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La asunción de Mauricio Macri en la presidencia significó un cimbronazo para el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Directivos, técnicos, políticos en stand-by e interesados en la administración pública sin adhesión partidaria formal que ocupaban sillas en la “sociedad civil” se vieron tentados por habitar un despacho en una OG (organizaciones gubernamentales). En diciembre de 2015, parte de las ONG debieron reordenar sus organigramas y los auditores del tercer sector pasaron a ser auditados. Pasados dos años del fin de esa experiencia, que todavía resuena, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) maniobran entre las incógnitas políticas del momento y repiensan estrategias de recaudación de fondos.

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Si existe un establishment oenegístico medido por presupuesto, estructura e influencia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le toca ser la oveja negra en ese club. En las antípodas del mundo Macri, vive su propio período de renovación y cambio. En estos días, la comisión directiva debate el alejamiento definitivo del directorio de Horacio Verbitsky. Tras dos décadas en la presidencia, el fundador de El Cohete a la Luna debió pedir licencia en febrero de 2021 por haberse vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. El episodio detonó una crisis en la organización de derechos humanos y resignificó disidencias latentes por el posicionamiento político de Verbitsky. Meses después, el periodista fue repuesto en la comisión directiva con el cargo de vocal, pero diversas fuentes prevén que su relación con el CELS está llegando a su fin en cuestión de días o semanas. “Lo estamos discutiendo”, dijo a elDiarioAR una persona al tanto de los debates.

Nada fue un error

El pase de figuras de la sociedad civil hacia la gestión presidencial de Cambiemos no fue casual. En el comienzo de siglo, cuando el entonces presidente de Boca se metió de lleno en la actividad política, las ONG fueron un pilar de su armado partidario. Junto a Francisco de Narváez, Macri organizó la Fundación Creer y Crecer. A mediados de 2002, apenas un año más tarde de la creación del think tank, con el colapso de la convertibilidad consumado, ambos empresarios habían dividido sus caminos.

El hoy dueño de Walmart procuraba mantener el perfil de una fundación que proveyera cuadros y políticas para entornar —pero no reemplazar— a dirigentes con recorrido partidario, mientras que el socio de Socma entendió que su proyecto debía basarse sobre rostros y formas nuevos, y para ello, un think tank era una buena plataforma, como describió Gabriel Vommaro en La larga marcha de Cambiemos (Siglo XXI, 2017). Macri leyó con acierto que el neoliberalismo cincelado por Carlos Menem a su imagen y semejanza, montado sobre el ideario predemocrático de la Ucedé, no era el más apto para el ciclo surgido con el grito “que se vayan todos”.

En simultáneo, el incipiente político abrió las puertas al Grupo Sophia, creado en la década de 1990, cercano a Domingo Cavallo y con nombres no tan “apolíticos”, como el de Horacio Rodríguez Larreta. La impronta de los think tanks acompañó a Macri en su primera cita electoral por la Jefatura de Gobierno porteño, en 2003. Durante sus experiencias en Ciudad y Nación, lo acompañarían nombres presentes en la fusión de Creer y Crecer y Sophia, como María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti.

Con un primer escalón consolidado y embarcado en un proyecto presidencial, Macri y su amigo Mauricio Devoto apostaron por otro sello, Compromiso para el Cambio, en 2007. Había que alambrar el campo. Se sumaron figuras de otra densidad, abogados de estudios de la city y amigos de Macri de larga data, con una mirada sui generis sobre el manejo de la Justicia: Fabián Rodríguez Simón, Pablo Clusellas y Pablo Torello.  

Nuevas vertientes

Con una década de 1990 difícil para el partido centenario entre la salida precipitada de Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos, exfuncionarios, politólogos y abogados con sintonía UCR habían abrevado en organizaciones como Poder Ciudadano (fundada en 1989) y la Asociación por los Derechos Civiles (1995).

