombosis venosa. Unas 30 horas después del pedido de Fernández a la Corte, el juez de ejecución penal de Jujuy envió a la policía a notificar a Sala en el sanatorio que deberá permanecer presa hasta junio de 2024.

“Se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación. El juez pretende computar una condena de dos años, que Milagro Sala ha cumplido, a partir de ahora. En cualquiera de las lecturas posibles, la pena está cumplida”, sostuvo su equipo de defensa.

Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.

Elizabeth Gómez Alcorta — Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y exabogada de Sala.

Trece causas

Además de los seis juicios que ya atravesó por amenazas, instigación a cometer daños, tentativa de homicidio, extorsión y fraude a la administración pública, Sala acumula en Jujuy otras siete causas abiertas o camino al juicio por delitos similares, explicó a elDiarioAR Marcos Andazabal, abogado de la dirigente.

De las trece causas, díez se originaron a partir de la llegada del radical Gerardo Morales a la gobernación, en diciembre de 2015. Los otros tres expedientes datan de 2011 y 2012, cuando gobernaba otro enemigo político de Sala, el peronista Eduardo Fellner. Dos de ellos   se reactivaron con Morales en el poder.

Su detención y el avance de los casos en su contra están vinculados a “una disputa eminentemente política que responde a una disputa política de la provincia de Jujuy pero que excede a la provincia de Jujuy”, dijo a elDiarioAR Elizabeth Gómez Alcorta, exabogada de Sala y ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. “En su momento, apenas fue detenida, Ernesto Sanz, el socio político y correligionario de Morales, dijo públicamente que si a Milagro no se la detenía, Morales no podía gobernar. No hay mejor manifestación sobre la necesidad de que Milagro siga presa”, afirmó la funcionaria. 

En este marco de disputa política, la defensa de Sala ha planteado en repetidas oportunidades presuntas irregularidades y arbitrariedades en la instrucción de las causas en su contra, testigos con intereses políticos o aliados de Morales, hechos prescritos, arbitrariedades en la valoración de las pruebas y fabricación de denuncias.

El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes al Estado argentino sobre la salud de Sala, quien tiene una medida provisional de ese tribunal a su favor. La CIDH ordenó “proteger su integridad física y psíquica”, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

El organismo dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social. En 2016, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) había solicitado al entonces presidente Mauricio Macri la libertad de Sala. Juan Grabois insistió esta semana con un indulto del presidente Fernández.

En los años 90, Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales.

Christian Schwarz — Docente de Ciencias Políticas, UCA.

Morales

El gobernador de Jujuy ha sostenido que con la detención de Sala puso “orden democrático y restablecimos la paz” y sostuvo que la dirigente acumuló poder durante “más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”. 

“Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas”, agregó el gobernador tras la visita de Fernández a Sala en el sanatorio y su pedido a la Corte Suprema. El presidente de la UCR deseó que Milagro Sala “se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.

“Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política”, afirmó Gómez Alcorta.

Sala llegó a representar a unas 70.000 personas y fue una aliada central del kirchnerismo. Su caída comenzó con la llegada de Morales a la gobernación y la disputa entre ambos por el poder en Jujuy. El radical cortó el financiamiento de su organización.

Ha sido acusada en los medios, un documental y denuncias de ejercer el poder con “control de hierro” y violencia, de reproducir el esquema de los clanes conservadores de la provincia y de haber gobernado un “Estado paralelo”, edificado con los fondos que recibió durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner para la construcción de viviendas, escuelas, clubes y fábricas. Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.

Construyó su poder en una provincia gobernada por una élite conformada por pocas familias que se alternaron en el poder y el avance sin retorno del desempleo. 

Entre 1987 y 1998, Jujuy tuvo siete gobernadores. “Los gobernadores de la provincia duraban en el poder apenas unos meses o año y medio, el que más duró no superó los tres años”, explicó Christian Schwarz, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA). 

“Durante ese mismo periodo Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales. La inestabilidad política finalizó con la llegada de Fellner (en 1998) pero la provincia siguió dependiendo de los aportes del Tesoro Nacional”, afirmó Schwarz. La pobreza se extendió en Jujuy. En 2001, Sala fundó la Túpac Amaru.

