Telecom Argentina deberá esperar seis meses para avanzar en la fusión con la filial local del grupo español Telefónica, mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la evaluación sobre la posible configuración de un monopolio en el sector.

Fuentes de Telecom confirmaron este martes a EFE que la empresa ya fue notificada formalmente de la decisión del Gobierno argentino de suspender en forma preventiva los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom, concretada el pasado 24 de febrero.

La resolución ordena a Telecom abstenerse por el plazo de seis meses o hasta que las autoridades se expidan sobre si autorizan o no la operación -lo que suceda primero- de realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario y/o comercial que implique directa o indirectamente la integración o consolidación con Telefónica Móviles Argentina.

La medida, adoptada el pasado viernes por la Secretaría de Industria y Comercio por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), incluye cualquier iniciativa que implique unificar o integrar los equipos que forman parte de las dos empresas así como cualquier intercambio de información “competitivamente sensible”, como precios y estrategias de precios, costes y márgenes, planes de negocios y estrategias comerciales y datos sobre clientes, proveedores y planes de inversión.

La resolución, comunicada el último viernes por la Oficina del Presidente y avalada por la CNDC explica que la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero. También ordena a las empresas a respetar los convenios para el uso recíproco de infraestructura que hubieran firmado entre sí.

Para el Grupo Clarín, que controla Telecom Argentina, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

La decisión del Gobierno se dio, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

En tanto, para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

Concentración en el mercado

Telecom Argentina, que tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), compró a Telefónica su filial en Argentina por US$1.245 millones.

Telecom y Telefónica dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1989 el entonces gobierno de Carlos Menem privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Al suspender en forma preventiva los efectos de la adquisición, el Gobierno de Milei alegó que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado.

Según el Ejecutivo, la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% en el mercado de telefonía móvil y del 69% en telefonía fija, mientras que en los servicios de internet residencial la concentración podría llegar al 80% en algunas zonas del país.

En una nota remitida este martes a la Bolsa de Buenos Aires, Telecom dijo que, aún desde antes del dictado de la suspensión, las dos empresas “se encuentran operando como sociedades y negocios independientes”.

En tanto, fuentes de Telefónica en Argentina consultadas por EFE señalaron que de momento la compañía no hará comentarios sobre la suspensión.

Evaluación en marcha

Más allá de esta medida preventiva, tanto la CNDC como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el regulador de las telecomunicaciones en Argentina, prosiguen con el proceso de evaluación de la operación y la posible configuración de un monopolio en uno o más segmentos del mercado.

El Gobierno puede autorizar la operación, condicionarla al cumplimiento de ciertas condiciones o denegar su autorización.

Fuentes oficiales indicaron este martes a EFE que, en el caso que se detecte una posición dominante, se puede “forzar a ceder o a vender activos a un precio ventajoso a sus competidores, sobre todo en telefonía móvil”.

Las acciones de Telecom Argentina retrocedían este martes un 3,8% en la Bolsa de Buenos Aires.

Con información de Natalia Kidd, para la agencia EFE.

IG

El gigante del comercio electrónico Amazon fue demandado por la Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC), tras acusarla de mantener “ilegalmente su poder de monopolio” mediante la degradación de la experiencia de compra para clientes y empresas.

“Amazon es (un agente) monopolístico y explota sus monopolios de forma que compradores y vendedores pagan más por un servicio de peor calidad”, afirmó la presidenta de la FTC, Lina Khan.

En una demanda interpuesta en un juzgado federal de Seattle, en el Estado de Washington, la FTC y 17 fiscales estatales más acusaron a Amazon “no por ser una gran empresa”, sino por recurrir a tácticas que lesionan la competencia y que impiden “a sus actuales rivales crecer y a los nuevos arraigar”.

Asimismo, la compañía fue demandada por forzar a los oferentes presentes en la plataforma a hacer uso de sus servicios logísticos y de entrega para lograr un mejor posicionamiento de sus productos en la web. Por otro lado, las empresas que ofrecen sus productos con precios más bajos en otros portales son “castigados”.

