La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó los sobreseimientos de los gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado en 2017 y apartó al juez que en dos oportunidades había considerado que no cometieron delitos. También ratificó que no hubo desaparición forzada-

El magistrado Gustavo Lleral, fue apartado por decisión de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez. Ahora, el nuevo juez de la causa –el tercero desde que se inició la investigación- será Federico Calvete, quien es titular del juzgado federal de Ushuaia.

La Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó, además, la producción de las pruebas pendientes que habían pedido las querellas, entre ellas la de Sergio Maldonado, hermano de la víctima. El tribunal también aceptó planteos de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también querellantes.

El fallo advirtió que el juez Lleral repitió casi calcados en su resolución de 2023 –que es la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes.

De esta manera, los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra volverán a quedar bajo investigación.

La Cámara ya había revocado los sobreseimientos y ordenó la profundización de líneas de investigación, cosa que –según el criterio expresado en la resolución de hoy- no ocurrió.

La Cámara recordó que la hipótesis inicial de la investigación, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno”.

Sin embargo, los camaristas destacaron que “ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar -como proponía el magistrado de la anterior instancia- que el deceso de Santiago Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal”.

El tribunal ordenó profundizar en líneas de investigación inexploradas hasta ahora “para terminar de despejar los interrogantes que se habían suscitado luego de la autopsia, y así dar por concluida la investigación”.

La Cámara le recomendó al nuevo juez de la causa “que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas prueba aquí propuestas, así como todas aquellas que estime pertinentes, a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”. Para ello, deberá “arbitrar todos aquellos medios y recursos que a tales fines resulten necesarios”.

MM con información de la agencia NA.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó hoy una denuncia formal contra el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti relacionada al caso Santiago Maldonado.

Los delitos que Bullrich le adjudica al ex funcionario son: traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, por haber realizado una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la familia Maldonado había iniciado contra la Argentina por supuesta responsabilidad en la muerte del joven.

En la denuncia, la ministra afirmó que Pietragalla “aseveró hechos falsos y ocultó hechos auténticos, debidamente acreditados en la investigación judicial”, con intención de involucrarla por su desempeño como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, Bullrich aseveró que el ex secretario de Derechos Humanos pretendió instalar que hubo “conductas ilícitas” tanto en la búsqueda como en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.

En su momento, Pietragalla declaró que la ministra “ocultó pruebas” y “sembró pistas falsas” además de impedir que “los familiares tengan acceso a la información relevante” en la causa y no los dejara “participar de las principales medidas de búsqueda”.

Por su parte, y tal como consta en la denuncia, Bullirch determinó que todo fue “absolutamente falso”, debido a que la familia Maldonado tuvo participación en la búsqueda, en el posterior hallazgo del cuerpo e incluso participó en la autopsia junto con otras cincuenta y cuatro personas, que afirmaron que el fallecimiento de la víctima fue por ahogamiento “sin la intervención de terceras personas”.

Según Bullrich, Pietragalla estaría incurriendo en una “violación de sus deberes públicos” y “traicionando a la Patria”, ya que compromete a la República Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CRM con información de la agencia NA

“La vía pública es el rostro de una nación, el único escenario donde el Estado está presente visiblemente en la persona de los miembros de sus fuerzas de seguridad”. Página 52 de De un día para otro. Medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno (Sudamericana), el libro que publicó Patricia Bullrich en septiembre pasado y que presentó en el salón de actos de la Facultad de Derechos de la UBA apenas días después de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta las PASO y poco antes de quedar fuera del balotaje que ganó Javier Milei. Con la oficialización este viernes de que volverá al ministerio que condujo entre 2015 y 2019, la frase podría dejar de ser una simple consigna puesta en letras para pasar a ser una política estatal: para Bullrich, antes que nada, primero están las fuerzas de seguridad.

Bullrich vuelve a Seguridad de la mano de Milei, con el objetivo de “poner orden”. Un “orden” al que relaciona directamente con la presencia activa de las fuerzas y el control policial de la vida cotidiana. No será un mero revival de lo que fue su gestión durante el macrismo, sino una profundización de aquellas políticas de “mano dura”, expresión que llegó a usar durante su campaña electoral. Ahora cambió el tono, haciendo suya una frase que patentó el libertario: “Es simple: el que las hace las paga”, cerró su mensaje en redes sociales al aceptar el cargo que asumirá el 10 de diciembre.

Tanto su último libro como su gestión con Mauricio Macri dan pistas de lo que será la política de seguridad mileista, con el control de la calle como eje central. La vía pública pasará a ser escenario de la avanzada política, económica y hasta cultural que propone el presidente electo. Y ahí tiene que estar la policía. “Los agentes del orden (...) son la única expresión de un gobierno a cielo abierto”, dice Bullrich en su texto. elDiarioAR solo encontró silencio en su entorno en las últimas horas. 

Antipiquete

Lo primero con lo que querrá barrer Bullrich será con cualquier posibilidad de piquetes y manifestaciones que pueda ocasionar el ajuste económico que propone Milei. En eso estará en línea con el flamante ministro de Seguridad que tendrá la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff. De hecho este viernes el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, celebró un operativo de la Infantería de la policía porteña que impidió un piquete en la avenida 9 de Julio.

El tándem Bullrich-Wolff tendrá el primer desafío muy pronto: el 19 y 20 de diciembre el Polo Obrero agendó sus primeras jornadas de marchas en todo el país por los planes sociales. La receta que aplicará el gobierno entrante será con represión.

En el imaginario bullrichista sigue muy fresca la movilización contra la reforma previsional de diciembre de 2017: el latiguillo macrista son “las 14 toneladas de piedras” que se habrían lanzado desde los manifestantes kirchneristas y de izquierda contra la policía. La exministra recuerda en su libro que le impidieron actuar con las fuerzas federales para reprimir, mientras el oficialismo fracasaba en la votación en la Cámara de Diputados.

“A algún funcionario nacional se le ocurrió que no había que reprimir aquel ataque salvaje y premeditadamente organizado cuya fallida contención quedó a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, paralizada y victimizada por la orden de no actuar”, escribe, en referencia implícita al entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a Larreta. “Durante el ejercicio de mi cargo de ministra de Seguridad no permití los cortes de rutas nacionales, las vías sobre las cuales yo tenía jurisdicción; pero debe reconocerse que no todos procedieron de la misma manera”, apunta en su texto.