La divisoria de aguas en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner y la consecuente cercanía del PRO con la UCR terminó de vincular al macrismo con un sector de las ONG menos dado hacia un empresario de las características del entonces jefe de Gobierno. El operador radical Daniel Angelici coronó uno de los pases más sonoros desde la “sociedad civil” apartidaria al PRO. Laura Alonso dejó la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados del macrismo en 2009. En esos tiempos, la abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, asesora de legisadores de la UCR en los noventa, estaba a cargo de la presidencia de la organización. La pretensión de imparcialidad, un valor por entonces en el tercer sector, resultó mancillada con el pase de Alonso, pero el canal quedó abierto.

María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti, algunos de los nombres que acompañaron a Mauricio Macri y pasaron por Creer y Crecer.

En paralelo, ADC, inspirada en 1995 por el abogado Alejandro Carrió, con un perfil algo más independiente que Poder Ciudadano, no quedó exenta de la deriva de la época. La disputa entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín alcanzaba su mayor voltaje y Carrió actuó como abogado de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera en el litigio por la dilucidación de su identidad como probables hijos de desaparecidos. El caso ocupó la agenda pública durante meses, lo que llevó a Carrió a elevar su perfil. Años después, no bien asumió Macri en la Casa Rosada, otro de los artífices de la organización, Carlos Rosenkrantz, lograría ser designado juez de la Corte Suprema por decreto.

Tras la reelección de Cristina Fernández con 54% de los votos, en 2011, Macri se metió en la carrera presidencial sin más dilaciones. El vehículo volvió a ser una ONG perfeccionada, la Fundación Pensar, usina que combinó figuras con origen oenegístico y empresarial, políticos de la derecha clásica e investigadores académicos con primacía de las universidades de San Andrés y Di Tella.

La afinidad con el macrismo o la aversión al kirchnerismo de Clarín y La Nación marcó el camino para ingreso de una vertiente oenegística-periodística. En diciembre de 2015, parte del entramado de conducción de los medios públicos fue trazado en consulta de Jorge Sigal, secretario del área, con el Foro de Periodismo Argentino. El presidente de esa entidad entonces, Néstor Sclauzero, asumió la dirección periodística de Canal 7 y con él llegaron otros representantes del Fopea a la emisora pública.

Versiones sobre la pluralidad

En la “sociedad civil”, la voz predominante entiende que las identidades partidarias de creadores, financiadores y directivos no determinan necesariamente la orientación de las ONG, y que las trayectorias en las conducciones no son monolíticas. En efecto, incluso en las organizaciones más allegadas a los partidos de Juntos por el Cambio trabajan analistas y responsables que no adhieren en absoluto a ese signo. Quien busque, encontrará críticas a los gobiernos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta por parte de Poder Ciudadano, ADC y Fopea. Sus distanciamientos, aunque hayan sido a cuentagotas y con tono ciudado, les merecieron la etiqueta de Corea del Centro disparada por los halcones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), creada en 2002 por los abogados Ezequiel Nino (hijo de Carlos), Gustavo Maurino y Martín Sigal, está orientada a los derechos sociales y económicos. No sólo mantiene una agenda pública de tensión con ejecutivos de Juntos por el Cambio sino que ha litigado contra ellos.

El cofundador Maurino dejó la dirección en 2013. Dos años después, fue designado a cargo de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia durante la administración Macri. “Es un error hablar de tal cosa como ‘el mundo de las ONG’. Las organizaciones de la sociedad civil somos muchas y diversas”, advierte Sebastián Pilo, director de la entidad que fomenta la democracia participativa. El dirigente concede que el macrismo se nutrió más que el kirchnerismo de la “sociedad civil” para formar sus equipos, “pero otra cosa es el vínculo con los Gobiernos y cuánto afecta la independencia. En nuestro caso, en nada”.

Por caso, ACIJ se encuentra con que el ejecutivo de Rodríguez Larreta suele incumplir sentencias en litigios ganados por la organización, lo que agrega fricción. En una causa en la que se ordenó subsanar el riesgo de electrificación que provocó muertes en la villa 21-24 de Barracas, ACIJ pidió una multa personal contra Larreta, que fue concedida y apelada por el gobernante ante el Tribunal Superior de Justicia. Si ese cuerpo dominado por el macrismo falla a favor de ACIJ, Larreta deberá pagar $ 1,9 millones.

