La Cámara Federal de Casación Penal desestimó todos los planteos del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, aunque aceptó apartar al juez Julián Ercolini por su vínculo personal con el imputado, sin anular los actos ya realizados en el expediente.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes rechazaron los cuestionamientos de la defensa a la confirmación del procesamiento de Fernández como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Apartan al juez Ercolini, pero se acerca el juicio oral

Los camaristas también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los magistrados consideraron que los nuevos elementos aportados en audiencia daban sustento a la versión del exmandatario sobre la pérdida de relación con el juez, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.

Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con este fallo, Fernández queda a un paso del juicio oral por las acusaciones de violencia contra su ex pareja.

Con información de la agencia NA

El expresidente Alberto Fernández fue procesado por la Justicia en una causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez. La decisión fue tomada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, que además ordenó un embargo sobre sus bienes y restricciones de acercamiento. 

El juez dictaminó el procesamiento de Fernández como autor penalmente responsable de lesiones leves y graves agravadas, y amenazas coactivas, todos en concurso real. Además, le impuso un embargo de $10.000.000 y mantuvo la prohibición de contacto con Yañez, quien actualmente reside en Madrid. Además, el juez dispuso que no podrá mantener contacto con ella por ningún medio. Aunque se levantó la prohibición de salida del país, Fernández deberá informar cualquier cambio de residencia y notificar viajes de más de 72 horas.

La denuncia, presentada por Yañez el 6 de agosto de 2024, señala que Fernández ejerció violencia física y psicológica contra ella desde 2016 hasta 2024, con episodios que incluyeron golpes, zamarreos y amenazas, incluso durante su mandato presidencial y tras su embarazo en 2021.

La investigación incluyó testimonios, registros médicos, chats de WhatsApp y fotografías de lesiones, pruebas aportadas por el fiscal Ramiro González. El juez concluyó que las pruebas presentadas son suficientes para acreditar los hechos denunciados y destacó las secuelas psicológicas que Yañez habría sufrido como consecuencia de la violencia ejercida.

Según el fallo, la relación entre Fernández y Yañez estuvo marcada por un vínculo de poder asimétrico, en el que el exmandatario habría ejercido violencia psicológica de manera habitual, manifestada en hostigamientos, indiferencia, insultos y controles excesivos sobre su expareja. La investigación judicial también determinó que esta violencia escaló hasta alcanzar el plano físico, con episodios documentados de agresiones directas, como golpes y zamarreos.

En particular, Ercolini hizo hincapié en dos episodios centrales que sustentaron la acusación. Uno de ellos ocurrió en la madrugada del 22 de junio de ese mismo año, cuando el exmandatario, en medio de una discusión en la suite presidencial de la Quinta de Olivos, le habría propinado un golpe de puño en el ojo derecho. El segundo tuvo lugar durante agosto del 2021, cuando Fernández habría sujetado fuertemente del brazo a Yañez, provocándole un hematoma.

Por su parte, la defensa de Fernández negó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del tribunal, argumentando que Yañez tenía problemas psiquiátricos previos y que las pruebas eran insuficientes. Sin embargo, el juez rechazó estos planteos y dio curso al procesamiento.  

La causa se inició en agosto de 2024, cuando Fabiola Yañez presentó una denuncia formal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. La denuncia fue realizada mediante una videoconferencia desde Madrid con el juez Julián Ercolini. El juez Ercolini citó a Fernández a declarar el 11 de diciembre del mismo año en los tribunales de Comodoro Py. Pero el 10 de diciembre la defensa de Fernández solicitó que la causa fuera trasladada al fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando la incompetencia del juez.

Días después la Justicia concedió una prórroga en la causa, postergando la declaración indagatoria de Fernández hasta el 4 de febrero de 2025. Finalmente, en esa fecha, el exmandatario se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para su declaración indagatoria. Durante la audiencia, Fernández desmintió las acusaciones y se negó a contestar preguntas tanto del juez como del fiscal. Alegó que las pruebas en su contra eran insuficientes y que la causa tenía un trasfondo político.  

El juez rechazó las acusaciones de falta de imparcialidad que Fernández dirigió en su contra, señalando que la recusación del ex mandatario se basaba en argumentaciones personales y no en elementos objetivos que indicaran un interés indebido en el proceso. Ercolini subrayó que la investigación y el procesamiento de Fernández se sustentaban en pruebas contundentes, como testimonios, pericias médicas y registros forenses, los cuales confirmaban la existencia de un patrón de violencia psicológica y física en el marco de la relación con Yañez. 

MPL/MG

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El juez federal Sebastián Casanello resultó sorteado esta mañana para quedar al frente como subrogante del Juzgado Federal 11, lugar que está vacante desde la muerte de su titular Claudio Bonadio.

El sorteo se hizo en la Secretaría de la Cámara Federal porteña y, de esta manera, desde el 12 de febrero Casanello reemplazará a Julián Ercolini, el magistrado que estuvo al frente del juzgado 11 en los últimos años.

En este juzgado tramita la Causa Seguros que tiene como acusado al ex presidente Alberto Fernández.

En las últimas horas, la Cámara Federal porteña había rechazado un planteo del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros, en una resolución firmada por el juez Roberto Boico.

“Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento”, sostuvo el juez Boico sobre los planteos del ex presidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia.

Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 donde está radicada esta investigación y desde esa fecha lo reemplazará Casanello.

En noviembre pasado, el expresidente fue indagado por Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. Fernández negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

El expresidente es investigado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fernández está acusado por la Fiscalía de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Como Presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. 

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal porteña rechazó hoy un planteo del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros, en una resolución firmada por el juez Roberto Boico.

“Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento”, sostuvo el juez Boico sobre los planteos del ex presidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia.

Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 que está vacante y donde está radicada esta investigación.

Al respecto, mañana habrá un sorteo en los tribunales de Retiro para designar nuevo magistrado subrogante por el plazo de un año.

Ercolini quedó sin embargo en condiciones de definir situaciones procesales en la investigación porque esta semana concluyó la ronda de declaraciones indagatorias.

Fernández intentó por segunda vez apartarlo de la pesquisa; la primera fue sin éxito en junio del año pasado.

El lunes último el ex mandatario asistió en persona a una audiencia ante Boico junto a su abogada Mariana Barbitta e invocó “temor de parcialidad” y enemistad manifiesta por parte del juez, que debería ser apartado por “razones de decoro y delicadeza”, dijo.

Al dar detalles de las razones de esa enemistad, la abogada mencionó “razones de ideología política y también desde el plano personal”. También entregó impresiones en papel de capturas de pantalla que expondrían supuestos mensajes de texto entre el juez y Fernández. Además cuestionó la cobertura mediática que tuvo su declaración indagatoria del 27 de noviembre pasado y la tildó de “emboscada”.

Boico rechazó la recusación y advirtió que la documentación “conteniendo supuestos chats alojados en el teléfono celular de un tercero a la causa -no identificado-, carece de las condiciones mínimas exigibles para que sean considerados como prueba valorable en el enjuiciamiento incidental”.

Sobre la presencia periodística en la indagatoria “por los pasillos de los tribunales” y antes de su ingreso a la audiencia“, señaló que ”no es una situación que esté –ni reglamentariamente ni en la práctica- bajo el control o la organización del magistrado“.

