La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió, este martes, la citación inmediata del juez Juan Carlos Maqueda por presunto mal desempeño en sus funciones de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Los 16 legisladores del Frente de Todos, que componen la mayoría del cuerpo, fueron quienes realizaron la solicitud. Según el documento por ellos presentado, Maqueda debería ser citado por las “imputaciones de Mal Desempeño y Posible Comisión de Delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas, durante el período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto de 2021, en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

Para los representantes del oficialismo, los cargos contra Maqueda ya han sido debida y ampliamente fundados mediante evidencia testimonial y documental recopilada en las sucesivas audiencias. “Maqueda quedó a cargo de la obra social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió el doctor Maqueda y nunca hubo concurso; por eso ─y dados los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró─ es que el doctor Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”, expuso el contador Marchi ante la comisión, en una de las mencionadas audiencias, según el documento presentado por el Frente de Todos.

Por estos motivos, este martes, la diputada Vanesa Siley leyó ─en la Sala 1 en la que deliberaba la comisión presidida por Carolina Gaillard─ un informe preliminar dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, en el que solicitaban la citación sin fecha definida de Maqueda.

De qué se lo acusa al juez Juan Carlos Maqueda

El documento presentado por los 16 legisladores del Frente de Todos señala las siguientes conductas atribuibles al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda:

1. Consentir, por omisión en el cumplimiento de funciones, pérdidas y daños a la integridad física y el derecho a la salud de sus afiliados y sus familias, además de prejuicios económicos irreparables para OSPJN.

2. Sostener una conformación antijurídica del Directorio de la Obra Social y mantener vacante la Sub Dirección Médica, Subdirección Administrativa y Auditoría Interna.

3. Gestionar la administración de la OSPJN de manera irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la entidad.

4. No evitar y contribuir al deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la OSPJN.

5. Desvirtuar el rol institucional y provocar desprestigio y mala reputación para la OSPJN.

6. Violar deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

ACM con información de agencias

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le tomó declaración testimonial a Aldo Tonón, ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) en el marco de la investigación por presunto mal desempeño de los magistrados del máximo tribunal.

Tonón había renunciado a su cargo luego de ser cuestionado por irregularidades durante su gestión, iniciada en 2008. De acuerdo con el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, desde entonces, faltaron controles sobre el stock de medicamentos y presentaciones de balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, y se demoraban o rechazaban sin debida justificación autorizaciones para tratamientos.

Así, por ejemplo, Laura Ambrosio, afiliada damnificada, declaró que la obra social dilató las autorizaciones para la quimioterapia: los medicamentos que debían llegar 48 horas antes de cada sesión, no llegaban a tiempo por lo que debió reclamar telefónicamente en reiteradas oportunidades. “Era enloquecedor el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura, pero no la brindaba”, expresó.

Además, entre otras irregularidades, había cargos clave vacantes, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o actualización de aranceles y no se realizaban licitaciones para la compra de medicamentos y prótesis.

Durante la sesión legislativa, Tonón reconoció que los balances contables nunca fueron certificados por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y que el cargo de de subdirector administrativo se mantuvo vacante. Sin embargo, el ex director subrayó que en las auditorías no surgió “ningún elemento probatorio por el que constara una irregularidad” en su gestión.

Además, destacó que en determinadas áreas, los responsables eran contratados bajo la modalidad de locación de servicios, en lugar de ser empleados de planta. “Era una modalidad común de contratación desde el 2003 y las personas contratadas eran idóneas”.

ACM con información de NA

Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, declaró este miércoles como testigo en la causa por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) y apuntó contra los jueces supremos Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti como responsables de las supuestas irregularidades en la administración de esa entidad.

Bajo juramento, el contador Marchi también afirmó que distintos empleados de la Corte fueron amenazados con ser desplazados de sus cargos, en caso que colaboraran con la Comisión de Juicio Político que investiga a los miembros de ese tribunal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

El funcionario del máximo tribunal, trasladado la semana pasada a la Cámara de la Seguridad Social, vinculó su desplazamiento a los “informes (que produjo) sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial”, según fuentes judiciales. “Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones (de pesos) en reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”, manifestó Marchi.

