La Organización Internacional del Trabajo avanzó en Ginebra con una norma internacional para ordenar uno de los territorios laborales más precarizados de la economía digital: el trabajo en plataformas. La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el texto final del Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, una norma que fija obligaciones para los Estados y apunta directamente al poder de las aplicaciones, los algoritmos y las empresas que organizan trabajo sin reconocer, muchas veces, una relación laboral tradicional.

La señal política del convenio es que la economía de plataformas deja de aparecer como un territorio excepcional, gobernado sólo por términos y condiciones privados, decisiones algorítmicas y contratos de adhesión. La OIT plantea que los Estados deben regular ese universo: definir responsabilidades, controlar la clasificación laboral, garantizar derechos mínimos, abrir vías de reclamo y poner límites a las decisiones automatizadas.

El convenio no se limita a repartidores o conductores. La definición de plataforma digital de trabajo abarca a toda persona jurídica —o física, cuando corresponda según la legislación nacional— que, mediante tecnologías digitales y sistemas automatizados de toma de decisiones, organiza o facilita trabajo remunerado para prestar un servicio. Ese trabajo puede hacerse en línea o en una ubicación geográfica específica. En otras palabras: alcanza tanto a quienes pedalean, manejan o reparten en la calle como a quienes realizan tareas digitales organizadas por plataformas.

La definición de trabajador de plataformas también es amplia. El texto incluye a toda persona empleada o contratada para prestar servicios organizados o facilitados por una plataforma digital de trabajo, a cambio de remuneración o pago, independientemente de la clasificación de su situación en el empleo. Ese punto es clave: la OIT no acepta que la etiqueta contractual colocada por la empresa cierre por sí sola la discusión sobre derechos.

Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda laboral de flexibilización y reconocimiento de figuras autónomas para el trabajo en plataformas, la OIT acaba de fijar un criterio internacional que empuja en otra dirección: la clasificación de los trabajadores debe basarse en los hechos reales del trabajo, la ejecución de tareas y la forma de pago, no sólo en el nombre del contrato.

El abogado laboralista Juan Ottaviano, asesor de la Asociación Gremial de Computación, participó de la conferencia en Ginebra y vinculó el alcance del convenio con la situación argentina. “La mayoría de los trabajadores de plataformas están subclasificados como independientes y no gozan de derechos laborales básicos. El convenio de la OIT busca revertir esa situación”, le dijo por teléfono desde Suiza a trabajAR.

Ottaviano también apuntó contra la Ley de Modernización Laboral aprobada durante el gobierno de Milei. “Por esa ley, la Argentina es uno de los pocos países que excluye expresamente a los trabajadores de plataformas de la protección laboral. Con este convenio, la Argentina debería modificar esa previsión incluso antes de ratificarlo”, sostuvo.

El convenio no declara automáticamente que todos los trabajadores de plataformas sean empleados en relación de dependencia. Pero obliga a los Estados a adoptar medidas para asegurar una clasificación correcta, vinculada a la existencia o inexistencia de una relación de trabajo. Esa definición debe mirar cómo se realiza el trabajo, cómo se remunera, qué control ejerce la plataforma y cuáles son las condiciones concretas de prestación del servicio.

El texto, de hecho, mantiene abierta la existencia de trabajadores de plataformas clasificados como independientes. La diferencia es que ya no deja esa definición sólo en manos de la empresa: exige que la clasificación sea correcta, basada en los hechos reales del trabajo, y que no funcione como una vía para dejar a quienes trabajan fuera de derechos básicos.

Ese criterio golpea el corazón del modelo de muchas aplicaciones. Empresas de reparto, transporte y servicios digitales suelen presentar a quienes trabajan para ellas como autónomos, colaboradores, prestadores independientes o usuarios de una tecnología. La OIT, en cambio, pone el foco en la realidad material: si una plataforma organiza el trabajo, fija reglas, controla el acceso a tareas, evalúa desempeño, define pagos o puede desactivar cuentas, la discusión sobre derechos laborales no puede cerrarse con una cláusula contractual.

El texto incorpora además los principios y derechos fundamentales en el trabajo dentro de la economía de plataformas: libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, no discriminación y derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Para un sector marcado por la fragmentación, la dispersión y la gestión individualizada por aplicaciones, el reconocimiento de la organización colectiva es uno de los puntos más relevantes.

