En un pequeño pueblo cercano a Cáceres (Extremadura, España), la vida feliz de una niña de 11 años fue interrumpida por dos agresiones sexuales perpetradas por un vecino y amigo de la familia. Un hombre en quien se depositó una confianza plena y que la traicionó de la manera más terrible. El horror vivido por la menor no se limitó al acto en sí: tras las agresiones sexuales, tuvo que enfrentarse a la dolorosa reacción social de su entorno. Las miradas de sospecha, el señalamiento, los insultos, y una sociedad que, en lugar de protegerla, la hizo sentirse cuestionada y culpable.

Su historia es la del doloroso testimonio de cómo una víctima puede ser revictimizada por la misma sociedad que debería protegerla y defenderla, y cómo el camino hacia la justicia es a veces tan solo el primer paso para ser creída cuando se denuncia un delito sexual. Por estos motivos en este reportaje no se identifica a la menor, por supuesto, ni a su madre. No se publica ningún dato, imagen o referencia que pueda facilitar su reconocimiento. La decisión responde al deseo expreso de la familia de poner fin al estigma y evitar que la niña siga siendo señalada.

Ese camino hacia la justicia culminó tras años de espera y recursos agotados. El condenado agotó la vía judicial local y autonómica, y finalmente, el Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación. La orden de ingreso en prisión se hizo efectiva el 19 de junio de 2025 en la cárcel de la capital cacereña. Desde ese día, la niña y su familia han encontrado un primer alivio, ya que no tienen que cruzarse con él cada día o escuchar su voz al abrir las ventanas de su casa, una situación insoportable que fue su dolorosa realidad durante los dos últimos años debido a la proximidad de sus viviendas, ya que sorprendentemente la orden de alejamiento que se le impuso hasta que por fin se le privó de libertad fue de 100 metros escasos.

Tras más de tres años de una extenuante lucha judicial y emocional, el agresor fue sentenciado, pero ahora la familia de la pequeña intenta, con inmenso dolor, rehacer su vida marcada por secuelas y temores que persisten y por problemas económicos derivados de esta situación.

La traición de la cercanía

Fue la amistad entre ambas familias lo que facilitó que el hombre abusara de la niña en dos ocasiones en el mismo mes. La primera agresión ocurrió en enero de 2023 cuando él, solo en casa, llamó a la menor para que recogiera unos dulces. Tras un intercambio de palabras trivial, inició los tocamientos, dejando a la niña bloqueada e incapaz de comprender lo que ocurría. Una llamada telefónica de la madre a su hija pidiéndole que volviera ya a casa interrumpió la agresión. Él, por supuesto, le exigió guardar silencio.

La segunda agresión tuvo lugar ese mismo mes, tres semanas después. Nuevamente solo en su casa, invitó a la menor a merendar. La madre autorizó la visita bajo la creencia además de que la esposa de él estaría allí esa tarde. La niña, renuente, no quería ir, pero terminó obedeciendo, acompañada de su hermana de cinco años. El agresor distrajo a la más pequeña con una película y auriculares para que no escuchara nada, mientras agredía de nuevo a la niña. Otra llamada materna pidiendo a su hija que regresara puso fin a la agresión.

Durante un tiempo, la menor guardó silencio y no reveló a nadie lo ocurrido, aunque procuraba mantenerse alejada del agresor. La familia empezó a sospechar que algo no iba bien cuando, en una ocasión, lo sorprendieron merodeando alrededor de la vivienda familiar en un momento en que sabía que los padres no estaban en casa. Aquella presencia inesperada despertó la extrañeza y la inquietud de los familiares, que comenzaron a percibir señales de que la niña estaba evitando un contacto que resultaba claramente incómodo y perturbador. Finalmente, fue una familiar cercana a la madre quien recibió la confesión y trasladó de inmediato lo ocurrido a sus progenitores. A partir de ese momento, la familia decidió dar el paso y formalizó la denuncia el 5 de junio de 2023.

La doble revictimización: justicia y sociedad

La sentencia impuso, además de la pena de prisión, siete años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros que aún no se ha hecho efectiva. Un proceso que ha supuesto un enorme desgaste económico, con cerca de 12.000 euros en gastos legales, a lo que se suman gastos derivados de los años de terapia psicológica para la niña y su madre, que durante algún tiempo no encontró fuerzas ni para levantarse de la cama. Una madre que se ha arrepentido cada día de su vida de haber animado a la pequeña a acudir a casa de sus amigos y que enfatiza con dolor la doble y triple revictimización que han sufrido. No es suficiente con el horror de las agresiones, “hemos tenido que soportar años de demora judicial, gastos desorbitados, secuelas psicológicas y el desgaste emocional de tener a su agresor a tan solo 100 metros durante casi dos años”. Y aún queda pendiente un juicio breve por incumplimiento reiterado de la orden de alejamiento, lo que mantiene viva la tensión y el temor a más carga económica.

Pese al fallo judicial, la familia continúa enfrentando la hostilidad social: una parte importante del pueblo y comentarios en redes sociales han sido crueles, sugiriendo que la denuncia era falsa, que la niña provocó al adulto, o incluso aludiendo a un inexistente “consentimiento”. Es fundamental recordar que, en casos de menores de 16 años no existe consentimiento posible ante una agresión sexual. Y es que eran once. Once años tenía la niña.

Además de la estigmatización sufrida, la niña se vio obligada a cambiar de centro educativo, pues en el colegio de su pueblo la situación se volvió insoportable: burlas, desprecios e incluso insultos constantes por parte de sus compañeros y compañeras. Sin embargo, los primeros días en el nuevo centro tampoco fueron fáciles. Allí ya habían difundido lo ocurrido y volvió a enfrentarse al desprecio de algunos estudiantes. Finalmente, la dirección del instituto, alertada por sus padres, activó el protocolo correspondiente y logró frenar el hostigamiento.

Dos apoyos han sido fundamentales en este camino: la Fundación Márgenes y Vínculos, que proporcionó atención psicológica gratuita a la menor desde el momento de la denuncia, ayudándola a recuperar parte de la estabilidad y la vida normal que le corresponde a una persona de su edad. Y el Centro de Emergencia 24 horas para violencia sexual en la Casa de la Mujer de Cáceres, inaugurado en enero de 2025, donde se sintieron escuchadas, protegidas y comprendidas, sin ser cuestionadas ni revictimizadas. Fue precisamente en este espacio donde la familia conoció por primera vez la posibilidad de acceder a la justicia gratuita, un derecho del que nadie les había informado hasta entonces. “Aunque ya era demasiado tarde”, lamenta la madre, con la amarga sensación de que esa ayuda habría podido aliviar, al menos, el peso de su situación económica actual.

Responsabilidad colectiva

No es nuevo que una víctima de agresión sexual tenga que enfrentarse primero a la justicia y después a la sociedad. “Lo duro es que mi hija apenas tiene 11 años”, relata la madre quien recuerda que la sentencia que ha llevado a prisión al agresor se apoya en un principio reiterado por los tribunales: “Tanto el Supremo como el Constitucional han dicho muchas veces que la declaración de la víctima puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en delitos contra la libertad sexual”.

La mujer explica que los jueces insisten en que estos hechos suelen producirse en espacios ocultos y sin testigos, lo que dificulta la obtención de pruebas adicionales. “Por eso el Supremo estableció tres parámetros muy claros: la credibilidad subjetiva de la víctima, la credibilidad objetiva del relato y la persistencia en la incriminación”, señala.

“Cuando esos elementos concurren, la declaración adquiere la solidez necesaria para generar certidumbre judicial, incluso sin pruebas adicionales. Y eso es exactamente lo que ha pasado en el caso de mi hija”, concluye con firmeza.

Cada año en España, cerca de 65.000 menores sufren algún tipo de abuso sexual, y las niñas representan aproximadamente el 79% de las víctimas. La mayoría de estos abusos son cometidos por personas conocidas, en muchos casos del entorno familiar, lo que dificulta la denuncia y la detección temprana. Cada año se producen miles de denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores, aunque se considera que estas cifras reflejan solo una parte de la realidad debido al alto grado de infradenuncia. Todos los estudios confirman que las consecuencias para las víctimas son graves y duraderas, tanto físicas como psicológicas.

La menor cacereña, tras un largo proceso de terapia psicológica y gracias también a la red familiar y de amistades que ha construido en estos últimos meses, se encuentra algo más fortalecida y ha querido compartir con elDiario.es Extremadura una carta en la que relata cómo ha vivido este duro episodio de su vida:

“Cuando por fin la conté no me imaginaba todas las consecuencias que vendrían. Mis 'amigos' del pueblo me dejaron de hablar, y solo encontré silencio, ni un abrazo, ni un 'estamos contigo', sino palabras como 'estás exagerando' y 'seguro que no fue del todo como dices'. Me quedé sola por contar la verdad. De noche, no podía dormir, escuchaba su voz y no quería salir a la calle porque él seguía paseándose por esas calles como si no hubiera hecho nada. Me sentía sucia, triste y vacía. Yo no tuve la culpa y mi familia no mentía por denunciarlo, pero mucha gente piensa todo lo contrario. El dinero influyó injustamente, pues tuvimos que pagar una cantidad muy grande solo porque a él le daba la gana de mentir hasta llegar al Supremo. Aseguro que entrar a una casa... y salir destrozada y sintiéndote sucia y despreciable es la peor sensación. Por eso, pido: si veis un caso de este tipo, no os calléis, hablar, apoyar a la víctima y sobre todo, no hacer este tipo de cosas a absolutamente nadie”.

El Tribunal Penal Nº1 de Posadas dicta este miércoles el veredicto en el juicio que tiene como imputados a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka.

El ex diputado del partido Activar se encuentra acusado por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

En tanto, Sebastián es sospechoso de tenencia y facilitación de videos de violaciones en perjuicio de niños y niñas y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años.

Los cargos por las filmaciones de explotación sexual están agravadas por ser las víctimas menores de 13 años.

Los hermanos podrían recibir penas de entre tres y seis años de prisión, según establece el artículo 128 del Código Penal.

La audiencia comenzará a las 8:30 de este miércoles en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales de la ciudad de Posadas.

Sebastián Kiczka volvió a declarar este martes en el juicio y ratificó que “es muy fácil conseguir” ese tipo de videos.  

El hermano de Germán Kiczka pidió la palabra nuevamente en el debate y describió que “bajaba esas filmaciones para mis trabajos artísticos”.

En un intento por querer defenderse, el hombre de 47 años continuó con el testimonio que brindó este lunes e insistió: “Aclaro que es muy fácil de conseguir ese material”.

Sebastián sostuvo que durante la noche que se reunió con el ex diputado del partido Activar utilizó la computadora para “descargar videos” y “realizar mis trabajos digitales”: “Aprovecho cualquier computadora ya que no tengo la mía y son grabaciones bastante extensas con una temática específica, espacial, futurista. Es considerado como un estilo criberpunk”. 

“Bajaba esos videos para mis trabajos artísticos porque andaba de acá para allá con pendrives y necesitaba imprimir cosas. Entonces, ese día aproveché y usé el dispositivo de mi hermano”, concluyó el imputado por el presunto abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años. 

“No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance”, había revelado Sebastián en el testimonio del lunes. 

El mayor de los hermanos dijo que “pensó que borró” todos los archivos de la computadora: “Un día, en la casa de Germán me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”. 

Además, el sindicado será investigado en un expediente paralelo por el delito de distribución de abuso sexual infantil.

Con información de la agencia NA

El congresista Matt Gaetz anunció este jueves que renuncia a su nombramiento como fiscal general en la Administración entrante de Donald Trump. Gaetz estaba en el punto de mira a causa de la investigación que el comité de Ética del Congreso tenía abierta contra él por tener relaciones sexuales con una menor.

La figura polémica de Gaetz ya despertó críticas entre algunos senadores republicanos cuando Trump anunció su decisión la semana pasada, por lo que no estaba tan claro si conseguiría los votos necesarios para la certificación del cargo en el Senado. El mismo Trump había reconocido en conversaciones privadas que podía ser que Gaetz no consiguiera los votos suficientes. 

“Está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo de la transición Trump/Vance. No hay tiempo que perder en una pelea innecesariamente prolongada en Washington, por lo que retiraré mi nombre de la nominación para servir como fiscal general”, ha escrito Gaetz en X después de que ayer el comité de Ética llegara a un punto muerto sobre si publicar o no el informe que había estado realizando estos años sobre él. La próxima sesión que se habían fijado para retomar la votación era el 5 de diciembre.