Ahora Bullrich vuelve recargada: “Ni una sola piedra arrojada quedará impune”, destaca en un capítulo donde escribe: “Las fuerzas de seguridad, con el respaldo de las normas y del poder político, poseen experiencia suficiente para disolver los piquetes, identificar a sus líderes y arrestarlos, porque la interrupción de una vía de acceso constituye un delito que se comete en flagrancia y, por tanto, no se requiere una orden judicial para actuar”.

Doctrina Chocobar

La política antipiquete de la futura ministra va el línea con el regreso de la llamada “doctrina Chocobar”, un protocolo que ella misma reglamentó en la resolución 956/2018 y que habilitaba a las fuerzas federales a disparar sus armas reglamentarias ante cualquier amenaza, aún cuando del otro lado no hubiera armas o quien violara la ley estuviera de espaldas.

Escribe Bullrich en su libro: “Durante mi gestión, di orden a mis asesores de elaborar un protocolo sobre el uso de las armas de fuego. Ese protocolo establecía claramente en qué casos y de qué manera podían utilizarlas e incluso disparar. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación —ya sin Zaffaroni— me había sugerido redactar algo así y, una vez puesto en marcha, el protocolo fue avalado, en diferentes casos, por siete jueces federales. Terminado nuestro mandato, lo primero que hizo el gobierno kirchnerista, a instancias de la nueva ministra (en alusión a Sabina Frederic), fue derogar aquel protocolo. Los miembros de las fuerzas de seguridad quedaron en tal situación de incertidumbre que un policía prefirió correr el riesgo de que lo mataran antes que sacar su pistola para defenderse”.

El nombre público de esa normativa remite al caso del expolicía Luis Oscar Chocobar, quien en diciembre de 2017 mató al balear por la espalda a Juan Pablo Kukoc, en diciembre de 2017, durante un intento de robo a un turista extranjero. Bullrich se atrevió a llevar a Chocobar como uno de sus “invitados especiales” en el segundo debate presidencial en las recientes elecciones. En mayo pasado el Tribunal Oral de Menores N°2 de Comodoro Py lo condenó a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer como funcionario público. 

Según la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), el regreso de la doctrina Chocobar potenciará el aparato represivo del Estado, que durante el macrismo-bullrichismo fue letal: “El de Cambiemos fue el gobierno más represor desde 1983”, señala el informe de la organización sobre el saldo de la gestión 2015-19, que representa más del 26% del total de casos de gatillo fácil que hubo desde el retorno democrático. La Correpi registra un total de 1833 personas “asesinadas” en 1435 días de gobierno (entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019). 

Entre los años 2020, 21 y 22 del Frente de Todos registraron 1604 casos, pero cambió la modalidad: “hubo un descenso –rela­tivo, pero sostenido— de los fusilamientos de gatillo fácil”, dice la ONG en su último informe y destaca el cambio de política sobre “la de­rogación de los protocolos Bullrich y la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Que las cifras sigan altas se debe a que la mayor parte de las muertes “ocurrie­ron bajo custodia”. 

“Ahora vamos a enfrentar de nuevo a Bullrich, pero recargada con el filtro de Milei y de Victoria Villarruel”, planteó a elDiarioAR María del Carmen Verdú, referente de la Correpi. En su momento la ministra enfrentó directamente a la organización con un contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”. 

Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

Hablar del paso de Bullrich por Seguridad también implica recordar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos muertes en las que estuvieron involucradas la Gendarmería y la Prefectura, respectivamente, fuerzas que dependen directamente del ministro de turno. 

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 luego de una represión contra la comunidad Pu Lof en Chubut que estaba cortando la ruta 40: apareció muerto 78 días después en el río homónimo de la provincia. “Desde el primer momento, el gobierno nacional y la entonces ministra Patricia Bullrich redoblaron la apuesta: negaron la desaparición de Santiago, atacaron y espiaron a su familia, ocultaron evidencias”, denunció el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) al cumplirse seis años del caso. 

Bullrich y Macri siempre se despegaron de tener responsabilidades políticas mientras un juez federal de Rawson sobreseyó a los gendarmes acusados por el operativo. Hoy la familia de Maldonado exige que la Corte Suprema designe un nuevo juez para que reabra la investigación “sin descartar la figura de desaparición forzada”. El exmandatario llegó a descalificar a Maldonado hace pocas semanas: “Los ríos de la Patagonia son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho”, dijo durante una conferencia en Uruguay al recordar el caso. 

En su libro, Bullrich reflexiona sobre el caso Maldonado de una manera muy particular: “Resulta imperioso capacitar a los docentes. ¿Con quién haremos la segunda revolución educativa de la Argentina? ¿Con Rosario Vera Peñaloza, con Leopoldo Marechal, con José Manuel Estrada? ¿O con los maestros que pasaban lista llamando a Santiago Maldonado para demostrar que era un desaparecido y los que decían en el aula a los hijos de los gendarmes que sus padres eran asesinos? Entre esos dos extremos –uno ilustre y el otro vicioso– estoy segura de que existen miles de docentes deseosos de dar lo mejor de sí”, se puede leer casi al final del texto, en un capítulo sobre sus propuestas educativas. 

En el libro no hay referencias a Rafael Nahuel, joven de la comunidad mapuche que también murió en 2017 tras una represión en Villa Mascardi. Cinco prefectos fueron condenados a cinco y cuatro años y medio de presión esta misma semana, fallo que será apelado por la querella por considerarlo “insuficiente”. Pero Bullrich sí habla sobre la cuestión mapuche en su texto: “El Sur argentino está asediado por grupos terroristas de la Resistencia Ancestral Mapuche que incendian viviendas y vehículos, hieren y matan a civiles y uniformados y ocupan territorios y edificaciones, ante la indolencia, cuando no la complicidad, del gobierno”. Acusa de esas acciones al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y revela su propuesta específica para lograr “orden”, que ahora nada le impedirá llevar a cabo: “Habrá que llegar con el doble de la potencia que pusimos en nuestra primera gestión; emplear a todas las fuerzas de seguridad y, en la medida en que la ley lo permita, también a las fuerzas armadas para dar apoyo logístico”. 