“Tampoco lo es el interés que los medios puedan o no prestar al asunto. Las calificaciones empleadas por la defensa (habló de una suerte de ”emboscada“) hacen a su apreciación subjetiva al respecto y, en lo que a esta resolución concierne, responden a la arena de lo conjetura”, concluyó el camarista.

En la causa se investiga la gestión de brokers, entre ellos Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria del ex presidente, Maria Cantero, como intermediarios en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos.

Con información de la agencia NA

“En las muchas discusiones que en ese contexto tuvimos en la pareja jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez. La amé y respeté.  Abrí para ella todas las posibilidades de desarrollo invitándola a que me acompañe en su rol, en las giras internacionales y, fundamentalmente, dándole plena libertad para desplegar los programas que ideaba estando al frente de la Fundación del Banco Nación. Nunca cercené su libertad de movimientos y nunca le condicioné sus vínculos y amistades. Si debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo”. 

Ese párrafo central tiene el descargo del expresidente Alberto Fernández que presentó por escrito este martes durante su declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por violencia de género hacia su expareja. El texto cuenta con 222 páginas y el propio exmandatario lo colgó en sus redes sociales al salir de Comodoro Py. Allí asegura que las imágenes que trascendieron mediáticamente sobre Yáñez con el ojo morado son falsas y acusó al juzgado de haberlas filtrado a la prensa. En muchos tramos señala los problemas alcohólicos de su expareja como argumento de que él no fue el agresor en la pareja.

En tribunales Fernández se negó a responder preguntas del juez Julián Ercolini y el fiscal del caso Ramiro González. El expresidente sostuvo además que los testigos que declararon nunca dijeron haber visto de manera directa “semejante conducta” de su parte, al reclamar su sobreseimiento.

El exmandatario arribó a Comodoro Py 2002 a las 10.10 de la mañana y se retiró a las 11.30 sin formular declaraciones a la prensa, en medio de un estricto operativo de seguridad montado en el cuarto piso de los tribunales, sede del Juzgado.

El ex presidente hizo una breve exposición en la cual explicó por qué no respondería preguntas, reiteró que ayer recusó tanto al fiscal como al juez por su abierta enemistad -reclamo que no le fue atendido- y que según su punto de vista el juzgado no es “competente” para llevar el caso. El trámite duró unos 40 minutos, en el transcurso de los cuales se le leyeron al Fernández tramos de la imputación en su contra.

Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de definir si lo procesa, dicta falta de mérito o sobresee. La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos que presentó la defensa del ex mandatario. Fernández lo recusó a Ercolini, entre otras cosas, por ser uno de los funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido junto a directivos del Grupo Clarín.

La relación Fernández-Yáñez antes y durante el gobierno

Fernández comenzó su escrito con una alusión al modo en que fue tratado por la investigación judicial. Apuntó que el juez y el fiscal por cómo fue allanado su domicilio en Puerto Madero, la prohibición para que pueda salir del país, el secuestro de su celular -que consideró “inútil” y el rechazo de pruebas testimoniales que ofreció. “Han hecho todo lo necesario para acotar mi derecho de defensa e inducirme de ese modo a declararme culpable”, señaló.

Fernández cuestionó sobre todo la manera en el que el caso saltó a la luz, a partir de que se encontraron chats entre Yáñez y María Cantero (su secretaria privada) durante la investigación por la causa de los seguros en la que también está imputado el exmandatario. “Ese material estaba en un legajo reservado por el magistrado interviniente en ambos juicios. ¿Quién otro que no sea el juez o algunos de sus empleados de confianza (o el fiscal) pudo haber filtrado esa información a la prensa?”, acusó el exmandatario, incluyendo negritas en su texto para darle más énfasis al descargo. “Adelanto que resulta falso”, aseguró Fernández sobre la imagen de Yáñez con un ojo morado que trascendió mediáticamente.

En otro tramo del texto señaló: “Para que quede clara la imprecisión de la imputación destaco que la querella cambió tres veces la fecha de ocurrencia del presunto golpe en el ojo: primero dijo días antes del 12 de agosto de 2021; después sostuvo que el hecho ocurrió en algún día de julio del 2021 y finalmente concluyó que el 22 de junio de 2021 fue la fecha de ocurrencia de ese episodio”. También dijo sobre los golpes que denunció Yáñez: “¿Existieron las bofeteadas? La respuesta es no”. Fernández escribió extensos apartados para tratar de desvincularse de esas acusaciones.

Fernández relató en su descargo cómo conoció a Yáñez a partir de una entrevista que ella le hizo como estudiante de periodismo. Luego dio detalles sobre la infancia de la expareja, tiempo que pasó en Misiones al cuidado de su abuela materna. “Los años de Posadas los recordaba amargamente. Decía haber vivido en medio de muchas carencias económicas”, apuntó el exmandatario. Dijo que eran habituales en ella caer en “estados depresivos” y asumir una “tendencia a consumir alcohol”.

Además dio detalles sobre el momento en que Yáñez quedó embarazada en 2016 y decidió abortar. “Al cabo de unos días, recibí su llamada diciéndome que había interrumpido por decisión propia el embarazo”, escribió el exmandatario. Su versión choca con la que dio la propia Yáñez en su presentación judicial en agosto del año pasado: lo acusó de “violencia reproductiva” y apunto que expresidente tuvo una pésima reacción a la noticia de su hijo por nacer. “Hay que resolverlo. Tenés que abortar”.

Fernández asegura que Yáñez intentó rehabilitarse en la clínica Ineco del neurólogo Facundo Manes, hoy diputado por el radicalismo disidente. “Llamé a Manes, le adelanté lo que estaba pasando y le pedí que nos recibiera. Recuperé mi optimismo: Fabiola había decidido avanzar en un tratamiento. Por lo que, con premura llamé a Manes quien fue muy atento y diligente y rápidamente nos concedió la entrevista. Tras recibirnos, Manes, delegó la atención de Fabiola en personas de su equipo”, precisó el exmandatario. Yáñez no mencionó al neurólogo en su presentación judicial, pero sí hizo alusión a la clínica. Sobre ese tratamiento, Fernández planteó: “Jamás, en dos años de tratamiento psiquiátrico en INECO, hizo mención a que padeciera agresiones físicas de mi parte aun cuando dedicó mucho tiempo de su terapia a explicitar nuestras desavenencias”. 

El exmandatario se refiere al acoholismo de Yáñez en gran parte de sus pasajes. Detalla incluso situaciones ya como jefe de Estado. “En nuestro primer viaje al exterior (a Israel) protagonizó un destrozo en el cuarto al caer desmayada sobre una mesa plagada de botellas y copas por el alcohol que había ingerido en el cuarto. Esa noche no me acompañó a la cena que se había organizado, se quiso quedar en el cuarto”, escribió. 

Pero el punto de quiebre que Fernández anota sobre el estado personal de Yáñez fue con la filtración de la foto del cumpleaños que organizó ella en la Quinta de Olivos durante el confinamiento por la pandemia. “Creo que el quiebre en su ánimo estuvo dado por la difusión de una fotografía que alguien tomó e hizo trascender en las redes sociales cuando organizó una cena con motivo de su cumpleaños el 14 de julio de 2020, un momento en que reuniones de ese tipo estaban prohibidas en razón de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID 19”, recordó el exmandatario. “Todo eso se volvió un tormento para ella”.