ED

La jueza argentina Verónica Gómez asumió este martes, junto a otros tres magistrados latinoamericanos, como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal tribunal de la región, que busca construirse sobre la “base de la paridad de género”, según anunció el organismo.

Juraron en sus cargos, por un período de cinco años, además de la magistrada argentina, la costarricense Nancy Hernández López, la chilena Patricia Pérez Goldberg y el brasileño Rodrigo de Bittencourt Mudrovitch, informó la Corte IDH en un comunicado difundido en sus redes.

El acto de asunción se realizó en San José de Costa Rica, sede de este tribunal regional, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial Interamericano 2022, en la que también asumió la nueva directiva encabezada por el magistrado uruguayo Ricardo Pérez Manrique, como presidente, y el jurista colombiano Humberto Sierra Porto, como vicepresidente.

Paridad de género

La incorporación de tres nuevas magistradas fue celebrada por Pérez Manrique, quien destacó que “la impartición de justicia tanto nacional como internacional debe construirse sobre la base de la paridad de género”.

“Paridad es reconocer que las mujeres tienen el derecho a estar plenamente representadas en los espacios de toma de decisiones”, agregó el flamante presidente, quien señaló que el organismo retomará las reuniones presenciales.

También el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, se congratuló al respecto: “Su sola presencia es un aire fresco de convocatoria para que la mujer en nuestro continente pueda seguir avanzando no solamente en las conquistas de sus derechos sino en el liderazgo que deben seguir ejerciendo”.

La Corte Interamericana es el órgano judicial autónomo que debe velar por el cumplimiento de la Convención Americana, conocida como Pacto de San José y pilar del sistema interamericano de derechos humanos.

Tras asumir el cargo, Pérez Manrique se comprometió a que el tribunal mantenga los “oídos bien atentos para (...) oír a quienes no tienen la posibilidad de ser escuchados, a las personas en situación de vulnerabilidad, que son millones en la región”.

La Corte IDH ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias y una función consultiva.

Otros dos tribunales regionales de protección de los derechos humanos son la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

LG con información de Télam

Horacio Verbitsky renunciará el próximo 11 de febrero al Centro de Estudios y Sociales (CELS), organización que presidió entre 2000 y 2021, y en la que hoy se desempeña como vocal de la comisión directiva. El día previsto para su alejamiento coincide con su cumpleaños número 80 y los 23 años transcurridos desde que ingresó a la entidad. “Me parece suficiente”, reflexionó Verbitsky, consultado por este diario.

El alejamiento de Verbitsky marca un punto de inflexión para una organización de derechos humanos referente en América Latina. Por su significado, la partida del periodista adquiere para el CELS una dimensión similar al fin del ciclo que marcó la muerte de su cofundador e histórico presidente, Emilio Mignone.

La decisión, que se venía debatiendo hacía semanas, se da después de un año turbulento disparado por el anuncio realizado por el propio director de El Cohete a la Luna de que se había vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. Desatada la crisis, el periodista debió pedir licencia como presidente de la entidad en febrero de 2021, para unos meses más tarde regresar como vocal en un cuerpo directivo de doce integrantes. Su presencia, no obstante, seguía siendo decisiva en las discusiones y el diseño de las políticas, fuera por acción u omisión, según varias fuentes consultadas.

Desde el desplazamiento de Verbitsky hacia una vocalía, la presidencia del CELS quedó a cargo de la antropóloga Sofía Tiscornia, exdirectora del área de Investigación y experito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La socióloga y periodista Paula Abal Medina ocupa la vicepresidencia, y completan la comisión directiva el abogado Damián Loreti, el sociólogo Luis Fara, la socióloga feminista Dora Barrancos, el sacerdote Marcelo Ciaramella, la cofundadora de la ONG Laura Conte, la abogada de derechos humanos María José Guembe, su par y exsecretario de Seguridad Gustavo Palmieri, el sindicalista Victorio Paulón y la integrante de Memoria Activa Diana Wassner.

