De un lado y del otro de la cordillera, Nación Diaguita se denomina al conjunto de pueblos indígenas del Noroeste Argentino y el Norte Chico Chileno. Las mujeres de esta comunidad han tejido una red para acompañarse y expandir su sabiduría ancestral. Lo hacen de muchas maneras: a través de mensajes, encuentros virtuales de apoyo, espacios de sanación y formación, y círculos de aprendizaje colectivo. En el centro de sus prácticas, ponen la vida y el cuidado de los cuerpos y las aguas. Esta red trasciende fronteras y refuerza su identidad y autonomía.

Entre ellas se llaman hermanas, y este vínculo es mucho más que una expresión de afecto; es una decisión profunda de compartir la vida y resistir juntas. Su conexión va más allá de lo personal, el cuidado, la crianza y la salud se piensan desde una perspectiva comunitaria: si una de ellas está embarazada, las que están más cerca la acompañan; si una empresa llega a alguno de sus territorios con un proyecto extractivo, todas se organizan para denunciarlo sin comprometer a quienes allí resisten; las infancias, o guaguitas, se crían de manera colectiva, con el compromiso de todas, como lo hacían sus abuelas.

Para ellas, la ancestralidad es una elección cotidiana, no sólo una herencia. No preservan sus tradiciones por inercia, sino que deciden cómo quieren vivir y defender su modo de vida frente a las amenazas del presente, que tantas veces se parecen a las del pasado. Así, estas mujeres construyen y reconstruyen sus prácticas en torno a la tierra, los ciclos de la naturaleza y la crianza compartida, manteniendo vivos los saberes y las aguas que les permiten sostener sus comunidades. Es una forma de resistencia y, al mismo tiempo, una manera de afirmar su autonomía y visión del mundo.

En esta nota polifónica se entrelazan las voces de seis mujeres diaguitas de Argentina y Chile, integrantes de la Red Trasandina de Ancestrías del Futuro, quienes han elegido no ser nombradas para proteger su proceso colectivo. Desde las zonas de alta montaña pasando por el mar hasta las grandes ciudades, la red convierte al acompañamiento en una práctica política. Son madres, docentes, agricultoras, tejedoras, investigadoras y curanderas que, entre rituales, siembras, rezos y cantos, enfrentan a su modo los impactos del extractivismo y la crisis climática.

Cuerpo-territorio: salud y resistencia

Para las mujeres de la Nación Diaguita la salud de sus cuerpos y la de la tierra están profundamente interconectadas, algo que la crisis climática ha hecho aún más evidente. Su conexión con la tierra es directa y concreta; no es una idea romántica como tantas veces se ha intentado minimizar desde la ciencia occidental; sino una forma de vivir y resistir frente a los impactos del extractivismo en sus territorios. “El agua contaminada enferma, el aire contaminado enferma, y la tierra envenenada también enferma a quienes consumimos sus frutos. Defender el territorio no es solo una cuestión ambiental, sino un acto de protección de nuestra salud integral”, subrayan.

La Red Trasandina de Ancestrías del Futuro se unió inicialmente para proteger las aguas y, en los últimos años, ha expandido su compromiso hacia los cuatro elementos que consideran esenciales para la salud de sus pueblos. Están convencidas de que la salud espiritual y física de sus comunidades depende de la conservación de estos elementos y rechazan prácticas de explotación que los destruyen.

El trabajo colectivo y la resistencia en red se han convertido en una necesidad urgente para asegurar la salud y el bienestar de las generaciones futuras. Frente a las consecuencias de los transgénicos, la minería y la deforestación, estas mujeres persisten en la preservación de prácticas agrícolas y de salud que aseguran el equilibrio y mantienen vivo el conocimiento ancestral sobre el uso sostenible del agua y el riego. “Lo que hacemos es un acto de resistencia que no se limita a la defensa de nuestras tierras, sino que busca preservar la salud integral de todas las generaciones que vienen”, aseguran.

Parirás con placer: el cuerpo como territorio sagrado

Para las mujeres diaguitas, el cuerpo es un territorio que se cuida de forma integral y colectiva, en sincronía con los ciclos de la luna, las estaciones y la fertilidad de la tierra. Este bienestar físico y espiritual no está separado del entorno. Prácticas como la agricultura sin agrotóxicos, el cuidado de acequias y ríos, los rituales de ofrenda y una alimentación basada en “energía viva” –quinoa, brotes, caldos de hueso– no son solo tradiciones, sino necesidades concretas y formas de resistencia para la vida. 

El cuidado de la salud sexual y reproductiva en la Red Trasandina se nutre de saberes transmitidos por las abuelas, todos sus vínculos tienen una conexión que es inter y transgeneracional. Las hierbas medicinales -yuyitos o montes según de qué lado de la cordillera se encuentren- ayudan a mantener el equilibrio de la matriz y se emplean en baños de vapor para tratar dolencias, permitiendo a las mujeres acompañar sus ciclos naturales de fertilidad y elegir cuándo y cómo concebir en sincronía con la luna.

Esta conexión con sus cuerpos y ciclos naturales se da sin imposiciones ni dogmas, como explica una sanadora ancestral desde el centro de Chile, “en términos de reproducción y prácticas sexuales no hay imposiciones ni dogmas religiosos, sino una transmisión de saberes de las abuelas”. Para ellas, la maternidad es una elección que se vive en red: “Una mujer no paría sola; hermanas, madres y tías cuidaban de ella. Hoy, esa red sigue viva”, asegura con esperanza.

“En nuestra cultura, la maternidad es sagrada, y no se la considera una limitación”, afirman, en contraste con los tiempos productivos y acelerados de la cultura occidental. Así, la maternidad en red se convierte en una práctica política y espiritual: “Una mujer atravesando ese ciclo de 9 meses siempre será cuidada por su comunidad, será tratada con alegría puesto que la infancia en camino nos trae mensajes espirituales a toda la población”, explican las ancestras. 

Desde su cosmovisión, el linaje es sagrado y se proyecta hacia el futuro en una relación profunda con la tierra y sus guaguitas: “Nosotras vemos que los grandes ricos y políticos del mundo no tienen hijos o no se vinculan con ellos, por eso se mueven así; no les importa el mundo que van a dejar porque no tienen continuidad. Nosotras queremos que la tierra que nos dieron nuestras abuelas sea disfrutada por nuestros hijos e hijas”, reflexiona una de las hermanas desde Antofagasta de la Sierra, Catamarca.

En esta cosmovisión, el placer ocupa un lugar central en la salud sexual, un aspecto que muchas veces se ha ignorado en las interpretaciones coloniales sobre los pueblos indígenas. “Nosotras vemos la salud sexual también como gozo, como armonía y equilibrio entre vida y espíritu. La sexualidad es parte de la salud integral, del bienestar y del equilibrio de nuestra espiritualidad”, concluyen.

Honrar los ciclos de vida

Para las mujeres de la red, la salud reproductiva y los ciclos de la vida también tienen un significado sagrado. “En nuestra cultura, el camino de cada persona se honra y respeta”. En ese sentido, el proceso de menopausia que en la medicina occidental se suele ver como una pérdida, es entendida aquí como un paso sagrado hacia una nueva etapa de sabiduría y plenitud, por eso la llaman desde una definición positiva: “Una mujer en plenipausia no pierde valor, sino que entra en una etapa más profunda, donde la experiencia acumulada se convierte en una guía para la comunidad”, señala una de las sanadoras ancestrales de la red.

La autonomía del cuerpo también significa para ellas alejarse de prácticas médicas que se perciben como invasivas o artificiales. “Nos alejamos de los anticonceptivos hormonales porque creemos que interrumpen los ciclos sagrados de nuestro cuerpo. Honramos nuestros aromas y nuestra sangre menstrual porque son expresión de la vida y el agua que tanto valoramos. En nuestras tradiciones, el cuidado y respeto de estos fluidos es un acto de conexión con el agua y con la vida misma”, explican.

Desde el territorio de La Plata, Buenos Aires, una integrante de la red reflexiona sobre su identidad diaguita y la importancia de fortalecer la espiritualidad como parte de la salud integral. “Para nosotres, la salud no se limita al cuerpo físico, sino que incluye el espíritu y el vínculo con la comunidad. Mantener viva esa energía espiritual es fundamental y se logra en ceremonias como el Inti Raymi o los encuentros de Pachamama en agosto”. En estos encuentros, la comunidad se reúne en círculos de palabra y rituales para conectarse con la naturaleza y con los ciclos de la tierra. Desde esta visión, la salud espiritual es la base para la salud física y se nutre a través de la colectividad y de la conexión con Pachamama.

Para las ancestras la respuesta es simple, así lo resume una de ellas: “Hay que colocar la vida al centro, donde el cuidado y la protección de las personas niñas y ancianas sean asumidos colectivamente; donde el alimento, el valor territorial, los saberes y la transmisión cultural son la base de la vida en comunidad”.

Autonomía y derechos en disputa

Aunque las comunidades diaguitas ejercen procesos de autodeterminación sobre sus cuerpos y territorios, estos a menudo chocan con las políticas públicas y los servicios estatales, especialmente en áreas como la salud y la educación. Las mujeres diaguitas, que ocupan un papel central en la organización y el cuidado comunitario, enfrentan limitaciones cuando los servicios de salud ignoran sus realidades: horarios que no se adaptan a quienes maternan solas o trabajan en el campo, y programas de salud que no reconocen sus prácticas tradicionales ni su cosmovisión. “Nosotras no somos una medicina alternativa; nuestra medicina viene de la raíz, y tenemos derecho a integrarla”, afirma una de ellas.

En las escuelas rurales, las docentes diaguitas se ven obligadas a cumplir con currículos diseñados desde las ciudades, lejanos a las necesidades y conocimientos de las comunidades. Sin embargo, estas docentes se convierten en un vínculo esencial entre el Estado y la comunidad, especialmente en la educación en salud sexual y la prevención de violencia de género. “Los niños y adolescentes se animan a preguntarnos sobre estos temas y, en ocasiones, incluso nos piden ayuda para conseguir métodos anticonceptivos o asesoramiento sobre sus derechos, incluyendo cómo hacer denuncias por violencia de género”.

A su vez, desde la Red Trasandina de Ancestrías del Futuro, las mujeres diaguitas defienden su derecho a una salud integral que contemple tanto la medicina alopática como sus prácticas ancestrales. Aunque su enfoque suele chocar con un sistema de salud que marginaliza sus saberes, buscan construir diálogos de respeto y colaboración. “Queremos que nos respeten y permitan nuestros rituales en los partos, como parir en casa o enterrar la placenta, que para nosotras no es basura, sino un elemento sagrado que vuelve a la tierra”, expresan.

Este proceso de integración es lento y está lleno de tensiones, pero para estas mujeres, la posibilidad de que sus conocimientos ancestrales sean reconocidos en el sistema de salud es fundamental para sostener la autonomía de sus cuerpos y comunidades. “Dialogamos con la medicina alopática no para rivalizar, sino para encontrar caminos de respeto y colaboración”, concluyen, resumiendo su visión y compromiso.

Crisis climática y defensa del territorio en la cosmovisión diaguita

Uno de los impactos más severos de la crisis climática es la escasez de agua, una realidad que afecta especialmente a las mujeres, quienes deben organizarse para asegurar alimento y agua para sus familias y comunidades. “La escasez de agua genera conflictos sobre su uso, pero también ha llevado a muchas mujeres a exigir al Estado que garantice el agua potable para todas”, señala una integrante desde Santa María, Catamarca, donde la sequía y la expansión minera dificultan cada vez más el acceso al agua. Para ellas, el agua no solo es un “recurso”, sino el eje de su vida y de su conexión con la Pachamama.

Frente a las amenazas de la minería, las comunidades han asumido un rol activo en la defensa del agua, con las mujeres liderando la resistencia. “Nuestros territorios están siendo vendidos sin consulta previa ni información”, denuncian desde el norte argentino. Su resistencia cotidiana se traduce en prácticas sostenibles como la agricultura sin agrotóxicos, el cuidado de ríos y acequias y la transmisión de sus tradiciones. Desde su mirada, el desafío más importante es visibilizar estas amenazas y continuar defendiendo el territorio con los valores heredados ancestralmente. “Estamos dispuestas a defender cada ser y espíritu de la gran Nación Diaguita y del Abya Yala, incluso con nuestras vidas, si es necesario”, aseguran.

El legado de las ancestras contra la política de la crueldad

Para las ancestras del futuro, la violencia estatal y la crueldad institucional no son fenómenos nuevos. Durante siglos, el patriarcado colonial impuso una cultura de sometimiento, relegando a las mujeres indígenas al servicio del hogar y los varones. Esta “transculturación machista” -como ellas la llaman- impulsada a través de la evangelización, las despojó de sus derechos y autonomía. “El patriarcado colonial, que lleva siglos sometiéndonos, relegó a las mujeres al servicio de la casa, la maternidad y el hombre”, señalan desde la red. Estas violencias dejaron heridas profundas que afectan aún la identidad y la memoria de las mujeres indígenas, quienes hoy buscan sanar esa carga histórica.