La nominación de Gaetz por parte de Trump era un test de presión para el sistema. El republicano quería ver hasta qué punto los legisladores de su partido estarían dispuestos a ceder su poder ante él. Aunque la renuncia de Gaetz se pueda leer como una primera derrota para Trump, también puede verse como un sacrificio necesario para que los senadores republicanos puedan ratificar al resto de sus candidatos, los cuales tampoco están exentos de polémica. La renuncia el congresista de Florida sería una manera de maquillar la docilidad que puedan presentar a partir de ahora los congresistas de su partido.

El comité de Ética del Congreso se había reunido este miércoles a puerta cerrada en medio de las peticiones para publicar el informe sobre Matt Gaetz por haber tenido relaciones sexuales con una menor. Concretamente, el comité estaba investigando a Gaetz por conducta sexual inapropiada, consumir drogas ilícitas, aceptar regalos indebidos y tratar de obstruir investigaciones gubernamentales sobre su comportamiento. El congresista de Florida siempre ha rechazado todas las acusaciones.

Gaetz renunció también a su acta de congresista la semana pasada, el mismo día en que Trump había anunciado que lo elegía como su fiscal general. La dimisión se produjo justo pocos días antes de que el comité publicara el informe sobre su caso.

Al ya no ser congresista, el proceso ha quedado congelado y ya no se podría publicar el documento. Aun así, diversos congresistas han presionado para que se haga público, mientras que el speaker de la Cámara de los Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció el viernes que solicitaría “firmemente” al comité que no publique el informe final.

El comité de Ética es un órgano bipartidista, por lo tanto, en la votación solo se necesitaba que un legislador republicano se sumara a los demócratas para que la iniciativa de publicar el documento saliera adelante.

El cargo que Trump ha ofrecido a Gaetz es uno de los más importantes dentro del Departamento de Justicia, el cual en 2021 le abrió una investigación también a Gaetz por tráfico sexual. Según medios estadounidenses, el caso se centraba en determinar si Gaetz había mantenido una relación sexual con una joven de 17 años y le había pagado para que viajara con él. Justicia cerró el proceso en 2023 sin consecuencias penales y, entonces, el comité retomó su investigación.

El día previo a la reunión del comité, un hacker anónimo obtuvo acceso a un archivo del ordenador de los abogados de los testimonios relacionados con Gaetz, según publicaba el New York Times. Entre la información robada por el pirata informático habría un documento con 24 pruebas contra el congresista de Florida que incluye el testimonio jurado de una mujer que dijo que tuvo relaciones sexuales con Gaetz en 2017 cuando tenía 17 años, así como otro testimonio de una segunda mujer que aseguraba haber visto el encuentro. El hacker no ha hecho público el material.

Justo después de que Gaetz haya anunciado que renunciaba, la CNN ha publicado en exclusiva que la mujer que dice haber tenido relaciones sexuales con él cuando era menor había informado al comité de Ética de un segundo encuentro. Este segundo encuentro se habría producido en una fiesta y habría participado también otra mujer adulta. 

Elegir a Gaetz como fiscal general también era un intento de arrastrar el marco mental desde donde se analiza a todos sus nominados. La controversia que desataba el congresista de Florida dentro del Capitolio ha minimizado otras propuestas igual de polémicas, como nombrar al antivacunas Robert F. Kennedy al frente del Departamento de Salud.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, una iniciativa impulsada por la Cumbre Mundial de la Mujer con el objetivo de visibilizar y combatir una de las formas más graves de violencia hacia niños y niñas. Este flagelo constituye una violación severa a los derechos de la infancia y provoca consecuencias profundas en su desarrollo integral.  

El abuso sexual infantil ocurre, muchas veces, dentro del ámbito familiar y cotidiano, perpetrado por personas de confianza de las víctimas. Se ejerce mediante estrategias como la manipulación, las amenazas, el establecimiento de secretos y silenciamientos, generando sentimientos de miedo, culpa y vergüenza en los menores. Estos factores, muchas veces, dificultan que las víctimas denuncien lo sucedido.  

Según UNICEF, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufren o han sufrido abuso sexual antes de los 18 años. Sin embargo, solo el 10% de los casos se denuncian, y de cada mil denuncias, únicamente una alcanza una sentencia firme. Este contexto perpetúa la impunidad, mientras que el 90% de los agresores son hombres. Además, se estima que el 75% de las agresiones provienen de personas cercanas a la familia, y el 53% se llevan a cabo en el hogar de las víctimas.  

Ante esta realidad, la Educación Sexual Integral (ESI) emerge como una herramienta fundamental para la prevención. A través de ella, se busca trabajar junto con niños, familias, docentes y comunidades en el cuidado del cuerpo, la afectividad y la sexualidad. Sin embargo, los sistemas de protección de derechos de la infancia enfrentan importantes desafíos, como la falta de recursos, servicios especializados y condiciones laborales adecuadas para los profesionales que abordan estas problemáticas.  

La escucha activa es clave para atender las denuncias infantiles, proporcionando un espacio sin prejuicios que permita comprender y responder de manera efectiva a las necesidades de protección. Además, el abuso sexual infantil no siempre requiere contacto físico, como lo demuestra el grooming, una forma de acoso sexual online que afecta la emocionalidad y subjetividad de los menores.

DM

Con solo once años, su video dio la vuelta al mundo. Nada Al-Ahdal, una niña yemení, se grabó para denunciar que su familia la forzaba a casarse con un hombre de 28 años. Tuvo suerte, y, a través de un tío, pudo huir. Al-Ahdal no ha querido quedarse en un vídeo viral ni ser solo una superviviente del matrimonio infantil. Desde hace una década se ha convertido en defensora de la educación de las niñas y los derechos humanos.

Tenía solo once años cuando la obligaron a casarse. ¿Cómo se lo comunicó su familia?

Mis padres me dijeron que me tenía que casar con un hombre de casi 28 años al que no había visto nunca y que la boda sería al cabo de tres días. Me escapé de casa. Mi familia estaba furiosa, sobre todo después de que grabara un video denunciando la situación.

No fue la reacción que esperaban.

Estaban furiosos conmigo porque rompí las reglas de la familia. Me convertí en la oveja negra. Intenté retomar el contacto con mi madre, le llevaba flores y pasteles para reconciliarnos, pero ella las rechazó y me dijo que ya no era su hija. Me dolió mucho. Para mí era importante no tener que romper del todo con mi familia, sobre todo porque tengo hermanas pequeñas y no quería que les pasara lo mismo. 

Se juntan dos experiencias traumáticas muy seguidas: el matrimonio forzado y la ruptura con su familia.

Todo formaba parte de una misma lucha para poder vivir mi infancia en paz. Todavía quiero a mi familia. Fueron culpables de querer venderme en nombre del matrimonio, pero al mismo tiempo son víctimas de una tradición, muy mala, pero que es con la que crecieron y que considera que las mujeres son como verduras y que deben venderse y comerse lo antes posible porque si no se estropean y nadie las querrá. 

Pudo ver que el problema no estaba solo en su casa, sino que era estructural. 

No culpo tanto a mi familia sino al sistema que permite esto. Un sistema que no dispone de programas formativos para educar a los padres y a las niñas sobre sus derechos. Necesité años para cambiar la manera de pensar de mi familia sobre el matrimonio infantil, porque era algo que había ocurrido siempre.

¿Cuántos antecedentes hubo en su familia?

Había visto a víctimas de matrimonios infantiles forzados en mi propia familia. Mi madre se casó con 14 años y mi abuela se casó con nueve. Mi tío vio cómo mi abuelo la pegaba, la protegía con su propio cuerpo y luego mi abuelo le pegaba a él. Pero mi tío supo que eso no podía ser el futuro para las mujeres de su familia. No podía ser que una mujer tuviera fecha de caducidad antes de los 18 y cuánto más se acercara a esa edad, más rebajada se pudiera vender. Porque así es como trataban a las mujeres desde siempre, pero era porque nadie les había educado en igualdad y en que las niñas tienen los mismos derechos y pueden trabajar y estudiar.

Mi tía se suicidó quemándose viva cuando tenía 14 años porque no pudo soportar más la violencia de género que le provocaba su marido. Ella era mi mejor amiga. Mi hermana también intentó suicidarse tras intentar romper su matrimonio forzoso, y nadie en mi familia la escuchó. Desde pequeña vi a mujeres de mi familia sufrir. Fue muy doloroso, y a la vez me convenció de que era algo que no quería que fuera mi futuro, así que mi única alternativa fue huir. 

Desde pequeña vi a las mujeres de mi familia sufrir, así que mi única alternativa fue huir

¿Cómo logró escapar?

Al principio no tenía adonde ir. Contacté con un amigo de mi tío, que me pudo llevar hasta él, y a partir de ahí denunciamos la situación ante el Ministerio del Interior [de Yemen]. Como mi caso saltó a la prensa y se convirtió en mediático, hubo presión sobre el Gobierno y conseguí divorciarme legalmente. Pero después tenía que volver a casa de mis padres, y yo no quería porque sabía que, por mucho que estuviera divorciada, en mi pueblo no había una autoridad que me protegiera. De hecho, como la ley no lo prohíbe, me podrían haber forzado a casarme de nuevo. Tuve que pedir que mi custodia pasara a mi tío y él lo aceptó pese a ser muy joven, es algo por lo que le estaré siempre agradecida. Aceptó la responsabilidad de mi custodia siendo estudiante de universidad y ha tenido un papel muy importante en convencer a mi familia de que es importante garantizar la educación de las mujeres y rechazar los matrimonios forzosos.

¿Cómo se le ocurrió grabar ese video viral?

El amigo de mi tío era fotógrafo, y como al principio no podía contactar con mi tío, grabé un video. Pero lo hice pensando en que mi tío supiera mi verdad por lo que me pudiera pasar. Y el video se convirtió en viral, tuvo ocho millones de visualizaciones en tres días y llegó a mi tío, que pudo llegar hasta mí y protegerme. El video fue la única solución que encontré, pero al mismo tiempo me puse en riesgo grabándolo. Era una niña y no tendría que haber estado expuesta, sino que era el sistema el que tendría que haberme protegido antes.

¿Imaginó que el video tendría tanto efecto?

El gran efecto fue en parte producto de la suerte, pero comprendí que, una vez ya estaba en los medios, tenía que usar ese poder para que la gente tomara conciencia del problema y educar sobre la falta de derechos de las mujeres y los niños. Se trata de lograr cambios colectivos, no solo individuales.

Relata una experiencia muy dura con su familia. ¿Mantiene contacto con ellos?

Sí, justo mi madre me escribió ayer. Después de mucho tiempo tratando de cambiar su mentalidad, ahora me apoyan. Ninguna de mis hermanas menores están casadas, lo cual es una fantástica noticia. Todavía van a la escuela. Ayer eran víctimas, pero cambiaron de mentalidad, y me hace estar muy orgullosa. Tardaron mucho, pero la toma de conciencia funciona así, no en un año ni en cinco. Hay que darle tiempo, insistir con la información y la educación, tener más programas formativos sobre ello. Y repetirlo más: cada dos segundos se vende a una niña para casarla en el mundo.

Su matrimonio forzoso fue hace diez años. ¿Ha mejorado desde entonces la situación en Yemen para las niñas?

No, no lo diría, por culpa de la guerra. Sí diría que las redes sociales han cambiado muchas cosas. Antes era complicado que un caso llegara a la prensa o a las radios, pero ahora todo el mundo tiene acceso a las redes y hay más conciencia. Aun así, en cuanto al sistema es muy complicado. Todo lo que lleva “niñas” en el titular suele ser saboteado y se intenta arruinar.

¿Cómo es la situación en otros países?

El que tiene mayor prevalencia de casos de matrimonio infantil es India, por estadística, aunque la ley lo persigue. Pero una ley sin educación es como darle a alguien un coche sin instrucciones. Tendrás accidentes, tu vida correrá peligro. Tienen una ley con la que no se ha hecho pedagogía y no hay castigo para quien la rompe. Desafortunadamente, donde se está agravando ahora es en las zonas de conflicto, como Palestina o Líbano. En cambio, hay pasos adelante en otros países: Arabia Saudí o Egipto han aprobado leyes para criminalizar el matrimonio infantil en los últimos años. Pero no es suficiente. Nunca es demasiado tarde, hay demasiadas niñas que pueden se pueden salvar todavía.