Desde el desplazamiento de Verbitsky hacia una vocalía, la presidencia del CELS quedó a cargo de la antropóloga Sofía Tiscornia, exdirectora del área de Investigación y experito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Perfil alto

Verbitsky comenzó a pisar fuerte en el CELS poco después de la muerte de Mignone, el 21 de diciembre de 1998. En sus primeras dos décadas de vida, la organización fundada por los abogados católicos Mignone y Augusto Conte Mac Donell, y sus respectivas esposas, Chela y Laura, se había concentrado en la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, del cual habían sido víctimas sus respectivos hijos, Mónica Mignone y Augusto María Conte. Si bien las familias fundadoras no eran precisamente de izquierda (Mignone era peronista y Conte, demócrata cristiano), la lucha por los derechos humanos congregó en los primeros años del CELS a abogados de víctimas de ese origen, como los trotskistas Luis Zamora y Marcelo Parrilli.

La lucha histórica de la ONG fue por Memoria, Verdad y Justicia contra las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos, pero la relación de los fundadores con Carlos Menem tuvo sus idas y vueltas. Ello no impidió que la organización ampliara su agenda de reclamos y litigios relacionada a los asesinatos del soldado Omar Carrasco (1994) y del reportero gráfico José Luis Cabezas (1997), y contra la persecución del Gobierno del peronista neoliberal contra dirigentes sociales, sindicales y de desocupados.

En el período inmediato al arribo de Verbitsky, la dirección ejecutiva, a cargo de Martín Abregú, un hombre de confianza de Mignone y promovido por la Fundación Ford, transformó la agenda del CELS desde “la resistencia” a “la democracia”, en la interpretación de los periodistas Santiago O’Donnell y Mariano Melamed, autores de Derechos Humanos ®— La historia del CELS (Sudamericana, 2015). La ONG, en la mirada de Abregú, debía ampliar horizontes políticos y económicos.

El primer reemplazo de Mignone en la presidencia fue Laura Conte, pero el entonces columnista de Página 12 fue convocado para un lugar destacado en la comisión directiva. De inmediato, el CELS comenzó a conocer su carácter.

A esa altura, el perfil de Verbitsky no era una sorpresa para nadie. Llevaba más de diez años a cargo de la columna dominical del diario de izquierda, había escrito best sellers en editorial Planeta que hicieron blanco en el amplio nicho antimenemista como Robo para la Corona (1991) y Hacer la Corte (1993), y había publicado la primera y hasta ahora excepcional confesión del marino de guerra Adolfo Scilingo sobre el mecanismo de desaparición masiva de personas en El Vuelo (1995). Entre los ochenta y fines de los noventa, la figura del cronista y exmontonero había saltado desde el nicho de la izquierda, la militancia política y la intelectualidad a apariciones en almuerzos de Mirtha Legrand y a su papel como columnista en programas televisivos de Jorge Lanata. La ira expresada en su contra por el propio Carlos Menem aportó el plus necesario para que la fama de Verbitsky trascendiera fronteras.

El paso cobró forma en su participación en el sello Periodistas que funcionó a fines de los noventa y agrupó a cronistas famosos sin corte ideológico, desde Mariano Grondona a Santo Biasatti, desde Joaquín Morales Solá a Ernesto Tiffenberg, de Magdalena Ruiz Guiñazú a Fernán Saguier.

“Se consideró que había que pensar una figura que reemplazara a Emilio con un perfil igualmente alto”, explica una persona que pasó por el riñón del CELS sobre el motivo que llevó a Laura Conte y a Chela Sosa de Mignone a optar por el periodista como reemplazo del fallecido fundador.

El influyente

Nombrado presidente en 2000, y con la dirección ejecutiva del hoy procurador fiscal Víctor Abramovich, el periodista pasó a la acción. Por un lado, profundizó la agenda de amparos colectivos y defensas puntuales de líderes sociales y sindicales reprimidos por los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. En 2001, la entidad avanzó hacia la participación política y la protesta en las calles al integrar el Frente Nacional de Lucha Contra la Pobreza junto a organizaciones sociales y dirigentes de centroizquierda e izquierda.

