Semanas atrás el Gobierno Nacional anunció la suspensión de más de 11.000 cooperativas en todo el país por irregularidades en presentaciones administrativas, sin embargo se trata de un procedimiento de rutina que cada año realiza el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de “otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, pero el INAES es un organismo descentralizado que tiene un rol de fiscalización y que está financiado en un 80% con los aportes de las cooperativas asociadas. Desde el sector advirtieron que se trata de una demonización para facilitar la llegada de otros actores económicos a mercados importantes como el de los servicios públicos o de compañías de seguro, donde las cooperativas tienen una presencia importante.

Según informó el gobierno, se suspende la operatoria de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022 y se van a inspeccionar 4.355 creadas en 2023. Además, se retira la autorización para operar a 11.853 cooperativas. Lo que fue presentado como una excepcionalidad se trata de un proceso de fiscalización habitual que realiza el INAES para controlar la documentación y balances de las cooperativas. Así lo explicó a elDiarioAR Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs: “Es normal que se realice eso, en éste caso lo que ocurrió es que firmaron dos resoluciones. Una que intima a las entidades que no hicieron un censo anual en 2023 y la otra, que intima con un plazo de 30 días hábiles a las que debían documentación ordinaria como actas de asambleas o copias de balances anuales”. 

Si bien 11.853 cooperativas suspendidas parece una número elevado, el expresidente del INAES Alexandre Roig explicó que se trata una cifra comprensible producto del acumulado histórico después de la pandemia y por la situación económica de varias cooperativas que no tienen dinero para realizar los balances contables que cuestan alrededor de $300.000. “En los últimos años hubo un crecimiento muy grande de matrículas, algunas funcionaron y otras no, algunas no presentaban balances porque no les daba la plata. También hay retrasos por la suspensión de los plazos administrativos que se dieron durante la pandemia, ahí hay un proceso de regulación histórico de atraso. También hay algunas que seguramente se crearon y no presentaron los papeles porque no les dio y hay que cerrarlas. Por eso, el procedimiento que plantea el INAES ahora en términos administrativos no está mal, lo que está mal es el manejo político que hace el gobierno que transforma eso en un escándalo”, le dijo Roig a este diario.

Adorni afirmó que “de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, el 70% no presentó balances ni asambleas”. Sin embargo, aquellas creadas en el 2022 están dentro de los plazos legales para presentarla. En Argentina hay 22.393 cooperativas vigentes, más de la mitad (57%) están en la región Centro y en segundo lugar en el Noroeste (18%). Según el último balance de gestión del INAES, el 46% (10.292) se inscribió en estos últimos 3 años, con un pico durante el año 2022 con un total de 5.142. Se trata de un espectro amplio que incluye cooperativas de trabajo, de servicios, culturales y clubes de barrio, por ejemplo, pero que también engloba a grandes empresas como compañías de seguros o bancos. 

“Hasta hace años conseguir una matrícula demoraba dos años. Simplificamos el proceso y lo hicimos online para que se pueda hacer en dos meses por eso aumentaron la cantidad de matrículas, porque había una demanda reprimida. Había 2000 matrículas en trámite y salieron todas y a partir de ahí hubo una demanda grande en sectores del mundo del trabajo y otros nuevos, por ejemplo, 1000 cooperativas en el mundo de la cultura”, detalló Roig. En cuanto a la cantidad de personas que nuclean,el último registro indica hay 333.878 trabajadores y trabajadoras y se estima que todo el sector hace un aporte del 15% al PBI.

El presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Ramiro Martínez, puso en contexto esta medida del gobierno de Javier Milei. “Hay precedentes desde 2009, tenemos varias resoluciones que han implementado las mismas situaciones en diferentes gestiones. La verdadera baja es la cancelación, no la suspensión. Esta última permite en algunos casos las actividades e insta a la regularización lo más pronto posible. Después tenes la comunicación que hace el gobierno nacional con respecto a las normativas y habla de bajas instantáneas de matrículas, que es totalmente fuera de contexto, porque estas resoluciones han sido de uso en varias gestiones nacionales como parte de un modelo”, le dijo a elDiarioAR. Tonarelli agregó: “Pensando en la situación económica, es lógico que muchas entidades tengan atraso en la documentación producto de la baja en la facturación”.

Adorni también denunció que el 22% de las cooperativas repitió asociados, el 20% usó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio. Acá tampoco hay irregularidades porque la ley permite que una persona se asocie a más de una cooperativa. Con respecto al mail, desde las federaciones explicaron que hay contadores y abogados especializados que hacen los trámites y que hacen los registro desde su casilla.

Distintas federaciones comparten la misma lectura de la situación, un intento de desprestigiar al cooperativismo para sacarlos de mercados rentables. “Mi hipótesis es que el gobierno está tratando de cambiar los jugadores del mercado, de cambiar la lógica a favor de actores que son más favorables. El ataque a las cooperativas de trabajo tiene una dirección política más específica pero a su vez tendría cuidado de que no empiecen a atacar otro sector del cooperativismo por ejemplo, a las compañías de seguro cooperativas que son el 30% del mercado. Otros casos, por ejemplo, una cooperativa obrera en Bahía Blanca es competidora directa de La Anónima en todo el sur de la Provincia de Buenos Aires o las cooperativas eléctricas en el interior de Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires que tienen el 80% de la distribución”, detalló Roig.