Capítulo CIPPEC

El caso CIPPEC merece un capítulo aparte. Fundada en 2000, produce informes de alto nivel técnico en un amplio rango de áreas. En varias de ellas, como educación, sus abordajes se ubicaron en veredas distantes de las políticas sostenidas por los gobiernos del PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio. Sin embargo, ninguna otra ONG se desprendió de tantos directivos y cuadros técnicos que partieron rumbo al macrismo.

Los tres últimos directores ejecutivos que precedieron a la actual, Gala Díaz Langou, saltaron de la sede de la organización ubicada en Congreso a despachos oficiales bajo el signo del PRO. Nicolás Ducoté dejó CIPPEC en 2010 para pelear por la intendencia de Pilar, objetivo que logró en 2015. Lo sucedió Fernando Straface, hoy secretario general del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de campaña de María Eugenia Vidal y blanco de las críticas de Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Mauricio Macri. Cuando se fue, Straface pasó la posta en CIPPEC a Julia Pomares, quien es desde hace siete meses jefa de asesores del alcalde porteño y candidato presidencial.

No sólo ello. CIPPEC fue uno de los artífices del sello Argentina Debate que organizó la discusión de candidatos presidenciales de 2015. El último de ellos, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, fue en noviembre. En diciembre, José Octavio Bordón, presidente del Comité Estratégico de Argentina Debate, se mudó a la embajada argentina en Santiago de Chile, y Hernán Charosky, coordinador, comenzó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad, donde hoy encabeza el Equipo de Diálogo y Políticas Públicas. La lista no acaba. Miguel Braun, cofundador de la organización, se había integrado al PRO y la Fundación Pensar años antes, y fue asignado a la Secretaría de Comercio. Martín Bohmer, docente en universidades nacionales y extranjeras, fundador del área Justica en CIPPEC y ex vicepresidente de ADC, se hizo cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil bajo la órbita de Garavano, hoy asesor legal de Macri.

¿Hace ruido que analistas, expertos y directivos de la ONG más prestigiosa y con mayor presupuesto, que aboga por políticas sustentables y se presenta apartidaria, hayan optado por integrarse a las estructuras gubernamentales de Macri y Rodríguez Larreta?

Responde Díaz Langou: “Si CIPPEC fuese una organización partidaria, no podríamos cumplir nuestra misión. Es una organización independiente apartidaria, condición imprescindible para propiciar políticas públicas en la Argentina”. La responsable de la organización enumera que, desde la fundación, pasaron 900 personas por Callao 25, “muchas fueron y otras venían de la gestión pública; entre ellas, unas treinta que hoy están en el Gobierno nacional”.

La directora ejecutiva afirma que la diversidad del consejo de administración y los jefes de área de CIPPEC no tiene correlato con la adhesión partidaria que terminaron eligiendo Ducoté, Straface y Pomares. “Las recomendaciones de CIPPEC están basadas en evidencias que siguen protocolos internos y el trabajo de una gama muy amplia de diferentes actores. Tenemos comités de ética y de calidad muy estrictos, y eso se complementa con una enorme variedad de fuentes de financiamiento para un presupuesto de US$ 3 millones anuales. Son 235 fuentes distintas, e incluyen cooperación internacional, individuos y gobiernos con equilibrio partidario y geográfico”, indica Díaz Langou.

Dilemas del CELS

En la misma casona donde funciona Poder Ciudadano, en San Telmo, se asienta el CELS. Como un matrimonio que cohabita el mismo espacio porque deshacerlo sería muy complicado, la que muchos consideran la organización de derechos humanos más influyente de América Latina y la marca fundacional de la “sociedad civil” en Argentina —hoy con fuerte impronta del Grupo Clarín— se ven la cara todos los días desde que la Fundación Ford compró una sede en común en Piedras 547, a fines de la década de 1990.

