Argentina se ha convertido en un lodazal para la constructora brasileña Odebrecht. Apenas mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires, no puede operar en el país y litiga contra el país por “discriminación” desde 2018 para poder volver a licitar obras. Odebrecht no termina de despedirse de Argentina y a seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país, también sostiene una demanda para cobrar una supuesta deuda de Nación Fideicomisos SA. Además, ningún miembro de la compañía -que protagonizó el mayor caso de corrupción en América latina- ha sido sometido a indagatorias ni juicios penales en los tribunales argentinos, según los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR para el especial #ElCostodelaCorrupción, junto al equipo de Investiga Lava Jato*, con la coordinación de Convoca.pe y periodistas de seis países de América latina. 

A su vez, de las tres causas judiciales que se abrieron tras las revelaciones de 2016 sobre coimas, en sólo uno de los expedientes penales se ha avanzado contra los empresarios que actuaron como socios locales de Odebrecht y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la causa continúa en una especie de limbo judicial, sin definiciones sobre los 50 empresarios, ejecutivos, ex funcionarios y ex asesores indagados hace cuatro años. 

Argentina es el quinto país más sobornado por la empresa, según los ex ejecutivos que declararon ante las cortes de Brasil y Estados Unidos en 2016, hace seis años. Las coimas se pagaron por tres obras y durante el periodo 2007-2014, según surge del documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de ese año.

Soterramiento del Sarmiento 

El fiscal federal Franco Picardi se opuso recientemente a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El estudio fue pedido por la defensa del empresario Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, de acuerdo con un dictamen al que accedió elDiarioAR. 

La realización de la pericia contable dilatará aún más las definiciones sobre los acusados, ya que el juzgado deberá aguardar los resultados del informe para evaluar las conclusiones.

Además de oponerse al peritaje, el fiscal solicitó al juez que defina la situación de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, planteó el fiscal al juez en un escrito fechado el 6 de septiembre último. 

“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, afirmó Picardi, quien resaltó que “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.

El juez, sin embargo, ordenó en septiembre la realización del peritaje y aguardará los resultados para tomar una decisión, sostuvo una fuente judicial. El magistrado busca que un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analicen el estado de la obra y los puntos solicitados por la defensa, entre ellos si la documentación presentada por el consorcio empresario durante el proceso de licitación cumplió con las normas; los pagos realizados al consorcio de acuerdo al avance de obra; la oferta económica del consorcio por kilómetro de obra; entre otros.

El fiscal afirmó en su escrito que ese análisis ya había sido realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La obra y la causa

El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. 

En abril de 2019, el juez procesó a 26 de los acusados por dádivas, sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito. Los procesados fueron dos ejecutivos y exfuncionarios públicos, entre ellos, el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta. Las faltas de mérito fueron a favor de los empresarios y el resto de los ejecutivos, entre ellos a Angelo Calcaterra y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella.

Las faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho. A pesar de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, el juez determinó que no existían pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso, los procesamientos a dos ejecutivos y a los exfuncionarios fueron por un delito menor: dádivas.

Tras la apelación del fiscal, en agosto de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones anuló lo que había resuelto el juez del caso, pero no ordenó procesamientos ni sobreseimientos. Devolvió el expediente al juzgado para que reevaluará la situación de todos los involucrados y los indagara por administración fraudulenta. Desde entonces, los 50 acusados permanecen en un limbo judicial. Ni procesados, ni sobreseídos, ni con falta de mérito. 

“El peritaje busca establecer el perjuicio del presunto delito de administración fraudulenta para que este caso prospere en el juicio oral”, dijo una fuente judicial ante la consulta de elDiarioAR.

Además, el juez espera una respuesta a un exhorto enviado en septiembre último a los Estados Unidos en busca de colaboración.

Los brasileños

Las socias locales de Odebrecht en la obra del soterramiento siempre han negado haber participado del pago de sobornos a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, en sus explicaciones al juez han sostenido que nunca supieron del pago de coimas y que si existieron, no participaron.

Mientras tanto, el juez Martínez de Giorgi intenta desde 2018 indagar a ocho autoridades de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y siete ejecutivos brasileños que operaron en Argentina y para América latina entre los años investigados. 

Picardi logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, pero las defensas de los ex ejecutivos, confesores del pago de sobornos en Brasil y otros once países, vienen realizando planteos de nulidad contra la orden del juez argentino. Consideran que los acusados brasileños no pueden ser indagados por pruebas que ellos mismos aportaron como arrepentidos en su país.

El fiscal Picardi considera que están dadas las condiciones para procesar por sobornos a los implicados. Incorporó pruebas de supuestos pagos ilegales por US$5 millones a través una cuenta de una firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra. Los movimientos bancarios fueron aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2018.

Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación de AFIP. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa y uno de los indagados.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, Iecsa autorizó pagos por US$ 4.495.000 en cuotas justificados con un contrato firmado por el consorcio del soterramiento con la firma Detección De Riesgos Técnicos Control De Calidad Y Supervisión De Obras De Edificacion S.A., con domicilio en Saturnino Calleja 16, Planta Baja, Madrid. Esta misma compañía figura en investigaciones de otros países como una de las pantallas utilizadas por Odebrecht para simular contratos de servicios para transferir fondos que en realidad serían sobornos, como informó Perfil en 2018.

La pelea por los gasoductos

Un segundo expediente contra Odebrecht en Argentina es por el direccionamiento de los contratos de ampliación de los gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero sólo se enjuiciará a exfuncionarios por el delito de negociaciones incompatibles. Todos han negado los cargos. El juicio no tiene fecha de inicio, por el momento.

La investigación de la fiscalía de Federico Delgado probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Sin embargo, ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña y los exfuncionarios son objeto de una demanda iniciada por el Estado argentino en 2018 que busca resarcimiento por los daños causados por la corrupción -no se fijó monto-, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por elDiarioAR.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de US$45 millones en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez federal Daniel Rafecas, medida que ratificaron instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

“Discriminación”

En julio de 2017, el gobierno de Macri vetó a Odebrecht como proveedora de obra pública en Argentina, al suspender a la compañía del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública. En junio de 2018, tras fracasar en la vía administrativa, Odebrecht demandó al Ministerio de Interior -entonces a cargo del registro- por discriminación y sostuvo que sus socias locales -quienes niegan el pago de coimas- no habían sido castigadas de la misma manera, según consta en el expediente, al que accedió elDiarioAR. 

Luego del caso de los cuadernos de la corrupción, que comenzó en agosto de 2018, los abogados de la constructora brasileña en Argentina incluso presentaron artículos periodísticos que informaban que empresarios y ejecutivos de otras constructoras proveedoras de obra pública habían admitido el pago de sobornos a los Kirchner en la causa de los cuadernos y aún así tampoco habían sido sancionadas con su exclusión del registro.

Odebrecht se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Los abogados del Estado respondieron en un escrito: “La  finalidad de la decisión -de suspender a Odebrecht del registro-  no es otra que  salvaguardar un verdadero  interés público, que es el de mantener indemne al Estado Nacional de la posibilidad  de licitar con contratistas que no posean la idoneidad moral que se requiere”.

“A la empresa no se le ha impuesto una sanción, sino que los elementos que ella  misma  aportó -para ser rehabilitada- fueron insuficientes a los efectos de proseguir el trámite pretendido”, dijeron los abogados del Estado en la contestación de la demanda ante el tribunal. 

“Mientras que la empresa dice que la comparativa de los balances presentados, en conjunto con el  acuerdo de lenidad (firmado con Brasil para la colaboración de los arrepentidos) son suficientes para demostrar que la misma posee idoneidad moral, la administración concluye en contrario sentido”, agregó el letrado.

Odebrecht había sostenido que desde 2016, el Ministerio de Justicia de Estados  Unidos y el Estado Suizo, así como el brasileño, hacen una auditoría permanente sobre las acciones de Odebrecht. “Pues bien, el Estado Argentino también lo hace -le respondieron los abogados estatales-, en este caso por medio de los actos administrativos que se pretendieron impugnar. Si los Estados mencionados por la actora toleran que mediante el pago de una multa se disponga la finalización de las  investigaciones relacionadas a hechos de corrupción en el seno de la empresa, no puede pretenderse que el Estado argentino actúe en consecuencia de igual manera. Ello por respeto al principio de soberanía imperante”, agregaron.

La planta de Aysa

Un tercer caso penal es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez Sebastián Casanello del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y a exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de juicio. 

Los empresarios y ejecutivos argentinos procesados en la causa estaban a cargo de las empresas Roggio, Supercemento y Cartellone.

El expediente incluye también los procesamientos contra Carlos Wagner, de Esuco, el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.

Mientras los argentinos, quienes niegan los cargos, van a juicio, el juez también negocia desde 2018 con las autoridades de Brasil para indagar a los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron coimas por esta obra y al entonces presidente de Camargo Correa, Antonio Miguel Marques.  

Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. 

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

ED/MG

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

Odebrecht suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (existen registros de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó.

Odebrecht.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la compañía pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La empresa se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Odebrecht.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe, que forma parte de Noticias SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, Alianza Rebelde Investiga (ARI), que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatireque terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

Un hogar de clase media baja, con ingresos de, por ejemplo, unos $ 150.000 acechados por la inflación, probablemente supo esta semana que un fiscal pidió una pena de prisión para la vicepresidenta por negocios con un contratista amigo de su esposo, que los empresarios del entorno de Mauricio Macri eran los que mantenían contacto más fluido con los funcionarios emblemáticos de la corrupción, que un diputado pidió la pena de muerte para Cristina, que los principales medios informaron que Alberto Fernández amenazó al fiscal acusador y que Horacio Rodríguez Larreta aprueba o veta congregaciones en Recoleta de acuerdo a la cara y la ideología del manifestante, y da pasos en falso que lo dejan expuesto. La secuencia comenzó temprano el lunes y continuaba a la medianoche del sábado.

El trabajador o la trabajadora de ese hogar puede creer más o menos lo que lee y escucha, le puede interesar más o menos la calidad de la democracia, pero tiene preocupaciones más urgentes a la vez que persistentes. Hace al menos una década que él o ella, sus padres y su barrio reman con ingresos deteriorados sin perspectiva de mejora, y no logran resolver temas cruciales para la vida como el acceso a la vivienda, escuelas públicas para que los pibes reduzcan la brecha con las elites, o medios de transporte y servicios públicos eficientes.