Con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, el CELS se transformó en un actor en la implementación de políticas. El vínculo táctico entre el entonces presidente y Verbitsky para construir una agenda de derechos humanos y legitimidad trazó un puente entre funcionarios y los objetivos de la organización. Las ideas de la ONG fueron decisivas para la derogación de las leyes de impunidad, el desmantelamiento de resabios de la dictadura en instituciones estatales, una ley migratoria garantista y la reforma de la Corte Suprema, según testigos de la época.

Ese esquema le valió a Verbitsky el cuestionamiento de que era en realidad un asesor presidencial que no se revelaba como tal en su tarea a cargo del CELS y columnista de Página 12. A lo largo del tiempo, el periodista rechazó esa acusación y refirió que se había creado un mito en torno a su figura como un monje negro con una influencia irreal. “Puede ser, pero él mismo se ocupó de explotar ese mito”, dijo la persona del CELS antes citada.

Como mínimo, lo cierto es que Verbitsky hacía un juego anfibio como oenegista y como periodista. Por ejemplo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, su columna dominical podía transformarse en un veto de hecho a la designación de un funcionario, una alianza política o el ascenso de un militar, y para poner legajos sobre la mesa, solía utilizar el puntilloso archivo y trabajo de campo del CELS.

Incluso sus críticos dentro de la ONG sostienen que la adhesión política de Verbitsky al kirchnerismo y, en particular, a Cristina Fernández de Kirchner no quitó consistencia a la entidad, porque ésta no ahorró cuestionamientos a los vaivenes represivos de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, sobre todo bajo la jefatura de Daniel Scioli, ni en cuanto a la política carcelaria, ni sobre el hostigamiento a comunidades indígenas, ni sobre la presunta participación del jefe del Ejército César Milani en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, cargo del que el militar fue absuelto.

En tiempos de los Kirchner, el CELS mantuvo demandas contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la condena civil impuesta por tribunales locales a Jorge Fontevecchia y Héctor D’amico a raíz de una demanda iniciada por Carlos Menem. El dueño de Editorial Perfil estaba vetado por los Kirchner para contactos periodísticos y repartos de publicidad oficial, decisión que el propio Verbitsky y el CELS cuestionaron.

Las mayores críticas al cronista dentro del CELS radican en un supuesto manejo personalista y no excluyen un término que utilizan sus enemigos: “operador”. Así, los distanciamientos y enemistades variados de Verbitsky afectaron el campo de relaciones de la ONG, y ellas incluyeron nombres sensibles, como Estela Barnes de Carlotto y Hebe de Bonafini. Sin romper puentes, la relación entre el CELS y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo encontró severos límites.

Internacionalización

Contra lo que podría suponerse, el excolumnista de Página 12 no objetó sino que potenció la búsqueda de fondos de la “cooperación internacional”, que incluyó a Open Society (de George Soros), la Fundación Ford y la National Endowment for Democracy (dependiente del Congreso de Estados Unidos y señalada como golpista en Bolivia y Venezuela), entre muchos órganos del Primer Mundo ávidos por repartir dólares.

Ello formó parte de una estrategia de expansión internacional que fomentaron Verbitsky y el director ejecutivo entre 2006 y 2020, Gastón Chillier, pese a la relación tirante mantenida entre ambos de comienzo a fin. Al histórico vínculo con Washington cimentado desde los tiempos de Mignone, se sumó el tejido de redes en Ginebra y Bruselas, donde funcionan el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Europea, y la elite global de las ONG de derechos humanos. El presupuesto y la nómina de personal del CELS se multiplicaron varias veces a lo largo de lo que va del siglo. Si no lo hizo, Verbitsky lo autorizó.

El CELS y su presidente ocuparon espacios en medios internacionales en ocasión del cónclave papal de abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, y el de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. La visión de los religiosos jesuitas Orlando Yorio y Franz Jalics de que su superior en la orden, Jorge Bergoglio, como mínimo, no había hecho nada para impedir sus secuestros durante la dictadura generó revuelo. Transformado Bergoglio en Francisco, Verbitsky retomó aquellas versiones basadas sobre testimonios y documentos, y ello mereció una reacción oficial del Vaticano, que denunció un ataque de la “izquierda anticlerical”.