Las cooperativas de trabajo representan el 81,5% del total, seguidas de las de servicios públicos que son el 5,3%, las de vivienda que son el 4% y las agropecuarias el 3,7%. En cuanto a los servicios públicos, en muchas localidades son los únicos prestadores como en La Pampa. Un número reducido también generó divisas en el exterior. En 2022, 68 cooperativas registraron exportaciones por casi cuatro mil millones de dólares con productos como aceite de girasol, trigo y morcajo, y cebada en grano vendidos a China, Vietnam e India.

“Uno de cada dos argentinos está relacionado con una cooperativa o una mutual, pero un alto porcentaje no lo sabe. Por ejemplo, con las aseguradoras o el sistema bancario, hay desconocimiento hacia el movimiento cooperativo y mutual. El gobierno tiene una visión en que nuestro modelo no entra”, afirmó Martínez.

CDB/ DTC

En la defensa de la libertad asociativa se promovió en los últimos años la creación de unidades productivas cooperativas, política que ha sido y sigue siendo una de las pocas alternativas de formalización laboral. Se hizo, dicho sea de paso, en un contexto de pandemia y de crisis productiva. Sobran los ejemplos de experiencias y procesos que gracias a ello pudieron retomar una vida de trabajo y producción.

Claramente, los controles del Estado son necesarios para evitar los abusos. Y de hecho entre el 2021 y el 2023 se inspeccionaron miles de entidades y se suspendieron, sumariaron y denunciaron todas las irregularidades detectadas.

Las resoluciones administrativas del INAES a las que remite el comunicado del gobierno nacional van en el sentido de intimar y sumariar a aquellas entidades que no tengan los papeles al día para que los regularicen en los plazos encomendados. Se podrá discutir la pertinencia y legitimidad de estas medidas. Pero estos procesos administrativos son regulares en las entidades de control del Estado.

De hecho, entre el 2021 y el 2023 se implementó un sistema que proporciona al INAES datos sistematizados, fortaleciendo su capacidad de control sobre las entidades cooperativas, colaborando con el Ministerio de Trabajo, Sintys y AFIP, compartiendo información para una supervisión integra.

Como bien recuerda la resolución del INAES, se hizo de hecho todo un proceso de regularización documental en los últimos años. Gracias a Renovar (Resolución 1000/2021), hemos logrado proporcionar al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada, un hito sin precedentes en la historia del INAES. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible.

Las afirmaciones del vocero Manuel Adorni, además de distorsionar la realidad, contravienen la ley de cooperativas y el marco legal vigente. Es importante señalar que nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva de ningún tipo de entidad societaria sin seguir el debido proceso legal.

La comunicación catastrofista del gobierno busca asustar, denigrar y despreciar a los trabajadores y productores más que informar claramente a la población. Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente en contra del buen funcionamiento de la vida productiva y laboral y por ende de la libertad de emprender colectivamente.

Alex Roig es sociólogo y fue presidente del del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) entre 2019 y 2023.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció durante su conferencia de prensa diaria que “se va a suspender la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022”.

Además, adelantó que “el Ministerio de Capital Humano va a depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas que revisten innumerables irregularidades”, y que “se van a inspeccionar a 4.500 operativas creadas en 2023”.

De acuerdo al portavoz, “las cooperativas pasaron en los últimos años de 9.970 a 23.836, otra caja que desaparece”, y anunció que la cartera que conduce Sandra Pettovello “va a depurar el padrón nacional de cooperativas que tienen innumerables irregularidades. Se va a suspender la operatoria de todas las creadas entre 2020 y 2022, se van a inspeccionar 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a reiterar la autorización de operar a otras 11.853, que habían sido suspendidas en 2019 y que por alguna razón que no comprendemos, el gobierno anterior decidió seguir financiando”.

Para Adorni, durante la gestión del Frente de Todos con Alberto Fernández al mando, el padrón de cooperativas creció un 138%, de las cuales, “el 72% no presentó balances ni asambleas, el 22% repitió asociados, el 20% utilizó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio”.

En tanto, Adorni recalcó que para el Gobierno “resulta nuevamente sorprendente que los argentinos hayamos incluido durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación. Había 300 cooperativas asociadas a Potenciar Trabajo a las que se destinaba US$34 millones, que por suerte dejan de tener razón de ser”.

Despidos en el Estado

Además, Manuel Adorni salió a aclarar los dichos de las últimas horas del presidente Javier Milei, quien en el discurso de cierre del Foro de Economistas Latinoamericanos en un hotel céntrico, se jactó de que su plan de ajuste tiene “mucho de licuadora y mucho de motosierra” y destacó que “ya eliminamos 50 mil cargos públicos y ahora vamos a eliminar 20 mil más, hasta llegar a 70 mil”.

En ese sentido, el vocero aclaró: “El universo de contratos analizados es de algo más de 70 mil, hay 15 mil que van a ser dados de baja desde el 31 de marzo. El resto se van a renovar por seis meses y se va a seguir avanzando en el análisis de cada uno. El trabajo de auditoría es muy quirúrgico. Esos 15 mil no incluyen bajas que puedan suceder en PAMI y en empresas públicas”, detalló. Y agregó: “El objetivo es llegar a lo que corresponda. Es extremadamente quirúrgico, para no cometer errores. Nadie quiere hacer daño, sino que se pueda depurar la planta pública”, remarcó Adorni.

Otros anuncios de Adorni

Tarjeta SUBE

“El 1 de abril comenzará a regir la tarifa plena para aquellos que no hayan registrado la SUBE. También les recuerdo que podrán registrarla luego de esta fecha también”.