En Argentina, repartidores, conductores y trabajadores organizados por plataformas enfrentan dificultades para sindicalizarse, negociar condiciones colectivas o reclamar frente a cambios unilaterales en tarifas, bloqueos de cuentas, modificaciones de recorridos o exigencias de disponibilidad. El convenio de la OIT introduce un principio: la economía digital no queda fuera de la libertad sindical ni de la negociación colectiva.

La norma también avanza sobre seguridad y salud en el trabajo. Los Estados deberán adoptar medidas para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y cualquier otro daño para la salud que sea consecuencia del trabajo, guarde relación con él o sobrevenga durante su realización. En el caso de plataformas de reparto o transporte, esa obligación toca problemas concretos: siniestros viales, exposición climática, jornadas extensas, presión por tiempos de entrega y riesgos asumidos muchas veces por el propio trabajador.

El convenio reconoce incluso el derecho a alejarse de una situación de trabajo cuando existan motivos razonables para considerar que presenta un peligro grave e inminente para la vida o la salud, sin sufrir consecuencias injustificadas. Para un repartidor que circula bajo tormenta, para un conductor expuesto a situaciones violentas o para una trabajadora que recibe una tarea insegura, esa cláusula introduce un límite al mandato permanente de aceptar pedidos para no perder ingresos o reputación dentro de la app.

Otro capítulo aborda la violencia y el acoso, incluidos los casos que ocurran en línea o que involucren a terceros, como clientes. La economía de plataformas suele desplazar parte del riesgo hacia el trabajador: el cliente califica, denuncia, cancela, insulta o agrede; la plataforma intermedia, pero muchas veces decide con poca transparencia. El convenio obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger de manera eficaz a los trabajadores frente a esas situaciones.

La remuneración es otro punto central. El texto exige que el pago adeudado se realice de manera puntual y completa. Para quienes estén vinculados por una relación de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo aplicable, excluidas propinas u otras gratificaciones. Además, esos trabajadores deberán ser compensados por los gastos o costos incurridos para realizar su tarea, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.

Ese punto es decisivo en las plataformas. Bicicleta, moto, combustible, celular, datos móviles, mantenimiento, seguro, elementos de seguridad o tiempo de espera suelen quedar a cargo del trabajador. La OIT establece una línea: la remuneración no incluye la compensación por gastos; el pago por trabajar no debe confundirse con el reintegro de los costos necesarios para poder trabajar.

La seguridad social también entra en el convenio. Los Estados deberán asegurar que los trabajadores de plataformas tengan acceso a protección en condiciones no menos favorables que las aplicables a otros trabajadores con la misma clasificación de empleo. El objetivo es impedir que el formato digital de organización del trabajo funcione como una vía para excluir a millones de personas de cobertura previsional, salud laboral, licencias o prestaciones básicas.

La parte más novedosa aparece en la gestión algorítmica. Las plataformas deberán informar a trabajadores, representantes u organizaciones sobre el uso de sistemas automatizados, algoritmos o métodos similares para seguimiento, evaluación del trabajo o generación de decisiones laborales. También deberán informar en qué medida esos sistemas impactan en las condiciones de trabajo o en el acceso a tareas.

Ese punto traduce al lenguaje laboral una experiencia cotidiana de quienes trabajan con aplicaciones: no siempre saben por qué reciben menos pedidos, por qué bajó su calificación, por qué cambió su tarifa, por qué fueron suspendidos o por qué la cuenta quedó desactivada. El convenio exige transparencia sobre esos sistemas y reconoce que el algoritmo puede funcionar como jefe, supervisor, evaluador y sancionador al mismo tiempo.

La norma va más allá de la información. Cuando una decisión sea generada por un sistema automatizado y afecte negativamente las modalidades de trabajo o el acceso al trabajo, el trabajador deberá poder solicitar una explicación por escrito. También deberá tener acceso a una revisión cuando la decisión implique falta de pago, suspensión, desactivación de la cuenta o terminación del empleo o contratación. Esa revisión deberá contar con intervención humana apropiada.