Este contexto de opresión resuena especialmente hoy frente a la llegada al poder de un gobierno autoritario encabezado por Javier Milei, cuyas políticas ponen en riesgo los derechos y la dignidad tanto de las comunidades indígenas como de las mujeres. La intención de Milei de reducir derechos colectivos y su falta de respeto hacia las diversas culturas que pre-existen al territorio nacional, refuerzan las prácticas de dominación que estas comunidades han combatido durante siglos. Ante este panorama, las mujeres de la red se ven llamadas a reafirmar su resistencia y a proteger el legado de sus ancestras.

La resistencia actual de las mujeres diaguitas no es solo un acto político, sino una recuperación de la dignidad y derechos arrebatados a sus antepasadas. “Lo que estamos haciendo ahora es una recuperación, no solo de nuestras autonomías, sino también de la dignidad y derechos que les fueron arrebatados a nuestras ancestras”, declaran. Para ellas, sostener este legado es fundamental en un contexto donde sus derechos y sus vidas están constantemente amenazados.

La vida cotidiana como resistencia

La visión de futuro que impulsan se sostiene en el equilibrio que han heredado de sus ancestras. Para ellas, la vida y la resistencia son inseparables, un ciclo natural donde la energía femenina y masculina se entrelazan en el cuidado de la tierra y de sus cuerpos. “Nuestro pueblo siempre ha trabajado en equilibrio, reconociendo que la tierra es un ser viviente que nos da lo que necesitamos”, afirman. Este conocimiento sobre cómo alimentarse, cómo cuidar a las guagüitas, cómo fortalecer el cuerpo y la mente, es el legado que transmiten a sus futuras generaciones, imaginando un futuro donde sus prácticas sigan vivas y se conviertan en modelos de vida saludable, de autodeterminación y defensa del territorio.

La salud mental y espiritual ocupa un lugar central en su resistencia. Para ellas, las emociones son como “ríos subterráneos” que reflejan las alegrías y los dolores de Pachamama y de todos los seres. “Sentimos el sufrimiento de los bosques incendiados, de las montañas explotadas, de la biodiversidad destruida por los monocultivos y de los ríos secos que dejan los proyectos mineros”, explican. En respuesta, celebran ceremonias y cantos rituales para permitir que el dolor fluya y sane. En los momentos de conflicto, recurren a las rondas de palabra, en las que cada miembro de la comunidad escucha y comprende, dejando que los “ríos internos vuelvan a su cauce”. De este modo, el cuidado de la salud emocional se convierte en una responsabilidad compartida, al igual que el cuidado de una planta o un animal enfermo.

A través de estos actos cotidianos de cuidado y resistencia, las ancestras del futuro mantienen viva una práctica que asegura no solo su bienestar, sino que también protege la memoria y la sabiduría de sus pueblos de una forma que trasciende las generaciones: “En nuestra cultura, el camino de cada persona se honra, acompaña y respeta. En la cultura occidental se subestima tanto a la niñez como a la vejez, y ese es uno de sus principales problemas, nosotras valoramos los procesos, la experiencia y el camino recorrido”.

CP

El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar sobre los problemas que enfrentan los pueblos indígenas, así como reconocer sus aportes culturales, sociales y económicos al mundo. Esta conmemoración se originó en 1982, cuando se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas en Ginebra, marcando el inicio de una lucha global por los derechos de estas comunidades.

Los pueblos indígenas representan más de 476 millones de personas en todo el mundo, distribuidos en más de 90 países. A pesar de su diversidad, estos pueblos comparten una historia común de opresión, discriminación y despojo de sus tierras y recursos. En muchos casos, sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la salud y la participación política, siguen siendo vulnerados, lo que los coloca en una situación de desventaja y marginalización.

¿Por qué se eligió esta fecha para honrar a los pueblos indígenas?

El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas no solo busca visibilizar estas problemáticas, sino también celebrar la rica herencia cultural y las contribuciones de los pueblos indígenas. Estas comunidades son guardianas de un vasto conocimiento tradicional sobre la biodiversidad, la medicina y las prácticas sostenibles, que son esenciales para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Cada año, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se centra en un tema específico para destacar aspectos clave de la vida indígena. En 2024, el tema se centra en la lucha contra el cambio climático, subrayando el papel crucial que desempeñan las comunidades indígenas en la protección del medio ambiente. Sus prácticas sostenibles y su relación armónica con la naturaleza son fundamentales para la conservación de los ecosistemas, pero también son vulnerables a los efectos del cambio climático, que amenaza sus territorios y formas de vida.

La UNESCO y otras organizaciones internacionales utilizan este día para promover políticas y programas que fortalezcan la autonomía de los pueblos indígenas, respeten sus derechos y garanticen su participación en las decisiones que afectan sus vidas. Estos esfuerzos incluyen la preservación de las lenguas indígenas, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer, y la promoción de la educación intercultural, que reconoce y valora los saberes ancestrales.

En definitiva, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger y respetar los derechos de estas comunidades. La lucha por la justicia y la equidad para los pueblos indígenas es una responsabilidad global que requiere el compromiso de todos para construir un futuro más inclusivo y sostenible.

NB

Aquello que las Salinas Grandes y su cuenca significan para los defensores ambientales y comunidades de la Puna jujeña puede resumirse en pocas palabras. Madre. Agua. Trabajo. Prosperidad. Sagrada. Historia. Sal. Patrimonio. Fuente de vida. Admiración. 

Este salar, considerado una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, está en disputa. Desde 2010, unas 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio en esta cuenca endorreica compartida por las provincias de Jujuy y Salta. elDiarioAR viajó a la región junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un recorrido por algunas de las comunidades que habitan alrededor del salar financiado por la ONG ambientalista.

A pesar de las demandas judiciales, la intervención de la Corte Suprema de la Nación y los reclamos a las gobernaciones y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), los proyectos siguen en marcha. Los habitantes de este territorio salado, de este oasis en el desierto, han visto cómo la minería del litio penetró en los últimos meses, logrando el consenso de al menos tres comunidades de aquel bloque originario que se opuso a la exploración y explotación del mineral considerado el “oro blanco”.

En Jujuy se siente el miedo. Fue difícil hallar voces en alto sobre el conflicto por las salinas y el litio en febrero de 2024, en el contexto de las detenciones de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, acusados de los delitos de “lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género y de tornar incierta la identidad de un menor de diez años”, tras twittear sobre la esposa del exgobernador Gerardo Morales.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc ubicada en el departamento Tumbaya, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi. Flores, uno de los defensores ambientales de este territorio, es de los pocos que accede a dar su nombre para esta nota.

Cuenta que el conflicto por el litio hizo mucho más que unir a un grupo de 38 comunidades. “Nos ayudó a recuperar nuestra identidad. Si no hubiese nacido esta preocupación, cada comunidad seguía por su lado. Nos ayudó a despertar”, asegura Flores.

El dirigente afirma, además, que las comunidades no están dispuestas a convertir su territorio en una zona de sacrificio para que el Norte Global cumpla con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. “No vamos a destruir toda la naturaleza de la Puna para ‘salvar al mundo’ con autos eléctricos”, asevera. Para Flores, las salinas son fuente de vida y patrimonio, no de litio para las baterías de los vehículos de los países más ricos.

El litio es muerte. Lo único que hace es asegurarnos que el día de mañana no tengamos agua.

Iber Sarapura. — Habitante de Alfarcito.

El salar  

Salinas Grandes es mucho más que un salar. Aquí se extiende una cuenca endorreica, cerrada, que no sólo es fuente de litio. Es fuente de agua y de sal. También de trabajo. Pero no del que intentan imponer las mineras y la gobernación. Aquí funciona la economía comunitaria, una forma distinta de organización que implementan algunas de las comunidades indígenas. Santuario de Tres Pozos es una de ellas, ubicada a 145 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de subir la Cuesta de Lipán y a pocos kilómetros del gran salar.

El turismo en las Salinas Grandes se organiza por sectores: algunas comunidades, las más cercanas y organizadas, ocupan diferentes porciones del salar para su explotación turística. Trabajan por turnos, en general día de por medio, y los jóvenes son capacitados por la propia comunidad para ejercer como guías. Las ganancias se dividen entre salarios e ingresos comunitarios, explica uno de los 40 guías de Santuario de Tres Pozos que recibe a los turistas a la vera del salar, donde proliferan los carteles contra el litio y la minería. Prefiere que su nombre no figure en esta nota.

Su madre es vendedora en un puesto de artesanías de sal en las salinas desde hace unos tres años y afirma que sus hijos deben “ocupar el territorio”, en el sentido más amplio de la frase: volver a los orígenes de su comunidad, el pastoreo de llamas y cabras, la agricultura. A estar en la tierra que las mineras tanto codician y que la mayoría de las comunidades se niega, por ahora, a ceder. Para la mujer, las salinas son fuente de trabajo. Pide anonimato.

Otra guía turística y exdirigente indígena proveniente de la comunidad San Miguel de Colorados también solicita resguardar su identidad. Ha disputado durante años contra el litio y la llegada de las mineras a las salinas. Para ella, las salinas son sagradas, un “regalo del Padre celestial”. Cree que las comunidades de Salinas Grandes deben mantenerse unidas y organizadas para seguir frenando el avance silencioso de la minería del litio. José Luis, uno de sus colegas, coincide y asegura: “El litio es pan para hoy y hambre para mañana”.

Este gran salar también es fuente de trabajo para una histórica cooperativa de sal, fundada por dirigentes indígenas de Santuario de Tres Pozos. Salinas Grandes es prosperidad. Uno de los trabajadores más antiguos lleva unos 30 años viviendo de esta actividad. “Salinas Grandes es historia, es una madre”, dice. Aquí trabajan distintas generaciones extrayendo la sal para usos industriales, consumo animal y humano. El último año hubo pocas lluvias y eso repercutirá en la producción de sal de arrastre —utilizada para industrias como la producción de papel—, asegura el trabajador, que pide resguardar su nombre. La posibilidad de que las mineras comiencen a utilizar el agua de la cuenca para la explotación de litio es una amenaza a su fuente de trabajo. Sin agua, no hay sal de arrastre.

Si no hubiese nacido esta preocupación, cada comunidad seguía por su lado. Nos ayudó a despertar.

Clemente Flores — Dirigente de la comunidad de El Moreno.

El gobierno jujeño concesionó varias áreas de Salinas Grandes a las mineras y dos de ellas ya se encuentran trabajando en la zona: Litica (de Pluspetrol) y Lithion Energy (antes conocida como Lithos y propiedad de Pan American Energy). Ambas empresas consiguieron el aval de tres comunidades (Lipán, Sausalito y Quera y Agua Caliente) para comenzar la búsqueda de litio en las salinas en sus territorios comunitarios. En estos tres pueblos de la cuenca de Salinas Grandes, una parte de la población decidió abrirse del bloque y acordar por separado con las empresas y el gobierno de Jujuy. Pulso Ambiental se comunicó con la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y con el Ministerio de Ambiente de la provincia para conocer su posición sobre el conflicto con las comunidades pero no recibió respuesta.

Iber Sarapura tiene 24 años y vive en la comunidad de Alfarcito, un pueblo kolla del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc que debe su nombre al cultivo de alfalfa. Se encuentra ubicado a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3.363 metros sobre el nivel del mar.

“Para mí, la cuenca es admiración”, enfatiza. Admiración por la organización que las comunidades han demostrado en los últimos 14 años. “Hay un espacio que demostró lucha y resistencia, que pudo demostrar que las comunidades sí nos podemos organizar, sí podemos luchar, sí podemos resistir. Y sí podemos decir ‘no’ cuando nos están atropellando, cuando quieren violar derechos, cuando nos quieren matar”, afirmó.

“El litio es muerte”, afirma Sarapura. “Lo único que hace es asegurarnos que el día de mañana no tengamos agua”.

 En Alfarcito, la población no quiere trabajo de las mineras. Tiene su propia economía comunitaria: un criadero de truchas, producción de tejidos, posadas turísticas, cría de llamas y ovejas. “Aquí vivimos bien, no necesitamos más”, asegura.

ED/DTC

En Argentina, la actual gestión de gobierno no tiene precedentes en lo ideológico y transita un camino difícil de describir. Y más difícil aún de avizorar en el futuro inmediato. Su política declarada de desmantelar el Estado (no sólo achicarlo) tiene consecuencias complejas para valorar en su total dimensión, en un escenario siempre cambiante y dinámico. Cada una de las medidas sigue sorprendiendo negativamente, en un contexto social desarticulado y con pocas capacidades de respuesta, a lo que se le suma la legitimidad importante que detenta el Presidente, fruto de los resultados electorales de noviembre de 2023.

Para explicar y comprender la emergencia de un presidente autoadjetivado como anarcocapitalista, debemos entender también la historia reciente argentina, signada por una grieta omnipresente entre los diferentes partidos políticos. Y en los últimos cuatro años, por una captación del Estado por supuestas fuerzas progresistas, que finalmente mostraron su peor cara en la presidencia de Alberto Fernández, caracterizada (más allá de la pandemia y otras desgracias que siempre se mencionan) por el inmovilismo y la ineficiencia.