Aumento de gas

“Los aumentos de tarifa solo van en línea con la sostenibilidad del sector, al sector energético lo han despedazado y estamos tratando de recomponerlo”.

“En tanto a planes de pago o financiamiento a las Pymes no hay nada que pueda decir al respecto”.

Conflicto con Venezuela

“Hay detalles que da la Cancillería. Estamos preocupados por la situación institucional que atraviesa Venezuela. Apelamos a una pronta solución. Es un tema delicado en el que vamos paso a paso”.

Venta del predio de la TV Pública

“No está en análisis”.

Con información de agencias.

IG

Los pueblos de la Argentina profunda se caracterizan por tener un pequeño centro en donde se destacan la iglesia, las oficinas públicas y la comisaría. No es el caso de Campo de Herrera, el pueblo tucumano que está 35 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, que lo atraviesa una ruta y que nació y se desarrolló en las convulsionadas décadas de los años 60 y 70. A poco de su nacimiento y como resultado de una asamblea, los socios pidieron al gobierno provincial que retire el destacamento policial y así se hizo. “Aún podemos dormir con las ventanas abiertas, las puertas sin llave y caminar por las noches sin que nada nos asuste”, cuenta con orgullo Jorge Gramajo, hijo de uno de los socios fundadores.

Parece una utopía para estos tiempos poder vivir en una comunidad sin policías, sin que antes de salir haya que dejar todo bien cerrado y activar la alarma. El costo de vivir en el corazón de la urbanidad. “Soy hijo de uno de los fundadores de la cooperativa y no cambiaría por nada esta tranquilidad que aún tenemos. De vez en cuando alguien se porta mal, hay algún robo menor, pero aún así aquí se vive de otro modo”, reflexiona José Reinoso a elDiarioAR, mientras la ventana de la sede de la sociedad deja entrar los cantos de los quetupíes, celestinos y gorriones durante la mañana soleada.

Sucede que cuando se constituyó la cooperativa, en junio de 1967, se incluyó en el estatuto un artículo que prevé sanciones para los socios que cometan actos de indisciplina y alteren la paz del pueblo que entonces era de 900 habitantes. ¿De qué modo? Al infractor se le descuentan días de trabajo de lo que cobra por mes y van desde dos días a un mes. Y, se sabe, cuando el desorden afecta el bolsillo, duele el doble. Con los años esto desarrolló un estilo de vida basado en la autodisciplina y en el cuidado colectivo. Todos se conocen y hoy no son más de 3.200 vecinos.

El origen de todo

En agosto de 1966 el dictador Juan Carlos Onganía ordena el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros tucumanos que molieron durante la zafra de 1965: Santa Lucía, Santa Ana, San José, San Antonio, San Ramón, Los Ralos, Nueva Baviera, Esperanza, Mercedes, Amalia y Lastenia. También se decide intervenir los ingenios Bella Vista, La Florida y La Trinidad, en donde se pone a miembros del Ejército o allegados para su control. El decreto justificaba la decisión en “sanear la economía distorsionada de la actividad azucarera”. Con el tiempo se sabría que la decisión fue fruto del “lobby” de los dueños de las fábricas más importantes de azúcar del NOA para elevar el valor del producto. El cupo se concentró en manos de las familias Paz, Patrón Costas, Blaquier, Nougués, Sortheix y Prat Gay.

Esto provocó que de un día para el otro haya 50.000 nuevos desempleados y que en meses se produjera la migración más grande que registre la historia tucumana. Cerca de 200.000 personas viajaron a Buenos Aires en busca de trabajo y se instalaron en el cordón más pobre de la gran urbe, a donde llegaron en tren y con lo puesto.

Pese a la intervención, en el ingenio Bella Vista no cesaron las protestas y reclamos de los trabajadores de la planta y los obreros del surco cesanteados, a quienes se les debían varios meses de sueldo. El paro de actividades fue una constante hasta que sus dueños ofrecieron al Estado provincial pagar deudas fiscales con 2000 hectáreas de tierras. Estas, a su vez, para que llegaran a su fin las luchas gremiales que encabezaba la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), debían ser vendidas por la Provincia a bajo precio a los 140 empleados que se quedaron sin trabajo. Las autoridades provinciales pidieron también que intervenga el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con sede en Famaillá, por su cercanía con el ingenio, para que formule un plan de distribución de la tierra. 

Encabezados por el director del INTA de entonces, el ingeniero agrónomo Roberto Fernández de Ullivarri, un equipo de profesionales del organismo concluyó que lo mejor era que las 2000 hectáreas se organizaran como unidad productiva asociativa y que no se parcelen para su venta a mejor postor. Nació entonces la idea de una cooperativa, iniciativa que se trabajó durante meses y en largas charlas con los obreros, cuyas edades promediaban los 45 años y tenía sólo la escuela primaria, con suerte. Una vida en los surcos. A Ullivarri se sumaron el antropólogo Santiago Bilbao y los técnicos Hugo West y Miguel Sarraceno.

“Ullivari era un desarrapado que andaba con sacos largos, comía con nosotros y estaba todo el día a la par nuestra, fue como un padre al que le debemos todo”, recuerda con nostalgia y con una sonrisa don Senen Demetrio Galván, 93 años, el último socio vivo de los primeros 119 que aceptaron constituirse en una asociación solidaria. El resto de los 140 quedó esperando un pago que nunca llegó. El 10 de junio de 1967 nació la Cooperativa Campo de Herrera.