La entidad que preside la antropóloga Sofía Tiscornia y presidía Verbitsky presentó batalla contra el Gobierno de Cambiemos en Argentina y ante estrados internacionales, fuera por Milagro Sala, la ley de medios, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los desmanes de la mesa judicial y los endémicos abusos policiales y carcelarios. Antes de Macri, el establishment de la “sociedad civil” apuntó contra el CELS por su cercanía con el primer kirchnerismo, señalamiento que es rechazado en la oficina que da al frente de la casa de San Telmo, con el argumento de que la ONG alternó elogios y críticas cuando hizo falta. En 2015, la consumación de la seducción de Macri al tercer sector le sirvió al CELS el plato frío de la venganza.

“El tema es la honestidad de asumir la historia de cada uno y de consistencia en la acción. Es legítimo tener posicionamientos; lo que está mal es la pretensión de imparcialidad”, dice la fuente del CELS citada más arriba.

De la organización fundada por Emilio Mignone surgieron funcionarios de los gobiernos de los Kirchner y de Fernández, aunque predominaron las terceras y cuartas líneas. Entre los de mayor rango, con importante recorrido profesional y académica, se encuentran Gustavo Palmieri, exsecretario de Seguridad en la gestión de Nilda Garré, y Andrea Pochak, actual subsecretaria de Enlace Internacional de Derechos Humanos. El exdirector ejecutivo e histórico de la ONG Víctor Abramovich accedió como procurador fiscal ante la Corte Suprema mediante concurso público y antes había sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos. Todos ellos cuentan con un antecedente de peso, el propio Mignone, representante del Ministerio de Educación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria designado en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem.

La adhesión de Verbitsky y otros referentes del CELS al cristinismo es explícita, mientras que la mayor parte de los estamentos directivos y analíticos “coincidieron con la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, libertad de expresión, reforma de la Corte Suprema y migraciones de la gestión de Néstor Kirchner”, evalúa Gastón Chillier, exdirector ejecutivo. Ello no impidió —indica el abogado— que el CELS denunciara y litigara en casos de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, la mano dura, derechos de poblaciones indígenas y las acusaciones contra el exjefe del Ejército César Milani, de las que fue absuelto.

En coincidencia con la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, Chillier dejó la dirección ejecutiva y asumió Paula Litvachky, antes encargada del área de Justicia y Seguridad. “El CELS decidió realizar una rotación en el equipo de gestión”, comunicó la organización en febrero de 2020. La relación de Verbitsky con Chillier estaba desgastada.

Desde el momento en que fue nombrado presidente, en 2000, cuando gobernaba Fernando de la Rúa, estaba claro que las posiciones políticas y las vinculaciones personales de un periodista de la trayectoria e influencia de Verbitsky iban a jugar un papel inocultable, con lo bueno y lo malo que implicara. Los debates al respecto en el seno de la organización fueron permanentes, y no cesan. “Digamos que nos obliga a mantener los canales de discusión muy abiertos”, concede la persona citada.

La vacunación del histórico columnista de Página 12 marcó un problema de otra naturaleza y disparó críticas más severas dentro de la estructura del CELS. El tiempo parece no haber sanado heridas. Una de las versiones indica que el alejamiento de Verbitsky sería comunicado bajo la forma de una jubilación, y que el anuncio sería en febrero.

Virtud y resquemor

“El paso de la sociedad civil a la función pública debería ser mirado como virtuoso antes que un defecto. No todas las ONG son iguales, pero algunas elaboran trabajos de calidad que le aportan el Estado, y sus analistas tienen una vocación por lo público que hay que valorar. Hay un evidente antiintelectualismo en algunos sectores”, dijo una persona con experiencia en una entidad importante de la “sociedad civil” que hoy ocupa un cargo alto en un gobierno. La coincidencia con el eje central de ese argumento es prácticamente unánime entre las ONG.