¿Cambiar una ley es más fácil que cambiar una cultura?

Lo cultural lo creamos y cambiamos entre todos. Las mujeres somos la mitad de la comunidad, hay que educar mucho. Si una cultura, en la forma de dirigirse a la mitad de la población, no respeta los derechos humanos, hay que cambiarla. Mucho más cuando hablamos de niñas, que están mucho más indefensas y tienen muchos más problemas para defenderse. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Yo tuve suerte porque mi caso fue mediático y, aunque tuve que lidiar con la prensa, al final la prensa me resultó una protección, pero hay otras víctimas cuyos casos no son mediáticos. Lo ideal hubiera sido que no hubiera necesitado a los medios.

Da mucha importancia a la educación y el cambio cultural para abordar esta lacra. ¿Es dónde cree que hay que pone el foco?

Es muy necesario. Irak ha intentado recientemente cambiar la ley para permitir el matrimonio infantil, es muy triste. Es muy fácil manipular la ley a través de la religión o la cultura. Pueden hacer matrimonios de carácter religiosos con una menor y el Gobierno no tendrá constancia de ello hasta que vayan a registrarlo. Es fácil manipular la ley. Y por eso la concienciación debe crecer en todo el mundo.

Una ley sin educación es como darle a alguien un coche sin instrucciones

¿Son solo cuestiones culturales las que están detrás de los matrimonios infantiles, o a veces hay motivos económicos para las familias pobres, que pueden ver en ellas una salida para sus hijas?

Son ambas. Esto explica que el matrimonio infantil crezca en número. Como no hay educación, recurren a la religión para justificar su comportamiento, que consiste en vender a su hija en nombre del matrimonio. Si alguien te pone la religión como argumento, si te dice que es su cultura, esto hace que te quedes callado, que no puedas discutir más. Juegan con esa idea. Tratan de cubrirlo con que es su cultura o su religión, pero lo cierto es que es su mentalidad. Conozco familias que son muy pobres, que comen una vez al día y tienen cinco hijos, pero que se morirían de hambre antes de vender a sus hijas en nombre del matrimonio. Y hay familias en buena posición económica que lo llevan a cabo, aunque no lo hagan por dinero o por la dote.

¿Qué más pasos se pueden dar para poner fin a esta injusticia?

Es duro, pero creo que debemos educar primero a los que pueden cambiar las cosas. Antes de que hagan leyes que influyan en nuestras vidas, deben recibir educación sobre esto. Que se está arriesgando la vida de las niñas si se ignora la ley y la necesidad de tener programas para educar. Comenzando por las escuelas y las entidades sociales que intervienen en ellas, para que los niños y niñas vean que el matrimonio infantil o la violencia doméstica son una línea roja. El matrimonio infantil es parte de la violencia de género. ¡Las niñas son violadas! Tienen que saber dónde pedir ayuda. ¿A quién contacto si mi familia quiere casarme con alguien? Esto no lo tenemos en muchos países, y las niñas deben aceptar su realidad o arriesgar sus vidas huyendo. ¿Qué sentido tiene que una niña deba arriesgar su vida para estar a salvo?

¿Cómo puede un ciudadano cualquiera, o alguien como el lector de esta entrevista, ayudar a combatir el matrimonio infantil?

Difundiendo mi historia contribuyen a mejorar la concienciación. No hace falta ser un influencer o tener una plataforma, es que en realidad ya eres un influencer para tus amigos, familiares, primos, hijas. Educarte a ti mismo y a quien te rodea nos ayuda. Desgraciadamente, la gente solo conoce el concepto del matrimonio infantil, pero no sabe cuan extendido está este crimen y que ocurre cada dos segundos.

DM

El papa Francisco recordó este lunes a los “tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad” y pidió “actuar con responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso”, en su discurso ante las autoridades de Timor Oriental, donde hace unos años se conocieron los abusos a menores por parte del obispo premio nobel de la paz en 1996, Carlos Ximenez Belo.

Su primer acto fue la reunión con Ramos-Horta y el discurso a las autoridades en el palacio presidencial, en el que, aunque sin citar a la Iglesia católica, no quiso olvidar “a los tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad” y añadió: “Este fenómeno está aflorando en todo el mundo y todos estamos llamados a actuar con responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a los jóvenes”.

El Vaticano dio a conocer en 2022 que sancionó a Belo tras las acusaciones de abuso a menores durante los años 90, con algunas restricciones de movimiento, el contacto con menores, y le hizo exiliarse a Portugal, pero para una parte del país sigue siendo considerado un héroe nacional.

Francisco llegó este lunes a Dili, procedente de Papúa Nueva Guinea, para la tercera etapa de su viaje por Asia y Oceanía, y a su llegada decenas de miles de personas, en este país con cerca del 95 % de católicos, invadieron las calles para recibir al papa y se decretaron tres días de fiesta nacional.

En el resto del discurso, recordó el doloroso y reciente pasado que llevó al país a su independencia y afirmó que “a pesar de que atravesar un período tan dramático de su historia, no perdieron la esperanza, y también porque, después de días oscuros y difíciles, finalmente ha despuntado un amanecer de paz y libertad.”

Y deseó que el ejemplo de este país pueda servir “también en otras situaciones de conflicto, en distintas partes del mundo, para que prevalezca el deseo de paz y de purificación de la memoria, para sanar las heridas, y combatir el odio con la reconciliación y la confrontación con la colaboración”.

Entre los retos actuales del país entre los más pobres del mundo, Francisco citó “el fenómeno de la emigración, que constituye siempre un indicador de un insuficiente o inadecuado uso de los recursos, así como de la dificultad de ofrecer a todos un empleo que produzca un beneficio justo y que garantice a las familias los ingresos que correspondan a sus necesidades básicas”.

Así como también condenó “el abuso en el consumo de alcohol entre los jóvenes y su incorporación a las bandas que, envalentonadas por su conocimiento de las artes marciales, en lugar de utilizarlo al servicio de los indefensos, se aprovechan de él para exhibir el poder efímero y dañino de la violencia”.

El problema de las bandas violentas que usan la artes marciales ha llevado incluso al gobierno a prohibir estas prácticas desde marzo de este año.

Para solucionar estos problemas, el papa instó a las autoridades a “una mejor gestión de los recursos naturales del país como el petróleo y gas” y que, consideró “podrían ofrecer posibilidades de desarrollo sin precedentes,”

Para concluir, recordando que el 65% de la población de Timor Oriental tiene menos de 30 años. instó al gobierno a invertir en la educación.

Y añadió improvisando: “No está en este discurso pero se lo quiero decir: Este éste un país lindo pero lo mejor que tiene un país es su pueblo. Cuiden a su pueblo, amen a su pueblo. Es un pueblo maravilloso”.

EFE.

IG

“Entre todas las leyes del padre, había una de índole fundamental: no contar. De niña, disimulaba mis deseos en textos de ficción. Dos hermanas en fuga. Perseguidas por un monstruo de dos cabezas. Huían por sombríos bosques. Se armaban con ramas, palos. Hoy ya no escondo mis deseos. Quisiera que este texto diezmara a mi familia toda”. Con esa contundencia y esas palabras comienza el libro Perra (Ediciones Godot, 2024) de la escritora canadiense Marie-Pier Lafontaine. En las propias palabras de la autora, que está de visita en Buenos Aires para participar de la Feria de Editores 2024 y difundir sus publicaciones editadas en la Argentina, se trata de una “autoficción”.

“Cuando empecé la redacción del libro lo concebía más bien como una novela. Había mucha más ficción antes porque tenía una idea bastante fija de lo que debía ser una novela. Pero, finalmente, al trabajar mucho el texto me quedé con todo lo que tenía que ver con la cercanía y la intimidad de mi experiencia personal. Entonces apareció muy claro que el libro tenía que ser una autoficción: quería denunciar los abusos que había vivido en la infancia. En este sentido,  no se trata de un testimonio porque lo que hago es denunciar los abusos que padecí a través de la ficción y de la escritura”, cuenta la escritora ante elDiarioAR.

Crudo, fragmentario, con imágenes en las que la violencia se multiplica de distintas maneras y donde los interrogantes se van volviendo cada vez más pesados (“¿Nuestros vecinos nunca oyeron nada?”, se pregunta la narradora), Perra fue el primer libro que publicó Lafontaine y en el que por primera vez reconstruye su infancia en un entorno agresivo especialmente para ella y para una de sus hermanas.

Por la forma de abordar un asunto que hasta la actualidad sigue siendo una suerte de tabú, como el abuso intrafamiliar, la publicación impactó en Canadá y también en Francia, donde la autora obtuvo el Premio Sade en 2020. 

“Cada año, miles de padres violan a su propia criatura. Miles de maridos matan a sus parejas. Miles de chiquitas ven a su madre siendo empujada, golpeada e insultada. Miles. Cada año. Nadie se sorprende de oír la misma historia por milésima vez”, se puede leer en las páginas de Perra.

Consultada sobre por qué eligió una forma tan particular para su narración –en las páginas se suceden imágenes aterradoras en pequeños fragmentos, muchos de ellos presentados en letras grandes–, la escritora asegura: “Primero quería demostrar a través de la escritura la repetición de la violencia: en cada página hay un nuevo fragmento que comienza y entonces crea este efecto de retorno, de repetición. Y, luego, también cuando escribí la novela yo estaba pasando síndrome de estrés postraumático y los recuerdos de la infancia que me venían eran fragmentarios. Quería que la escritura pudiera dar cuenta de la lógica de ese trauma”.

Armas para la rabia

Luego de la gran repercusión de Perra, Lafontaine se animó a seguir indagando en la violencia y en los abusos contra las mujeres, pero esta vez eligió el ensayo para hacerlo. Así publicó, en 2022, Armas para la rabia (Ediciones Godot, 2023), traducido en Argentina por Agustina Blanco. En esta publicación, el puntapié es un abuso por parte de un transeúnte que la autora sufre en la vía pública. “Uno de los consejos que más me sacaba de quicio después de que un hombre me agarró el culo en el andén de una estación de subte en Montreal era que no tomara más el transporte público”, se lee casi al comienzo del libro. Una publicación que la propia autora propone “como un combate”.

“Quisiera escribir un ensayo-enojo, un ensayo-rabia. Que fuera recibido como una avalancha de golpes. Entre una frase y otra, habrá que visualizar energía desplegándose (...). Entre cada palabra de cada una de las frases que componen este texto habrá que oír el ruido de un cuerpo pegándole a otro cuerpo. El martilleo de mi ira acaso no baste para que reviente la historia de mi familia”, señala en el texto.

“El episodio en el subte fue el disparador que hizo que reflotaran mis recuerdos de infancia. Atravesé ese recuerdo en particular y dos años después empecé a escribir Perra. La primera versión del ensayo Armas para la rabia la escribí durante mis estudios de maestría, pero retomé el texto después para que fuera más accesible durante la pandemia. Y ahí me sentí lista para volver a ese episodio del subte y era capaz en ese momento de entender el nexo entre eso que había vivido y lo que se cuenta en Perra”, relata ahora.

Con citas a autoras como Annie Ernaux, Laura S. Brown, Virginie Despentes, Martine Delvaux y Anne Dufourmantelle, entre otras, Lafontaine arma un entramado entre sus lecturas, su experiencia como víctima y como alguien que intenta denunciar, y su memoria para reflexionar, una vez más, alrededor de la violencia contra las mujeres y lo que la autora denomina como “la cultura de la violación”.

“La violencia que yo denuncio en el libro es la que destruye vidas”, sostiene al ser consultada sobre si siente dolor mientras escribe y agrega: “La escritura va a ser dolorosa después. Cuando escribo estoy concentrada, estoy buscando la palabra exacta, así que creo que allí no hay tanto espacio para la emoción como tal. Pero a veces después, sí, que tengo una gran reacción emocional”.

Pese a los numerosos padecimientos que describe en sus dos publicaciones, la escritora dice que prefiere no pensar la escritura desde un lugar de víctima. “Pienso que la escritura misma es lo que me define. Y creo que es esa voz narrativa que yo anclo en la ira, en la resistencia. Eso me da una identidad completamente distinta de la de la víctima”, sostiene.

Al mismo tiempo, Lafontaine afirma que pudo ir armando con otras personas algún tipo de contención desde que salieron sus libros y se reveló públicamente su historia.