Narcotráfico y la cárcel CFK

Bullrich ya avisó que buscará emplear incluso a las Fuerzas Armadas en seguridad interior –política que tiene límites legales–, sobre todo en su lucha contra el narcotráfico. Fue celebrada cuando envió 3.000 gendarmes a Rosario, política que esta vez sin duda repetirá: en la gobernación santafesina asumirá Maximiliano Pullaro, que en su momento fue el ministro de Seguridad provincial. Ya esta semana hubo reuniones entre ellos. 

Bullrich destaca que durante su gestión “se llevaron a cabo 102.547 procedimientos, se incautaron 805.482 kilos de marihuana, 33.020 kilos de cocaína, 626.698 unidades de droga sintética y fueron detenidas 107.257 personas”. “Se trató de los resultados más altos de toda la historia argentina, y eso lo conseguimos porque valorizamos el papel de las fuerzas de seguridad, sin dejar de controlar su comportamiento”, apunta en su libro. 

Entre otras medidas, la próxima ministra propone además reimplantar desde el día uno el Régimen de Máxima Seguridad en las cárceles y hasta tiene en plan la construcción de un penal llamado “Cristina Fernández de Kirchner”. Quiere que el Servicio Penitenciario Federal pase del Ministerio de Justicia al de Seguridad y, también, “restablecerse el servicio de inteligencia de ese cuerpo, que quedaría así integrado a la comunidad de la Dirección de Inteligencia Criminal”.

Además propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Y tiene un punto que discutir con el futuro mandatario: rechaza la libre portación de armas, política que está en la plataforma de campaña de La Libertad Avanza.

“Necesitamos la fuerza de la ley y el orden para reconstruir nuestro futuro en libertad”, escribe Bullrich en su libro. ¿Imaginaba ya su futuro político junto al libertario? “Yo puse orden durante los cuatro años que manejé el Ministerio de Seguridad de la Nación”, afirma, y cierra con tono poético: “Amé el orden, amo el orden y sé cómo establecerlo en una sociedad que, junto con la verdadera libertad, lo necesita y lo reclama más que nunca”.

MC/JJD

Patricia Bullrich asumió la premisa de que las campañas electorales se deben edificar sobre una idea basal, inequívoca, con fuerza para interpelar a los electores. Raúl Alfonsín hizo blanco en el terror de Estado y el gangsterismo financiero: “Con la democracia se come, se cura y se educa”. Con Carlos Menem fue “salariazo y revolución productiva”. Jaime Durán Barba ideó para Mauricio Macri “no vas a perder nada de lo que ya tenés”, con tres ejes que decían todo y nada a la vez: “Pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos”. Durante los Kirchner, los eslóganes utilizados (“Un país en serio”, “La fuerza de un pueblo”, “La patria es el otro”) estuvieron, en promedio, por debajo de la potencia política de la pareja.

En esta campaña presidencial, la razón de ser de Bullrich es “terminar con el kirchnerismo”. “Destruir”, “eliminar” o “desterrar” fueron otras traducciones de la candidata. La declaración cuasi bélica parece burda. Sometida a la retórica plana de Bullrich —un fraseo sin poesía, que incluso menoscaba su talento político— deja de parecerlo. Lo es.

Fuera de tiempo

“No sé a quién se le ocurrió eso, me cuesta creer que alguien que haya pensado esa estrategia quiera ganar”. La definición, en este caso de un exfuncionario que trabajó para la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta y hoy empuja la postulación de Bullrich, no es una frase pescada al azar. Es una más de las múltiples expresiones de derrotismo que atraviesan a Juntos por el Cambio, en todas sus tribus, con la excepción del núcleo más próximo a la candidata.

Más allá del peligro para la vigencia del Estado de Derecho que denota la idea de “terminar” con el adversario, en un sistema en el que las minorías —quien sea— tienen derechos, el enfoque elegido por la candidata de JxC encierra un abordaje electoral fuera de eje.

Que el candidato presidencial del peronismo sea Sergio Massa y que Máximo Kirchner juegue cartas como Martín Insaurralde como si fueran propias, exime de mayores consideraciones sobre el margen de acción del cristinismo puro

Cristina Fernández de Kirchner despertó en el pasado un grado de adhesión, medido en intensidad y votantes, entre los más significativos de la historia democrática. Desde la cumbre de ese liderazgo, transcurrió más de una década: un mandato propio sin avances socioeconómicos (2011-2015), un experimento neoliberal lacerante (2015-2019), una pandemia y el pandemónium Frente de Todos.

Hoy, el “tercio”, o la mitad de ello, o el tercio del tercio —según quien mida— que sigue orbitando en Cristina no encuentra herramientas para avanzar en la letra y la música de clases magistrales y movimientos políticos que suenan como un canto a la impotencia. Que el candidato presidencial del peronismo sea Sergio Massa y que Máximo Kirchner juegue cartas como Martín Insaurralde como si fueran propias exime de mayores consideraciones sobre el margen de acción del cristinismo puro.

Consultores críticos del abordaje de Bullrich coinciden en que la divisoria de aguas de la política dejó de ser kirchnerismo-antikirchnerismo, para pasar al eje casta-anticasta. En ese clivaje que leyó (y construyó) Javier Milei, las figuras asociadas a un gobierno tan malo como el de Cambiemos (2015-2019) caen del lado de la casta.

Bullrich y su círculo más cercano están convencidos del rumbo elegido. La razón que explicitan es que en la primera vuelta del 22 de octubre necesitan algo más de 30% de los votos para pasar al balotaje, no la mayoría, y ese porcentaje se puede alcanzar regresando al leit motiv de la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica. Miran a la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza como la cantera decisiva de votos que les permitirá recuperar lo perdido.

Lamento radical 

El miércoles, el bloque de la UCR en Diputados se dio una sesión de catarsis. Hubo reproches a radicales que apoyaron al rival de Bullrich en la primaria y ahora habrían bajado los brazos. “Nos cuesta mucho levantar los muertos de Larreta”, apuntó una voz de la bancada.