Igualmente, Amazon impone tasas prohibitivas a las “decenas de miles de empresas que no tienen otro remedio que recurrir a Amazon para permanecer abiertas”. En este sentido, teniendo en cuenta las distintas modalidades de tributos, las firmas que se valen de la plataforma tienen que “pagar cerca del 50% de sus ingresos totales” a la compañía de Jeff Bezos.

“El patrón continuo de conducta ilegal de Amazon bloquea la competencia, lo que le permite ejercer un poder de monopolio para inflar los precios, degradar la calidad y minar la innovación para los consumidores y las empresas”, resumió el comunicado del organismo regulador.

Investigación similar en la Unión Europea

El pasado julio, la Comisión Europea abrió una investigación “en profundidad” contra Amazon tras su adquisición de iRobot, empresa detrás de los aspiradores Roomba, por las ventajas que la transacción podrían dar a la primera a la hora de “restringir” la competencia en el mercado de aspiradores autónomos a la vez que “refuerza su posición como proveedor de mercado”.

Según las averiguaciones preliminares del organismo, la adquisición “podría” permitir que Amazon limite la competencia al impedir o dificultar la comercialización de aspiradores rivales en su web, o mediante la restricción de la compatibilidad de estos con otros dispositivos domésticos, como Alexa.

LC

En 2020 el Departamento de Justicia de EEUU y los fiscales generales de 12 estados del país presentaron dos históricas demandas antimonopolio contra Google. Acusaron a la empresa de crear “una red ilegal de acuerdos privados” con fabricantes de teléfonos celulares y proveedores de Internet, a los que paga decenas de miles de millones de dólares al año para posicionar su buscador como opción predefinida o exclusiva en los productos de esas empresas.

Este martes comenzó en Washington el juicio que analizará si esos pactos secretos, unidos a la priorización de sus propias herramientas en Chrome y Android (el navegador más usado y el segundo sistema operativo para teléfonos celulares más popular, ambos propiedad de Google), sirvieron a la multinacional para construir un monopolio digital, como acusan las autoridades estadounidenses.

Google alega que la importancia de esos contratos se exageró y que su buscador es el preferido por los fabricantes y proveedores porque es el que los usuarios quieren utilizar. El juicio se desarrollará a lo largo de 10 semanas y podría suponer el fin de Google como gran ecosistema de múltiples servicios.

Separar Google

Se trata del mayor caso antimonopolio de las últimas dos décadas y el primero que afecta de lleno a la actual articulación de Internet. El último juicio de esta envergadura fue también contra un gigante digital, Microsoft, que a finales del pasado siglo fue acusado de monopolio por pactar con los fabricantes de ordenadores personales para que Windows llegara preinstalado en los equipos.

El tribunal que juzgo los hechos consideró culpable a Microsoft y decretó su separación en dos empresas independientes. Una gestionaría el sistema operativo Windows y la otra el resto del software de Microsoft. Sin embargo, la multinacional consiguió frenar ese extremo en su apelación y sustituirlo por una serie de compensaciones para su competencia.

La mayor amenaza para Google es enfrentarse a un fallo similar. Cuando se presentó la demanda, las autoridades antimonopolio estadounidenses no descartaron la posibilidad de desmembrar la multinacional, advirtiendo de que su comportamiento impide que otra empresa pueda llegar a hacerle una competencia directa y perjudica la innovación.

A pesar del crecimiento de YouTube y el gran abanico de herramientas que ha desarrollado en los últimos años, el buscador sigue siendo la piedra angular de Google y de su matriz, Alphabet. Según sus últimas cuentas, supone más de la mitad de los 278.000 millones de dólares de ingresos anuales de Alphabet y de sus 76.000 millones de beneficios netos. Su enajenación del resto de la compañía partiría en dos al mayor gigante de la era de Internet.