Entre las primeras gestiones se cuenta la decisión de comprar las 2000 hectáreas que ofrecía el gobierno tucumano, atravesadas por la ruta provincial 302. Del total, 1000 tenían cañaverales de baja producción y en su interior había 116 ranchos precarios de la antigua Colonia Tulio del ingenio y puro monte tucumano. Las casas se distribuyen entre los socios y se toman dos créditos a siete años, uno con el Banco Provincia de Tucumán y otro con el Banco Nación (Plan Pro Agro) que se cancelaron en tres y cinco años. Con esos fondos se pagó la tierra y se compraron los ocho primeros tractores con sus implementos y carros cañeros.

La utopía 

Ullivarri, cuya especialidad era mejorar la calidad de la caña, hizo reemplazar los cañaverales pobres por surcos de alto rendimiento, el cultivo creció también en extensión, se crearon huertas comunitarias para consumo propio y la crianza de vacas para obtener leche. En 1970 se incorpora una cortada de ladrillos, se construye la actual sede de la cooperativa, se mejoran los ranchos, a los que se les incorporan baños y duchas, inexistentes hasta entonces, y se establece la obligatoriedad de que todas las familias manden a sus hijos a la única escuela primaria de la zona que está sobre la ruta. Además, se crea un almacén de ramos generales para proveer de todo y a bajo precio. 

El sistema de organización rindió frutos y pese a que las ventas de los productos se hacían de acuerdo a las reglas del mercado tradicional, la distribución de las ganancias era inédita -en partes iguales para todos los asociados- y el modelo comenzó a ser observado por las autoridades. Todo se debatía y se decidía en asambleas eternas, recuerda don Senen. Para asegurar la continuidad de los asociados, una vez que se jubilada el titular tenía el derecho de incorporar a un hijo a la organización pero esa necesario que sea mayor de edad. Por entonces, los técnicos ya habían avanzado más allá del asesoramiento para mejorar la producción agrícola.  

De acuerdo a la historiadora Cecilia Gárgano, investigadora del CONICET, que hizo un trabajo sobre Campo de Herrera, los técnicos “incorporan un replanteo de los fundamentos de la extensión rural a nivel regional, influido fuertemente por los aportes del pedagogo Paulo Freire, a través de la incorporación de herramientas propias de la educación popular que comenzaban a cuestionar la idea de los agricultores como receptores pasivos y vacíos de conocimientos”. Por eso, recuerda José Reinoso, el equipo del INTA prácticamente vivía con ellos ayudando en las asambleas, en las nuevas formas de organización e impulsando las ideas de la sindicalización.

No pasaría mucho tiempo para que este proceso llamara la atención. En 1974, un año de alta intensidad social y política en el país, el antropólogo Bilbao y los técnicos West y Sarraceno comenzaron a recibir amenazas de la Alianza Anticomunista Argentina, la triste y peligrosamente célebre Triple AAA, el aparato parapolicial que alimentaban sectores del gobierno, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y del sindicalismo. Por denuncias anónimas, fueron arrestados ocho meses y liberados parten al exilio. Ullivarri fue trasladado al INTA Salta. Se cortó de cuajo el acompañamiento a la cooperativa.

Librados a su suerte

Con el golpe de Estado de marzo de 1976 el INTA abandonó por completo el asesoramiento a la cooperativa. “Fueron años muy duros porque a don Ullivarri lo mandaron a otro lugar y los otros técnicos fueron perseguidos”, señala Jorge Gramajo, uno de los socios encargados de la cortada de ladrillos que aún está en plena actividad. “Lo bueno fue que la forma de organización sobrevivió, nuestros padres lograron mantener ese espíritu, con mucho trabajo y sacrificio. Cuando era jovencito me fui a Buenos Aires a probar suerte pero luego de unos meses me volví, no hay como esta tranquilidad, la ciudad te come, no sos nadie”, reflexiona y hace silencio por unos segundos. Se emociona.

Con el regreso de la democracia algunos asociados se acercaron al INTA pero las autoridades del organismo decidieron dejar definitivamente el acompañamiento. A fines de los años 80 se destinaron varias hectáreas a la citricultura limonera y se probó con cultivos alternativos, como la frutilla. La hiperinflación durante el gobierno de Raúl Anfonsín (1989) y la crisis económica que provocó el estallido social de diciembre de 2001, le asestarían duros golpes a la cooperativa, sometida ahora a los avatares de la más dura economía de mercado, en la que los dueños de los ingenios y las citrícolas imponen sus reglas ante la falta de financiamiento.    

Se cerró la proveeduría, se abandonaron las huertas, se vendieron las vacas, otros animales y la organización centralizó sus actividades en las producciones de caña de azúcar, citrus y la fabricación de ladrillos, en ese orden de importancia. “Se hizo muy cuesta arriba pero aun así el mensaje que nos inculcaron nuestros padres fue y es más fuerte que otra cosa. Sostuvimos la organización y para eso tuvimos que reducir también el ingreso para cada socio pero nunca nos faltó para comer y mandar los hijos a la escuela, nunca”, señala José Reinoso.