“El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, enfatizó Marchi. Declaró como testigo ante el juzgado federal 12, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo, quien investiga supuestas irregularidades desde el 2021 en adelante bajo la gestión de Mariano Althabe, aunque el contador también refirió a supuestos desmanejos ocurridos en la anterior gestión, los cuales tramitan en otro expediente.

El exadministrador sostuvo que el juez Maqueda estuvo a cargo de la OSPJN hasta el 2021, cuando envió un correo a sus colegas informado su salida, y que luego lo sucedió el presidente Rosatti en esa función.

En ese sentido, Marchi señaló que Althabe fue nombrado por propuesta de Rosatti y que hasta el 2021, la OSPJN estaba encabezada por Aldo Tonón, propuesto por Maqueda. Afirmó que en 2013 Maqueda propuso a su secretaria para integrar el directorio, a quien identificó como Marta Herrera, y que luego habría sido nombrada vicepresidenta de esa entidad.

En su declaración testimonial, Marchi señaló también que “la acordada 19/2021 dispuso que la Administración debía presentar informes mensuales al Tribunal” sobre la obra social, pero luego acotó que su primer informe “no gustó”, por lo que “Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral”, algo que referenció en la acordada 1/2022.

“Luego se ocultaron mis informes y finalmente me sancionaron. Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la Obra Social, no me habría criticado a mi mismo”, aseveró Marchi.

Marchi se refirió al contenido de los informes que realizó sobre la Obra Social, y resumió cuáles fueron las supuestas irregularidades detectadas. Su principal conclusión fue que la OSPJN no tiene contabilidad, presupuesto, manuales de procedimiento, expedientes ni dictámenes. Además, dijo que existen diferencias de inventarios en los medicamentos de farmacia y que los medicamentos y prótesis se adquieren en forma directa, entre otras presuntas irregularidades.

El funcionario fue convocado por el juez Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo y “ofrecer prueba” en el expediente “respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación”, luego de su intervención ante la Comisión de Juicio Político. “Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad”, había señalado.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió solicitarle a la Justicia la comparecencia “por la fuerza pública” de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), en una nueva audiencia por el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La reunión de la comisión, presidida por la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos, inició a las 15:20 con el objetivo de tomar declaración a una nueva tanda de testigos, convocados con la lupa sobre las presuntas irregularidades cometidas en la obra social de los judiciales.

Si bien Héctor Marchi, el desplazado administrador de la Corte, había sido citado a la reunión de este miércoles para completar su testimonio de hace algunos días, la convocatoria fue reprogramada para la semana próxima, ya que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.

Como sucedió en la última reunión, se ausentaron nuevamente Tonón y el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici. Tampoco asistió el contador Nicolás Serafini, quien firmaba los balances de la obra social. Al iniciar la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que Tonón sea obligado a comparecer “por la fuerza pública”. El exdirector no concurrió en tres oportunidades, bajo el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.

Por su parte, Clérici y Serafini argumentaron problemas personales y pidieron reprogramar la citación. También se convocó al director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; a María Betina Bonuccelli, funcionaria del tribunal, y a Valeria Díaz, una afiliada de la obra social.

La de este miércoles es la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político desde que se inició su labor, el 26 de enero pasado. El cuerpo parlamentario busca determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.

En la reunión pasada, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una “sanción encubierta” y “amenazas” contra funcionarios de los Tribunales.

Luego de la investigación por las supuestas irregularidades en la obra social judicial, la Comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales, los cuales el expresidente Mauricio Macri redirigió a ese distrito en 2016. Por esa causa, se prevé la declaración de los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández-; la del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y la del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

LC con información de agencia Télam

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados escuchará este martes a los primeros testigos que declararán en torno a irregularidades, sospechas y denuncias contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), una de las “cajas” de la Justicia que depende de la Corte Suprema.

