El próximo 21 de octubre inicia en Cali, Colombia, la edición 16 de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), mejor conocida como la COP16 de biodiversidad. 

Después de arduos trabajos encabezados por una presidencia conjunta entre China y Canadá, que culminaron en diciembre de 2022 con la aprobación del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés), los asistentes a la próxima COP16 enfrentarán como principal reto el acordar el marco de monitoreo.

El encuentro durará dos semanas y culminará el 01 de noviembre. Más allá de los objetivos técnicos de la cita, Colombia hará pesar su condición de país anfitrión para impulsar una agenda política basada en la unión de los países megadiversos para equiparar globalmente la biodiversidad a la emergencia climática, en un espíritu inspirado en el proceso de paz con las guerrillas del país que hace eco de un lema de Naciones Unidas: hacer la paz con la naturaleza.

Del marco de biodiversidad al marco de monitoreo

Que nadie se confunda entre ambos marcos. El protagonista absoluto es el aprobado en Montreal hace dos años, pues contiene los cuatro objetivos y 23 metas globales acordadas por 188 países firmantes de la convención para “frenar y revertir” la pérdida de biodiversidad en el planeta. Es, en sí, el acuerdo global para coordinar los esfuerzos en la materia durante esta década que termina en 2030.

Entre sus objetivos está detener la extinción de especies inducida por los humanos para 2050, y como metas destacan la conservación del 30% de la superficie terrestre para el 2030, acercar a cero la pérdida de superficies de suma importancia para la biodiversidad y aumentar el financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo en por lo menos $30.000 millones anuales.

El marco adoptado en Montreal es en sí mismo una victoria de la diplomacia internacional, pero el trabajo aún está lejos de terminar, explicó Úrsula Parrilla, directora para México, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 

“La adopción del Marco representa un logro enorme para el multilateralismo. Sin embargo, el camino a recorrer es largo y requerirá de voluntad política, recursos financieros y mejores capacidades técnicas para abordar los enormes retos que aún enfrentamos”, agregó.

Sin embargo, dada la complejidad en el manejo de la biodiversidad global, es imposible seguir estos objetivos y metas sin una metodología precisa. ¿Cuáles son las especies en peligro de extinción en las que se centrarán los esfuerzos? ¿Cómo sabemos que se está conservando el 30% de la superficie terrestre? ¿Qué dinero se contabiliza como financiamiento y cómo sabemos que se ha canalizado efectivamente al proceso? Esas son las preguntas que buscará responder el marco de monitoreo que se deberá aprobar en Cali.

“El marco de biodiversidad tiene metas, pero el marco de monitoreo tiene los indicadores; así que este último es la carnita para monitorear el cumplimiento del marco global de biodiversidad”, explicó Hesiquio Benítez, biólogo y delegado mexicano con décadas de experiencia en las negociaciones del CDB.

De este marco de monitoreo no solo importa su aprobación, sino que ocurra lo más pronto posible para habilitar el GBF. Este es uno de los aprendizajes clave de las Metas de Aichi, que precedió al Marco Mundial Kunming-Montreal en la década de 2010 al 2020, así lo destacó Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina (FARN), quien recordó que el marco de monitoreo de Aichi se aprobó en 2016, cuando solo faltaban cuatro años para que se venciera el plazo definido para el cumplimiento de sus metas.

“En este caso (el marco Kunming-Montreal) los países se propusieron que no pasara más de una COP después de su adopción para tener su marco de monitoreo. Y de hecho se aprobó una versión preliminar en la COP15”, comentó Di Pangracio.

La versión del marco de monitoreo aprobada en Montreal en 2022 no identificaba metodologías, datos, metadatos o fuentes de información para muchas de las 23 metas. Todos esos huecos han sido subsanados durante los últimos dos años por un grupo de trabajo técnico presidido por Benítez, el Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (SBSTTA, por su sigla en inglés).

En mayo, durante la última reunión de este grupo, se dieron “muchos avances” y se produjo un documento de casi 400 páginas que contiene las letras pequeñas del marco global de biodiversidad y todos los tecnicismos que lo harán posible, explicó Benítez. Y aunque es producto del trabajo técnico de especialistas, para oficializarse necesita — como todas las decisiones del CDB— ser aprobado por unanimidad en la asamblea plenaria.

“Hace falta entonces que, en esta COP en Cali, se adopte la versión corregida y aumentada de este marco de monitoreo. No van a cambiar de fondo los indicadores, pero si el acceso a las fuentes de información para que los países las usen en sus informes nacionales, donde demuestren sus avances en la implementación del marco mundial de biodiversidad”, agregó Benítez.

Planes y estrategias nacionales, en la mira

Para hacer realidad sus metas globales, el Marco Mundial Kunming-Montreal depende del trabajo que cada país realice cuidando la biodiversidad que tiene en casa. Para ello, cada uno debe elaborar y presentar su ruta de acción, lo que en el lenguaje del CDB se conoce como Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (o NBSAP, por su sigla en inglés).

Si bien la primera revisión formal de estos planes y estrategias nacionales se realizará en la COP17 en 2026, se esperaba que los países firmantes compartieran estas propuestas actualizadas antes del inicio de la COP16. Pero, al 01 de agosto, cuando venció el plazo marcado por el CDB, solo 16 países habían presentado planes —ningún país latinoamericano entre ellos— y 61 países solo presentaron metas, que es el segundo mejor escenario.

Para Maritza Florian, especialista en cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Colombia, esta es “una señal un poco preocupante”.

“Los tenían que presentar antes de esa fecha para que quedaran registrados por la secretaría (de CDB), que va a hacer un reporte de revisión de los planes presentados para que en la COP se discuta cómo va ese ítem de negociación”, dijo Florian.

Con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y acceso a financiamiento para la actualización de los planes y estrategias nacionales, el gobierno colombiano habilitó la plataforma NBSAP Accelerator Partnership, que ya ha vinculado a delegaciones de Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y México.

Negociadores y observadores de Colombia, México y Argentina han confirmado que en sus países se han realizado procesos amplios de trabajo de las NBSAPs en los últimos meses.

Di Pangracio, por su parte, destacó cómo la sociedad civil no sólo está participando y dando insumos para la elaboración de las NBSAPs, sino que estará dándoles seguimiento una vez terminadas. “Vamos a ver qué países enviaron sus estrategias, qué es lo que proponen y, por supuesto, conforme a las capacidades de organizaciones sociales, haremos un análisis de qué es lo que dicen, qué han integrado de nuestros aportes, qué les falta y qué margen de mejora hay”, dijo.

Por su parte, Parrilla señaló el sentido de urgencia en el contexto del Marco Mundial Kunming-Montreal: “Nos quedan apenas cinco años para reportar sobre este marco, por lo cual es necesario actuar sin postergar ni sacrificar un aspecto sobre el otro. Los países deben presentar sus NBSAPs actualizadas, ambiciosas, basadas en la ciencia y en la evidencia, y alineadas con el GBF”, indicó.

“Hacer la paz con la naturaleza”

Esta frase originalmente fue pronunciada por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en 2020 cuando definía la “tarea definitoria” de este siglo ante la “guerra” que actualmente libramos contra la naturaleza. Luego, en medio de la pandemia por Covid-19, se popularizó como título de un reporte presentado  por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en 2021.

Bajo la presidencia de Gustavo Petro y el liderazgo de su ministra del Ambiente, Susana Muhamad, Colombia adoptó como suya esta idea, pues resuena con el proceso de paz entre el gobierno y las últimas guerrillas del país, que tuvo como momento cumbre la firma de los acuerdos de 2016.

No es una analogía forzada. Como parte de los esfuerzos de paz —recordaba la ministra Muhamad a mediados de agosto pasado, al inaugurar el primero de varios foros sobre biodiversidad de cara a la COP16— gobierno y sociedad colombianos han tenido que trabajar por la estabilidad ecológica en los territorios en conflicto como vía para alcanzar una estabilidad social duradera.

El gobierno ha trabajado por dejar de rociar glifosato sobre las selvas que albergaban plantíos de hoja de coca. Hoy firmantes de los acuerdos de paz, antes en conflicto, acompañan las expediciones botánicas en territorios antes tomados por la guerrilla, mientras que el turismo de naturaleza se empieza a abrir paso contribuyendo al equilibrio socioambiental.

“No queremos ponernos en una posición moral por encima, pero sí podemos compartir nuestras experiencias como sociedad”, indicó Muhamad. “Las víctimas le están diciendo a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre cómo parte de la restauración del conflicto es la restauración ecológica de los territorios (…) que los acuerdos son la vía”, continuó.

Florian considera acertada la apuesta narrativa y política de la presidencia colombiana para esta COP, pues asegura que permite crear sinergias con agendas como las de derechos humanos, género y reducción de la desigualdad, plasmados por ejemplo en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Ahí van a plantear esa lógica de que no estamos en paz con la naturaleza porque tenemos relaciones extractivistas conflictivas con la naturaleza que desencadenan entornos hostiles que en última instancia también tienen mucha relación con conflictos y violencias de todo tipo, desde ontológicas o reproducir desigualdades sociales históricas, hasta designación de recursos para temas diferentes a la conservación de la naturaleza y el capital natural”, mencionó Florian.

“Tenemos mucha expectativa de dónde van a aterrizar y qué puede salir de algo tan elocuente y un flagship (nave insignia) de paz con la naturaleza. Quizá una declaración política, pero a eso qué le vamos a asociar. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento?”, cuestionó.