Los desafíos

El pueblo nació y creció con la ruta provincial 302 en el medio. La traza es uno de los accesos importantes a la ciudad de Bella Vista, ubicada 4 kilómetros hacia el este; mientras que hacia el oeste, a 3 kilómetros, se encuentra la autopista ruta nacional 38. También muy cerca está el municipio de Famaillá. Por eso, lo que rompe con la monotonía y la calma en Campo de Herrera es la permanente circulación de autos, colectivos y camiones. En el único almacén que da a la ruta, unos improvisados bancos apuntan hacia el pavimento, por eso de sentarse los vecinos por la tardes a beber algo mientras se mira quien pasa. Pura costumbre rural. Un nuevo lugar de encuentro es el cajero automático que se instaló en diciembre del año pasado.  

Raúl Reyes es el actual presidente de la cooperativa y Adrián Mendoza, el vice, cuyo abuelo fue uno de fundadores. Este último, padre de un hijo de 17 años, admite que enfrentan varios desafíos. “Desde hace varios años nos cuesta acceder a financiamiento para lo más importante, que es preparar los campos con caña para tener un buen rendimiento. Esto implica que hay que comprar agroquímicos y otros productos antes de la zafra. Como no tenemos esos fondos, el ingenio al que le vendemos nos anticipa dinero de la futura compra pero con intereses de usura y así es escaso el margen de ganancia que nos queda. A esto hay que sumarle que el precio del azúcar arranca bien pero se cae con el incremento de la producción”, reflexiona. Algo similar ocurre con la venta de limones para fábrica y la elaboración de ladrillos, ambas actividades sujetas a los vaivenes de los mercados externos y e interno, agrega.

Por estas razones la cooperativa distribuye entre sus 101 socios actuales el equivalente a un haber mínimo, vital y móvil, es decir, alrededor de $ 45.000 por mes. Las zafras del azúcar y el limón casi se superponen y van de abril a agosto/septiembre, por lo que garantizar esa suma a cada uno no implica grandes dificultades; pero fuera de ese período la situación cambia y piden que el Estado tenga un financiamiento especial para este tipo de entidades. “Por esos altibajos no quisiera que mi hijo herede mi cargo en la cooperativa, nosotros vivimos con lo justo y no necesitamos más, aquí no se gasta mucho pero los chicos tienen el derecho a progresar. Esto nos preocupa para todos los jóvenes, en especial, para quienes están en la secundaria y tienen muchos sueños. Si aquí no pueden cumplirlos no podemos cortarles las alas”, admite, con algo de tristeza en su mirada.

Este próximo 10 de junio, Campo de Herrera cumplirá 55 años y resiste el paso del tiempo sin que se haya desnaturalizado la razón que le dio origen. Sus campos están entre los mejores de Tucumán y tienen una accesibilidad envidiable. No son pocos los empresarios que tentaron a los protagonistas de la utopía sesentista a que vendan esas ricas hectáreas pero hasta ahora se han encontrado con un no como única respuesta. El equilibrio financiero pende de un hilo y de su resolución dependerá el futuro del sueño que hizo realidad un puñado de trabajadores del surco, dueños de su propia tierra y su destino.  

“El último mohicano”

Senen Demetrio Galván, 93 años, es el último socio vivo de los primeros 119 que fundaron la Cooperativa Campo de Herrera. Ocupa uno de los 116 ranchos que había adentro de las 2000 hectáreas que compraron entre todos. Está pegado a un cañaveral y en el patio desbordan los árboles con mandarinas, naranjas y limones. Vive solo pero su hijo, que tiene su casa en la otra punta del pueblo, lo visita todos los días. En la comunidad le dice “El último mohicano”, el nombre de un film de Hollywood de 1956 que tuvo una nueva versión en 1992 y la protagonizó Daniel Day-Lewis.

Alto, de manos grandes y curtidas por tanto trabajo rural, su mayor problema es el avance de una sordera que obliga a su interlocutor a tener que hablarle en voz alta, fuerte. “Fue muy duro cuando nos corrieron del ingenio Bella Vista, sólo nos pagaron un mes de sueldo, nada de indemnizaciones. Muchos amigos se desesperaron y viajaron a Buenos Aires. Con mi esposa decidimos quedarnos para que sea lo que Dios quiera. No teníamos nada, ni un peso”, rememora de esos viejos tiempos.

No para de hablar don Senen, los recuerdos se le mezclan con las palabras y se detiene unos segundos para que no se le amontonen en la garganta. Piensa y vuelve con otro hecho que se le quedó grabado para siempre en su memoria. No hay dudas que la cooperativa lo fue y es todo para él. “El ingeniero Ullivarri y su equipo fueron todo para nosotros, que lo único que sabíamos hacer era trabajar. Después de muchas reuniones firmamos para ser cooperativa y comenzamos. Toda la familia iba a los campos y hasta mis hijos me ayudaban por la tarde, cuando salían de la escuela. Comíamos lo que había porque éramos muy pobres, ni para un vaso de vino teníamos pero el ingeniero estaba con nosotros”, recuerda y se sonríe.

Su relato es más intenso cuando cuenta que a los pocos años Ullivarri llamó a una asamblea y les informó que ya tenía la documentación, se había saldado la deuda con la Provincia y la propiedad colectiva les pertenecía. “Qué alegría, nos abrazamos entre todos porque trabajamos duro, muy duro. Todo tiene un premio y dos años después nos pagaron aguinaldo y vacaciones dobles porque teníamos una excelente caña. Se peleaban los ingenios por comprarnos. Junté plata y pude ir por primera vez con mi esposa a Buenos Aires a visitar a familiares”.

Cuando se le pregunta qué es Campo de Herrera en su vida, no dudó ni un segundo. “Es como mi familia, tuvimos momentos malos y buenos, pero nos cuidamos entre todos. Algunos no entendieron y se fueron pero los que aguantamos y nos quedamos fuimos felices, vivo tranquilo”.