La memoria de hogares humildes indica que el último Gobierno de Cristina (2011-2015) tuvo más proclamas épicas que logros concretos en términos de ingresos, si no retrocesos. El período que siguió, el de Macri (2015-2019), que prometía razonabilidad para superar lo que identificaba como desvarío populista, abrazó el desvarío de la deuda externa. Resultado: aumento del trabajo precario, caída de 17 puntos en la capacidad adquisitiva de los salarios y resquebrajamiento social. Escenario propicio para que llegara una pandemia, una guerra de impacto global y un Gobierno con pulsión irrefrenable para tropezarse con sus propios pasos.

Mientras los debates se repiten en loop con un elenco con poca rotación, una voz disonante aparece hace un tiempo en el prime time de la tele y en las redes. Javier Milei promete incendiar todo e identifica a un enemigo que lastra a los individuos, sobre todo los blancos, que habitan el país: la casta. En una proclama alocada, el economista rockero defiende la venta de bebés y órganos humanos. Salvajadas, claro, pero que no terminan de causar estruendo un ambiente aturdidor, y que pueden ser dispensadas por un ciudadano que se siente un poco harto de todo.

Algo de eso registraron en agosto al menos dos consultoras mediante encuestas que todavía no son públicas. La intención de voto al candidato de ultraderecha demuestra una resiliencia que parecía amenazada por la crueldad mercantilista disparada por su boca. Son indicios que surgen de sondeos que, como se sabe, pueden fallar, pero aun en el registro de un estado de ánimo potencialmente cambiante o superficial, la hipótesis de Milei como postulante competitivo para 2023 podría durar más que un suspiro.

La semana en la que la desmesura alcanzó su cúspide merece ser revisada:

Lunes

El fiscal Diego Luciani termina la novena jornada de su alegato con un pedido de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner. “Crimen de extrema gravedad”, “mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, “defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”, “éste es el momento: corrupción o justicia”. Aduce estar plantado sobre “toneladas”, no de piedras, sino de pruebas.

Luciani creyó tener todo para sospechar que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner”. Fueron doce años de relación contratista-gobernante de explicación difícil, si no imposible. El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el exmarido de Karina Jelinek que revelara que la fortuna malhabida de Báez era en realidad de la familia Kirchner, o, en su reemplazo, alguna pista real de un soborno. En cambio, a Luciani le sobraron algunas cosas cosas: autoelogios, decibeles y un par de partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el marido de Jelinek que revelara que la fortuna de Báez era, en realidad, de los Kirchner

Martes

Presentación de hora y media de Cristina en Youtube, no tanto para ejercer su derecho de defensa, sino para señalar que las coimas a José López y Ricardo Jaime, funcionarios encargados de presupuestos multimillonarios durante su Gobierno, fueron pagadas por familiares, socios y amigos de Macri. La vicepresidenta denuncia (prueba) que los jueces que visitaban Olivos, la Casa Rosada y la quinta de Los Abrojos no tienen ninguna intención de investigar al jefe de la oposición. El ataque encuentra un blanco, pero se desentiende del aspecto autoincriminatorio que significa que los supuestamente coimeados fueran designados y sostenidos por Néstor Kirchner y ella misma. Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato mientras Cristina hablaba en su despacho en el Senado, que a los presidentes santacruceños se les escapó la tortuga. Hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números.

Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato a Cristina mientras hablaba en su despacho en el Senado, que a los Kirchner se les escapó la tortuga, hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números

Miércoles

Como si le faltaran elementos para probar la relación promiscua de muchos integrantes de Comodoro Py con el elenco macrista, Cristina cree oportuno sacar a relucir un aviso fúnebre de 2021 por la muerte de Manuel de Abelleyra, hermano de la esposa de Luciani, firmado por Fabián Rodríguez Simón. “Todo sigue haciendo juego con todo”, razona falazmente la vicepresidenta. Lo único que prueba ese aviso es que el operador judicial de Macri era amigo de Abelleyra y que le expresó condolencias, “con cariño, a Ana y los chicos”. Cabe preguntarse cómo se habrán sentido Ana, los chicos y los familiares mayores del fallecido al ver el nombre de su ser querido expuesto como un argumento político fallido, salvo que todos deban hacerse cargo de las relaciones sociales de su cuñado.

Un hombre probo aunque un poco vengativo con el exmarido de su actual pareja al punto de planear plantarle droga para sacarlo de la cancha, como el fiscal Carlos Stornelli, venía insinuando que el Gobierno de Alberto Fernández podía mandar a matar a Luciani como le había ocurrido a Alberto Nisman en enero de 2015. Los mismos medios que desde hace siete años tratan de reivindicar, con severísimas dificultades, la figura de Nisman y de transformar su aparente suicidio en un asesinato multiplicaron esa sospecha, que se transforma en una pregunta directa al presidente en una entrevista en el canal TN. Éste explica con gestos y palabras que le parece un disparate, alude a lo que está expresado en los peritajes del cuerpo médico forense de la Corte Suprema y la Policía Federal (luego contradichos por la Gendarmería de Patricia Bullrich) en cuanto a que los indicios apuntan a una muerte sin intervención de terceros, y reflexiona que espera que Luciani no se suicide. Una de más, una de menos, la nada misma en un intento por responder con lógica una pregunta intoxicada.

Jueves 

La prensa que usa a Nisman se excita y lee en la respuesta de Fernández en “A 2 Voces” una amenaza de muerte. Ese periodismo se vuelve a poner en la árida tarea de elucubrar hipótesis sobre el asesinato en un departamento y baño cerrados, sin indicios de violencia ni rastros de terceros.  

Volcada a una deriva halconista definitiva, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio pide juicio político a Alberto Fernández por su “amenaza” a Luciani. Firman todos menos Facundo Manes, quien se desmarca para “no banalizar el funcionamiento institucional”. Acto seguido, como buena paloma de la coalición conservadora, el neurocirujano se ve forzado a sobreactuar y denuncia su indignación por las “declaraciones mafiosas” de Fernández. Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa, lo lógico sería adherir al juicio político.

El procurador interino Eduardo Casal envía una carta a Fernández en la que reclama por “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones… que afecta el principio republicano de división de poderes”.

Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa para terminar con la vida de un fiscal, lo lógico sería adherir al juicio político.

Rara preocupación de Casal. Está sentado en la silla de la Procuración General gracias al acoso y derribo de su predecesora, Alejandra Gils Carbó, quien, a diferencia de él, había sido designada con aprobación del Senado. La ofensiva del macrismo contra Gils Carbó incluyó el siguiente diálogo entre Rodríguez Simón y el fiscal del fuero de Seguridad Social Gabriel de Vedia, en octubre de 2017.

–¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella. Va por el orden que digo primero.

Luego de ese diálogo edificante en un despacho de Casa Rosada, Gils Carbó dejó el puesto y asumió, interinamente, Casal.

Viernes

De visita en Córdoba, Mauricio Macri eludió la desmesura y prefirió la ironía. “Hoy me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella”, dijo en una de las entrevistas de su gira cordobesa. Es cierto, el hombre que arrojó bolsos con US$ 9 millones en un convento fue secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina, aunque los chats dieran cuenta de mayor familiaridad con los empresarios del entorno de Macri que con la expresidenta o con el propio Báez.

Macri se deja entrevistar con la tranquilidad que le brindan dos certezas:.no recibirá repreguntas y los jueces visitadores de Comodoro Py no lo investigarán por las graves sospechas sobre negocios con parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, los peajes y el Paseo del Bajo generados por medidas de su Gobierno con sus propias empresas o exempresas, o las de sus socios, como beneficiarios. El líder opositor también navegará sin despeinarse por las causas originadas en el espionaje sistemático ejercido durante los Gobiernos del PRO en CABA, provincia de Buenos Aires y Nación contra enemigos, rivales, aliados y familiares molestos.

Sábado

Las inmediaciones del departamento de Cristina en Uruguay y Juncal, en Recoleta, amanecen valladas, tras una semana de vigilia de los partidarios de la vicepresidenta, que habían dejado el lugar por la tormenta nocturna y ante la perspectiva de actos en plazas de la Ciudad y el conurbano, por la tarde. La torpeza del Ministerio de Seguridad de la Ciudad se transforma en un llamado a los cristinistas para volver a manifestarse ante lo que se percibe abusivo. Avanza el día con gases lacrimógenos y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en una repetición de lo que había ocurrido el lunes por la noche, cuando los jóvenes kirchneristas abrumaron con su número a la enésima manifestación de vecinas atildadas que suelen congregarse en esa misma esquina para insultar y amenazar a la “yegua montonera”.

A los “vecinos” anti-K que asedian esa esquina o la del Instituto Patria, la Policía de la Ciudad les regala palmaditas en el hombro. A los alienígenas, palos.

Larreta pretende presidir la Nación argentina e invierte fortunas publicitarias en ello, pero se tienta con actuar como intendente de Recoleta. Cristina le cobró esa tendencia anoche, pero más caro pagará Larreta ante Patricia Bullrich en la interna opositora el haberse puesto en situación de tener que recular.

Mientras tanto, el Liverpool de Luciani, Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens pidió fecha libre este fin de semana.

¿Y el lanzallamas?

Andrés “Cuervo” Larroque guardó el lanzallamas (término acuñado por la periodista María Cafferata en Página 12) que utilizaba contra Martín Guzmán y dio paso a un estilo lacónico en Twitter para narrar la semana. “Con Cristina no se jode”, “Y esto recién empieza”, “Cuando digas y donde digas”, “Cristina contra el poder, en el medio no hay nada”. Esas microfrases y un par de entrevistas sin revisión del pasado reciente no eximen a Larroque, ni a Máximo Kirchner ni a Cristina de la pregunta de por qué creían, dos meses atrás, que el intento de Guzmán de reducir los subsidios para ricos y contener transferencias a provincias era vendepatria, y los recortes anunciados esta semana por Sergio Massa en obras públicas, jardines de infantes y compras de medicamentos forman parte de la nueva épica “refundacional”.