Como resultado de la COP16, según ha explicado Muhamad, Colombia espera ver “el lanzamiento de una coalición multiactor, multisectorial, mundial, de paz con la naturaleza, que sea como una gota que genere una gran ola de cambio hacia una agenda”.

A contrapelo del discurso del Ministerio de Ambiente, disidencias de los grupos guerrilleros han insinuado amenazas contra la realización de la COP16 y contra la agenda ambiental del gobierno colombiano. 

En julio pasado, en medio de los preparativos para la cumbre, una fracción disidente del grupo Estado Mayor Central (EMC) sentenció a través de la red social X: “la COP16 fracasará aunque militaricen con gringos (estadounidenses) la ciudad”, lo que llevó a la administración del presidente Petro a aumentar las medidas de seguridada y a reiterar públicamente sus garantías para la COP16. 

Una COP muy cargada

Para Benítez, las negociaciones sobre biodiversidad son “un proceso en varias pistas y carriles”, que incluyen diferentes instituciones, órganos y acuerdos.

Por ejemplo, durante la COP16 también se realizará la COP11 del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y la COP5 del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación equitativa en los beneficios. Ambos protocolos creados y operativos bajo el marco del CDB.

Simultáneamente, las negociaciones tendrán como referencia inmediata a la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y tener en el radar de manera más lejana a las convenciones de Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) y desertificación de la tierra (CNULD) y el Convenio Ramsar, entre otros.

“Será una COP muy cargada de trabajo”, aseguró Benítez.

A esta carga de trabajo se suma la agenda de Colombia como anfitrión. Además de detonar un proceso de paz con la naturaleza, la ministra Muhamad ha hecho pública su intención de lograr una coalición de los países megadiversos (por ejemplo: China, India, Indonesia, Colombia, México, Perú, Ecuador y Brasil) que pueda posicionar “una nueva lógica económica internacional” basada en la valoración de la biodiversidad como activo económico, por ejemplo, en el que se dé reconocimiento financiero a los servicios ambientales provistos por estos países a través del cuidado de la biodiversidad.

“Necesitamos posicionar que cuidar la biodiversidad, cambiar la sociedad para estar con la naturaleza como una aliada y generar ese reverdecimiento del planeta es igual de fundamental que la transición energética y la descarbonización”, indicó Muhamad.

Desde las negociaciones que culminaron en 2022 con el nuevo marco de biodiversidad, los pueblos indígenas han ocupado un rol protagónico por su capacidad de conservar el 80% de la biodiversidad que sobrevive en el planeta, aun siendo solo el 5% de la población global. Pero, la IUCN insiste en que lo logrado no es suficiente.

“Una asignatura pendiente sigue siendo el pleno reconocimiento de la contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad”, mencionó Parrilla. “Mucho se ha logrado en este aspecto, pero debemos redoblar esfuerzos y salir de la COP 16 con un nuevo Programa de Trabajo sobre el Artículo 8(j) claramente alineado con el GBF y que incluya formas de evaluar su implementación. También se necesitan nuevos arreglos institucionales que permitan una mayor participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el trabajo de la convención y en la implementación del marco mundial de biodiversidad”, añadió.

El Marco Mundial Kunming-Montreal se fijó como meta movilizar al menos $200.000 millones anualmente para financiar los planes y estrategias sobre biodiversidad. Sin embargo, incluso esta cifra está más en la esfera de las posibilidades políticas que en la de las necesidades reales del planeta. Por ejemplo, el reporte Financing Nature, elaborado por la organización The Nature Conservancy, calcula que la humanidad necesita invertir anualmente entre $598.000 y $824.000 millones para detener y revertir la crisis de biodiversidad.

En febrero de este año, el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés) anunció que el fideicomiso creado durante la COP15 como vehículo para financiar parte de los esfuerzos del nuevo Marco ya ha comenzado a operar.

Mención aparte merece la discusión del uso de información de secuencias digitales sobre recursos genéticos, para la cual se ha creado una comisión especial que continuará sus trabajos durante la COP16. La perspectiva es que se pueda llegar a un mecanismo que logre traducir este uso en financiamiento para los países y grupos sociales que conservan la biodiversidad, explicó Benítez. “Tal vez termine convirtiéndose en un nuevo protocolo, ya veremos”, indicó.

Finalmente, con el esfuerzo de garantizar la participación social amplia —recordemos que las negociaciones bajo Naciones Unidas son estrictamente entre países miembro, representados por delegados de sus gobiernos—, la presidencia de Colombia habilitará –por primera vez en una COP de biodiversidad– una Zona Verde, es decir, un espacio paralelo al de la Zona Azul (donde tienen lugar las negociaciones oficiales) dedicado a la congregación de organizaciones sociales, activistas, pueblos indígenas, comunidades y defensores del territorio.

Bajo el lema “la COP de la gente”, la presidencia colombiana se ha propuesto vincular efectivamente este espacio con las negociaciones.

“Como presidencia de Colombia nos hemos comprometido a que esos insumos (de eventos en la Zona Verde) también se le haga llegar a las delegaciones oficiales para que la mentalidad de la movilización de la sociedad también ponga un poquito en perspectiva la negociación política que se llevará en la Zona Azul”, declaró Muhamad.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que (elDiarioAR forma parte. 

La eliminación de la enfermedad de Chagas fue el objetivo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2030. Esta enfermedad afecta hoy a más de 6 millones de personas en el mundo, la mayoría en América Latina, pero mientras se trata de insistir en su importancia frente a otros padecimientos, en Caracas, la capital de Venezuela, florecen microclimas que pueden llevar a más personas a infectarse.    

¿Qué pasa cuando se insiste en la construcción de viviendas dentro de áreas boscosas? ¿Qué consecuencias produce la disminución de la población de los armadillos y los zarigüeya ? ¿Qué insectos pueden instalarse alrededor de las cuevas de los roedores urbanos? Todas las respuestas hablan de un mayor riesgo para la transmisión de la enfermedad de Chagas, y Caracas es un buen ejemplo. 

Del olvido a enfermedad urbana 

El símbolo más internacional de la capital venezolana es la montaña del Ávila. Este verdor está situado en el norte de Caracas, y es el hogar de una variedad de especies que incluyen a las vinchucas y a los armadillos, dos especies involucradas en el ciclo de la zoonosis (transmisión de animal a humano) para que una persona termine infectada con el parásito del Trypanosoma cruzi y se convierta en otro paciente con la enfermedad de Chagas.

Al Chagas se le conoce como una enfermedad tropical olvidada o desatendida en el mundo médico. En buena parte, porque su historia está asociada a un padecimiento propio de las poblaciones empobrecidas y rurales latinoamericanas. Y, por otro lado, porque los pacientes pueden tardar 10 años, o incluso más tiempo, en mostrar las graves secuelas cardíacas o gastrointestinales de la enfermedad. 

Los pacientes al inicio sufren de fiebre, diarrea y vómitos. Unos síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades más publicitadas y frecuentes como el dengue o, incluso, el virus SARS-CoV-2 de la reciente pandemia del Covid-19. 

Solo los ojos médicos más entrenados son quienes prestan atención a la inflación en los ojos y las piernas mostradas por los pacientes, otro de los síntomas de la fase aguda del mal de Chagas. Este punto es crucial para que se pueda ordenar el examen diagnóstico apropiado y empezar con el tratamiento para paliar las consecuencias más graves de este padecimiento que todavía no cuenta con una vacuna ni con una cura definitiva. 

Al menos tres de cada 10 personas infectadas de Chagas desarrollan daños cardíacos, que les impiden actividades sencillas como subir escaleras. En tanto, otro 10% de los infectados sufre agrandamiento en el esófago, la vesícula o el colón.  

Lo más resaltante es que el riesgo a padecer de esta enfermedad Chagas dejó de suscribirse a comunidades más rurales. Todo lo contrario. 

“En Petare (a 15 kilómetros del centro de Caracas), por ejemplo, hay una gran cantidad de casas construidas y por debajo se tiene una humedad suficiente. Las casas les brindan a las vinchucas la disponibilidad de ingesta sanguínea, sean roedores, perritos o personas. Este comportamiento viene de sus orígenes asociado a las cuevas de los armadillos, pero ahora se adaptaron a otras cuevas que son las de roedores”, explica el entomólogo Matías Reyes Lugo, quien dirige el Laboratorio de entomología médica Pablo Anduze del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Reyes Lugo lleva más de 20 años enfocado en los estudios del triatomino Panstrongylus geniculatus, un insecto que se alimenta de sangre, al que se le conoce como “vinchuca” en el lenguaje popular y que es el vector de la enfermedad de Chagas. Su presencia en los hogares de Caracas, al final, solo puede entenderse como el aumento del riesgo para la transmisión de esta enfermedad olvidada. 

Un primer aviso de los riesgos de la presencia del Panstrongylus geniculatus  en Caracas se dio con el primer brote de transmisión oral ocurrido en 2007. Más de 100 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad de Chagas tras consumir un jugo natural donde cayeron varios ejemplares de triatominos, que fueron licuados y servidos, en una escuela pública municipal ubicada en el municipio de Chacao.    

Sin clase social 

La presencia del Panstrongylus geniculatus no se limita solo a Petare, que es un lugar reconocido como el asentamiento urbano informal más grande de Caracas. La gran mayoría de estas casas, de hecho, fueron autoconstruidas por sus habitantes en laderas que colindan con el Parque Nacional El Ávila. 

En otras parroquias caraqueñas como San José del Ávila y La Pastora, al otro extremo de la montaña, y en Bello Monte, Santa Mónica, Cumbres de Curumo y Caurimare también se reportaron especímenes de este insecto. 