DC

Trabajadores de una cooperativa de la localidad de Wilde, en el partido bonaerense de Avellaneda, fueron desalojados esta mañana por policías bonaerenses tras una orden judicial, en un procedimiento en el que hubo heridos y unos 40 integrantes del emprendimiento quedaron demorados y denunciaron haber sido “reprimidos”.

“Nos han reprimido, nos llevaron detenidos, nos han desalojado a palos, estamos todos muy mal. Nosotros no ofrecimos resistencia. Nos llevaron a la (comisaría) 5ta. de Avellaneda. Les pedimos que difundan por favor”, señaló a Télam Alicia Gutiérrez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación.

En un clima de tensión, pasadas las 9, se hicieron presentes en el lugar -sede de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada, ubicada en Méndez 671, de Wilde- más de 200 efectivos de la Policía bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios del Poder Judicial.

“No somos delincuentes, somos trabajadores organizados en una cooperativa; hoy fuimos literalmente rodeados por miles de policías quienes nos reprimieron para tomar las instalaciones de la fábrica. Somos 86 trabajadoras y atendemos a 180 niños. Pedimos al sector político ayuda para defender nuestros puestos de trabajo”, contó Gutiérrez.

Fuentes judiciales indicaron que es la tercera ocasión en la cual los integrantes de esta cooperativa fueron notificados sobre esta orden de desalojo, que fue ordenada por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Número 1 de Avellaneda, Ernesto Bocaccia.

En medio del operativo, el cronista de la Radio AM 750 Mauricio Polchi denunció que efectivos de la Policía bonaerense “lo detuvieron” y lo trasladaron a dependencias policiales junto con los integrantes de la cooperativa.

Los voceros judiciales indicaron que el trabajador de prensa “no estuvo detenido o aprendido”, y que solo fue “demorado” por los efectivos policiales.

“Somos más de 200 detenidos, trabajadores de la cooperativa, con personas de UTEP y de la CTA-Autónoma, de los movimientos de la economía social de Avellaneda y Quilmes, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y está detenido un periodista (Mauricio) Polchi . Me dicen que están llevando gente herida a las UPAS de emergencia”, denunció Gutiérrez.

En ese marco, la dirigente informó a Télam que “ha sido un operativo de desalojo con muchísima represión y violencia, nos destruyeron las máquinas de la cooperativa, y el el jardín maternal”, a la vez que consideró que “todo esto fue gracias a los Gobiernos por mandar a reprimir a los trabajadores”.

Con más de 80 trabajadores y trabajadoras costureras, la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación nació en Wilde (partido de Avellaneda) en el año 2005, se instaló en un espacio que antes era un basural y a partir de 2010 se inició un juicio comercial por parte de los herederos del predio.

Además de la fábrica, en el lugar funcionaba un jardín maternal para 100 niños con un comedor y merendero, y una escuelita de apoyo escolar y de género.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, se trasladaba a la comisaria 5ta (ubicada en la esquina de Zola y Lincoln) de Avellaneda para conocer la situación de las personas que fueron detenidas y reclamar su liberación, según indicaron voceros de este espacio.

En declaraciones a Télam, el dirigente social consideró que “hubo una represión a una cooperativa con 100 trabajadoras desalojadas violentamente, tras 16 años de producción textil y tareas educativas con niños”

“De esta forma se destruyen así los tan mentados empleos genuinos, ejerciendo violencia de género y violencia institucional explícita, sin que hasta ahora hayamos escuchado ningún pronunciamiento ni se haya acercado nadie. Ayer se presentó un acta acuerdo en el juzgado y hubo compromisos del Gobierno provincial de evitar este escenario”, remarcó el dirigente social.

Y en ese sentido, indicó: “Hoy cientos de policías ingresaron a la mañana y arremetieron con todo, con saña, en una movilización de fuerzas imposible de hacer sin intervención del Ministerio de Seguridad ni conocimiento del Gobierno”.

Con información de agencias.

IG

“Arrancamos a la intemperie, rezábamos para que no lloviera y pudiéramos hacer dulce. Sacábamos los mamones de las chacras de las compañeras porque no teníamos plata para comprarlos. No teníamos ingresos, entre todos juntábamos los pesitos que sobraban, se compraba el azúcar y una compañera traía los frascos”. Así relata doña Nelci Beker los inicios de la cooperativa Cabureí, que trabaja de manera integrada con la Coordinadora de Organizaciones de Trabajadores Rurales de Misiones (COTRUM) y el Movimiento Evita a nivel provincial, mientras que a nivel nacional están nucleados dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). 

“Unos años después nos hicieron un pedido de comidas elaboradas con mandioca para los hoteles de Iguazú”, recuerda esta mujer que acaricia los 70 años. “Teníamos que llevarla y compartir la mesa con ellos. Para nosotros fue un terror sentarnos con la gente rica, pero lo enfrentamos”, se enorgullece ahora Nelci dentro de un salón comunitario al que solo le faltan detalles de terminación. La cooperativa está ubicada en el paraje Cabureí, sobre la Ruta Provincial 25, a 15 kilómetros de Comandante Andresito, y a unos 40 de Iguazú, donde impera una realidad menos cruda que la del campesinado. Si bien aquella experiencia dejó satisfechos a los hoteleros de Iguazú, la producción de comida para ellos finalmente no fue posible. La falta de vehículos para transportarla hasta allá lo hizo inviable. Pero fue una experiencia que marcó a los integrantes de la cooperativa, campesinos que usualmente se sienten demonizados. 