La explicación de Fernández, que fue muy criticado por decir en un acto “mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho”, rememoró en su escrito al juzgado: “Fabiola organizó una cena que yo no debí haber permitido que se hiciera, porque mía era la responsabilidad política de impedirlo. Es cierto que ella me dijo que quería cenar con quienes estaban trabajando con ella en ese momento (no eran más de cinco personas) y yo no puse obstáculo alguno a la propuesta. Lo que nunca supe era la dimensión que finalmente tendría la cena”. El caso trascendió mediáticamente como “la fiesta de Olivos”.

Luego del nacimiento del hijo de la pareja, Fernández confirmó en su relato que Yáñez pasó a vivir en la casa de huéspedes de Olivos para permitirle al entonces mandatario descansar, pero él señalo sobre la mudanza: “Allí tenía mayor libertad para acceder al alcohol y poco a poco convirtió lo que era un traslado temporal en algo definitivo”. Incluso recordó que la entonces primera dama llegó a estar ebria en situaciones sociales oficiales.

En ese momento del escrito es que Fernández descargó su principal línea sobre su expareja: “Nunca cercené su libertad de movimientos y nunca le condicioné sus vínculos y amistades. Si debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo. En los momentos de embriaguez, ella se ponía violenta, me atacaba con una fuerza singular. Yo solo atinaba a atajar sus manos para evitar sus golpes”. 

El episodio cuando la Selección ganó el Mundial

Uno de los pasajes más curiosos del relato de Fernández es cuando recordó el día en que la Selección argentina de fútbol ganó el Mundial de Qatar. El expresidente lo contó como una defensa propia a la acusación hecha por Yañez de que ejercía sobre ella violencia psíquica y control, además de propinarle golpes físicos. Fernández recordó que la noche en que el equipo capitaneado por Leo Messi arribó a Ezeiza, Yáñez pidió a los choferes oficiales que la trasladen desde la Quinta de Olivos al aeropuerto.

El entonces mandatario se habría enterado durante la madrugada, cuando no encontró a Yáñez en su habitación. “Una persona de la custodia me llama y me informa que estaban atascados en la Autopista Richieri llevando a la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pedí a la persona que la custodiaba que me comunicara con Fabiola pero me respondió que estaba absolutamente dormida y era imposible despertarla. Entonces les pedí que regresaran. Cuarenta y cinco minutos después, ya eran casi las 03:00 AM, arribaron a la Residencia y debí ayudar a Fabiola a bajar del auto y llevarla abrazada hasta el cuarto porque no podía mantenerse en pie de lo alcoholizada que estaba. Le quité la ropa y la cubrí con sábanas mientras ella se sumía en un sueño muy profundo”. 

“La decisión de hacerla regresar no fue producto de mi posición de privilegio en una relación asimétrica. Fue un acto de profundo amor y cuidado a Fabiola Yañez. ¿Alguien imagina lo que hubiera significado que los medios de comunicación hubieran visto llegar a la Primera Dama en ese estado de ebriedad a recibir a la Selección Nacional?”, escribió el exmandatario.

La relación luego de dejar el poder

Fernández relató también en su escrito cómo fue la relación de la pareja luego de que él dejó el cargo como presidente. Confirmó que se mudaron a Madrid, España, para alejarse del foco mediático pero el exmandatario apuntó que fue una decisión a pedido de Yáñez. En su descargo precisó otra situación en la que la exprimera dama terminó alcoholizada y dijo que fue el límite para la pareja. Señaló que luego de la separación le dejó una cuenta bancaria con una cuantiosa suma de dinero: “En el momento que mi teléfono celular fue secuestrado por este tribunal, en la sucursal del Banco de Santander ubicada en la calle Serrano 57 de la ciudad de Madrid, la cuenta corriente identificada IBAN: ES47-0049-0151-5224-1106-3241 (SWIFT: BSCHESMM), registraba un saldo positivo superior a los 17.000 euros. Hoy, a pesar de la millonaria cuota alimentaria que percibe, esa cuenta la ha vaciado”.

Fernández le reprochó a su expareja el pedido de perimetral y la prohibición que tiene de viajar, por lo que no puede ver a su hijo. “La Justicia Civil me ha impuesto provisoriamente la obligación de aportarle, el 30 % de los ingresos que percibo como retiro de la presidencia. Debe ser la cuota alimentaria más alta que la Justicia argentina haya impuesto. Se de fiscales a los que la justicia le sustrae el 20 % de sus ingresos para cubrir los gastos de una ex mejer y más de un hijo. En mi caso, el porcentaje es muy alto si se tiene en cuenta que busca cubrir el sustento de un menor de poco más de dos años”.

El exmandatario contó además los permenores del momento en que la noticia del caso de violencia de género trascendió en el diario Clarín y relató una conversación en la que Yáñez le dijo que no iniciaria acciones en su contra. “Le respondí que sólo quería que dijera la verdad y que la 'ganancia' estaba precisamente en contar la verdad y no alimentar un show mediático en torno a una cuestión inexistente”, aseguró Fernánez.

Luego señaló a la periodista Sandra Borghi del grupo Clarín, que entró en contacto con Yáñez y le habría ofrecido hacer un documental sobre su historia, y reveló conversaciones con su ya expareja. “No quiero compromisos… quiero el efectivo que me garantice el futuro”, le habría dicho Yáñez a Fernández, según su relato. “Volvió a reiterar su demanda, en la que prácticamente era pagar más de los tres millones de dólares que tenia de oferta, para que no mintiera. Es decir, yo debía pagar para que Fabiola no mienta. Mi respuesta al respecto fue tajante: 'Entonces me estas extorsionando y yo con extorsionadores no hablo'”, apuntó el exmandatario.

En su últimas líneas del apartado, Fernández apuntó: “Tras la publicación/filtración del 'no instar la acción' en mi contra y buscando escapar al cuadro extorsivo impuesto por Fabiola Yañez le propuse poner fin al debate público con un comunicado conjunto en el que los dos explicábamos la situación. Todo fue en vano”. Y remató: “Así comenzó este proceso que la historia registrará como la más formidable estafa procesal que se haya hecho”.

MC

El expresidente Alberto Fernández se presentó hoy en los tribunales de Retiro para participar de una audiencia ante la Cámara Federal porteña en un intento de apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros.

Fernández arribó poco antes de las 13 al segundo piso de Comodoro Py 2002, sede del tribunal de apelaciones, e ingresó a la audiencia ante el camarista de la Sala II Roberto Boico junto a su abogada Mariana Barbitta. El expresidente resolvió participar del trámite pese a que su presencia no era necesaria y con la de su defensora bastaba.

Primero expuso Barbitta, quien entregó al magistrado transcripciones de presuntos intercambios de mensajes entre Fernández y Ercolini entre 2017 y 2018, y luego habló el ex presidente.

Fernández dijo al juez que Ercolini busca dejarlo “preso” en esta causa porque “lo detesta” y actúa en “venganza”, al reiterar que debe hacerse lugar a la recusación y apartarlo del caso.

Ahora el juez Boico deberá tomar una decisión en relación a si considera que existe o no “enemistad manifiesta” por parte del magistrado hacia el ex presidente.

Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado en esta investigación y esta semana concluirá la ronda de declaraciones indagatorias.