Quizás el elemento más interesante es que los reportes del vector de la enfermedad de Chagas abarcan por igual a casas en zonas humildes y a urbanizaciones propias de clases sociales medias y altas en Caracas.  

“En nuestro trabajo de campo, encontramos Panstrongylus geniculatus en casas muy bien construidas en La Boyera, en donde la vinchuca se instaló debajo de la casita de los perros en el patio e hizo allí su ciclo de alimentación al picar a los perros. Lo mismo vimos en Loma Baja, con casas autoconstruidas y con condiciones socioeconómicas diferentes. El fenómeno es el mismo, porque el triatomino solo necesita un buen lugar donde asentarse y una fuente de alimento”, detalla Reyes Lugo. 

Microclimas cálidos y húmedos 

La Boyera y Loma Baja tienen poco en común en cuanto a condiciones socioeconómicas, pero mucho cuando se habla de sus microclimas. Son zonas con grandes coberturas vegetales que vienen reduciéndose por la acción humana, con una temperatura cálida durante todo el año y con una humedad relativa alta. 

Al Instituto de Biología Experimental (IBE) de la UCV llegaron algunos ejemplares de triatominos que fueron recolectados en apartamentos ubicados a la altura del piso 19 de Santa Mónica. 

“Algo que solemos olvidar es que quienes nos estamos expandiendo por la ciudad somos nosotros, los humanos, ellos ya estaban allí. Estos insectos prefieren los ambientes cálidos y húmedos”, subraya el biólogo Juan Caraballo Marcano, quien estudió las variables ambientales asociadas a la presencia de este triatomino Panstrongylus geniculatus en Caracas. 

Su trabajo junto a Cristina Sanoja y Gilberto Payares, que fue publicado en la revista científica Tesla, concluyó que los niveles de humedad y precipitación son elementos clave a la hora de entender la presencia de estas vinchucas en el Valle de Caracas.  

Estos hallazgos coinciden con el “Modelo de distribución espacial de Panstrongylus geniculatus en Venezuela”, publicado en 2021. Los hallazgos establecen que estos triatominos se desarrollan mejor en ambientes con temperaturas entre los 24°C y 27°C, con una humedad relativa por encima de 70%, con precipitaciones medias anuales de 500 milímetros cúbicos y en alturas desde los 100 hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar. 

Las escasas fuentes de alimento

La investigación de Caraballo, Sanoja y Payares agregó, además, que la aparición de estos triatominos en los domicilios de Venezuela aumenta “cuando las fuentes de ingesta sanguínea animal escasean” en su dinámica silvestre. Esto implica que hay una vinculación directa con la desaparición del número de ejemplares de armadillos y zarigüeyas en la ciudad, que suelen ser la principal fuente de alimento de estos insectos en sus ambientes naturales. 

Para el entomólogo Reyes Lugo, hay una correlación estrecha entre la desaparición de las áreas boscosas en Caracas, la disminución de la población de armadillos y una mayor aparición de los triatominos cerca de los hogares. Al final, el traslado de los insectos, en especial durante los meses de mayo y junio, se hace para poner sus huevos en nuevas locaciones y en búsqueda de nuevas fuentes de alimento.

Más allá de Caracas 

La capital venezolana, sin embargo, no es la única ciudad en donde comenzaron a confluir las condiciones climáticas para que los triatominos se acerquen más a las personas. 

Reportes científicos muestran que la especie del Panstrongylus geniculatus también está presente en otros puntos de la región norte costera del país, que incluye a los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Lara y Yaracuy. Al igual que sucede en las localidades andinas de Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas, incluso en el Zulia. 

En la medida en que el cambio climático suba la temperatura en otros 3°C y las precipitaciones aumenten otro 10% en varias ciudades venezolanas —como predicen los modelos de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman)—, también se crean las condiciones climáticas para que este triatomino pueda establecerse en otros lugares. A la ecuación solo falta sumarle la reducción de los hábitats de las especies como marsupiales, armadillos, murciélagos y roedores que son la fuente original de alimentación sanguínea para estos insectos. 

Estos microclimas formados en Caracas pueden servir también como una alerta para el resto de los 20 países de América Latina en donde esta especie de triatomino es endémica y hay transmisión de la enfermedad de Chagas. 

La alarma puede encenderse inclusive fuera de la región, porque un estudio sobre la idoneidad climática de los triatominos evidencia que el Panstrongylus geniculatus cuenta con las condiciones para establecerse en puntos tan distantes como los países del centro de África. Solo haría falta otro error humano que lo llevara hasta allá. 

ML/MG

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte. 

La sequía es un enemigo invisible, dice Aldo Coila Achata, joven habitante del distrito de Mañazo, en la provincia peruana de Puno, del departamento del mismo nombre. La agricultura y ganadería son las principales actividades económicas de la región, por lo que los productores requieren de servicios climáticos para el desarrollo de sus labores. Las sequías, las heladas y las granizadas son las mayores amenazas.

Puno es el noveno departamento más poblado del Perú, con alrededor de 1.172.697 habitantes. Es famoso por hospedar al lago Titicaca (el navegable más alto del mundo), pero paradójicamente no cuenta con agua suficiente y es vulnerable al cambio climático: el impacto de los días secos se evidencia entre septiembre y noviembre. Si no hay lluvias, no hay pastos; y sin estos, los animales corren peligro de morir. Si ello ocurre, muchas de las familias del campo se quedan sin sustento económico y con menos proteínas para su alimentación.

Durante los últimos cuatro meses de 2022, la región del sur altoandino peruano sufrió una dura sequía. Noviembre fue el mes más seco de los últimos 58 años. Las lluvias demoraron mucho y las futuras cosechas están en peligro. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la ausencia de lluvias ha sido consecuencia del fenómeno La Niña, que enfría las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, y genera cambios en la circulación atmosférica tropical, como en los vientos, la presión y las precipitaciones. Sus efectos en el tiempo y el clima son opuestos a los de El Niño.

Grinia Ávalos Roldán, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi, recuerda que desde 1976 Perú no tenía una escasez de lluvias tan extensa como la actual, y que el 2022 es el tercer año consecutivo con La Niña. Incluso, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha señalado que este fenómeno podría durar hasta febrero de este año.

La especialista explica que este fenómeno provoca que el periodo entre septiembre y diciembre sea extremadamente seco, en especial en los Andes y en ciertas regiones de la Amazonía, así como lluvias con una intensidad que no es la habitual.

“Estas condiciones climáticas están asociadas a la entrada de masas de aire seco procedentes del Pacífico que inhiben la formación de nubes de tormenta”, añade Germán Cutipa Flores, jefe de Estadística de la Dirección Regional Agraria de Puno. 

Puno es también el departamento con la más alta producción de papa, quinua y oca, entre otros cultivos. La Dirección Agraria puneña indica que el impacto climatológico se ha reflejado en la disminución del sembrío de quinua. De hecho, la producción proyectada para la campaña agrícola 2023 era de 36.303 hectáreas, pero apenas se sembraron 22.127 entre agosto y octubre de 2022, es decir, el 61% de lo proyectado.

Según Cutipa, ello no significa que la totalidad haya sido cultivada. “Debido a la falta de lluvias, lo más probable es que la semilla no germine y este porcentaje se reduzca aún más”, apunta.      

Debido a que las lluvias demoraban, en noviembre las autoridades locales solicitaron al Gobierno central que declarara en emergencia al sector agropecuario, lo que finalmente ocurrió el pasado 3 de diciembre. La medida —que tiene una vigencia inicial de 60 días en los departamentos de Puno, Arequipa y Huancavelica— permitirá “la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”, indica el decreto supremo.

Sabiduría ancestral 

El centro poblado de Mañazo está ubicado a casi 3.935 metros sobre el nivel del mar, pero sus tierras llegan hasta 5.200. En total, son más de 5.400 habitantes; la mayoría vive en las zonas bajas, como Coila. Aldo Coila Achata cría alpacas y ovejas, y es heredero de un conocimiento ancestral ligado con la naturaleza: es un yachachiq. 

Los yachachiq (en quechua) o yatichiri (en aymara) son sabios o sabias del campo que cuentan con conocimientos ancestrales —o “señas”— de predicción del clima y el tiempo: saberes que se convierten en prácticas culturales indispensables para pronosticar, programar, adelantar o retrasar los tiempos de siembra mediante el cálculo de la llegada de la estación de lluvias. Y cobran mayor relevancia en la actualidad al integrarse a las estrategias de resiliencia para la adaptación a la crisis climática. 

“Nuestros ancestros manejaban los saberes ancestrales y los han transmitido de generación en generación. Sabían leer y entender las señas, mensajes y avisos de las estrellas, los vientos y las nubes. Si el zorro llora o se atora en septiembre u octubre, es señal de un buen año agrícola. El florecimiento de los sancayos (Corryocactus brevistylus) también permite proyectar qué pasará con los cultivos”, cuenta Coila.

Además, los sabios enseñan a su comunidad a planificar, fortalecer y consolidar la producción familiar con tecnologías y saberes ancestrales para el buen manejo de la tierra, el agua, los cultivos y los animales. Gracias a ello, las familias del campo pueden mejorar su bienestar con una buena alimentación y con un mejor acceso al mercado para comercializar sus cultivos. 