“Nosotros no hacemos mal a nadie, no queremos el mal de nadie. Solo queremos crecer. Somos más de 100 familias que trabajamos acá. La provincia tiene que abrirnos una puerta para la venta, para que podamos aumentar nuestra producción metalúrgica, de los dulces y los pickles. Yo luché, viajé, participé mucho. Fue nuestra fuerza, nuestro coraje, que nos llevó a donde estamos”, enfatiza Nelci al borde de las lágrimas. Ella es la más veterana, trabaja a diario en la coordinación y compras. Su hija y su yerno, Adriano Matter, son también piedras fundamentales de la organización. “El que conoce la cooperativa sabe el valor que tiene. Todo fue un trámite muy sufrido pero muy bonito, una construcción muy hermosa. Y tenemos que sumar gente todos los días para tener fuerza y energía de lucha, por nuestro territorio. Para que nuestros hijos mañana no sufran lo que nosotros sufrimos. Que no sufran un desalojo, que es una desgracia, una tristeza”, evoca, desea y ruega esta mujer de ojos chiquitos pero intensamente celestes. 

La tierra ¿es del que la trabaja?

Según los datos de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) - que en estos días acampa en el Congreso Nacional  y realiza acciones en diversos puntos del país en reclamo de la Ley de Acceso a la Tierra, entre otras demandas - sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Además, el 87% de los agricultores arriendan las tierras para producir, porque no pueden comprar una parcela propia. Según el último Censo Nacional Agropecuario de 2018, el 86,6% de las explotaciones agropecuarias de Misiones están en manos de pequeños productores. El proceso de concentración de la tierra continua vigente, con un 0,7% de las explotaciones agropecuarias con más de 1.000 hectáreas en manos de 160 explotaciones agropecuarias, que concentran el 45,6% de la superficie ocupada. Las de mayor superficie son en general plantaciones de pino para las madereras, una especie exótica, que degrada el suelo, mientras que las medianas son de yerba, té y algo de ganado. El resto de la producción de alimentos está en manos de pequeños productores.

“La porción que está en manos de pequeños productores es muy baja, hay una gran extensión de tierra en manos de monopolios, mucha cantidad de tierras en manos de pocos”, afirma Adriano Matter, expresidente de la cooperativa y dirigente de la Cotrum. 

Los conflictos de tierras fueron uno de los factores que los llevaron a organizarse. Así lo describe Carolina Cordero, médica de Buenos Aires, afincada en Misiones hace más de una década e integrante de la cooperativa. “Hemos sufrido muchos intentos de desalojos. La situación de la tierra es irregular, si bien no todos están con amenazas actuales de desalojo, es inminente por la falta de regularización. Muy pocos cuentan con permisos de ocupación que la provincia otorgó en algunos casos, en su mayoría vencidos, y no se han titularizado las tierras. Las posesiones de los compañeros y compañeras corren siempre el riesgo de ser desalojados, no hay una política provincial que resguarde las posesiones. Contamos con una ley provincial contra los desalojos impulsada por diputados de nuestras organizaciones que año a año se renueva y permite tener una herramienta para defender la tierra. Pero no da una solución definitiva que permita el arraigo y tranquilidad para las comunidades que viven y trabajan la tierra”. 

Producción libre de agrotóxicos 

La cooperativa Cabureí se inició allá por el año 2006. En esos tiempos, solo había un añejo árbol de soita. Bajo su sombra, Nelci y algunas compañeras comenzaron con la elaboración de dulces. Hoy, bajo esa misma sombra está la cocina, una construcción simple y de madera al aire libre, que cobija a las dos mujeres que preparan el almuerzo diario de sus compañeras y compañeros.

Alrededor, al otro lado del alambrado y de la ruta, se expanden los campos infinitos de yerba mate. La mayoría está en manos de compañías extranjeras que desmontaron para producir yerba for export, como una empresa siria que vende a su país de origen. 

La cooperativa se formalizó en 2009 y hoy aglutina a unas 150 personas que se reparten entre las tareas del campo y de esta sede, que ya creció más allá del árbol. 

Es martes, son las 11 de la mañana y mientras el termómetro supera los 30 grados, un nutrido grupo de personas trabaja en tareas diversas. En una de las salas, varios hombres hacen lo suyo en la flamante almidonera, donde se elabora el polvo para los tradicionales chipás. Cargan kilos y kilos de mandioca en una máquina que la procesará para luego pasar a unos piletones inmensos en la sala contigua. 

Atrás, dentro de un tinglado, tres hombres sueldan hierros en la metalúrgica donde fabrican piezas que necesiten para consumo interno y torres de agua para clientes externos. En otra de las salas, impecablemente sanitizada y donde hay que entrar con cofia y traje de friselina, varias mujeres revuelven ollas enormes y humeantes que indican que están en pleno proceso de cocción de la mermelada de mamón. También hacen dulce de maracuyá y mandarina, pepinos en vinagre y pickles. Al otro lado está la sala de acopio donde se almacena la mercadería para consumo interno, y también para  los merenderos. La cooperativa asiste a unos diez merenderos en los barrios y dos en comunidades guaraníes de la zona, que funcionan  dos veces por semana a la hora del almuerzo.   