Como muestra, basta mencionar que, a partir de las internas de la propia alianza de gobierno, Fernández no pudo nombrar un nuevo procurador general del Estado (el pliego del juez Daniel Rafecas, especializado en Derechos Humanos, nunca sumó el aval de Cristina Kirchner) ni cubrir la vacante para Juez de la Corte Suprema de Justicia que se había liberado en 2021. Tampoco pudo designar un Defensor del Pueblo que lleva años sin ser nombrado. Ante este panorama de ausencia de acuerdos, el progresismo mucho menos pudo construir un marco de protección y políticas específicas para los pueblos indígenas.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno

En todos sus discursos, el presidente Javier Milei demuestra una aversión a lo colectivo y denosta cualquier mirada del mundo que sea diferente a la que sostiene. De esa manera, la idea de diversidad cultural parece no tener lugar. Sólo basta apuntar como dato de color que el gobierno declaró el año 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” y, en consecuencia, cualquier documento del Estado se encabeza con esa frase. Como la leyenda se refiere a la propiedad privada, es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno.

Asimismo, durante la campaña electoral, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, denunció una y otra vez las demandas de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Como estrategia discursiva, la compañera de fórmula de Milei enfatizó en la defensa de la soberanía, planteando que los reclamos indígenas atentan contra la soberanía nacional. Una mirada muy creativa para un gobierno que acaba de recibir con honores a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson. Entre sus primeras medidas como Presidenta de la Cámara del Senado, Villarruel disolvió la Comisión de Pueblos Indígenas.

El desprecio por los derechos conquistados

Si repasamos las deudas pendientes del Estado argentino con los pueblos indígenas, éstas se van incrementando y acumulando con el correr de las décadas. Sin lugar a dudas, el reconocimiento de sus territorios es la deuda que alcanza mayor trascendencia y gravedad. No sólo por lo que significa para las comunidades indígenas la posibilidad real de seguir sobreviviendo con su propia identidad cultural, sino porque su desconocimiento forma parte de las consecuencias de la conquista y el colonialismo. Los despojos de sus territorios se volvieron un lugar común en las crónicas del pasado, pero en la actualidad adquieren una centralidad precisamente porque las disputas se van acrecentando al calor de los intereses fraguados a su alrededor.

Sólo basta pensar que el ideal libertario, que desprecia indubitablemente la igualdad, sólo tiene en mente el aniquilamiento del Estado y la eliminación de las herramientas con las que contamos para proteger nuestros derechos. Si bien vale la pena reflexionar sobre el rol que ha jugado el Estado frente a los pueblos indígenas, en Argentina existió y existe una línea de continuidad histórica en las políticas definidas para pueblos indígenas, caracterizadas por su insuficiencia o, peor aún, su ausencia. Como las diferentes administraciones fueron refractarias al reconocimiento territorial, incluidos los gobiernos calificados como nacionales y populares, en una primera impresión uno puede decir que no existen razones para confiar en el Estado.

Dicho esto, es insoslayable admitir que las diferentes instancias o mecanismos del Estado, en sus diferentes dimensiones, aún siendo imperfectas tienen un rol irremplazable. Ya sea para formular políticas públicas específicas e interculturales; para garantizar el cumplimiento de los derechos; para distribuir la riqueza; o para combatir el racismo y la discriminación. Si estas herramientas desaparecieran o si las desigualdades no encontraran un lugar en las agendas públicas, poco se podría hacer para redoblar la lucha por los derechos indígenas.

El mejor aliado del extractivismo

El escenario presente y futuro es extremadamente incierto y complejo para los pueblos indígenas. Los derechos siguen vigentes y tienen fuerza normativa, pero si antes de la llegada de Milei ya se vulneraban, hoy existe un aval desde las más altas autoridades del país para incumplirlos. Los interlocutores del Estado para avanzar en la implementación de los derechos prácticamente no existen y las instituciones que tienen como mandato ocuparse de los pueblos indígenas gozan de un estatus dudoso. La reducción del Estado, si bien parece ser coherente con la primera parte de la visión política de este gobierno, “el anarquismo”, adquiere un matiz francamente preocupante con la segunda parte de la calificación, “el capitalismo”.

Al igual que en el resto de la región, en Argentina, el capitalismo ha significado una amenaza permanente de sustracción y un saqueo que se concreta día a día de la mano de las actividades extractivistas. Privilegia las empresas, cualquiera sea su capital, priorizando al sector privado, y genera la falsa ilusión de una libertad de mercado beneficiosa para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, concentra la riqueza en manos de pocos y sólo protege un sistema de consumo que tiene como eje producir para consumir, en una espiral ascendente que no conoce de costos, daños y sacrificios.

La situación se vuelve más acuciante aún cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas

Es así que la explotación petrolera y gasífera, la megaminería, la extracción del litio y los negocios inmobiliarios encuentran en la actual gestión de gobierno a su mejor aliado. A pesar de que los territorios indígenas se encuentran en disputa y que las resistencias se dan en el mismo territorio, la lucha también se libra en el campo judicial. Como ejemplo, basta mencionar la sentencia judicial que prohibió continuar la explotación del salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y ordenó una evaluación de impacto ambiental, a partir de un amparo ambiental presentado por la comunidad indígena que habita la región.

Sin embargo, la relación de fuerzas es muy dispar. Sin la presencia del Estado como regulador y articulador de los avances privados sobre los bienes comunes de los territorios indígenas, los resultados pueden ser francamente negativos y devastadores para las comunidades. La situación se vuelve más acuciante aún, cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas.

Hacia la vulneración de los derechos indígenas

Es difícil predecir el futuro inmediato o realizar un pronóstico a largo plazo. Del análisis de las últimas medidas del gobierno es posible inferir una profundización de los conflictos territoriales, una mayor desprotección de los derechos indígenas y la prácticamente imposible discusión de una ley de propiedad comunitaria indígena. Esta ley sigue pendiente y fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Lhaka Honhat vs. Argentina, que responsabilizó al Estado argentino por la vulneración de un conjunto de derechos indígenas (entre ellos el derecho a la propiedad comunitaria indígena).

La ley de emergencia de la posesión y propiedad indígena 26160 de 2006 sigue vigente, a partir de su prórroga por un Decreto de Necesidad y Urgencia del anterior gobierno (que no logró el consenso para lograrlo por ley como venía ocurriendo). Sin embargo, dejará de estar vigente el 23 de noviembre de 2025. Vale la pena mencionar que en 2022 diputados del actual partido gobernante (incluido el presidente) presentaron un proyecto de ley para derogarla, por lo cual no sería de extrañar que volvieran a intentarlo. Esto dejaría a las comunidades indígenas sin una de las pocas herramientas para evitar los desalojos.

Si bien en Argentina los instrumentos jurídicos internacionales siguen siendo vinculantes, se vuelven en muchos casos expresiones de deseo frente a una realidad local que les es claramente adversa. A pesar de todo, los pueblos indígenas siguen delineando diferentes estrategias para reclamar, denunciar y avanzar en la consecución de sus derechos. Lo que queda claro en Argentina es que asistimos a un nuevo ciclo de la relación entre Estado y pueblos indígenas que reedita las tensiones presentes y las experiencias más traumáticas. Ante la incertidumbre general, el devenir es incierto.

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Debates Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

JJD

La comunidad de Tres Ombúes se encuentra ubicada en la Ruta Provincial Nº4 (más conocida como Camino de Cintura), entre la Autopista Richieri, el Río La Matanza y la Avenida Monseñor Bufano. Un cartel con la leyenda “Territorio Ancestral Indígena Tres Ombúes” indica el ingreso. Los miembros del espacio sostienen que allí se encuentra un cementerio indígena ancestral. El sitio ya fue declarado Yacimiento Arqueológico después de un estudio a cargo de un grupo de arqueólogos que encontró vestigios de utensilios y herramientas que pertenecieron a la Comunidad Querandí.

Este hallazgo abrió, también, una puerta de investigación sobre la posibilidad de encontrar allí restos humanos. Es que, en ese lugar, según Delia Claros -referente territorial de Tres Ombúes- “se inició el genocidio indígena más grande de Argentina”. Según su testimonio, allí se inició en 1536 la Batalla de Corpus Christi y luego, con la fundación de la Provincia de Buenos Aires (1586), se profundizaron “estos crímenes de lesa humanidad”. “El Río de la Matanza lleva ese nombre porque allí se derramó un lago de sangre”, le dice a elDiarioAR y renueva su pedido para que sea declarado como Cementerio Indígena Ancestral.

La comunidad multiétnica Tres Ombúes está compuesta por aymaras, quechuas, guaraníes y qoms, entre otras etnias, que se conformaron a partir de similitudes culturales, lingüísticas, históricas y raciales y conviven en el mismo territorio territorio. El 25 de septiembre de 2023, en un hecho histórico para los pueblos originarios, se les otorgó la personería jurídica a través del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros, como indígenas, no necesitamos un papel que diga quiénes somos. Pero, para realizar algunos trámites, estos documentos nos sirven muchísimo: por ejemplo, solicitar delimitaciones, gestionar subsidios y realizar proyectos”, agrega Delia.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO: LA DISPUTA POR LA TITULARIDAD DE PUENTE 13

 La crisis habitacional en la Provincia de Buenos Aires es una demanda que lleva años. Entre la dificultad de poder tener un acceso a una vivienda digna y el aumento de los alquileres, algunas familias deciden construir sus casas en un territorio del que muchos saben que no tienen título de propiedad y en algunos casos desconocen que son propiedad del Estado, lo que los lleva a caer en estafas inmobiliarias que juegan con la necesidad de las familias con pocos recursos económicos.

En 1945, el presidente Juan Domingo Perón expropió la zona de Ezeiza, partido de La Matanza, para la construcción de la Autopista Richieri, y en el proceso de la realización de estas obras quedó libre el predio Puente 13. Según un informe realizado por el periodista Bruno Yacono para el canal TN, la Agencia de Administración del Estado (AABE) adquirió el espacio en 1976 y luego lo entregaron al Sr. Carballo para la crianza de caballos. Cuando falleció, su hija, María Isabel Carballo, tomó posesión del territorio y dijo que era propietaria del lugar por el concepto legal de usucapión, que es un modo de adquirir una propiedad cuando transcurre un tiempo fijado por ley. A la fecha la justicia falló en contra de ella y el Estado aún reclama el terreno.

En paralelo a este conflicto judicial, desde 2013, se conformó el Barrio Puente 13 con un grupo de 10 familias que, según el testimonio de uno de los vecinos que fue parte de la fundación del barrio, compraron los terrenos de buena fe pese a no tener el aval de la municipalidad.

Desde Tres Ombúes reconocen la formación del barrio y cuentan que en acuerdo con ellos delimitaron algunas zonas para que no se siguiera avanzando con las obras de construcción que generan destrozos en el territorio, en el que se destruyen arboles nativos, se pierden animales autóctonos y sobre todo la deforestación de los arbustos termina con un espacio verde que genera aire fresco para los vecinos residentes de la zona y alrededores. Sin que a la fecha tengan algún aporte del Estado, ellos se organizan en grupos para recorrer las delimitaciones que colocaron; ponen carteles señalizadores, hacen zanjas para que los camiones de materiales de construcción no puedan ingresar, pero en pocos días esto se destruirá por parte de algunos vecinos del barrio Puente 13 y de nuevo deberán hacer las delimitaciones.

En 2016, por orden del gobierno municipal de turno de ese entonces, se realizó el desalojo del lugar en el cual algunas viviendas fueron destruidas con topadoras, y durante el operativo policial quedaron detenidos algunos vecinos por resistencia a la autoridad. “Nos gritaban ´bolivianos de mierda, váyanse a su país´”, contó uno de los vecinos damnificados que sufrió la represión. Con ayuda de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, los detenidos recuperaron la libertad. Ellos, además, les brindaron herramientas legales a los vecinos para que conformaran una organización para luchar por sus derechos. Surgió así la Asociación Civil Barrio Puente 13 con personería jurídica desde 2022.

En ese mismo año, 2016, el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) reconoció la conformación del Barrio Puente 13 donde se censó un total de 440 familias. “Con este reconocimiento, el Estado nos reconoció dentro del mapa nacional y dice que acá se debe realizar un proceso de urbanización”, contó otro vecino que se capacitó para acompañar y relevar el proceso de instalación de servicios básicos que instaló el gobierno municipal. “Nosotros pagamos la luz e impuestos”, dijo un vecino e informó que este servicio es escaso en otros sectores del barrio.

En la actualidad el barrio está compuesto por cuatro zonas: A, B, C y D, y a la fecha no hay un censo actualizado que determine cuántas familias habitan porque año tras año las viviendas crecen.