Es decir que una plataforma no debería poder bloquear, suspender o dejar sin ingresos a una persona sólo por una decisión opaca de un sistema automatizado. La OIT reconoce así uno de los problemas laborales centrales del presente: trabajadores que dependen de una aplicación para generar ingresos, pero no tienen a quién reclamar cuando una decisión algorítmica los expulsa o les reduce el acceso al trabajo.

El convenio también incorpora protección de datos personales y privacidad. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar acceso a sus datos personales procesados por las plataformas, así como su rectificación y supresión, según la legislación aplicable. En un modelo empresarial que acumula datos sobre ubicación, tiempos, aceptación de pedidos, desempeño, calificaciones y disponibilidad, esa protección se vuelve parte de la disputa laboral.

La norma prohíbe además la suspensión o desactivación de cuentas, o la terminación del empleo o contratación, cuando se base en motivos discriminatorios u otros motivos ilegales. Y exige que los trabajadores reciban información oportuna, verificable y fácilmente comprensible sobre sus condiciones de empleo o contratación. La opacidad contractual, frecuente en términos y condiciones extensos o modificables por la propia app, queda así bajo cuestionamiento.

Para los trabajadores migrantes y refugiados, el convenio ordena adoptar medidas para prevenir abusos en la contratación y el trabajo en plataformas. Ese punto también dialoga con la realidad argentina y regional: una parte importante del reparto urbano y de los trabajos de plataformas se apoya en población migrante, muchas veces con menor capacidad de reclamo, mayor urgencia económica y más exposición a condiciones informales.

El texto también establece mecanismos de solución de conflictos, vías de recurso y reparación, y control de cumplimiento de la legislación nacional y los convenios colectivos pertinentes. La economía de plataformas no queda planteada como un espacio autorregulado por empresas tecnológicas, sino como un campo laboral sujeto a normas, inspección, derechos y obligaciones.

La dimensión política del convenio es inocultable: la OIT no niega que las plataformas hayan creado oportunidades de ingresos, desarrollo empresarial y formalización. El propio texto lo reconoce. Pero también reconoce déficits de trabajo decente y la necesidad de normas específicas para una modalidad que transformó el mundo del trabajo. La novedad no está en demonizar la tecnología, sino en impedir que la tecnología sea usada para degradar derechos.

En la Argentina, esa decisión de la OIT llega en un momento sensible. El gobierno de Milei presenta la flexibilización laboral como modernización y promueve esquemas que separan a trabajadores de plataformas de la relación laboral tradicional. La OIT acaba de aprobar un convenio que coloca otra vara: modernizar no puede significar dejar a quienes trabajan bajo control algorítmico sin salario mínimo, seguridad social, organización colectiva, protección frente a accidentes o revisión humana de sanciones.

La diferencia de enfoque es nítida. Para las plataformas y los gobiernos que priorizan desregulación, el trabajador aparece como prestador independiente conectado a una aplicación. Para la OIT, la pregunta no se agota ahí: importa quién organiza el trabajo, quién controla el acceso a los pedidos, quién fija las condiciones, quién decide el pago, quién evalúa el desempeño y quién puede cortar la cuenta.

El convenio deberá ser ratificado por los Estados para entrar en vigor en cada país. Según el texto final, obligará únicamente a los miembros de la OIT cuyas ratificaciones registre el Director General y entrará en vigor doce meses después de que dos países lo ratifiquen. Para cada Estado que lo ratifique después, regirá doce meses después de su propio registro.

Ese camino puede ser largo, pero la señal internacional ya quedó marcada. La OIT fijó un piso global para una discusión que las plataformas intentaron mantener durante años en el terreno de la innovación, la flexibilidad y la autonomía individual. El nuevo convenio devuelve el conflicto a su lugar original: si hay trabajo organizado por empresas, hay derechos que no pueden quedar escondidos detrás de una app.

JJD

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD

El trabajo de plataformas es una realidad efectiva que vemos en forma cotidiana. Con un celular podemos hacer un pedido de un auto para que nos lleve a algún lugar o pedir que nos traigan lo que necesitamos por delivery. Esta modalidad de trabajo aumentó en forma meteórica en épocas de pandemia y llegó para quedarse, como parte de la vida moderna. Por eso es que se llama “uberización del trabajo”. Pero, ¿estamos ante una nueva modalidad de trabajo o es una modalidad antigua con remaches? ¿Hacia dónde va el mundo del trabajo y dónde está ubicada la Argentina en ese escenario?