Los radicales exlarretistas de provincias menos pobladas en las que Milei picó en punta vieron desdibujar la marca Juntos por el Cambio y reclaman a sus pares bullrichistas la presencia física de la candidata. “No va a ocurrir, porque Patricia no puede estar en todos lados. Tienen que poner el cuerpo, porque si no ganamos, se van a tener que poner un kiosko”, reclama la fuente.

A mediados de septiembre, a alguien se le ocurrió lanzar el Patomóvil, una motorhome que llevaría a la postulante por todo el país. La ilusión era rememorar la caravana del #sísepuede puede de Mauricio Macri, cuatro años atrás, cuando redujo a la mitad el derrumbe de las primarias a caballo de un discurso despojado de cualquier pretensión de moderación, melodía que seduce a Bullrich.

La agenda del #esahora, #vamosporlaArgentina de la candidata incluía paradas, el jueves pasado, en San Luis, el viernes, en Mendoza, y el sábado, en Tucumán, Salta y Jujuy. Extenuante para cualquier ser humano. Por suerte para la salud de una candidata a la que allegados describen como abrumada, que encima está saliendo de una gripe santiagueña, no hubo ni rastros de semejante itinerario.

La crítica de la voz bullrichista del bloque UCR no se detiene en el campo contrario: “En la calle, Patricia funciona bárbaro y genera entusiasmo donde vaya, pero cuando se le confunden los papeles, es un drama para nosotros”. Alude a los severos problemas conceptuales exhibidos por la candidata en entrevistas con sus canales amigos y en sus presentaciones públicas.

La “confusión de papeles” tuvo el domingo pasado, durante primer el debate presidencial, una puesta en acción literal. Cuando le tocó preguntarle a Sergio Massa, la postulante de derecha perdió la pregunta y atinó a un absurdo interrogante de emergencia: “Massa, ¿mejor que decir es hacer?”.

No los une el amor

El pase de facturas dentro de Juntos por el Cambio incluye conteos de carteles en la vía pública en los que aparecen candidatos locales sin la postulante a presidenta. Citan como ejemplo a Mar del Plata, bajo las luces esta semana por el coloquio de IDEA, donde el intendente Guillermo Montenegro (PRO) prefiere privarse en los afiches de la compañía de Bullrich.

Entrevistado por el canal La Nación +, Rodríguez Larreta expresó con toda claridad el abatimiento en el que lo sumió la derrota del 11 de agosto. Los desencuentros posteriores con Bullrich, más allá de un par de fotos de ocasión, son leídos como muestra de agobio o desplante, según quién los narre. No hay mucho por esperar de esa relación.

El jefe de Gobierno saliente ya avisó a los suyos que se ve en la oposición a un eventual gobierno de Milei y, muy probablemente, en la vereda de enfrente de compañeros de ruta de las últimas décadas, no sólo por la desintegración de Juntos por el Cambio, sino por el riesgo de partición del PRO que supondría el salto de los macristas de paladar negro hacia un tándem con los libertarios.

Ni para radicales díscolos, ni para larretistas huérfanos, ni para derechistas tradicionales es una mejor opción imaginarse integrados a la tragicomedia neofascista que puede resultar Milei

El desconcierto y la frustración que reinan en Juntos por el Cambio no debe ser confundido con una preferencia por una victoria que no sea la de Bullrich. Nadie se baja del tren, porque para todos —menos Macri— la mejor de las hipótesis es un triunfo de la coalición PRO-UCR-Coalición Cívica.

El anhelo de victoria obedece tanto a una cuestión programática como de existencia político-laboral. Ni para radicales díscolos, ni para larretistas huérfanos, ni para derechistas tradicionales es una mejor opción imaginarse integrados a la tragicomedia neofascista que puede resultar el gobierno de Milei o a una administración orquestada por Massa y lo que quede en pie del cristinismo, su bestia negra.

A Larreta, además, los propios le cobran la inexplicable estrategia electoral de compra de pases de halcones del estilo de José Luis Espert, Florencia Arietto y Waldo Wolff, que estaban cantados para las filas de Bullrich y terminaron del lado “moderado”. El reparto de puestos en las listas dejó a los suyos a la intemperie, con la promesa de sillas en un gabinete nacional. Sin proyecto propio en la Casa Rosada ni en Uspallata, al jefe de Gobierno le queda el control de daños en un angostísimo andarivel.

Doble resiliencia

El desánimo generalizado en el Patomóvil luce exagerado. Bullrich tiene posibilidades reales de alcanzar el balotaje, tanto por su resiliencia personal como por la demostrada por Juntos por el Cambio en instancias presidenciales. Con un tembladeral económico como el actual y la aventura temeraria de Milei, nada está dicho para el 22 de octubre. 

El antecedente de las primarias, en las que Bullrich por sí sola venció por amplio margen a un rival apoyado por el 90% de la nomenclatura de la coalición, mostró la potencia de la “Piba”.

Las condiciones objetivas, en efecto, son difíciles para Bullrich. Lucas Romero, director de Synopsis, grafica que la candidata “ganó la interna, pero nadie le reconoce el liderazgo”, y en esa situación debe afrontar el hecho de que “los factores que la ayudaron para el triunfo, como el coqueteo con Milei y la alianza con Macri, hoy le juegan en contra, porque Milei quedó arriba y Macri no es claro sobre lo que quiere”.

El último registro de Synopsis marca otro escalón de ascenso para Milei, en el orden de 37%, estabilidad en Massa, cerca de 30%, y otro descenso de Bullrich, por debajo de 25%. El dato se explica no sólo porque la exministra de Seguridad sólo retiene 65% del voto a Rodríguez Larreta (con fugas, sobre todo, a Milei, y luego a Massa y Juan Schiaretti), sino porque ni siquiera conserva la totalidad del apoyo propio. El 19% de quienes eligieron a Bullrich el 11 de agosto dicen haber partido, en busca, sobre todo, de la boleta de La Libertad Avanza. La lógica es clara y la dijo Milei tras las primarias. Si hay que derrotar al kirchnerismo, mejor elegir el original y no la fotocopia.