“Tengo redes de apoyo y también está la red misma de la literatura con todas las escritoras que escribieron antes que yo sobre esto. Eso crea para mí una suerte de red que me ayuda a seguir escribiendo y a quedarme dentro de este movimiento. Lo paradójico con la escritura es que escribir en sí mismo es solitario, pero cuando un libro sale y se convierte en algo muy público se vuelve colectivo. Así que a través de los libros conozco a nuevas personas también, lectoras, lectores, muchos que me cuentan sus propias experiencias. Los libros, después de todo, crean redes de aliados”, concluye. 

DM/AL

“Hagan como yo he hecho con ustedes”. Es jueves santo y mientras en catedrales y parroquias con más recursos utilizan vasijas y jarras de bronce, cobre o plata, en El Frutillar, de rodillas junto a un niño monaguillo que lo asiste, el padre Carlos Gabriel Bareuther lava en una palangana de plástico azul los pies de los feligreses del Alto de Bariloche. El ritual simboliza la vocación de servicio y humildad; y su sotana blanca, la pureza del alma.

Hace sólo siete meses, “petrificado, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el piso” -según cronistas que cubrieron el juicio- el sacerdote oyó en La Plata su condena: tres años de prisión de ejecución condicional más costas por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro de culto.

El caso tomó trascendencia pública en 2018, por una manifestación que encabezaron las y los alumnos del Colegio Santa María de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, cuando Rosario, de 14 años, denunció que el “Padre Carlos” la había abusado dentro de la institución educativa. Luego, los padres de la menor se encargaron de que el caso tuviera repercusión en medios nacionales.

“Se sentó al lado mío, me di cuenta de que estaba más en mi silla que en la de él. Me acuerdo que decía que quería ser mi amigo y demostrarme su amor. Yo seguí llorando. Él se levantó y me abrazó. Yo traté de sacármelo de encima y él presionó. Bajó la mano a la parte baja de mi espalda. El abrazo fue por arriba de la ropa. Cuando bajó la mano, sentí que me tocó mis partes íntimas por atrás. Sentí un beso en el cuello. Lloraba muchísimo hasta que logré sacármelo de encima. Me dijo que no dijera nada porque iba a salir perdiendo yo. Ahí salí corriendo, me lavé la cara y entré al salón. Mis compañeros me preguntaron qué había pasado. No dije nada”.

Rosario declaró en el juicio oral y público. El sacerdote reconoció la existencia de los abrazos en la oficina donde se reunía en forma privada, pero les otorgó un carácter afectuoso, no sexual. “Creo en el servicio y por eso elegí ser sacerdote salesiano; creo en la justicia y por eso nunca me manifesté públicamente en estos años. Elijo creer que la verdad va a salir a la luz”, expresó en su alegato final.

En agosto de 2023, el Juez Hernán J. Decastelli dio por probados los tocamientos en perjuicio de Rosario y decidió desestimar una segunda denuncia de abuso presentada por otra alumna, Priscila, por no contar con suficientes elementos de valoración. La condena se fijó en la mitad de lo requerido por la familia y de ejecución condicional. Se atenuó por la falta de antecedentes, aunque incluyó la imposición de reglas de conducta al cura: fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados, debiendo presentarse en forma bimestral en la delegación que corresponda; abstenerse de tener contacto con la víctima; y someterse a una extracción de muestras de ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a los delitos contra la integridad sexual.

“La justicia se ha expedido: es culpable. Está probado. Quiero transmitirles que siempre escuchen a sus hijas, que las observen, que las acompañen y que por sobre todas las cosas, jamás duden de ellas. Creamos en nuestras niñas para que no sea demasiado tarde”, dijo Patricia Ramírez, la madre de la víctima, en una carta abierta a la Comunidad de Cañuelas.

Bareuther apeló.

***

La Parroquia San Cayetano se encuentra en la ladera sur del Cerro Otto, en una de las zonas más vulnerables de Bariloche, porque es precisamente en los más necesitados, y particularmente en los jóvenes, donde la congregación busca predicar lo que llaman “el carisma salesiano de Don Bosco”.

Puerta doble de madera con vidrios repartidos, piso de cerámicos de diferentes colores entre el hall y el salón, y machimbre hasta la mitad de sus paredes para tapar los rastros de humedad en una zona que suele ser azotada por las nevadas, frío, pies mojados y complicación.

No hay mármol o altar grandilocuente. La misa no se da desde un púlpito elevado, sino desde una mesa ubicada al centro del salón, con los bancos en semicírculo alrededor.

Acuden a sus servicios religiosos familias de toda esa zona populosa, donde la parroquia convive con templos de otros cultos, que se multiplican en imponentes construcciones o minúsculas y endebles casillas de madera cantonera y placas de OSB, más a tono con el entorno.

El cirio pascual se consume sobre un rollizo de ciprés barnizado y la Biblia muestra la lectura del día apoyada en otro tronco similar, pero cortado en el extremo superior a 45 grados: un atril modesto, fabricado con materiales del entorno, el mismo que muchos de los feligreses utilizan en sus salamandras para calentar el hogar. Desde allí, el Padre Bareuther, a 1.515 kilómetros de Rosario, lee “la palabra del Señor”.

Bareuther es un hombre robusto y joven, aunque sus canas precoces y la inminente calvicie en la parte posterior de la cabeza engañan. Cuando lo denunciaron hace seis años, tenía 47 y unos 17 años de sacerdocio. Entre 2012 y 2016 formó parte de la Parroquia San Juan Evangelista de La Boca, luego estuvo a cargo de la Parroquia Santa Catalina de Alejandría y del colegio homónimo de San Telmo hasta febrero de 2018, cuando el Obispado de Laferrere le asignó tareas en el Colegio Santa María de Cañuelas, donde fue denunciado por las dos jóvenes. Fue apartado de esa función durante los cinco años que duró la causa judicial. Permaneció en la Casa del Buen Pastor de Isidro Casanova.

Una vez condenado por abuso de menores, el 26 de febrero último fue trasladado a Bariloche, donde oficia misa ante feligreses que, en su mayoría, ignoran estos antecedentes.

“Es la primera vez que un periodista me llama para conocer mi versión”, aseguró ante la requisitoria de este medio, pero se negó a brindar la entrevista por instrucción de su abogado.

***

El Obispo de la Diócesis de Bariloche, Juan Carlos Ares, resopla incómodo y piensa cada palabra a responder. “Tema difícil”, concede antes de iniciar la entrevista.

Ares convalidó el traslado de Bareuther a Bariloche, Diócesis que comanda desde julio de 2023. Explica que el Obispo de Laferrere lo llamó para consultarle si lo aceptaría, le informó el estado de la causa judicial y de la investigación previa de los salesianos, y la necesidad de trasladarlo. “Si lo recibo, yo no le voy a dar ninguna tarea pastoral”, afirma que respondió.

- Pero usted sabe que eso no ocurre. Que está dando misa.

- Él no tiene prohibido dar misa. No es párroco, no está a cargo de catequesis. No tiene cargos. Le di las licencias ministeriales, que le otorga poder dar todos los sacramentos pero tiene una restricción: no puede confesar menores, ir a casas de menores, no puede celebrar primeras comuniones. Sí puede celebrar misas donde por supuesto hay menores.

Bareuther tiene licencias, entonces, para confesar mayores, realizar bautismos y casamientos, oficiar misas y ungir a los enfermos, pese a la condena.

- Si bien el fallo no le impide ejercer el sacerdocio, ¿no hay una restricción ética o moral?.

- A ver. Lo que uno hace con la cautelar es la defensa de posibles víctimas, porque si hubo una, puede haber otras. Entonces tengo que preservar eso y al sacerdote.

- ¿No es expulsivo ir a una misa y que quien la oficie tenga una condena por abuso de menores? ¿La gente que va a la parroquia lo sabe?

- Lo entiendo perfectamente. Pero la condena está diciendo “hubo un abuso”, pero como pena no dice que no lo ejerza. Y la Iglesia está diciendo “ejercé, pero no de cualquier manera, y hasta tanto se defina todo”.

El Obispo explica que el principal argumento para que Bariloche haya sido el destino del cura fue que los salesianos no tienen en la ciudad la administración de un colegio, como en muchos otros lugares, por lo que sus tareas serían “de tipo administrativas” en la parroquia San Cayetano y el Hotel Cardenal Cagliero.

La línea es muy delgada y el Obispo lo sabe: en el mismo predio funciona el Centro de Formación Integral Don Bosco y el Colegio Ceferino Namuncurá de la Asociación Damas Salesianas, que realizaba actividades lúdicas y pastorales -como un oratorio- en sinergia con la parroquia. Son cientos de jóvenes, muchos en situación de vulnerabilidad, sin red de contención familiar, sin recursos o derivados de escuelas especiales. Aún así, Ares sostiene que Bareuther “no está con menores. No va al Colegio. Su tarea de lunes a viernes es más que nada administrativa”.

- Y si algún alumno o alumna va a la parroquia…

- Carlos debe abstenerse de recibirlos. Sí señor. Sí señor. El que vela en este caso es el Padre Enrique Lapadula, que es el párroco, y yo, que tengo que ser el garante de que eso se cumpla.

- ¿Las Damas Salesianas manifestaron su acuerdo?

- Vinieron a verme. Tuvimos una reunión el 7 de marzo. Les comenté y por supuesto manifestaron su preocupación. Me dejaron una nota, que también le dejaron al Padre Lapadula, manifestando el desacuerdo por escrito y sugiriendo que no esté allí.

Lo cierto es que, además de manifestar por escrito su oposición, para resguardar al alumnado las Damas Salesianas decidieron suspender actividades pastorales o lúdicas que ofrecían a alumnos y jóvenes del barrio a contraturno, como así también las reservas de espacios en el Cagliero, para prevenir un posible contacto de menores con el sacerdote condenado por abuso.

“Es con gran dolor y frustración que compartimos tan lamentables medidas que nos vemos obligadas a tomar por esta decisión del clero -donde además sentimos que no pueden ver- el gravísimo riesgo que suscita esta situación en nuestras comunidades educativas”, expresaron este viernes 12 de abril en un comunicado a las familias, anticipándose a la toma de estado público ante las consultas realizadas por este medio.

En este contexto, el Obispo sugirió al inspector salesiano Darío Perera, dos alternativas: albergar a Bareuther en la Diócesis o alojarlo en el Hotel Cardenal Cagliero, un edificio paradisíaco con costa de lago ubicado en el km 19, camino al Hotel Llao Llao, que recibe habitualmente contingentes de jóvenes en viajes de estudios o retiros espirituales “No sé si está en evaluación”, admite.

Paradójicamente, la Inspectoría Sur que decidió la presencia en El Frutillar y en el Cagliero del sacerdote condenado por abuso, ofrece como principal novedad en su página web la descarga del “Protocolo de prevención e Intervención para la protección de niños, niñas y adolescentes de las comunidades educativo pastorales”, que establece principios y pasos a seguir en caso de denuncias de abusos en colegios.

El protocolo advierte que “las muestras de afecto en la tarea educativa son un gran estímulo para niños, niñas y adolescentes, en la medida que respetan la dignidad personal”, para luego enumerar acciones “inaceptables” del adulto, como asumir o tolerar un comportamiento “que pueda ser interpretado como forma de acoso escolar o de abuso”, se involucre “en contactos físicos inadecuados” o enviarlos a “espacios privados de la comunidad religiosa, de educadores o del personal”, entre otros.

“El ‘nunca más’ a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado”, convoca.

***

En febrero del 2019, el Papa Francisco anunció una “batalla total contra el abuso de menores” para protegerlos de “lobos rapaces” y desde entonces impulsó cambios en el código de derecho canónico bajo el lema “tolerancia cero”.

En Argentina, los datos son alarmantes. En una exhaustiva investigación publicada en 2022 por elDiarioAR, titulada “A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual”, la periodista Mariana García logró cuantificar la problemática: sólo 31 de esas denuncias tuvieron condena judicial. El fallo contra Bareuther fue posterior a la publicación, pero los datos siguen reflejando que la condena es una excepción.