Ahora el juez debe definir su situación procesal y la de los demás acusados ya indagados, entre ellos su ex secretaria privada María Cantero y su marido y “broker” de seguros Héctor Martínez Sosa, sospechado de haber sido beneficiario por Nación Seguros en la intermediación de la mayor parte de las contrataciones investigadas.

Se investigan delitos en la gestión de pólizas de seguro para organismos públicos.

La Causa Seguros

Según la acusación del fiscal Carlos Rivolo, con la firma de un decreto que dispuso que todas las dependencias públicas debían contratar seguros través de “Nación Seguros SA”, se abrió la puerta a una intermediación de “brokers” innecesaria y a un “direccionamiento irregular” en esas contrataciones entre 2019 y 2023.

Se calcula que Martínez Sosa habría cobrado con su empresa 360 millones de pesos en comisiones, pero esta cifra aumenta si se comprueba que usó otras compañías vinculadas a su persona.

Fernández está imputado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Tanto al expresidente como al resto de los 44 acusados se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´Nación Seguros SA ´”.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros SA”, detalla la imputación.

Con información de la agencia NA

El expresidente Alberto Fernández fue indagado este miércoles por el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. El exmandatario negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

“Fue una audiencia tensa al principio”, dijo la penalista a la prensa al término de la declaración de Fernández, quien dejó el edificio de los tribunales federales de Retiro resguardado por su custodia oficial. La tensión, explicó Barbitta, fue en el marco del planteo de Fernández para que el juez Ercolini se aparte del expediente.

Fernández inició la audiencia de indagatoria planteándole al juez del caso que se maneja con arbitrariedad y que debe apartarse de la causa. “No está ante un juez imparcial, no le garantiza seguridad y tranquilidad”, dijo la abogada a la salida de los tribunales.

Fernández fue indagado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La acusación es “infundada, falsa y arbitraria”, dijo la abogada del expresidente. “Fernández no benefició a nadie y el decreto que firmó impedía la intermediación” en la contratación de seguros, afirmó la penalista.

Según la abogada “hubo direccionamiento político” en la decisión de la Justicia de investigar el caso. “Este acto de indagatoria es nulo”, dijo la defensa.

Como presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

“El decreto es jurídicamente impecable y legítimo”, dijo Barbitta ante los medios. “El objetivo del decreto fue cortar la cartelización. Tiene antecedentes con YPF y otros organismos, con el propósito de limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior”, al contratas a empresas de capitales extranjeros.

Fernández dedicó parte de su escrito a explicar cómo son los procesos de contratación de seguros y que el decreto no posibilitó la intermediación de broker.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

ED/MG

Media hora antes de lo previsto, el expresidente Alberto Fernández llegó este miércoles a los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por el juez federal Julián Ercolini en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Se espera que el exmandatario declare ante el magistrado y el fiscal federal Carlos Rívolo, según adelantaron a elDiarioAR fuentes ligadas a la defensa de Fernández. En la indagatoria, el imputado puede negarse a declarar, pero el expresidente accedería a dar su versión de los hechos, acompañado por su abogada, la penalista Mariana Barbitta.

Fernández había solicitado la anulación del llamado a indagatoria pero el juez Ercolini rechazó su pedido y ratificó que debe presentarse este miércoles. Así, el expresidente debió abandonar el aislamiento en el que se mantiene desde que se conocieron las denuncias por violencia de género por parte de su ex pareja, el 6 de agosto pasado.

En la causa judicial Nación Seguros se incorporaron fotografías encontradas en el teléfono celular de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, donde se ve al entonces presidente y a Martínez Sosa reunidos en una dependencia de la quinta de Olivos, frente a gráficos y papeles, informaron fuentes del caso.

En el caso conocido como la causa de los seguros, el expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La empresa favorecida es Nación Seguros SA, pero en particular, según la acusación, el beneficiario sería Martínez Sosa, quien oficiaba como representante de la compañía y recibía comisiones por cada organismo que contrataba el seguro señalado.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Fernández abrirá la ronda de indagatorias, que alcanza a otros 38 acusados y está citado a partir de las 10 de la mañana.

El 11 de diciembre tendrá que concurrir a la segunda citación ante el mismo juez, pero en otra causa penal: está denunciado por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez.

ED con información de agencias.

El fiscal federal Ramiro González solicitó la indagatoria del expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones y coacciones que habrían tenido como víctima a la ex primera dama Fabiola Yáñez y que le valdrían una pena de hasta 18 años de prisión, de acuerdo a fuentes de la fiscalía consultadas por elDiarioAR.

La fiscalía planteó que Fernández debe ser indagado por el juez federal Julián Ercolini por dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama –también doblemente agravada– y el delito de coacciones para que Yánez no denunciara los hechos de violencia.

El fiscal recabó prueba de los teléfonos de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y de la propia Yáñez; tomó declaración a Yáñez, a María Cantero, al ex Intendente de Olivos Daniel Rodríguez, a la madre y hermana de Fabiola, a la periodista Alicia Barrios, y a los médicos presidenciales Saavedra y Alem. También prestaron declaración testimonial la esteticista Florencia Aguirre, Sofia Pacchi, la niñera Noelia del Valle Gómez, el ama de llaves Cinta Tonietti, entre otros.

Durante los últimos tres meses, se analizaron los registros de ingresos y egresos de Olivos de todo el mandato presidencial de Fernández; los registros de llamadas telefónicas entre Fernández y Yáñez desde 2016; y se incorporó y analizó documentación médica del Sanatorio Otamendi, la clínica Fertilis, el Hospital Universitario de Madrid y del Instituto de Neurología Cognitiva INECO.

En el expediente, se incorporaron fotos, videos aportados por la querella y la defensa; y registros de la actividad oficial del entonces presidente y de la entonces primera dama: actos, conferencias y viajes oficiales. Se realizó un relevamiento de medios de donde se extrajeron otras tantas imágenes, videos y declaraciones públicas de utilidad para la investigación y se agregaron extensos informes psicológicos y psiquiátricos productos de entrevistas de profesionales con Fabiola Yáñez, según informaron fuentes de la fiscalía a elDiarioAR.

El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió a la fiscalía sostener que el expresidente Fernández “ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación”, comunicó la fiscalía este lunes. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica.

Para la fiscalía, Yáñez vivió en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde 2016 hasta que se formalizó la denuncia. En ese periodo, “Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, planteó la fiscalía.

De acuerdo a las constancias de la causa, existieron episodios agudos y la violencia luego se convirtió en habitual ya durante el mandato de Fernández como presidente de la Nación. Durante la convivencia de la pareja en la Quinta de Olivos se relataron agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos y distintos golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de Yáñez.

Lesiones

Una de las lesiones imputadas, correspondiente a los meses anteriores al 12 de agosto de 2021, provocó un moretón en el brazo de Yáñez, producto de un agarrón o zamarreo de Fernández dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos y cuya fotografía envió Fabiola Yáñez a María Cantero por Whatsapp en esa fecha.

La segunda lesión ocurrió entre la noche del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio de 2021. En ese momento, cuando la pareja se encontraba en la cama de la habitación principal del chalet presidencial de la Quinta de Olivos, Fernández golpeó a Yáez en el rostro y le provocó una lesión en su ojo derecho que inició con dolor y enrojecimiento para, luego, ir cambiando su tonalidad –hasta ponerse negro– en los días posteriores.