Esta es una forma de trabajo que tiende a extenderse a otras actividades productivas más allá de las aplicaciones. Desde los bancos hasta el fast food están modificándose las relaciones laborales.

En el libro “Capitalismo de plataformas”, Nick Srnicek da una radiografía de las distintas plataformas y señala que las de aplicaciones de transporte de pasajeros y de entrega de mercaderías son “plataformas austeras”. Su único patrimonio son bits, algoritmos y una dotación mínima de empleados administrativos. Esta idea es la continuación de lo que Naomi Klein señalaba a principios de este siglo en el libro No logo, donde contaba sobre las empresas sin fábricas y el modelo de trabajo de empresas de calzado con las factorías tercerizadas en el sudeste asiático. 

Este modelo “austero” excluye a los trabajadores que conducen o entregan mercaderías y los califica como parte de un “ecosistema empresarial”, en el que son reducidos a eufemismos como “colaborador”, “microempresario” o “amigo”.

En el contexto global estamos en presencia de la llamada revolución industrial 4.0. El rasgo esencial es la desaparición de la idea de fábrica de la primera revolución industrial. La del tinglado con una chimenea y los trabajadores recibiendo órdenes de un capataz. Hoy la fábrica se reduce a un celular y las órdenes son dadas por un algoritmo.

Además, la idea clásica de la jornada laboral de ocho horas se ve modificada por el trabajo por objetivos o por las horas que desee o necesite el trabajador para subsistir. 

La primera incógnita es si estamos ante una modalidad de trabajo surgida en esta década o es una modalidad antigua con remaches ya que con esta nueva modalidad se cree que no existe reglamentación. La respuesta es por la negativa.

A nivel internacional existen herramientas: el convenio 95 sobre salario, el 177 sobre trabajo a domicilio y la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas normas globales dan un marco normativo. Todas estas convenciones están aprobadas por Argentina.

En la agenda de la OIT de 2025 y 2026 existe el debate de la creación de una normativa específica sobre la relación de trabajo y las aplicaciones.

En la jurisprudencia europea existen sentencias que reconocen la relación laboral. El caso “Aslam” de la Suprema Corte Británica es el más importante. Señala que el rasgo principal se da por el uso de GPS de diseño por parte de Uber.

La segunda incógnita es hacia dónde va el mundo del trabajo y dónde está ubicada la Argentina. La Unión Europea (UE) acaba de aprobar un estatuto de trabajadores de plataformas, que viene a establecer un mecanismo trasnacional para reconocer la existencia de relación laboral entre trabajadores y aplicaciones. Con un plazo de dos años para que los países integrantes de la UE armonicen su legislación. 

A nivel nacional existen varios proyectos de creación de estatutos de trabajadores de aplicaciones. En todos existe un desconocimiento supino acerca de los convenios de OIT. Probablemente también exista un desconocimiento del llamado de la OIT a la sanción de una reglamentación especifica.

Estos proyectos tratan de excluir al trabajador del marco de la Ley de Contrato de Trabajo e incluirlos en un estatuto especial, como los casos de los trabajadores de construcción o casas particulares.

Pero estos son apenas proyectos. En el marco normativo la aprobación de la Ley de Bases, su capítulo de reforma laboral y su reglamentación vienen a reducir el ámbito de protección legal.

La Ley de Bases modifica el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla sobre la presunción de la existencia del contrato de trabajo y señala que existe la relación laboral si se da una subordinación técnica, económica y jurídica.

La modificación se da con la incorporación de un nuevo y segundo párrafo, en el que se trata de reducir este principio. Señala que no existe relación laboral en los casos que se emitan recibos o facturas. La reglamentación señala que esta limitación se extiende incluso si la facturación es uniforme y al mismo empleador durante un lapso de tiempo.

La norma tiene como finalidad la reducción de la presunción de relación laboral a esta nueva modalidad de trabajo. Todavía no queda en claro quien redactó este proyecto. Pero parece ser un traje a medida a favor de las aplicaciones.