PERMANENCIA PACÍFICA

El vínculo entre los integrantes de Tres Ombúes y los vecinos del barrio Puente 13 por momentos es pacífico, pero por otros hostil. Desde la comunidad afirman que buscan la protección del sitio ancestral indígena, pero hay un grupo que continúa avanzando en el territorio indígena, lotea terrenos y los venden generando situaciones de conflicto a pesar de que sobre el lugar haya una medida cautelar de “No Innovar”, que quiere decir que no se debe construir ninguna vivienda en el sitio hasta que se resuelva el conflicto judicial.

Ante el avance de la construcción del nuevo barrio, que año a año crece y como consecuencia se profundiza la destrucción de la flora y la fauna autóctona del territorio, integrantes de la comunidad multiétnica Tres Ombúes iniciaron desde el 2 de noviembre de 2021 una permanencia pacífica.

El viernes 22 de noviembre del año pasado, por la noche, un grupo de personas ingresó a la zona con una pala mecánica y destruyeron más de 10 metros cuadrados del territorio “Esto es un etnocidio ¿Acaso nuestra Pachamama no tiene derechos? ¿Se tiene que poner una cruz para que respeten el lugar?”, dijo, indignada, Delia. Paula Alvarado, abogada e integrante de la comunidad, comentó que se realizó la denuncia ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de Morón para que ordenara la protección del lugar una vez más.

¿Cuál sería el rol del Estado con el gobierno actual?

Con el gobierno anterior, los vecinos del Barrio Puente 13 exigían tener el título de propiedad de sus viviendas, pese a que sobre sus hogares estuviera el conflicto judicial entre el Estado y Carballo, y solicitaban el proceso de urbanización. Otro vecino dijo que “sobre el lugar sigue vigente la orden de desalojo, pero al ser el barrio reconocido dentro del ReNaBaP el Estado no puede hacer nada”. En este contexto de cambio de gobierno desde la asunción de Javier Milei, algunas cosas se van modificando. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, propuso ante los medios una medida de expulsión de extranjeros que tomen terrenos del Estado. Esta situación pone en alerta a los vecinos del barrio popular porque ninguno tiene título de propiedad; muchos son migrantes de países limítrofes y podría reactivarse el orden de desalojo del territorio estatal.

Preocupa a los integrantes de la comunidad multiétnica de Tres Ombúes el DNU presentado por el gobierno nacional, que deroga la Ley de Tierras promulgada en diciembre del 2011 (Ley 26.373), la cual limitaba la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros en defensa de la soberanía nacional. Advierten que esto abre a políticas extractivistas y de contaminación en el país.

“Esto va a afectar a los hermanos de las comunidades que no tienen en trámite legal sus territorios ni un relevamiento territorial”, y alertó que “si lo pensamos en frío nosotros no tenemos que demostrar con papeles que nuestros territorios son indígenas ni demostrar nuestra identidad originaria, pero desde el Estado nos ponen en estas situaciones”.

La comunidad multiétnica Tres Ombúes ya posee su personería jurídica, cuenta con el apoyo del CPAI, leyes nacionales, provinciales y municipales previas a este DNU y eso “significa un gran respaldo porque se confirma que es un territorio indígena, de memoria ancestral y que debe ser respetado”, afirmó Claros, y que como comunidad articularán con las nuevas autoridades para que las leyes de protección, reconocimiento y las medidas de no construir viviendas en el territorio se cumplan.

WMC/MF

“En tiempos de incertidumbre

la gente está dispuesta a creer

 en los más tremendos disparates“

George Orwell

Finalizando el siglo XVII, los indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia tuvieron sombríos encuentros con gente extraña. En primer lugar, los indígenas colisionaron con órdenes religiosas católicas que llegaron a sus regiones para plantar el cristianismo. Consideradas “paganas”, las creencias y costumbres indígenas fueron arruinadas. En el presente, estas cosmovisiones no subsisten sino como “trazas” de lo que representaban para el manejo del territorio y la convivencia comunal, sobre todo de la avenencia que establecieron con la selva para vivir de ella sin causarle daños a su biodiversidad. Este encuentro, que duró casi un siglo, fue el “pecado original” de la locura mística cristiana en tierras americanas.

El segundo encuentro fue aún más trágico. Si los primeros habían sido infames usurpadores de almas, estos eran vándalos que venían a explotar el caucho y a esclavizarlos para la recolección del látex. Las llamadas caucherías se extendieron desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX y dominaron el crecimiento económico de la región. Un tercer encuentro, se registró cuando las empresas madereras llegaron a desmantelar sus bosques. Al pillaje de recursos forestales, se unirían otros personajes que llegaron para explotar los suelos: arrasaron la selva y crearon estancias ganaderas y cultivos de coca.

El trauma y la enajenación

Estas intervenciones en sus vidas y territorios representaron para los indígenas drásticas rupturas con sus modos de vida y costumbres: fueron traumas que ocasionaron su desintegración sociocultural. Más allá de ser una emoción duradera, el trauma es definido como el sufrimiento individual de angustia y desesperanza en el marco de un trastorno colectivo. Es causado por eventos que amenazan la vida y el bienestar de una persona o comunidad y deja heridas psicológicas, físicas (individuales o colectivas) de forma permanente.

El trauma tiene muchos orígenes, significados y consecuencias. Para grupos marginados, tiene repercusiones muy complejas. En el caso de los indígenas de Tierras Bajas, el trauma fue el resultado de los procesos de inculturación evangélica, la explotación semi-esclavista de su mano de obra por compañías caucheras, los saqueos forestales y la ampliación continuada de la frontera agrícola y ganadera sobre sus selvas. Estas experiencias traumáticas han contribuido no sólo a la destrucción de sus estructuras sociales y económicas, sino que han dejado una huella indeleble en sus mentes. De este modo, crearon situaciones de enajenación, como si una sombra hubiera crecido sobre su memoria y la hubiera perturbado.

Es notorio que a las personas y comunidades que han sufrido eventos traumáticos, les resulte difícil reencontrarse con el pasado. Esto se debe a que el trauma provoca una especie de amnesia retrógrada que despoja a los individuos de su capacidad de recuperarse frente a situaciones que han perturbado sus mentes. No solamente se profanaron sus cosmovisiones, también se lastimaron sus territorios, se arruinaron sus bienes ambientales y se desestructuraron social y políticamente sus organizaciones. “La integridad física no resiste ante la disolución de la personalidad social”, había observado Levi Strauss en Tristes Trópicos.

Y aunque esa diversa gama de traumas experimentados hacen difícil un reencuentro con el pasado, la reconstrucción de los sucesos que produjeron los traumas es un ejercicio que tiene fines restaurativos, sobre todo, en pueblos que han visto enajenadas sus identidades. Desde una perspectiva antropológica, reconstruir el pasado es, en esencia, una rememoración (función simbólica de la memoria) para interpretar y resignificar el pasado. Reconstruir la memoria, para reconocer situaciones traumáticas vividas, confiere a los pueblos un efecto reparador en términos culturales y organizativos.

Los traumas en el territorio ancestral

Los estudios antropológicos sobre los indígenas de Tierras Bajas de Bolivia hacen pocas referencias a las perturbaciones psicológicas experimentadas por estos pueblos, como producto de los impactos traumáticos que lastimaron severamente su cosmovisión y alteraron su relación con el territorio. Sobre todo, ha sido descuidado el hecho de que el territorio también sufrió incidentes traumáticos que han dejado huellas imborrables en sus bosques, en sus ríos, en su flora y en su fauna. Esas trazas producen efectos de gran significación, traen recuerdos que hieren el alma de sus pobladores y provocan reacciones emocionales.

Esto se explica por la circunstancia de que el territorio es entendido simbólicamente como un ser con vida propia, un cuerpo con comunidades (de animales y plantas) y ecosistemas, con presencia humana y manifestación de múltiples conflictos. Por lo tanto, el territorio es visto como un cuerpo que se modifica en relación con otros cuerpos (territorios). Como los indígenas están unidos a ese cuerpo de manera simbiótica, como si fueran una y la misma cosa, los cambios en uno generan efectos en el otro. Al encarnar articulaciones íntimas entre los humanos y la naturaleza, los territorios también dan indicios sobre la manera como se rompieron esos vínculos.

Los territorios generan información porque los indígenas han dejado señales. Son improntas de los vínculos que establecieron con el bosque para obtener los medios materiales para su pervivencia.

En el mismo sentido, por ser también una realidad materializada en el espacio, este territorio alegórico (simbólico) tiene una permanencia propia en el tiempo, y en el imaginario de los pueblos indígenas, que permite ser identificado aún después de la desaparición de los sujetos originarios que lo crearon, los llamados ancestros. Este territorio ancestral se entiende como un espacio vivido, más que conceptualizado, representado cartográficamente o medido en hectáreas. Y es gracias a esta permanencia en el imaginario indígena, que este espacio conserva estructuras y testimonios de sus fundadores, que se expresan por medio de sus cuentos, mitos y leyendas, y se manifiestan en sus ritos y festividades.

Los territorios generan información porque, en el transcurso de un poblamiento, los indígenas han dejado señales. Son improntas de su relacionamiento con el territorio (ya sean cementerios, reliquias o vestigios de su cultura material) y, de los vínculos que establecieron con el bosque para obtener los medios materiales para su pervivencia (caminos, puentes o árboles frutales en sus chacos abandonados). Dejan también, conscientemente, testimonios grabados, para representar y semantizar su pertenencia a un territorio: como han sido, para el caso de los indígenas amazónicos de Bolivia, los geoglifos t’simane que la antropóloga Karin Hissink descubrió en el río Pachene. Los territorios también muestran trazas de lo fatídico de las rupturas de esa hermandad.

Los pueblos étnico territoriales frente al proceso civilizatorio

En una investigación colaborativa entre pueblos indígenas y la Universidad de Colorado, se analizaron manifestaciones de trauma colectivo en pueblos étnicos marginalizados (afrodescendientes e indígenas), cuyas identidades estaban determinadas por relaciones culturales, ambientales y socioeconómicas con el territorio. Estas relaciones precedían a la creación del Estado colombiano y diferían notablemente de las relaciones con la tierra de otros grupos sociales del país.

Este trabajo originó el concepto de pueblos étnico-territoriales para referirse a poblaciones que han compartido sentimientos similares por el territorio y trazar conexiones entre las comunidades negras del Pacífico y los grupos indígenas. Los pueblos étnico-territoriales han construido lazos interculturales de solidaridad con el objetivo de protegerse de los atropellos del régimen colonial. Posteriormente, durante la República, han intentado detener la expansión de intereses económicos que captan rentas, extraen recursos naturales, expropian territorios violentamente y se apropian de los excedentes de las comunidades.

Estas circunstancias históricas son análogas a las que encontramos en las Tierras Bajas de Bolivia. En ambos casos han habido procesos de deshumanización generados por la codicia, el racismo y las políticas discriminatorias del Estado. Para el caso boliviano, los comunarios del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) dan cuenta de cómo el desarrollo económico ha conducido a una pauperización de las comunidades indígenas de Tierras Bajas. Al igual que en las Tierras Bajas del Pacífico colombiano, el discurso mediático argüía llevar el desarrollo a esas regiones marginadas. Este manejo ideológico de un supuesto proceso civilizatorio contribuye a mantener enajenada la conciencia de los pobladores sobre su situación real.

Como señala George Orwell: “Quien controla la memoria controla el futuro”. Y la ideología del Estado cumple la función de introyectar valores en mentes desconcertadas y angustiadas. Freud llama introyección al proceso inconsciente mediante el cual una persona, al identificarse con otra, adopta sus ideas y conductas. Este concepto permite entender cambios de comportamiento en algunos individuos o comunidades. Uno en especial importa destacar aquí, que tiene que ver con la introyección de conductas de comunidades indígenas que han sufrido las consecuencias de los traumas antes descritos.

Entre el sentimiento de inferioridad y la recreación de su identidad

No es raro que las personas traumatizadas opten por identificarse con otras ideas que pudiesen “salvarlas”. En estos casos, los seres humanos hacen desaparecer su self (sí mismo) y, ocultan sus creencias y representaciones de sí mismos. Estigmatizados cultural y racialmente, las personas pueden llegar a identificarse con tremendos disparates. Incluso con las ideas de sus agresores. Por eso no es casual que haya familias indígenas que terminen “adorando” a los dioses de los que les hicieron daño, u obedeciendo al maderero, ganadero, minero y cocalero que arrasa sus bosques, sus ríos y su fauna. Dicho de otra manera: dejan de ser ellos mismos, asimilando los rasgos, conductas y puntos de vista de sus agresores.

Otra similitud entre los pueblos de Tierras Bajas de Colombia y de Bolivia es la forma de recrear sus identidades, sin pensar tozudamente en “restaurar” lo que para siempre han perdido. Los pueblos étnico-territoriales parten de lo que hoy tienen y anhelan seguir conservando: vivir en comunidad (lo cual les brinda seguridad y protección); permanecer en su territorio y restaurarlo bajo los parámetros de propiedad privada colectiva; desarrollar autónomamente sus organizaciones comunitarias para recuperar (y revitalizar) asuntos significativos para sus vidas; y, lo más importante, restablecer las relaciones de convivencia con el bosque amazónico, una “reconciliación” con su espacio de vida, que es necesaria para su pervivencia material y espiritual.  