El dato se explica no sólo porque Bullrich sólo retiene 65% del voto a Rodríguez Larreta (con fugas, sobre todo, a Milei, y luego a Massa y Juan Schiaretti), sino porque ni siquiera conserva la totalidad del apoyo propio

Antecedentes de temer

Ya fuera del cálculo electoral, cabe medir la temeridad de la promesa de “terminar” o “destruir” al kirchnerismo proferida por la fuerza política que demostró el vandalismo de arrasar con garantías procesales con la mesa judicial, que, en colusíón con Comodoro Py y los tanques periodísticos, se activó para detener a opositores y salvar a los propios, más las ilegalidades múltiples de la Agencia Federal de Inteligencia en manos de la dupla Gustavo Arribas-Silvia Majdalani.

La proclama se vuelve más preocupante puesta en boca de quien asume que las represiones seguidas de muerte del artesano Santiago Maldonado y el mapuche Rafael Nahuel en 2017 son oportunidades para juntar votos. La misma dirigente política creyó innecesario condenar el intento de magnicidio de Cristina llevado a cabo por un extremista que tomó al pie de la letra la consigna “eliminar al kirchnerismo”. Su exjefatura política de Gerardo Milman completa el círculo.

Un problema adicional en Juntos por el Cambio es que los supuestos contrapesos terminan volcando toda la carga del mismo lado. Gerardo Morales, el “antimacrista” de la UCR, mostró una hoja de ruta de detenciones arbitrarias y procesos judiciales fraguados en Jujuy, según denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos argentinos y Amnistía Internacional. Fue Alejandro Cacace, un diputado puntano de Evolución, el sector de Martín Lousteau, el que presentó un proyecto de dolarización de dos párrafos tan elemental que hasta sonrojaría a los asesores de Milei. Los planes judiciales-policiales de Rodríguez Larreta quedaron expuestos en las andanzas de su ministro Marcelo D’Alessandro en la estancia de Lago Escondido, junto a directivos de Clarín y jueces federales, con amenazas de arrestos ilegales incluidas.  

Días atrás, en una de las pocas sesiones del Senado en el año, un enardecido Alfredo Cornejo (UCR, gobernador electo de Mendoza) se divirtió con el grito “se ahogó, se ahogó, se ahogó”, como si Santiago Maldonado no tuviera familia y como si una muerte en un contexto de represión habilitara la provocación en el Palacio Legislativo.

Hace un tiempo, la corrosividad tuitera infectó la retórica de parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio.

Varios de esos tuiteros de granja ya partieron para el lado de Milei, mientras algún senador por acá, otro diputado por allá, cierto expresidente, un gobernador y una candidata para la Casa Rosada se quedaron con su prosa. 

La esperanza Insaurralde

Bullrich se quedó con la idea de que le perdonó la vida a Massa en el primer debate, al no articular un segmento sobre Insaurralde. Se lo dijeron sus correligionarios de mil formas posibles.

Ese viaje impúdico, esas cuentas bancarias a descubrir y ese divorcio de su socia Jésica Cirio constituyen una de las esperanzas de Bullrich en lo que queda de la campaña, además de la volatilidad económica.

Máximo Kirchner se dejó ver a su modo, sin chances de que alguien lo contradiga con preguntas elementales, como qué lo llevó a meter a Insaurralde a los empujones en el gabinete bonaerense

Hay peronistas que transmiten con alivio que Juntos por el Cambio juega con el freno de mano puesto sobre el exindendente de Lomas de Zamora, por el vínculo del binguero Daniel Angelici con Omar Galdurralde, el interventor de Insaurralde en el juego, y la cercanía con el candidato a gobernador de la alianza de derecha, Néstor Grindetti.

Azuzado por la avanzada de su nuevo enemigo, Axel Kicillof -quien planea pisar el acelerador en el tramo final de la campaña-, Máximo Kirchner se dejó ver en las últimas 72 horas. Lo hizo a su modo, como siempre, en terreno seguro, sin chances de que alguien lo contradijera con preguntas elementales, como qué lo llevó a meter a Insaurralde a los empujones en el gabinete bonaerense.

El viernes, el jefe del PJ Bonaerense armó un acto con el sindicato metalúrgico en Luján y pronunció una de sus frases crípticas, en medio de alusiones al “fifty-fifty” y otras historias. “A las fuerzas políticas se las mide no por ese tipo de conductas reprochables (ndr; se supone que Insaurralde), sino por lo que defienden y pueden implementar a partir del gobierno”.

Ayer, el diputado bonaerense directamente salió a pelear el terreno al gobernador. A la misma hora en que Kicillof realizaba una recorrida de Berisso a La Matanza, nervio central del voto peronista que consagrará —o no— la reelección, Máximo llevó a Sergio Massa a rendir un homenaje a Néstor Kirchner en el Bajo Flores, y le pidió que siguiera sus pasos. Luego, se sumaron juntos a la caravana de Kicillof.

El hijo de la vicepresidenta arrojó un jeroglífico argumental: “Escuchen bien, con la misma convicción que me opuse al acuerdo con el FMI (de Martín Guzmán, en febrero de 2022) por las consecuencias actuales, con las mismas decisiones voy a ir a votar a Sergio Massa el próximo 22 de octubre”. 

La arqueología de la introducción del exintendente de Lomas caído en desgracia lleva a la superficie a Eduardo “Wado” de Pedro. Es curiosa la biografía de esta víctima del terror de Estado, detenido con saña por la Policía durante el estado de sitio de Fernando de la Rúa. La vida adulta de uno de los más convencidos admiradores del Estado de Israel en la política argentina parece la de otra persona.

Este año, en su camino presidencial, De Pedro atesoró una foto inolvidable. La imagen de su brazo levantado por el sindicalista libertario Luis Barrionuevo marida con otra acción del ministro del Interior diez años atrás, que alumbra la introducción de insaurralde en el planeta Cristina.

En 2013, la entonces Presidenta estaba atenta a cualquiera que limara las pretensiones de Daniel Scioli. Un testigo directo de la época narra que se juntaron dos oportunismos, el de Insaurralde y el de De Pedro. El primero vio la ocasión para hacerse notar, apuntando sin sutileza a Scioli, a la vez que el segundo percibió una hendija para suplir su falta de territorio en el conurbano.