El episodio Bergoglio fue problemático para el CELS. Mignone era un ferviente creyente cuya hija Mónica había desaparecido en mayo de 1976 junto a religiosas y jóvenes católicos que militaban en la villa del Bajo Flores. El propio fundador del CELS escribió sobre la profunda complicidad de la jerarquía eclesiástica con el terrorismo de Estado en el libro Iglesia y Dictadura (Colihue, 1986), pero la abogada Alicia de Oliveira, quien participó de los orígenes del CELS, era enemiga de Verbitsky y una firme defensora de Bergoglio. El giro de 180 grados que emprendió la presidencia de Cristina sobre la figura del Papa en cuestión de horas llevó a que De Oliveira formara parte de la comitiva oficial ante el Vaticano para el acto de asunción del Obispo de Roma. También en el expediente Bergoglio, Verbitsky quedó de un lado y el kirchnerismo, del otro.

Cumbres borrascosas

Los enemigos del periodista se acumularon a lo largo de décadas. Algunos de ellos retomaron una vieja acusación que había agitado el menemismo en su contra por su participación en Montoneros y el señalamiento de que había traicionado a sus compañeros al colaborar con la Fuerza Áerea. Con amplia difusión en los medios del Grupo Clarín, Perfil y La Nación, el periodista Gabriel Levinas publicó el libro Doble Agente (Sudamericana, 2015), en el que señaló que Verbitsky había escrito discursos del integrante de la Junta Militar brigadier Omar Graffigna, en 1979. Sin pruebas sólidas al respecto, la versión se desvaneció tras varias desmentidas, entre ellas las del propio Graffigna, quien se consideró en las antípodas de Verbitsky. Casi nadie en las organizaciones de derechos humanos dio cabida a la especie de Levinas y de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la década menemista.

Con Mauricio Macri, el CELS y su presidente aceleraron las críticas y las batallas legales en la Argentina y el exterior. Ello incluyó la derogación relámpago de la ley de medios audiovisuales, el arresto de Milagro Sala, la doctrina de gatillo fácil Chocobar y la represión seguida de muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre muchos otros temas. El peso del CELS en estrados internacionales y en la elite global de los derechos humanos fue una piedra en el zapato del Gobierno de Cambiemos, porque, en algún sentido, tenía intenciones de mostrarse liberal antes que conservador.

Adiós a la página

El 28 de agosto de 2017, el columnista publicó en Página 12 la nota “Gianfrancamente hablando”, en la que reveló que allegados a Macri como su hermano Gianfranco, su amigo íntimo Nicolás Caputo, el comprador de su empresa principal Marcelo Mindlin y muchos otros integrantes de la mesa chica habían participado del blanqueo de capitales por montos millonarios que el propio Gobierno de Cambiemos había orquestado.

Días después, el periodista Alejandro Fantino advirtió en el programa Animales Sueltos de la pantalla de América 2 que el Gobierno de Macri había tomado la “decisión política de ir contra las mafias sindicales”, y asoció ese objetivo directamente a la difusión del listado de los blanqueadores. Sus columnistas Mariel Fitz Patrick, Daniel Santoro y Gerardo Young puntualizaron que Víctor Santa María, titular del sindicato dueño de Página 12, era investigado por el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero sobre la base de “informes de inteligencia”. Fantino advirtió que el sindicalista iría preso.

En consecuencia, Verbitsky terminó su relación de tres décadas con Página 12 y fundó El Cohete a la Luna, en cuyo primer número amplió la lista de blanqueadores, como los empresarios Alfredo Coto, Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Marcela Rocca y Daniel Novegil (Techint), y María Bulgheroni (Bridas).