Para la reunión de este martes a partir de las 13, la comisión parlamentaria citó a Aldo Tonon, ex director de la obra social, quien renunció a su cargo en marzo último, mientras es investigado por supuestos desmanejos que investiga la Justicia federal, expedientes que se abrieron en medio de la feroz interna entre los propios jueces de la Corte que escaló a finales de 2021, tras la asunción de Horacio Rosatti como presidente del tribunal. 

Tonon es un testimonio clave pero complejo, ya que al ser uno de los investigados podría no responder muchas de las cuestiones que abordarán los diputados, ya que no puede declarar contra sí mismo en una testimonial. 

Además, aunque no fue señalado con nombre y apellido, el juez Juan Carlos Maqueda, quien ejerció entre 2008 y 2021 como supervisor de la obra social, criticó duramente la gestión de Tonon en la institución en un correo electrónico que el juez envió a sus colegas del tribunal en agosto de 2021, presentando su renuncia a la tarea de supervisión de la institución médica. 

Maqueda dejó claro en su misiva electrónica que los jueces de la Corte y las autoridades de la obra social de los judiciales se han enfrentado en reiteradas oportunidades por el manejo de la institución de la que depende la asistencia médica de jueces, funcionarios y empleados judiciales y sus familias. Sin embargo, esas internas y enfrentamientos están poco claros hasta el momento.

La Corte sostiene que la obra social es “es un organismo con amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera” a cargo de un directorio que toma las decisiones y tiene responsabilidad por las mismas y sus consecuencias, de acuerdo al estatuto aprobado por los ministros del tribunal en 2008.

¿Quién eligió a los integrantes del directorio durante al menos los últimos 15 años? Los jueces de la Corte, quienes además, debían recibir mensualmente un informe de gestión por parte de los directivos de la institución. ¿Cómo podría el directorio haber cometido desmanejos e irregularidades sin que los jueces pudieran intervenir?

El estatuto fue derogado en febrero de 2021, tras la asunción de Rosatti como presidente del tribunal. Los cuatro jueces de la Corte aprobaron entonces una nueva versión del documento que rige el funcionamiento de la obra social y dejaron al organismo bajo la órbita de la Secretaría de Administración de la Corte, recortando esa supuesta autonomía y cambiando la integración del directorio.

El oficialismo indagará sobre esa supuesta autonomía y la responsabilidad de los jueces de la Corte en el manejo de la obra social, que acumula desde hace décadas denuncias por desmanejos y falta de prestaciones de algunos de los magistrados, empleados y funcionarios mejores pagos del país. Es decir, de una institución que tiene fuentes de ingreso notables. 

“Se debe integrar el Directorio de la Obra Social con profesionales competentes, experimentados y comprometidos.”

Juan Carlos Maqueda — Juez de la Corte y supervisor de la obra social de los judiciales (2008-2021).

Un correo a la romana

Un documento clave para la comisión es el informe de auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la obra social, ordenado por la Corte tras la asunción de Rosatti en la presidencia. 

El kirchnerismo cuenta con un segundo documento, un correo electrónico, en el que el juez Maqueda admite los desmanejos e irregularidades y el conocimiento que los jueces del máximo tribunal tenían del problema, pero en el que el supervisor de la obra social deslinda responsabilidades de los cortesanos y responsabiliza al directorio. Lo que los diputados deberán dilucidar es si este documento esconde una estrategia para exculparse de los desmanejos sucedidos durante las últimas décadas. 

No sería el único en esa línea. En enero último, el juez Lorenzetti también se quejó en un documento público por presuntos desmanejos de la obra social. Lorenzetti planteó que la auditoría reveló “irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del Directorio, por decisión de esta Corte”.

Además de Tonon, están citados para este martes la contadora de la obra social Melisa Solana; la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi; Oscar Fernández, quien participó de una auditoría de la institución ordenada por la Corte en 2021; y Laura Coulin y Liliana de Brito, trabajadoras judiciales afiliadas a OSPJN.

El correo fue enviado el 30 de agosto de 2021 desde la cuenta oficial del juez Maqueda a las cuentas oficiales de sus colegas en la Corte: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, quien todavía integraba el tribunal.