Cristina escuchó a De Pedro, uno de sus preferidos hasta hoy, y realizó otra de sus elecciones estratégicas, convencida de que Insaurralde le daría pelea a Massa en su propio terreno. La ansiedad del exintendente de Lomas para anunciar su sociedad con Cirio en plena campaña electoral de 2013 dio lugar a tensiones y anécdotas para la historia ínfima. ¿Quién hubiera dicho que esa apuesta tan elaborada, tan edificante para los militantes comprometidos con el “fifty-fifty”, una década después, saldría tan cara?

Esta noche, durante un debate presidencial que prenuncia sorpresas y golpes de efecto, se seguirán evaluando los costos.

SL

La familia de Santiago Maldonado apeló este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones la sentencia del juez federal Gustavo Lleral, quien sobreseyó el pasado 11 de agosto a todos los gendarmes investigados en la causa por la desaparición y muerte del artesano en el 2017.

“Como hace seis años, seguimos presentando todos los recursos para impedir la impunidad. Hoy apelamos la sentencia que nuevamente pretende cerrar la causa, con el mismo juez y las mismas dudas que en 2018”, escribió Maldonado a través de Twitter, donde adjuntó el documento de la apelación.

Asimismo, el hermano del joven aseguró que seguirán exigiendo “un juez imparcial, una investigación exhaustiva, convocar a los imputados, la reconstrucción de los hechos y conocer a los testigos citados a escondidas nuestras”.

La familia Maldonado expresó que Lleral mantuvo “incólume su decisión” del 29 de noviembre de 2018, cuando cerró la causa al afirmar que “Santiago se había ahogado solo”.

El fallo del 11 de agosto favoreció al gendarme Emmanuel Echazú, acusado por la supuesta desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, señalados por haber cometido delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Lleral aseguró que a aquellos que participaron del operativo de desalojo “ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal”.

En la resolución con la que dispuso los sobreseimientos, Lleral decidió “dejar sin efecto la reconstrucción virtual y la pericia tecnológica oportunamente dispuestas a través del decreto de fecha 28 de octubre de 2022”.

Sergio Maldonado denunció en Twitter: “No cumplió ninguna de las medidas ordenadas. Insiste en su 'verdad' construida a partir de elementos probatorios que solo él conoce, por ejemplo a Lucas Naiman Pilquiman. Sin este testimonio esa 'verdad' queda totalmente vacía ¿Por qué no se lo convocó a una audiencia?”.

Además, el hermano del artesano se preguntó: “¿Por qué se impide que Sergio Maldonado conozca a quien, según Lleral, fue la última persona que vio con vida a su hermano? ¿Cuál es el perjuicio de citarlo para que las partes lo conozcamos y lo escuchemos? No ha sido evitar dispendio jurisdiccional ni dilaciones procesales”.

Maldonado hizo hincapié en que, luego de cinco años, se dictó “la misma sentencia, con el mismo juez y las mismas pruebas. Misma impunidad”. “La apelación no significa desistir del trámite ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el Caso 14.896, Santiago Andrés Maldonado. Solo da cuenta de nuestra inagotable búsqueda de verdad y justicia”, finalizó.

LC

El juez federal de Rawson Gustavo Lleral sobreseyó a cuatro gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte del artesano bonaerense Santiago Maldonado, ocurrida en agosto de 2017 en la provincia de Chubut. 

Maldonado murió luego de una protesta en en el paraje Pu Los de Cushamen, y se investiga si la misma fue motivada por la participación de la Gendarmería Nacional. 

Los sobreseimientos recayeron sobre el gendarme Emmanuel Echazu, investigado por desaparición forzada de persona; también sobre Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, estos tres últimos acusados por los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público.

Lleral afirmó que a los gendarmes investigados y todos sus compañeros que participaron del operativo de desalojo “ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal”.

Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017, y su cuerpo apareció recién el 17 de octubre de ese año. La sospecha recayó sobre el accionar de Gendarmería, ya que el día de la desaparición se llevó a cabo un operativo en dicho paraje en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.

Los gendarmes ya habían sido sobreseídos años atrás, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa medida y ordenó seguir investigando ante la sospecha que Maldonado pudiese haber sido abandonado por los efectivos en el Río Chubut, donde finalmente su cuerpo fue encontrado.

El magistrado evaluó que la Gendarmería no detuvo en ese operativo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona, ni tampoco que haya sido llevado a algún lugar por la fuerza de seguridad.

“Que la copiosa y vehemente prueba analizada en los pasajes precedentes, descartan de plano cualquier especulación o conjetura tendientes a sostener que el cuerpo de la víctima fue artificialmente colocado en donde fue hallado, para así ocultar algún escenario secundario”, sostuvo el juez Lleral.

Maldonado “murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, consideró.

Lleral luego detalló que “la desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo”. “Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”, afirmó.

En el siguiente párrafo, dio por probado que “allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”.

Además, el juez afirmó que “sólo, tal como se hundió, sin que tampoco en ese momento persona alguna lo advirtiera, emergió en el mismo lugar, en el remanso del río donde se había escondido y se había producido su sumersión”. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, argumentó para luego asegurar que “la verdad es esa”.

Por lo tanto, “debo tener por probado que Santiago Andrés Maldonado falleció en el Río Chubut, a la altura del predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la hondonada de aproximadamente más de 2 (dos) metros de profundidad en la que se sumergió el 1 de agosto de 2017; y que su cuerpo sin vida permaneció ininterrumpidamente allí hasta que fue hallado el 17 de octubre de 2017, primero sumergido en el fondo del lecho y, pocos días antes de su rescate, flotando en la superficie de ese curso de agua”, concluyó el juez en un fallo de 361 páginas.

“Teniendo siempre en cuenta la totalidad de los hechos que componen el objeto de esta causa y de sus acumuladas, puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los sucesos y ninguna de las acciones humanas analizados son susceptibles de ser considerados delitos, de los tipificados por nuestra ley penal”, agregó Lleral.

En esa línea, el magistrado afirmó que “ninguna de las conductas desplegadas por los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina, que actuaron en el procedimiento, como ha quedado establecido a lo largo de este decisorio, puede ser considerada delito pues, como ya se vio, la actuación funcional de los uniformados fue ordenada judicialmente y siempre ajustada a la ley. Y ninguno de los funcionarios ejecutores de tales actos, incumplió, inobservó ni abusó de los deberes que tenían a su cargo en razón de su calidad funcional”.