La justicia penal y la canónica manejan distintos tiempos y protocolos. La ordinaria tardó cinco años en decretar que Carlos Bareuther había abusado de Rosario. En un caso con las complejidades propias de un delito sin testigos, porque ocurrió en un ámbito necesariamente privado, sin rastros físicos o biológicos, ya que se denunciaron tocamientos, la contundencia de la declaración de la menor en Cámara Gesell, el sostenimiento de la versión sin fisuras durante todo el proceso y la intervención de profesionales que descartaron fabulación, fueron los puntales de la sentencia.

El abogado de la víctima, Juan Manuel Fontana, confirmó que la defensa del cura apeló el fallo, buscando la absolución. La Cámara de Casación de La Plata revisará en los próximos meses la causa, aunque el abogado se mostró confiado en que se ratifique la condena, entendiendo que fue “muy bien fundada”.

Desde que se presentó la denuncia por abuso contra Bareuther, en 2018, la Iglesia avanzó parcialmente con una investigación preliminar y decidió fijar “una cautelar eclesiástica” que le impide al sacerdote tener contacto con menores. El Obispo Ares comprendió que una posible ratificación de la condena por parte de Casación “aceleraría los procesos” para elevar el caso al Dicasterio de Doctrina para la Fe (en El Vaticano), donde un tribunal eclesiástico podría quitarle los hábitos y excomulgarlo.

Esta investigación fue publicada en el portal de periodismo patagónico En Estos Días (EED)

Unos 800 policías bonaerenses, junto a integrantes de la Policía Federal, participaron hoy de 107 allanamientos en 62 localidades de la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santa Fe en los que fueron detenidas siete personas acusadas de distribuir material de abuso infantil y grooming, informó la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Durante el operativo se encontraron, además, 61 niños y niñas en los domicilios allanados, y dieron intervención a 22 fiscalías oficinas/departamentos especializados y 22 Referentes en Delitos de Material de Abuso Sexual Infantil Y Grooming.

Se trata del Operativo “Protección de las Infancias II” que es la continuidad del “Protección de las Infancias I” que se realizó en junio último como parte del compromiso asumido por el Ministerio Público bonaerense con el objetivo de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil a nivel global.

En esta ocasión se realizó una tarea conjunta y coordinada entre tres Nodos del territorio bonaerense, de forma simultánea en etapas y en red, junto con el Departamento de Delitos Conexos.

Según indicaron, se solicitó la colaboración en la detección de objetivos en la provincia de Buenos Aires mediante la herramienta P2P “Iccacops” a áreas judiciales especializadas en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming a los efectos de verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (previsto en el artículo 128 del Código Penal Argentino) en plataformas de intercambio Peer to Peer, dentro del territorio bonaerense durante el período comprendido entre el 30 de agosto y el 6 de octubre de 2023.

Los allanamientos se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires en Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana.

Participaron más de 80 Funcionarios/as y Agentes Judiciales; 88 integrantes de la Policía Federal y 800 integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La ejecución fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming (en adelante Departamento de Delitos Conexos), a cargo de la Dra. Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del Dr. Francisco Pont Vergés.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

Los 107 allanamientos efectuados en la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santa Fe, contaron con la participación de efectivos y expertos pertenecientes de distintas fuerzas, destacándose principalmente la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Norberto Gabott y la División de Delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Crio. Gustavo Cabada, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

MM con información de Agencia Télam

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles el Protocolo Contra Abuso Sexual Infantil obligatorio en todos los ámbitos donde las niñas, niños y adolescentes desarrollan sus actividades.

El proyecto, que contaba con sanción del Senado desde diciembre de 2021, fue aprobado por 160 votos y ninguno en contra, pero fue devuelto al Senado con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma.

La iniciativa fue incorporada al temario de la extensa sesión de la Cámara baja a último momento, a partir de un planteo de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien pidió su debate antes de que el proyecto perdiera estado parlamentario, si no se trataba antes del recambio legislativo de este año.

Al defender el texto, la diputada y presidenta de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, sostuvo que se trata de “un importante avance en la legislación. Es un paso significativo hacia la protección de los derechos de los menores y la prevención del abuso sexual infantil en la sociedad”.

El protocolo establece pautas claras y procedimientos específicos para prevenir el abuso sexual infantil y cómo actuar ante situaciones de esta naturaleza en entornos educativos, deportivos, recreativos y sociales.

También establece la obligación de capacitar a profesionales y trabajadores que desempeñan roles clave en el cuidado y educación de los menores, con el objetivo de sensibilizarlos sobre la importancia de prevenir el abuso sexual infantil y proporcionarles las habilidades necesarias para detectar y denunciar posibles casos.

“Este proyecto es otra manera de fortalecer los sistemas locales de protección de derechos. Estableciendo lineamientos mínimos, brindando asesoramiento, asistencia técnica, capacitaciones en el marco de la Ley Lucio, como así también poniendo a disposición el material informativo para el acceso y la promoción de derechos a las instituciones que albergan a los niños, niñas y adolescentes”, manifestó Reyes.

Qué dice el proyecto original presentado en 2021

Artículo 1°. - Toda niña, niño o adolescente tiene derecho, en los términos del artículo 9° de la Ley 26.061, a no ser sometido a ninguna forma de abuso o explotación sexual. A los fines de contribuir a garantizar éste derecho, toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda.

Artículo 2°. - La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia adoptará las siguientes medidas con la finalidad de brindar herramientas para el cumplimiento de la presente:

a) Establecer los requisitos mínimos de los protocolos referidos en el artículo 1º.

b) Determinar el plazo en que los sujetos alcanzados en el artículo 1º deberán dar cumplimiento a lo establecido en la presente.

c) Poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos referidos en el artículo 1º

d) Brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas por la presente.

e) Establecer los mecanismos de control.

f) Diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que por esta ley se crea.

Artículo 3°. - El protocolo referido en el artículo 1º deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño en los términos del artículo 3° de la Ley 26.061.

ANTECEDENTE PROYECTO DE LEY

Título 1º. De la detección temprana del abuso sexual infantil

Artículo 1º - Toda niña, niño o adolescente tiene derecho, en los términos del artículo 9º de la ley 26.061, a no ser sometido a ninguna forma de abuso o explotación sexual. A los fines de garantizar este derecho, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia elaborará un protocolo de prevención y detección temprana del abuso sexual infantil, que deberá ser aplicado en toda aquella institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, cultural, religioso o de estudios especializados, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niños, niñas o adolescentes. Artículo 2º - La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia presentará el protocolo referido en el artículo anterior al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia a los fines de su aprobación e implementación en todo el país, a través de la autoridad de aplicación en materia de infancia, quien será la responsable de instrumentar y controlar las instituciones, organismos y establecimientos juntamente con los ministerios que integran el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de cada jurisdicción.

Artículo 3º - El protocolo referido en el artículo 1º deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño en los términos del artículo 3° de la ley 26.061.

Artículo 4º - En caso de que las autoridades de las instituciones, organismos o establecimientos referidos en el artículo 1º tomen conocimiento de una situación de abuso o probable abuso sexual infantil a través del protocolo allí establecido deberán poner en conocimiento de dicha situación en forma inmediata a la autoridad de aplicación de infancia del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de su jurisdicción a fin de que esta tome las medidas administrativas pertinentes, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieren.

Artículo 5º - A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40, los profesionales y otros actores intervinientes en las instituciones, organismos o establecimientos referidos en el artículo 1º quedan relevados del secreto profesional o de confesión en los términos del artículo 30 de la ley 26.061.

Título 2º. Del incumplimiento

Artículo 6º- Las instituciones, organismos y establecimientos obligados a la implementación del protocolo referido en el artículo 1º que no cumplieren con dicha obligación, o lo hicieren de forma manifiestamente deficiente, serán pasibles de las multas que determine la reglamentación de la presente ley, previo sumario que garantice el derecho de defensa, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder. El producto de las multas que imponga la autoridad de aplicación en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior será destinado a la concientización para combatir el abuso sexual infantil. Título 3º. Disposiciones complementarias “2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Artículo 7º - La presente ley será reglamentada dentro de los ochenta (80) días de su promulgación. Artículo 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. María B. Tapia – Pamela F. Verasay – Eduardo R. Costa – Laura E. Rodríguez Machado – Silvia del Rosario Giacoppo – Mario R. Fiad – Victor Zimmermann – Oscar A. Castillo – Silvia B. Elías de Pérez – Pablo D. Blanco. –

FUNDAMENTOS

El proyecto que se somete a consideración del Honorable Senado, toma el texto del expediente CD 79/19, el cual aborda una temática de gran importancia como es la prevención del abuso sexual infantil.

La iniciativa que dio origen a la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados fue presentada en el año 2018 por la entonces diputada nacional Alejandra Martínez, de la Provincia de Jujuy (exp. 2026-D2018), acompañado con la firma de las diputadas Lospenatto, Austin y Carrizo, y los diputados Hernandez y Lipovetsky. Fue tratado en la entonces Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a finales de 2019 obteniendo dictamen bajo el Orden de Día 1450/19 respaldado por diputados de diversos sectores políticos .

El 20 de noviembre de ese mismo año con 175 votos afirmativos, ninguno negativo y 7 abstenciones obtuvo media sanción girándose al Senado.

Debido a lo atípico del año 2020 y al tiempo trascurrido hasta la adaptación a la modalidad de trabajo virtual, la tardía constitución de varias comisiones y demás factores, no pudo ser tratado más que en reuniones de asesores y perdió estado parlamentario.

Por lo tanto, consideramos oportuno poner nuevamente en debate tan importante iniciativa, con el texto que obtuvo el consenso antes señalado, el cual es ligeramente distinto al proyecto original de la diputada Alejandra Martínez.

En atención al merecido respeto y a la exactitud de los conceptos vertidos se reproducen los fundamentos de la señalada iniciativa, con la sola excepción de un párrafo referido a los artículos que no formaron parte del dictamen ni la media sanción: “El abuso sexual es una de las peores formas de violencia contra las personas, la cual se agrava muchísimo más, cuando las víctimas son las niñas, niños y adolescentes. A pesar de que este terrible flagelo social va en aumento de manera alarmante, conforme cifras y estadísticas mundiales, la mayoría de los casos no son denunciados ni detectados.

En tal sentido las cifras indicadas por la Organización Mundial de la Salud, junto con UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación nos indican que una de cada cinco niñas puede ser víctima de abuso sexual, mientras que en los niños las cifras indican uno de cada trece.

El Estado Argentino es garante de la integridad física, sexual, psíquica y moral de las niñas, niños y adolescentes y en tal sentido, todas las instituciones del Estado, deben trabajar de forma coordinada y en red para dar plena efectividad y cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, a la ley 26.061 y toda otra norma concordante.

Ahora bien, existe un problema que debe resolverse: la falta denuncia y el silencio existente ante este tipo de casos. Esta situación genera por lo menos dos consecuencias gravísimas que deben ser resueltas: por un lado, la impunidad del agresor con la consecuente imposibilidad del Estado de sancionar este delito, y por otro lado el desamparo de la victima de este tipo de delito.

El presente proyecto propone varias herramientas tendientes a detectar, prevenir y erradicar el abuso sexual infantil, en tal sentido, propone:

a) La elaboración de un protocolo de prevención y detección temprana del abuso sexual infantil, que deberá ser aplicado en toda aquella institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niños, niñas o adolescentes.

b) El relevamiento del secreto profesional, para aquellas personas que en virtud del desempeño de su actividad tome conocimiento de la existencia o la posible existencia de un caso de abuso sexual infantil.

Finalmente expresar, que el presento proyecto de ley tiene como objetivo principal, el de reforzar la detección, prevención y abordaje temprano del abuso sexual infantil.

El Estado debe tener una participación más proactiva en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto es, debe trabajar y elaborar políticas públicas centradas en la detección y prevención del abuso sexual infantil“.

Vale aclarar que el proyecto original contenía un capítulo referido a la “a Campaña Nacional de Concientización para la Prevención y la Erradicación del Abuso Sexual Infantil” que debido al nivel de detalles y especificación se decidió dejar a criterio de la Autoridad de Aplicación.

Dada la actualidad, importancia y urgencia de la problemática del abuso sexual infantil, creemos oportuno debatir la cuestión a través de esta iniciativa, y otras de similar tenor, por lo que solicitamos a nuestros pares su acompañamiento.

Con información de agencias.