El cristinismo se entusiasma con el movimiento de bases que copó calles y plazas esta semana. Una y otra vez, se demuestra que no hay otro dirigente político que cuente con tal intensidad de adhesión como Cristina. Ese factor contiene una dosis de imprevisibilidad que resultó fundamental para revertir las múltiples oportunidades en que rivales y columnistas de diarios anunciaron el fin del kirchnerismo en los últimos quince años. Habrá que ver en esta ocasión si el resurgir cristinista excede a sus adherentes, que muestran ganas de ir por más, o si es la expresión de un núcleo que se desconectó de las preocupaciones más acuciantes de la mayoría. Por lo pronto, lo que parece fuera de duda es que no hay 2023 para el peronismo sin conducción o auspicio nítido de la líder.  

La principal oposición dirime cómo barajar su entusiasmo ante encuestas que marcan una amplia brecha sobre cualquier alquimia peronista y la hipótesis de una condena por corrupción contra Cristina que recorrerá zócalos, hashtags y portales durante meses. Eso sí, sus dirigentes pueden medir mal los efectos de una sentencia por el estilo. Los sondeos y los resultados de 2021 dan cuenta de que no se trata tanto de una recuperación de una mayoría para la coalición conservadora sino de una debacle del peronismo. Los votos aparentemente perdidos por el Frente de Todos buscan un destino, pero nadie debería descartar la opción de que vuelvan a estructurarse si el crecimiento del PBI se combina con la recuperación del ingreso real, baja de la inflación y la mística cristinista. Poco probable, no imposible.

La citada fortaleza aparente de Milei en un contexto de agobio económico para muchos combina con la incertidumbre que afecta a los dos principales bloques: en el Frente de Todos, por la desorientación programática y la defección en la conducción del Gobierno, y en Juntos por el Cambio, por la disputa irresuelta por el liderazgo que dejó fluir, días atrás, acusaciones por narcotráfico y corrupción.

La presunción de que existe una farsa en la cima —el postulado con el que engaña Milei al autoexcluirse— encuentra eco en una sospecha potente: Cristina fue jefa de funcionarios que cobraron coimas y Macri fue jefe o socio de empresarios que las pagaron. Así las cosas, el economista gritón, self made man del vale todo, figurita preferida de las producciones televisivas, seductor del alma libertaria de los Cristiano Ratazzi de la vida, libertario contra las amarras que impone lo que él dibuja como casta, está llamado a su juego preferido.  

SL

Con una lectura parcializada de los testimonios del juicio de Vialidad y de los mensajes de texto del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó expuesto este martes que uno de sus principales exfuncionarios mantenía estrechos vínculos con empresarios amigos de Mauricio Macri y les achacó el presunto pago de sobornos durante su propio gobierno.

Durante una transmisión por redes sociales que denominó “derecho de defensa”, la expresidenta le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras el pedido para que sea condenada a doce años de prisión en el juicio oral y público en el que se la acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través del desvío de fondos al empresario Lázaro Báez, exsocio de su familia. La fiscalía también pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 dicte un veredicto a finales de este año.  

A lo largo de su exposición, que sólo en la plataforma YouTube superó en doce horas las 242.000 vistas, Fernández de Kirchner remarcó en reiteradas oportunidades que quieren condenarla como jefa de una asociación ilícita pero que el que “se sentaba a comer con los empresarios de la construcción” era López; obvió referirse a los mensajes que expusieron la supuesta participación de su hijo, Máximo Kirchner, en la adjudicación de obras a Lázaro Báez; de su propia relación comercial con el dueño de Austral Construcciones; de las irregularidades detectadas en los expedientes de las licitaciones; de los testigos del juicio que contradijeron la versión de las defensas.

Sí mostró mensajes de texto del exfuncionario López que son parte de la prueba del supuesto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento durante su última presidencia. Esos mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas forman parte de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien debe definir la situación procesal de los exfuncionarios y de los empresarios y ejecutivos acusados por Picardi.

Habló de López como si se tratara de un funcionario de otra administración y dijo que se  sentía “una boluda”, tras leer los mensajes que su secretario de Obras Públicas intercambiaba con empresarios como Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Macri.

Tras revelar los numerosos mensajes de texto que intercambiaron Caputo y López entre finales de 2013 y agosto de 2015, la vicepresidenta dijo que “el problema son los criterios de Luciani y Mola”. “No creo que la amistad sea un pecado pero el que lo considera un delito es el fiscal Luciani”, dijo en referencia a las reiteradas menciones a la amistad de Báez con Néstor Kirchner. 

En los mensajes, “este trato de familiaridad (con López) lo van a ver con dos empresarios: con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez”, del Grupo Farallón, y por quien Caputo intervino ante López para que ejecuten pagos atrasados en obras para Nación.

Esa “familiaridad” incluyó saludos por Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Día del Amigo, envío de abrazos y reuniones personales y familiares. Además, López y Caputo buscaban siempre la forma de que no queden registros de lo que hablaban y Fernández de Kirchner dijo que López “cuidaba” a Caputo. 

Además, resaltó que “al momento de revolear los bolsos” en el convento de General Rodríguez, López vivía en una casa de “ese señor”, en referencia a Gutiérrez.

“No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos”, dijo Fernández de Kirchner. “Ahí no hubo asociación ilícita”, dijo irónicamente y visiblemente molesta, y dijo que ningún fiscal quiso investigar de dónde venía el dinero que tenía López cuando quedó detenido.

En una serie de mensajes de octubre de 2014, según Fernández de Kirchner, Caputo dio apoyo a la intención de López de ser gobernador o diputado por Tucumán. “Yo me opuse” a que López sea candidato, aseguró la expresidenta. No explicó por qué sí lo mantuvo como secretario de Obras Públicas durante sus dos gestiones. Las denuncias e investigaciones periodísticas por enriquecimiento ilícito de López comenzaron cuando CFK estaba en la Presidencia.

La última comunicación entre Caputo y López fue a mediados de agosto de 2015, en medio de las elecciones primarias en las que ganó Macri.

Soterramiento

El 18 de diciembre de 2013 por la noche, López se comunicó con Caputo desde San Pablo, Brasil, y le pidió hablar. De acuerdo con los mensajes, se supone que hablaron después de las 22:38. Unos 45 minutos más tarde, Lopez recibió un mensaje de su jefe de gabinete, Amilcar Freder. Fernández de Kirchner no mostró los registros de llamadas por lo que no queda claro si López llamó a su subalterno después de hablar con Caputo. López y Fredes hablaron sobre la obra del soterramiento, bajo investigación desde hace siete años por presunto pago de coimas:

-El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas-, dijo Amilcar Fredes a López.

A la mañana siguiente, López ordenó a su subalterno “parar” el pago programado a las constructoras a cargo del soterramiento.

La obra del soterramiento, que se adjudicó en 2008 pero nunca se completó, estaba a cargo del consorcio empresario integrado por Odebrecht, Ghella, Comsa y Iecsa, de Angelo Calcaterra, otro empresario de estrecho vínculo con Mauricio Macri: es su primo. Ganaron la obra porque Odebrecht garantizaba financiamiento privado con fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, crédito que nunca llegó. 

“Iecsa era Macri y no sé si sigue siendo Macri”, dijo Fernández de Kirchner, descreyendo de que el empresario Marcelo Mindlin haya comprado realmente la compañía, como se anunció en 2017. “El padre -por Franco Macri- se la pasó al sobrino -por Calcaterra- porque el hijo -Mauricio Macri- iba a ser presidente”. La supuesta compra-venta entre Franco Macri y Calcaterra había sido en 2007, en el contexto de la asunción de Macri como jefe de Gobierno porteño.

No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos.

El 19 de diciembre de 2013, poco antes de las 14 hs, Fredes alertó a López: “José, están bombardeando a llamados los brasileños”, “pues ya vieron que el expediente volvió a la Unidad” (de Ejecución del Soterramiento).

-Diganle que hablen con el Corcho Rodríguez-, respondió el secretario de Obras Públicas. Dos minutos después se arrepintió:

- No mejor, que hablen con Rodney y Flavio, que no se hagan los bolu. Retiro lo del Corcho-, aclaró López a su subordinado.

Tres horas más tarde, Caputo escribió a López: 

-Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo -no identifica a quién se refiere-. Abrazo y buen viaje. 

-Ok. Te aviso-, le respondió López.

En síntesis, según los mensajes, López estableció un contacto con Caputo desde Brasil. Inmediatamente después, averiguó si iba a haber un pago por el soterramiento, lo confirmó y horas más tarde ordenó frenar el pago a la brasileña Odebrecht y sus socias por esa obra. Cuando los brasileños se quejaron, los mandó a “hablar” con el Corcho Rodríguez, pero cambió de parecer y les mandó a decir que hablen con sus jefes, Flavio Farias y Rodney Carvalho y que no se hagan “los boludos”. 

Farías y Carvalho estaban entonces a cargo de Odebrecht en Argentina y son señalados como quienes ejecutaban los pagos de coimas a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner para cobrar los certificados de obra, según declararon sus jefes ante la Justicia brasileña en 2016.

Fernández de Kirchner saltó en su exposición todo el capítulo del Lava Jato argentino, que según los brasileños arrepentidos ocurrió entre 2006 y 2014, cuando pagaron sobornos por unos US$35 millones para operar en el país. 

La vicepresidente pasó directamente a 2016, cuando el gobierno de Macri decretó que el Estado nacional financiara la obra del soterramiento a cargo de la empresa de su primo, Odebrecht y las otras dos socias, con una ampliación del presupuesto por $45.000 millones. La obra, igualmente, no se terminó. 

Testigos de la fiscalía

“Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron”, dijo Fernández de Kirchner este martes en su exposición. Según la vicepresidenta, hubo testigos citados por la fiscalía que desmintieron la hipótesis de la acusación. 

La fiscalía que entre 2003 y 2015, los Kirchner lideraron una organización dentro de la Administración pública pensada para desviar miles de millones de pesos a las empresas de Báez, a través de licitaciones “armadas” para adjudicarle 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron en gran medida abandonadas o realizadas en forma parcial.

Fernández de Kirchner citó a cuatro testigos de la fiscalía. En el caso de una abogada jefa de Legales del distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, contó que tras la asunción de Macri, en 2016, la funcionaria recibió al flamante director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que fue “intimidada” y “se vio obligada a firmar un documento en el que decía que a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada”, para demostrar que el Estado no estaba en mora con el Grupo Báez. Luego, Iguacel denunció la supuesta maniobra que ahora está en juicio.

