Con la reforma laboral aprobada, el Gobierno mira a la Corte y crece la incertidumbre sobre Cúneo Libarona

El rumor de una virtual salida de Mariano Cúneo Libarona volvió a circular en la Casa Rosada en medio del clima de jolgorio que dejó la aprobación de la reforma laboral. Envalentonado por haber mostrado capacidad de articulación parlamentaria, el oficialismo ya proyecta la próxima batalla institucional: la reorganización del frente judicial. En ese contexto, y con el fin de las sesiones extraordinarias a la vista, una pregunta comenzó a ordenar las conversaciones internas: si el ministro de Justicia dejará su cargo cuando el Congreso apruebe la Ley Penal Juvenil, abriendo formalmente la pulseada por el control del área desde marzo, en simultáneo con la discusión por la designación de jueces.

El propio Cúneo Libarona ayudó a sostener la incertidumbre. Después de haber evaluado su salida, a comienzos de febrero aseguró en una entrevista radial que continuará al frente del Ministerio por un pedido directo de Javier y Karina Milei, aunque no faltan quienes aseguran que su etapa podría cerrarse una vez sancionada la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. En aquella intervención pública buscó mostrarse sólido: afirmó que seguirá “por el cariño a la justicia” y con la intención de dejar una huella jurídica. “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”, remarcó.

Sin embargo, el equilibrio interno es más precario de lo que sugieren esas declaraciones. El ministro ya había manifestado en diciembre su intención de dar un paso al costado, cansado de la exposición y del desgaste de la interna. Pero fue Karina Milei quien lo persuadió de continuar para frenar el ascenso de su viceministro, Sebastián Amerio, hombre del esquema del asesor Santiago Caputo. Esa decisión abrió una tregua que dentro del oficialismo describen como inestable. Cúneo Libarona sigue en funciones, pero con margen político reducido, mientras las dos alas del Gobierno se preparan para disputar la conducción del área cuando se abra la etapa de definiciones.

La experiencia de 2024 funciona como antecedente y advertencia. El intento de impulsar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema terminó con el rechazo del Senado. La derrota no solo expuso la fragilidad de la ingeniería parlamentaria oficialista sino que dejó heridas internas y debilitó la posición de quienes habían conducido esa negociación, con Amerio a la cabeza.

Desde entonces, en la Casa Rosada predomina una lógica más cautelosa: cualquier movimiento en la Corte deberá estar respaldado por un acuerdo político más amplio y una aritmética garantizada, no por apuestas que puedan volver a naufragar en el recinto. En ese marco, el control del Ministerio de Justicia adquiere un valor estratégico: quien conduzca esa cartera será también quien administre la próxima ofensiva judicial del oficialismo y evite repetir el traspié que marcó el primer intento de rediseñar el máximo tribunal.

Es que el Gobierno no solo se encamina a una nueva etapa de designaciones, sino que además vuelve a discutirse la integración de la Corte, que hoy funciona con tres miembros, lo que obliga a fallar por unanimidad o recurrir a conjueces. En Balcarce 50 no descartan ampliarla de cinco a siete sillas como parte de un pacto más amplio con sectores del peronismo y gobernadores. Una modificación que trastocaría la correlación de fuerzas y permitiría negociar no solo los nombres sino el equilibrio interno del tribunal.

En el Senado, sin embargo, La Libertad Avanza ensaya cálculos más ambiciosos. Tras la aprobación de la reforma laboral y el quiebre de alineamientos que dejó esa votación, en algunos despachos especulan con que el Gobierno logró romper el bloque opositor y que, sumando a Consenso Federal y otros aliados provinciales, podría acercarse a los dos tercios sin depender directamente de Cristina Kirchner. Es una hipótesis que circula como demostración de fuerza: la posibilidad de prescindir del kirchnerismo duro en la negociación judicial.

Sin embargo, en la práctica, pocos creen que ese camino sea el más viable. Para la Casa Rosada suele resultar más sencillo negociar con una interlocutora centralizada que con una quincena de senadores con agendas propias, y la desconfianza hacia el PRO como socio estable sigue intacta. El paquete es amplio: no solo los dos lugares pendientes en la Corte, sino también la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo.

El trasfondo es estructural. El artículo 99 inciso 4 de la Constitución obliga al Ejecutivo a remitir pliegos judiciales al Senado, pero desde el inicio del mandato libertario no se envió ninguno nuevo, pese a que el Consejo de la Magistratura elevó numerosas ternas. Mientras tanto, el nivel de vacancias crece: más del 35% de los cargos judiciales están sin cubrir. En la Justicia federal hay 160 vacantes sobre 485 cargos; en la nacional, 177 sobre 517; en el Ministerio Público Fiscal, 163 sobre 368; y en la Defensa Pública, 80 sobre 265.

Hoy la situación de Cúneo Libarona ofrece señales cruzadas. En la Casa Rosada sostenían hasta hace pocas semanas que no existía una búsqueda activa de reemplazo y que el ministro continuaría al frente de Justicia, una versión que se transmitió en diciembre tras su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde ambos repasaron la agenda del área. Sin embargo, en paralelo, distintas fuentes del oficialismo reconocen movimientos reservados y conversaciones informales vinculadas al rediseño del mapa judicial.

La discusión, en realidad, va mucho más allá de un eventual recambio. Se inscribe de lleno en la interna oficialista: Karina Milei procura retener el control político de Justicia, mientras Santiago Caputo busca preservar la gravitación operativa de Amerio, que desde el inicio de la gestión actúa como nexo directo con jueces y fiscales. Convertirlo en ministro implicaría para su entorno resignar margen de maniobra y asumir una exposición que hoy prefieren evitar.

Es que la incógnita sobre el destino de Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia no remite solo a su continuidad personal, sino a una definición más profunda: quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en una fase en la que el Gobierno necesita ordenar su frente institucional y gestionar una negociación de alto voltaje político. Lo que se define en esa pulseada no es un nombre, sino la conducción de una de las áreas más sensibles para el equilibrio de poder en la etapa que viene.

PL/CRM