Esto ocurre a lo largo de las 13 provincias de Puno y en otras regiones andinas del Perú. “Cada distrito, cada comunidad o cada ayllu tiene una memoria colectiva propiciada por los tatarabuelos y abuelos. Ellos han sido los sabios que nos han dejado su legado y conocimiento para que nosotros podamos estar alertas y prevenir los efectos negativos del clima, del cambio climático”, dice Edgard Cutipa, profesor y yatichiri de la provincia de Ilave, a 3.800 metros sobre el nivel del mar y con 50.000 habitantes. “Hemos aprendido a saber si va a llover, si habrá buena cosecha, si habrá heladas, etc. Esto permite a las comunidades tomar decisiones: tener más cultivos o más granos, almacenar agua para las familias y sus animales, conseguir abrigo”, añade Coila.  

Orgullosos, estos sabios afirman que si se compara su conocimiento con los pronósticos que el Senamhi difunde por la radio, coinciden o hasta a veces los puneños son más acertados.

“La importancia de ser una yatichiri es dar confianza a la comunidad, compartir mis experiencias y transmitir conocimientos adquiridos por mis antepasados y por mi paso por diversos proyectos”, expresa Isabel Gómez Ajahuana, quien es técnica agropecuaria y comparte sus experiencias en la zona de Ilave. 

Observar para tomar decisiones agrícolas

Mientras los meteorólogos analizan y registran con instrumentos de precisión —como los pluviómetros— los fenómenos climáticos, los agricultores andinos se dedican a la lectura de las señas. Observan los mismos fenómenos a partir del aprendizaje adquirido y compartido por sus ancestros. Pronostican el clima tras examinar lo que indican plantas y animales en sus respectivos ámbitos microecológicos.

Las señas de clima permiten pronosticar la temporada de las siembras; en tanto que los señaleros de tiempo, la presencia de lluvia, helada, granizo u otro acontecimiento que sucederá el mismo día, al día siguiente o en los siguientes dos.

El calendario agrario o pecuario altoandino es distinto al que estamos acostumbrados en nuestras vidas cotidianas. Aquel está determinado por las dos grandes estaciones anuales: estiaje y lluviosa. Cuando finalizan las lluvias,  se inicia el despliegue de conocimientos y saberes para la predicción climática: al retirarse las masas de nubes (entre abril y mayo), los observadores interpretan las manifestaciones de los cuerpos celestes. La predicción del tiempo a partir de la observación tiene alto grado de confiabilidad sea para la temporada de estiaje, o el invierno o ciclo lluvioso que corresponde al período de los cultivos agrícolas.

Pusi se encuentra a dos kilómetros del lago Titicaca, a 3.825 metros sobre el nivel del mar. Tiene un promedio de 9.000 habitantes, la mayoría de ellos, adultos mayores, pues los jóvenes aprovechan la cercanía con Juliaca para viajar y desarrollar otro tipo de actividades, aunque suelen regresar para la campaña agrícola.  

De allí es don José Quispe, yachachiq que cuenta que las señas cósmicas le envían diversos mensajes en su color, posición, forma, centelleo, claridad, trayectoria, etc., los cuales son interpretados o decodificados entre las primeras semanas de mayo, hasta después de las festividades de San Juan y Día del Campesino (junio).

Explica que si el 24 de junio el cielo amanece sin ninguna nube, quiere decir que será un buen año y la precipitación de lluvias será normal, pero si llueve ese día, probablemente habrá veranillo o sequía y será un año regular. Igualmente, si para la fiesta de San Pedro y San Pablo (29 de junio) hay presencia de nubes, lloviznas y lluvias, será buen año agrícola; si no hay presencia de nubes y no llueve, será un año regular.

“El cielo es un inmenso observatorio. El color, intensidad y trayectoria de los astros indican si el año será bueno para las lluvias, de este dependerá el éxito de la producción ganadera y agrícola”, afirma Raymunda Charca, yachachiq de Mañazo.

Las estrellas son señas muy importantes en el campo. En las comunidades campesinas, muchos saben leer las Pléyades y los mensajes que traen sobre posibles heladas. Suelen observarse después de Pentecostés, el 5 de junio, desde las tres de la madrugada. Cuando la iluminación de las estrellas es intensa o brilla mucho —dice Charca—, hay una mayor probabilidad de que las lluvias sean normales y haya una buena producción agrícola. Si la luminosidad es opaca, la producción no será tan buena.

La presencia de algunas señas en junio y julio presagian granizadas y heladas. El investigador y especialista en manejo de recursos naturales, Ricardo Claverías, destaca la importancia de observar la Cruz del Sur para pronosticar el atraso o adelanto de las lluvias. Por otro lado, si en su primera visualización la Cruz se ubica sobre la pampa, allí habrá que sembrar. Si se le avista sobre los cerros, allá habrá que hacerlo. 

Para la temporada de lluvias, los vientos son una buena seña. Las mujeres y los varones de las zonas altoandinas observan la dirección y la intensidad de los vientos, incluso perciben su densidad. Entre junio y agosto, un aire muy limpio —coinciden nuestros entrevistados— puede indicar que se trata de un año agrícola seco, con poco o nada de lluvia y sequías prolongadas.

Los vientos fuertes de mediados de agosto avisan que será un año de lluvias, es decir, bueno. “La presencia de ventarrones es presagio de lluvias y cambio del clima”, subraya Isidro Pari, de Pusi.     

Del color de las algas a los movimientos de sapos y serpientes

El conocimiento del comportamiento de las plantas y los animales permiten a campesinas y campesinos predecir lo que ocurrirá con el tiempo y el clima, y cómo ello afectará a sus cultivos y ganado. “Los ciclos de vida de los animales y las fases de crecimiento de las plantas son avisos que debemos tener en cuenta”, apunta Gómez. Para la yatichiri, las plantas proporcionan señas muy importantes ya que, como están en un sitio fijo, reflejan el comportamiento del clima y su incidencia sobre las cosechas.

“Si la primera flor del sancayo presenta buen color y tamaño, pronostica un buen año. Si al pasar los días, las flores están heladas y llegan así a la maduración, hay altas probabilidades de que las primeras siembras no darán una buena producción; habrá heladas, sequía y no caerá la lluvia”, detalla Gómez, quien además de compartir su saber en diversas comunidades que la solicitan, también asiste a colegios para enseñar a los más jóvenes. 

Precisamente, la sabia cuenta que durante la primera quincena de octubre pasado, la flor y el fruto del sancayo estaban helados. Volvieron a observar dos semanas después y continuaban igual. Era la señal de la sequía que les afectó en 2022, aunque no pensaban que fuera a ser tan extensa.

 El color de las algas también es importante. Si comienzan con un color verde oscuro y terminan en verde claro, es muy posible que la producción de papa y otros productos sea normal. Si pasado el mes cambia de nuevo a color oscuro, es muy probable la presencia de heladas y la producción no será buena en la próxima campaña agrícola.

El desarrollo de la papa, tesoro de los Andes, también es seguido de cerca. Si el brote del tubérculo es vigoroso, de color normal o gris, significa que la producción de papa será buena. La punta del brote de la semilla quemada o de color negro indica que la primera siembra será afectada por la helada.

Los animales también desempeñan un papel importante a la hora de observar señas relativas a los cambios en el clima y para predecir eventos extremos y campañas agrícolas. Los sapos, las serpientes, el zorro, las hormigas y las aves, son aliados en esta labor. 

El comportamiento de las aves, por ejemplo, indica si la cosecha será buena o mala, si habrá lluvias o sequía, si habrá granizadas o heladas. El leque leque o lequecho (Vanellus chilensis, pequeña ave zancuda) es de suma importancia para predecir el tiempo agrícola, señala Gómez. “Anuncia que la campaña del año que viene va a ser mala o buena, dándonos a entender que la campaña del año ha de tener lluvias o será un año seco. Entre septiembre y enero se observa el nido, color del huevo, materiales del nido”, agrega. 

Si va a haber lluvia, los leque leque construyen sus nidos en zonas elevadas para que las inundaciones no pongan en peligro a sus pichones. Si el año agrícola va a ser seco o acompañado de fuerte sequía, estas aves armarán sus nidos a un nivel más bajo, al ras del suelo, porque precisamente no habrá lluvias que afecten sus nidos. Asimismo, si los huevos son de color verde se interpreta que habrá lluvias intensas; en cambio, la coloración plomiza manifiesta escasa presencia de lluvias.

Por su parte, el trino del gorrión andino (Zonotrichia capensis) puede indicar heladas o granizada. Asimismo, “la presencia de dos a más aguiluchos en una chacra o huerto significa que habrá buena producción agrícola; si, en cambio, solo hay uno, la producción será apenas regular”, dice el yachachiq Quispe.

Los sabios también observan el excremento del zorro: si se encuentra cáscara de papa, la cosecha de este tubérculo se anuncia buena. Si hay quinua, habrá buena producción de este grano. Cuando el excremento se encuentra en un camino peatonal de color blanco, se pronostica una buena producción de papa.

Lecciones para gestionar el riesgo de sequías

Como yachachiq, Pari ha aprendido a manejar la información meteorológica del Senamhi, así como las señas biológicas de la zona para formular una proyección y evitar riesgos ante las sequías. En otras palabras, él ha logrado combinar lo mejor de dos mundos para así adaptarse a las nuevas condiciones que trae consigo el cambio climático.

Claverías reconoce que los conocimientos sobre indicadores climáticos de los campesinos en los Andes tienen mucho potencial, pero alerta que estos se están perdiendo y que se pueden debilitar debido a la alteración del clima como consecuencia del calentamiento global y la crisis de biodiversidad.   