La presunción de que la ofensiva judicial de Macri y Comodoro Py estaba montada sobre la base de extorsiones y compra de voluntades quedó expuesta en una nota publicada en febrero de 2019 titulada “Extorsión”, que reveló las supuestas operaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio, habitué del programa de Fantino y las columnas de Clarín, y el fiscal federal Carlos Stornelli. Una vez más, una columna dominical de Verbitsky en su sitio informativo, que sus enemigos desdeñaban como un blog, arrastraba la agenda periodística durante meses.

Vacunados

Rumbo a los ochenta, el periodista que cinco décadas atrás había trabajado en Confirmado y La Opinión cometió una falla ética que generó decepción y perplejidad en quienes lo respetan, y solazó a sus enemigos. En comunicación con el programa en el que era columnista en radio El Destape, Verbitsky contó entre risas que se había vacunado contra el coronavirus, por una gentileza de su “viejo amigo” Ginés González García, entonces ministro de Salud.

Era 19 de febrero de 2021. Hasta entonces, la vacunación contra el virus, de la que había dosis muy limitadas, era para mayores de ochenta y pacientes con comorbilidades. Faltaban días o semanas para que el grupo etario de Verbitsky recibiera la inmunización.

Cayó un vendaval. El dueño de El Destape, Roberto Navarro, lo despidió esa misma tarde y lo acusó de haber perpetrado “una operación”, a la vez que Alberto Fernández echó a González García. En suma, una veintena de vacunados se había saltado la cola por vínculos con la cúpula del Ministerio de Salud. Entre ellos, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, la familia Duhalde, la familia Aldrey Iglesias (dueña de negocios en Mar del Plata) y el periodista Gabriel Michi.

La discusión en el CELS conmovió los zooms, whatsapps y las paredes de Piedras 547, en San Telmo. En el desenlace que determinó la licencia de Verbitsky cobró peso el reclamo de trabajadores e integrantes de la organización. La dirección ejecutiva, que había asumido Paula Litvachky en reemplazo de Chillier en febrero de 2020, emitió un comunicado en el que expresó que “nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”. Con otros decibeles, integrantes y trabajadores del CELS utilizaron sus cuentas personales para expresar “vergüenza”.

Verbitsky admitió “el grave error” en una nota en El Cohete publicada dos días más tarde, titulada “Vacunados”. “Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto”, escribió. En público, estas últimas no fueron tantas como otras veces. Una de las muestras de respaldo llegó de buena parte de los periodistas y colaboradores del portal, y otros referentes, pese a que el periodista “debería haber entendido que era un privilegio y que eso, por sí solo, estaba mal”. “Queremos sostener las convicciones que nos trajeron hasta acá, como el compromiso colectivo con la verdad y la información veraz. En ese contexto, no se nos escapa que la mayoría de los ataques esconden intenciones que exceden la persona de Horacio. Aquellos y aquellas que tripulamos El Cohete no queremos ser funcionales al objetivo de colaborar con la destrucción de un periodista”.

“No nos engañemos: Verbitsky no es reemplazable. No hay nadie en el periodismo argentino en condiciones de ocupar su lugar ni de desempeñar su tarea — ni de lejos”, abundaron.

Firmaron Alejandra Dandán, Ricardo Aronskind, Catalina D’Elía, Carlos Ulanovsky, Julia Strada, Pablo Méndez Shiff, Graciana Peñafort, Eduardo de la Serna, Sebastián Premici, Julián Axat, Marcelo Figueras, Adrián Paenza, Jorge Elbaum y otras treinta personas. Entre ellas, tres integrantes de la comisión directiva del CELS: el artífice de la frustrada ley de Servicios Audiovisuales Damián Loreti, el sacerdote de Quilmes Oeste Marcelo Ciaramella y el sindicalista metalúrgico Victorio Paulón.

El paso al costado de la presidencia ayudó a calmar las aguas del CELS, pero las discusiones sobre las decisiones y el perfil político que “obligan a mantener los canales de discusión abiertos” —como dice otra persona del organismo— no cesaron. Hay voces dentro de la entidad que muestran ansiedad por el fin del ciclo Verbitsky y no bajan los decibeles de su ira.

Al menos desde diciembre, la discusión sobre la renuncia del periodista recorre los cuerpos directivos del CELS.