En la jurisprudencia argentina existen sentencias que reconocen la relación laboral entre trabajadores de aplicaciones y las aplicaciones, en casos de trabajadores de aplicaciones de transporte de pasajeros y de trabajadores de delivery. En este último caso, con el reconocimiento tangencial de la relación laboral por la imposición de multas de ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. En el último año se dio una sentencia de la Justicia Nacional del Trabajo que reconoce la relación entre ambas partes.

Como se ve el mundo va por un lado y la Nación, por el sentido contrario.

*Abogado, profesor universitario y autor del libro “El trabajo en plataformas digitales” (Editorial Hammurabi, 2023).

Un repartidor de aplicaciones fue asesinado de tres balazos durante la noche del domingo cuando delincuentes quisieron robarle su moto. La víctima se llamaba Emanuel Ledesma y tenía 30 años. Sólo pudieron sacarle su celular. El hecho ocurrió frente a un local de comidas rápidas en la localidad bonaerense de Villa Bosch. Esta tarde un grupo de deliveries se reunió frente a la comisaría quinta de Tres de Febrero, en Avenida Márquez al 1400, para reclamar justicia y mayor seguridad, pero la protesta escaló y prendieron fuego un patrullero. Las llamas se expandieron y tomaron a otros dos vehículos que estaban estacionados en la calle.

“Están matando trabajadores. Están matando a los pibes que salen a trabajar”, dijo uno de los manifestantes en diálogo con el canal de noticias TN. Y ante la consulta sobre por qué habían decidido prender fuego un patrullero, respondió: “Porque no nos dan respuesta. Cada vez que te roban te salen con cualquier invento. ¿Me vas a decir que ellos no saben quién roba, quién mata, quién vende? Todo saben”.

El comisario de la dependencia afectada intentó calmar a los repartidores, pero no lo logró. Por el contrario, ellos le respondieron que se quedarán allí hasta la hora del velorio de la víctima, hoy a las 20. Más tarde llegaron los bomberos y trabajaron en sofocar el fuego.

Efectivos de la Guardia de la Infantería desalojaron a los manifestantes y se produjeron algunos incidentes, en los que al menos un policía resultó herido al recibir una pedrada en una pierna, mientras que también un manifestante fue detenido.   

A Ledesma lo mataron en el cruce de las calles Claudio Castro y Campo de Mayo, entre al menos dos delincuentes que iban a bordo de su moto, cuando llevaba un pedido. El crimen se desencadenó luego de que el repartidor se resistiera al robo de su Honda Cg 150. Aunque minutos después del ataque fue trasladado por un móvil policial hasta el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, en Martín Coronado, falleció.

MM

El mercado de apps de delivery gana terreno desde hace años y dio un salto amplificador durante la pandemia, período en el que aumentó la demanda de envíos de comida a domicilio: se estima que en la Argentina 6 de cada 10 personas optaron por estas apps de delivery para comprar alimentos. Sin embargo, la regulación de los trabajadores de las plataformas sigue siendo una pregunta abierta. 

No se trata solo de la discusión en torno a si deberían considerarse empleados o no de las plataformas, sino que esta actividad plantea otros debates. Por ejemplo, si es correcto que los repartidores y repartidoras trabajen bajo las reglas de un algoritmo que desconocen y, por lo tanto, sin tener claro qué es lo que se espera de ellos o por qué son premiados o castigados. Bajo las órdenes de un patrón opaco al que tampoco es posible hacerle preguntas ni reclamos. 

En este marco, un grupo de investigadores del centro de estudios Fundar elaboró un informe en el que se resalta la importancia de transparentar las plataformas y abrir esas cajas negras que ordenan el trabajo diario como un elemento fundamental para mejorar las condiciones laborales de las y los repartidores.

No es tan importante auditar los algoritmos, sino acceder a su explicabilidad: que le digan al repartidor qué es es considerado bueno y malo

“Uno cuando trabaja sabe lo que tiene que hacer: cuáles son las condiciones de trabajo, que si falta al trabajo hay una sanción, que si llega tarde repetidamente probablemente lo echen. Pero cuando se conecta a la aplicación el trabajador no sabe lo que la plataforma espera de él. No es tan importante auditar los algoritmos, sino acceder a su explicabilidad: que le digan al repartidor qué es es considerado bueno y malo, porque si no trabaja en la sombra”, afirma la economista e investigadora de Fundar Sofía Scasserra.