La amenaza de ser obligadas a vender parte de sus negocios toma fuerza en el control de las grandes tecnológicas en las últimas fechas. La UE aprobó recientemente una normativa especial para diversos servicios propiedad de Alphabet, Meta, TikTok, Apple, Microsoft y Amazon al considerarlos clave en el acceso a Internet de los ciudadanos. En caso de que se la salten de manera reincidente, la ley incluye la posibilidad de separar cada multinacional en varias empresas. Ocho de las 22 aplicaciones afectadas por las nuevas medidas forman parte del abanico de herramientas de Google.

La relación entre Google y Apple, protagonista inesperada

“Si la gente usa Google es porque le resulta útil” será el baluarte de la multinacional durante el proceso. Así lo ha expresado el presidente de Asuntos Internacionales de Google, Kent Walker: “Nuestro objetivo en este juicio es demostrar que los acuerdos de distribución de nuestro buscador reflejan la libre elección por parte de los proveedores de navegadores como de los fabricantes de dispositivos, basadas en la calidad de nuestros servicios y en las preferencias de los consumidores”.

“Pagamos a los fabricantes de dispositivos y operadores por la promoción adicional de servicios como Chrome y nuestro buscador”, reconoce, pero asegura que “es algo parecido a cuando un supermercado le cobra a una marca de cereales por situar sus productos primeros al comienzo de un pasillo o a la altura de los ojos en las góndolas”.

En un amplio comunicado, Walker asegura que esos pagos no son una interferencia en la libre competencia. “Nuestro éxito se sustenta en la calidad de nuestros productos, no en las cifras de nuestros contratos”, declara, recordando las palabras de Tim Cook, CEO de Apple, reconociendo que el buscador de Google es “el mejor”.

Cook hizo esas declaraciones en 2018, cuando salió a la luz que su compañía le cobraba entonces a Google 9.000 millones de dólares al año por ser el buscador predefinido en Safari o en las búsquedas de Siri. La relación entre ambas empresas, consideradas hasta ahora competencia acérrima (Steve Jobs llegó a amenazar a Google con “la guerra termonuclear” tras su entrada en el mercado de los teléfonos celulares con Android), será analizada al detalle en el juicio antimonopolio. Varios altos ejecutivos de Apple han sido llamados a declarar.

En este sentido, el Departamento de Justicia presentó como prueba una serie de mensajes entre las cúpulas de Apple y Google en el que tratan los detalles de este acuerdo, que se remonta a 2005. “Nuestra visión es que trabajamos como si fuéramos una sola empresa”, afirma un empleado de Apple en uno de ellos.

La competencia en el mundo digital

En su comunicado, el presidente de Asuntos Internacionales de Google recurre a argumentos habituales en los gigantes tecnológicos cuando se cuestiona su peso en sus mercados. De esta forma, Walker recuerda que el abanico de las búsquedas de información se abrió, ya que los usuarios ampliaron el uso de TikTok, Instagram o incluso Amazon (cuando se trata de búsquedas de productos) con este fin.

Se trata de una defensa similar a la que hace Mark Zuckerberg cuando alega que Meta tiene mucha competencia, ya que Facebook e Instagram compiten por la atención de los usuarios no solo con otras redes sociales sino con todas las propuestas de ocio, como Netflix o Twitch. Bajo este prisma, los gigantes digitales rivalizan con cualquier empresa digital. Sin embargo, si en el caso de Google se tienen en cuenta solo los motores de búsqueda, herramientas como Statcounter muestran que esta acapara el 92% del mercado, dejando a Bing (el buscador de Microsoft) en el 3% y a Yahoo en el 1%.

En esta línea, el alto ejecutivo de Google también manifiesta que el proceso supone “poner palos en las ruedas del progreso en un momento de innovación sin precedentes”. “Cada año invertimos miles de millones de dólares en I+D e introducimos miles de mejoras de calidad en nuestro buscador, para asegurarnos que ofrecemos resultados de máxima utilidad”, agrega: “No estamos de acuerdo con los que quieren cambiar la legislación antimonopolio pensando en el bienestar de los competidores antes que en los consumidores. Para nosotros, las personas son lo primero”.