La fiscalía sostiene que, de acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid. Ese destino fue elegido por Fernández, quien supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España.

Madrid

Mientras Yáñez residía en Madrid, “condicionada económicamente por su agresor” ocurrieron “anuncios de suicidio; recuerdos de las necesidades de su hijo, Francisco; pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia; y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia”. Mientras tanto, “la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal”.

Las agresiones habrían durado ocho años. Profesionales psicólogas del Ministerio Público Fiscal remarcaron en el expediente el desgaste emocional de Yáñez y anotaron el impacto en su estado anímico, la voluntad y vitalidad. A esto sumaron la existencia de un fondo emocional depresivo con la predominancia de sentimientos de humillación, vergüenza, soledad miedo y desconfianza.

A su vez, el fiscal resaltó que la médica psiquiatra presentada por la querella, luego de analizar estos aspectos, concluyó que se advertían múltiples secuelas de daño psíquico reactivo a situaciones de violencia sistemática y crónica sufridas por Yáñez.

ED

El fiscal federal Ramiro González prepara un pedido de indagatoria al expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia doméstica, de acuerdo a fuentes directas de la causa consultadas por elDiarioAR. La causa, iniciada tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez, ingresa así en un nueva etapa clave, en la que el juez Julián Ercolini deberá decidir si están dadas las condiciones para indagar al exmandatario.

Fernández ya fue citado por Ercolini en los últimos días a otra declaración indagatoria por presuntos hechos de corrupción en la causa de los seguros.

Fernández está imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, de acuerdo al dictamen fiscal de imputación. Fernández niega las acusaciones de Yáñez.

El fiscal señaló en aquel escrito que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Durante los últimos tres meses, el fiscal González ordenó una serie de medidas de pruebas que incluyeron un desfile de testigos y el secuestro de dispositivos y teléfonos de Fernández y Yáñez.

Declararon desde María Cantero, exsecretaria privada de Fernández hasta Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. También Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola; Sofía Pacchi, amiga de la ex primera dama; y la periodista Alicia Barrios.

Además, fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos de 2021 a 2023 que hubieran registrado movimientos en el chalet residencial de Olivos y en la casa de huéspedes, a donde Yañez relató que tuvo que ir a vivir con su hijo.

González solicitó los antecedentes de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada, además de su historia clínica completa.

El inicio de la investigación

La denuncia de Fabiola Yañez sucedió luego de que en el marco de la causa Nación Seguros se detectaran conversaciones entre ella y la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, que daban cuenta de que existían situaciones de violencia de género. Ante esto, la Justicia le otorgó intervención a la Oficina de Violencia Doméstica, pero informó que no realiza evaluación de riesgo solamente en base a constancias escritas o imágenes sobre las que no se puede indagar, por lo que para verificar el hecho se necesitaba la comparecencia de la ex primera dama.

Según las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, en este contexto, el 28 de junio hubo una audiencia virtual entre Yañez y la Justicia donde ella expresó que “no deseaba dar impulso a la acción penal”, pero el 6 de enero cambió de idea y declaró. Dijo que la vez anterior había decidido no avanzar “debido a que no se encontraba en condiciones aptas para tomar una decisión en relación con ello ya que le fue solicitado que no lo hiciera”. Explicó que cambió de decisión por “las circunstancias actuales y la difusión pública de estos sucesos” y agregó que sufría “terrorismo psicológico”.

ED/MG

El juez federal Julián Ercolini convocó hoy a indagatoria a Alberto Fernández por los presuntos hechos de corrupción que se investigan en la causa conocida como “Nación Seguros”. El llamado de la justicia al ex presidente tiene relación con los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers.

Fernández, que fue citado el 20 de noviembre próximo, se encuentra imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Junto al ex presidente, van a ser indagados Héctor Martínez Sosa, quien obtuvo el 42% de los contratos en cuestión, y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.

En la causa se indaga una presunta “estructura criminal” que abarca el decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios, millonarias, una financiera aparentemente disfrazada de cooperativa y un potencial direccionamiento de los contratos.

El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investigan si el amigo y prestamista de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, que además es el marido de la secretaria personal del expresidente, acaparó el 63% de los contratos de intermediación que selló Nación Seguros con organismos del Estado durante los cuatro años de gobierno del Frente de Todos.

Hace 15 años, Martínez Sosa, uno de los principales brokers de la Argentina, le prestó US$20.000 a Fernández, que acababa de abandonar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y éste nunca se los devolvió.

DM

La Cámara Federal porteña confirmó al juez federal Julián Ercolini a cargo del expediente por supuesta violencia de género inicado por la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. El camarista Eduardo Farah sostuvo este lunes que el juez de primera instancia “decidió bien al rechazar por prematura” la migración de la causa a la jurisdicción de San Isidro, como pretendía el exmandatario.

Farah tambien sostuvo que el avance de las medidas investigativas en cruso definirán más adelante el destino del expediente. De acuerdo con el escrito del juez, al que accedió elDiarioAR, aún restan precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos (instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos) que es necesario averiguar, dijo Farah.

El resultado de esas medidas de prueba “permitirán establecer la dependencia o independencia (tanto fáctica como jurídica) de unos hechos con otros y, a partir de allí, si corresponde proseguir con una investigación unificada o no, y según el caso, en qué jurisdicción territorial”, afirmó el camarista.

Además, refirió a un segundo motivo sobre el que “las partes hasta ahora nada han dicho, pero cuyo tratamiento no puede ser omitido por el juez una vez que se completen esas medidas”. “Me refiero a las razones que sustentarían en el caso la competencia federal por razón de la materia, pues ésta es restrictiva y de excepción”, en referencia a que los hechos de supuesta violencia de género tampoco tramitan en el fuero federal sino en la Justicia penal ordinaria.

Por medio de su abogada Silvina Carreira, el exmandatario, había hecho un planteo de incompetencia para que el expediente migre a los tribunales de San Isidro, ya que los hechos denunciados por Yañez habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, según la defensa. Así, el expresidente apostaba a que la causa no esté a cargo de Ercolini, a quien ha criticado abiertamente por su desempeño en las causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini fue el juez del expediente de Vialidad, que le valió a la exvicepresidenta una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Sin embargo, la querella que representa a Yañez presentó hechos en su testimonio ante el fiscal Ramiro González que habrían ocurrido en el departamento de Puerto Madero, en jurisdicción de Comodoro Py 2002.

ED/DTC

El juez Julián Ercolini autorizó al fiscal Ramiro González a acceder al teléfono de Fabiola Yañez para buscar pruebas sobre los supuestos maltratados de Alberto Fernández, informó una fuente judicial a elDiarioAR.

El magistrado accedió al pedido del fiscal ante la entrega a cuentagotas de la información por parte de la querella, según publicó La Nación este martes.

González requirió el acceso “teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería WhatsApp con el Sr. Alberto Ángel Fernández”.

La intención del fiscal es poder cotejar los chats y las imágenes a los que se accedió hasta ahora pero por intermedio de otros celulares y no por el de Yañez, como ocurrió con el teléfono de María Cantero, la ex secretaria de Fernández, cuyo intercambio con la denunciante fue el que dio origen a la causa por violencia de género.

El expresidente está imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, que fue la que denunció las agresiones.

La medida fue tomada por el fiscal González el pasado 14 de agosto, en un dictamen en el que dispuso las primeras medidas de prueba de la causa.

El fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

El juez federal Julián Ercolini rechazó el planteo de la defensa de Alberto Fernández para que la causa por violencia de género que inició su ex pareja migre a los tribunales de San Isidro. De esta manera, el expediente seguirá tramitando en los tribunales de Comodoro Py 2002, en sede porteña, como pretende Fabiola Yañez.

El juez argumentó que el planteo del expresidente es prematuro, en conformidad con los dictámenes de la querella y el fiscal federal Ramiro González.

Por medio de su abogada Silvina Carreira, el exmandatario, había hecho un planteo de incompetencia para que el expediente migre a los tribunales de San Isidro, ya que los hechos denunciados por Yañez habrían ocurrido en la Quinta de Olivos. Así, el expresidente apostaba a que la causa no esté a cargo de Ercolini, a quien ha criticado abiertamente por su desempeño en las causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini fue el juez del expediente de Vialidad, que le valió a la exvicepresidenta una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión fue tomada en un día clave para la causa con la declaración de los primeros testigos. Tras el primer testimonio de la periodista Alicia Barrios, ya se encontraba en los Tribunales de Comodoro Py la ex secretaria de Fernández, María Cantero. Su declaración es una de las más importantes para la causa ya que fue a partir de los chats que intercambió con la ex Primera Dama que surgió la denuncia por violencia de género. De acuerdo a esos mensajes y lo que la propia Yañez ya declaró ante Ercolini, Cantero fue una de las primeras en conocer sobre las supuestas agresiones.

ED/MG

Como escenario previo a la declaración de la ex primera dama Fabiola Yañez en la causa iniciada contra el expresidente por presunta violencia de género, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido de la defensa de Alberto Fernández para estar presente durante la audiencia.

Conocida la decisión, la abogada del expresidente, Silvina Carreiras, presentó ante fiscalía una nota dejando constancia de que a pesar de que la notificaron de la audiencia de hoy no le permitieron participar ni presentar un pliego de preguntas para Yañez, informó una fuente del caso a elDiarioAR.

“La audiencia no es válida”, aseveró Carreira ante los medios que aguardaban en Comodoro Py, y añadió: “Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan”.

La abogada dijo, además, que cuando se lo solicite, “Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse”, reclamó.

Yañez declara desde Madrid, mediante una plataforma de videollamada, ante el fiscal de la causa, Ramiro González. Cuenta con la presencia de la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), según pudo saber este medio.

La ex primera dama ratificó ayer la denuncia contra Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia. Según se supo a última hora del lunes, uno de los aspectos que la ex primera dama añadió a su declaración es que en 2016 Alberto Fernández la presionó para que se realizara un aborto.

Esta será la oportunidad de los fiscales para ahondar en los detalles y pormenores de los hechos denunciados contra el exmandatario, explicó una fuente judicial a este medio.

Ayer Yañez estuvo en el consulado argentino en Madrid, donde certificó su firma y avanzó con los trámites formales para ser tenida como querellante en el expediente. Además, presentó un escrito, en el que sostuvo que las agresiones de Fernández se habrían iniciado en 2016, años antes de los supuestos hechos que trascendieron la semana última y previo a la asunción de Fernández como Presidente.

Las abogadas Pamela Lodola y Clara Santamarina, del área legal de La Casa del Encuentro, una de las principales ONGs que representan a víctimas de violencia de género, explicaron a elDiarioAR, que de acuerdo a la información que se ha hecho pública, los hechos denunciados por Yañez podrían ser tipificados como lesiones leves agravadas por el vínculo que mediaba entre ambas partes. La pena que le cabría al acusado iría de los 6 meses a los 2 años de prisión. Sin embargo, la abogada de Yañez busca elevar la calificación a lesiones graves, lo que podría aumentar la pena eventual.

ED/CRM/DTC

La próxima declaración testimonial de Fabiola Yañez y el análisis de dos teléfonos del expresidente Alberto Fernández, además de un Ipad y 22 pendrives secuestrados este viernes a pedido del fiscal federal Ramiro González serán las medidas clave en la causa por presunta violencia de género iniciada por la ex primera dama contra el exmandatario, informaron fuentes directas de la causa a elDiarioAR.

El expediente se encuentra en secreto de sumario y los dispositivos secuestrados a Fernández en su domicilio permanecen bajo resguardo de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta que el fiscal González decida qué fuerza de seguridad analizará el contenido de los mismos. El expresidente entregó su teléfono a los oficiales que llegaron con la orden judicial pero los policías se llevaron además un segundo teléfono que hallaron en la vivienda, trascendió este viernes en los tribunales.

La declaración de Yañez, quien se encuentra en Madrid, será virtual, frente al fiscal González, quien quedó a cargo del caso tras un sorteo realizado el viernes. Su testimonio será central para terminar de circunscribir los hechos y decidir sobre la competencia territorial de la Justicia. Fernández negó las acusaciones en un comunicado esta semana.

El destino de la causa aún es incierto, pero por el momento permanecerá en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. La competencia de este fuero en la causa por violencia de género contra el exmandatario instaló en los despachos y pasillos una discusión entre empleados, jueces y fiscales: ¿debería estar aquí este expediente? Las posiciones están divididas. 

Serán Fernández y Yañez quienes podrán plantear la incompetencia de Comodoro Py en el caso. De hecho, este viernes trascendió que una de las partes ya planteó la incompetencia del juzgado federal número 10 debido a que los hechos habrían sucedido en la Quinta de Olivos, que corresponde a los juzgados de San Isidro. La competencia federal es otro punto que se discutió en despachos judiciales del edificio de Retiro, ya que los casos de violencia de género no son federales, sino que tramitan en la Justicia penal ordinaria. 

El caso nació en los tribunales federales porteños debido a que los hechos de violencia salieron a la luz en un expediente federal que ya tramitaba en un juzgado provisoriamente a cargo de Julián Ercolini: el caso de presunta corrupción en la contratación de seguros durante la gestión de Fernández, cuando se analizó el teléfono de su secretaria María Cantero y se descubrieron chats entre ambas mujeres y fotografías de Yañez con moretones en un ojo y en un brazo. Además, la propia Yañez se comunicó el 6 de agosto con dicho juzgado para hacer la denuncia formal. 

El juez Ercolini dictó las medidas urgentes del caso, como reforzar la custodia de Yañez, ordenar una restricción de 500 metros a Fernández y la prohibición de salida del país para el expresidente. Fernández tampoco puede contactarse con su ex pareja. Delegó la causa en la fiscalía número 6, provisoriamente a cargo de Carlos Rívolo.

Círculo de la violencia

Indiana Guereño, abogada penalista, explicó a elDiarioAR que a la violencia de género no hay que mirarla como una foto estática, sino como una película. “Es decir, un golpe ocurre un 5 de agosto a las 15:30, por ejemplo. Pero eso forma parte de un continuo de cosas. Un insulto, una desvalorización. Haber cortado los vínculos con familiares, con amigos y amigas. Es decir, hay muchas conductas que rodean o que forman parte de la violencia”, afirmó la letrada. “La violencia por motivos de género no es solamente un golpe, sino también violencia psicológica, que hace estragos en la mujer. La violencia psicológica y la violencia del silencio. Todo eso genera secuelas gravísimas. Eso no se puede mostrar en una foto”, aseguró Guereño.