IG

Desde los 10 hasta los 14 años. Es el tiempo de su entonces corta vida durante el que Carmen Corrales sufrió abusos sexuales por parte de su abuelo materno, según asegura. Lo cuenta hoy, con 26, después de atravesar un largo proceso que aún no se ha cerrado. Desde el principio se dio cuenta de que “algo no iba bien”, pero quien supuestamente debía protegerla y quererla “se aprovechó de mi confianza”, afirma. Con 12 supo que “eso no era normal”, pero era incapaz de reaccionar: “Cuando estás ahí no sabes qué escapatoria tomar”. Después rompió el silencio, se lo contó a sus padres y denunció a su abuelo con 17 años, un proceso que acabó archivado.

Es el relato que ella misma hace a cámara en un video grabado por la organización de protección a la infancia Save the Children, que este jueves ha lanzado un nuevo informe sobre agresiones sexuales a menores en España. Una realidad que, según datos del Ministerio del Interior del país ibérico, motivó en 2021 más de 22 denuncias al día. Y eso es solo “la punta del iceberg”, ya que se estima que solo se ponen en conocimiento de las autoridades el 15% de los abusos, especifica la ONG.

El informe Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España analizó casi 400 sentencias dictadas en 2021 y 2022 en Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi y Madrid y compara los resultados con el estudio de fallos que ya realizó en el bienio inmediatamente anterior (2019 y 2020).

Entre las conclusiones, sigue destacando la confirmación de que la inmensa mayoría de los agresores sexuales de menores de edad son personas de su entorno más cercano, precisamente aquellas que deberían cuidarlos. Es así en ocho de cada diez casos analizados (82,9%), en los que quienes perpetran el ataque son miembros de la familia (40,6%) u hombres conocidos como profesores, entrenadores, vecinos o amigos, una categoría que se incrementó al pasar de constituir el 34,5% de los agresores en el análisis de 2019 y 2020 al 42,3%.

Además, en siete de cada diez casos el agresor no tenía antecedentes penales y casi ninguno de los que sí (el 4%) habían sido condenados por violencia sexual. En la inmensa mayoría de los casos analizados, ocho de cada diez, las víctimas son niñas y adolescentes y la media de edad a la que suele comenzar la violencia es a los once años, según detalla el informe.

La ley del silencio

En España, con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual los abusos sexuales desaparecieron del Código Penal para formar parte de un único tipo delictivo –las agresiones sexuales– pero las sentencias analizadas abarcan un periodo en el que aún no había entrado en vigor. El estudio utiliza “abuso” para referirse a esta realidad porque para Save the Children sigue siendo útil para describir el tipo de violencia que suelen sufrir los niños y niñas con sus “características propias” como tratarse de “un proceso paulatino” en el que el agresor “construye o refuerza un vínculo con el niño para poder mantener en secreto la situación”.

El modus operandi revela que los abusadores apenas utilizan la violencia física para someter a sus víctimas. No la necesitan. Se produce una instrumentalización del cariño y la confianza con la que el agresor disfraza la relación de violencia mediante coacciones, pactos de silencio, manipulación o culpabilización de la víctima. “Hay que tener en cuenta que es una persona de referencia, que debe protegerles, o incluso de autoridad. De forma paulatina va generando un vínculo y lo que llamamos la ley del silencio que limita a la víctima tanto para reconocer lo que está pasando como para pedir ayuda”, explica Cristina Sanjuán, experta en prevención de violencia sexual de la ONG.

“Me di cuenta de que algo no iba bien justo cuando empezaron los abusos, pero él me decía que eso estaba bien, que no era un problema, que era nuestro secreto...Yo me decía a mí misma que era mi abuelo y confiaba en él. Se aprovechó de mi confianza y a los dos años me di cuenta de que eso no era normal”, relata Carmen.

Tres años después, a los 17, interpuso una denuncia. “Porque ya estaba hundida en el fondo fondo. El mismo hundimiento, pena, rabia, tristeza y ya no saber qué hacer fue lo que me dio a mi fuerza para decir se acabó”, explica Carmen, que recuerda que su familia –“que son mis padres y mis hermanas”, matiza– le creyó “desde el primer momento”. “Entre el resto hubo de todo”, añade.

El tiempo de espera se alarga

El informe evalúa también qué suele ocurrir después de que la víctima o su familia interponen una denuncia. Y en este punto, la organización identificó un incremento de los tiempos de espera hasta que los procedimientos acaban resolviéndose. Lo cierto es que el número de sentencias analizadas en las que no constan los años se han incrementado considerablemente (del 5,1% al 14,4% de un análisis a otro), pero solo entre los fallos en los que sí existe esa información el número de casos resuelto en un “tiempo deseable” de dos años ha bajado del 67,3% en 2019 y 2020 a únicamente el 23,5% zanjado en ese intervalo de tiempo.

Save the Children no aborda los motivos que han podido llevar al incremento, pero sí pone el foco en “los efectos que tiene para las víctimas” enfrentarse a un proceso que se dilata: en el 72,4% de las sentencias, sin contar aquellas en las que no consta el dato, no se resolvió antes de los cuatro años. “Un periodo muy largo no respeta los principios fundamentales del interés superior del menor porque en la vida de un niño supone muchísimo tiempo. Eso unido a que muchas veces tienen que repetir una y otra vez su testimonio puede provocar victimización secundaria”, valora Sanjuán.

De acuerdo con su propio relato, Carmen llegó a declarar hasta cinco veces, lo que “supuso que mis heridas se volvieran a abrir y no poder ir cerrando páginas”, describe. “Es como si no pudieras seguir adelante”, prosigue la denunciante, que lamenta que durante el proceso no se sintió acompañada por el sistema judicial. Asegura que el procedimiento está archivado, no hubo sentencia ni condenatoria ni absolutoria. “Después de ocho años y medio, quien realmente está sufriendo la condena soy yo”, sostiene.

La organización aprovecha el estudio para reclamar juzgados especializados en violencia contra la infancia, algo a lo que apuntaba la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que mandataba al Gobierno a elaborar en el plazo de un año un proyecto de ley con este objetivo que a día de hoy no se ha impulsado. Además, demanda una fiscalía especializada y equipos técnicos que también reciban formación al respecto así como la implantación del modelo de las llamadas 'casas de los niños' o modelo Barnahus, generalizado en otros países.

Estos espacios amigables para la infancia pasan a ser el lugar de referencia una vez se interpone denuncia y allí se desplazan todos los profesionales que intervienen en el caso, de forma que no se somete al menor al periplo que normalmente se ve obligado a atravesar. Esta medida está incluida en la llamada ley del solo sí es sí y aún pendiente de aplicar en toda España.

La Policía Nacional de España está investigando el caso de varias chicas menores de edad que denunciaron que circulan fotografías suyas desnudas manipuladas con inteligencia artificial en Almendralejo (Badajoz, en Extremadura). Ya son “varios” los menores identificados por su supuesta implicación y se tomaron siete declaraciones de siete víctimas, según confirmó el delegado del Gobierno de esa comunidad autónoma, Francisco Mendoza.

El caso estalló en los medios de comunicación este lunes, pero lo sucedido lleva sacudiendo a este pueblo extremeño unos cuantos días. Desde que comenzara el nuevo ciclo lectivo la semana pasada, varias familias se han ido enterando de la existencia de fotografías en las que sus hijas aparecían desnudas y de que se estaban moviendo rápidamente entre los celulares. El caso afecta a varios de los centros educativos que hay en el municipio.

“Parece ser que las fotografías empezaron a circular por un grupo de Whatsapp de chicos”, explica Fátima G., madre de una de las chicas. Ella se enteró el pasado miércoles por la noche, cuando la madre de otra niña amiga de su hija y también afectada la llamó para avisarle de que en el teléfono de la chica había visto la fotografía. “Le pregunté a mi hija y me enseñó una conversación de Instagram con un chico en la que este le pide dinero, ella dice que no y le manda su supuesta imagen desnuda”, cuenta la mujer.

“Me puse muy nerviosa, me dio un ataque de ansiedad. Las fotos han pasado por un montón de manos y, aunque sea mentira, que todo el mundo las vea pueden hacerles mucho daño. Hay niñas que lo están pasando verdaderamente mal porque se están metiendo con ellas a raíz de esto”, prosigue Fátima, una de las que ya ha interpuesto denuncia. Según le trasladaron los agentes, la Policía sospecha que la cuenta desde la que escribieron a su hija se trata de un perfil falso.

Los avisos de las chicas a sus familias y las llamadas entre unas madres y otras han acabado por destapar un caso que afecta al menos a 25 menores de entre 12 y 17 años. Son el número de madres que componen el grupo de Whatsapp creado para organizarse y apoyarse. “Al día siguiente me metieron en el grupo, que ya estaba formado por otras, pero sabemos que hay más que no quieren entrar, lo cual es entendible, cada uno lo lleva como puede...”, reflexiona Fátima.

Este mismo domingo fue incluida en el grupo la ginecóloga Míriam Al Adib, que contó lo que a su hija le había ocurrido a través de un directo en Instagram en su perfil, en el que tiene más de cien mil seguidores. Acababa de llegar de un viaje de Barcelona y una de sus hijas, de 14 años, le enseñó su imagen manipulada. “Por poco me da algo...Es tremendo el daño que le puedes hacer a una niña adolescente con esto. Me explica que son más chicas, que se han juntado en un grupo y que me va a llamar la madre de otra”, sostiene Al Adib.

La ginecóloga, que precisamente es divulgadora en temas de salud sexual, asegura que ha querido hacer el caso público por varios motivos: para “impulsar” a las víctimas a contarlo y hablar con sus figuras de referencia. “Había muchas que no querían denunciar porque tenían miedo”, explica Al Adib. Pero también para que los agresores “supieran que esto es un delito” y aquellos que comparten las imágenes, se ríen o revictimizan a las chicas “sean conscientes de que es muy grave y que están perpetuando el daño”.

Y es que de lo que más se habla este lunes en el grupo de Whatsapp que reúne a las afectadas es de las reacciones culpabilizadoras que muchas están recibiendo. “Tanto madres como hijas estamos compartiendo lo sucedido en las redes y nos estamos encontrando con mensajes en los que se ríen de ellas o incluso con comentarios como 'qué vergüenza, niñas que lo enseñan todo y luego se quejan' o 'no os hagáis las víctimas'”, relata Fátima.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, confirmó este lunes que en Almendralejo “se ha producido una denuncia por la utilización de imágenes de chicas menores simulando imágenes sin ropa”. Además, el caso fue puesto en manos de la Fiscalía de Menores. “Tan pronto se tiene en conocimiento de la identidad de los menores se pone en su conocimiento para que decida lo que corresponda”, señaló.

Finalmente Mendoza rogó también a los medios que traten con “cierta discreción” el asunto porque “todas las personas que se encuentran implicadas en el mismo, tanto las víctimas como los posibles autores, son menores de edad”.

Una serie de mensajes supuestamente enviados por Ezequiel Guazzora fueron claves para probar su responsabilidad en una investigación iniciada contra el periodista por presunta corrupción de menores. Por este motivo la Justicia pidió su detención, aunque por el momento se encuentra prófugo.

En los mensajes dados a conocer este jueves se puede leer cómo del contacto que supuestamente pertenece a Guazzora, la persona que escribe le ofrece dinero a una mujer para abusar de su hija menor de edad.

El periodista, de 40 años y conocido por su cercanía al kirchnerismo, fue denunciado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La organización presentó varias capturas de pantalla de los chats que el sospechoso mantuvo con una mujer de 44 años, quien ya fue arrestada.

Los mensajes fueron enviados a través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual Guazzora suele mostrar sus entrevistas callejeras y su militancia a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que ya forman parte del expediente.

En los mismos, se lee el pedido de menores a la mujer y dicen explícitamente: “La voy a violar para vos... Me la hubieras dejado cuando tenía ocho añitos”.

Asimismo, en ese intercambio de mensajes, la mujer le envió un número de CBU para que el periodista le transfiera el dinero pactado, unos 100 mil pesos en ese caso, aunque el monto podía variar de acuerdo a las exigencias del acusado.

La conversación incluye más diálogos escabrosos entre ambos, en los cuales quien escribe en la cuenta de la red social pregunta “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle plata a la madre?”

Guazzora pide que lo dejen “defenderse en libertad”

Guazzora, quien fue declarado “rebelde” y con una orden de detención acusado de abuso sexual contra una menor de edad, rechazó los cargos y pidió a la Justicia que lo dejen defenderse “en libertad”.