Nuestros entrevistados saben que si bien las señas no son informaciones precisas, cuantificables o numéricas, son mensajes para su interpretación de probabilidades, de tendencias; lo que debe ser confrontado con la información científica. 

“Hace poco hemos llevado a cabo un proyecto piloto en Puno: Pachayatiña-Pachayachay. La lógica fue generar información técnica-científica tendiendo puentes con las comunidades, tomando en cuenta sus conocimientos y saberes sobre el clima, el tiempo, con énfasis en la sequía”, señala Avalos.

La idea principal del proyecto era generar y reforzar herramientas para la gestión del riesgo y la estrategia de comunicación científica relevante para la toma de decisiones en poblaciones expuestas a eventos climáticos extremos.

Por ejemplo, el agua es uno de los recursos que será muy escaso durante los próximos años. Al alterarse los patrones de lluvia, el régimen hidrológico también variará; por lo tanto, no habrá la misma disponibilidad de agua dulce. “Son necesarias buenas prácticas como la siembra y cosecha de agua y su uso racional”, subraya la funcionaria del Senamhi, y añade que es necesario una mejor comprensión del riesgo de desastres y todas sus dimensiones en un contexto de cambio climático.

En Ilave, la actual falta de lluvias ha afectado a sus pobladores. Gómez está preocupada porque lamentablemente no todos escuchan las advertencias y enseñanzas de los sabios. Cuando llegan la sequía o las heladas, quienes tomaron decisiones acordes con los pronósticos basados en las señas resistirán mejor esas temporadas; los que no lo hicieron pasarán dificultades, perderán pastos, animales y su magra economía empeorará. 

“Lo que nosotros hacemos permite que nuestros hermanos productores trabajen también con cultivos que podrían estar cerca de sus domicilios”, añade. 

Ella, y los demás sabios, los capacitan, de la mano de técnicos, para que puedan prevenir la sequía almacenando agua, cuidando los bofedales y ojos de agua. Además, enseñan a distinguir cuáles son los animales que podrían criar para vivir con seguridad alimentaria. Por ejemplo, se les ha incentivado a la crianza de animales que no consumen mucha agua, como los cuyes, las llamas y las gallinas; así como a la siembra de productos agrícolas que crezcan con mayor rapidez. 

Hay muchas más señas en el campo. Quienes las dominan están a la espera de recibir el apoyo del Estado peruano para poder elaborar más calendarios agrícolas para así seguir enseñando y previniendo. También consideran que el saber ancestral debe ser incluido en las políticas públicas climáticas.      

Enero de 2023, las lluvias han llegado; pero aún no en las proporciones esperadas ni en todo Puno. Los efectos de la demora de esta temporada poco a poco se evidenciarán. “Sufrimos las consecuencias de la sequía; tenemos pérdidas en la campaña agrícola y ha habido mortandad de animales debido a la falta de alimento. No ha habido pastos crecidos, algunos ganados han enfermado de neumonía y otros han enflaquecido y tampoco pueden ser vendidos”, dice Gómez.  

Ella recién sembrará papas en la segunda quincena de enero, y la cosecha será entre mayo y junio. Mientras tanto, se reúne cada domingo con sus colegas yachachiqs y yatichiris para planear cómo enfrentar la helada que se aproxima. Ello en medio de la convulsión social que vive Puno actualmente y que determina que ni las autoridades regionales ni el Gobierno central se dediquen a ejecutar el plan de emergencia para el sector agropecuario.  

Por un lado, los sabios rezan y hacen ofrendas para que llegue la lluvia; salen a observar las señas físicas y biológicas para hacer sus pronósticos; por el otro, son resilientes y optimistas. Su sabiduría les da esperanza.  

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

Guatemala es un país de contrastes. O, al menos, eso es lo que muchos de sus pobladores se dicen a sí mismos para justificar el hecho de que el desarrollo,  en uno de los países más desiguales de América Latina —donde seis de cada 10 personas enfrentan privaciones de salud, seguridad alimentaria y educación, entre otras—, no llega por igual a todos, sin importar lo cerca que vivan de la capital del país, la más grande y poblada de toda América Central.

En países tan centralizados como Guatemala, el desarrollo de las ciudades no necesariamente se traduce en un beneficio equitativo para sus periferias. Al contrario, es en estas zonas en donde queda de manifiesto que el crecimiento citadino se hace sin considerar el estado de conservación de los recursos naturales, ni la calidad de vida de las personas que las habitan.

Ciudad Peronia no escapa a ello. Y, a la vez, es ejemplo de cómo esa realidad que comparten cientos de comunidades y barrios asentados alrededor de los centros urbanos puede combatirse si se hace a partir de la unión y el conocimiento. Ahí, durante años, la posibilidad de nuevos asentamientos urbanos, la deforestación y la instalación de una arenera eran amenazas reales, que probablemente ahondarían en la problemática social que azota a esta zona metropolitana.

Contra la marginalización

Ubicada a unos 20 kilómetros al sudoeste del centro de la ciudad de Guatemala, Peronia fue creada en 1986, como una zona poblacional para familias que migraron desde el interior del país, huyendo de la guerra civil que se vivía entonces. Desde sus inicios fue etiquetada como un área peligrosa, debido a la presencia de pandillas delincuenciales que proliferaron debido a problemas sociales, también por la falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de la autoridad municipal.

Antes de su fundación como área poblacional, Peronia era una zona rural, con apenas dos o tres pequeñas aldeas, rodeadas de montañas y terrenos boscosos, y varias fincas privadas, una de ellas la Finca San José Buena Vista, entonces propiedad del Ministerio de la Defensa de Guatemala (MINDEF).  

San José Buena Vista tiene 90,5 hectáreas. Es un bosque mixto de pino y encino. Hay cuatro nacimientos de agua que abastecen a 1.500 familias y, por ella, hay 12 servidumbres de paso que abastecen a 38 comunidades de Peronia. Su importancia hídrica era clave para el acceso al vital líquido por parte de los nuevos pobladores que llegaban a residir en los alrededores.

Todo esto, sin embargo, no impidió que, por el año 2009, el MINDEF tuviera intenciones de derribar toda esa extensión de bosque para dar paso a un nuevo asentamiento de  viviendas populares.

“Vinieron a hablarnos de varias ideas que tenían para la finca. Lo que no imaginábamos era que, dentro de esas ideas, estaba la de talar el bosque para vender terrenos para la construcción de viviendas populares”, comenta René Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Ciudad Peronia.

La preocupación de los comunitarios pasaba por el acceso al agua potable, ya que el aumento demográfico, sin planes municipales eficaces, trajo consigo los primeros problemas de abastecimiento. “San José Buenavista es un área muy importante de recarga hídrica aquí en Peronia y, además, era el último reducto de bosque que quedaba. Teníamos que protegerlo”, añade Ríos.

No obstante, los retos eran enormes y hasta parecían insalvables. Las características socioeconómicas de la mayoría de los nuevos inquilinos de Peronia hacían que la extracción ilegal de madera para fines energéticos fuera una realidad cotidiana. “Mucha gente no tiene trabajo y tienen que cocinar con leña. A esa gente no se le puede decir nada, pero hay que buscar la forma de ayudarles”, se lamenta Ríos. 

Además de ello, en los alrededores, la extracción de arena también se unía a la ecuación a resolver: mantener su bosque en pie. Lo que hacía falta era un plan de acción. 

La organización comunitaria en defensa del bosque

El Padre Elías Ruíz, párroco de la localidad entre 2008 y 2013, fue un fuerte activista social y ambiental. “Él se tiraba enfrente de los camiones y les gritaba que no se movería, y que, si querían pasar, lo tenían que hacer sobre él”, cuenta Joaquín Culajay, otro líder comunitario. En cada misa, instaba a la población a “no dejarse” y a luchar contra el avance de las empresas areneras.

En la entrada a la finca hay una capilla, en donde el Padre Elías permitió que los representantes de los COCODES se reunieran para trazar su estrategia: solicitar la declaración de San José Buena Vista como área protegida. Pero, lograrlo no sería fácil. De hecho, nunca sucedió, ya que, de acuerdo a la Ley de Áreas Protegidas de Guatemala, son necesarios una serie de estudios técnicos y otros requisitos para poder declarar una zona como protegida.

“Mandamos solicitudes de apoyo a la Universidad de San Carlos, al Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) y a otras entidades más. Ni siquiera nos respondieron”, suspira Ríos. Entonces, surgió otra opción: hacer un traspaso de propiedad al Ministerio de la Defensa al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), ente estatal que se encarga de administrar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Aunque menos burocrático, tampoco sería sencillo. “El primer problema: el ejército no quería soltar el terreno”, enfatiza el presidente del COCODE. 

La negativa de parte del MINDEF de traspasar la propiedad del terreno, la falta de capacidad económica para realizar estudios técnicos y la muy fuerte presión de las areneras no dejó alternativa a los comunitarios. “Nos apoderamos de la finca. Tomábamos turnos para dormir ahí. Ya en 2010, se hizo un acta y declaramos a la finca como propiedad de la comunidad”, recuerda Ríos. 

Después de varias reuniones en Casa Presidencial, se emitió el Acuerdo Gubernativo 244-2012 que otorgaba el título de propiedad de la finca al CONAP. Entonces, toda la comunidad de Peronia estaba feliz. Finalmente, o eso creían, los problemas se terminarían, y la zona quedaría libre de amenazas.