La especialista explicó que la perspectiva de género estaba completamente ausente en el pasado y que incluso en la actualidad sigue siendo un desafío en los tribunales. “Pero es una obligación para el Estado argentino por los tratados internacionales que ha suscrito. Entonces no es una idea antojadiza de los feminismos sino que estos casos hay que juzgarlos con perspectiva de género, es una obligación. El Estado argentino puede incurrir en responsabilidad internacional si no cumple con eso. Así como si no cumple con el principio de inocencia”, sostuvo Guereño. 

La abogada afirmó que uno de los grandes desafíos cuando se aplica la perspectiva de género es que rija el principio de amplitud probatoria. “Tiene que ver con que el relato de la víctima, lo que la víctima viene a decir, tiene un peso específico muy importante”. “Antes, y existen juzgados que todavía hacen esto, el relato solo de la víctima era interpretado como que era algo que sucedía ‘entre cuatro paredes’ y no se podía probar. ¿Por qué? Porque era ‘la palabra de uno contra la palabra del otro’. Esto sucedía cuando no se aplicaba la perspectiva de género. Ahora se mira de otra manera”, explicó Guereño, quien, además, sostuvo que la mujer realiza la denuncia cuando puede y no tiene la obligación de hacerlo. 

De confirmarse que la imputación es por lesiones leves agravadas, la causa debería ser remitida a la justicia ordinaria”, aseguraron

Pamela Lodola y Clara Santamarina — Área legal de La Casa del Encuentro.

Dónde denunciar

Guereño explicó que es central que el abordaje sea interdisciplinario, no sólo penal, que tome en cuenta todas las dimensiones de lo que va a atravesar esa mujer a partir de esa denuncia. 

Si el hecho ocurre en Capital Federal, hay que dirigirse a la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. “Allí, la mujer se presenta y es atendida no solamente por abogados o abogadas, sino también por psicólogos, psicólogas. Hay también médicos y médicas para revisar y constatar lesiones. Se inicia una causa civil y eventualmente una causa penal, de acuerdo a la gravedad de lo que se esté denunciando. Luego la Oficina de Violencia Doméstica sugiere al juzgado que tome alguna medida urgente, como prohibiciones de acercamiento. Pero en ocasiones hay que pensar otra respuesta y otra estrategia”, aseguró. También existe la violencia económica, resaltó.

Si el hecho ocurre en la provincia de Buenos Aires existen las Comisarías de la Mujer. “También hay un Ministerio de las Mujeres súper fuerte. Y en este marco es esencial tener un plan antes de denunciar y acudir a las redes de contención, abogados, organismos, amigos, familiares, acudir a ellos para poder salir del círculo, tener un puchito de dinero guardado y la documentación siempre encima”.

El sistema penal no está todavía preparado para penar la violencia psicológica. El sistema penal juzga hechos, conductas.

Indiana Guereño — Abogada penalista.

Uno de los organismos independientes que aportan este tipo de red de contención es La Casa de Encuentro. Las abogadas Pamela Lodola y Clara Santamarina, del área legal, explicaron a elDiarioAR, que de acuerdo a la información que se ha hecho pública, los hechos denunciados por Yañez podrían ser tipificados como lesiones leves agravadas por el vínculo que mediaba entre ambas partes. La pena que le cabría al acusado iría de los 6 meses a los 2 años de prisión. 

“Si bien la persona denunciada es un ex jefe de Estado y los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, consideramos que los mismos no fueron ejercidos en el marco de su función pública, por lo tanto no corresponde que sea el fuero federal el que investigue”, afirmaron las abogadas. “Es decir, que, sin perjuicio del lugar donde ocurrieron los hechos, los mismos deberían ser investigados en el fuero ordinario, y, por encontrarse en Olivos, la jurisdicción sería del departamento de Justicia de San Isidro”, agregaron ante la consulta de este medio. “La competencia federal se caracteriza por ser limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares”.

“De confirmarse que la imputación es por lesiones leves agravadas, la causa debería ser remitida a la justicia ordinaria”, aseguraron.

Guereño sostuvo que “es muy difícil para una mujer que está en esa situación poder ir a la Justicia a denunciarlo”. “Cuando llega a la Justicia tiene que ser recibida con escucha activa. Es decir, con tiempo para escuchar todo lo que esa mujer tenga para decir. A veces quienes trabajan en la Justicia, por la cantidad de trabajo, por la vorágine diaria, no tienen el tiempo suficiente para poder escuchar. En general hay un círculo de la violencia. Es central desde qué lugar, quien está juzgando estos hechos se va a parar, escuchando con perspectiva de género, sin vulnerar el principio de inocencia”, explicó la abogada.

“El sistema penal no está todavía preparado para penar la violencia psicológica. El sistema penal juzga hechos, conductas. Y la violencia psicológica es invisible. Son como cadenas invisibles y bien profundas, recuperarse es sumamente complejo y difícil”, concluyó. 

ED/DTC

La causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género fue sorteada hoy y quedó nuevamente en manos del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.

El expediente 2539/2024, que había tenido su origen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que Ercolini subroga, fue sorteado y recayó en el juzgado de origen del mismo magistrado, según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

El legajo fue extraído de la causa de origen sobre supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante la gestión de Fernández, después de que en el transcurso de esa investigación se hallaran en un celular incautado pruebas de la presunta agresión del exmandatario a la exprimera dama Fabiola Yáñez.

El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa de los seguros, instruyó el sorteo para el nuevo expediente, que recayó en el Juzgado 10, a cargo de Ercolini.

Con el cambio de juzgado, el fiscal que intervendrá ahora es Ramiro González, y el expresidente fue notificado de la nueva carátula.

Yáñez denunció el martes último a Fernández por “violencia física y ”terrorismo psicológico“, y en las últimas horas trascendieron dos fotos de la exprimera dama con marcas de golpes en un ojo y un brazo.

CRM con información de la agencia NA

En pocos momentos de su presidencia, atravesada por una pandemia y un sinfín de crisis internas y externas, Alberto Fernández había vivido una jornada tan oscura como la de este martes, en la que su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, lo denunció por violencia de género.

El designado por Cristina Fernández de Kirchner para arrebatarle el sillón de Rivadavia a Mauricio Macri pasó de índices récord de aprobación en el inicio de su gestión a un final “intervenido” en el que fue apenas algo más que un jarrón decorativo en un gobierno que nunca le perteneció.

El abandono de su propia tropa se fue pavimentando con la ausencia de decisiones y ejercicios del poder mientras arreciaban los problemas económicos y los enfrentamientos más o menos velados con Cristina, y acabó de cristalizarse este martes, cuando varios de los repudios más feroces que recibió provinieron de sectores del peronismo y el feminismo.

“De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes”, publicó en su cuenta de X, Ofelia Fernández, ex legisladora por la Ciudad y referente de la nueva generación del kirchnerismo. “Creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura”, se lamentó Ofelia, en un mensaje que reflejaba el estado de ánimo –conmoción, bronca y desazón– compartido por buena parte de aquellas y aquellos que se ilusionaron con la promesa de “volver mejores”.

Por su parte, la ex titular del hoy exterminado Ministerio de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, intentó flotar en la marejada desatada por la derecha contra la “hipocresía” de las feministas que apoyaron a Alberto Fernández. “Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no”, publicó en su cuenta de X.