“Hola Sebastián. Sí, decidí dejar el sitio el 11 de febrero, cuando cumplo 80 años de edad y 23 en la comisión directiva. Me parece suficiente”, escribió Verbitsky horas atrás. 

SL

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó a Guatemala por violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la aldea Los Josefinos, cometida por el ejército en 1982 y que dejó al menos 38 muertos, 14 desaparecidos y siete familias desplazadas en el marco de la guerra interna de 36 años que desangró a este país a partir de 1960.

El Tribunal determinó la responsabilidad del Estado en “la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de siete personas y sus núcleos familiares”, en una sentencia del 3 de noviembre publicada hoy por el ente internacional con sede en Costa Rica.

Asimismo, la Corte-IDH estimó que hubo “violación del derecho a la niñez de seis niños y niñas” y “violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas, como consecuencia de la masacre perpetrada”, reprodujo la agencia de noticias AFP.

La Corte también ordenó, como forma de reparación, “remover todos los obstáculos, de facto y de jure (por hechos), que mantienen la impunidad en este caso” en el que no hay imputados después de 39 años.

De esa manera, se podrá “iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos objeto del presente caso”.

La masacre de la aldea Los Josefinos ocurrió en el marco de la guerra civil que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996, y sucedió el 29 de abril de 1982 en el municipio de la Libertad, en el departamento de Petén.

Ese día, miembros de una guerrilla realizaron una “acción de ajusticiamiento” en una cancha de fútbol de la localidad contra dos personas a quienes acusaron de estar vinculadas al Ejército de Guatemala durante la dictadura de Efraín Ríos Montt.

Por la tarde, efectivos del ejército sitiaron la aldea para no dejar salir a nadie.

A medianoche, los soldados ejecutaron a patrulleros rebeldes en la calle y a personas que estaban en sus viviendas, incluyendo a hombres, mujeres, niñas y niños. También quemaron sus casas.

Durante la mañana del 30 de abril, miembros del ejército acudieron a la aldea, recogieron a 19 personas asesinadas, las subieron a una carreta y las enterraron en una fosa común ubicada en el cementerio de la aldea.

Tras los hechos algunas personas huyeron, refugiándose en otros lugares e incluso fuera del país, en México o Belice.

Una comisión auspiciada por la ONU documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado. El conflicto dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe presentado en 1999.

Ríos Montt murió en 2018, a los 91 años, mientras era procesado por otra matanza acontecida en diciembre de 1982 y el genocidio de indígenas maya-ixiles en el oeste del país.

Con información de agencias.

IG

El periodismo es “una de las profesiones más peligrosas del mundo” y la que genera más impunidad, resaltó este jueves el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) Ricardo Pérez Manrique, quien alertó del aumento de ataques en línea a periodistas mujeres.

Durante su participación en la tercera jornada de la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra de forma virtual, el uruguayo expresó su preocupación por las altas tasas de impunidad en los crímenes contra periodistas, la necesidad de incorporar a más mujeres a la dirección de los medios y el uso de herramientas para espiar a comunicadores

“Las cortes deben atender estos casos, y es esencial que los sistemas de justicia actúen de manera adecuada y contundente contra este tipo de casos”, expresó.

En el panel por el Día Mundial Contra la Impunidad, declarado por las Naciones Unidas y que se celebrará el próximo 2 de noviembre, abogó por la creación con fondos públicos de mecanismos de prevención.

“Hay que considerar hoy día las agresiones en los medios electrónicos y la utilización del discurso de odio” que se ven en toda la región, recalcó el juez, quien añadió que algunos de esos casos culminan con “el desplazamiento de la persona y su voz silenciada en el lugar donde ejerce su función”.

La mexicana Estephanía Muñoz, de la Fiscalía Especial de la Unidad de Protección a Periodistas, apuntó que su oficina ve en mayor número casos de amenazas a periodistas, en especial por parte de carteles de narcotráfico y también desde particulares, pero también situaciones de abuso de autoridad. México fue el escenario de seis de los asesinatos de periodistas registrados en el continente americano en el último semestre, uno de los motivos por los que el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo el martes, día de la inauguración de esta reunión virtual, que ese periodo había sido desastroso para la libertad de prensa.