De la comunidad al trabajo multisectorial

Las mieles del triunfo por evitar la desaparición del bosque duraron poco. Voces dentro de las mismas comunidades pedían proyectos de explotación para su propio beneficio. “La gente quería talar árboles para leña, querían proyectos productivos agrícolas para generar ingresos. Querían de todo menos conservar”, comenta Ríos. Ya en 2013, surgió la idea de asignarle la figura de área de conservación por parte de CONAP “y ellos (CONAP) lo declararon inmediatamente”, añade. 

Luego, la Finca San José Buena Vista pasó a estar bajo el régimen de Unidad de Conservación, que es, en pocas palabras, un área protegida especial, cuyos servicios ecosistémicos a la población son susceptibles de ser protegidos. Debido a que su declaratoria fue hecha gracias a la intervención comunitaria, esto lo hace más especial. “Esa es la historia bonita de esta zona, porque fue la comunidad la que se la llevó al CONAP. Entonces, nosotros debemos mucho a su conservación y a esos bienes de la comunidad”, exclama Fabrizi Juárez, guardaparques y empleado del CONAP. 

El siguiente paso era difundir su importancia en todos los niveles de la sociedad. Con el respaldo de CONAP y la Iglesia Católica, los COCODES de Peronia se dieron a la tarea de promover políticas de educación ambiental enfocadas en el personal docente. Durante ocho años, se impartieron diplomados avalados por la universidad estatal, en los que se educó a los maestros en temas de tipos de bosques, recarga hídrica, micro-climas y biodiversidad biológica. “Había mucho que no sabíamos. Al adquirir estos conocimientos, nos fue más fácil trasladarlos a los niños”, dice Tatiana Serrano, directora de una de las escuelas locales.

El impacto fue casi inmediato. Según recuerda Serrano, entre 2012 y 2013, este trabajo intersectorial comenzó a promover la realización de jornadas de reforestación dentro de la recientemente creada área de conservación. Para 2016, a las jornadas de reforestación escolares, se unieron The Nature Conservancy (TNC) y empresas privadas. “Ser parte de estos procesos ayuda a los niños, no solo a nivel pedagógico, sino también emocional y social. Les permite desarrollar un sentido de pertenencia que es clave para el cuidado de nuestros recursos”, añade Serrano.

También se inició un proceso técnico y financiero por parte de TNC para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la finca. Se construyó un centro de visitantes y se implementó un recorrido interactivo dentro de la Unidad de Conservación.

Como parte de este proceso en conjunto con las comunidades, Juárez comenta que se creó un programa de sensibilización que se implementará a partir de diciembre próximo, mediante visitas “a todas las comunidades de Peronia, con la idea de hablarle a las personas acerca de todos los servicios ecosistémicos que el bosque les provee. También queremos retomar y fortalecer las mesas de diálogo e involucrar a la Municipalidad de Villa Nueva, la supervisión educativa, los estudiantes de todos los niveles educativos, los COCODES y los líderes de residenciales, para tratar de unir esfuerzos en conjunto”, dice.

Vigilancia constante

Las victorias suelen ser malas consejeras si no se les administra adecuadamente. Aunque existe un compromiso de parte de la mayoría de residentes de no talar árboles, esta sigue siendo la mayor amenaza que la Unidad de Conservación Finca San José Buena Vista enfrenta. “Sabemos de las necesidades de las personas, y estamos trabajando en ofrecerles alternativas sostenibles para que el bosque no se vea afectado”, dice Juárez. 

Durante la pandemia, los diplomados en educación ambiental dirigidos a educadores, las actividades escolares de reforestación y las jornadas de convivencia con el bosque se detuvieron, y ahora que ya ha pasado lo peor de la crisis provocada por el COVID-19, no solo se espera retomar lo hecho hasta 2020, sino hacerlo con el apoyo de nuevas entidades, como la Municipalidad de Villa Nueva. 

El plan es involucrar a las personas que extraen madera en tareas de mantenimiento del bosque, como realización de brechas cortafuegos, rondas y patrullajes, y reforestación de zonas degradadas. “Ahora tenemos dos áreas de reforestación en las que no había cobertura. Y, desde 2018, con la participación comunitaria, incluyendo algunos extractores de leña, las hemos recuperado”, apunta Juárez.

Para que este empuje se mantenga, la participación activa de todos los sectores involucrados, particularmente de los comunitarios, a través de los COCODES, debe ser constante. Pero, ya sea por lo agotador de mantener interesadas a las personas, la pandemia o el día a día, tanto Ríos como Culajay admiten que las reuniones y asambleas ya no tienen el mismo espíritu que tenían allá por 2009.  “Es una vigilancia constante”, aseguran, y confían en que la posibilidad de reunirse nuevamente les permitirá trazar nuevas estrategias para mantener la participación comunitaria en un nivel alto y comprometido. 

Lo primero que se tiene en mente es reducir el daño al bosque. “Tenemos que hacerles ver (a los extractores de madera) que si talan árboles para su autoconsumo, deben sembrar cuatro o seis nuevos de la misma especie, para no dañar al bosque”, dice Culajay. Para ayudar en esta problemática, las jornadas de reforestación se han aprovechado para crear un área de usos múltiples y un bosque energético, “que permitirá a las personas acceder a madera, pero de una forma ordenada”, detalla Juárez.

Otra de las estrategias es hacer de la finca un destino turístico autosostenible para los residentes de Peronia y otras zonas aledañas. Al ser “uno de los últimos bosques de Villa Nueva”, como remarca Ríos, puede ser clave para convertirse en un punto de referencia para el descanso y la reconexión con el mundo natural. 

Lo más importante es que la participación comunitaria, con o sin pandemia, se ha mantenido. Entre otras cosas, ya se cuenta con el centro de visitantes. Desde 2018, las jornadas de reforestación han permitido la recuperación de una hectárea de bosque que estaba degradado y se tiene un convenio con la Asociación de Reservas Privadas de Guatemala, que se comenzará a implementar el próximo mes de diciembre, con el que se sensibilizará a las comunidades acerca de todos los servicios que el bosque presta.  “Vamos a llegar a cada comunidad de Peronia que utiliza el recurso, no solo para hacerle ver qué es lo que obtenemos del bosque, sino también para hacer conciencia de la importancia de toda la vida silvestre que ahí habita y el papel que juegan en el equilibrio biológico de la vida”, comenta Juárez. 

Desde la comunidad, el orgullo por haber conseguido todos los logros actuales sirve de impulso para continuar con los esfuerzos que iniciaron hace más de 12 años. “Definitivamente sí nos sentimos capacitados para continuar defendiendo los recursos. La amenaza es constante y no sabemos en qué momento dicen ‘continuemos la deforestación’. Tenemos que concientizar a esas personas, y hacerles ver que, si botan árboles, también es justo que siembren nuevos”, finaliza Culajay.

Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte. 

JR

El 15 de diciembre de 2020, a las 10 de la mañana, el Gobierno nacional subastó cerca de 200.000 gramos de oro que la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregó a la Misión Especial de Naciones Unidas para reparar a las víctimas de la guerra. Sin embargo, más allá de los USD 11,9 millones que la firma inglesa Condor Partners pagó por los lingotes y las joyas, detrás hay un tema más profundo: el rol de los recursos naturales en el surgimiento, la duración y la intensidad de los conflictos armados. 

Varios investigadores colombianos decidieron abordar esas dinámicas desde otra orilla: no desde el habitual énfasis en el narcotráfico —un recurso ilícito— como combustible de la guerra, sino desde las actividades económicas lícitas. ¿El objetivo? Hacer un esfuerzo por ‘desnarcotizar’ la agenda nacional y explicar por qué Colombia es un “país de regiones” no sólo desde el punto de vista cultural y natural, sino por las diversas formas que el conflicto armado y la criminalidad han adoptado a lo largo de la historia. Los resultados fueron detallados en el libro titulado ¿Diferentes recursos, conflictos distintos?, publicado por la Universidad de los Andes en 201

¿Por qué algunas regiones —y algunos recursos— parecen haber desarrollado capacidades para “blindarse” frente a las dinámicas de la guerra? ¿Qué mecanismos median las relaciones entre los recursos elegidos y las dinámicas de los grupos armados? ¿Cuáles son las formas de victimización que surgen (asesinatos, desplazamientos forzados, secuestros, extorsión)? Para responder estas y otras preguntas, los investigadores se enfocaron en ocho casos: el banano, el café, el carbón, las esmeraldas, el ferroníquel, las flores, el oro y el petróleo. 

Esa metodología, explica Angelika Rettberg, Ph.D. en Ciencia Política y coautora del libro, permite entender cómo los recursos naturales interactúan y pueden ser interdependientes. 

“Esto nos obliga a mirar el nivel micro de las dinámicas y nos salva del pesimismo permanente. Pues, contrario a lo que dice cierta literatura sobre ‘los recursos malditos’ (aquellos que se convierten en un dolor de cabeza para los países pobres porque están relacionados con inestabilidad política, saqueo y corrupción), los verdaderos malditos son los contextos particulares en los que se extraen”, explica. “Cuando hay instituciones que funcionan razonablemente bien y comunidades que no tienen una visión depredadora, estos recursos pueden funcionar de manera virtuosa.” 

Enramado de los conflictos 

Para ahondar más en ese enramado que se teje, los autores hallaron que la relación entre estos ocho recursos analizados y el conflicto armado puede darse de tres maneras: motivante (cuando la presencia de los actores armados se explica en función de la posibilidad de saquear el recurso), de complementariedad (cuando el saqueo de los recursos complementa los ingresos, pero no es la principal motivación; puede haber intereses de controlar corredores estratégicos para movilizar armas o víveres, por ejemplo) y de aislamiento (cuando los recursos se mantienen aislados o “blindados” de las dinámicas de guerra).