La falta de transparencia de estos sistemas hace que las suposiciones sobre el análisis de datos puedan ser inexactas. Por ejemplo, al  momento de hacer un pedido se cree que el repartidor que va a buscarlo es aquel que está más próximo al comercio. “Esto no es necesariamente así porque el algoritmo contempla otras variables: cuántas horas se conectó ese repartidor en los últimos días, si se conectó en hora de alta demanda, si finalizó sus entregas”, aclara el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, otro de los autores de la investigación.

En agosto de 2021 entró en vigencia la “Ley Rider” en España para imponer regulaciones al sector. De acuerdo a la normativa, los trabajadores son considerados asalariados y obliga a las empresas a garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales y habla explícitamente de “gestión algorítmica del trabajo”. “La ley Rider dice que las empresas de plataformas le tienen que declarar a los trabajadores, a los sindicatos y a los estados la composición de los algoritmos que organizan el trabajo”, explica Ottaviano.

Para los investigadores, el rumbo a seguir tiene que ir en dirección de garantizar una serie de derechos, que se resignifican a la luz de la organización algorítmica del trabajo: derecho a la información y protección no discriminatoria sobre extracción de datos; garantía básica de horas de trabajo, turnos y pedidos básicos asignados por hora; libertad de rechazo de pedidos según franjas horarias o previsibilidad sobre las sanciones o impacto del rechazo de pedidos asignados; libertad de selección de horas o previsibilidad sobre las sanciones o impacto del rechazo de horas asignadas; remuneración por tiempo de conexión/atención; y remuneración adicional por tiempo de conexión/espera.

El argumento principal de las empresas ante posibles regulaciones es la baja de rentabilidad que pueden acarrear los cambios propuestos en nuevas regulaciones laborales. Para Ottaviano, es posible lograr una compatibilidad entre el modelo de negocios con algunos cambios adaptados a los derechos de los trabajadores en relación a la seguridad social y los riesgos laborales. Considera que, por ejemplo, “sería lógico que a los repartidores no se les exija que hagan una entrega en cinco minutos, lo que les obliga a ir por contramano a alta velocidad por las calles de una ciudad y accidentarse” por lo que debería “estar escrito en la norma o en la negociación colectiva”.

Por otra parte, los investigadores consideran que hay un gris en medio de la dicotomía relación de dependencia/trabajo autónomo constituido por “figuras intermedias”, como el trabajo autónomo económicamente dependiente: las personas “cuasiempleadas” en Alemania o las “parasubordinadas” en Italia. En este marco, proponen una nueva forma de estructura jurídica para el sector, que no se referencia en el modelo laboral tradicional fordista ni en “la falsa autonomía que niega derechos”. 

Postulan al “estatuto” como la herramienta más adecuada en la Argentina para la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras en la economía de plataformas, y para incorporar la soberanía del tiempo de trabajo como una aspiración a tener en cuenta en cualquier norma por redactar.  “Es una herramienta jurídica que permite aplicar regulaciones tradicionales de orden público laboral conjugadas con técnicas de protección propias de la organización algorítmica del trabajo”, detalla el documento.

Entre otras cosas, consideran que un estatuto especial para el sector permitiría clasificar la actividad, precisar los términos de trabajo, las protecciones que le corresponden por ley y sus obligaciones al tiempo que abriría la posibilidad de conformar unidades de negociación colectiva.

En Argentina Pedidos Ya, propiedad del cluster internacional Delivery Hero, empezó a operar en 2010 y controla el 76% del mercado con 35.000 repartidores activos en 80 ciudades. En su proceso de expansión en América Latina, adquirió en 2020 las operaciones de la española Glovo. En 2018 se lanzó Rappi, compañía de capitales colombianos, que detenta aproximadamente el 22% del mercado local con 23.000 repartidores en 8 ciudades.