El asunto del correo dice: “Retiro de Maqueda de la supervisión de la obra social”. “Mi experiencia de ejercer la supervisión de la Obra Social sin tener poder de ejecución ha sido francamente negativa. Una pelea contra molinos de viento”, afirmó Maqueda en el e-mail.

“Quisiera que ustedes supieran -escribió Maqueda a sus colegas- la ímproba tarea de intermediación que durante estos años tuvo el personal de mi vocalía, a quienes acudían Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial para obtener respuesta positivas a sus pedidos. dedicaron igual tiempo a sus tareas específicas que a los reclamos a la Obra Social.”

Maqueda sostuvo en la misiva electrónica que durante la primera presidencia de Lorenzetti (2007-2009) le fue “asignada esa tarea”, que continuó hasta el día de su renuncia, hace menos de dos años. “Es un ciclo cumplido y para mí terminado con luces y sombras”, afirmó el juez.

“Estábamos con una obra social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas. Hoy contamos con la solvencia que nos dan (sic) 34.000 millones de pesos y casi 4 millones de dólares. Las finanzas están saneadas y se han incorporado una gran cantidad de prestadores (sic)”, agregó.

“La cobertura de los medicamentos era del 50% de su valor y hoy es del 70% del valor total por la Obra Social. Se eliminó la venta de los bonos de consulta y prácticas médicas y muchas de ellas pasaron a ser gratuitas”, aseguró Maqueda. Además, escribió: “Se eliminaron prácticas corruptas que dieron lugar a sumarios administrativos y denuncias que terminaron con condenas penales a empleados y prestadores”.

“Lamentablemente, esta tarea no fue acompañada de una modernización de la Obra Social. Se sucedieron -aseguró el supremo- frustradas licitaciones para equiparla de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativas, no se modernizaron los sistemas de consultas, ni la deficiente calidad de servicios que se ofrece a quienes concurren a la Obra Social por una solución de sus problemas. El sistema administrativo interno es engorroso y malo, no existen manuales de procedimientos y todas las autorizaciones dependen de una sola persona: el Director de la Obra Social.”

“Toda esta situación hizo eclosión durante la pandemia que nos azota”, escribió Maqueda en 2021. “Me retiro de las funciones de supervisión de la Obra Social -continuó- con un sabor amargo. Las tareas pendientes tapan los logros y las realizaciones. La Obra Social es muy codiciada por grupos de presión y sectores de poder por su solvencia económica actual. Todos elevan críticas pero no propuestas de soluciones reales para sus problemas que, básicamente, es una mejor atención a los afiliados (sic)”.

“Me gustaría reiterar a mis colegas tres cosas que vengo repitiendo durante el último año”, afirmó Maqueda, antes de enumerar tres cuestiones.

En primer lugar, reiteró “la necesidad de modernizar la obra social”, en referencia a la falta de un sistema informático y manuales de procedimiento administrativo, y sostuvo que durante su gestión se creó una comisión con la colaboración de Daniel Marchi (administrador de la Corte y mano derecha de Lorenzetti) y Andrés Sacchi, director de Sistemas del tribunales. “Ahora la dirección de la Obra Social deberá ponerla en marcha”, afirmó sobre la “modernización”.

En segundo lugar apuntó directamente a quienes gestionaban la Obra Social: solicitó a sus colegas “integrar el Directorio de la Obra Social con profesionales competentes, experimentados y comprometidos”.

En cuanto al tercer punto, Maqueda escribió: “Se debe enmarcar a la Obra Social bajo la dependencia de la Secretaría General de la Administración de la Corte Suprema”, es decir, bajo la tutela de Marchi, uno de los apuntados por los diputados de la Coalición Cívica en sus acusaciones y pedidos de juicio político contra el ex presidente del tribunal, Lorenzetti, ya que Marchi es el contador a cargo del manejo financiero de la Corte. Poner la obra social bajo la órbita de Marchi “será la única forma de hacer cumplir las órdenes ejecutivas que imparta la Corte Suprema en sus Acuerdos”. Su pedido se cumplió en febrero de 2022 por acordada del tribunal.