No todos los productos y servicios aumentaron de precio al mismo ritmo en 2022, el año con la peor inflación de los últimos 32. En el resto del mundo también ocurre, tal como reflejó la cadena británica BBC en un artículo titulado “Greedflation: cómo algunas empresas están utilizando la excusa de la inflación para generar ganancias récord a costa de los consumidores”, jugando con la palabra “greed”, codicia en inglés. Allí, el economista jefe de UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, es decir, de la división del banco suizo para gestión de grandes patrimonios, no de un centro de estudios marxista, advertía: “Hay sectores que aumentaron su poder de fijación de precios y de los márgenes de ganancia”. En su blog, Robert Reich, exsecretario de Trabajo del gobierno de Bill Clinton y profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley razonó: “Los precios están subiendo porque las corporaciones tienen el poder de subirlos”.

¿Qué sucede en la Argentina? Veamos qué productos y servicios duplicaron o más sus valores, por encima del índice de precios al consumidor (IPC), de 94,8%. El pan y los cereales, en un mercado atomizado y afectado por el impacto de la guerra de Ucrania en la cotización del trigo, se encarecieron el 108,8% en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La leche y los productos lácteos, que constituyen un segmento concentrado, y los huevos subieron 110,4%. El aceite, las grasas y la manteca, otro sector con grandes jugadores y efecto de la invasión rusa, el 112,1%. También hubo remarcaciones en rubros atomizados en los que influyó la crisis climática en las cosechas: las frutas subieron 129,1% y las verduras, tubérculos y legumbres, 174,4%. El azúcar, los chocolates y las golosinas, otro negocio de pocas corporaciones, se incrementaron 104,8%. Las bebidas alcohólicas, donde hay grandes bodegas y cerveceras que dominan, 124,9%. La ropa, un sector diversificado pero con poderosos proveedores de materias primas y cadenas de shoppings, 129,2%. Los bienes y servicios para el hogar, 102%. Las prepagas, un negocio del que participan también grandes empresas, 100,9%. Los periódicos, libros y revistas, otro sector concentrado, y artículos de papelería, un 113,4%. Los restaurantes y hoteles, un rubro atomizado, el 110,4% y los bienes y servicios de cuidado personal, el 102,7%.

En un reciente paper de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), los economistas Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti concluyeron que en la Argentina “las ramas oligopólicas lideraron la aceleración de los precios tanto mayoristas como minoristas en el marco de la post pandemia y la guerra en Ucrania, y que el núcleo de esos incrementos corresponde a las ramas altamente concentradas con un claro predominio de grupos económicos locales o conglomerados extranjeros”. En segundo lugar, señalaron que “registraron aumentos de sus precios mayoristas superiores a los de importación y exportación valuados en pesos o, dicho de otra manera, su variación de precios fue más elevada que el que deviene del shock de precios internacionales sumada la variación del tipo de cambio oficial”. Por último, “las tres ramas oligopólicas con predominio de grupos económicos que fueron analizadas en términos de sus relaciones de compra-venta, siderurgia, aceites y azúcar, exhibieron, en la generalidad de los casos, aumentos de precios por encima de sus proveedores y demandantes, lo que tendió a alterar la estructura de precios relativos de las cadenas sectoriales en que actúan a su favor y en detrimento del resto”.

¿Qué sectores aumentaron mucho menos que la inflación? Es decir, ¿cuáles están relativamente baratos y el que puede debería compra? Las carnes, que se encarecieron 62,4%; el tabaco, aunque perjudicial para la salud, 70,2%; el alquiler de la vivienda, aunque a los inquilinos les suponga cuesta arriba, un 73,4%; la electricidad, el gas y otros combustibles, el 74,8%, y eso que les impactó la guerra de Ucrania y que comenzaron a quitarse subsidios a los más que tienen; el transporte público, el 62%; los servicios de telefonía e Internet, el 64,6%; y los servicios recreativos y culturales, el 69,2%.