Afuera, bajo una media sombra, está la huerta en la que suelen trabajar el grupo de jóvenes, integrado por unos 25 chicos y chicas. Hay cedrón, menta, albahaca, boldo, manzanillas, romero, menta, salvia, ruda, cilantro, repollo, acelga, apio, perejil, jengibre, brócoli, tomates, y morrón. Afuera, en las chacras, cada uno de los integrantes tiene su espacio comunitario, donde plantan poroto, maíz o arroz, todo orgánico. De ahí llegan sobre la hora del almuerzo varios de los trabajadores y trabajadores.

Adriano tiene en su terreno sandía, mandioca, zapallo, maní, batata, maíz, ajo, yerba, porotos, y maní. “Son todos semillas criollas que vamos guardando. No hay ningún tipo de semilla transgénica”, asegura el dirigente, un hombre alto y flaco que habla con un dejo de portugués. 

La casa principal es una construcción de madera, donde funciona la administración y hay un pequeño stand con los dulces que se venden en las ferias. También hay una radio comunitaria, que por ahora no funciona ya que se quemó la consola como consecuencia de los cortes de luz, que por acá son permanentes, según cuenta Carolina Cordero. 

Y atrás de la casa principal están terminando de construir un espacio para hacer cursos de capacitación. “Todo lo que vas a ver es trabajo construido con las manos, con el trabajo de compañeros y compañeras. Las mujeres fueron bastante protagonistas de todo lo que hoy tenemos, empujaron el carro, y son las que siempre están. Los hombres también estamos, pero las compañeras son las que conducen, y eso es muy bueno”, se enorgullece Adriano. Casimiro Teixeira, actual presidente, asiente, y todos aseguran que la próxima presidenta será una mujer. 

De cara al futuro, apicultura y solidaridad en materia de género 

En Cabureí están pensando permanentemente cómo progresar y seguir adelante, más allá de las vicisitudes. Por eso ahora planean expandirse también a la apicultura. Esto entusiasma mucho a Casimiro, que tiene varias colmenas en su chacra, ubicada a pocos kilómetros de acá, donde está experimentando con miel de monte. “Estamos aprendiendo. Es una alternativa más para fortalecernos y tener otra líneas de producción. Hay muchos compañeros que hacen miel, pero no con la intensidad y el volumen para vender, sino que es más para consumo personal”, explica Teixeira, de hablar sereno y un portuñol acentuado. Como Nelci, Adriano y muchos de los que habitan en esta región, el portuñol, o el acento portugués al hablar castellano, es intensamente marcado. La frontera con Brasil está a la vuelta de la esquina y muchos pobladores son descendientes de brasileños o, como en el caso de Nelci, nacidos allá. 

La cooperativa es también un refugio para mujeres en situación de violencia de género, erigido más en base a la solidaridad de sus miembros que a la cooperación de organismos provinciales. Hasta el momento recibieron una heladera y un lavarropas de parte del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la provincia. “Es algo transitorio, para situaciones de emergencia. Ya hemos albergado sin estructura en ciertas situaciones, pero la idea es avanzar con el refugio. Hay mucha dificultad, hay muchísimos casos de violencia y no hay espacios para mujeres en situación de violencia en la provincia”, detalla Carolina Cordero.  

En Cabureí hay varias mujeres que asisten como promotoras territoriales en materia de género. La idea, se explaya Cordero, es impulsar estos espacios para que se pueda albergar en situaciones criticas. “Tratamos de evitar un desenlace fatal. La  justicia y la policía son muy lentas a la hora de actuar. En la mayor parte de las situaciones las compañeras del movimiento apoyan, ayudan, acompañan, contienen. Y tener un lugar para eso es un sueño”, concluye Cordero.   

Buena parte del sueño de Cabureí ya está cumplido. Pero aún queda un largo camino por recorrer, para que al fin, la tierra, sea de quien la trabaja. 

GP/CB

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y micro empresas (mipymes).

El proyecto fue aprobado en el recinto por unanimidad de 198 votos afirmativos y ninguno en contra, en el marco de una sesión maratónica que se inició poco después del mediodía del martes.

La iniciativa, que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $ 100.000, forma parte del temario que se debatirá el martes desde el mediodía en la primera sesión especial del cuerpo tras un año y medio.

El proyecto de alivio fiscal fue presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y cuenta con el aval del oficialismo y de la mayoría de la oposición.

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonen las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a $ 100.000 para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054, y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Al defender el proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que la iniciativa “busca regularizar la situación de deudas que tienen que ver con la pandemia”.

Explicó que, a través de esta iniciativa, “se condonan deudas vencidas hasta 21 de agosto de 2021 de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio, y se resolvió incorporar entre los beneficiarios a organizaciones de pueblos originarios”

Al finalizar los discursos, Massa agradeció el respaldo de los diputados al proyecto que beneficiará a más de un millón de contribuyentes y más de 150.000 mipymes.

Al hablar en el recinto, el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) puso de relieve que “la Argentina crece de manera despareja” y destacó la importancia de que el país crezca “con inclusión social”.

Desde el radicalismo, el diputado nacional por Misiones Luis Pastori destacó que las modificaciones planteadas por la oposición “han sido incorporadas”, y sostuvo que se trata de “una ley absolutamente necesaria e imprescindible para que el contribuyente comience el 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la AFIP”, al anticipar el respaldo a la norma.

La iniciativa propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $ 100.000.

También señala que la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y punitorios, multas y demás sanciones, y no comprende los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales ni las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

Con información de agencias.

IG