Otros dos testigos, también funcionarios de Vialidad Nacional en la delegación de Santa Cruz, dijeron que “todas las obras del país” presentaban “atrasos, postergaciones, prórrogas”, como las de Báez. Leandro Martín García, interventor de Vialidad Nacional en Santa Cruz, nombrado por Iguacel, también fue citado por la vicepresidenta en su exposición. 

Fernández de Kirchner recordó que ante el tribunal, García dijo: “No encontré ninguna situación anómala”, al menos “no diferente a otros distritos” y que “las demoras en las obras son habituales”. En el caso de Báez, los fiscales afirmaron que hubo demoras que alcanzaron los diez años.

La expresidenta no hizo referencia a otros empleados de Vialidad, quienes, según los fiscales, admitieron presiones para evitar controlar las obras de Báez, fueron removidos de sus cargos por intentar investigar al empresario o por negarse a firmar informes que avalaban el avance de sus obras.

ED

La causa principal por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento nació el 16 de marzo de 2016, por una denuncia de Graciela Ocaña derivada del Lava Jato de Brasil.

Documentos incorporados al expediente que construía entonces el juez federal del estado brasileño de Paraná Sergio Moro señalaron que un gestor de Ricardo Jaime había reclamado, en 2009, el pago de una cuota de US$ 80.000 de una presunta coima al director de operaciones de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro. Con esa información sobre un monto que luego se demostraría irrelevante para las magnitudes manejadas, la legisladora de Cambiemos acudió a Comodoro Py. El fiscal Franco Picardi dio impulso a la investigación y el expediente quedó abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.  

Desde entonces, el caso acumula tantas pruebas como movimientos estrambóticos, y hace dos años que no avanza. Hubo de todo. Un arrepentido clave que dejó de arrepentirse después de que Martínez de Giorgi sobreseyera a su esposa e hijos, procesamientos, desprocesamientos, hallazgos de rutas de dinero hacia cuentas offshore en Andorra y Uruguay y una singularidad extrema: aparecen en el banquillo los receptores de dádivas, según la benigna acepción del juez, pero, por ahora, quedan exceptuados de culpa y cargo los empresarios que supuestamente entregaron montos millonarios.

La versión del Lava Jato indicó que Jaime y su asesor español Manuel Vázquez crearon la firma Control y Auditorías Especiales (CAESA), con sedes en Argentina y España, para recibir sobornos por parte de la brasileña Odebrecht, IECSA —la empresa cedida por los Macri a su pariente Angelo Calcaterra en 2007—, la italiana Ghella —socia de IECSA en otros emprendimientos en la Ciudad de Buenos Aires— y la española Comsa.

A medida

El llamado a licitación para el soterramiento fue firmado por Jaime el 21 de febrero de 2006, al que respondieron IECSA —todavía con los Macri a cargo de la empresa—, Roggio y el consorcio Isolux-Esuco, según consta en el expediente judicial. Tras múltiples modificaciones en el trazado de la obra, montos y plazos, Cristina Fernández de Kirchner adjudicó el trabajo al cuarteto IECSA–Odebrecht–Ghella—Comsa, con participación de 30% para los tres primeros y 10% para el último, el 23 de enero de 2008.

Todo el concurso a cargo de los secretarios de Transporte Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012) estuvo signado por la falta de planificación básica, como la elaboración de un presupuesto, fuente de financiamiento o definiciones técnicas para realizar la obra, lo que dejó casi todo librado al contratista, indicó un dictamen de Sergio Rodríguez, procurador de Investigaciones Administrativas, presentado en diciembre de 2017.

Desde un principio, la extrema opacidad de la licitación estuvo orientada a que el soterramiento fuera adjudicado al consorcio ganador, pese a la supuesta competencia con Isolux —una firma española con presencia recurrente en los concursos ganados por IECSA— y Roggio.

Ad honorem

En el procesamiento decretado el 15 de abril de 2019, Martínez de Giorgi dio por probado que IECSA pagó $ 600.000 a CAESA, la consultora creada por Vázquez, el asesor “ad honorem” de Jaime, y Comsa hizo lo propio por $ 263.097,56, entre 2005 y 2009. Vázquez se desligó formalmente de CAESA en 2005, aunque siguió a cargo de la gestión. Por si quedaran dudas, el consultor español dejó a su esposa, Marta Margarita Domínguez, como apoderada de la firma, y a sus hijos Julián y Mariano como vicepresidente y director, respectivamente.

La consultora de Vázquez cumplió su ciclo. Tras el desplazamiento de Jaime, en 2009, y, sobre todo, tras el accidente de Once de febrero de 2012 que derivó en la renuncia de Schiavi, el soterramiento pasó a la órbita de Julio de Vido, ministro de Planificación entre 2003 y 2015. Allí cobró protagonismo la firma Sabrimol, una offshore radicada en Uruguay a cargo de Jorge “Corcho” Rodríguez, como presunta receptora de las coimas pagadas por Odebrecht.

A su vez, fue incorporada al expediente el “acta de culpabilidad” firmada por Odebrecht en Estados Unidos, mediante la que el gigante brasileño admitió sobornos por US$ 35 millones a intermediarios con el Estado argentino, sin detalles.

Los mails del ejecutivo de Odebrecht Couri Ribeiro registrados en la causa de Moro en Brasil —también mencionados por Martínez de Giorgi؅— dieron cuenta de que Javier Sánchez Caballero, segundo de Angelo Calcaterra en IECSA, solicitó US$ 20 millones para abonar las coimas por la adjudicación del soterramiento.

Hipótesis corroborada

Martínez de Giorgi escribió que “se encuentra corroborada la hipótesis” de que los funcionarios que intervinieron en la adjudicación de la obra tuvieron “un interés particular para beneficiar a IECSA-Comsa-Constructora Norberto Odebrecht-Ghella”. Entre las “readecuaciones” más groseras, el juez señaló que el proyecto original preveía el soterramiento del Sarmiento desde Liniers a Caballito (desde donde ya continúa en trinchera hasta Once), dentro de CABA, y mejoras, puentes, túneles y pasos a nivel en el tramo entre Liniers a Moreno, del lado de Provincia. Esa idea fue reemplazada por el proyecto de soterramiento de toda la extensión, pero no se llamó a una nueva licitación como hubiera correspondido, señaló Martínez de Giorgi.

Con todo, el juez dispuso procesar a los funcionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por cohecho. La figura le cupo a Jaime, su asesor Vázquez, Schiavi, De Vido, José López y una veintena de funcionarios de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación.

A Sánchez Caballero, de IECSA, y a Ramón Castro, de Comsa, Martínez de Giorgi les asignó el presunto delito de “ofrecimiento de dádivas”. El juez entendió que como los pagos a CAESA, la consultora de Vázquez, sumaron $ 1 millón, o 0,01% del monto estimado de la obra, no podían considerarse sobornos. A Vázquez y Julián Soba Rojo, presidente de la consultora, les atribuyó el delito de recibir esas “dádivas”. El monto citado era, en efecto, mucho menor en comparación con otros que copaban el expediente, pero el juez no los consideró suficientemente probados.

Al resto de los empresarios, incluidos Calcaterra, el Corcho Rodríguez y los representantes de Ghella y Odebrecht, Martínez de Giorgi los benefició con la “falta de mérito” (es decir, no quedaron procesados, pero sí sujetos a seguir siendo investigados). La esposa y los hijos del gestor Vázquez fueron directamente sobreseídos por el titular del juzgado 11 de Comodoro Py. Se verá: no fue magia.

De Vázquez al Corcho

El fiscal Picardi apeló los procesamientos y sobreseimientos en todos sus términos con 547 páginas presentadas el 26 de abril de 2019. Entendió que no se trató de meras dádivas sino de una trama de sobornos orquestada desde distintas dependencias oficiales y privadas, en Argentina y el exterior, sostenida a lo largo del tiempo. Picardi solicitó que el delito imputado fuera cohecho activo para los pagadores y cohecho pasivo para los receptores, figuras que suponen penas más graves que las estipuladas por el juez.

La “adecuación espuria” del proceso de licitación tuvo por fin directo beneficiar al cuarteto Odebrecht-Iesca-Ghella-Comsa, escribió el fiscal. En un primer tramo, el esquema de sobornos se canalizó a través de la falsa consultoría del testaferro Vázquez, y luego, tras la salida de Jaime del Poder Ejecutivo, mediante una trama más intrincada de sociedades offshore, argumentó. Ello coincidió con la decisión política de que el soterramiento fuera solventado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, organismo bajo la órbita de Julio de Vido.

El consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A, por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”

Más allá de las confesiones y supuestas pruebas acumuladas en el expediente Lava Jato de Brasil, Picardi reconstruyó la ruta de aparentes sobornos que involucran a paraísos fiscales con la actuación estelar de Jorge “Corcho” Rodríguez, ex de Susana Giménez.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, el consorcio de IECSA y Odebrecht transfirió US$ 4.495.250 a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A (DSC), por “servicios técnicos o de ingeniería” que resultaron “inexistentes y simulados”, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, citó Picardi en su apelación.

El flujo de esas transferencias a cuentas radicadas en la Banca Privada de Andorra (BPA) fue reportado desde un juzgado de ese paraíso fiscal en los Pirineos españoles. Una investigación judicial en Andorra halló que la BPA fue el vehículo para la canalización de coimas por parte de Odebrecht para sus negocios en América Latina. No fue una excepción. La entidad andorrana había sido intervenida en 2015 a raíz de un reporte de Financial Crimes Enforcement Network de Estados que la había sindicado como un banco dedicado, básicamente, a lavar dinero.

Conozca a su cliente

La otra punta del ovillo se encuentra en un exhorto respondido por autoridades uruguayas. Sabrimol, la empresa que tanto el juez como el fiscal atribuyen al “Corcho” Rodríguez, recibió USD 4.946.148,84 y € 224.046 euros de parte de la firma Klienfeld en su cuenta del Banco Itaú en Uruguay, hasta 2014. Klienfeld era un armado offshore de Odebrecht para canalizar coimas. La cifra que partió a DSC en Andorra y de allí se difuminó hacia otras offshore y la que llegó a Sabrimol en Uruguay exhiben una coincidencia llamativa.