Se sucedieron frustradas licitaciones para equiparla (a la obra social) de un sistema informático, no se mejoró la atención administrativas, no se modernizaron los sistemas de consultas, ni la deficiente calidad de servicios.

Juan Carlos Maqueda — Juez de la Corte Suprema y supervisor de la obra social de los judiciales (2008-2021)

Por último, Maqueda agradeció la “confianza” y “apoyo” recibido de parte de sus colegas y, en especial, de Lorenzetti y Rosenkrantz, hasta entonces quienes habían ejercido la presidencia del tribunal.

Quince días después de la renuncia de Maqueda, un empleado del área informática de la obra social presentó una denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py por presuntas irregularidades en el sector, de acuerdo a una publicación de Infobae. Un mes y medio más tarde, la sede central de la obra social y el domicilio de Tonon, el entonces director, fueron allanadas en el marco de la causa.

Tonon es investigado en otro expediente penal a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social. Stornelli pidió el cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación.

ED

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, advirtió sobre irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y apuntó contra sus autoridades por no corregir los “incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”.

A través de una nota enviada al Directorio de la OSPJN, presidido por Mariano Althabe, el magistrado afirmó que “es particularmente grave que no haya presupuesto del año 2022, ni 2023” y se quejó de que en un escrito habían informado que le habían encomendado su elaboración a una contadora que “renunció de manera abrupta”.

Además alertó a Althabe que “los únicos balances que no están presentados son los del año 2021 y 2022, que corresponden a su gestión”.

Lorenzetti planteó que una auditoría realizada a la obra social reveló “irregularidades contables y administrativas, lo que fue publicado y enviado al Juzgado que investiga los hechos del Directorio, por decisión de esta Corte”.

El magistrado remarcó que un nuevo control sobre el OSPJN señaló que “revelaron incumplimientos durante la gestión del doctor Althabe” y, al referirse a una nota enviada por el Directorio de la obra social al máximo tribunal, afirmó: “No explica por qué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”.

El juez también criticó “aspectos formales” del escrito presentado por las autoridades de la obra social, en respuesta a un requerimiento hecho en agosto de 2022: “Es extemporáneo contestar casi seis meses después, vencido el plazo”.

“La nota es inválida desde todo punto de vista. Quien debía informar era el Directorio, que actualmente son cinco personas. Los dos nuevos integrantes todavía no asumieron formalmente. En especial, la representante del gremio que firma no tenía contrato al momento de firmar. Tampoco firmó el doctor (Aldo) Tonón, ni hubo reunión de Directorio, ni acta que respalde ese informe. De manera que es inválido por no representar al órgano de dirección”, manifestó el rafaelino.

Y concluyó: “En consecuencia, corresponde declarar incumplido el traslado e iniciar el procedimiento legal que corresponda ante las autoridades de contralor”.

El deterioro de los servicios y las sospechas en torno a una serie de licitaciones de la OSPJN forman parte del expediente del juicio político que enfrentan los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

MB con información de la agencia de noticias NA

Efectivos policiales realizaron un procedimiento en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en el marco de una causa que se inició por una denuncia por supuesto delito de peculado por el uso de elementos informáticos.

Las actuaciones se realizaron en la sede de la obra social y en la casa de Aldo Tonon, su director y tienen como objetivo secuestrar documentación y computadoras que puedan ser útiles para el avance de la investigación. La misma está a cargo del fiscal Carlos Rívolo, quien pidió el allanamiento que fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La denuncia fue presentada el 14 de septiembre en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y quedó radicada bajo el número 5666, según surge del registro de sorteos de acceso público al que puede ingresarse a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

La denuncia, que ingresó en tribunales bajo el título de «averiguación de delito», fue realizada por un empleado de la Obra Social del Poder Judicial que cumpliría funciones en el área informática.

El procedimiento de este mediodía trascendió a pesar de que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y es investigada rodeada de un fuerte hermetismo.

AB