En la misma resolución donde dispuso los sobreseimientos, Lleral decidió “dejar sin efecto la reconstrucción virtual y la pericia tecnológica oportunamente dispuestas a través del decreto de fecha 28 de octubre de 2022”.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo”, consideró Lleral.

“Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”, concluyó.

LC con información de agencias

 Durante una conferencia con expresidentes de Latinoamérica y España en la ciudad estadounidense de Miami, Mauricio Macri se refirió hoy al caso del artesano Santiago Maldonado y destacó que fue acusado de la “desaparición de un artista que se ahogó en un río”.  “Ellos utilizan todo para trabajar en red y complementarse cuando están adentro, afuera cooptan los organismos de defensa de los derechos humanos, entonces cuando se quiere aplicar la ley termina uno siendo acusado. A mí me acusaron de la desaparición de un artista que se ahogó en un río”, apuntó Macri.

Y continuó: “Estuve meses en jaque por un señor Maldonado, que (decían que) la Gendarmería lo había secuestrado y desaparecido”.

  A 24 horas de haber presentado su segundo libro en La Rural, Macri recordó: “Los organismos internacionales venían a cuestionarme. Yo decía, pero si acá no hay una sola prueba, no voy a echar a un solo gendarme hasta que me traigan una prueba”.

  En otro tramo de su exposición, el dirigente de Juntos por el Cambio explicó cómo debería un eventual gobierno de la oposición: “Tenés que llegar y correr a toda la militancia para transformar en tiempo y forma, y que la gente vea que hay un progreso”.

  “Hay que ejercer el poder, recuperar el control de Estado, porque ellos te dejan un Estado totalmente cooptado por la militancia. Hay que hacerlo el día uno porque si después no podemos gobernar”, apuntó Macri.

  Al respecto, el ex mandatario opinó: “Tenés que llegar y correr toda esa militancia para poder transformar en tiempo y forma y que la gente vea que hay un progreso, un camino donde cada día hay que mejorar”.

 Respecto del populismo, el fundador del PRO afirmó que “ha dejado de ser un flagelo latinoamericano para ser una amenaza global”, además de considerar que “son un conjunto de ideas tan destructivas, pero tan atractivas aparentemente”.

  En otro tramo de su exposición, Macri dijo estar “convencido” de que Juntos por el Cambio “va a volver a gobernar” la Argentina y planteó la necesidad de “demostrar” que están “listos para hacer lo correcto que es lo contrario a lo políticamente correcto”.

  “Ahora apostemos al equipo, el conjunto de gente que gobierna y que hace equipo con la mayor cantidad de ciudadanos”, sentenció el ex mandatario.

DA

En estos días resurgió la brutal campaña de demonización del pueblo mapuche que la derecha puso en marcha en 2017, cuando se vio en la necesidad de dar explicaciones por la desaparición de Santiago Maldonado. En ese momento, de pronto todos nos enteramos de que existía algo llamado “RAM”, que era una organización mapuche que se disponía a ocupar el territorio argentino. De un día para otro apareció una tremenda amenaza de la que nadie había escuchado siquiera hablar hasta el día anterior. “¡Terroristas!”: el grito de alarma no se escuchaba desde la última dictadura, pero regresó sorpresivamente a las portadas de los diarios. Algún incendio por allí, algún panfleto apócrifo, eran la prueba de la amenaza. Durante algunos días en 2017 la campaña alcanzó ribetes cómicos, si no fuese porque eran siniestros. El diario Clarín nos alertó sobre una guerra inminente y sostuvo que a los mapuches solía apoyarlos el gobierno kirchnerista, que recibían algún fantasmático “financiamiento internacional”, que estuvieron vinculados a las Madres de Plaza de Mayo y a la UBA (?) y que habían recibido entrenamiento de la guerrilla kurda y también de la ETA (otro articulista añadió a la lista a los terroristas del islamismo radical de ISIS). Un dirigente del PRO mandó que también los insurgentes irlandeses del IRA y las FARC de Colombia los entrenaban. Ni siquiera se tomó el trabajo de enterarse de que, para entonces, el IRA ya no existía desde hacía varios años. Tan trucho era todo. 

Un día el cuerpo de Santiago Maldonado fue hallado –muerto por ahogamiento, se determinó– y, como por arte de magia, la amenaza de la RAM desapareció de los medios. Ya está, nos olvidamos de que estaban a punto de declararnos la guerra. La absurda campaña de miedo había sido tan intensa que las autoridades de Chubut temieron que espantara a los turistas, por lo que en diciembre de 2017 sacaron un comunicado informando que la RAM ya no andaba por allí y que todo estaba bien. Viaje tranquila, señora. La patraña era tal que incluso La Nación se vio en la necesidad de publicar un articulito –cierto que pequeñísimo– que informaba que un incendio que había atribuido a la RAM había sido ni más ni menos que un montaje. A nadie le interesó profundizar en la noticia, para ver a quiénes les interesaba incendiar algo para culpar a los mapuches. 

Adictos al terrorismo

Conviene colocar estos gritos de alarma en contexto. Desde que tuvo en sus manos la seguridad interior, Patricia Bullrich denunció una variedad tal de amenazas “terroristas” que dejaría a Superman sin aliento: que dos “hermanos musulmanes” estaban listos para inmolarse (resultó falso), que una pareja iraní había entrado a la Argentina vaya a saber para qué (nunca se probó nada), que había que deportar a un equipo de futsal por la mala idea de ser pakistaníes y por ello, obvio, terroristas (un papelón internacional), que una pareja de chilenos también lo eran (resultaron arquitectos de viaje), etc. ¿Y cómo olvidar el pollo crudo terrorista que Bullrich hizo detonar en una estación de subte, una de las siete falsas alarmas de bomba que alucinó durante esa misma semana? Como el terrorismo no le alcanzaba, cuando pareció que podía haber saqueos también anunció que resurgía en Argentina la “guerra de guerrillas”. Ni siquiera fuera de la función pública perdió el entusiasmo y llegó a acusar de “casi terrorista” al Dr. Pedro Cahn por advertir sobre el riesgo del Covid.  