En la descripción “Conozca a su ciente”, la sucursal en Uruguay del Banco Itaú detalló sobre Sabrimol:

“Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay”.

Los registros de comunicaciones de José López y emails incautados en la investigación del Lava Jato de Brasil dieron cuenta que el mencionado secretario de Obras Públicas y el subsecretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta delegaban en Rodríguez la gestión ante Odebrecht, indicó Picardi. Ambos funcionarios eran, a su vez, interlocutores habituales de Calcaterra, cabeza argentina del consorcio encargado del soterramiento.

El Corcho negó ser titular de Sabrimol, pero tanto el juez como el fiscal lo consideraron probado por múltiples documentos.

El desarrepentido

El expediente brinda otro episodio singular. Hacia febrero de 2019 seguían los coletazos del festival de arrepentidos disparado en la causa Cuadernos. El 26 de ese mes, el gestor Vázquez se presentó ante la fiscalía de Picardi para declararse imputado colaborador. Su testimonio, sin la opacidad de la intervención del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, habría significado un activo para la acusación, por entonces todavía a la espera de que se validaran los arrepentimientos y las pruebas construidos en el Lava Jato de Brasil (ocurriría en junio siguiente).

Vázquez le dijo a Picardi que Calcaterra había abonado US$ 20 millones a Jaime para obtener la adjudicación del soterramiento. Tras su arrepentimiento, el intermediario español debió afrontar una operación, lo que dilató el trámite para ser aceptado como imputado colaborador.

En abril, el juez Martínez de Giorgi se precipitó a procesar a unos 25 exfuncionarios —entre ellos, Vázquez— con la figura penal más débil posible, decretó la falta de mérito para la pata empresarial y dictó tres sobreseimientos: Marta Giménez (esposa) y Mariano y Julián Vázquez (hijos). Al mes siguiente, el testaferro de Jaime reapareció en Comodoro Py con nuevo abogado. Declaró ante Martínez de Giorgi que su arrepentimiento de febrero había sido inducido por su anterior letrada, pero que había recapacitado y ya no tenía nada que confesar. En tres meses, el cargo de conciencia se evaporó.

La sala 2 de la Cámara Federal se expidió sobre la apelación de Picardi contra el débil procesamiento dictado por el juez de primera instancia en agosto de 2019. En un texto breve, con consideraciones genéricas, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia fallaron que los procesamientos y las faltas de mérito dictaminadas por Martínez de Giorgi estaban infundados y eran autocontradictorios, y declararon la nulidad de lo resuelto.

Desde entonces, uno de los expedientes en el que gritan indicios claros sobre un sistema de corrupción que abarca a altos funcionarios de los Gobiernos de los Kirchner y a la empresa de los Macri ocupa un lugar en un despacho de Comodoro Py.

El paso cansino y errático del expediente en el juzgado en lo criminal federal 8 de Capital Federal sintonizó a la perfección con la decisión del Ejecutivo de Cambiemos de reactivar la obra y pagar US$ 759 millones en un lapso de tres años al mismo consorcio que eligió Ricardo Jaime en 2006. 

SL

Al asumir la Presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri puso en suspenso la obra pública, bajo el argumento de que debía emprender auditorías tras los años de Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada. Esa decisión reconoció una excepción notable. El 16 de febrero de 2016, el mandatario anunció la reanudación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, proyecto largamente anunciado y apenas concretado durante el Gobierno de Fernández de Kirchner.

Macri encabezó un acto en Haedo, sobre las vías del Sarmiento, junto a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, y María Eugenia Vidal. “Esta obra se anunció hace 10 años y todo fueron anuncios… fruto de este proceso que se vivió en los últimos años en la Argentina”, evaluó Dietrich.

El ímpetu del Ejecutivo de Cambiemos duró poco, pero costó centenares de millones de dólares. En diciembre de 2018, cuando una orden del propio Dietrich determinó la paralización de la obra, el Estado llevaba gastados US$ 747 millones, dos tercios de ellos desembolsados en los meses previos a la suspensión. Al año siguiente, el Gobierno de Macri pagó un saldo de US$ 12,5 millones, de acuerdo a la respuesta dada por el Ministerio de Transporte a un pedido de información pública presentado por este medio.

El nombre de las empresas que recibieron los pagos y el foco en el vertiginoso 2018 profundizan los múltiples interrogantes que despierta una de las obras con sospechas de corrupción más fundadas en las últimas décadas.

En junio de 2016, Macri se apresuró a firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disponía fondos estatales por $ 45.000 millones (US$ 3.000 millones de entonces) por toda la obra y, antes de fin de año, el Estado desembolsó US$ 30,2 millones a favor del consorcio conformado por la constructora brasileña Odebrecht, la argentina IECSA —vendida por los Macri a su primo Angelo Calcaterra en 2007—, la española Comsa y la italiana Ghella.

Al año siguiente, la suma abonada saltó a US$ 211,9 millones, aunque la máxima aceleración llegaría en 2018, con pagos por US$ 504,3 millones. Semejante dispendio se toparía con una decisión abrupta. El 7 de diciembre de ese año, Dietrich firmó la orden de servicio N° 548 que suspendió los trabajos por falta de financiamiento y recortes presupuestarios.

Todas las cifras y fechas citadas corresponden a una auditoría encargada por el Ministerio de Transporte a la Universidad de San Martín (UNSAM), tarea realizada entre febrero y septiembre de 2021. Los montos informados a elDiarioAR por la Dirección Nacional de Articulación Legal de la cartera mencionada fueron mayormente expresados en pesos y convertidos a dólares por este medio, de acuerdo al tipo de cambio promedio de cada año. Por ejemplo, en 2018, el pago fue de $14.169.416.800,67; al cambio promedio de $28,09 por dólar, equivale a US$ 504.357.400,1. Una fuente del Gobierno de Macri consideró que, prima facie, el registro de pagos concentrados en 2018 es correcto.

La tuneladora comenzó a excavar en Haedo, en octubre de 2016, y se detuvo dos años más tarde en el barrio porteño de Villa Luro. El soterramiento del Sarmiento alcanzó 27,5% de la ejecución planeada y hasta allí llegó.

Así y todo, pese a la parálisis ordenada por Dietrich y mantenida por sus sucesores del Frente de Todos, Mario Meoni (fallecido) y Alexis Guerrera, los US$ 759 millones gastados por el Estado constituyen uno de los mayores montos invertidos en obra pública durante los cuatro años de Macri en Casa Rosada.

Sobornos sin autor

El proyecto del Sarmiento es emblemático sobre la presunta corrupción con la obra pública bajo los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Consultoras creadas ad hoc para recibir fondos, testimonios de arrepentidos en Brasil, cuentas offshore en Andorra y Uruguay y licitaciones hechas a medida constituyen un cuerpo de pruebas que brinda varias certezas. En un expediente poblado por extravagancias y dilaciones, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta fueron procesados por un tipo penal leve —incompatibilidad con la función pública— establecido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y luego desprocesados por la sala 2 de la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia-Martín Irúrzun). Sin embargo, el ojo de la Justicia no se posó sobre funcionarios del Ejecutivo de Macri que validaron las decisiones de sus predecesores. A ello se suma una perla muy propia de Comodoro Py: habría coimas sin pagadores, porque los empresarios del consorcio nunca fueron siquiera procesados (ver aparte).

Mediante el DNU del 16 de junio de 2016 firmado por Gabriela Michetti (supuestamente, por el conflicto de intereses que representaba la firma presidencial), el Gobierno de Cambiemos ordenó reanudar la obra y asignó los fondos a ser pagados a la unión transitoria de empresas IECSA-Odebrecht-Ghella-Comsa. Eran tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos con casco y chaleco antibalas frente a las cámaras y los paneles de la televisión celebraban la regeneración ética que implicaba —a su entender— la Presidencia de Macri. A esa altura, Marcelo Odebrecht, accionista del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la macrocausa entablada en los tribunales de su país por presuntas coimas en varios países de América Latina. Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, sobrellevaba varios procesamientos y dos condenas.

El consorcio encargado de la obra en el Sarmiento tuvo modificaciones desde la licitación del proyecto (2006), pero siempre tuvo a IECSA como protagonista central. Es decir, el interés por la obra nació un año antes de que los Macri transfirieran la constructora a Calcaterra, sobrino de Franco y primo de Mauricio, Gianfranco, Florencia, Sandra y Mariano.

¿No despertó prevenciones la reanudación de una obra tan costosa asignada por funcionarios a los que el macrismo acusaba de corruptos, como Jaime y De Vido, en manos de una empresa como Odebrecht?

No. “Cuando llegamos hicimos una evaluación de costos y pagos realizados, y no notamos ninguna irregularidad. Los montos eran acorde al avance de la obra, que casi no había tenido ejecución”, dijo la fuente del Ministerio de Transporte durante el Gobierno de Macri. “Pedimos informes, sumamos a la PIA (Procuración de Investigaciones Administrativas) y no presentó ninguna objeción”, agregó la voz, al tanto de los pormenores del contrato.

Una fuente con acceso a la causa dijo a este medio que la única intervención de la PIA, organismo a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se dio sólo en dictámenes aportados a la causa a raíz de una denuncia presentada, en 2016, por la legisladora de Cambiemos Graciela Ocaña (juzgado federal de Martínez de Giorgi y fiscalía de Franco Picardi). El contenido de los dictámenes de Rodríguez fue resumido como “lapidario” para las empresas que intervinieron (ver aparte).

Los responsables del Ministerio de Transporte que dirigía Guillermo Dietrich se encontraron con fondos asignados a un fideicomiso específico garantizado por el impuesto al gasoil, que había sido creado por De Vido en 2011, explicó la fuente del Ejecutivo de Macri.

Patrón de negocios

Durante la gestión de Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012) en Transporte, y Julio de Vido en Planificación (2003-2015), el Estado renegoció varias veces el contrato y abonó los siguientes montos: US$ 18,6 millones en 2011, US$ 17,7 millones en 2012 y US$ 55,5 millones en 2013, según la auditoría de la Universidad de San Martín. En el expediente que instruye Martínez de Giorgi, los montos considerados “acreditados” por el juez son mayores, y alcanzan US$ 158,3 millones entre 2010 y 2012 (la tuneladora fue armada en 2011), y US$ 28 millones entre 2013 y 2014.