La reunión de cuatro días que se celebra en formato virtual concluye este viernes con la aprobación de los informes sobre la situación de la libertad de prensa en cada país de la región.

Durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se ha presentado el segundo Índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de prensa en 22 países americanos y es realizado por expertos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela.

Según el mismo, Uruguay y Chile son los únicos países de América con plena libertad de prensa, un derecho fundamental que no existe en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Mujeres al poder en los medios

En otro de los paneles, titulado “Mujeres al mando”, se reunió a directivas de las agencias internacionales Efe y AP y de los periódicos USA Today, de Estados Unidos, y Diario Libre, de República Dominicana.

Las panelistas defendieron que la mujer es fundamental para aportar diversidad e inclusión y “hacer la diferencia” en los medios y en la información.

También destacaron que la inclusión de la mujer en puestos de dirección en los medios se nota en el “producto final”, porque su perspectiva se refleja en los temas elegidos o en las personas a las que se consulta para analizar los hechos u opiniones y ayuda a crear “masa crítica” en torno a asuntos como la violencia de género.

Participaron Gabriela Cañas, presidenta de la Agencia Efe, Ivett Chiccas, directora del mercado nacional y latinoamericano de Associated Press, Inés Aizpún, directora del Diario Libre, y Maribel Pérez Wadsworth, presidenta de USA Today, del grupo Gannett, y moderó Susana Mitchell, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP) de Argentina.

Durante la conversación quedó en evidencia que todavía son pocas las mujeres que llegan a la cima de las empresas periodísticas, aunque ellas cuatro son la prueba de que algo está cambiando y que es muy importante que las que tienen éxito sirvan de modelo a otras mujeres.

Primera mujer en la Presidencia de una empresa fundada en 1939 y que hoy es la primera agencia de noticias en español, Cañas subrayó que en un territorio tradicionalmente dominado por los hombres, la inclusión de más mujeres en los medios de comunicación es “fundamental”, porque aportan “una mirada mucho más diversa” y son el “canal para empezar a cambiar las cosas”.

Piden más diversidad y frenar el espionaje

Cañas mencionó un estudio de Reuters Institute en el que se indica que solo un 22 % de los puestos directivos en empresas periodísticas en el mundo están ocupados por mujeres.

Para la periodista española, las mujeres con puestos directivos en los medios aportan “un ejercicio del poder más inclusivo”, porque valoran más e incorporan “con una mayor naturalidad” el talento de otras mujeres.

También se distinguen en apoyarse más en los equipos y en ser “más abiertas a escuchar opiniones ajenas”.

Sus opiniones fueron compartidas por las otras panelistas, como Maribel Pérez Wadsworth, quien no solo es la primera mujer sino la primera mujer latina en llegar tan alto en el grupo Gannett y subrayó que como directiva trata de no olvidarse nunca de donde viene y de hacer valer su “sensibilidad” hacia los que han sido “pasados por alto”.

Ivett Chiccas mencionó que en AP la inclusión de la mujer en puestos directivos es una realidad desde hace años y mencionó que la próxima presidenta, que asumirá en enero próximo, es una mujer y de “color” e hizo hincapié en que el periodismo es diversidad, es lo más importante, da perspectiva en todo sentido“.

Aizpún, española de origen pero desde hace 30 en República Dominicana y desde hace un año directora del diario Libre, subrayó los cambios hacia la igualdad y en contra del machismo que se han experimentado en las redacciones periodísticas en ese tiempo.

Otro panel estuvo dedicado a Pegasus, un software de espionaje desarrollado por una empresa israelí, NSO Group, que accede a la gran mayoría de celulares y puede rastrear mensajes, llamadas y contactos.

Jorge Carrasco, director del semanario mexicano Proceso, dijo que se trata de “una nueva manera de impedir el libre desarrollo del periodismo”, mientras Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional Américas, subrayó que urgen marcos legislativos frente a estas tecnologías que cada día van a ser más sofisticadas.

Con información de la agencia EFE.

IG