El resquemor entre los militantes clásicos y el oenegismo tiene razones de ser. El camino de la asesoría mal rentada en un Concejo Deliberante del Gran Buenos Aires hasta un puesto ejecutivo con despacho propio, sueldo digno y presupuesto a cargo puede durar décadas. En el medio, el militante tiene que soportar al arribista de la tele al que le agarra el berretín de la política, al “hijo de” y al vicario del aportante de campaña, más los bandazos tácticos e impúdicos de las cúpulas. De buenas a primeras, cuando llega la hora del cargo, un oenegista asoma por la puerta con pergaminos de estudioso y prestigio social. Y como los ciclos políticos a veces son efímeros, cuando el cargo se esfuma, el oenegista vuelve a la sociedad civil, la consultoría o parte como scholar a una universidad extranjera. Es injusto.

La otra campana también suena. La carrera en las ONG no es un lecho de rosas. Supone años de empleo precario y zozobra por conseguir fondos. Si la entidad es bien llevada, implica una especialización que, como señala la voz anfibia que hoy ocupa un puesto en un gobierno, no debería ser desdeñable. El saber y la buena praxis de un oenegista ejemplar choca con las trapisondas de la política tradicional y el insano concepto que confunde lealtad partidaria con complicidad. Así, el oenegista con maestría y PhD, cansado de verla pasar, se anima a dar el paso, pero corre el riesgo de la frustración ante la máquina de impedir de la politiquería. Es injusto.

Quién paga

Díaz Langou, de CIPPEC, apuntó a un tema crucial: el financiamiento. Casi todas las ONG mencionadas golpean puertas similares. A saber: Open Society, de George Soros; National Endowment for Democracy (NED), creada en tiempos de Ronald Reagan bajo la órbita del Capitolio, a la que muchos atribuyen vínculos originales con la CIA; la Fundación Ford; USAID; Fundación Avina, de un empresario suizo; las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, paises escandinavos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, y las fundaciones partidarias alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana, centroderecha), Friedrich Naumann (liberal, centroderecha) y Friedrich Ebert (socialdemócrata).

Desde la década de 1990 y por muchos años, cuando se desarrolló el tercer sector con el perfil que conocemos bajo la proclama de perfeccionar la democracia, la “cooperación internacional” de las victoriosas potencias occidentales fue el eje del financiamiento. El modelo sigue vigente, pero en los últimos años, la competencia por los recursos se hizo mayor. Al fin y al cabo, la Argentina tendrá sus problemas pero no es ni tan subdesarrollado, ni tan conflictivo para la agenda de Washington y Bruselas, ni su democracia está tan en peligro, ni es tan dócil como para atraer la bondadosa magnanimidad de Soros, Ford, la embajada de Noruega, la USAID y otros por el estilo.

Históricamente, las empresas que operan en la Argentina no han sido muy propensas a financiar proyectos que no controlan por entero y que no reditúan ganancias en lo inmediato. No obstante, en los últimos años, los fondos privados crecieron de la mano de del Grupo Clarín-Telecom, Telefónica, Pan American Energy, IRSA, YPF, La Nación, universidades, Google, Facebook, Techint, Insud, Aluar, Arcor, Farmacity, Naturgy y Quilmes, entre muchos otros.  

Junto a la denominada “cooperación internacional” y el mundo de los privados, la tercera pata de la financiación son los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

El peso de cada fuente de fondeo varía según la ONG. CIPPEC, entre las más activas a la hora de transparentar sus cuentas, obtuvo en 2020 el 42% de sus fondos de la cooperación internacional, el 11% de gobiernos, y el 47% de empresas e individuos, informa en su página web. En 2021, los números (todavía no cerrados) fueron similares.

En los presupuestos de CIPPEC y Poder Ciudadano, el pago de los gobiernos se da en retribución por sus aportes en el diseño de políticas y auditorías. Para Fopea, los fondos de Clarín, Google y Facebook son decisivos, y también recibe apoyo del Gobierno de la Ciudad. Chequeado, el sitio de corroboración de información que actúa en cierta manera como una ONG, financia una parte significativa de su presupuesto vía empresas privadas que donan en su evento anual, mientras que la cooperación internacional representa 95% de los fondos de ACIJ.