El curso económico y político del Gobierno de Macri aporta algunas respuestas a las dudas planteadas.

En marzo de 2017, Calcaterra vendió IECSA a Marcelo Mindlin, socio mayoritario del generador eléctrico y productor de gas y petróleo Pampa Energía. Mindlin rebautizaría la constructora como Sacde.

El monto de la venta no fue hecho público, pero la secuencia reconoce un patrón de otras operaciones de las empresas de Macri y su familia. Tanto la venta de los parques eólicos a Genneia —firma de la familia Brito— como la de la participación de Sideco Americana en Autopistas del Sol se dieron después de decisiones del Gobierno de Cambiemos que beneficiaron directamente a esas empresas o mejoraron sustancialmente las condiciones del negocio, lo que redundó en una extraordinaria revalorización de los activos. En el medio, aparecen nombres recurrentes que entran y salen en el pasamanos, como Isolux, firma española con causas por presuntos fraudes en varios países.

En el vínculo IECSA-Sacde se suma el contrato ganado y pagado para la construcción de uno de los tramos del Paseo del Bajo, en Puerto Madero, adjudicado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, coincidentemente, en 2016. Como en el affaire de los seis parques eólicos que redundaron en una ganancia para los Macri de US$ 69,2 millones, en el Paseo del Bajo también aparece Isolux en el papel de aparente competidor y un armado sospechoso de la licitación para beneficiar a IECSA, lo que mereció una denuncia de una Auditoría General de la Ciudad y un cierre in límine de la causa por parte de Claudio Bonadio, con sobreseimiento exprés para Dietrich y Larreta, ratificado por Cámara en 2019 (otra vez Bruglia, más Pablo Bertuzzi —ambos trasladados a ese tribunal a dedo por Macri— y Mariano Llorens —arquero del Liverpool—).

Baile de cifras y pasamanos

Las novedades en el consorcio del soterramiento de 2017 incluyeron al otro socio principal del soterramiento. Con Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel y Michel Temer en el Planalto, Odebrecht ocupaba el centro de la escena del Lava Jato. Sus ejecutivos confesaron pagos de coimas por al menos US$ 3,3 millones para ganar la obra del tren Sarmiento, una tarea que habría llevado a cabo, según la delación premiada, Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en IECSA. Los receptores de las coimas habrían sido “Duvidoso” y “Festança”, pseudónimos para identificar a funcionarios de Cristina.

El baile de cifras de los aparentes sobornos por el soterramiento varía hasta los US$ 20 millones. Todo indica que algunos números en danza son fragmentos o cuotas de pagos mayores. Lo más certero asentado en el expediente judicial es una reconstrucción del fiscal Picardi sobre un giro de USD 4,4 millones por parte del consorcio a través de una offshore de Odebrecht en Andorra, cifra coincidente con otra recibida por una sociedad de Jorge “El Corcho” Rodríguez en una cuenta radicada en Uruguay.

Al tiempo que Picardi trataba de validar los testimonios de los arrepentidos brasileños para la causa iniciada en Comodoro Py, el Gobierno de Macri impulsó que Odebrecht vendiera su participación en el consorcio del Sarmiento, bajo apercibimiento de excluir a la firma de listado de contratistas del Estado. El lugar del gigante brasileño fue ocupado por Ghella, compañía italiana que había sido socia de IECSA en obras y servicios adjudicados por el Gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

En 2017, segundo año de Cambiemos en Casa Rosada, las obras públicas cobraron ritmo. Ese año, el Estado pagó US$ 211 millones de dólares a la nueva sociedad del soterramiento entre Ghella (70%) y Sacde (30%).

Vértigo

Tras las elecciones legislativas que ganó el macrismo, sobrevino el objetivo de recortar gastos con la reforma jubilatoria y la reducción de la obra pública. El cierre del financiamiento internacional para Argentina significó un golpe letal para un Gobierno que había basado su gestión en la toma de deuda externa. En junio de 2018 llegó el salvataje del FMI por US$ 45.000 millones, y con éste, la meta del déficit cero.

Tras cartón, en agosto explotó la causa Cuadernos en el juzgado de Bonadio, que tuvo a Calcaterra como uno de los supuestos arrepentidos por pagar coimas y a una oficina del nuevo dueño de IECSA, Mindlin, como una de las presuntamente anotadas por el chofer Oscar Centeno como destino para buscar bolsos con dólares. La mención a la oficina de Mindlin fue difusa y no mereció que Bonadio actuara contra él.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo de los Cuadernos y el colapso financiero, el Estado abonó US$ 504.357.400,1 al consorcio Ghella-Sacde. De inmediato, la máquina dejó de perforar.

La bitácora atribuida a Centeno encendió la efímera versión de que a las empresas que hubieran pagado sobornos les sería retirado el permiso como contratistas del Estado.

Con la ruta de las coimas trazada por arrepentidos en Brasil, una causa abierta en Comodoro Py, el escándalo provocado por los Cuadernos, el colapso financiero del Gobierno de Macri y la implementación de ajustes draconianos, el Estado argentino abonó US$ 504,3 millones al consorcio Ghella-Sacde sólo en 2018. Desde diciembre de ese año, la gigantesca máquina dejó de perforar.

Los costos actuales de mantenimiento básico de la obra son inferiores a US$ 500.000 anuales, informó el Ministerio de Transporte a elDiarioAR. Cuando se encamina a cumplir tres años de mandato, el Gobierno de Alberto Fernández continúa a su ritmo habitual la auditoría de lo realizado y advierte que no cuenta con financiamiento para continuar la obra. Los responsables del soterramiento durante la gestión Macri, que podrían regresar a sus sillas en Transporte en 2023, analizan que el tramo Villa Luro-Caballito podría ser en altura, como el proyecto concretado en el ramal San Martín que cruza Palermo, Chacarita, La Paternal y Villa Devoto.

La tuneladora no es comercializable de por sí. Es tan grande y compleja, que se arma especialmente para cada proyecto y sólo se podrían vender algunas de sus partes. Varado en Villa Luro, el monstruo excavador mira a sus espaldas un agujero de 11,5 metros de diámetro a 22 metros bajo tierra que nadie transita.

SL

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

2022 era, en los papeles, la fecha señalada para que estuviera listo el soterramiento del ramal eléctrico del ferrocarril Sarmiento, que une Once con Moreno. El objetivo no estará cumplido: desde fines de enero de 2019 esa obra no avanzó ni un centímetro. En cambio, 2022 será el año de una efeméride redonda y feroz para esa línea de tren que usan alrededor de 300 mil personas por día: este 22 de febrero se cumplen 10 años de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas -incluida una mujer que transitaba un embarazo avanzado- y resultaron heridas otras 789.

Fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación, del que depende la unidad dedicada especialmente al soterramiento de la línea, sostuvieron ante la consulta de elDiarioAR que hace pocas semanas terminó una auditoría llevada a cabo por la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) para evaluar el estado de situación de la obra y revisar los contratos.

Esa auditoría será revisada por la comisión evaluadora ya conformada que forma parte de la Unidad de Soterramiento del Sarmiento para determinar cuál es el mejor camino a seguir con una obra que frenó a fines de enero de 2019 y nunca más avanzó. Consultadas sobre en qué plazos la comisión evaluadora podría emitir una recomendación sobre qué hacer, las fuentes del ministerio dijeron que ahora mismo se desconoce ese plazo.

En las últimas dos décadas, el soterramiento del Sarmiento corrió destinos similares a la inauguración de algunos hospitales, la construcción de escuelas o jardines de infantes, la extensión del subte porteño o la creación de algunas rutas: nunca se cumplió. La primera vez que fue anunciado se limitaría al recorrido entre Caballito y Villa Luro: el proyecto fue presentado por la Ciudad en 2001, cuando Aníbal Ibarra era Jefe de Gobierno. Bajo la promesa que lo que hasta ese momento eran estaciones de tren iban a ser espacios públicos de esparcimiento, la iniciativa se llamó “Corredor Verde del Oeste”. El estallido socioeconómico de diciembre de ese año enterraría no el ferrocarril sino la intención de hacerlo correr a 22 metros de profundidad.

La idea volvió a sonar recién en 2006, hubo anuncios y pre-adjudicaciones, pero recién en 2012, ya con una gestión a nivel nacional y durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se aseguró que se contaba con un financiamiento de 3.000 millones de dólares de parte del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de Brasil. Para ese entonces, ya se había producido la tragedia de Once y, un año antes, la de Flores: en septiembre de 2011, en esa estación en la que la barrera funcionaba mal, un colectivo de la línea 92 fue embestido por el tren, que a la vez descarriló e impactó con el que venía en sentido contrario. Murieron once personas.

La idea de que el ferrocarril Sarmiento no conviviera con el tránsito peatonal y vehicular no fue novedosa ni siquiera cuando empezó a anunciarse el soterramiento, apenas iniciado el siglo XXI. Exactamente un siglo antes, en 1901, la Ciudad ya se proponía que ese tren no tuviera pasos a nivel. Fue por eso que entre 1903 y 1905 se concretó la obra para que, entre Once y Caballito, el recorrido fuera “en trinchera”, es decir, a cielo abierto pero unos metros por debajo del nivel de los peatones y los autos.

Muchos años más acá, el soterramiento pretendía hacer que el ferrocarril circulara a 22 metros de profundidad a lo largo de dos túneles de 17 kilómetros de extensión. A la vez, la instalación de puentes y túneles terminaría de eliminar los pasos a nivel a lo largo del ramal eléctrico del ferrocarril. A los vecinos linderos de la Ciudad y de seis municipios del oeste del Gran Buenos Aires les prometían menos accidentes, revalorización de sus inmuebles y espacios verdes en las zonas en las que estaban acostumbrados a ver rieles, barreras y las piedritas que le hacen de suelo a la circulación de trenes.

Argentina compró la tuneladora necesaria para abrirle camino subterráneo al tendido férreo: se trata de una máquina alemana que llegó en 2011 al puerto de Zárate y que, a través de un obrador de 11 hectáreas armado en la estación de Haedo, bajó a empezar su recorrido a mediados de 2012. La reacción oficial a la tragedia de Once había transformado el área de Transporte en ministerio y se apuraban las gestiones para cambiar las condiciones del ferrocarril que había protagonizado el desmán.