No hay siquiera evidencias de que la RAM exista –no son pocos quienes sospechan que es una completa invención de los servicios de inteligencia– lo que no es obstáculo para que algunos políticos y periodistas echen mano de ella cada vez que algún reclamo mapuche les molesta. Hoy, que algunas comunidades originarias ponen algún reparo a proyectos de desarrolladores urbanos o de explotación petrolífera o minera que afectan sus tierras, de pronto volvieron a ser terroristas. Con una brutalidad inédita, el principal canal de noticias emitió un programa especial advirtiendo que “los indios están al ataque”, que los mapuches son “los nuevos terroristas” y que pretenden quedarse con “la mitad del territorio argentino”. Todo esto es literal. A cuento de –otra vez– dos incendios con los que los mapuches aseguran que no tuvieron nada que ver y un panfleto casero que justo apareció en la zona. Ni siquiera en el siglo XIX, cuando había malones, se escuchaban dislates semejantes.  

Hoy, que algunas comunidades originarias ponen algún reparo a proyectos de desarrolladores urbanos o de explotación petrolífera o minera que afectan sus tierras, de pronto volvieron a ser terroristas.

Indios chilenos y genocidas

La campaña de la derecha fue acompañada, en radios y redes sociales, por la repetición de toda una serie de falsedades sobre el pueblo mapuche. De nuevo se pusieron en marcha los intentos de extranjerizarlos para poder atacarlos mejor. Otra vez el viejo cuento de que son “indios chilenos” que “invadieron” la Argentina. A lo que se agregó, además, que habían causado un “genocidio” al entrar, cuando exterminaron a los tehuelches (esos sí “indios nuestros”). Todo un disparate. 

Aunque sea agotador, permítanme volver a reponer información muy conocida. Los mapuches son un pueblo que preexiste a la ocupación blanca del cono sur. No tiene ningún sentido discutir si fueron originariamente “chilenos” o “argentinos”: están aquí desde antes de que hubiera argentinos o chilenos. Y están allí tanto como aquí. La cordillera de los Andes, antes de la época moderna, no era una frontera. Sólo lo es desde que Chile y Argentina la trazaron. La evidencia arqueológica muestra que las comunidades originarias tenían estrechos contactos a uno y otro lado y sabemos fehacientemente que al menos desde el siglo XVIII había parcialidades mapuches viviendo de este lado de los Andes. Es decir, estaban en el territorio que hoy se llama “Argentina” antes de que existiese ese nombre. Y los que estaban de otro lado no eran “chilenos” porque Chile no existía. 

Por añadidura, varias de las comunidades mapuches que subsisten actualmente ya estaban en los lugares que hoy ocupan antes de que el Estado argentino tuviese presencia en la Patagonia. Debe recordarse que la Patagonia nunca fue dominio colonial español y que cuando las Provincias Unidas de Sud América declararon su independencia en 1816 a nadie se le pasaba por la mente que ese territorio perteneciese a ellas. Los mapas de Argentina de la primera mitad del siglo XIX no la incluían. El Estado argentino ocupó la Patagonia por la fuerza luego de 1879. Pero ni siquiera entonces estuvo claro que pertenecía legalmente a la Argentina: Chile la consideraba propia y sólo se saldó el diferendo por el tratado que en 1881 firmaron ambos países. Absurdo entonces decir que los mapuches son o fueron “chilenos”. 

Por otro lado, la idea de que hubo un “genocidio tehuelche” es completamente inventada. No sólo no hay absolutamente ninguna evidencia en ese sentido, sino que, por el contrario, hay abundantes pruebas de que ambos pueblos mantuvieron una larga convivencia e intercambios de todo tipo (lo que no excluye, por supuesto, que a veces pudiesen tener conflictos o enfrentamientos). Una convivencia que, dicho sea de paso, se mantiene hasta hoy;  hace algunos años, de hecho, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro pasó a denominarse Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche, en reconocimiento de la alianza y confluencia de ambos. Quienes esgrimen la falacia del “exterminio tehuelche” violentan la historia y la realidad de los dos pueblos. 

Lo que sí sabemos

Los mapuches llevan décadas reclamando la devolución de tierras ancestrales que les fueron arrebatadas en diversos episodios, desde la Campaña del Desierto hasta múltiples usurpaciones recientes a manos de privados. Agréguese además que el negocio inmobiliario, la minería y el desarrollo petrolífero presionan cada vez con más intensidad sobre las pocas tierras que los mapuches sí tenían reconocidas como propias. Lo que hoy tenemos es, además de la demanda de reconocimiento cultural, un conflicto por el recurso tierra. La demonización de la que son objeto los mapuches está directamente relacionada con eso. 

La impaciencia de los intereses extractivistas e inmobiliarios de los blancos se agudiza en especial porque no toleran que el Estado no esté siempre y cada vez de su lado. Entiéndase bien: el Estado argentino se ha puesto sistemáticamente del lado de los blancos. Pero así y todo, en las últimas décadas los pueblos originarios lograron algunos avances que hoy molestan. La Constitución de 1994 los reconoció como pueblos preexistentes y, por ello, dotados de derechos especiales. La ley manda al Estado a hacer un mapeo de los territorios que les corresponden y avanzar en su devolución. Nada de eso ocurrió, pero las comunidades siguen en la lucha y logran, a veces, algunos avances. Su reclamo es legítimo, tiene base legal y constitucional. Es el Estado el que los está violentando y eso está claro. En los últimos años algunas comunidades lograron, además, algunas victorias judiciales frente a los usurpadores blancos. Eso es algo que no pueden tolerar.  

La catarata de violencia racista que hoy deben soportar los mapuches se entiende bajo esa luz. Nuestra derecha (la del PRO, pero también la de sectores del peronismo como Miguel Pichetto y algunos otros dirigentes provinciales) no es en eso para nada original. El divide y reinarás –poner a algunos grupos étnicos contra otros, invitar a los blancos a sentirse superiores– forma parte de un repertorio de métodos de control social bien conocidos en todas partes. En todo tiempo y lugar las derechas autoritarias necesitaron, además, agitar amenazas imaginarias a la nación para justificar su autoritarismo. Ojalá no lo olvidemos otra vez.

EA