Pero también existen diferencias. Los indígenas y afrodescendientes del Pacífico, cuyas memorias habían sido confiscadas, destruidas o manipuladas vienen “despertando” y son cada vez más conscientes de su enajenación. Sobre todo se han dado cuenta de que los daños infligidos a sus comunidades no tienen por qué seguir repitiéndose. Lo más importante: han avizorado que el mejor camino (quizás el único) para superar sus traumas, es revertir las consecuencias sociales y económicas que estos ocasionaron en sus pueblos. Creemos que eligieron el camino correcto.

Efraín Jaramillo es antropólogo colombiano y ha acompañado las luchas de organizaciones indígenas colombianas durante los últimos 40 años. Fue asesor del delegado indígena Alfonso Peña Chepe a la Constituyente de 1991.

Colectivo de Trabajo Jenzerá es un grupo interdisciplinario e interétnico fundado en 1998 por personas con amplia experiencia en el acompañamiento a pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, en varias regiones de Colombia.

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Debates Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

Un grupo de docentes, investigadores e integrantes de organizaciones de distintas provincias de Argentina expresó en las últimas horas por medio de un comunicado su “preocupación por la amenaza de despojo de los territorios ancestrales que sufre la comunidad Yariguarenda perteneciente al Pueblo Guaraní, en la localidad de Tartagal del Departamento San Martín, Provincia de Salta”. 

De acuerdo al texto, “el 18 de diciembre de 2023, el Banco de la Nación Argentina (BNA) procedió a un remate judicial del territorio ancestral de esa comunidad, por compensación de deuda en relación a un juicio de 1996 que inició el BNA contra uno de los titulares registrales, Francisco Martínez”. 

De acuerdo a los firmantes del comunicado, “este riesgo de despojo territorial es de larga data. La comunidad viene siendo objeto de atropellos desde la década de 1930: ha sido atravesada por líneas destinadas a las prospecciones petroleras, además de una intensa actividad extractiva de empresas madereras, lo que significó cambios sustantivos en la biodiversidad del monte nativo. Esto generó grandes perjuicios para la comunidad ya que hubo cambios irreparables en la naturaleza, con la cual este pueblo se vincula y que es el sustento de la vida de sus integrantes. A su vez, en 1970, se aceleró la compra de tierras comunitarias y la explotación de grandes espacios para la producción de hortalizas y de monocultivos. Desde entonces, la comunidad ha sido objeto de desalojos, intimaciones y atropellos”, denuncian. 

Asimismo, desde las distintas organizaciones aseguran que la comunidad Yariguarenda “ha continuado habitando sus territorios, cuidándolos, produciendo alimentos agroecológicos que permiten la subsistencia de niños/as y adultos/as del mismo pueblo indígena y de la localidad de Tartagal y generando proyectos de turismo rural comunitario donde enseñan sobre el cuidado integral de la naturaleza”.

Con respecto a la situación judicial, sostienen que se trata de “una historia de despojo y resistencia la comunidad que llega a la situación de crisis territorial por la subasta que intenta realizar el Banco de la Nación Argentina, interponiendo frente a ello una acción de amparo colectivo, medida a la que dio lugar el Juzgado Federal de Tartagal, por estar, el catastro, dentro del territorio relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2012”. 

De acuerdo al escrito, “en un fallo del 9 de enero pasado, la jueza federal Soledad Ivana Hernández ordenó suspender la venta ”hasta tanto se dicte sentencia definitiva (...) sobre el fondo de la cuestión“ y el mismo Juzgado estableció que el despojo de tierras atentaba contra la continuidad cultural y la vida misma de la comunidad”.

Además, agregan como fundamento que los derechos indígenas a los territorios que habitan “están reconocidos por la Constitución Nacional Argentina (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional), por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/2021 que dispone la prórroga de los plazos de la Ley N° 26.160, estableciendo así la suspensión de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, así como por normativas internacionales de rango constitucional, como la Declaración Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. 

Para finalizar, en un documento en el que piden a la ciudadanía que sumen con más firmas, los educadores y científicos expresaron su apoyo a la comunidad Yariguarenda con el fin de “cancelar la subasta pública. Debe tenerse presente además que el único oferente, el señor Dante Galeano, pretende instalar emprendimientos turísticos en el lugar (la empresa Tar- Tur SAS). Esta situación preocupa a la comunidad que entiende, que el mismo provocara impactos mayores y de características irreversibles, por las implicancias de un emprendimiento de turismo instalado en territorio comunitario”, concluye el texto que se puede firmar aquí. 

IG

El pasado 27 de septiembre, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron una fosa común donde fueron enterradas víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado de 1887, en Santa Fe. El lugar estaba siendo investigado a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista en el marco de un juicio por la verdad histórica por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el siglo XIX. “Es histórico porque se trata del hallazgo de la primer fosa común de una masacre indígena llevada a cabo del Estado argentino”, explicó el antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados del INAI.

“En Argentina tenemos ubicada una fosa común más antigua en Mendoza, pero como parte del genocidio indígena cometido por los españoles, y el EAAF está en plena búsqueda de las fosas comunes de la masacre de Napalpí”, agregó. Pepe es también miembro fundador del Colectivo Guías, una organización que viene trabajando en la producción de pruebas en esta causa de verdad histórica a través de investigación y análisis de documentación.

Según indicó la abogada que representa a las comunidades qom y moqoit descendientes de los indígenas fusilados, Cintia Chávez, explicó que la jornada fue muy emotiva: antes de iniciar las tareas de explotación se le pidió permiso a los ancestros para llevar a cabo la tarea y se les pidió que bendijeran al cuerpo de investigadores que incluía autoridades estatales, indígenas y al obispo José Ángel Masín.

“Pero, además, la primera palada para encontrar los restos la realizó (el cacique) Ariel Chará de la comunidad Qompi, que después nos contó la enorme emoción que le causó el haber encontrado a sus abuelos”, contó Chávez. Este referente de la comunidad encontró a unos 45 centímetros de profundidad, parte de un cráneo, que luego el antropólogo Juan Nobile y las arqueólogas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron que era humano.

Este primer hallazgo permitió confirmar que allí se encontraba una fosa común, no se pudo seguir adelante con las excavaciones dado que la orden era detener los trabajar cuando se encontraran restos óseos. Ahora, se deberá esperar una nueva solicitud judicial para realizar la exhumación y peritaje de todos los cuerpos allí alojados. “Se siguió ese sondeo un poco más para confirmar que estaba in situ todo el esqueleto, y se frenó ahí la excavación porque se terminó la etapa de búsqueda, se cerró otra vez todo y estamos esperando que se apruebe el plan de extracción”, relató Pepe.

Cuál es la historia detrás de los cuerpos indígenas enterrados en la fosa común de Santa Fe

En 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom se instalaron en la localidad religiosa de San Antonio de Padua de Obligado, en la zona del chaco santafesino. El enclave buscaba convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e incorporarlos a la mano de obra barata al capitalismo agroexportador. Se trataba de una iniciativa impulsada por el misionero franciscano y jefe espiritual Ermete Constanzi.

Los indígenas también debían trabajar en los ingenios azucareros de las localidades vecinas y servir en la guarnición militar de Las Toscas bajo el mando del comandante Marcos Piedra.

Paulatinamente, las condiciones de vida de los indígenas fueron empeorando debido a sucesivas epidemias, abusos físicos, castigos de parte de las autoridades militares y la mala alimentación. Esto generó tensiones entre estas comunidades y el Estado argentino, pero no fue hasta el verano de 1887 que se terminó de quebrar el vínculo.

Para entonces, el Ejército Nacional, por pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentina Roca, Rudecindo, había raptado a una niña indígena para servidumbre. Este hecho generó una sublevación por parte de las comunidades mocoit y qom, que derivó en el asesinato de Piedra y otro soldado y el desplazamiento de los indígenas al monte.

A modo de represalia, el ejército reprimió y fusiló a 16 indígenas que no habían participado a la revuelta y continuaban asentados en San Antonio. En los diez días posteriores, los asesinatos continuaron.

ACM con información de agencias.

Después de que el Tribunal Supremo de Brasil emitiera la semana pasada un fallo calificado por los activistas como victoria histórica para los habitantes originarios de este país, el Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que limita el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. Se trata de un texto impulsado por grupos de la ultraderecha que defienden los intereses de poderosos empresarios del campo.

El proyecto le da fuerza de ley al “marco temporal”, una tesis rechazada por el Supremo la semana pasada con una mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, que limita los derechos de los indígenas a las tierras que ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.

Los grupos de defensa de los derechos indígenas habían denunciado “la trampa del marco temporal”, respaldada por la agroindustria que “sostenía que los pueblos indígenas que no pudieran demostrar que estaban en sus tierras el 5 de octubre de 1988, fecha de la firma de la Constitución Federal, no tendrían derecho a la demarcación de sus territorios”, tal y como explicaba la ONG Survival International.

Los activistas también habían advertido de que el “marco temporal” podía terminar con decenas de reclamos legítimos de delimitación de tierras indígenas, de grupos que ya habían sido desalojados de sus tierras ancestrales o cuya presencia aún no había sido reconocida en la fecha límite. Muchos grupos indígenas fueron expulsados de sus tierras ancestrales durante los 21 años de dictadura militar brasileña, que finalizó en 1985.

Un fallo histórico

Tras el fallo “histórico”, se vivieron escenas emotivas frente a la sede del Tribunal Supremo en Brasilia, después de que los magistrados se pronunciaran mayoritariamente a favor de los derechos de los indígenas. Algunos activistas lloraban de alegría, otros bailaban. “Viva la resistencia indígena”, escribió en X (antes Twitter) Eloy Terena, abogado indígena y secretario ejecutivo del recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil. Escenas similares se repitieron en toda la región amazónica, donde viven cerca de la mitad de los 1,7 millones de ciudadanos indígenas de Brasil.

Es “una victoria de la lucha, una victoria de los derechos, una victoria de nuestra historia”, dijo en X la diputada indígena Célia Xakriabá. “Brasil es territorio indígena y el futuro es ancestral”. También la ministra brasileña de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, había celebrado ese “gran logro”, fruto de años de lucha y protestas.

Sin embargo, la alegría duró apenas una semana. Este miércoles, el Senado brasileño aprobó con carácter de “urgencia” el texto central de un proyecto impulsado por los grupos más conservadores, que rechazan la decisión del Supremo por su contenido y también con el argumento de que el Poder Judicial “usurpó” las competencias del Legislativo.

El proyecto de ley fue aprobado con 43 votos a favor y 21 en contra por el pleno del Senado, donde todavía el conservadurismo tiene influencia frente al Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaristas contra Lula

El relator del proyecto sobre el “marco temporal”, Marcos Rogério Brito, afirmó que “la competencia del Supremo es clara en la Constitución, pero es tan clara como lo es la competencia del Poder Legislativo”. Al mismo tiempo, negó que ese proyecto sea un “desafío” al Supremo o que pueda provocar un eventual conflicto institucional, según la Agencia EFE.

Por su parte, el líder del grupo oficialista en el Senado, Randolfe Rodrigues, aseguró que “será vetado por el presidente Lula”. En ese caso, el texto pasaría de nuevo al Congreso, que puede revertir el veto del jefe de Estado.

En el Tribunal Supremo, sólo dos magistrados apoyaron la tesis del “marco temporal”: Kassio Nunes Marques y André Mendonça. Ambos fueron nombrados por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, a quien los activistas acusan de desencadenar un asalto histórico contra los territorios indígenas con el desmantelamiento de las agencias de protección y con su retórica en contra de los pueblos indígenas y del medioambiente.

Mendonça, antes de ser nombrado juez del Tribunal Supremo, había sido ministro de Justicia de Bolsonaro.

Por su parte, la juez Cármen Lúcia Antunes Rocha afirmó al votar en contra del marco temporal: “Estamos velando por la dignidad étnica de un pueblo diezmado y oprimido durante cinco siglos de historia”. La magistrada indicó que la sociedad brasileña tiene una “deuda impagable” con los pueblos indígenas del país.

Survival International celebró la semana pasada la derrota de lo que calificó como intento de “legalizar el robo de enormes extensiones de tierras indígenas”. Según el grupo, decenas de tribus salvajes podrían haber sido aniquiladas si hubieran triunfado tales esfuerzos.

“Este es un momento histórico: una gran victoria para los pueblos indígenas de Brasil y una derrota masiva para el sector del agronegocio. El marco temporal es un intento de legalizar el robo de miles de hectáreas de tierras indígenas. Los pueblos indígenas de todo el país podrían haber sufrido un impacto catastrófico, incluidos los kawahivas no contactados y miles de indígenas guaraníes”, indicó la directora de investigación y defensa de Survival, Fiona Watson.

“Esta iniciativa formaba parte del brutal ataque contra los pueblos indígenas de Brasil y la selva amazónica que impulsaron el expresidente Bolsonaro y sus secuaces, por lo que este rechazo es sumamente importante, no solo para los pueblos indígenas, sino también para la lucha global contra el cambio climático”, agregó. Ahora, el Senado abrió un nuevo frente en esa lucha.