El objetivo de esa máquina era que ocho estaciones - Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía y Haedo- quedaran bajo tierra. Desde Haedo hasta Castelar, más hacia el oeste, se construirían vías “en trinchera” y otro túnel, pero hecho como se suele hace el subte porteño, es decir, con trabajadores picando la tierra. Desde Castelar hasta Moreno se construirían puentes y túneles para peatones y vehículos, de forma de evitar accidentes y de agilizar el tránsito.

En el obrador desde el que bajó la tuneladora se fabricaban también las dovelas, piezas de hormigón que iban sellando la bóveda a medida que la máquina alemana avanzaba. Con su parte de adelante la tuneladora cava, con la parte de atrás, arma el anillo por el que pasaría el ferrocarril.

Soterrar el Sarmiento, según proyectaba el Estado, bajaría la demora del tren: podrían pasar de una frecuencia de 10 a 7 minutos e incluso a 3 con la obra terminada. El proyecto prometía mejorar el escenario en zonas donde los pasos a nivel llegaban a estar cerrados hasta cuarenta minutos por cada hora. Buscaban eliminar 49 pasos a nivel por los que iban y venían alrededor de 20.000 autos cada año.

El primer gran obstáculo fue que el crédito del BNDES, un compromiso adquirido de palabra, tenía una condición: que la empresa brasilera Odebrecht fuera parte del consorcio que llevara adelante la obra. El estallido del escándalo por corrupción de esa firma frenó su participación en el soterramiento e, indirectamente, la llegada de los 3.000 millones de dólares prometidos. Aún así, con dinero de partidas del Ministerio de Economía, la máquina bajó a las profundidades y empezó su camino: la primera etapa la llevaría de Haedo a Villa Luro.

La parada en Villa Luro sería más larga que en las estaciones previas. Allí se construyó un obrador para hacer salir la tuneladora y, durante unos veinte días, hacerle tareas de mantenimiento antes de que continuara su camino hasta Caballito. Sin embargo, la parada se extendió indefinidamente. A fines de enero de 2019, los periodistas Pedro Gianello y Alejandro Alfie publicaron en el diario Clarín que la obra estaba frenada y que más de 100 trabajadores vinculados al soterramiento habían sido suspendidos. Cuando la obra se anunció, se esperaba que el soterramiento generara 2.000 puestos de trabajo de forma directa.

Cuando se dio a conocer la noticia, el entonces titular del Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que se trataba de una interrupción por mantenimiento. Pero en un contexto de recorte del gasto público la interrupción se volvió continua y, hasta este mismo momento, no se reanudó la tarea.

Fuentes gremiales consultadas por elDiarioAR reconstruyen: “Desde ese momento no se movió nada más. Reubicaron a los trabajadores en algún trabajo vinculado a una planta purificadora Riachuelo y, si hay que hacer algún mantenimiento en alguna de las estaciones, llevan a algún obrero y después vuelve a su tarea rutinaria. Lo que pasa a veces es que hay que hacer mantenimiento para que no haya acumulación de agua en lo que se cavó”.

Esas fuentes detallan que no tienen información sobre cuándo podría reactivarse la obra pero estiman que no llevaría más de 20 días para, en cuanto a lo técnico, estar en condiciones de reanudarse el soterramiento. “Ya no hay trabajadores de la construcción en los obradores pero sí hay guardias de seguridad en cada una de las estaciones entre Haedo y Caballito. En algunos casos, como en Ramos Mejía, hay hasta un carril menos de la avenida Rivadavia porque no se desarmaron los pequeños obradores que se instalaron en las estaciones intermedias”, explican.

A falta de soterramiento, el Ministerio de Transporte aplicó un parche. Empezó a instalar puentes modulares de hierro y hormigón hechos en el astillero Tandanor. Son puentes vehiculares que sirven para evitar accidentes y la congestión de tránsito asociada al paso nivel. Ni los espacios verdes prometidos, ni la mayor frecuencia del ferrocarril, ni la revalorización de los terrenos linderos a las estaciones vienen de la mano de la instalación de esos puentes que, según fuentes de esa cartera de la Nación, “ya están en tres o cuatro estaciones del ferrocarril Sarmiento”. En total, se prevé armar entre 12 y 14 puentes de ese tipo.

Un anuncio del Municipio de Haedo de enero de 2021 da una pista sobre qué esperar respecto de la reactivación de la obra: parte del obrador de 11 hectáreas se convertirá, durante este 2022, en una base policial para monitorear la seguridad de ese territorio. Mientras tanto, un grafitti en Rivadavia al 16900 conserva la reacción de los primeros días posteriores a la suspensión del trabajo de infraestructura por tiempo indeterminado: “No al cierre de la obra”, dice. El tiempo que pasó entre esa suspensión y esta época de puentes modulares despintó bastante las letras. Pero resiste, como el obrador en el que habrá policías para mejorar la seguridad en una zona a la que le habían prometido otra cosa.

JR/SH

Documentos inéditos del caso Lava Jato revelan presuntos pagos ilegales de la constructora Odebrecht por los gasoductos en Argentina y el registro de dos destinatarios de supuestos pagos indebidos por el “proyecto Sarmiento”, que correspondería al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, según las planillas analizadas en los últimos días por elDiarioAR.

Se trataría de los pagos más antiguos registrados en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht con respecto a obras en Argentina. Hasta el momento, se conocían este tipo de registros del periodo 2010-2014. Los documentos que salen ahora a la luz incluyen pagos registrados en 2006 por obras de la constructora en el país. Convoca.pe, medio digital de periodismo de investigación en Perú, tuvo acceso a las planillas y las compartió con elDiarioAR, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato. 

Las nuevas planillas y documentos surgen del material entregado en las últimas semanas por la Procuraduría Federal de Brasil al Ministerio Público de Perú, y contiene una gran cantidad de nuevos seudónimos o codinomes (en portugués) que ocultan a personajes supuestamente sobornados por la constructora brasileña en Perú. En varios de los registros aparecen también pagos y destinatarios en clave por obras de otros países, entre ellos, Argentina. 

El Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña manejaba la “caja 2” de la compañía, es decir, la contabilidad de pagos ilegales, indebidos, sobornos y gastos relacionados con actividades de lavado de dinero de la corrupción, según admitieron altos ejecutivos y el propio Marcelo Odebrecht ante la Justicia brasileña y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que bautizó en 2016 al área que elaboraba las planillas como el “departamento de sobornos”. 

A diferencia de publicaciones anteriores, estas planillas tienen un formato diferente. No son archivos de excel sino documentos de organización contable interna. Además, en algunos casos, hay destinatarios con nombres en clave pero sin montos asignados. En ambos casos, los documentos surgieron de la causa judicial en Brasil, según pudo corroborar este medio.

En Argentina, Odebrecht y sus socias locales son investigadas en tres causas judiciales: la investigación sobre el soterramiento del Sarmiento -sólo se procesó a los exfuncionarios-; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-. En los tres casos se investiga el supuesto direccionamiento de las licitaciones y presuntos sobornos a funcionarios. 

“Gasoducto San Martín”

El 21 de diciembre de 2006, el Departamento de Sobornos de Odebrecht registró un pago de US$162.790,70 para el apodo “Barbie”, según una de las planillas obtenidas por los fiscales de Perú. 

Este tipo de pagos eran solicitados u ordenados por los Directores Superintendentes o DS de cada país en los que operaba Odebrecht, quienes quedaban registrados en las planillas de la contabilidad paralela con sus iniciales. En este caso, se anotó a “FF”, quien sería Favio Faria, entonces a cargo del área de Ingeniería de Odebrecht en Argentina. Así lo identificaron fuentes directas de la compañía, que aclararon que el entonces jefe directos de Faria en Brasil (el ejecutivo Marcio Faria) se hizo cargo ante la Justicia de Brasil de haber autorizado esos pagos que figuran vinculados a Flavio.

“Barbie” ya había aparecido en otras planillas con anterioridad. Por las obras en Argentina, también se registraron pagos a dirigentes de Brasil por al menos 2.860.000 reales (unos US$950 mil) entre agosto y septiembre de 2010. Fueron registrados con los apodos “Drácula”, “Barbie”, “Campones” y “Ferrari”, como reveló Perfil en 2017.

A partir de 2005, Odebrecht participó en la ampliación de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). En Brasil, los delatores identificaron a dos mujeres como “Barbie”.

La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas.

Odebrecht.

“Dutos Argentina”

Desde 2007, Odebrecht también participó en la ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias. En las planillas obtenidas por los fiscales de Perú, se registraron varios pagos en torno a la obra “dutos argentina”. El principal destinatario fue “Vinho” (vino, en portugués). Aparece relacionado a ocho pagos por un total de US$663.938, entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de noviembre de 2006. De los ocho pagos, sólo cinco figuran como “ejecutados”.

Odebrecht se quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro constructoras para que realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos, BTU y Esuco. La licitación había sido hecha a medida de la empresa brasileña, según una investigación de Perfil publicada en 2018.

Durante 2006, otras personas fueron registradas con nombres en clave para recibir pagos por los “dutos Argentina”: “Bonito”, “Iluminado”, “Novatos” (principiantes) y “Duvidoso” (dudoso). Pero no se anotó ningún monto. Sin embargo, “Bonito”, “Novatos” y “Duvidoso” sí figuran en otras planillas con pagos en fechas posteriores por esta misma obra en Argentina.

Otro destinatario de pagos por los “dutos Argentina” en las planillas obtenidas por los fiscales peruanos es “Super Novos” (Super Nuevo). Aparece registrado con un pago por US$60.000, el 14 de diciembre de 2009. La ejecución del pago estuvo a cargo de “Gigolino”, el alias del financista Olivio Rodrigues Junior, uno de los encargados de hacer llegar el dinero a los destinatarios. Gigolino declaró como arrepentido del Lava Jato en Brasil.

“Super Novos” también aparece como destinatario de una transferencia bancaria dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2011, por una suma de US$100.000 que partió de la cuenta de la offshore Klienfeld, reconocida por los arrepentidos de Odebrecht como una de las firmas fantasma utilizadas para pagar coimas. “Super Novos” recibió el dinero en una cuenta a nombre de Wheaton Corporation SA, otra offshore de Panamá con cuenta bancaria en las Antillas Holandesas, según el pago registrado en una planilla.

En otra planilla, figura “Brancos” (Blanco) con un pago por US$2 millones, anotado el 11 de enero de 2010.

Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido.

Rafael Vela Barba. — Cordinador del equipo de fiscales del Lava Jato en Perú.

Todos los pagos por los “dutos Argentina” fueron requeridos por “FF”, las mismas iniciales del encargado de negociar los contratos de los gasoductos con el gobierno de Kirchner: Flavio Faria.

En Argentina, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios están procesados por el direccionamiento de la licitación de los gasoductos a favor de Odebrecht pero la investigación por presunto pago de sobornos aún está en trámite.

“Proyecto Sarmiento”

Los datos sobre obras de Argentina en la nueva tanda de planillas que salen a la luz son escasos, pero aportan información nueva, aunque aislada. Por ejemplo, por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento surgen dos posibles destinatarios de pagos ilegales apodados “Gardelón” y “Mudinho” (tonto o tonta). 

No hay montos asignados para “Gardelón” y “Mudinho” en las planillas a las que tuvo acceso elDiarioAR, pero los codinomes o apodos quedaron registrados para recibir pagos relacionados con el “proyecto Sarmiento”.

Los datos sobre el “proyecto Sarmiento” fueron registrados a pedido de “MC”. Mauricio Couri Ribeiro era el encargado del área de Infraestructura de Odebrecht en Buenos Aires, la rama a cargo del soterramiento. En Brasil, su jefe directo, Luiz Mameri, se hizo responsable ante la Justicia por los pagos vinculados a Couri.

La obra del soterramiento se anunció en diciembre de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, se abrió una licitación para la primera etapa del proyecto: los trabajos iban a realizarse entre las estaciones de Once y Liniers. 

El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios para competir por la licitación del soterramiento. Uno de ellos era liderado por Iecsa e integrado por Odebrecht, la española Comsa y la italiana Ghella. Iecsa era propiedad de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y futuro presidente, Mauricio Macri. La alianza empresaria se llamó  Consorcio Nuevo Sarmiento y quedó pre-calificado como el mejor oferente.

El 7 de junio de 2007, tras la celebración de audiencias públicas, el gobierno modificó la licitación y el proyecto pasó a tener tres etapas, en lugar de una. El consorcio que integraba Odebrecht ganó la licitación pública el 23 de enero de 2008, con Cristina ya a cargo de la Presidencia.

La obra nunca avanzó debido a supuestas trabas para obtener el financiamiento privado. En 2016, el gobierno de Macri quiso financiar la obra con fondos del Estado, hasta que el Lava Jato cruzó las fronteras al sur de Curitiba. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expuso las confesiones de ejecutivos de la constructora brasileña: habían pagado “al menos” US$35 millones en sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El informe habla de “al menos” tres obras de infraestructura comprometidas y revela que la empresa obtuvo “beneficios”económicos por US$278 millones en el país durante ese período.

La nueva información

Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público en Lima, dijo al Convoca.pe: “Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido (sobre los nuevos 'codinomes'). Pero ciertamente tiene que haber una muestra de interés para que esta información sea trasladada de acuerdo con las formalidades de la cooperación internacional”.

“Estamos a disposición. De la misma manera en que fuimos apoyados y respaldados en Brasil, también seremos solidarios con quienes estén interesados en develar los graves casos de corrupción y lavado de activos relacionados con Odebrecht, y que puedan significar el avance de sus investigaciones”, añadió el fiscal ante la consulta.

Las planillas necesitan ser interpretadas por los hombres de Odebrecht. Por ejemplo, en el caso de los documentos obtenidos por Perú, llevan dos fechas distintas: los pagos habrían sido pactados durante 2006 pero hay un registro contable que se repite en todas las planillas de ese año: 11 de abril de 2008, que podría referirse a cuestiones contables internas del departamento de sobornos. En las planillas también se dejó asentado que los pagos relacionados con estas obras pertenecían al “Programa Verba” (progama presupuesto, en portugués), una forma de organización interna de los pagos del departamento. Además, algunos apodos se habrían utilizado para más de una persona, según explicaron algunos de los responsables del área ante la Justicia brasileña.

El área de Operaciones Estructuradas también habría pagado bonos a los ejecutivos de Odrebrecht en los países en los que no podían cobrar las bonificaciones en dólares de manera oficial, debido a las restricciones cambiarias, según explicó una fuente de la compañía a elDiarioAR.

Ante la consulta de elDiarioAR, la sede central de Odebrecht en Brasil respondió: “La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas”. La empresa también afirmó: “La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas”. 

La Procuraduría de Brasil ya envió al fiscal Franco Picardi y al juez Marcelo Martínez De Giorgi registros de transferencias y pagos de Odebrecht relacionados por supuestos sobornos a funcionarios argentinos y las confesiones en video de los dos ejecutivos que describieron los pagos ilegales en el país, Luiz Mameri y Marcio Faria, dos de los ex popes de la constructora con sede en Brasil. Sin embargo, no enviaron datos sobre quiénes son los destinatarios de estos pagos y tampoco identificaron a las personas detrás de los apodos de las planillas, según fuentes judiciales consultadas.

Odebrecht también respondió a elDiarioAR: “En los últimos cinco años, a partir de la implementación de mecanismos reconocidamente estrictos para fortalecer su gobierno corporativo y su sistema de integridad, la Compañía ha podido demostrar una actuación ética, integra y transparente en todos los países en que actúa,  previniendo y evidenciando la inexistencia de cualesquiera nuevos hechos indebidos”.

La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas.

Odebrecht.

Antecedentes

Las planillas obtenidas por los fiscales peruanos se suman a otra serie de documentos obtenidos previamente por dos iniciativas periodísticas entre 2017 y 2019: Investiga Lava Jato -liderado por Folha de Sao Paulo y Convoca.pe- y el proyecto Departamento de Sobornos, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Las primeras planillas del Departamento de Coimas de Odebrecht salieron a la luz en junio de 2017, reveladas por la investigación transnacional Investiga Lava Jato, en la que participó Diario Perfil por Argentina. De allí, surgía que el ex Director Superintendente de  Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faria, ordenó el pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios argentinos identificados con los alias “Duvidoso”, “Festança”, “Síndico”, “Bonito” y “Pato”. Las obras vinculadas entonces a los pagos eran los gasoductos, como el Libertador General San Martín, y la refinería de YPF en La Plata.

En 2018, los periodistas de Investiga Lava Jato también revelaron pagos de supuestos sobornos por la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, uno de los proyectos de la empresa estatal Aysa. De acuerdo con las planillas, Odebrecht realizó pagos indebidos para esta obra de Aysa al menos desde 2010. “Río Grande”. “Caballo” “Raúl Seixas”, un apodo en honor al padre del Rock & Roll brasileño.

En 2019, una iniciativa de los medios Mil Hojas y La Posta, de Ecuador, y ICIJ con más de 50 periodistas en 10 países revelaron más de 13 mil documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Al menos once sobrenombres aparecían recibiendo dinero por obras de Argentina a través de un entramada de sociedades offshore: Rolha (corcho), Inseto (insecto), Cuca, Seguros, De Niro, Cavalo (caballo), Raúl Seixas, Río Grande, Facada (puñalada), Adiatamentos (adelantos) y Piloto.

La obra del soterramiento del Sarmiento apareció por primera vez en esta tanda de planillas de pagos ilegales. El destinatario del dinero fue identificado con el apodo “De Niro”. Recibió un pago de US$193.500 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading SA. La Justicia argentina atribuye esta empresa al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, allegado al ex ministro Julio De Vido. El empresario niega que esa sociedad haya sido suya o haber participado o recibido pagos ilegales de Odebrecht.

ED

Tras las revelaciones de Pandora Papers, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó vía exhorto a las autoridades de Suiza y de Islas Vírgenes Británicas información y movimientos bancarios de una sociedad offshore de Manuel Vázquez, ex asesor del secretario de Transporte Ricardo Jaime, que surgió de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reveló elDiarioAR junto con La Nación e Infobae el 23 de octubre último.

Vázquez, sus hijos y su esposa son investigados junto a Jaime y otros exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presuntos sobornos del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra obtenida en 2008 por las constructoras Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas niegan haber pagado coimas para ganar la licitación. Hasta el momento, Vázquez tiene un procesamiento por presuntas dádivas y el juez aún no ha decidido sobre la situación de su familia, indagada por última vez en 2019.

Vázquez, acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos de Jaime, fue beneficiario final de la offshore Walsh Partners Corp., con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers. 

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la compañía, radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

En uno de los exhortos ordenados por el juez este lunes, Martínez De Giorgi solicitó a las autoridades de la Confederación Suiza que solicite información sobre la firma offshore al banco Merrill Lynch Bank Suisse para que indique si Walsh Partners Corp. “posee cuentas registradas en esa entidad, ya sea en el carácter de titular o beneficiario, durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009, y en su caso se remita información relativa a sus titulares, beneficiarios y apoderados, números de cuenta y movimientos durante el mencionado lapso temporal”, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

En el exhorto a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas, el magistrado requirió que se arbitren los medios para solicitar a la firma Trident Trust Company “ información relativa a la conformación de la firma Walsh Partners Corp. durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009”. Trident es el proveedor offshore que actuó como agente de la offshore en el archipiélago de bandera británica y ante el que Julián Vázquez solicitó los trámites de la compañía. El equipo argentino de ICIJ publicó el 23 de octubre los correos electrónicos y documentos oficiales obtenidos en Pandora Papers.

“En su caso deberá aportarse toda información con la que cuente relacionada a sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”, ordenó el juez del caso Soterramiento.  

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte, pero Pandora Papers reveló documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos mientras Jaime aún era funcionario. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco, aunque esta sociedad no es mencionada en los exhortos del juez hasta el momento.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

ED

Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a varias compañías multinacionales y brasileñas.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan. 

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.

Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.

Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.

En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.

No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. 

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

De Islas Vírgenes a La Plata

Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.

“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.

Mónaco

La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ. 

En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).

El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.

Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Arrepentido de arrepentirse

En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia. 

Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos.

Alcogal.

Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes. 

Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.

Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices. 

Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.

Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.

La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer.

Andrés Gramajo. — Abogado de los Vázquez.

El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo “adquisição de propiedades” desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.

Cerca de un veredicto

Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.

El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.

Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto,

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial. 

“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.

“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.

“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave”, concluyó el abogado.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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