El oro, por ejemplo, que fue analizado en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Santander, Tolima y Nariño, se vincula con el conflicto armado y la criminalidad de las tres maneras mencionadas. Se identificaron casos en los que los actores armados ilegales extorsionan o secuestran a operadores mineros o comerciantes con el fin de obtener alguna tajada de los ingresos, actores que participan en la comercialización del oro como intermediarios o socios de casas de compra e, incluso, que presionan a los gobiernos locales para que asignen recursos derivados de las regalías. 

En 2019, de acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 98.028 hectáreas presentaban explotación de oro de aluvión (EVOA) en 12 de los 32 departamentos de Colombia. Al cruzar datos geográficos con permisos y licencias, el panorama se volcó crítico: el 66% de la explotación es ilegal en el país. 

Aunque por su carácter legal, comercializar oro en lugar de cocaína puede ser más fácil, los autores concluyen que no hay una dinámica única de interacción. En cambio, variables como la geología, la tecnología, la ubicación geográfica, la cultura y la migración inciden en las distintas formas en que los grupos armados al margen de la ley logran permear la actividad. Sin embargo, de cara al posconflicto, el reto es doble: fortalecer la institucionalidad y hacer pedagogía con las comunidades locales. 

Para el economista Juan Camilo Cárdenas, coautor de la investigación y profesor de la Universidad de los Andes, la receta está en “construir procesos de formalización minera y espacios de negociación para impedir minería en zonas estratégicas naturales como páramos y otras fuentes de agua”. Y desnarcotizar el tema en el debate público, “porque no toda la agenda ambiental se reduce a la guerra contra el narcotráfico y no toda la guerra contra el narcotráfico tiene consecuencias ambientales”.  

El rol del Estado

El libro también aborda cómo el mismo Estado puede propiciar o mantener las condiciones que vinculan a los recursos naturales con el conflicto y lo difícil que es incorporar las dinámicas particulares de cada región en los códigos nacionales. De acuerdo con Rettberg, esto se alcanza poco a poco, incluso en décadas. “Es posible cuando se hacen alianzas por el interés colectivo y se afianza la idea de que la protección del ambiente es por el bien de todos.” 

El profesor lo aterriza con un ejemplo: “Los excombatientes de las FARC ahora deben hacerse parte del sistema de pensión. Eso implica una relación con el Estado y una planeación a largo plazo muy ajena al pensamiento de personas que han vivido en la incertidumbre de la guerra. Algo similar pasa con los recursos naturales: son un sistema de pensión, son el aire que vamos a respirar en 30 años, que respirarán los que aún no han nacido, y que tenemos que cuidar desde ya”

De acuerdo con el director de ONU Medio Ambiente en Colombia, Juan Bello, cualquier proceso de paz en este país pasa por resolver, entre otras, la forma como se habitan y utilizan los territorios. “Es muy difícil imaginar escenarios para Colombia donde, a pesar de la destrucción de la naturaleza y la degradación ambiental, se alcance la paz. Entre otras, porque los medios de vida de millones de colombianos dependen directamente de esa naturaleza y porque, en un sentido más amplio, el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental”, explica.

Por esta razón, propone que la reconciliación, luego de cinco décadas de confrontación armada, contemple las variables ambientales. “El país tiene impactos acumulados de la degradación ambiental, los cuales generan riesgos y vulnerabilidades en los territorios, con tendencia a empeorar y a ser más difíciles de remediar con el paso del tiempo y sumando los efectos del cambio climático”, sostiene. “Solucionar estos problemas implica llegar a acuerdos, tender esos puentes entre víctimas y victimarios, pensar la reparación del ambiente como una reparación colectiva que nos beneficia a todos, incluyendo a las generaciones futuras.”

Naturaleza, neto activo

Daniel Osorio, investigador del Grupo Consultivo-Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) y experto en seguridad climática, precisamente estudia cómo el aumento de la temperatura del planeta puede incidir en el surgimiento de nuevos conflictos alrededor de la calidad y el acceso a los recursos, como el agua, la tierra y los alimentos. Para él, el error está en que: “Como humanidad, consideramos que la naturaleza es un neto pasivo que tenemos que agarrar y transformar para convertirlo en un producto y así añadirle valor, cuando, en realidad, es un neto mucho más activo de lo que creemos, pero que no sabemos medir correctamente”. 

¿Cómo incluir, entonces, la variable de seguridad climática en un país que intenta consolidar la paz? Osorio cree que puede lograrse con una especie de “postre tiramisú” donde se puedan abordar distintas capas en las que se analicen los elementos de protección. 

“Apelar a la noción de la dignidad humana, a los principios de precaución y de equidad intergeneracional, y tratar de darle valor a la biodiversidad para garantizar el bienestar de las futuras generaciones”, afirma. “En resumen: no sé al 100% qué es lo que estoy protegiendo hoy, pero sí sé que, si no lo protejo, nos costará mucho en el futuro. El dilema es: ¿cuáles son las ganancias que genera proteger los recursos naturales hoy?” 

Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.

PP

Cobertura arancelaria de un lado, emisiones de carbono del otro. Discusiones técnicas multitudinarias que buscan agilizarse por medio de “clubes” conformados por un grupo de países con visiones similares. Redacción de textos cargados de adjetivos que hacen referencia a la voluntariedad versus pormenorizados detalles de larguísimas partidas arancelarias. 

A primera vista, los negociadores comerciales y los ambientales habitan dos mundos diferentes. Sin embargo, apenas se indaga entre los especialistas, no sólo queda en claro la estrechísima relación entre comercio y medioambiente, sino que -definitivamente más allá de que las discusiones técnicas se den en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)- la puerta para alcanzar acuerdos sólo se abre mediante decisiones y voluntades políticas.

“El diplomático comercial suele ser un tecnócrata, y es igual en medioambiente. Especialmente en cambio climático, la cuestión empezó a ser, desde el punto de vista científico, muy técnica, por lo que quienes negocian estos temas también son tecnócratas que cuando no logran llegar a un acuerdo pasan al nivel político más alto, como cuando vimos al presidente de Estados Unidos negociando el Acuerdo de París con la canciller alemana Merkel o el presidente Xi, de China”, dice Rafael Leal-Arcas, quien es catedrático de la Universidad Queen Mary de Londres y autor de más de una decena de libros en los que analiza la relación entre comercio - cambio climático y gobernanza - transición energética.

Reimaginar reglas

Leal-Arcas habla de una cosa más: la necesidad de “reimaginar las reglas del comercio internacional para el desarrollo sostenible”.

¿Implicaría eso la creación de algún tipo de institución supranacional en la que las negociaciones comerciales y medioambientales fueran protagonistas por igual o es posible alcanzar ese objetivo modernizando la OMC? 

“Creo que da igual que resolvamos este problema a nivel supranacional o internacional, lo importante es que haya un sistema que permita seguir adelante y crear reglas del siglo XXI y no las que tenemos hoy, que son de 1947 con el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)”, responde Leal-Arcas.

Hace algunas semanas, el experto presentó pruebas escritas a la Comisión de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes del Reino Unido sobre los vínculos entre cambio climático y comercio internacional.

“Hay mucha evidencia empírica que demuestra que el comercio internacional ha dañado el medio ambiente, pero no tiene por qué ser así. Hay modos de revertirlo. La tecnología es uno de los factores decisivos para entender los vínculos entre comercio internacional, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente”, dice.

Y prosigue con un ejemplo: hacer que los paneles solares tuvieran trato preferencial dentro del sistema comercial multilateral por ser una mercancía verde sería una forma de proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir creciendo macroeconómicamente, que es clave para todos los países.

“Hoy sabemos que el comercio internacional puede ayudar a descarbonizar la economía y crear puestos de trabajo. Esta dualidad puede alcanzarse a través de la liberalización del comercio de bienes verdes, la economía circular, los mecanismos de ajuste en la frontera del carbono o la economía azul, por mencionar sólo algunos”, señala en el documento.

Futuro inseparable

Leal-Arcas recuerda que el Acuerdo de la OMC establece claramente, en su preámbulo, que la comunidad internacional debe perseguir el libre comercio en el contexto del desarrollo sostenible y que, en consecuencia, “el futuro de la economía mundial no puede separarse del futuro del medio ambiente”.

Desde Buenos Aires, Raúl Estrada Oyuela, quien presidió la negociación del Protocolo de Kioto -el único tratado sobre cambio climático a nivel global, previo al Acuerdo de París-, pone foco en el papel que tienen los gobiernos subnacionales y en la necesidad de abrir espacios de negociación para esa instancia.

El abogado, embajador retirado y vicepresidente de la Academia de Ciencias del Ambiente, opina que las capacidades de los gobiernos nacionales para abordar las cuestiones relacionadas con el cambio climático están agotadas.

“Los que más han podido hacer son los gobiernos de la Unión Europea (UE), pero no tienen una posición unánime y eso dificulta las decisiones conjuntas. Estados Unidos mejoró con Biden, pero no se obliga, se mantiene con metas que son intenciones, pero no compromisos. El caso de China es peor porque su intención no es una cantidad determinada, sólo se refiere a no seguir aumentando las emisiones después de 2030”, dice Estrada Oyuela. 