Esta pieza fue traducida por Emma Reverter y actualizado por elDiario.es

El director del mayor fondo multilateral del mundo para la acción medioambiental ha declarado que la comunidad internacional debe encontrar un “nuevo paradigma” para la financiación del clima y la biodiversidad que aumente el acceso directo de las comunidades indígenas y locales a los recursos financieros.

Carlos Manuel Rodríguez, Director General del Fondo Mundial para el Medioambiente (FMAM), hizo este llamamiento mientras los delegados de 185 países donantes se reunían en la Asamblea del FMAM en Vancouver, Canadá, junto a líderes de los sectores financiero, empresarial y de la sociedad civil.

Aumentar la financiación internacional para la protección del medioambiente es el principal objetivo de la reunión de cinco días, la séptima asamblea del FMAM, que ha proporcionado más de 23.000 millones de dólares en subvenciones a los países en desarrollo desde su puesta en marcha en 1992.

Para Rodríguez, sin embargo, no se trata sólo de conseguir más dinero. En la inauguración de la asamblea, el martes 22, dijo que los países también deben reconsiderar cómo asignan los recursos, pidiendo un aumento de la financiación directa para las personas que ya están protegiendo la naturaleza. En todo el mundo, menos del 1% de la ayuda exterior para hacer frente al cambio climático se destina directamente a las comunidades indígenas y locales, o a proyectos de apoyo a la tenencia de sus tierras y a la gestión de sus bosques. Y ello a pesar de los estudios que han demostrado el importante papel que desempeñan a la hora de impulsar una conservación y una protección del medio ambiente eficaces y equitativas.

“Reconocemos el papel que desempeñan [estas comunidades] y el FMAM quiere proporcionarles más fondos”, dijo Rodríguez.

La financiación del FMAM procede de los países donantes y se pone a disposición de los países en desarrollo a través de organismos gubernamentales, empresas e instituciones de investigación. Sólo el 1% de sus subvenciones y financiación se entrega directamente a la sociedad civil, dijo Rodríguez, una cifra que espera que alcance el 10% en 2030.

La financiación directa del Fondo proviene principalmente de su Programa de Pequeñas Donaciones, que comenzó hace más de 30 años y ha proporcionado un total de 725 millones de dólares a más de 26.000 proyectos en todo el mundo. En Ecuador, por ejemplo, el FMAM ha financiado iniciativas de conservación para comunidades indígenas y locales, así como trabajos para ayudar a desarrollar actividades económicas que utilicen la biodiversidad local de forma sostenible. Darío Mejía Montalvo, Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, afirmó en un acto paralelo celebrado en Vancouver que la financiación para la protección del medioambiente tiende a destinarse a organizaciones que pueden cumplir los requisitos legales y financieros, pero que no están familiarizadas con los territorios en los que van a trabajar. Así se corre el riesgo de que la financiación no llegue a las comunidades indígenas, añadió.

“Necesitamos que las comunidades indígenas generen sus propias capacidades para ser independientes del sistema financiero que se basa en gran medida en el individualismo, la competencia y la especulación”, afirmó Mejía Montalvo. Añadió que si no se replantea el enfoque actual de la financiación de estas comunidades, se corre el riesgo de seguir dependiendo de mecanismos “basados en las reglas del mercado” que pueden imponer un “cambio en los sistemas de valores de las comunidades indígenas”.

Un enfoque alternativo para la financiación

Se calcula que las comunidades indígenas y locales ocupan, poseen o gestionan en la actualidad al menos la mitad de la superficie terrestre del planeta, con cerca del 40% de esos paisajes protegidos o clasificados como en buen estado ecológico. Se cree que los indígenas protegen el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo, a pesar de que sólo representan el 6% de la población mundial.

Estas comunidades son protectoras del planeta, pero se enfrentan a muchos y diversos desafíos, como brotes de enfermedades, violaciones de los derechos humanos, violencia, falta de tenencia de sus tierras y limitaciones financieras.

En la cumbre de la ONU sobre el clima COP26 de 2021, los líderes mundiales prometieron 1.700 millones de dólares para apoyar a los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección del medioambiente y su papel en el cumplimiento de los objetivos forestales mundiales para 2030. Pero garantizar que esta financiación llegue a estos grupos podría significar superar prácticas arraigadas en la canalización de los fondos.

Una investigación de la Rainforest Foundation Noruega descubrió que de los 2.700 millones de dólares prometidos para apoyar la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales entre 2011 y 2020, solo el 17% se destinó a proyectos realmente dirigidos por estas comunidades o sus organizaciones.

Según este estudio, más de la mitad de esta financiación se distribuyó a través de cinco organizaciones: el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La otra mitad se repartió mediante agencias de la ONU, ONG y empresas de consultoría.

Con frecuencia, este enfoque intermediario hace que la financiación no llegue realmente a las comunidades. En busca de una solución, muchas organizaciones indígenas y de comunidades locales están abordando el problema creando sus propios mecanismos de financiación. Por ejemplo, Shandia, una plataforma financiera creada por la Alianza Global de Comunidades Territoriales, espera recaudar y distribuir directamente 300 millones de dólares en la próxima década.

En América Latina, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, plataforma de derechos sobre la tierra de organizaciones indígenas de México y Centroamérica, lleva varios años desarrollando un mecanismo de financiación directa. La alianza trabaja ahora para capitalizar el fondo, con un objetivo de 50 millones de dólares en los próximos cinco años, que, según afirma, utilizará para financiar 10 grandes y 50 pequeños proyectos comunitarios que beneficiarán a unos 5 millones de personas en la región.

Actualmente los fondos pasan por muchos intermediarios y organizaciones; están muy fragmentados

María Pia Hernández — Gestora del fondo mesoamericano de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques

“Actualmente los fondos pasan por muchos intermediarios y organizaciones; están muy fragmentados”, dijo María Pia Hernández, gestora del fondo mesoamericano, en un acto paralelo a la asamblea del FMAM. “El problema no es sólo cuánto dinero llega realmente a las comunidades, sino también que falta participación de ellas como beneficiarias finales”.

Las comunidades indígenas y locales también se enfrentan a muchas barreras dentro de sus propios países, que suelen tener requisitos y leyes complejos que restringen la financiación que les llega a través de instituciones internacionales. Además, las comunidades carecen con frecuencia de personalidad jurídica o capacidad para recibir y gestionar grandes fondos, y viven en zonas remotas de sus países donde a menudo no hay bancos.

Hernández pidió que se trabaje para reforzar las capacidades de gobernanza de las organizaciones indígenas y comunitarias, reconociendo que muchas tienen puntos débiles que les impiden administrar grandes fondos y cumplir los requisitos de los donantes. Añadió que estos grupos necesitan formación y apoyo, y que no se les deben exigir los mismos requisitos que a otras organizaciones ejecutoras.

Este artículo fue realizado con el apoyo de la red Earth Journalism Network de Internews y publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Sentado en el piso de tierra de su maloca, Óscar Machoa, de 67 años, corta unas hojas y las va colocando pacientemente sobre una olla calentada por leña. Sus manos firmes y ásperas fueron esculpidas por los años recogiendo plantas, construyendo sus casas, moldeando sus flechas.

Él es el curandero de la comunidad kichwa de San Carlos y el encargado de trasladar los saberes ancestrales al resto de sus vecinos en el cantón La Joya de los Sachas en la provincia ecuatoriana de Orellana, donde se encuentra parte del Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, que esta semana será el protagonista de un referéndum nacional sobre el futuro de las reservas de petróleo situadas bajo sus suelos.

Apenas escucha la palabra petróleo, su actitud paciente cambia. “No queremos que se extraiga nada. Recuerdo todas las cosas que nos prometieron y nada cumplieron”, dice con fuerza Machoa, cuando se traslada casi 60 años atrás y recuerda los inicios de la extracción petrolera en la zona, liderada por Texaco (en la actualidad, Chevron), donde fueron afectadas más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana a lo largo de casi 30 años de explotación.

“Ahí empezó nuestra pesadilla”, continúa Machoa. “Nos dijeron que utilizarían tecnología de punta, pero los derrames se volvieron muy comunes. Se contaminaron los ríos, murieron los peces, los animales, y nadie nos apoyó. Mis abuelos, mis padres, nosotros crecimos aquí. Por eso vamos a defender el Yasuní para nuestros hijos”.

Este domingo 20 de agosto, todo el país se enfrentará a dos votaciones: la elección del próximo presidente así como del parlamento (enturbiadas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio), y también decidirá si se continúa con la explotación de los campos petrolíferos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocido como Bloque 43, situado dentro del Parque Nacional Yasuní.

El curandero kichwa afirma estar decidido a votar “Sí” para bloquear su explotación, una postura compartida por gran parte de la población amazónica de Ecuador, aunque no de manera universal. A medida que se acerca la votación, la cuestión ha polarizado a algunos grupos indígenas, tanto cercanos como lejanos al propio Yasuní, reflejando antiguos debates sobre los beneficios y perjuicios de la extracción de petróleo y el alcance del apoyo estatal a las comunidades remotas.

Votos contra el petróleo

Los vecinos de Machoa en La Joya de los Sachas comparten su postura contraria a la extracción, afirmando que el petróleo no es necesario para mejorar sus medios de vida, Señalan que tienen áreas de conservación, lagunas, rutas de cataratas, y comunidades organizadas en torno al turismo rural comunitario, con lo que pueden obtener ingresos sin perjudicar su entorno.

Los pobladores plantean la cuestión de los derrames de petróleo cerca de los lugares de extracción. Uno de ellos señala que “se dan siempre, y no queremos más de eso”. Y no exageran. Según el Ministerio de Ambiente de Ecuador, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022 se registraron630 derrames de petróleo en territorio nacional. Casi un derrame al día.

A una hora de distancia de La Joya de los Sachas está el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos. Aquí las preocupaciones son las mismas.

“Toda la Amazonía ecuatoriana está invadida por petroleras que están hace medio siglo, y muy pocas personas le ponen interés a este tema. Así luchemos, las órdenes vienen de los que están en el poder, que nada van a hacer. Necesitamos a alguien que quiera hacer un cambio en serio”, reclama Sandra Aguinda mientras fríe sus plátanos y yucas que vende en la plaza central del pueblo.

“¿Acaso no podemos vivir de actividades que no afecten nuestro territorio? Los kichwas tenemos organizaciones, somos emprendedores, podemos hacer algo”, sentencia Aguinda mientras atiende a sus comensales.

Más al sur, en la provincia de Napo, cuna de kichwas, shuar y huaoranis, también reclaman la protección de su territorio.

“El Yasuní es parte de nuestra cultura. No queremos que se explote, queremos que se mantenga el aire puro en la tierra que nos dejaron nuestros ancestros. Si no cuidamos a la Pachamama, tendremos enfermedades y preocupaciones”, dice Janet Rivadeneyra, dirigente de la comunidad Shiripuno, a orillas del río Napo, que también denuncia el crecimiento de la minería ilegal. “Nuestra agua se está contaminando y nadie detiene esta minería que nos está matando”, concluye.

Apoyo al petróleo

Para otras comunidades de la Amazonía, sin embargo, el apoyo al fin de la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní ―y fuera de él― no es una certeza.

“Tenemos claro que hay comunidades en la Amazonía que van a apoyar a la industria petrolera, pues se benefician de trabajos precarios mal remunerados de las empresas. El Estado no llega y se ven obligados a aceptar”, dice a Diálogo Chino Fernando Muñoz Miño, coordinador nacional de articulación de Yasunidos, el colectivo que lideró la campaña a favor del referéndum para proteger a Yasuní y a su gente, que incluye a los tagaeri y taromenane, las últimas poblaciones indígenas conocidas de Ecuador en aislamiento voluntario.

Sea cual fuera el resultado de esta votación, Muñoz afirma que el Estado debe empezar a desarrollar “alternativas económicas reales para estas poblaciones”.

En el extremo oriental de la provincia de Orellana, dentro del Bloque 43, está la comunidad huaorani de Kawymeno. En este lugar que limita con Perú, así como en otros cantones más cercanos al ITT, están a favor de continuar con la explotación.

“Si no hubiese la industria petrolera, nosotros no hubiéramos tenido educación, salud, bienestar familiar”, dijo hace unas semanas a France 24Panenky Huabe, presidente de la comunidad, evidenciando la ausencia del Estado en este rincón de la Amazonía.

La polarización de la población amazónica es analizada por Patricio Quinda, emprendedor dedicado a promocionar el turismo desde hace dos décadas en el Parque Nacional Yasuní, desde la provincia de Orellana. “La industria petrolera, a través de sus relacionistas comunitarios, entra a diversas comunidades para dividirlos, introducen dirigentes para que los apoyen en sus políticas y difunden su sistema de regalías con los que ponen a los pobladores a su favor”, denuncia.