AR/MG

Justo en los días en que el Gobierno está poniendo en marcha el fideicomiso del trigo para subvencionarle el precio a los molinos de harina y abaratar así el pan y las pastas, la Secretaría de Comercio Interior sancionó a una de las principales empresas del sector, Molino Cañuelas, y a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de $445 millones por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”. La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás tuvo un cruce con los empresarios del sector, a los que acusó de “estrangular al abastecimiento de harina”. La medida de Feletti responde a su vez a un largo dictamen de 111 páginas que sentenció la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el pasado 18 de marzo a partir de una denuncia de 2017.

Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, la empresa de los Navilli; el mismo monto para FAIM; $93 millones para CIM y $51 millones para Apymimra, y son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017, con la denuncia de Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales SA (Impulsar) ante Defensa de la Competencia. El pago de las sanciones deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que “cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo”.

Una vez conocida la medida, la FAIM manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la sanción, a la que consideró “groseramente arbitraria” y adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan”. Para la FAIM, la multa es “exorbitante e infundada” y la resolución “carece del más básico sustento fáctico y jurídico” y “está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.

“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, sostuvo. Por tal razón, la entidad adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan” para obtener un pronunciamiento judicial que “ponga fin” al actuar “arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.

En relación a la sanción, la Resolución 332/2022 da cuenta del expediente por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la “Fiesta de la Harina” llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y “por lo menos 107 empresas” sellaron el denominado “acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero”, que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un “cartel institucionalizado”. A partir de entonces, se indica en los considerandos de la resolución, “comenzó un accionar de prácticas anticompetitivas” por parte de Molino Cañuelas, organizando reuniones de precios convocadas por FAIM que “habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas”.

Impulsar sostuvo que FAIM “está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda”, y en consecuencia “el más grande decide y los demás acatan”. Asimismo, aseguró que Molino Cañuelas “limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional”.

De acuerdo con el dictamen de la CNDC, “las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde octubre de 2014 hasta, al menos, abril de 2017”. Esas conductas configuraron “una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general”, señaló Comercio Interior en la resolución.

“Un acuerdo de las características del aquí analizado requiere de un coordinador con peso suficiente en el mercado que brinde cierta estabilidad, en nuestro caso, la firma Molino Cañuelas”, remarcó. Si bien la multa fijada a la empresa fue de $150 millones, por tratarse del máximo legalmente permitido, Comercio Interior aseguró que “a partir del cómputo de un 20% sobre ventas netas de harinas de trigo para el año 2017, es decir, tomando el porcentaje mínimo del rango recomendado a nivel internacional para casos de carteles, ascendería a la suma de $1.083 millones”.

AR/CC

La Comisión Europea ha abierto este viernes una investigación antimonopolio para evaluar si un acuerdo entre Google y Meta (antes Facebook) para los servicios de publicidad gráfica online puede haber infringido las normas de competencia de la UE.

“Google proporciona servicios de tecnología publicitaria que actúan como intermediarios entre los anunciantes y los editores mediante subastas en tiempo real de espacios publicitarios online en sitios web o aplicaciones móviles”, explica la Comisión Europea “a través de su 'programa de licitación abierta'. Meta proporciona servicios de publicidad gráfica online y, a través de su 'Meta Audience Network', participa en subastas de espacios publicitarios de editores externos utilizando los servicios de tecnología publicitaria de Google y sus rivales”.

La investigación de la Comisión se refiere a un acuerdo de septiembre de 2018, que Google denominó Jedi Blue, entre Google y Meta para la participación de Meta's Audience Network en el programa Open Bidding de Google. A la Comisión le preocupa que el acuerdo pueda formar parte de los esfuerzos para excluir los servicios de tecnología publicitaria que compiten con el programa Open Bidding de Google y, por lo tanto, restringir o distorsionar la competencia en los mercados de publicidad gráfica en línea, en detrimento de los editores y, en última instancia, de los consumidores.

La vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, ha dicho: “Muchos editores confían en la publicidad gráfica online. A través del llamado acuerdo Jedi Blue entre Google y Meta, una tecnología competidora puede ser excluida del mercado. Si nuestra investigación lo confirma, esto restringiría y distorsionaría la competencia en el ya concentrado mercado de tecnología publicitaria, en detrimento de las tecnologías de publicación de anuncios rivales, los editores y, en última instancia, los consumidores”.

“La apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado”, dice Bruselas.

La Autoridad del Mercado de la Competencia del Reino Unido (CMA) ha lanzado su propia investigación sobre el acuerdo entre Google y Meta. “Como es habitual, la Comisión ha estado en contacto con la CMA y tiene la intención de cooperar estrechamente en esta investigación siguiendo las normas y procedimientos aplicables”, afirma el Ejecutivo comunitario.

AG

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indicó este miércoles que “la inflación es un problema complejo” y pidió “ir sobre los monopolios para que haya verdadera competencia”.

“La inflación es un problema complejo. Hay un tema de emisión monetaria sin dudas, pero también hay un tema de competencia. Hay monopolios en muchos sectores, tenemos que ir sobre ellos para que haya una verdadera competencia, porque no ayudan a bajar la inflación”, sostuvo el funcionario en diálogo con FM Urbana Play.

Y agregó: “No hay un plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. Al no haber inversión en la Argentina, que cambia las reglas de juego de un día al otro, lo primero que tenés que tener es un plan, un plan estable”.

Por otro lado, respondió a los dichos de la primera candidata a diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien acusó a la oposición de organizar un “golpe blando” por intentar boicotear la política de congelamiento de precios del gobierno nacional.

“La experiencia en la Argentina muestra que los controles de precios compulsivos no funcionó nunca”, dijo al renovar sus críticas y plantear discutir “cómo bajar la inflación”.

Para finalizar, el dirigente de Juntos por el Cambio excluyó la posibilidad de un consenso con el Frente de Todos en un consenso nacional: “El consenso tiene que ser mayoritario, pero no tiene porque ser con todos”, dijo.

“No imagino consensuar una visión de la Argentina con un espacio político que cree que hay que prohibir la exportación de carne. Hay niveles de diferencias, hay algunas visiones comunes que tienen que estar”, concluyó.

Las declaraciones del jefe de Gobierno porteño repercutieron en las redes sociales. A través de su cuenta personal de Twitter, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, le respondió a Larreta: “Vos sabés que #Sí”, lo respaldó el funcionario utilizando el slogan de campaña del Frente de Todos. 

Por otro lado, Larreta ratificó que Mauricio Macri se presentará este jueves en el llamado a declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

“Va al llamado a indagatoria. Hay que ser institucionalistas, hay que tener respeto al Poder Judicial. Está llamado a comparecer y va a ir. Mauricio Macri va mañana a la justicia y punto, eso esta fuera de otra discusión”, dijo.

Macri no se presentó en dos oportunidades a los llamados a indagatoria del juez federal de Dolores Martín Bava: en la primera oportunidad, el exmandatario se encontraba fuera del país y en su segundo llamado, ya en el país, tampoco se presentó y envío un escrito.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño se refirió a la movilización de apoyo a Macri en Dolores, anunciada para mañana a través de las redes sociales y cuestionada por los familiares de las víctimas, que pidieron que no se realicen manifestaciones políticas durante la indagatoria.

“Si hay gente que se quiera manifestar lo puede hacer. Pasó en otros casos. como a Cristina Kirchner, tienen el derecho de hacerlo”, consideró Rodríguez Larreta, a pesar del planteo realizado por los familiares de los tripulantes del submarino.

Los pedidos públicos fueron formulados luego de que trascendiera, a través de medios masivos de comunicación que distintos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) convocan a movilizarse para “bancar” al exmandatario, según el término empleado en los flyers que circulan también en redes sociales.

AB