“En nuestra región, ni Brasil ni México quieren obligarse. Creo que Chile está haciendo un esfuerzo que le puede rendir y le serviría también para vender hidrógeno verde. Argentina simplemente no tiene política ambiental ni climática. Por eso es que creo que debe abrirse un espacio para los gobiernos subnacionales que tienen otros intereses y actitudes, como se ha visto en los casos de California y los estados del noreste de Estados Unidos, o provincias argentinas como Río Negro, Misiones y Entre Ríos”, continúa.

Presión creciente

¿Hay diferencias en la forma en la que operan un negociador comercial y uno ambiental? Estrada Oyuela responde que más que el cómo, la diferencia está en el qué. “Un negociador comercial busca asegurar el acceso de su producción a un mercado que la acepte sin ponerle a los métodos de la producción condiciones que puedan aumentar los costos de producción, por temas laborales o ambientales. No suele preocuparles que eso ocasione externalidades negativas”, responde Estrada Oyuela.

“Hay un rechazo de las medidas medioambientales porque pueden aumentar el costo de producción –claro, es más barato producir sucio que producir limpio, alcanza con mirar lo que pasa en el Riachuelo o con la planta de celulosa sobre el Río Uruguay-. Creo que hoy la cuestión tiene peso limitado, pero irá creciendo por presión de los consumidores ejercida primero sobre los productores de su país y luego sobre los extranjeros que quieran venderles”, comenta Estada Oyuela antes de mencionar la estrategia de varios de los principales bancos del mundo, como el Banco Central Europeo, que analizan el riesgo climático a la hora de comprar bonos emitidos por empresas o refinanciar operaciones, favoreciendo a las firmas que aportan activos ajenos a actividades contaminantes.

Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flacso, explica que en los temas ambientales primero se negocia un tratado -como el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto- y luego, cada año, se aprueban en las Conferencias de las Partes (COP) los textos de decisión, instrumentos legales de un rango menor porque no requieren ratificación por parte de los países pero que, de alguna forma, son los que vuelven operativo lo que dice el tratado.

“Se negocian textos, no hay un toma y daca tan claro como cuando estás negociando aranceles. Se trabaja en grupos que reflejan intereses similares como vía para ir reduciendo la mesa de los 190 países representados para llegar a los temas clave”, amplía Acuña.

Como especialista en Derecho Internacional y negociaciones multilaterales sobre medio ambiente, la experta opina que, sin importar si se trata de discusiones comerciales o medioambientales, cuando los negociadores actúan con un enfoque exclusivamente técnico, quedan “fuera de la realidad” y por eso, lo que resuelven en los grupos de negociación, no logra aprobación en el plenario.

“A nivel político hay una sola cabeza y el tema de cambio climático está claramente en la agenda de los Presidentes. Lo ambiental se llevó puesta a la OMC y no creo que pueda resurgir con el mismo ímpetu de antes sin prestar atención a estos temas. Hay una visión bastante extendida entre los negociadores comerciales –especialmente los de los países del Sur- de que las cláusulas medioambientales son paraarancelarias encubiertas, lo que es casi una retórica folclórica. Disiento”, añade Acuña.

Más que evitar, regular

Con la experiencia de haber participado en más de 40 reuniones multilaterales sobre medio ambiente, Acuña se muestra convencida de que todo lo relacionado con lo ambiental no es un tema a evitar, sino a regular, porque eso permite contar con reglas transparentes e iguales para todos.

“Tal como se hizo con las normas fitosanitarias, que siempre estuvieron en la OMC, habrá estándares de carbono en frontera, y eso no tiene por qué ser disruptivo para el comercio en tanto y en cuanto se acuerde de forma multilateral y ordenada”, vaticina.

Respecto de la necesidad de crear un nuevo organismo supranacional que unifique ambas temáticas, Acuña dice que lo mejor sería que se habilitara el voto dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tal como se hizo en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

“A nadie le conviene que se traben las negociaciones de cambio climático porque eso lleva a respuestas unilaterales y, con eso, al proteccionismo”, concluyó.

Sin reciprocidad

Enrique Maurtua Konstantinidis sigue las negociaciones de cambio climático desde 2004 (participó en 13 COP y en innumerables reuniones internacionales). Actualmente es asesor senior de Política Climática en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y cuando se le pregunta por la forma en la que se desarrollan las negociaciones climáticas, explica que se basan en una agenda que se define cada año, y que ocurren entre los 195 miembros de la Convención de Cambio Climático.

En esas multitudinarias convocatorias –en los últimos 10 años han reunido hasta 25.000 personas- hay plenarios por un lado y grupos de trabajo por otro, describe. 

“Lo que es la negociación pura depende fuertemente de negociaciones de pasillo y lo que surge de los grupos de trabajo. Al final de cada año, la COP tiene que sacar una decisión que se aprueba por consenso. Participan representantes de los gobiernos, principalmente del Ministerio de Ambiente y la Cancillería, pero cada vez más -y de manera casi permanente- funcionarios de los ministerios de Energía, Agricultura, Transporte y Economía. Las asimetrías que vemos en el mundo, se ven reflejadas ahí: hay países que van con dos delegados y otros con delegaciones de 70 personas. Eso hace también que los países negocien en bloque lo que facilita la representación en diferentes espacios y fortalece las posturas de quienes los integran”, explica.

Maurtua Konstantinidis enfatiza que, como las negociaciones de cambio climático por motivos ambientales tienen impacto en actividades económicas y hasta eventualmente en acuerdos comerciales, hay muchos representantes de diferentes ámbitos que participan del proceso. Sin embargo, no hay reciprocidad cuando se trata de negociaciones vinculadas al comercio y otras actividades económicas, advierte.

“Es como si todos los que trabajan en temas económicos tienen que estar en la negociación climática para que nadie tome una decisión equivocada o haga algo que vaya en detrimento del desarrollo económico. Sin embargo, en las negociaciones comerciales o vinculadas al desarrollo económico o de la energía, no necesariamente hay gente de los ámbitos climáticos-ambientales para asegurarse de que esas decisiones no afecten al clima”, dice.

El experto no tiene dudas: el cambio climático dejó de ser un problema estrictamente ambiental. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de las soluciones, las medidas que se tienen que tomar no son estrictamente ambientales y tienen impacto y relevancia en todos los sectores de la economía, implica a sectores productivos e infraestructura. Por eso pasó a ser un tema vinculado con los modelos de desarrollo que eligen los países, explica.

Enfoque integral

Según Maurtua Konstantinidis, como parte de ese proceso el mundo está migrando hacia una mirada integral del ambiente.

Movimientos de consumidores a nivel mundial lo están pidiendo; inversores lo están exigiendo a sus empresas. “Esos cambios están ocurriendo básicamente porque esto tiene que ver con la supervivencia de la humanidad”, dice.

¿Hay chances de hacer caso omiso a esa tendencia? “Quien no tenga una mirada de sostenibilidad a la hora de hablar del futuro del comercio y los negocios está poniéndose a sí mismo en riesgo, a su actividad y a la generación de empleo. Definitivamente todas las conversaciones de índole comercial tienen que tener integrada la mirada climática y ambiental en general”, asegura.

Se trata, más allá de las ideas y creencias individuales de una mirada estratégica: si el mundo está migrando a eso, y los mercados están pidiendo eso, es una cuestión de supervivencia económica. “Quedarse defendiendo las tecnologías del pasado lo único que hace es aumentar los riesgos sobre las actividades que tenemos”, añade Maurtua Konstantinidis.

La situación en la OMC

En medio de estos cambios y debates, ¿qué pasa en la OMC? “Ante la crisis climática los organismos internacionales han sido muy vehementes en la manera en la que cada uno puede aportar, pero la OMC se había quedado rezagada”, admite una diplomática acreditada ante el organismo con sede en Ginebra.

Fue eso lo que hace tres años movilizó a algunos miembros interesados en los temas de sostenibilidad y comercio (Canadá, Costa Rica, la UE, Suiza, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, México y Taipei chino) para formar un “grupo de amigos” que promoviera la discusión de esa agenda.

Uno de los representantes que participa en esas discusiones y que pidió no ser citado, explicó la evolución del proceso que terminó dando vida a las “Discusiones estructuradas sobre comercio y sostenibilidad”, que hoy cuenta con 53 copatrocinadores y mantiene reuniones regularmente.

“Al ser sobre sostenibilidad ambiental tiene un enfoque más amplio, que además de cambio climático aborda toda la agenda de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y el impacto y los beneficios que puede tener el comercio para alcanzar esos objetivos de la agenda 2030. La intención del grupo es que la agenda de los ODS puede incorporarse a la OMC a través de esta plataforma que busca ser un espacio de diálogo e intercambio de buenas prácticas para incubar ideas e iniciativas que luego puedan pasar a otros espacios más formales dentro de la organización”, comentó la fuente desde Ginebra.

El objetivo inmediato es aprovechar la próxima conferencia ministerial del organismo -que se realizará del 30 de noviembre al 3 de diciembre próximos en Suiza- para sumar el apoyo de más miembros porque, como cualquier iniciativa que nace en la OMC, su aspiración final es convertirse en un grupo multilateral.

Aunque admite que los tiempos de cocción de las iniciativas en el organismo son lentos, el diplomático dice que se está viendo un relevo generacional y de cambio de mentalidad en el pool de delegados en Ginebra que se traduce en las conversaciones que se están dando y que incluyen el abordaje de cuestiones sobre economía circular y el comercio de plásticos nocivos para el medioambiente, entre otros temas.

El tiempo mostrará si ese “cambio de mentalidad” se traduce en un cambio cultural que permita abordar, formalmente, las discusiones comerciales y medioambientales en un único espacio.

Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, del que elDiarioAR forma parte.

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