Por su lado, Illa Grafa, dirigente de la comunidad Rucu Jumandy Kawsay, en el cantón Archidona, no está de acuerdo con la actividad en el ITT, pero también se pone en el lugar de las personas que piensan distinto.

“Cada sitio ve su realidad, pero el principal problema de todo lo que sucede en nuestras comunidades es que no hay trabajo. Por ejemplo, muchas personas se están dedicando al oro ilegal, que está dañando gravemente a nuestros bosques, pero no tienen alternativas”, explica Grafa.

“No debería de explotarse el petróleo, pero necesitamos los ingresos que genera”, afirma con preocupación y pena.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Flor Ruiz es fotoperiodista, periodista y videasta. Colabora en medios como BBC, El Comercio y La República, entre otros. Es miembro de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El Tercer Malón de la Paz realizó este miércoles, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una asamblea plurinacional y un “wiphalazo” -un banderazo con el emblema de las comunidades originarias- frente al Congreso Nacional. Luego, regresaron a los Tribunales donde mantienen una vigilia contra la reforma constitucional en Jujuy.

Por la tarde, los manifestantes se concentraron en el Obelisco para marchar primero a Plaza de Mayo y desde allí dirigirse hacia el Congreso para exhibir múltiples whipalas, banderas argentinas y carteles. “Pueblo escucha, únete a la lucha” y “En Jujuy tenemos un señor dictador, Morales se llama y nos tiene con hambre, Morales se llama y no tiene corazón” fueron algunos de los cánticos.

Durante la marcha, algunos integrantes del Tercer Malón fueron tomando la palabra para retratar “lo que se vive en Jujuy” y hacer oír sus reclamos: “Queremos decirle a toda la sociedad que somos preexistentes al Estado y hemos demostrado por diez mil años cómo se vive en convivencia y en armonía con la madre tierra. Cuando el agua llegue a Buenos Aires contaminada desde el norte, recién ahí van a tomar conciencia”.

Otros referentes le exigieron a los tres poderes del Estado que “trabajen para el pueblo y no para las empresas multinacionales”, advirtieron sobre “el peligro que corre la Argentina ante la explotación de sus recursos naturales” y el “enorme daño que hicieron los ocho años del gobierno neoliberal de Gerardo Morales en Jujuy”.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP presente en el lugar, manifestó que se está frente a un “proceso muy interesante como el que se abrió en Bolivia, se está abriendo en Perú y como ocurrió en Ecuador, donde los pueblos originarios van a ser los protagonistas de la transformación que viene”.

Desiderio Olmos, referente del Tercer Malón, recordó que “ya han pasado más de 24 horas desde que tres hermanos se han encadenado con huelga de hambre mientras que los jueces ni se acercaron”. “Solicitamos a la Corte Suprema que se expida de una vez, ya sea de forma positiva o negativa, sobre la reforma inconstitucional que se aprobó en Jujuy, para que podamos continuar con los pasos legales e ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó.

En la Cámara de Diputados desde las 15, se desarrolló una Audiencia Plurinacional convocada por el colectivo “Feminismos Originarios”, donde distintas referentes mantuvieron junto a legisladoras una “Minga de la palabra”. Fue un encuentro donde -según la lengua quechua- se busca que “circule la palabra, se piense y se construya en conjunto por el bien común”.

Una vez finalizadas las actividades en la explanada del Congreso, el Tercer Malón retornó a Plaza Lavalle, frente a la sede del máximo tribunal, donde hicieron un “cierre musical” de la jornada al son de sus sikuris, bombos legüeros, guitarras y charangos.

En tanto, durante una asamblea plurinacional realizada esta mañana frente a los Tribunales, referentes de las 400 comunidades originarias reiteraron su denuncia por la “falta de Estado de derecho” y “la violencia institucional” que denuncian en la provincia de Jujuy.

“Venimos a denunciar que en Jujuy no hay Estado de derecho, que lo que existe hoy en la provincia es la violación de derechos humanos y tratados internacionales, como ha sido la violación sistemática del convenio 169 de la OIT en esta reforma inconsulta, viciada en su plenitud y contradictoria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional”, apuntó Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya jujeño.

En referencia al Día de los Pueblos Indígenas, Jerez sostuvo: “Somos los hijos de la Pachamama, somos pueblos, naciones preexistentes que venimos a decir basta de avaricia, de saqueo, de daño irreversible a la Madre Tierra”. “Lo que está pasando hoy en Jujuy es un experimento de laboratorio y el objetivo del gobernador Morales es implementarlo a nivel nacional, por eso decimos que esta es una lucha de todos por el buen vivir”, agregó.

En esa línea, el cacique exhortó a los organismos de derechos humanos, a los organismos garantes de los derechos de los pueblos indígenas, a los diputados y senadores, y a los organismos internacionales a que intervengan. “Estamos siendo discriminados y reprimidos en la provincia de Jujuy, pero también fuimos discriminados aquí en la Ciudad de Buenos Aires desde el 1° de agosto que nos instalamos en vigilia y permanencia frente a Tribunales porque no nos han dejado colocar un toldo o una carpa para nuestros mayores, mujeres y niños y estamos a la intemperie”, denunció.

Además, se desarrollaron múltiples actividades durante toda la joranda en distintas localidades de las provincias de Jujuy, Córdoba y Buenos Aires.

El pasado 25 de julio, la columna del Tercer Malón de la Paz partió desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas, pasando por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

Las comunidades originarias ingresaron a la Capital el primero de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte Suprema con el objetivo de hablar con los jueces para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque sin éxito ya que no fueron recibidos.

LC con información de agencia Télam

Integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron hoy a la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia como una nueva forma de reclamo contra la reforma constitucional de Jujuy impulsada por Gerardo Morales. Dos manifestantes muestran un cartel con la consigna “Corte Suprema de la Nación, exigimos Justicia”, mientras que un tercero lleva una bandera wiphala con la inscripción “Jujuy resiste”.

Los tres referentes encadenados, que acompañan la vigilia frente a Tribunales, son el comunero de la Comunidad de Sayate Oeste (Cochinoca), Marcos Tinte; el integrante de la comunidad Cueva del Inca (Tilcara), Walter Condori; y Lucas García de la comunidad de Santo Domingo (Rinconada). Todos ellos estuvieron acompañados por el Premio Nóbel de la Paz y presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, quien, tras arribar a las 14 al lugar, intentó sin éxito ser recibido por algún magistrado.

“Ninguno de los jueces está presente, nos recibieron los secretarios. Nos dijeron que no hay ninguna definición y no pueden explicar por qué no los reciben”, explicó Esquivel. Dada la falta de respuesta por parte de la Justicia, el Tercer Malón de la Paz permanece afuera de Tribunales y, a pesar de las condiciones climáticas y su extensa estadía, el Gobierno de la Ciudad no ha autorizado aún la colocación de carpas en la plaza para que puedan refugirarse.

En este marco, el histórico referente de los derechos humanos aseguró que iniciará los trámites correspondientes ante el Poder Ejecutivo porteño para mejorar las condiciones de permanencia de los manifestantes indígenas. “Vamos a hacer gestiones para que tengan espacio, baños químicos porque los están privando de todo. Esto es una violación, es racismo, discriminación e intolerancia no sólo por parte de la Corte, sino del Gobierno de la Ciudad”, expresó.

Dada la drástica decisión de los tres integrantes de la agrupación, el Tercer Malón de la Paz se vio obligado a suspender la conferencia de prensa que tenía prevista para hoy a las 15. “Nos vemos obligados a tomar medidas, tenemos a tres compañeros encadenados porque no hay respuestas. Pedimos a todos los organismos que intervengan y actúen de inmediato”, sostuvo Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya.

En los últimos días, solicitó en reiteradas oportunidades que los jueces reciban a las comunidades indígenas que se congregaron en Plaza Lavalle para que puedan relatar la situación que están viviendo en Jujuy que, según especificó, “es la continuidad de un genocidio y exterminio de los pueblos con una reforma hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales”.

Con información de agencias.

Mujeres originarias de varios países se reunirán este martes en los cortes de rutas que mantienen las comunidades indígenas en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy que impulsó el gobernador Gerardo Morales para pronunciarse en defensa del agua y los territorios.

Se trata del encuentro denominado la “Minga de la Palabra”, una audiencia plurinacional de mujeres nativas que se llevará a cabo en el corte de ruta de la localidad de San Roque y en el bloqueo que se mantiene en Purmamarca.

Se trata del lugar donde el Tercer Malón de la Paz “ejerce su derecho a la protesta por la Reforma Constitucional, ilegal e ilegítima del gobernador Gerardo Morales”, indicaron en un comunicado oficial.

En ese marco arribarán desde Chile y Ecuador, Elisa Loncon (mapuche) ex presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile (2021-2022), y Zenaida Yasacama (Kichwa) vicepresidenta de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador).

Las lideresas internacionales se plegarán a la “lucha de las mujeres del Tercer Malón de la Paz” con el objetivo de “fortalecer las alianzas a nivel latinoamericano de todo el movimiento indígena y la voz de las mujeres maloneras”, adelantaron.

La iniciativa surgió entre la organización Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina y las organizaciones feministas: católicas por el Derecho a Decidir e Incidencia Feminista.

En la localidad de Humahuaca, a partir de las 9 se realizará el “intercambio de semillas y saberes de las mujeres poderosas del arco iris”.

En tanto, hacia el mediodía, en el corte de Purmamarca, se llevará a cabo la “Minga de la Palabra: Audiencia Internacional y Plurinacional de Mujeres en Defensa del Agua y Pueblos Originarios”.

En tanto, el miércoles se desarrollará una conferencia de prensa en la oficina de católicas por el Derecho a Decidir en la ciudad de Buenos Aires, mientras que a las 15 en la Cámara de Diputados de la Nación tendrá lugar la Minga de la Palabra en clave política decolonial.

Entre las 16 y 19, en la explanada del Congreso de la Nación, programaron un “Wiphalazo”, para culminar con las actividades este jueves a las 17 en inmediaciones del edificio de Tribunales donde se expondrá una “clase pública y abierta” a cargo de Elisa Loncon y Zenaida Yasacama.

Con información de agencias.

IG

Los integrantes del Tercer Malón de la Paz dieron hoy una nueva rueda de prensa en Plaza Lavalle para reafirmar su reclamo ante la violencia institucional y reforma constitucional de Jujuy. La delegación, que inició su marcha a Buenos Aires desde la provincia gobernada por Gerardo Morales el pasado 25 de julio, continuará apostada frente a Tribunales.

“Vamos a permanecer aquí hasta que nos den respuesta. Reclamamos que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre las denuncias que hemos presentado, exigimos la nulidad de la reforma constitucional por unanimidad y que el Congreso tome de inmediato las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy”, expresó Desiderio Olmos, referente del Tercer Malón de la Paz.

Este jueves, representantes de las comunidades indígenas entregaron un petitorio a la Corte Suprema con las denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho en la provincia y la violencia institucional generada por la aprobación de la reforma constitucional. Iban a mantener una reunión con los magistrados de la Corte, pero finalmente sólo lograron presentarles este documento.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, indicó el cacique Néstor Jerez.

Voceros de la organización relataron que la policía porteña de la seccional 1B se presentó durante la madrugada para advertirles que no se podía acampar en la Plaza Lavalle. “Sin autorización del gobierno de la Ciudad, las empresas que dan el servicio no nos quieren colocar baños químicos. Ya presentamos varias notas pero el gobierno de Larreta no nos ha respondido, sólo mandó a la policía a decirnos que no podemos estar acá”, explicaron.

Los manifestantes iniciaron su movilización con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 25 de julio desde distintas localidades jujeñas entre las que destacan La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas. Además de declarar inconstitucional la reforma jujeña, la agrupación busca que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y tome medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención a manifestantes.

Con información de agencias.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió hoy el debate por la creación de una Comisión Bicameral para investigar la reforma de la Constitución de Jujuy, mientras el Tercer Malón de la Paz permanece frente a Tribunales a la espera de una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Comuneros indígenas, abogados, docentes y víctimas de la represión jujeña denunciaron en el Congreso el accionar del gobierno de Gerardo Morales y pidieron que los reclamos realizados sean elevados a los organismos internacionales de Derechos Humanos y los estrados judiciales. “Queremos que esta comisión haga una denuncia ante organismos internacionales, El gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, reprimir, tiene un tinte de carácter de racismo”, explicó Armando Quispe, referente del Tercer Malón de la Paz.

El encuentro, que no contó con la presencia de los legisladores de la oposición, estuvo presidido por la diputada del Frente de Todos (FdT), Paula Penacca, quien confirmó que el oficialismo acompañará las denuncias ante organismos internacionales por la “represión brutal que de dio en Jujuy en el marco de la sanción de una nueva Constitución provincial”.

Según expresó Julio César Valdivieso, referente de la delegación que marchó desde La Quiaca hasta Buenos Aires, las comunidades originarias no tuvieron participación en el proceso de reforma y, por ende, se movilizaron para defender sus derechos. En la misma línea, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que el gobernador está avanzando sobre los recursos y bienes que le pertenecen al pueblo como el litio, la megaminería y el medio ambiente.