La denuncia presentada por Fabiola Yañez ante el juez Julián Ercolini fue el disparador para que activa comunidad de la derecha digital se lanzara a linchar al “feminismo K” y a cuestionar la legitimidad de medidas tomadas durante el gobierno de Fernández, como la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en cuyo acto de promulgación Alberto pronunció la frase: “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”. Una máxima –entre naive y grandilocuente– que hoy fue carne de un sinfín de memes elaborados en la factoría de la fachosfera.  

En su caída, Alberto Fernández arrastró a buena parte de la legitimidad moral de los numerosos avances que se produjeron durante su gobierno en relación a los derechos de las mujeres y las minorías sexuales, sirviéndole en bandeja a sus detractores la narrativa de que todo se trató de una “sobreactuación” progresista, cuando no un vehículo de la corrupción y la dilapidación de los recursos estatales.

Durante los cuatro años de la gestión del Frente de Todos, además de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la aprobación del IVE, se concretaron medidas que colocaron a la Argentina a la vanguardia de la agenda femninista y de género a nivel global, como la aprobación del cupo trans y travesti en el sector público y los Centros Territoriales de políticas de género y diversidad en diversos puntos del país, orientados a la prevención y asistencia, entre muchas otras.

Siempre con la dinamita en la mano para detonar la “batalla cultural”, el presidente Milei recogió el regalo de Alberto como si fuera un delantero centro que se encuentra con una pelota picando solita en la línea del arco adversario. “Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, se despachó, gustoso, el libertario en su cuenta de X.

“(Los progresistas) utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios”, azotó sin piedad Milei, mientras Alberto intentaba abstraerse de los titulares de los medios del mundo, en los que su nombre aparecía una y otra vez junto a “violencia de género”.

“Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por dos años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del ministerio de las mujeres pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario”, intentó argumentar Gómez Alcorta, en medio de la tempestad. “¿También somos culpables de la violencia de ellos?”.

No fue un día para que su pregunta obtuviera otra respuesta que mofas e insultos. 

DM

A los 28 años Julián Ercolini ya era abogado. Más de tres décadas después, a sus 62, es juez en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario desde que el que se convirtió en un personaje judicial de alta relevancia para los medios porque por su despacho pasaron las causas contra el kirchnerismo más resonantes. Este martes, además, la expareja del expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez, acudió a él para denunciar al exmandatario por violencia de género.

Ercolini comenzó su carrera en el Poder Judicial como auxiliar en la Justicia de Menores de Morón. Más tarde fue secretario en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín hasta que en 1994 ingresó como relator del entonces camarista Horacio Vigliani a la Cámara Federal porteña. Estuvo allí hasta 2001. Mientras tanto también se dedicó a la docencia en tres universidades: la de Buenos Aires, la de San Martín y la Nacional de la Patagonia.

En septiembre de 2004 llegó al Senado su pliego para ocupar uno de los juzgados federales vacantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un mes después, en octubre, asumió en el Juzgado que hasta hoy lo tiene a cargo.

Julián Ercolini fue nombrado por el expresidente Néstor Kirchner cuando se cubrieron vacantes en cuatro de los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Años más tarde, el Juez tendría en sus manos varias causas contra la sucesora y esposa de Kirchner, Cristina Fernández, y otros referentes de su espacio político.

En 2016 ordenó la detención del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa por la compra de trenes a España y Portugal. Así se convirtió en el primer juez en detener a un funcionario del kirchnerismo.

Esa no fue la única causa trascendental que pasó por manos de Ercolini. El Juez tramitó el caso por la venta de Papel Prensa donde en diciembre del mismo año sobreseyó a los dueños de los diarios Clarín y La Nación, a quienes ni siquiera indagó. Meses más tarde, en 2017, procesó al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno por impedir el desarrollo de una asamblea de esa empresa.

Ercolini fue, además, quien elevó a jucio la causa Hotesur, en la que se apuntó a la expresidenta por lavado de dinero a través de sus hoteles y direccionamiento de obras de vialidad a favor del grupo Austral, del empresario Lázaro Báez.

Más tarde, indagada ante el Tribunal Oral Federal N° 2, Fernández de Kirchner llamó a Ercolini “el mutante” y afirmó: “Cambió de gobierno y cambió Ercolini”. Desde su punto de vista, con la llegada al poder del expresidente Mauricio Macri, el magistrado dio un giro. Para ella, él y el fallecido exjuez federal Claudio Bonadio tenían un “plan” de “persecución judicial”. “Debería jugar a la lotería. Tengo una suerte. Siempre me tocan Bonadio y Ercolini. Siempre me tocan los que me van a condenar”, dijo al declarar.

Julián Ercolini fue también el juez que ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por la causa Oil Combustibles. Los propietarios del ex grupo Indalo fueron considerados “partícipes necesarios” de administración fraudulenta. La investigación apuntaba a que la petrolera debía a la AFIP $8 mil millones por no haber pagado el impuesto a la transferencia de los combustibles por un período de cuatro años. En esta causa, además, procesó también por administración fraudulenta al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. Para el magistrado, López y De Sousa tuvieron su aval para no pagar.

Ercolini también fue noticia en 2022 cuando viajó junto a los jueces Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, en avión privado a la estancia que el empresario inglés Joe Ted Lewis posee en Río Negro. Fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber presuntamente incurrido en “mal desempeño de sus funciones”. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del millonario británico.

Desde este martes Ercolini se ocupa de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez hizo contra el padre de su hijo y expareja, el expresidente Alberto Fernández. El magistrado había sido notificado de que en el celular de María Cantero, exsecretaria de Fernández investigada por el escándalo de los seguros, había pruebas del hecho. Al principio Yañez habría desestimado la acusación, pero hoy cambió su posición.

MM.

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció al ex presidente Alberto Fernández por “violencia física y ”terrorismo psicológico“, según la presentación que hizo ante la Justicia.

La denuncia fue realizada a través de zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

A partir de estos testimonios, el juez Ercolini tomó la decisión de prohibirle la salida del país a Alberto Fernández y dispuso “medidas de restricción y protección, para que no se comunique a los dispositivos de Yañez”, según se detalla en el oficio judicial al que pudo acceder elDiarioAR.

“A fines de evitar el acercamiento ordenado en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 inciso d) del Código Procesal Penal Federal se dispondrá la prohibición de salida del país de Alberto Ángel Fernández”, detalla el documento judicial. “En el mismo sentido, se ordenará a Alberto Ángel Fernández, que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Andrea Yañez, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

Según el relato de Yañez, en el marco de su relación con el ex mandatario nacional sufrió “terrorismo psicológico” de su parte.

También habló de mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que llevaron a cortar la comunicación con Fernández, y que ahora solo mantenía contacto a través de su madre, a los fines de que no romper el vínculo con el hijo que comparten. 

“El día 6 de agosto de 2024, Fabiola Andrea Yañez se contactó con el juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con el magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha”, indicó la orden de restricción contra Fernández.

Y agregó: “Manifestó estar padeciendo lo que definió como ´terrorismo psicológico´ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente”.

“Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó expresamente que, a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo”, subrayó la orden.

Yañez también reclamó a la justicia un cambio de custodia, ya que -según dijo- tenía asignada una “persona de confianza” del ex presidente.

DM con información de agencia NA