El juez de instrucción Santiago Bignone, dictó el 14 de agosto pasado la orden de detención en una causa en la que Guazzora está acusado de haber pactado con la madre de una niña de 15 años una relación sexual a cambio de dinero.

“Es una situación paradojal. Sé que nunca tuve relaciones sexuales con ninguna persona menor de edad, mucho menos por precio y mucho menos aún pactándolo con la madre de esa supuesta persona”, afirmó Guazzora en un escrito con su firma presentado ante el juez Bignone.

El periodista también se quejó porque el Juzgado no aceptó la designación de su abogado, Adrián Albor, como su defensor, con el pretexto de que “al rebelde no se lo escucha”.

“A esta altura, solo sé que se me acusa de un abuso sexual de una persona menor de edad, entre otras calificaciones del mismo hecho, que habría sucedido en mi casa, previo haber pactado con la madre de la persona menor de edad (no sé si habría sido, supuestamente, un niño o una niña), un precio”, reflexionó en el escrito.

“No sé la fecha, no sé quién es la madre, no sé quién es el menor de edad, no sé si hubo una declaración testimonial, no sé si se hizo en cámara Gesell, no sé si hay alguna pericia médica o psicológica”, aseguró.

Guazzora denunció que “en el Manual del Buen Inquisidor se enseñaba que, en determinado momento, había que proponerle al acusado de herejía el reconocer su crimen para que cesara el tormento. Esas prácticas cayeron en desuso”.

“Quiero defenderme, pero se me pide hacerlo desde la cárcel, y eso no es justo”, insistió.

Guazzora presentó múltiples escritos a través del abogado Albor en los que pidió la exención de prisión, la posibilidad de declarar espontáneamente, la garantía de no quedar detenido porque no existen riesgos procesales y denunció que es víctima de una persecución política.

“Me quieren hacer cerrar la boca. Con un teléfono celular y una gorrita me enfrenté durante cuatro años al régimen macrista, llegando a tener millones (no es una expresión, son varios millones) de visualizaciones en YouTube”, subrayó.

“Déjenme defenderme en libertad y bánquense lo que tengo para decir. Y si me condenan, iré preso, que será una medalla en mi pecho el sufrir persecución política”, reclamó.

“Si bien sería muy grave la acusación en mi contra, no menos cierto es que existe la posibilidad de que yo sea inocente. Y no hace falta meterme preso por las dudas”, completó.

Con información de NA.

IG

El reconocido presentador británico de la BBC, Huw Edwards, fue identificado como el periodista en el centro de las polémicas acusaciones de conducta sexual inapropiada, según un comunicado de su esposa, Vicky Flind, que reveló la principal empresa de medios de comunicación pública del Reino Unido.

En medio de especulaciones sobre quien era el presentador acusado, Flind rompió el silencio y reveló que su esposo se encuentra actualmente hospitalizado por “graves problemas de salud mental”.

“Estoy emitiendo esta declaración en su nombre después de días de especulaciones”, señaló la esposa en el comunicado, subrayando que su principal preocupación era el bienestar mental de Edwards y la protección de sus hijos.

La declaración pone fin a los rumores que se habían estado propagando, pero abre un nuevo capítulo en una historia que sacude a la BBC y a la audiencia del popular presentador.

Edwards fue denunciado por la madre de un adolescente de 20 años, luego que habría aparecido en ropa interior en una videollamada con su hijo cuando tenía 17 años y supuestamente de haberle pagado dinero a cambio de fotos pornográficas.

Las acusaciones se volvieron públicas por primera vez a través del tabloide The Sun, quien afirmó que Edwards había pagado más de 35 mil libras esterlinas (aproximadamente 45 mil dólares) a un menor a cambio de “fotos sórdidas” durante un período de tres años.

Los detalles de la identidad y el género del menor no fueron revelados, aunque se alega que el dinero recibido fue utilizado para financiar una adicción al crack.

El martes también surgieron nuevas afirmaciones hechas por un segundo joven contra Edwards.

Esta persona, que no está conectada a la historia publicada en The Sun, afirmó que fue contactada de forma anónima por el presentador en una aplicación de citas y que, después de insinuar en línea que podría nombrar al presentador, recibió mensajes abusivos y llenos de palabrotas.

La BBC compartió su cronología interna de los eventos relacionados con las acusaciones, mencionando que un miembro de la familia del joven afectado se acercó a ellos con la denuncia el 18 de mayo.

Sin embargo, a partir del 6 de julio, después de que el tabloide The Sun informara a la BBC sobre las acusaciones, Edwards fue retirado del aire mientras se realizaban investigaciones, y finalmente suspendido el 9 de julio.

En medio de su investigación interna, es probable que la BBC considere nuevas acusaciones contra Edwards.

Esto podría llevar a la conclusión de que el famoso tiene un caso que responder de acuerdo con los términos de su contrato, incluso si sus acciones no resultaron ser ilegales.

Según The Sun, no presentarán más acusaciones contra Edwards, pero han entregado un “expediente” de material inédito que contiene acusaciones graves y de gran alcance, algunas de las cuales provienen del personal de la BBC.

Edwards comenzó su carrera en la estación de radio Swansea Sound y rápidamente ascendió al unirse a la BBC en 1984.

Durante su tiempo en la BBC, Edwards se convirtió en uno de los presentadores más queridos y respetados de la cadena.

Presentó los principales programas de noticias del canal, incluido el “Six O'Clock News” de 1999 a 2003, durante el cual se convirtió en el programa más visto en el Reino Unido y posteriormente el “News at Ten”.

En los últimos años, se le ha encomendado la cobertura de la realeza de la BBC, lo que incluye el anuncio de la muerte de la reina y la cobertura de la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, así como las bodas del príncipe Guillermo y del príncipe Harry.

El escándalo actual es uno de los varios que la BBC ha enfrentado a lo largo de su historia y ha generado críticas considerables sobre el manejo de la situación por parte de la corporación.

La BBC insiste en que manejó el asunto con la debida seriedad y diligencia y continuará su investigación interna.

Esta no es la primera vez que la emisora pública británica queda en medio de escándalos sexuales, como el caso del presentador Jimmy Savile, que abusó y agredió a menores.

Con información de Télam.

IG

La emisora pública británica BBC suspendió a un presentador masculino de su plantel acusado de haberle pagado a un adolescente para que le envié fotos explícitas, aunque se mantuvo la reserva en torno a su identidad.

“La BBC toma en serio cualquier acusación y contamos con sólidos procesos internos para tratar de manera proactiva con tales acusaciones. Este es un conjunto de circunstancias complejas y de rápido movimiento y la BBC está trabajando lo más rápido posible para establecer los hechos a fin de informar adecuadamente los próximos pasos apropiados”, dice un comunicado oficial reproducido en el sitio de Hollywood Variety.

Y añade: “Es importante que estos asuntos se manejen de manera justa y con cuidado. Hemos dejado claro que si, en algún momento, sale a la luz o se nos proporciona nueva información, se actuará de manera adecuada y se realizará un seguimiento activo”.

Acto seguido, el texto destaca que la emisora “se enteró por primera vez de una denuncia en mayo” y que el pasado jueves se presentaron “nuevas denuncias de diferente naturaleza”, a la vez que se realizaron “consultas propias” en cumplimiento de protocolos propios.

“Podemos confirmar que un miembro masculino del personal ha sido suspendido. Esperamos estar en condiciones de proporcionar una actualización adicional en los próximos días a medida que continúa el proceso. La junta de la BBC continuará manteniéndose actualizada”, sentencia el escrito.

Ante el estado público que habían tomado los rumores, el Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido había expresado su preocupación y había instado a la BBC “como emisora de servicio público que recibe fondos públicos” a que investigue el caso “con urgencia y sensibilidad”.

El escándalo había estallado el viernes pasado por una publicación del diario sensacionalista The Sun que contaba el caso y publicaba declaraciones de la madre de la presunta víctima, quien confirmaba todo y aseguraba que su hijo había utilizado el dinero para comprar drogas.

A raíz de la protección de la identidad del acusado y los muchos rumores que circularon, varios presentadores estrellas de la BBC debieron salir a aclarar que no se trataba de ellos, como el caso de Jeremy Vine, Rylan Clark y el ex futbolista Gary Lineker.

Con información de Télam.

IG

Para llegar a la casa, un conjunto de cuatro sencillas construcciones de adobe, hay que recorrer 30 kilómetros de una carretera estrecha desde la ciudad más cercana, y luego dos más por un camino de arena rojiza. Allí vive S., la niña de 13 años que tiene en vilo a Marruecos. Y a unos cuantos metros, sus violadores.

S. tenía solo 11 cuando fue violada repetidamente por tres hombres, quedó embarazada y tuvo un bebé. Superado el miedo a las represalias, su padre denunció, pero la sentencia dictada hace unos días cayó como un ladrillo: entre un año y medio y dos años de cárcel para los agresores.

La resolución que condena a Karim A. (36 años), Abdeluahed B. (29 años) y Yusef Z. (22 años y sobrino de Karim) ha levantado la indignación en el país magrebí y puesto sobre la mesa el que parece un problema endémico de la justicia: las penas laxas que se aplican a los violadores.

Según un estudio elaborado en 2020 por el colectivo feminista Masaktach (No me callo) analizando 1.169 casos de los 21 juzgados de primera instancia de Marruecos, un 80 % de los condenados por violación recibe una pena inferior a 5 años. En la práctica, están en prisión una media de 3 años y 1 mes.

La ley marroquí estipula entre 5 y 10 años de cárcel para este delito, que eleva a entre 10 y 20 si la víctima es menor y hasta 30 si pierde su virginidad. Este último es el caso de S., pero un tribunal de Rabat aplicó tres atenuantes y redujo la condena a la mínima expresión.

DOS DE LOS AGRESORES, A 30 METROS

S. dio a luz hace un año a un niño, al que cuidan sus padres y su abuela en una región al este de Rabat que vive, a duras penas, de la agricultura y la ganadería. Su familia cultiva un par de hectáreas con patata, calabaza y cereales cerca de un río casi seco.

Mohamed, su padre, recibe estos días muchas llamadas de periodistas que quieren verle. Él y la pequeña S. acompañan a EFE en el coche camino a casa y el móvil no para de sonar. La niña, con chándal rosa, huye de las miradas con cuerpo encogido. Cuando habla, su voz suena grave como de adulta, y se toca nerviosa las manos.

Al llegar, dos perros ladran, algunas gallinas esquivan el coche y la abuela sale a saludar. Se llama Jaiat y tiene, según dice, “más de 50 años”, pero sus arrugas sugieren muchos más. Ella y Mohamed, su hijo, explican que todo empezó en 2021, cuando el abuelo enfermó.

“(Los violadores) venían para ver a mi padre. Agredieron a la niña. Cuarenta días después de morir mi padre, fui al mercado y un hombre me contó la historia. Me mareé, no sabía qué decir. Es una niña pequeña que no sabe”, dice.

Cuenta que dos de los agresores viven a 30 metros de su casa. Son Karim y Yusef, tío y sobrino, que han visto a S. crecer. La madre de Karim, dice Mohamed, era prima de su padre. El tercer violador vive a 400 metros.

UNA “CULTURA DE LA VIOLACIÓN”

S., dice Mohamed, ya no es la misma. “No sabe si es niña o adulta, vive en un vacío. No quiere jugar con sus hermanos”. Y ha empeorado desde la sentencia, que hoy se comienza a revisar en un tribunal de apelación de Rabat.

Mohamed llegará al final pidiendo justicia para su hija. Fue él quien denunció, pasando por encima del miedo. “La familia de ellos me presionó para no ir a la policía, pero no acepto la sentencia, no quiero que se repita. Lo hago por mis hijos y los hijos de los demás”.

El caso de S. remueve al país y el ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, ha prometido penas más duras. Pero para plataformas como Masakatch, el problema empieza por los policías, fiscales y jueces.

Según Loubna Rais, una de sus miembros, en Marruecos hay extendida una “cultura de la violación” que “no se para a las puertas de los tribunales”, donde se “banaliza la violencia que sufren las mujeres y niñas, se minimiza su sufrimiento”. “Si se aplicaran las penas tal y como están previstas en la ley, ya sería un logro”, opina.

MIEDO, ESPERANZA Y LUZ

La abuela de S., vestida con bata rosa y delantal, teme el momento en que los violadores salgan de la cárcel. “S. les tiene mucho miedo. Se morirá de un infarto o se tirará a un pozo si los ve”, asegura.