DT

El Tribunal del Trabajo N° 1 de la Provincia de Buenos Aires confirmó en las últimas horas mediante un fallo la existencia de relación de dependencia entre la empresa Pedidos Ya y sus repartidores y le dio la razón al Gobierno que conduce Axel Kicillof que en junio pasado había impuesto, tras inspecciones del ministerio de Trabajo, multas millonarias a la compañía de delivery, además de Rappi y Glovo, al determinar que tienen “relaciones laborales encubiertas e irregularidades en la contratación de su personal”.

El tribunal bonaerense analizó la apelación que Pedidos Ya había interpuesto ante la multa que la Provincia le impuso en el marco de un operativo de fiscalización y los jueces concluyeron que la sanción aplicada es parte del cumplimiento con el artículo 39.1 de la Constitución bonaerense que “obliga al estado provincial a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral”.

De acuerdo al fallo al que accedió el sitio InfoGremiales, se explica que “la empresa, más allá de sostener lo contrario en algún pasaje de su defensa, admite la prestación de servicios por parte de los repartidores a quienes se vincula mediante un contrato comercial -que adjuntó como prueba instrumental-, mediante los cuales desarrolla su objeto de explotación, esto es el delivery de comidas y paquetería a domicilio, dentro de lo que denomina e-commerce”.

En conclusión, para los jueces existe relación de dependencia entre Pedidos Ya y sus repartidores y “no caben dudas que recaía sobre la empresa la carga de demostrar el carácter no laboral de la vinculación que reconoció haber mantenido con los repartidores”.

De acuerdo a los magistrados, la empresa Repartos Ya, que funciona bajo el nombre de fantasía “Pedidos Ya”, no logró “acreditar las características de la relación jurídica por ella invocada (trabajo autónomo, contrato de locación de servicios), imperativo de su propio interés que claramente no cumplió en la especie”, al tiempo que citan jurisprudencia de fallos de la Suprema Corte provincial que “viene sosteniendo invariablemente que si la persona sindicada como empleadora admite el hecho de la prestación de servicios, pero niega la existencia de una relación laboral -argumentando una de distinta naturaleza-, a ella incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial. De no satisfacer dicha carga, rige la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia”.

Según la resolución, “en el caso obran elementos que permiten corroborar el acierto de la decisión adoptada por la autoridad administrativa en punto a considerar la naturaleza laboral de los vínculos habidos entre Repartos Ya S.A. y los denominados ‘riders’”, además de advertir que entre la empresa y sus repartidores “existe subordinación técnica, existe subordinación jurídica y existe subordinación económica”.

La resolución de Provincia de Buenos Aires con respecto a Pedidos Ya, Rappi y Glovo

El 24 de junio pasado, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, dijo que se encontró en las tres compañías (Pedidos Ya, Rappi y Glovo) que el 90% de los repartidores trabaja más de 7 horas y que la mitad supera las 9. Además, la mayoría lo hace los 7 días de la semana.

Tras la fiscalización, el Ministerio de Trabajo provincial impuso a Pedidos Ya una multa de 17.690.400 pesos; a Rappi, de 16.426.800 pesos; y a Glovo, de 6.318.000 pesos.

“Descubrimos que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos: si no los hacen, tiene consecuencias en la asignación de nuevos pedidos. Hay una relación de dependencia, entonces, deben estar registrados”, había explicado Ruiz Malec.

De acuerdo a la funcionaria, las empresas fueron notificadas de las multas y, en aquel momento, tenían tres días para responder. Si no lo hacen, entonces se hará efectiva la sanción. “Nos interesa ver cómo mejoramos la situación de los trabajadores y trabajadoras, aunque la mayoría son hombres que están hoy en una situación muy precaria”, agregó la ministra de Trabajo bonaerense en declaraciones radiales. Pedidos Ya apeló la medida.

Inspectores de la cartera laboral habían realizado 172 relevamientos en distintos lugares de la Provincia, entre ellos en los partidos de La Plata, Avellaneda, Lanús, Vicente López y La Matanza, para conocer si había elementos para presumir una relación de trabajo entre las empresas y los repartidores. En los procedimientos se detectaron diversos incumplimientos laborales como la ausencia de cobertura en materia de salud laboral, la falta de pago del aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones entre más del 97% de las y los trabajadores relevados.

Con información de infogremiales.com.ar

IG