En cuanto al CELS, años atrás atinó a reducir su dependencia de la “cooperación internacional”. Cuando se retiró su financiador histórico, la Fundación Ford, la ONG de derechos humanos instrumentó un sistema de aportes individuales que llegaron a representar más de 40% del presupuesto, marca Chillier. La experiencia resultó ambigua, porque en la Argentina no está tan acendrada la propensión a la membresía individual y las sucesivas devaluaciones hicieron que los dólares de la cooperación extranjera volvieron a ganar terreno. En agosto de 2021, la fundación de George Soros comenzó a financiar un proyecto hasta 2025 por un monto de US$ 2.060.500, con lo que se transformó en uno de los principales aportantes.

Bisagra

Voces del tercer sector coinciden en expresar frustración por la experiencia vivida con Macri. Se pudo hacer poco y nada, y los malos resultados económicos dominaron la agenda. De los caballitos de batalla, se registraron avances en el acceso a la información pública, en cuya agencia de implementación desembarcó de lleno la “sociedad civil”. El combo de Gestapo, Falso Abogado D'Alessio, prisiones preventivas abusivas y visitas a Olivos de los jueces no terminó siendo muy edificante para quienes postulan el mantra de “una mejor democracia”, salvo para los oenegistas que se metieron en el barro de la política y comenzaron a arrojarlo a la cara de los adversarios, como Alonso. Otros apuestan a volver mejores, como los exdirectores de CIPPEC que integran la mesa chica de Rodríguez Larreta.

Aunque las voces de esa entidad suenan convencidas en cuanto a que su independencia no se vio afectada, la mudanza de tantas y tan relevantes figuras al Gobierno de Macri y ahora al larretismo causó innegable impacto en las oficinas ubicadas a metros del Palacio Legislativo. En cierto sentido, el impasse forzado por la pandemia no fue del todo negativo para mitigar la visibilidad de la cena anual de CIPPEC.

En cuanto a ACIJ, la impronta urbana de su agenda, con foco en villas y derechos sociales, deriva en choques frecuentes con el Gobierno de Rodríguez Larreta. Aunque el alcalde cuida al máximo el vínculo con la sociedad civil, la relación con ACIJ es, por momentos, tensa.

Poder Ciudadano aparenta ser la organización que tiene más resuelta la cuestión de su imagen pública. Wortman Jofre, su presidente, es un notorio abogado de Clarín, incluidas las causas menos decorosas. La tesorería de la ONG está a cargo del gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la empresarial ADEPA, Martín Etchevers. La clasificación de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, de la cual la entidad es filial argentina, se mantiene como su instancia de mayor visibilidad anual. Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización, no pudo responder la consulta de elDiarioAR.

En línea similar, Fopea tampoco parece inhibida a la hora de exponer su rostro tradicional. La ONG que agrupa a unos trescientos periodistas acaba de protagonizar sus primeras elecciones internas por la conducción. Participaron dos listas sin mayores diferencias de fondo. El peso de Clarín y La Nación, y la sintonía con ADEPA siguen delimitando el camino.

Más allá de las disputas internas, en el CELS prevalece la coincidencia entre sus referentes actuales y pasados que las acciones públicas en torno a la agenda de derechos humanos fue mantenida a salvo de la cercanía con el kirchnerismo y, ahora, el Frente de Todos. La verba de Sergio Berni, la omnipresente brutalidad policial y carcelaria y la distancia del dicho al hecho que signa al gobierno de los Fernández le dan la oportunidad de seguir marcando distancia.

De la generación fundadora de 1979, conformada por abogados y familiares de desaparecidos, quedan pocos en actividad. Integran el directorio del CELS, además de Tiscornia, la histórica Laura Conte, Verbitsky y referentes de áreas que van del derecho al feminismo, de la academia al sindicalismo, como Damián Loreti, Paula Abal Medina, Dora Barrancos, Diana Wassner, Gustavo Palmieri, María José Guembe, Marcelo Ciaramella, Luis Fara y Victorio Paulón.

¿El alejamiento de Verbitsky será inmediato? “No confirmo ni desmiento”, responde la persona al tanto de las discusiones de estos días. Tampoco confirmó ni desmintió Verbitsky, porque no contestó el mensaje de elDiarioAR.

SL

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