La niña, dice, está bien porque desde hace cuatro meses estudia para ser peluquera en Tiflet, gracias a la ayuda de la asociación Insaf. “Quiero trabajar en un salón”, confirma ella esperanzada, esbozando una sonrisa.

Lejos de sus oídos, preguntada por lo que pasó, la cabeza de la abuela se va directa a cuando nació su bisnieto, un pequeño vivaracho, de ojos grandes, “vergonzoso” y al que le encanta jugar.

Ese día, explica sonriendo, entre lágrimas y mirando al cielo, volvió la electricidad a la aldea después de un año sin corriente. “Es como si nos hubiera traído la luz”.

María Traspaderne, para la agencia EFE.

IG

Marcelo Corazza fue liberado este lunes por el juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento, pero continúa procesado en la causa en la que se le imputan los delitos de corrupción de menores de 13 años y exhibiciones obscenas, según fuentes judiciales.

El ganador de la primera edición de Gran Hermano en 2001 fue embargado en 2 millones de pesos y recuperó su libertad desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde está detenido desde hace varios días luego de la denuncia que hicieron dos jóvenes en octubre del año pasado.

En tanto, los imputados restantes Francisco Rolando Angelotti -sindicado como líder de la organización-, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet continúan detenidos, ya que el juez los considera con riesgo de fuga.

En cuanto a la situación procesal de Corazza, el magistrado determinó que deberá responder “en calidad de autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de trece años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de trece años”.

De todos modos, Sánchez Sarmiento consideró que en su caso “los hechos hasta aquí probados me llevan a afirmar que su situación merece un tratamiento diferente al de sus restantes consortes de causa”. Es por eso que ordenó el procesamiento sin prisión preventiva e inmediata libertad para Corazza, y trabar embargo hasta alcanzar los dos millones de pesos.

Angelotti, Mermet y Charpenet fueron imputados por ser “coautores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravado por la cantidad de víctimas, perpetrado en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”. Se consignó a Angelotti como “coautor de los delitos de abuso sexual continuado con acceso carnal, gravemente ultrajante, perpetrado en contra de menores de trece años”.

Teniendo en cuenta las imputaciones y “la expectativa cierta de una severa pena de prisión de efectivo cumplimiento”, el juez consideró que es posible “presumir fundadamente” un riesgo de fuga por parte de los acusados restantes.

Recuento de la causa

Las cuatro detenciones fueron realizadas el lunes 20 por efectivos de la División Trata de Personas, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad tras seis allanamientos realizados en Oberá, Misiones y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.

Si bien hasta ahora se ordenaron cuatro arrestos, la investigación judicial continúa porque los investigadores están convencidos que la organización está integrada por más involucrados aún no individualizados.

De acuerdo con la imputación, a los cuatro se les acusó de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

Por su parte, Corazza está mencionado en un único hecho ocurrido, “luego de 2001” según el denunciante, cuando ya había ganado el reality y lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur, donde se dio una situación de abuso.

Para los investigadores, los abusos ocurrieron con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos 1999 hasta la fecha.

En el expediente, las víctimas declararon que los abusos ocurrían en autos particulares, domicilios y albergues transitorios y algunos de los lugares mencionados fueron Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, Castelar y General Rodríguez.

La investigación comenzó el 24 de octubre del 2022, luego de que un testigo de identidad reservada denunció que había sido abusado sexualmente cuando él tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por uno de los ahora detenidos a quien solo podía individualizar por su nombre de pila y que luego lo hizo tener relaciones sexuales con otros de los acusados.

Los imputados, como parte de un plan para lograr la confianza y la captación de la voluntad de sus víctimas, los invitaban a viajes, les compraban ropa o les conseguían trabajos. Algunas de las víctimas eran captadas en plazas, otras en sitios de chats en Internet y hasta hay mencionada una escuela de teatro en un centro cultural del barrio de Almagro.

IG/LC con información de agencias

Un hombre golpeó brutalmente a su hija tenista, una adolescente de 14 años, durante un entrenamiento en Serbia y, luego de que se conocieran las imágenes, la Fiscalía de aquel país emitió una orden de búsqueda y captura contra el agresor.

Según se puede ver en las imágenes difundidas por Igor Juric, activista contra el maltrato infantil, y viralizadas en las redes sociales, el padre de la deportista le propinó golpes de puño, patadas y la agarró del pelo hasta tirarla al suelo.

El hecho ocurrió en el club Estrella Roja de Belgrado y la persona que filmó lo ocurrido aseguró que el hombre es, además del padre, el entrenador de la joven tenista.

Según confirmó Juric, luego de identificarlos realizó la denuncia, por lo que la Fiscalía de Serbia emitió una orden de búsqueda y captura para detener al atacante de su propia hija.

“Puedo decir que estoy un poco conmocionado, esta es una de las muchas cosas terribles que hemos visto. Es importante ver cómo reaccionarán las instituciones, porque se trata de un ciudadano extranjero”, expresó quien dio a conocer lo sucedido.

Y agregó: “Tenemos las identidades tanto de la víctima como del abusador, ¡Presentaremos una denuncia penal! Esto sucedió en Belgrado en las canchas de tenis de Crvena Zvezda”.

“Los entrenadores que trabajaron con ella dicen que es una niña excepcional, y el motivo de este comportamiento violento supuestamente fue que uno de los entrenadores, que estaba en ese momento con la joven, dijo que no se esforzaba lo suficiente y que ella no quería moverse para hacer lo que se le pedía”, detalló Juric.

“Supuestamente, esta fue la razón de esta violencia cruda y brutal que sucedió. Estos son ciudadanos chinos, pero no puedo decirles cuántos más viven en Serbia. Sé que visitaron otros clubes de tenis. Lo que sí sé es que el padre maltratador no habla serbio”, explicó el activista.

Con información de NA

El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado 28 años de cárcel a un profesor de un colegio de la localidad de Alcobendas que acosó sexualmente a través de Instagram a cinco alumnas menores de edad. Un pedófilo que aprovechaba su condición de profesor para contactar con las menores por internet, a veces con su nombre y a veces haciéndose pasar por otra niña, y que fue cazado cuando una de las víctimas puso en conocimiento de la dirección del colegio lo que estaba pasando. El docente, según fuentes del caso, ya ha llevado su condena hasta el Tribunal Supremo para intentar evitar su entrada en prisión.

Las sentencias del caso, que ha podido examinar elDiario.es, relatan que este profesor llegó al colegio en octubre de 2018 para dar clases de Lengua, Latín e Inglés desde 2º de secundaria hasta 2º de bachillerato. En apenas un año –lo que tardó en ser descubierto, denunciado y despedido– mantuvo contactos sexuales con hasta cinco alumnas menores de edad. Contactos que empezaban a través de Instagram con temas inofensivos o incluso escolares pero que derivaban en conversaciones de contenido sexual y envíos de fotos y vídeos íntimos por parte del pedófilo. A veces usaba su nombre y a veces se hacía pasar por jóvenes llamadas “martita” o “laia”.

La documentación del proceso judicial revela que la dirección del colegio descubrió lo que estaba pasando un año después, cuando una de las víctimas remitió a la jefa de estudios uno de los vídeos sexuales que el profesor había enviado. Pero para entonces este docente ya había llamado su atención. El colegio encontró una intervención en un blog de internet donde el profesor afirmaba que “le gustaban las adolescentes lascivas”. Según relataron en el juicio los testigos, la entrevista desapareció de internet a las pocas horas pero poco después llegó la primera denuncia de una alumna: le había enviado un vídeo de contenido sexual.

El Policía Nacional que monitorizó los registros en mayo de 2020 en su casa de Madrid lo explicó abiertamente: “Su forma de actuar es la de un depredador sexual. Con su posición de profesor generaba acercamiento y confianza para tratar temas más personales y luego de carácter sexual”, explicó en el juicio. En su casa almacenaba material pedófilo de sus víctimas en teléfonos, dispositivos y discos duros. Incluso había creado un grupo en una de estas aplicaciones en la que había incluido a varias de sus víctimas para enviarles material, creado con un nombre de contenido sexual para referirse a ellas. En uno de los casos llegó a perpetrar abusos sexuales.

En sus distintas declaraciones el docente intentó negar los hechos pero para la Justicia ha reiterado en varias ocasiones que la declaración de las víctimas, unidas al resto de pruebas, no dejan margen para la absolución. Un total de 28 años de prisión por cinco delitos de ciberacoso sexual infantil, cuatro delitos de exhibicionismo, otro de abuso sexual y dos de elaboración y posesión de pornografía infantil que ahora confirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia, recurrida ya ante el Tribunal Supremo, también le prohíbe volver a trabajar con menores de edad durante medio siglo, lo que en la práctica por la edad del acusado constituye una prohibición de por vida.

Ansiedad, depresión y suicidio

Ninguno de los jueces que ha estudiado el caso ha dudado del testimonio de las víctimas, todas menores de edad en el momento de los hechos. “Las manifestaciones de las víctimas son categóricas”, dicen el TSJM en su sentencia. Todas relataron a lo largo del proceso cómo el acusado contactó con ellas con el pretexto de hablar de cosas escolares y cómo esas conversaciones se adentraron poco a poco en el terreno sexual. Una de ellas relató cómo el pedófilo se desplazó hasta su lugar de veraneo para intentar quedar con ella, haciéndole fotos a escondidas cuando paseaba con sus amigas.

Las sentencias también reflejan las consecuencias que tuvo para ellas estar expuestas durante meses a este depredador sexual. Ansiedad, depresión e incluso intentos de suicidio, según relató la madre de una de ellas a la Audiencia Provincial de Madrid durante el juicio. El acusado también tiene que indemnizar a las jóvenes y los jueces han tenido en cuenta, a la hora de modular su condena, que adelantó una cantidad antes de ser condenado.

Según los datos del Registro de Delincuentes Sexuales, analizados por el INE y publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2019 hubo un total de 3.401 personas condenadas por delitos sexuales. El mayor porcentaje corresponde a personas condenadas por abusos (1.218) y un total de 529 cumplieron condena por abusos a menores de 16 años. Fueron 620 personas las condenadas por prostitución y corrupción de menores, todos delitos cometidos por este profesor que ahora tendrá que esperar una resolución firme del Tribunal Supremo.

Protected Childhood llevó adelante este jueves, con la participación de autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de la Argentina y otros seis países, un operativo internacional llamado “Luz Infancia IX”, cuya logística empezó hace varios meses, destinado a combatir una red de tráfico de imágenes de abuso sexual infantil.

Se trató de 69 allanamientos conjuntos en 14 provincias de la Argentina (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Entre Ríos, Chubut, Chaco, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa) y distintas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Panamá.

La investigación Protected Childhood (Infancia protegida) fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil en 2017, quienes denominaron Operativo Luz de Infancia a las acciones que fueron llevando a cabo desde entonces.

Como parte de este operativo, en 2019 fue condenado a ocho años y medio de prisión el médico del Hospital Garrahan Ricardo Russo, responsable de producir y consumir imágenes de explotación sexual infantil.

Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró ante la prensa que la Argentina “históricamente tuvo un muy alto índice de consumo en materia de explotación sexual infantil. Es muy prematuro hablar de la cantidad de detenidos en cada país, al momento Argentina lleva 30 detenidos y a nivel regional, 60”, detalló.

Asimismo, el funcionario judicial resaltó “el compromiso de las Fuerzas de Seguridad a nivel Nacional, Provincial y Regional. El operativo nace con la colaboración de Estados Unidos, de Brasil y un operativo en conjunto con distintos países como Panamá, Paraguay y Costa Rica. Si esto no se hace de manera coordinada y en conjunto con una profesionalidad como la que demostramos acá, la verdad que es muy difícil avanzar en un delito tan aberrante como este”, sostuvo.

Por su parte, Marcelo D' Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, destacó “el trabajo del Fiscal General y de todo el equipo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Se trata de un delito trasnacional. Ahora estamos esperando los resultados finales en función de los 70 allanamientos”, explicó y detalló que hay “30 detenidos y todos los dispositivos electrónicos secuestrados hay que peritarlos. Estuvieron trabajando la Policía de la Ciudad, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, coordinados por la fiscal que lleva la causa, que es la Doctora Dupuy”. Y agregó: “Hay que actuar en forma coordinada y en simultáneo, rápido para que no borren ninguna prueba”.

Con información de agencias.

IG