“La reforma viene a legalizar esta mano represiva de Morales que empezó hace 8 años atrás. Estoy acá porque hace dos semanas entraron por segunda vez en mi casa y mi vida corre peligro”, declaró Camila Muller, referente del Colectivo Artistas en Lucha.

Más allá de exigir que no se archiven los reclamos realizados, el Tercer Malón de la Paz solicitó que se cree una Comisión Bicameral Investigadora, proyecto que promueve la precandidata a senadora de Unión por la Patria, Leila Chaher. Según afirmó, lo que sucede en Jujuy “es el caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer en el país”.

El apoyo del oficialismo a los pueblos indígenas también fue reforzado por la diputada nacional por Salta, Verónica Caliva, que adelantó que están listos el proyecto para declarar de interés al Tercer Malón de la Paz y el que busca crear una comisión para abordar demandas históricas de las comunidades indígenas. En los últimos días, una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunió con víctimas detenidas tras los incidentes que siguieron a la reforma.

Con información de agencias.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy entregó hoy un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en la provincia gobernada por Gerardo Morales tras la reforma constitucional. Continuarán frente al Palacio de Tribunales hasta conseguir una respuesta favorable de la justicia.

“Mientras no tengamos respuesta no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el mensaje que queremos dar, que seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades continuando la lucha de nuestros mayores”, expresó el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, agregó el referente en relación a las condiciones de su instalación en Tribunales.

La delegación que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires con representantes de 10 pueblos originarios iba a reunirse hoy con los jueces de la Corte, pero finalmente no los recibieron. En este marco, Eduardo Barcesat, abogado de derechos humanos que los acompaña, aseguró que las comunidades volvieron a sufrir “un maltrato innecesario por parte de los jueces”. Ante esta situación, Aurora Choque, referente de las comunidades, advirtió que si no son escuchados por la justicia nacional, recurrirán a la corte de las Naciones Unidas.

En tanto, otra delegación del Tercer Malón presentó en el Congreso de la Nación, un proyecto para la creación de la “Comisión investigadora bicameral sobre la reforma constitucional y la violencia institucional” y la “Comisión sobre pueblos indígenas”. De acuerdo con Jerez, su objetivo será llevar adelante las denuncias de violencia institucional y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos naturales.

“Tienen que ver la reparación de los daños causados a los hermanos que están siendo arbitrariamente detenidos, imputados con multas exorbitantes, producto de las contravenciones ilegales. Por eso pedimos que las denuncias no queden archivadas, sino que también se presenten ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, explicó el cacique.

El Tercer Malón de la Paz está integrado por 400 comunidades indígenas que representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya y Guaraní. En su permanencia por la reforma constitucional de Jujuy, cuentan con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Con información de agencias.

Integrantes del Tercer Malón de la Paz de Jujuy permanecen en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a la espera de ser recibidos por la Justicia o el Congreso de la Nación para darles una respuesta a sus demandas de “justicia e intervención” en la provincia gobernada por Gerardo Morales. “Estamos haciendo una permanencia frente a Tribunales, porque no nos dejaron acampar”, dijo Paula Coronel, referente de la comunidad de Caspalá, departamento de Valle Grande.

“Luego haremos una asamblea para ver cómo sigue nuestra lucha. Nos quedaremos hasta tener una respuesta porque ya venimos aguantando muchos días en el corte de ruta de Purmamarca, en Abra Pampa, en La Quiaca y otras comunidades más”, agregó.

El Tercer Malón de la Paz, integrado por diez pueblos originarios de Jujuy, se movilizó ayer desde el barrio de Once hasta Tribunales para exigir que “la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución jujeña”. Ese no es su único reclamo: también piden que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena e intervenga la provincia de Morales por violencia institucional, persecución y detención de manifestantes en el marco de la represión por los incidentes que rodearon la aprobación de la reforma constitucional.

“El pueblo jujeño pide justicia porque no la tenemos, porque nuestros abogados y docentes están presos, por eso llegamos hasta acá, a la Corte Suprema de Justicia”, gritó Yuquina de la comunidad Chucalezna, del departamento de Humahuaca. La mujer también criticó al gobernador, a quien acusó de llamarlos peyorativamente “piqueteros”. “Nosotros no estamos pidiendo plata ni planes, estamos acá para pedir justicia porque no queremos la reforma de la Constitución de Jujuy porque es una reforma arbitraria y violenta hecha a la medida de algunos políticos”, explicó.

Néstor, de la comunidad Abra Pampa, coincidió con sus compañeros de movilización en que el accionar del gobierno de Gerardo Morales constituye un atropello y que amerita la intervención del presidente Alberto Fernández.

Con información de agencias.

Durante esta semana, del 6 al 8 de julio, se desarrolló en Leticia, Colombia, la reunión denominada Camino a la Cumbre Amazónica 2023. La cumbre reunió a delegados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con el presidente del país anfitrión, Gustavo Petro, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos de los jefes de Estado que más interés están mostrando en proteger estos bosques tropicales, considerados la selva más grande del planeta, y donde viven más de un millón de indígenas.

La reunión de Colombia, que reúne a representantes de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, espera concluir con una serie de propuestas y compromisos al 2025 y 2030, que se tendrían que firmar en la Cumbre Amazónica de Presidentes que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Bélem de Pará durante los primeros días de agosto.

Entre las cuestiones que probablemente ocuparán un lugar destacado en la agenda del evento figura el bienestar de los aproximadamente 400 pueblos indígenas que viven en la Amazonía y que se enfrentan a continuas amenazas a sus tierras y modos de vida, en gran parte relacionadas con intereses económicos externos que pretenden explotar los recursos naturales.

“Esta podría ser nuestra última oportunidad para revertir la destrucción del Amazonas, y requerimos acciones ambiciosas, coordinadas y a gran escala a lo largo de los países de la región”, dijo hace unas semanas Juan Bello, Director Regional y Representante para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Para mostrar el panorama actual, reunimos algunos sucesos que resumen la vulnerabilidad de los pueblos amazónicos, quienes están exigiendo que los tomen en cuenta en la reunión en Belém de Pará.

Perú: leyes que protejan

En todos los países amazónicos existen marcos legales que promueven la protección del medioambiente, de los bosques y por ende de las poblaciones. A pesar de ello, “sufrimos persecución, nos denuncian, y pretenden promover normas que promoverían en genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento”, dijo Julio Cusurichi, dirigente indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a los pueblos indígenas en Perú, y que exige el cumplimiento de las leyes y normas que protegen a sus poblaciones.

Un ejemplo de ello, fue la tensión que vivieron los representantes indígenas durante los últimos días de junio en Perú. En el Congreso de este país se debatió el Proyecto de Ley 3518, que pretendía quitar funciones al Ministerio de Cultura ―que protege a las poblaciones indígenas― y entregárselas a los gobiernos regionales que buscan promover actividades económicas y construcción de infraestructura en reservas indígenas y en territorio protegido para los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Luego de muchos pedidos para evitar esta ley, incluidos los de la activista Greta Thunberg y el actor que interpreta a Hulk, Mark Ruffalo, la misma fue archivada, pero las organizaciones indígenas aseguran que las presiones no se detendrán.

Colombia: víctimas de violencia

2022 fue el año donde más violencia se registró contra las comunidades indígenas en Colombia. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se reportaron 453.018 víctimas de confinamiento (vinculado a conflictos armados en curso), desplazamiento, afectaciones a territorios, amenazas y muertes. A estas cifras, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), añade que en ese mismo año 42 líderes indígenas fueron asesinados.

A pesar de estos números y los discursos pro Amazonía de Gustavo Petro, la situación se sigue agravando en este año. En las últimas semanas, cinco mil indígenas awá han sido desplazados de sus territorios al suroeste de Colombia debido a la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupación que se disolvió formalmente tras un acuerdo de paz en 2017. En medio de esta violenta situación, las poblaciones indígenas son de las más afectadas: 19% de las víctimas del conflicto armado son indígenas.

Ecuador: lucha por hidrocarburos

El próximo 20 de agosto se llevará a cabo la consulta popular en Ecuador para decidir si se continúa con la explotación de las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní o se paralizan. Este es el área natural protegida más grande de Ecuador y a su vez uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta.

Este tema ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia y conflicto en Ecuador. Representantes indígenas denuncian que las empresas petroleras están dividiendo a las comunidades que se ven impactadas por los trabajos en el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), que representa el 11% de la producción nacional.

Hasta el momento se sabe que dos de las siete comunidades están a favor. “Nos ha dado desarrollo, salud y educación”, dijo a la agencia EFE hace unas semanas Lauro Papa, representante de la comunidad Boca Tiputini, que junto con la comunidad de Kawymeno quieren que la actividad se mantenga.

Por otro lado, Juan Bay, presidente de la Nación Waorani y a favor de la paralización de la actividad petrolera, se mostró preocupado por “la mala costumbre de la industria petrolera al dividir (a las comunidades). Llamamos a la unidad de los pueblos”, sostuvo, reafirmando que “el Yasuní es un estandarte de la biodiversidad amazónica y tierra de pueblos en aislamiento voluntario”.

Bolivia: contaminación alarmante

Un reciente estudio en Bolivia ha demostrado que existe población indígena contaminadas por mercurio debido a la minería de oro en la Amazonía de La Paz. La investigación, organizada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y desarrollada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), analizó a 302 personas de las etnias Esse Ejjas, T´simanes, Tacanas, Mosetenes, Lecos y Uchupiamonas, impactadas por la actividad minera. Al 74,5% de las personas les detectaron cantidades de mercurio encima de lo aceptable.

“Urge tomar medidas sanitarias que ayuden a controlar estos efectos”, declaró el líder del CPILAP, Gonzalo Oliver, que además pidió ayuda para revertir esta situación y exigió al gobierno “luchar contra la minería ilegal y destructiva”.

A esto se suma otro estudio recién publicado en la revista Environmental Research: Health, que destacó que las poblaciones indígenas amazónicas tienen el doble de probabilidad de morir de forma prematura a causa de los incendios forestales que en otras zonas de Sudamérica. Según los investigadores, las partículas del humo generadas por estos eventos son responsables de dos muertes prematuras por cada 100.000 personas al año en Sudamérica. Cifra que se duplica en las comunidades indígenas.

Brasil: infraestructura polémica

En Brasil, los pueblos indígenas están preocupados por la posible construcción del Ferrogrão, un proyecto de ferrocarril que transportaría principalmente granos de soja y maíz, uniendo a Mato Grosso con el puerto de Miritituba, cruzando por el estado de Pará. Estos mil kilómetros cruzarán territorios indígenas y además impactará en el Parque Nacional Jamanxim.

Es considerado uno de los proyectos antiambientalistas de Lula, que meses atrás dijo que “vamos a demostrar una vez más que es posible generar riqueza sin destruir el medioambiente”.

También conocido como EF-170, viene siendo impulsado hace muchos años y por distintos gobiernos. En 2016 se propuso durante el gobierno de Dilma Rousseff, pero no salió adelante. Jair Bolsonaro tampoco pudo avanzar con ello. Y ahora el gobierno de Lula, que busca apoyar al sector agrario, también está intentando hacerlo realidad.

“Mi impresión es que la Corte Suprema aprobará el avance de este proyecto, pero, aunque este se destrabe dentro del gobierno, enfrentará temas complejos”, dijo Luis Baldez, presidente de la asociación de transporte de carga ANUT, que además confirmó que este proyecto ha dividido a sectores dentro del gobierno por el impacto que ocasionaría en la Amazonía y su población.

Para Márcio Astrini, del Observatorio del Clima, Ferrogrão “es una contradicción porque sucede en un gobierno que dice tener una agenda ambiental diferente, que pretende ser líder en esta materia”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Comunidades originarias realizarán este lunes un acampe en Plaza de Mayo en reclamo de “derechos y políticas públicas con perspectiva indígena”, para exigir el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra y un Estado Plurinacional y Plurilingüe, entre otras demandas.

La protesta comenzará a las 18, informaron las organizaciones en un comunicado.

“Los pueblos originarios somos una cultura viva y presente. Somos Naciones, parte de esta Patria, por la cual también hemos luchado cuando ha sido necesario”, expresaron.

Participarán las comunidades de Salta, 20 Viviendas, Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle y Molinos.

También Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, además de los pueblos Wichi, Toba, Mocovi y Guaraní de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Corrientes.

“A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, y hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, indicaron, y advirtieron que “el avance del extractivismo, de la megaminería, del petróleo, forestal y los agro-negocios, junto a las obras de infraestructura complementarias, como represas, carreteras y gasoductos, han profundizado las usurpaciones de nuestros territorios, y nos obligan ahora a ser actores protagónicos en la defensa de nuestros derechos y en la propuesta de otro modelo de país”.

Por eso demandan “la creación de un Estado Plurinacional y Plurilingüe, donde todas las Naciones originarias del territorio argentino sean parte de un solo Estado, siendo partícipes de sus decisiones y aspirando al pleno ejercicio de los derechos”.

Con información de agencias.

IG